Bolivia

Raúl Prada Alcoreza

No dejan de sorprender las formas que adquieren las relaciones y las estructuras de poder. No dejan de sorprender sus desviaciones, si se puede hablar así, pues no se puede suponer, en este caso, un eje normal, aunque pueda haber un eje central, incluso un eje ideal, en esto del ejercicio del poder. Lo que llama la atención es la proliferación de formas no institucionales del ejercicio de poder; por ejemplo, las que llamaremos, a modo de representación, formas viciosas de poder. Se trata de formas perversas, de formas fraudulentas, de formas vinculadas a la coerción, a la presión, al chantaje, a la extorsión. Anteriormente las nombramos como parte de la economía política del chantaje [1] ; ahora nos interesa su descripción tópica en lo que se ha venido en llamar la extorsión. Vamos a tratar de hacer un seguimiento de la génesis de esta forma de poder coercitivo, basándonos en la descripción del caso publicitado en Bolivia como red de extorsión vinculada a un grupo de abogados que trabajan para el gobierno, a quienes se otorgó plenos poderes para emplear todos los medios y deshacerse de la llamada oposición. Según versión del gobierno, este grupo de abogados, cuya extensión y alcance todavía no se ha aclarado, actuó por sí mismo, independientemente, de una manera arbitraria, montando una red delictiva, sin contar con ninguna aprobación del gobierno. No vamos a poner en cuestión esta versión oficial, pues formará parte de una de las hipótesis interpretativas de la explicación de la secuencia de sucesos escandalosos que se destaparon. Lo que interesa es develar el funcionamiento de esta forma de poder, su inserción en el aparto estatal y el uso del Estado por grupos coercitivos. En principio, entonces, trataremos de dibujar una suerte de descripción general del nacimiento y de la génesis de estos grupos, para luego proponer algunas hipótesis.

Estos grupos están íntimamente vinculados a los usos corrosivos de la administración de justicia, fuertemente ligada a la corrupción del aparato del poder judicial, en todas sus instancias. Estas
circunstancias son ampliamente conocidas por la ciudadanía, sobre todo la que sufrió en carne propia el escarnio del manejo de los largos e interminables procesos judiciales. Entonces, en primer lugar, el nacimiento y la reproducción de estos grupos forman parte de la historia de la administración de justicia. El problema es que parte de la ciudadanía, a pesar de sus condenas y observaciones, veía y ve como cosa “natural” estos procedimientos, como un mal que hay que soportar. Se puede decir que cada gobierno tiene su propia historia vinculada a estas formas de extorsión. Puede ser que se diferencien por una mayor o menor extensión, por una mayor o menor penetración en el gobierno y en la institucionalidad estatal, también puede ser que se diferencien por una mayor o menor profundidad en el alcance de la perversión; empero, lo cierto es que ningún gobierno se ha salvado de esta incidencia demoledora. Entonces, no hablaremos de un nacimiento, sino de varios renacimientos, dependiendo del periodo, del contexto, de la coyuntura. Lo problemático es que ahora reaparece el ejercicio del poder colateral y paralelo en las fases de un gobierno que proclamó la lucha política contra la corrupción, incluso conformó un ministerio de transparencia y lucha contra la corrupción. La historia efectiva parece vengarse de estas pretensiones y pone a prueba al gobierno ante las magnitudes alarmantes de la expansión de la corrupción, de la economía política del chantaje, de las formas de coerción y los procedimientos de extorsión. ¿Por qué sucede esto?

Una causalidad de este fenómeno puede encontrarse en el control casi absoluto del poder, refiriéndonos al control de los órganos del Estado y del mapa de toda su institucionalidad. Obviamente no el control de la potencia social, pero sí del poder como usurpación de la potencia social. Este control y monopolio del poder induce a la certeza, equivocada, por cierto, de que este control y monopolio otorga impunidad, pues los operadores y los que dan órdenes se sienten estar suspendidos sobre las propias limitaciones institucionales y sociales. Si se controla la justicia, se controla la legalidad de lo que se hace, aunque lo que se haga sea una administración de ilegalidades. Si se controla el órgano legislativo, se controla la legitimidad, aunque lo se haga se ilegitimo, por ejemplo, las leyes y las acciones respeto de la Constitución. Si se controla el ejecutivo, se controla la construcción de la decisión política. Si se controla el órgano electoral, se controla la posibilidad de reelección y del manejo electoral. Entonces, este monopolio da la sensación de un poder desmesurado, lejos del alcance de los mortales. En estas condiciones se puede creer que los que dan órdenes, los administradores, los operadores, los ejecutores, son inalcanzables. Se piensa que aunque afecte lo que se haga a la institucionalidad y las normas, se trata de procedimientos necesarios en la lucha contra la oposición y la permanente conspiración. Quizás se apueste a que después se busque una corrección de esta desviación momentánea, de este recurso externo en la lucha política, quizás se crea que después se puede enderezar de nuevo la distorsión. Esto es notoriamente una equivocación, a la luz de la experiencia en distintos regímenes. Estas prácticas se vuelven una costumbre, terminan formando parte de los bordes y del propio funcionamiento institucional, en la medida que su porosidad lo permite. La apuesta “momentánea” o “coyuntural”, si se quiere, de “emergencia”, de estas prácticas es altamente peligrosa, pues estas prácticas responden a sus propias “lógicas”, a sus propias redes, a sus propias estructuras de poder. La excepción no sólo confirma la regla, sino que se empieza a volverse la regla.

Es posible que sea esto lo que ha sucedido en gran parte de la secuencia de hechos coercitivos y de extorsión develados. La lucha beligerante contra la derecha, durante la primera gestión de gobierno, llevó en un determinado momento a optar por procedimientos y recursos de emergencia, usando el monopolio de la violencia legal del Estado. Cuando se optó por la elección de estos recurso no se comprendió, en su debido momento, que son los mismos procedimientos de todos los gobiernos a los que se criticó, que, en la medida, que se utilizaban estos dispositivos se caía en lo mismo de todos los gobiernos, en esa zona incierta y arbitraria de la efectuación de la violencia simbólica y física del Estado por las vías no-institucionales. No se comprendió que al hacerlo se reproducía el carácter canalla de la dominación y el carácter perverso del usufructuó del Estado. Al no caer en cuenta en estos condicionamientos distorsionantes se termina avalándolos. Lo que ocurre después es que el gobierno termina atrapado en el
desenvolvimiento de estas prácticas y estas relaciones colaterales, en la incidencia perversa de estos grupos, que ya se han convertido en redes.

Esto pasa cuando se comprende a la política como definición del enemigo, cuando termina la política siendo la continuidad de la guerra [2] . La exacerbación de esta comprensión fue llevada a cabo por dos expresiones acentúas de la política como práctica de combate; primero, por parte de una cierta interpretación “leninista”, interpretación llevada al extremo de la reinvención del enemigo, incluyendo a los enemigos internos, por parte del estalinismo; segundo, por parte del nazismo, que llevó a la definición del enemigo como enfermedad contaminante al interiormisma de la sociedad. Analogía de extremos opuestos aprovechada por Carl Schmitt en su análisis de lo político [3] . Obviamente no son lo mismo, el “leninismo” y el nazismo, ni los estamos acercando, son expresiones histórico-políticas diametralmente diferentes, empero, que al llevar al extremo las consecuencias de esta forma de ejercicio de la política, terminaron involucrados en descomunales desbordes de violencia, que podríamos decir se llevaron a cabo de una manera incontrolada, aunque ejecutadas con una fría racionalidad instrumental. Esta observación la hace elocuentemente Jacques Derrida en Políticas de la amistad [4] .

Sin embargo, no estamos hablando del desencadenamiento de la violencia a partir de la comprensión de la política como hostilidad y
antagonismo, sino del desencadenamiento de una forma de violencia que se ha venido en llamar extorsión. La ex-torsión es una ex-poliación; se trata de un procedimiento forzado, de una presión, de una coerción, de un chantaje, que viene de un exterior a un adentro institucional. Este exterior no es propiamente institucional, no está normado, aunque sí puede estar regulado. En esta forma de poder, el enemigo es visto como objeto de extorsión, como materia de expoliación; en estas condiciones, el enemigo no tiene derechos, sus derechos se suspenden en el momento que entra en contacto con los extorsionadores. Esto concurre secretamente, en la oscuridad de los recovecos y de los intersticios laberínticos de la frontera porosa entre Estado y sociedad, en las líneas discretas, discontinuas, que hacen de delimitaciones inciertas entre lo público y lo privado. Las víctimas de la extorsión tienen perfiles variados; pueden ser desde infractores hasta inocentes, pueden encontrarse en pleitos con el Estado o ser afectados por la irradiación de estas modalidades, aunque no hayan incurrido en “delitos”. Pueden ser propietarios, empresarios, deudores, empleados, trabajadores, pequeños propietarios, comunarios, campesinos o sin tierra. Pueden ser hombres o mujeres. Pueden ser opositores o partidarios. La extorsión es amplia y flexible, puede incluso extenderse a gran parte de los ciudadanos y ciudadanas. Aunque, de alguna manera, se puede decir que tiene cierta inclinación por los adinerados, mucho mejor si éstos se encuentran vulnerables.

En el caso boliviano de la llamada red de extorsión parece haberse ido lejos, sobre todo porque los abogados involucrados gozaban de plenos poderes, además de estar acompañados por el uso de destacamentos policiales, lo que los convertía en pequeños “déspotas”, que se encontraban en una zona de excepción, donde se suspenden los derechos fundamentales. ¿Importa saber el alcance y la extensión de esta red de extorsión? Ciertamente sí; pero, lo que también importa es anotar que sólo el hecho de haber permitido que exista unos dispositivos de poder de esta índole compromete la propia legitimidad y legalidad del gobierno, sobre todo teniendo en cuenta la Constitución. Lo que importa es comprender la incidencia corrosiva de estas prácticas en la institucionalidad estatal.

No se trata pues de un caso aislado, como pretende la versión oficial. El problema es que se trata de procedimientos extendidos, que tienen su propia historia, procedimientos avalados por el gobierno, que gozan con permiso, aunque el permiso no alcance a las iniciativas propias que puedan tomar los extorsionadores. El problema es que la existencia de estos grupos “externos” e “internos” era conocida por las autoridades que avalaron con cartas y ordenes el funcionamiento de estos grupos. El problema es que el escándalo estalla recién, a consecuencia de que una de las víctimas es un extranjero, un empresario norteamericano, con influencia. El problema estalla por presión de los dispositivos con que cuenta la potencia de la que es coterráneo la víctima. Si no hubiera sido investigado el caso por servicios de inteligencia policiales de esa potencia, si no se hubiera presionado al gobierno, quizás los involucrados, hasta ahora, seguirían gozando de la libertad para efectuar sus acciones perversas. El problema es también que hasta el momento la afectación
incriminadora sólo ha afectado a los operadores, empero se cuida, con mucha cautela a los que avalaron estos dispositivos de coerción “externos” y de emergencia.

De todas maneras ya estalló el escándalo, de alguna manera difundido por los medios de comunicación, contando con declaraciones de autoridades gubernamentales, además de acusaciones y condenas de la llamada oposición, además de instituciones como la Defensoría del pueblo, fuera de otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Empero, lo que no hay que olvidar es que este problema es un contrariedad estructural; no es un problema que atinge a este gobierno, sino al Estado-nación mismo, sin pretender, de ninguna manera, salvar de responsabilidad al gobierno vigente. El develamiento de los secretos recovecos de la administración de justicia y de los pasillos opacos del Estado, es una oportunidad para la manifestación movilizada de la sociedad contra estas formas viciosas de poder. La reacción ante el escándalo no puede circunscribirse a la denuncia de los medios de comunicación, menos al desahogo de la oposición, sino tiene que abrirse a la participación y al control social. Es una oportunidad para la interpelación social a las formas ambivalentes del Estado-nación y de las formas de gobierno colaterales, además de ser una oportunidad para las búsquedas del ejercicio participativo, de transparencia y de control social. La sociedad no puede permitir la existencia de este tipo de grupos y de redes colaterales, pues no sólo atentan contra los derechos fundamentales y el ideal de la
institucionalidad, sino que terminan convirtiendo a la propia sociedad en reen de estos grupos y formas de poder perversas.

Hipótesis de interpretación

Hay varias hipótesis o conjeturas que se han puesto a circular a propósito de la explicación de la llamada red de extorsión; hipótesis de sentido común, hipótesis políticas, hipótesis económicas, hipótesis con pretensiones históricas, hipótesis culturales. Hay de todo, para escoger, incluyendo las hipótesis relativas a la teoría de la conspiración. De las hipótesis de sentido común quizás interese esa que se enuncia en esa frase conocida de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Quizás un tono de esta hipótesis se ha hecho sentir en nuestra propia descripción, cuando decimos que el monopolio y el control absoluto del poder, absoluto en el sentido de mayoría absoluta o, mejor dicho, de la mayoría de los 2/3, dio lugar a la ilusión de impunidad, a una certeza de la condición de aparente invulnerabilidad que otorga el control total del poder. Sin embargo, este enunciado no podría entenderse si no se comprende, al mismo tiempo, de qué relaciones, estructuras y diagramas de poder se está hablando. No se está hablando de los diagramas disciplinarios y de los diagramas de control instaurados en la modernidad, como parte de la genealogía de sus instituciones y de la formación del Estado-nación, sino de otros mapas de poder. Hablamos de una cartografía de poder singular, aquella que está vinculada al ejercicio de gobierno, a la efectuación de gobierno en sentido práctico, utilizando los mismos mecanismos institucionales para ejercer una dominación anexa. Estamos hablando del gobierno sobre los hombres y las mujeres, también del gobierno sobre las cosas, entre estas del gobierno sobre los circuitos monetarios. El gobierno de los hombres y las mujeres, el gobierno sobre las cosas, el gobierno sobre los circuitos monetarios, viene acompañada por sus posibilidades de distorsión; no por el manejo de las fuerzas y su conducción
estratégica, sino por el manejo de las fuerzas y su distorsión “táctica”, desviada según el interés privado, en este caso de atesoramiento dinerario. El ejercicio del poder se usa para el beneficio privado de ciertos grupos, para su enriquecimiento llamado “ilícito”. En este sentido el ejercicio del poder se efectúa de la manera más pedestre y vulgar. Se trata del imaginario más antiguo del botín; el poder, el Estado, el gobierno, son mirados como botín de guerra. Es como una costumbre; antes lo hicieron otros, ahora nos toca. Esto ocurre por una desmesura del ejercicio del poder, ejercicio por cierto no democrático, aunque se usen instrumentos democráticos, como la validación electoral. Esta desmesura tiene que ver con la condición oculta de la excepcionalidad; se trata de comportamientos que se basan en el Estado de excepción, en la situación de emergencia, en el argumento de la seguridad del Estado, en el secreto de Estado. Todo Estado moderno ha recurrido a esta condición excepcional una y otra vez cuando supuestamente han visto el peligro para el Estado.

Ciertamente hay distintas figuras de esta condición de excepción o, mas bien, distintas consecuencias de esta excepcionalidad. Nos interesa ahora las más perversas, las que ven por conveniente extorsionar a enemigos, a opositores, a supuestos conspiradores, a quien sea, por razones de Estado. La extorsión se convierte en un sistema, por así decirlo o, si se quiere, es un subsistema de un sistema mayor, que es el relativo al diagrama de poder de la corrupción. Es un procedimiento forzado para reunir dinero para el partido, aunque este dinero termine controlado por unos grupos, otros grupos, quizás no los mismos de los operadores. Las formas de distribución pueden variar, empero lo que importa es el argumento usado; el Estado puede “expropiar” riquezas, parte de las mismas, en beneficio del propio Estado. Estos “métodos” no tienen nada que ver con las nacionalizaciones, que son mas bien medidas populares de recuperación de soberanía. Estos “métodos” tienen que ver con el interés de la élite gobernante. Para comprender esta situación hay que entender que el Estado no es una abstracción, es un campo burocrático, es un mapa institucional, es una estructura de poder; pero, además de todo esto, está manejado por grupos específicos, que cuando están en el poder no escatiman nada para lograr sus objetivos de la manera más práctica y expedita por así decirlo. Que unos gobiernos lo haga de una manera más torpe que otros, más extensa que otros, es otra cosa, lo que no hay que perder de vista es que la desmesura de poder como que posibilita la maniobra de gobierno en este sentido.

El liberalismo ha tratado de escapar de la desmesura del poder distribuyéndolo por poderes independientes, buscando una suerte de equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos, una política de balances; empero, la paradoja evidenciada es que precisamente los regímenes liberales se ven como compelidos a enfrentar la corrupción que atraviesa los poderes de una manera invisible. Por eso estos regímenes tratan esforzadamente de mantener una cierta independencia del poder judicial, quizás como último recurso de defensa al modelo ideal. Con esto no decimos que otras clases de regímenes escaparon a las paradojas del ejercicio práctico de la política; al contrario, terminan envueltos en formas más visibles de estos manejos colaterales del poder.

De esto no se puede deducir que no se pueda escapar a la condena de la corrupción, que siempre ha acompañado al poder, que es inherente al mismo, que el mal es atingente al humano, que se inclina por la maldad. Esta hipótesis moralista es insostenible, aunque ha sido usado en las teorías del Estado. El mal se convierte en una especie de sustancia o causa, como la figura del demonio en las religiones, que sustituye a las estructuras y relaciones de poder en la explicación de las manifestaciones perversas. El problema no radica en la existencia de una sustancia o esencia metafísica que inclina al humano a la satisfacción egoísta por cualquier medio al alcance, sino en la conformación de formas de poder, que no son otra cosa, que formas de dominación, que indudablemente no son democráticas, aunque se efectúen a su nombre. El ejercicio privado del poder, en manos de élites y de grupos, aunque se lo efectúe a nombre de lo público, deriva en es desmesura de poder que abre la posibilidad a la maniobra.

Se puede decir que a mayor institucionalidad mayor control normativo y administrativo, para cuidarse de caer en manejos prebéndales, clientelares, patrimoniales del poder. Puede ser; pero, no se puede decir que la mayor consolidación institucional ha abolido la corrupción. Ante lo que podemos decir que, en relación al problema anterior, a esta relación desbordante entre poder y corrupción, se añade el agravante de la expansión y el dominio de estas formas viciosas de poder cuando la institucionalidad es corroída por estas prácticas colaterales. Esto parece ocurrir cuando se pierden los equilibrios de poderes, los pesos y contrapesos, en los regímenes liberales. Ya hicimos notar que esta no es una solución histórica, sino mas bien un tipo de administración de equilibrios, donde se termina conteniendo y controlando la corrupción, en el marco de ciertos límites. Pero, el problema no desaparece. Al respecto, no hay que olvidar que el Estado-nación forma parte del régimen liberal, no ha salido del mismo, al contrario es su expresión más acabada.

A la desmesura del poder se suma la desmesura del usufructúo privado, del manejo grupal, de la desviación en beneficio privado, altamente extensible cuando se pierden los bordes, la estructura y el
funcionamiento institucional. En este caso estamos ante una forma de régimen que ha convertido la excepcionalidad en una conducta política. En esta situación no solamente los operadores se hallan atrapados en estas “lógicas” perversas del ejercicio del poder, sino todos los que ejercen poder, aunque lo hagan de una manera no-consciente,
ilusionándose con que cumplen mediante una división del trabajo; la tarea sucia a los operadores, las tareas limpias a los gobernantes. No hay tal cosa, todos se encuentran envueltos en los circuitos desmesurados del poder, atrapados en la irradiación corrosiva de estas prácticas colaterales.

¿Cómo escapar de este estado de cosas corrosivo, de esta situación colateral invasiva? Cuando estallan los escándalos es mejor ir al fondo, en vez de limitar el alcance de los involucrados a los operadores. Ante esta opción se tienen por lo menos dos alternativas; una de ellas tiene que ver con las reformas institucionales, que buscan modificar las instituciones conformando sus funcionamientos en sentido democrático, más participativo y transparente; la otra, tiene que ver con la opción por una revolución cultural que afecte prácticas, conductas, comportamientos y mentalidades. No optar por ninguna de estas alternativas, limitando el alcance de la afectación, no es más que diferir una descomposición y desmoronamiento, creyendo que se pueden guardar los secretos y buscar soluciones acordadas.

Una de las hipótesis políticas que ha circulado es la que está ligada a la teoría de la conspiración; ha sido veredita tanto por el gobierno, en el sentido de que el escándalo desatado ha sido tramado por agencias de inteligencia internacional para desacreditar al gobierno, así como por otros voceros, no necesariamente oficiales, que consideran el decurso de una conspiración al interior del propio gobierno. Aunque la forma de estas versiones resulte un tanto simplona, repite chabacanamente las tesis de la conspiración. Es insostenible esta hipótesis, se desmorona ante las evidencias, la secuencia de los hechos y la génesis de estos procedimientos auxiliares de los gobiernos. Pueden haber grupos que calculan las consecuencias de sus acciones, pueden haber grupos que intrigan, tanto dentro como fuera del gobierno, tanto internamente como externamente, incluso, si se quiere internacionalmente; empero, estas actitudes y predisposiciones, no explican fenómenos como los relativos a la corrupción, a la economía política del chantaje, al uso de la coerción y de la extorsión. Estamos ante la fenomenología de relaciones, circuitos, estructuras de poder colaterales y paralelas. Este tipo de hipótesis en vez de aclarar estos fenómenos del ejercicio del poder lo que hacen es oscurecerlos, transfieren la explicación a una supuesta causa omnipresente, la conspiración, a la presencia de grupos de poder, que aparentemente lo controlan todo, controlan todas las variables, convirtiéndose en una especie de superhombres capaces de conducir la historia. Aunque existan estos grupos y busquen incidir en la secuencia de los eventos, estos grupos son mas bien parte del ejercicio de estructuras y relaciones de poder. El accionar de estos grupos no escapa al juego de las fuerzas en el campo político; en lo que respecta a las prácticas colaterales y paralelas, ocurre algo que puede parecer extraño, hasta paradójico, los grupos operadores de la economía política del chantaje terminan enredados en sus propias redes. Si nos diéramos una figura para representar este fenómeno, podríamos decir que se parece al de una araña atrapada en su propia telaraña. La economía política del chantaje forma parte de la economía política generalizada, aunque lo haga de una manera distorsionada; entonces termina reproduciendo el sistema generalizado de la economía política, sistema que no controlan los grupos “externos”, paralelos y colaterales a la institucionalidad.

Una hipótesis histórica, que también puede ser tomada como hipótesis económica, que se ha usado es la que atribuye al capitalismo la “naturaleza” de la corrupción. Esto puede ser relativamente cierto, empero habría que ampliar el panorama. Antes del capitalismo había corrupción, aunque se haya dado de otra forma y quizás de una manera menos intensa. También en los estados del llamado socialismo real se ha dado la corrupción, incluso, a veces, de manera alarmante, guardando la excepción de algún país, que ha tratado de compensar estas contingencias con la moral revolucionaria. Entonces la corrupción es un fenómeno más viejo que el capitalismo, incluso vuelve a reaparecer en las transiciones al socialismo. En Bolivia y Ecuador vuelve a reaparecer en complicadas, diferidas, formas no-dadas de transición al Estado plurinacional, aunque sólo lo usen de nombre. Ante esta genealogía de la corrupción, parece más adecuado usar la hipótesis de la desmesura del poder y asociar mas bien la corrupción con el Estado, aunque sean los circuitos del capitalismo los que expandan y proliferan este fenómeno colateral y paralelo.

Una de las hipótesis culturales usadas para explicar el fenómeno develado de la llamada red de extorsión, es la de la cultura política. En Bolivia no habría una cultura política, se daría mas bien una especie de incultura política, una suerte de cultura de la corrupción. A los ojos de los pregoneros de este tipo de hipótesis nos
convertiríamos en el país más corrupto del mundo. De alguna manera se ayudan, a pesar de no validar el extremo de su interpretación, con los famosos indicadores de la corrupción que sacan organismos
internacionales. Lo que pasa que estos organismos internacionales se olvidan notoriamente de introducir a las potencias del orden mundial imperial, a las empresas trasnacionales y al propio sistema financiero internacional. Si lo hicieran cambiarían los lugares de las
estadísticas. En esto hay un jueguito de legitimación cuantitativa de las formas de dominación colonial y neocolonial, de las grandes corporaciones, gravitantes, auspiciadoras de formas paralelas de cooptación de funcionarios públicos y de “métodos” efectivos de garantizar inversiones. Hay pues una hipocresía denodada en estos organismos internacionales y en estos cálculos supuestamente objetivos.

La hipótesis concreta que vamos a usar, desprendida de las tesis e hipótesis que hemos expuesto, relativa a la desmesura del poder, es la siguiente:

Ni en la primera gestión de gobierno, menos en la segunda gestión, no se desmontaron las redes, los circuitos, las estructuras de la economía política del chantaje, en la que se encuentran las formas de ejercer poder paralelas y colaterales; al contrario, se han ampliado y extendido con nuevos aprendices. Uno de los nudos gordianos de estos circuitos y recorridos de corrosión se encuentran indudablemente en la administración de justicia, la misma que se hallaba ya atada al ejecutivo desde antiguos tiempos republicanos, ataduras ahondadas ahora por el control y el monopolio absoluto del poder. Otro de los nudos gordianos, quizás el más gravitante, se encuentra en el mismo aparato estatal, sobre todo en los ministerios que tienen que ver con el orden interior y de gobierno. Hay otros nudos, que tienen que ver con las contrataciones y de bienes y servicios, con las adjudicaciones de obras, con las concesiones, etc.; empero, sólo observando los recorridos y lazos entre los dos nudos mencionados, justicia y ministerio de gobierno, que puede ser ampliado a los nudos ciegos de los dispositivos institucionales de lucha contra la corrupción, incluyendo incluso a los dispositivos de contratación de bienes y servicios, vamos a ver que la concomitancia y complicidad de estos nudos termina expandiendo e intensificando las prácticas paralelas y colaterales del ejercicio del poder. Por eso no es sorprendente que el escándalo se haya sucintado en estos corredores.

Tal parece que esta llamada red de extorsión no se ha limitado a la zona de los nudos gordianos mencionados, sino que ha abarcado más, tiene un espaciamiento mayor, hay más ministerios comprometidos, al contar con avales para proceder sin límites, además de contar con destacamentos policiales, su propio aparato de represión. Volvamos a la pregunta, ¿cuál es el alcance, la extensión, la intensidad y profundidad de este fenómeno? No lo sabemos a ciencia cierta. Tampoco parece que el gobierno está dispuesto a destapar la olla. Sólo parece estar dispuesto darle un alcance limitado al espacio de los
involucrados.

Ahora bien, al respecto de la solución sancionadora, hay en el aire como un espíritu de venganza en mucha gente, tanto del gobierno como fuera del gobierno, incluso en gran parte de los ciudadanos. Todos creen que esto se resuelve el problema, encerrando y castigando a los involucrados, cuantos más aparezcan mejor. Este problema de la corrupción no se resuelve encerrando, encarcelando, vigilando y castigando. Los vacios que queden en los circuitos colaterales van a ser llenados por otros. El problema es estructural. Mientras no se desmonten estas estructuras, redes, circuitos paralelos y colaterales del ejercicio del poder, la fenomenología de la corrupción no es afectada en su propia circulación, no tiende a disminuir
cualitativamente, menos tiende a desaparecer. Mientras se ejerza el poder de una manera no democrática y transparente, es decir no participativa, tal como lo exige la Constitución, las consecuencias perversas de la desmesura del poder reaparecen, se reproducen, se expanden y se intensifican, moviéndose holgadamente en los espacio que abre el usufructúo privado del poder.

Haremos una anotación más, en relación a la concepción de la política como hostilidad. Vamos a retomar la crítica de las feministas radicales y de-coloniales; ellas plantean que el problema de la reproducción de las dominaciones, en el ejercicio de la política, se sostiene en ese paradigma de la política que se constituye definiendo al enemigo. De lo que se trata es de salir de este círculo vicioso de hostilidad, ir más allá de la política, construir una alternativa a la política, abrir otros horizontes de la cohesión social, ir más allá de las políticas de la amistad. Un más allá de la política no basadas en el sustrato de la fraternidad masculina, base del Estado patriarcal, sino en otras relaciones alternativas concurrentes, como la sororidad entrelazada con otras formas intersubjetivas de complementariedad.

Jacques Derrida entre sus conclusiones de Políticas de la amistad saca una fuerte interpelación a la política basada en la fraternidad de los hombres:

¿Qué relación mantiene esa dominación con la doble exclusión que se ve que se practica en todos los grandes discursos
ético-político-filosóficos sobre la amistad, a saber, por una parte la exclusión de la amistad entre mujeres, por otra parte la exclusión de la amistad entre un hombre y una mujer? Esta doble exclusión de lo femenino en este paradigma filosófico conferiría, pues, a la amistad la figura esencial y esencialmente sublime de la homosexualidad viril [5] .

La desmesura del ejercicio del poder descansaría en la concepción de lo político como hostilidad, que a su vez se asienta en las formas de la amistad fraterna, en las complicidades, concomitancias y pactos de sangre entre amigos, que es a los que se reduce el ejercicio del poder y la práctica política por parte de entornos palaciegos y grupos de operadores de la guerra sucia. En el fondo estas amistades cómplices despliegan su proximidad a una homosexualidad viril, que rechazan, ocultan y esconden con la emisión de mitos de masculinidad que se construyen entre ellos y en sus atmósferas de intimidad.

[1] Ver de Raúl Prada Alcoreza Diagrama de poder de la corrupción; Bolpress 2012; La Paz.

[2] Tesis inversa a la de K. von Clausewitz, usada por Michel Foucault en Defender la Sociedad. Fondo de Cultura Económica 2006; Buenos Aires.

[3] Carl Schmitt: El concepto de lo político. Alianza 1992; Madrid.

[4] Jacques Derrida: Políticas de la amistad. Trotta 1998; Valladolid.

[5] Jacques Derrida: Ob. Cit.; pág. 308.

Jorge Lora

Estamos ante una muy destacada coyuntura en la vida política boliviana. El Gobierno enfrenta un nuevo escándalo de corrupción, que no seria trascendente sino fuera por devela que la justicia al politizarse se ha convertido en la fuente principal de corrupción y por que por primera vez compromete a tres ministerios (de los 7 u 8 desde el 2006) y desata antagonismos al interior de las filas del MAS, agravando la crisis de legitimidad que ya tenia el Gobierno y todo lo que huela a político. La red de extorsión en la que están implicados funcionarios de los Ministerios de Gobierno, de la Presidencia y Transparencia ha puesto una vez más en jaque a la actual
administración gubernamental que al haber judicializado la política, 1 priorizado el daño al enemigo político por sobre la vida democrática, lo ha conducido a una permisividad de sus funcionarios con
imprevisibles consecuencias políticas. Es mas grave la situación si consideramos que hace poco consolido el control del poder judicial con el cuestionado nombramiento de los fiscales y notarios. Mientras el Presidente y Vicepresidente guardaron silencio durante por lo menos una semana, las autoridades mas altas involucradas, los Ministros de Gobierno, de la Presidencia y de Transparencia no solo no han renunciado sino que dicen haberse legitimado por que su actuación es una muestra del combate a la corrupción. Algunos voceros del MAS señalan que se trata de casos individuales y no de una o mas redes de delincuentes. Otro argumento es que se trata de infiltrados o de meras acusaciones politizadas. Evo se aleja, actúa como Presidente de otro país, continua con su campaña electoral y aterrado por no ser reelecto solo atina a decir que le duele lo que esta ocurriendo. Trata de huir, proteger a sus ministros involucrados, cuidar se filtre información comprometedora, sacrificar algunas fichas hasta que pase la tormenta y cerrar el tema considerándolo como solo un caso marginal. El silencio inicial de la oposición solo reafirma que la derecha empresarial y gran parte de la derecha política esta satisfecha en su alianza con el ejecutivo y sus procesados por terrorismo prefieren usarlo como instrumento de negociación para terminar con la persecución. Y en la oposición de izquierda, las cosas no están mejor, evidencia que los movimientos han sido fragmentados o controladas por el Gobierno. Otros minimizan los hechos y dicen que la corrupción política siempre ha existido y es cierto, sin embargo, este Gobierno utilizo como emblemas el mandar obedeciendo, transparencia, anticorrupción, honestidad, control social, hasta, retomar los preceptos incaicos: Ama Sua, Ama Quella, Ama Llulla, y por ello muchos votaron y lo apoyaron. Empero, la suma de reacciones podría generar la recomposición de la derecha y de la izquierda. Las fiestas de fin de año constituyen una tregua, después de la cual se cambiaran algunos ministros y se renovara la lucha por la reelección. Incluso, ante la ausencia de una ofensiva política podría ser que el Gobierno se relegitime. Veamos las complejidades.

El Gobierno que en ocasiones juega a incentivar conflictos para después aparecer como el salvador y seguir en primera plana de la política, esta siendo desbordado por esos embrollos, por el exceso en las acciones punitivas, por las alianzas pre electorales con los mas ambiciosos y oportunistas miembros de partidos, gremios, sindicatos, movimientos y tecnócratas, que lo han llevado a tolerar la corrupción, perdiendo de vista que estaba frente a un monstruo de mil cabezas y que ahora se dan cuenta de que lo puede devorar. No solo hereda una cultura política de la corrupción, también a funcionarios y abogados neoliberales que trabajaron con Banzer o Goni, expertos en los manejos del Estado y que fueron asimilados precisamente por ello. La corrupción se reproduce e interactúa desde afuera y desde dentro del Estado. Las mafias internacionales están en el país y las redes se han multiplicado. La corrupción de apariencia legal o legalizada es la madre de las otras formas. Las trasnacionales –como se ha visto a nivel global- son las principales portadoras de esa insuperable herramienta de convencimiento. Y la burguesía, los políticos y militares son los mejores procesadores cuando convocan a la inversión extranjera o a la ayuda militar. Partidos íntegros se han corrompido y en Bolivia encontramos al MAS aliado con la derecha, en unas regiones con el Mir, en otras con el MNR o con los remanentes de ADN en defensa de alcaldes o gobernadores corruptos como en Santa Cruz o Yacuiba, donde también actúo la red Ostreicher defenestrando a los acusadores con ayuda de esta temible red. Evo y los lideres del MAS viven una lógica política donde lo importante es el control del poder a cualquier precio, monopolizarlo y destruir a la oposición.2 Si rascamos un poco el clientelismo, el prebendalismo y el
patrimonialismo que ya caracterizan al Estado, también son formas de corrupción. De hecho –como veremos- se sabe que Evo conocía de muchos de los hechos de podredumbre y no hacia nada al respecto.3 Y como no iba a saber si cada vez son mas los escándalos y hace algunos meses –en agosto- la propia Ministra de Transparencia señalaba que habían 8000 procesos por corrupción y solo 100 presos. El mismo Ministerio revelo en diciembre de 2010, que entre los años 2006 y 2010 se recibieron 71 denuncias de corrupción que involucran a 568
funcionarios. 4 Por su parte el defensor del Pueblo, Rolando Villena, denuncia que la principal fuente de violación de los derechos humanos proviene de la policía. Las cifras del Ministerio de Transparencia aunque confusas, al menos expresan lo que era voz populi.

El Gobierno Intentaba superar varios fracasos en el ámbito jurídico y social, uno es frente a la CIDOB5 y su resistencia a la carretera, imponiendo una anticonstitucional consulta ex post y sobre una supuesta respuesta positiva derogar el DL que le otorga intangibilidad a territorios indígenas,6 y el otro era como frenar la inseguridad publica, sin confrontarse con aliados institucionales. Las c onclusiones de la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de DDHH, son tanto o mas contundentes que las del defensor del pueblo:

1.El proceso de “consulta” del Gobierno no se ha ajustado a los estándares de consulta previa, conforme lo establecen las normas nacionales e internacionales. 2. La consulta del Gobierno fue precedida y acompañada por regalos, prebendas y promesas de desarrollo y servicios que condicionaron los criterios de “libre” y “buena fe”. 3. No se han respetado las normas y procedimientos propios de las comunidades y pueblos indígenas del TIPNIS. 4. La consulta giró en torno a la disyuntiva “intangibilidad o desarrollo”, presentando la intangibilidad como la imposibilidad de utilizar cualquier recurso natural del TIPNIS para la subsistencia de las familias indígenas. 5. Tampoco se cumplió la condición de “informada”, porque no se les presentó estudios sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la construcción de una carretera por medio del TIPNIS. 6. La mayoría de las comunidades visitadas rechaza la construcción de la vía Villa Tunari -San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS, a la que históricamente se opusieron desde los 90 y como lo manifestaron en la VIII y IX Marcha Indígena. 7

Las instituciones judiciales (Jueces, fiscales y Ministerio Publico) y la policía son advertidas por la población como las principales fuentes de abusos, la principal amenaza para la plena vigencia de los derechos humanos. Su incapacidad de reformar –pero si someter- al Poder Judicial que cotidianamente se ve abrumado por las la corrupción de jueces, fiscales, policías, militares y funcionarios, marcan las noticias en los medios, aparecen nuevos conflictos propiciados por el intento de consolidar las nuevas formas autoritarias de hacer política auspiciadas desde el Gabinete ministerial.

En efecto, las elecciones ya están en el horizonte y toda la vida política esta marcada por la reelección, los poderes del Estado están controlados, los medios ya están bajo su control y la oposición que queda en este ámbito casi ha desaparecido al beneficiarse de los gastos publicitarios, que se han incrementado enormemente;8 el censo y las encuestas de opinión se organizan para definir estrategias; miles de millones se gastan en el sexenio en bonos, proyectos rurales, infraestructura y gastos sociales; se intenta controlar la inflación y al fin se perfilan algunas dudosas inversiones en industrialización de los hidrocarburos;9 la persecución de los enemigos políticos se convierte en política estatal, evitando que aparezca algún contendor que haga peligrar la nueva dominación. Las próximas elecciones en el Departamento del Beni, serán un barómetro de lo que podría después ocurrir en el país. Frente a una derecha cuyo candidato, Lens, aparece favorecido por las encuestas de opinión ya es amenazado por
corrupción, una lógica de poder que se ha hecho habitus. El abuso de poder y el miedo están generalizados y con el, la desconfianza en la política y la resistencia cotidiana. Siempre hay quienes demandan honestidad y democratizar las decisiones, no todos se dejan avasallar o comprar con la política clientelar. Movimientos sociales de gremialistas, transportistas, universitarios, trabajadores del sector publico, etc. intelectuales, sindicatos, COB, ONG criticas, CIDOB, CONAMAQ, son algunos de los 100 conflictos mensuales que vive el país.

Detrás de todo esto esta el proyecto de un país extractivista, una economía colonial y una política neoliberal que en la oscuridad viene subastando Bolivia. Y cuando un país se abre a la inversión extranjera convierte en una selva el territorio y los funcionarios son tentados por los inversionistas a los malos manejos. El oriente con petróleo y gas, madera, terratenientes y potencial para alimentos y transgénicos, los valles con la coca y producción de alimentos y los andes con yacimientos mineros son las reales fuentes de corrupción y vienen desde las concesiones empresariales, las actividades económicas que genera, hasta la protección de los lumpen empresarios. Desde la legalización de las grandes propiedades en la constitución, los intentos de expropiar a las TCO, las denuncias de Soliz Rada respecto a la injerencia y manipulación de contratos hidrocarburiferos por los mas altos funcionarios, hasta la instalación de carteles de
narcotráfico hay una articulación de procesos a develar. 10

La coyuntura actual esta fuertemente marcada tres procesos

1) por el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado preparada por el Poder Ejecutivo por un encargo del Ministro de Gobierno (Romero) a un estudio privado de abogados, según Rebeca Delgado, Presidenta de la Cámara de Diputados. Apareciendo un fugaz conflicto inédito entre el Ejecutivo y el legislativo. Mas que las disculpas de Romero fueron las convicciones de Delgado que de hecho venia siendo cómplice de la aprobación de incontables leyes inconsultas y no discutidas por los propios congresistas.

La importancia de este hecho tiene que ver con múltiples relaciones, con la historia boliviana al poner al descubierto como ha sido y es la acumulación colonial basada en el contrabando, el narcotráfico, las privatizaciones, la apropiación de la tierra, el despojo, la ilegalidad legalizada por un poder judicial privatizado, etc., en lo macroeconómico con la política fiscal y la necesidad de nuevos ingresos; en lo político con la judicialización de la política y la destrucción de los potenciales enemigos electorales y sus
financiadores; en lo social con el orden y la construcción de un estado punitivo que domestique totalmente a la población; en lo partidario las ocultas contradicciones en el seno del MAS dirigido por el Gabinete que muestran que el Gobierno esta dividido entre una mayoría de funcionarios y ex lideres obsecuentes, neoliberales y con tendencia represoras y una minoría de personas honestas que aun quedan en la administración.

Ante el rechazo del proyecto del Ejecutivo por transportistas y comerciantes mayoristas y minoristas, trabajadores fabriles, maestros e inmensas capas de pequeños propietarios en enormes marchas callejeras, autocriticado por dirigentes del MAS y cuestionado por abogados constitucionalistas por vulnerar derechos individuales fundamentales como el derecho a la propiedad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, es aceptada la modificación parcial por la Asamblea Legislativa. Lo que ocurre es que estamos hablando de un instrumento legal que penaliza las actividades ilícitas y promueve acciones aceleradas sobre las propiedades adquiridas con recursos ilícitos, otorgando a los imputados un plazo para que presenten descargos y dispone que en caso de flagrancia, la Procuraduría incautará todos aquellos que sean producto del contrabando,
narcotráfico, enriquecimiento ilícito, corrupción y la adquisición ilícita, Cualquier bien (casas, vehículos, etc.), cuyo propietario no pueda justificar que ha sido adquirido por medios lícitos, será inmediatamente incautado y monetizado en beneficio del Estado. Las duras reacciones ante una norma inconsulta y peligrosa eran de esperarse. La población se siente vulnerable e indefensa y choferes y gremialistas lideran las movilizaciones exigiendo la anulación de la norma por ser inconstitucional y no aceptan la sola revisión de algunos artículos como plantea el gobierno. Realizan marchas, llaman a paralizaciones y amenazan con la huelga general indefinida si el gobierno no anula el proyecto.

La población y mas aun la politizada tiene una profunda desconfianza de todo lo que proviene del gobierno e intuye que este es un instrumento que garantiza las propiedades de sus hoy aliados: las grandes empresas y las transnacionales, que supuestamente operan en la completa legalidad, pero que puede ser muy dura para con los propietarios de la economía informal que podrían ser victimas de la confiscación de su patrimonio en un territorio donde nadie acata la ley y muchos se han enriquecido en la ilegalidad, pues aunque el proyecto de ley determina que el proceso para revertir el derecho propietario solo se activa cuando hay una imputación formal en contra de un presunto narcotraficante, contrabandista o corrupto, el acusado tendrán 15 días para comprobar la procedencia legal de su propiedad.

No olvidemos que muchos masistas son transportistas, comerciantes, gremialistas y creen ser representados por algunos diputados. Las presiones llegaban al poder ejecutivo y Rebeca Delgado, Presidenta de la Cámara de Diputados, fue de algún modo su vocera. Participe de la aprobación de leyes inconsultas, en su inocencia, fue delicada y cauta al admitir que solo algunos artículos del proyecto no concordaban con la Constitución y podían ser objeto de interpretaciones o propiciar arbitrariedades, por lo que recomendó modificar el 60% del texto, acusando de irresponsable al Ministro de Gobierno. El mismo que primero desmintió y después descalifico públicamente señalando que ella no tenia las cualidades académicas ni la trayectoria para llamarle la atención. Lo que le trajo gratas solidaridades. Empero, ella no cuestiono que el parlamento y los otros poderes se han convertido en dependencias del Ejecutivo y que los legisladores del MAS solo levantan la mano aprobando leyes redactadas fuera del hemiciclo.

Para evitar un nuevo estallido social, el Presidente Morales anunció que enviará el proyecto de ley al Tribunal Constitucional para que falle sobre su constitucionalidad en cumplimiento del numeral 7 del artículo 202 de la Constitución Política del Estado.

Este primer problema coyuntural esta conectado con el que pasaremos a analizar, el despojo de un ciudadano norteamericano, que obliga a dudar y decir a los críticos “imaginemos lo que ocurriría al abrir las trancas para que una DIRCABI cien veces más grande se implante en Bolivia, decomisando las propiedades muebles e inmuebles de ciudadanos que en cinco días no puedan probar a los fiscales y jueces”11 el origen de sus bienes.

2) El segundo proceso que marca la coyuntura. Es el inaudito caso de Jacob Ostreicher, ciudadano judío norteamericano que es aparente victima de una de las redes de funcionarios públicos de los
Ministerios de Gobierno, de la Presidencia, de Justicia, de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) , directivos de ingenios arroceros, abogados, etc. Que de no ser asistido por el brillante y laureado actor Sean Penn, por mediación del Gobierno de Venezuela y las presiones de congresistas norteamericanos continuaría preso. Su dinero proviene de los paraísos fiscales y lo mismo que el de su socia, la inversionista colombiana Claudia Rodríguez, no tiene un claro origen económico y social, aunque si legal, lo que difícilmente se llegara a saber algún día. Por algo a los paraísos les llaman lavaderos de dólares. También habrá que ver como responderán a las demandas que se le vienen por los trabajadores de una empresa agropecuaria comprada por él, a quienes ya debe cientos de miles de dólares.

Y es que el constructor Ostreicher y su socio Andrés Solty llegaron a Santa Cruz el 2008, a un país que desde la Presidencia los invitaba a invertir garantizándoles sus actividades; asociados con Claudia Rodríguez invirtieron 27 millones de dólares en Guarayos, la zona norte del departamento en agricultura y ganadería. 12 Ahora se sabe que el ex abogado y asesor del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío, habría propiciado que la colombiana Rodríguez, aprehendida por narcotráfico, se acerque al empresario Ostreicher para que éste compre propiedades del traficante brasileño Maximiliano Dorado y así implicarlo en tráfico de drogas. De este modo el astuto Rivera logro que Jacob sea engañado en la compra de 12.000 hectáreas de tierras en el oriente, que pertenecían a Dorado, que había sido deportado a Brasil el año 2011. Jacob, en su confusión, reconoció que Dorado se acerco a él para hacer negocios agrícolas y que ambos terminaron estafados por Rodríguez, pero negó que en alguna oportunidad se haya involucrado en el negocio de las drogas. Además, unos empleados suyos fueron detenidos por narcotráfico y sobre estas bases se construyo la acusación y motivo de su detención. En junio de 2011 es detenido por la policía antidrogas, después de haber denunciado a la colombiana Claudia Rodríguez por estafa.

Las declaraciones del abogado de Claudia son esclarecedoras. Indicó que la fiscal Janet Velarde la imputó sin ningún fundamento, porque para sindicarla de legitimación de ganancias ilícitas tendría que haber algún informe que diga que obtuvo dinero de procedencia irregular y ese no existe. El abogado aseveró que el dinero (25 millones de dólares) llegó a Bolivia, después de haber sido
desembolsado del banco UBS en Suiza, mediante una transacción legalmente establecida. Sostuvo que Rodríguez tenía un poder pleno y suficiente (de los inversionistas suizos) para invertir en Bolivia, este dinero llegó al país pasando todos los controles internacionales de prevención y detección de lavado de dinero, primero pasó controles suizos, luego de la Unión Europea, de los Estados Unidos y aquí los controles del Banco Central de Bolivia”. Entre 2007 a 2008, cuando se habría hecho toda la transacción de la millonaria suma de dinero, no se detectó ninguna irregularidad. Ratificó que el vínculo con la supuesta actividad del narcotráfico surgió a partir de que el mismo estadounidense Ostreicher acusó a su socia de narcotráfico, y al hacerlo sindicó indirectamente de lo mismo a la millonaria inversión agroindustrial, por consiguiente se acusa él mismo, mas aun si irresponsable y falsamente dijo ser dueño de toda la inversión, entonces “él solito se lanzó esa acusación”. Quizás pretendía recuperar lo perdido con el ex coronel y abogado Andrade quien le había cobrado 115 mil dólares por enjuiciar a Claudia y defenderlo.

¿Jacob, en determinado momento habría pretendido encarcelar a la colombiana y quedarse con todo, siendo que el 80% era inversión de los representados por ella? Lo cierto es que finalmente ambos fueron títeres del funcionario Fernando Rivera. Es así que con esta macabra operación de Rivera, que no dejaba rastros ni pruebas, ambos terminan encarcelados Claudia con dos procesos penales y uno civil fue detenida por la Felcn y trasladada a Sucre, por decisión de Régimen
Penitenciario. Jacobo, termino en el penal de Palmasola desde junio de 2011 acusado por legitimación de ganancias ilícitas. Les incautaron sus bienes: sus 6 predios, 20.000 toneladas de arroz, maquinaria agrícola y ganado vacuno de raza. Al menos un 40% del arroz habría sido monetizado (¿a mitad de precio, 3 millones de dólares?) desapareciendo los millonarios ingresos, junto a los conseguidos por las extorsiones, al parecer repartidos entre miembros de la red, entre los que están los fugados operadores de la DIRCABI.

Ostreicher denunció reiteradamente ser víctima de injusticia, mientras las cortes en varias audiencias le negaron la libertad, argumentando aspectos formales como la supuesta falta de una dirección domiciliaria o de prueba de trabajo, según manda el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal. Ahora ya se sabe que esa decisión fue tomada por presión ejercida por altos funcionarios del Gobierno. Confiados en que los procesos se inscribían en la lucha contra el narcotráfico y en el antinorteamericanismo del Gobierno y en posesión de elementos condenatorios para Jacob se expusieron demasiado, desafiando incluso, las presiones del Gobierno estadounidense, sin advertir el peso potencial que tiene un ciudadano norteamericano, Pero como veremos mas adelante su confianza en la impunidad también provenía de su información privilegiada y de que se consideraban indispensables en procesos judiciales emprendidos por el Gobierno contra la oposición de derecha y de izquierda. El hallazgo y la persecución de
narcotraficantes y sus bienes se habría convertido en una mina a explotar usando sus poderes extraordinarios.

Este año, en noviembre, Sean Penn viajo Bolivia, visito a Jacob y comprobó que en Bolivia no se respetaban los derechos de su
compatriota. El actor estadounidense intercedió por él ante el propio Presidente negociando un debido proceso a cambio de actuar como embajador de buena voluntad para llevar adelante la reivindicación marítima, la despenalización del masticado de la hoja de coca y la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Antes, el Senador de Estados Unidos, Christopher Smith, denunció vulneración a los derechos humanos en una campaña de solidaridad, otros congresistas mas exigieron justicia. y el encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en Bolivia, Larry Memmot, exigió definir la situación legal. El cerco apretaba a la banda pero no obstante estas poderosas
mediaciones, la jueza Eneas Genitile y otros jueces continuaban declarando improcedentes los nuevos recursos de cesación de libertad debido a que Ostreicher carecía de familia constituida, trabajo y vivienda conocidos en Bolivia. El 11 de diciembre ultimo los jueces Sigfrido Soleto y Édgar Carrasco, en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de la Sierra negaron otra vez la solicitud de revocatoria de la detención preventiva de Jacob Ostreicher, dispuesta por la mencionada jueza Gentile. Llevando a pensar que la red sigue viva defendiendo sus intereses. Sean Penn, no obstante su solidaridad con el proceso de cambio, anuncio con llevar el caso a tribunales internacionales.

Oficialmente y sin confirmar declararon que el Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) trabajo en el accionar de la banda de extorsionadores desde hace siete meses sospechaba que la pandilla era liderada por Fernando Rivera Tardio y José Manuel Antezana Pinaya que actuó en los últimos cinco años y medio en siete gestiones en los ministerios de la Presidencia y Gobierno. ¿Qué y quienes permitieron que permanezcan en esos lugares estratégicos?. Lo cierto es que Fernando Rivera tenía como colaborador al abogado Dennis Rodas, con activa participación jurídica en los llamados casos Rosza, Caranavi, Chaparina, teniente Julio Navia y mas. Rivera y Rodas elaboraban memoriales y con un poder notarial especial otorgado por el ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti el 2011 y aparentemente refrendado por el actual Ministro, con el representaban al Ministerio de Gobierno e incluso al Estado en audiencias judiciales y diferentes procesos.13 ¿Quién y Por qué les otorgaron poderes mayores a los del propio Presidente?

Otro implicado es José Manuel Antezana Pinaya, pariente del ex Vice ministro y hoy diputado por el MAS, Héctor Arce,14 empezó a trabajar como funcionario de planta con el puesto de ‘responsable de Gestión Pública’ el 11 de abril de 2008, dos meses antes de que Arce deje el cargo. Un año y medio después, ascendió a directivo, como funcionario del Palacio de Gobierno, fue aprehendido en La Paz, acusado de comercializar arroz incautado al norteamericano Jacob, cuando ejercía el cargo de Director Nacional de Finanzas Públicas del Ministerio de Gobierno, también era miembro del directorio de la empresa Cartonbol en representación del Ministerio de la Presidencia. Otro acusado es Boris Villegas, ex director Jurídico del Ministerio de Gobierno. La Ministra de Transparencia, Nardi Suxo, rompió el silencio e intento frenar la ola de denuncias y en un comunicado, pidió a la Fiscalía General iniciar de oficio procesos contra quienes hayan sido víctimas de extorsión, pues aceptar la extorsión constituiría un delito, tipificado como cohecho activo. La ministra estaba cuestionada mucho antes por varias denuncias que algunos poderosos se encargaron de ocultar y silenciar. 15 El propio Ministerio de Gobierno la criticó y calificó como un “exabrupto” el comunicado que ella emitió. 16

La detención de Rivera, acusador del Gobierno nacional impacto en el juicio oral que se reinició en Tarija por presunto terrorismo y alzamiento armado, otro tortuoso caso nunca totalmente esclarecido. Un juicio que ya venia contaminado por que Ignacio Villa Vargas, ‘el Viejo’, antes testigo “clave” para el Gobierno, acusó a personeros del Ministerio de Gobierno y de Inteligencia de la Policía de haber perpetrado los atentados con explosivos en los domicilios del concejal masista Saúl Ávalos y del cardenal Julio Terrazas, días antes del operativo en el hotel Las Américas, en el que fueron abatidos Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer. Villa Vargas reveló además que recibía Bs 7.000 mensuales de Luis Nolberto Clavijo, agente del Ministerio de Gobierno, mientras estuvo infiltrado en el grupo de Rózsa, y que acompañó como conductor a los agentes de Inteligencia Wálter Andrade y Marilyn Vargas (con seudónimo ‘Karen’) cuando estos colocaron explosivos para inculpar al grupo de Rózsa. Además, Villa denuncio que fue torturado para que incrimine a la dirigencia cruceña con el supuesto plan separatista y mencionó al exministro de Gobierno Alfredo Rada de estar involucrado en la trama.

Otra fuente de la Fiscalía aseveró que otro caso es el de Terrorismo II, que indaga a los financiadores del grupo presuntamente
secesionista de Eduardo Rozsa. “Lograron sacar millones para que algunos ganaderos no sean investigados y que se desvíe la pesquisa hacia otras personas”. Explicó que en la mayoría de los casos, las parejas de los abogados Rivera y Rodas tomaban contacto directo con las víctimas para solicitarles el dinero y que los juristas aparecían en el momento de intentar cobrar. En el caso de Navía se indicó que Rivera y Rodas pidieron 40.000 dólares a los familiares del ex policía, detenido por narcotráfico y poseedor de 10 millones de dólares, con el fin de trasladarlo del penal de Chonchocoro a Palmasola. Y siguen apareciendo decenas de denuncias, que comienzan a ser procesadas, agravándose la credibilidad gubernamental. Al 21 de diciembre ya sumaban 80, según el Ministro Romero.

Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi actuaban como mercenarios jurídicos y así como servían para montajes contra la derecha también lo hacían contra dirigentes indígenas y populares. Son los que presentaron, en 2011, la denuncia contra dirigentes de la columna de la octava marcha indígena Trinidad-La Paz del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca; acción que el 25 de septiembre provocó una represión policial a los indígenas que derivó en la renuncia de la ministra de Defensa, María Cecilia Chacón y posteriormente de Sacha Llorenti que era ministro de Gobierno.17 Cuando el Gobierno ha tenido problemas sociales o políticos Juan Ramón Quintana, capitán dado de baja y sin embargo, egresado de la Escuela de Las Américas y experto en inteligencia, en cargos clave como nada menos que el Ministerio de la Presidencia, se habría encargado de deshacer entuertos. Fue Asesor del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez (en el periodo 1999 – 2002)18 Soliz Rada hace algunos años lo conmino a que explicara de manera pública el financiamiento que recibió, antes de integrar el gabinete, de la Open Society (de Soros) para su Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal) . Soros es uno de los principales accionistas (20%) de la compañía Apex Silver Mines Limited, matriz de la empresa minera San Cristóbal SA, que el último trimestre del 2007 comenzó a operar en la zona de los Lípez, en Potosí, explotando plata a cielo abierto con expectativas de exportación de 200 millones de dólares anuales. Mas tarde, el ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún ( Empresa Siderúrgica del Estado Boliviano), Walter Chávez, involucra a Quintana con la Empresa Siderúrgica Jindal, de la India acusándolo de abuso de poder y traición a la Patria al querer obligarlo a cambiar el contrato internacional entre la Jindal y el Gobierno Boliviano para satisfacer intereses extranjeros. Y finalmente en Red Uno TV Rafael Quispe, dirigente de Conamaq, denuncio que El Ministro Quintana y el Senador Isac Avalos se habrían apropiado de 5 millones de dólares.19

Página Siete señala que según fuentes de la Fiscalía de La Paz el mismo grupo está relacionado con los casos del atracador David Olorio. El ex Vicemisnistro Gustavo Torrico, antes defenestrado por supuesta corrupción, pidió se investigue a Boris Villegas, ex jefe de asuntos jurídicos del Ministerio de Gobierno (2007-2012) y después funcionario del Ministerio de Transparencia20 y se revisen los casos de corrupción en decenas de Bingos extorsionados para permitirles funcionar clandestinamente y otros casos que se dejaron en la oscuridad.

De los archivos de noticias, Radiofides.com hace un repaso de los casos más sonados que el Gobierno tuvo que enfrentar por acusaciones de corrupción, nosotros resaltamos solo los que nos parecen mas significativos, de los cuales algunos simplemente fueron
institucionalizados y otros silenciados y archivados21: El primer caso públicamente conocido en el Gobierno de Evo Morales; en agosto de 2006 la Cancillería denunció la falsificación de documentos para visados chinos, se implicó en el caso a los entonces senadores del MAS, Santos Ramírez y Guido Guardia. Luego se denuncio el caso la desaparición de tractores y maquinaria agrícola donada. Mas tarde, el 27 de julio de 2008, un convoy de 33 camiones con contrabando evadieron el puesto de control fronterizo en Pando, los propietarios argumentaron que tenían permiso del ministro Quintana. Los vehículos fueron retenidos cerca de la población de Santa Rosa del Abuná, donde tras permanecer un mes rebasaron al Control Aduanero y huyeron con los camiones y la mercadería de contrabando. El caso fue denunciado por el entonces presidente de la Aduana, César López. El 27 de enero de 2009 la muerte violenta del empresario Jorge O’ Connor destapó el mayor escándalo de corrupción en YPFB, el atraco y robo de 450 mil dólares destapó una red de corrupción en la que estaba implicado directamente el ex presidente del Senado y alto dirigente del MAS, Santos Ramírez, que en la ocasión era titular de la estatal petrolera. El pago de coimas, la creación de millonarias empresas fantasmas y adjudicaciones
irregulares fueron descubiertas, hoy el principal involucrado cumple una condena de 12 años de cárcel. A inicios de 2010, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya descubrió que sus antecesores habían montado una red de corrupción que incluía sobresueldos, designaciones irregulares, viajes de lujo, ampliación de mandato de los directores e incluso la construcción de una alcoba de “cinco estrellas” en las propias oficinas de esta entidad. En septiembre de 2010 se destapó un escándalo de corrupción en Vías Bolivia, tras descubrirse que se habían vendido boletas de peaje sin numeración, provocando un daño económico considerable al Estado. Este caso provocó el alejamiento del cargo del director de la institución, Juan Enrique Jurado. En junio de 2012, Gerson Rojas el ex gerente de Plantas de Separación de Líquidos fue destituido tras destaparse presuntas irregularidades en los procesos de licitación de la planta de Río Grande, en el caso además se implicó a otro de los miembros de la comisión calificadora de YPFB, Agustín Javier Ugarte, se calculan daños cercanos al medio millón de dólares, lo que sigue siendo investigado.22 En este caso, está en cuestión la legalidad de la adjudicación de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande a la empresa Astra Evangelista S.A. (AESA), valuada en 159 millones de dólares, por existir indicios de una presunta coima en el proceso de contratación. La investigación develó que la AESA realizó el estudio de cotización para la construcción de la Planta y con este antecedente YPFB le adjudicó la obra y contrató a una empresa socia de AESA, BOLPEGAS (Bolivia Petróleo y Gas
Consultores y Servicios SRL) para que realice la fiscalización de la obra. Otro caso destacado es el de la construcción de la fábrica de papel Papelbol, un daño económico al Estado por 13.571.010 millones de dólares y el principal sospechoso es el exviceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado. Según la evaluación técnica elaborada por la empresa Pricewaterhousecoopers, el precio real de la fábrica (en las condiciones actuales) asciende a un monto de 6.118.000 dólares, lo que revela un sobreprecio de 7.453.010 dólares. El Fiscal de Materia de la División de Corrupción Pública, Aldo Ortiz, que ordenó la aprehensión del exgerente General de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Freddy Ballesteros, con la imputación formal por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El abogado del ex gerente de Enabol, Moisés Ponce de León, acusó al ministro de Defensa de la inversión de los 28,9 millones de dólares y pidió que sea investigado. “Tiene que ser investigado el ministro de Defensa y tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias, tiene que explicar al pueblo boliviano por qué ha incumplido sus deberes como presidente del directorio de Enabol”, dijo Ponce de León a radio FIDES.23 Finalmente, el Viceministro Pérez dice estar investigando la denuncia de un negociado por 3 millones de dólares en madera supuestamente de contrabando realizado con ayuda del ex viceministro Marcos Farfán y el ex director de Régimen Interior Boris Villegas, y con la participación de Denis Rodas, detenido actualmente en el penal de Palmasola.

Otros asuntos han sido los relacionados con narcotráfico que también tocan a gente del oficialismo. El primer caso conocido fue el del mallku que posesiono a Evo en 2006 que fue encontrado con cerca de 300 kilos de cocaína. En diciembre de 2010, el juez de Instrucción en lo Penal, Constancio Alcón, envió a la cárcel al ex alcalde masista de Catacora (Pacajes-La Paz), Justo Zanga, quien fue detenido en una operativo antidroga, junto a una colombiana, con 190 paquetes de cocaína. El 2011, el alcalde del MAS en Calamarca (Aroma-La Paz), Luis Mamani, también fue detenido en posesión de 2.098 gramos de cocaína. Un último suceso involucra al ex jefe antidrogas del gobierno de Evo Morales, general René Sanabria; trasladado a Estados Unidos, desde Panamá, por cargos de narcotráfico.24

Incluso el BID fue atracado por los funcionarios del MAS, este banco en su informe anual 2010, notifica que entre los años 2007 y 2010, sancionó 72 veces a Bolivia por corrupción, fraude y colusión, debido al mal manejo de los créditos otorgados por la institución.25

Un proceso que falta esclarecer es el del alemán Dirk Schmidt, auto calificado de internacionalista que apoyaba el proceso, y que colaboro comandando un grupo de funcionarios del Gobierno para investigar extorsiones a menonitas y que termino preso en julio de 2010 junto al ex Viceministro Gustavo Torrico, que además fue destituido, ambos acusados de lo que ellos detectaron que hacían los funcionarios del Ministerio de Gobierno.

Estos son solo algunos destacados ejemplos, pues en realidad estamos ante un conjunto de redes nacionales que se van descubriendo en la medida en que estas exceden los limites de la ambición. No seria exagerado decir que hay mafias o hechos de corrupción en todas las actividades económicas y en todas las dependencias publicas. La burguesía pequeña busca ser burguesía media y para eso sirven las profesiones y postgrados. Desarrollan la capacidad para detectar de donde viene el dinero y apropiarse del mismo. Pero también están los políticos, maestros desde la experiencia, que trasmiten el acervo acumulado. Se trata de un viejo sistema de corrupción permanentemente renovado y naturalizado por cada nueva administración.26 Basta visitar la Felcn, tramitar una licencia, constancias, migraciones, bienes reales, cárceles, colegios, hospitales, etc. Estamos hablando de un problema que se puede generalizar, es decir es parte de la herencia cultural colonial, de un pensamiento colonial que marca la memoria. Bolivia, antes lugar de refugio de cowboys (Butch Cassidy y Sundance Kid llegaron a Tupiza en agosto de 1908) y nazis (Klaus Barbie el “carnicero de Lyon) ahora de narcos de Brasil (Se calcula que el 70% de la coca es para el mercado de Brasil) Colombia y de varios países europeos. La mayor organización criminal brasileña, el Primer Comando de la Capital PCC), Colombia (La red ya penetró a alcaldes, como el de la ciudad de Warnes, y a oficiales del Ejército, como el ya citado general (r.) René Sanabria, cabeza de la lucha antidrogas de Evo Morales), mafias europeas de Italia y Rusia, inversionistas brasileros y muchos otros compradores de fincas provenientes del narco y/o de paraísos fiscales que buscan invertir en comodities ligados a la producción de minerales o alimentos. La idea de capitalismo andino esta en todo, es la demanda de la vieja y nueva lumpen burguesía intermedia que quiere también enriquecerse como lo hicieron los q’aras de la oligarquía. Los terratenientes consiguieron serlo avasallando y asesinando, la burguesía endeudando al propio Estado. Es la
acumulación por despojo que inicia un nuevo ciclo y se expresa en toda la economía. El contrabando, el narcotráfico, las mafias, concesiones a trasnacionales extractivistas, invitación a la inversión provenga de donde provenga, etc. es un sistema mantenido por el Gobierno e involucra a los nuevos militantes del MAS que provienen de la derecha y los viejos dirigentes masistas ubicados en cargos que ven la oportunidad de enriquecerse. Respuesta practica a la pregunta ¿por que ellos son ricos y no podemos serlo nosotros?. Y es que no se ha roto con esa forma de capitalismo y mas bien se esta fortaleciendo. Hay muchos casos desconocidos y otros denunciados que han terminado siendo ocultados o minimizados: barcazas, tractores, papel bond, cooperativas San Luis, Ingenios, empresas eléctricas (Guaracachi), las filmaciones por funcionarios, hoy desempleados, del Ministerio de Gobierno, sobre los intentos de soborno a “El Viejo” para que no preste declaraciones ante la justicia en el caso Rózsa o las reiteradas denuncias sobre supuestos encuentros de algunas autoridades con un presunto
narcotraficante brasileño. En todos estos casos prima la impunidad. También comprende a los profesionales e intelectuales, están a la búsqueda de cotos de caza de la ayuda internacional, a los cuales sirve la calificación de país sumido en la miseria, para que aparezcan fondos de los que apropiarse y para ello se organizan en consorcios de abogados, ONG, fundaciones, etc.

Esta red da muestras de involucrar a la mayoría de fiscales y muchos jueces, a tal grado que los que hoy procesan también son sospechosos de pertenecer a la red. Lo ocurrido ha podido evidenciar lo que es la oposición de derecha en la actualidad. El Comité Cívico de Santa Cruz en boca de su presidente felicitó al Gobierno por la destitución de funcionarios y la lucha contra la corrupción. Otros opositores quedaron en silencio. Muy pocos asociaron la ley de extinción de dominio con el caso Ostreicher. Solo un analista dijo que
probablemente de lo que se trataba era de promulgar la ley para legalizar inmediatamente la expropiación y monetización de los bienes del ciudadano norteamericano y liberar al preso sin derecho a sus bienes. Si hubiese una derecha amenazante hubiesen pedido el cese inmediato de por lo menos tres ministros: Gobierno, Transparencia y de la Presidencia. Quizás también que unos fiscales y jueces no juzguen a sus colegas o amigos. No es posible que las altas esferas no supieses lo que ocurría con las autoridades de su despacho.

3) Por ultimo el intento de asesinato del periodista Fernando Vidal de Yacuiba-Tarija es una muestra de lo anteriormente dicho en un microespacio. Es una expresión micro de las redes que vienen extendiéndose en todo el país con la corrupción en Gobiernos departamentales y locales. El periodista al que le incendiaron la estación de radio con el adentro, fue trasladado hasta Salta (Argentina) donde será atendido en el Hospital del Quemado de manera gratuita, ya que los recursos para continuar su tratamiento no le alcanzaban. Desde Argentina pudo denunciar con mas libertad a Radio Mitre lo ocurrido.

Un intento de homicidio que de acuerdo a denuncias del propio periodista y de sus familiares, los presuntos culpables son políticos que tienen el poder local en Yacuiba, Gran Chaco y Tarija, aliados del actual “gobierno del cambio”. 27 Denunció desde una clínica en Santa Cruz: aquí son tres grupos de poder que están detrás del intento de asesinato y todo esto es por dinero de las regalías por hidrocarburos que percibe Yacuiba. Uno de esos grupos son los intelectuales que se gastaron 200.000 dólares para intentar callarme y esto tiene relación con Poder Autonómico Nacional y el alcalde de Yacuiba, Carlos Bru. No acuso de manera directa al alcalde pero él debe saber lo que hace su gente”,

“Deben investigar a todos los de PAN. Este año va a tener 600 millones, más 700 millones de la subgobernación, caramba es mucha plata. Cualquiera, si hay que matar a Cristo 10 veces más. Pero yo no puedo decir es fulano o sutano que la Contraloría investigue, que el Ministerio de Transparencia investigue”, reflexionó el periodista. Poder Autonómico Nacional (PAN) es un ramal de los partidos
neoliberales Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) y actualmente es aliado del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

A sus 70 años, es una personalidad reconocida en Yacuiba donde fue alcalde y dirigente cívico. “Este ataque está originado por mis permanentes denuncias a políticos y funcionarios subalternos y los llamados “empresarios’ que se están haciendo ricos con la ejecución de obras públicas”, señaló.

“Este cuento de la autonomía les ha permitido ganar las elecciones a estas personas bajo la bandera del poder autonómico nacional y de ese modo manejar de manera irrestricta cantidades millonarias de dinero que provienen de las regalías gasíferas sin un programa regional de desarrollo. Es un engaño al pueblo, que sigue pasando necesidades. El Gobierno del presidente Evo Morales sabe que son unos ladrones, pero también sabe que no los puede echar porque de esa manera puede gobernar tranquilo”, indicó. Luego agregó: “A mí no me atacaron los narcos ni los contrabandistas. Ellos están en otra cosa. Hacen su negocio y no se meten ni polemizan con la prensa. Yo fui víctima de los que se están enriqueciendo con los dineros públicos. Y eso lo debe investigar el Gobierno, pero no lo hace. En este contexto hacer periodismo en Bolivia es un suicidio; estas autoridades se burlan de los periodistas; si te portás bien te pago bien, si te portás mal, te pago mal, mientras te corriges. Los medios de comunicación en Yacuiba están todos controlados. Cuando yo toqué la columna vertebral de esta gente me transformé en alguien peligroso y me mandaron a matar”, afirmó el periodista.

“Hoy las cosas han cambiado, porque en siete años en el gobierno del MAS ha aflorado un estado de corrupción salvaje”, explicó en diálogo con Radio Mitre.28

Rolando Carbajal, conocedor de las intimidades del poder en Bolivia impacta con sus observaciones. Señala que en el plano de la política criolla, en agosto de 2012 se corrió la voz del mayor acercamiento Paz Zamora-Morales al punto de colocar a Rodrigo Paz como
vicepresidenciable, una vez confirmado el desplazamiento de García Linera y se abran las compuertas visibles de mayores divergencias oficialistas a propósito de una alianza con el viejo MIR. Para reproducir el poder, “todo sirve”. “La apariciones de Evo con el ex presidente habrían proclamado lo ineludible de la alianza electoral con el MIR a fin de disponer de las ingentes regalías tarijeñas y alcanzar al menos el 40 % del electorado evitando una eventual segunda vuelta en las elecciones y dificultades para controlar el Senado 201”.29 Con la degeneración política del Gobierno, todo parece plausible.

La creciente ilegitimidad entre los sectores populares especialmente entre los indígenas del oriente y los trabajadores públicos, va de la mano con el aumento de la legitimidad entre los empresarios de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia a quienes les ha concedido: 1. A mediados del 2011 la legalización de cultivos y semillas transgénicas, base del negocio de la soya y del etanol, 2. la paralización por cinco años de la verificación de la función económico social (fes) para la tenencia de la propiedad agraria y 3. Ampliación de la frontera agrícola hasta cinco veces, a 11 millones de hectáreas.

Raúl Prada explica lo que viene ocurriendo señalando entre otras causas: “Una causalidad de este fenómeno puede encontrarse en el control casi absoluto del poder, refiriéndonos al control de los órganos del Estado y del mapa de toda su institucionalidad. Obviamente no el control de la potencia social, pero sí del poder como usurpación de la potencia social. Este control y monopolio del poder induce a la certeza, equivocada, por cierto, de que este control y monopolio otorga impunidad, pues los operadores y los que dan órdenes se sienten estar suspendidos sobre las propias limitaciones institucionales y sociales.” Y agrega otra: “Ni en la primera gestión de gobierno, menos en la segunda gestión, no se desmontaron las redes, los circuitos, las estructuras de la economía política del chantaje, en la que se encuentran las formas de ejercer poder paralelas y colaterales; al contrario, se han ampliado y extendido con nuevos aprendices.”30

Es un buen momento para el cuestionamiento del Estado colonial y de las formas perversas de gobernar de un poder usurpador de la voluntad popular, verticalista, concentrador y centralista; es una gran ocasión para la exploración del ejercicio desde abajo de practicas solidarias, participativas, transparentes y de control social. La sociedad solo así podrá erradicar grupos y redes mafiosas, que van convirtiendo a la sociedad en victima y rehén del Estado y sus redes de execrables formas de poder, que ignoran los derechos fundamentales de indígenas y del pueblo en general.

Notas:

1 Cuatro meses después de su victoria electoral, en agosto de 2010, después del éxito en los procesos contra el terrorismo se inaugura la judicialización de la lucha contra la oposición y René Joaquino fue la primera victima, despojado de su condición de alcalde electo en Potosí es llevado a los tribunales. Luego esta practica se impuso con todo un aparato de abogados, fiscales y jueces en decenas de municipios e incluso gobernaciones del país. Han sido cuatro años de
experimentación con equipos con mucho poder presumiblemente bajo la dirección de los Ministerios de Gobierno y Presidencia. ¿quiénes coordinaban estas acciones estratégicas y como fueron utilizándose con fines de enriquecimiento privado ?

2 Casualmente, en lo que parecería una guerra entre el poder judicial y el ejecutivo, en estos días el Tribunal Supremo de Justicia determinó anular el auto de vista que confirmaba la sentencia a tres años de prisión en contra del alcalde suspendido de Potosí, René Joaquino, de Alianza Social (AS), condenado por conducta antieconómica y compra irregular de vehículos y maquinaria usados para el gobierno municipal de Potosí, en noviembre de 2010. El pecado del líder opositor, fue ser critico del Gobierno y no el comprar usados para ahorrarle unos pesos al ayuntamiento.

3 El alcalde masista de Warnes, Mario Cronembold, le confesó a la periodista Amalia Pando que desde el mes de agosto Evo Morales estaba enterado de la existencia de la banda. En reunión con el Presidente, en el Hotel Casablanca de Santa Cruz, le habría comentado la situación, y este se limitó a aconsejarle que “ aguantara” las presiones. Evo declaro en noviembre que recibía “mensajitos” en su celular con denuncias.

4 http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0817/noticias.php?id=68105

5 La consulta previa realizada por el Gobierno en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se hizo bajo presión, sin información, con obsequios e intimidaciones. El informe de la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), elaborado con base en la visita a 36 comunidades, de las cuales 30 rechazaron la construcción de la carretera, desvirtúa los datos del Gobierno.

6 El defensor del Pueblo en su Informe Anual sostiene que el proceso de consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) carece de “legitimidad” y que no se cumplió la sentencia del Tribunal Constitucional que recomienda la concertación entre el Estado y los indígenas. Agrega que la decisión es estatal es autoritaria, colonialista, unilateral y de mala fe, que al no respetar los derechos de los pueblos indígenas atenta contra las propias bases del nuevo Estado. Critica la manipulación, tergiversación y politización de la justicia. Y acusa de impunidad en los casos de Chaparina, La Calancha, Caranavi y otros donde actuó represivamente el Gobierno contra el pueblo. En tanto que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) aseguró que la consulta tampoco cumplió con las normas nacionales y los estándares internacionales.

7 Pagina Siete, 18/12/2012

8 Las demandas penales de Morales contra los diarios Página Siete y El Diario y la Agencia de Noticias Fides por presunta incitación al racismo contra él son las primeras desde el poder contra medios en 30 años

9 Carlos Miranda acusa al Gobierno de tomar erradas decisiones económicas estratégicas solo para cumplir promesas políticas como el caso de la Planta de amoniaco y urea en Bulo Bulo intentando favorecer a los campesinos del Chapare. Considerando que el Mercado principal sera brasil tendria que consttuir un ferrocarril en clara conducta antieconomica.

10 Soliz Rada acusa al vicepresidente García Linera de desautorizar la vigencia de la resolución ministerial 207 que Soliz Rada aprobó y publicó en septiembre de 2006 para recuperar el control de las refinerías bolivianas. Esa desautorización, que favoreció a Petrobras, le costó alrededor de 100 millones de dólares al Estado boliviano, denunció Soliz, por la que, ejecutando el decreto de nacionalización de hidrocarburos, recuperaba el control de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell, hasta entonces en manos de Petrobras, a favor del Estado boliviano. Afirma Soliz que Villegas, su sucesor, firmó la anulación de esa resolución y le devolvió a Petrobras el negocio”. Las auditorias, desestimadas por la
Vicepresidencia, documentaban el fraude al Estado por empresas que trajo el gonismo”, revelabann documentadamente fraude contable por parte de Repsol YPF e incumplimiento de los compromisos de inversión por parte de la Repsol, Petrobras y otras transnacionales. Si hubiesen considerado esos resultados, lo que debió ocurrir era que YPFB tome el control completo e inmediato de los megacampos gasíferos de Sábalo, San Alberto, Margarita, Itaú y otros, en vez de suscribir nuevos contratos por otros veinte o treinta años con las mismas empresas que incurrieron en esas faltas. Para eso eran precisamente las auditorias. http://www.elnacionaltarija.com/?p=9101

11 Manfredo Kempff Suárez, Pérdida de
confianzahttp://eju.tv/2012/12/prdida-de-confianza/

12 En esta tierra sin ley no podía estar ausente el trafico ilegal de tierras como sostiene la investigadora del CEDIB, Alicia Tejada Soruco, Ostreicher y sus tierras: otro laberinto: Tres de las propiedades de Ostreicher, están ubicadas en concesión forestal, Aserradero Barberí Hermanos, con AAA aprobadas, significa con derecho concesionario vigente, o en todo caso en proceso de revocación. Rafael Puente se pregunta: “¿Quién y cuándo le vendió a Don Ostreicher esas tres propiedades -“San Bartolo 1”, “San Bartolo 2” y “Los Cusis”- en plena TCO Gwarayu? ¿Y con qué autorización?, ¿Quién emitió un Plan de Ordenamiento Predial en un área forestal y con qué intenciones?, ¿Quién autorizó el desmonte ilegal de 3.000 hectáreas en plena concesión forestal, o al menos hizo la vista gorda ante tamaña irregularidad?, ¿Quién se benefició con todas estas irregularidades?”

Los buenos y los malos de Don Ostreicher, www.paginasiete.bo 20/12/2012

13 “ Terrorismo. En suspenso el juicio tras detención del acusador del gobierno por corrupción”, http://eju.tv/2012/11/ . El mencionado poder

14 La diputada suplente del MAS, María Arauz , denunció que Héctor Arce le ordenó que deje de investigar un caso de enriquecimiento ilícito que implicaba a la empresa minera Manquiri, la filial boliviana de la estadounidense Coeur d’ Alene Mines Corporation, se dedica a las actividades mineras y de procesamiento en la operación argentífera San Bartolomé en Potosí, Bolivia. Acusaba a la empresa por evasión de impuestos entre el 2008 y 2009, que ocasionaron un daño al Estado de más de 17 millones de dólares.
 La defraudación corresponde a las gestiones 2008 y 2009 y era de conocimiento de la Contraloría, del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Su Presidente es de apellido conocido, Humberto Rada, y según datos de la compañía habría invertido en Potosí cerca de 270 millones de dólares y su aporte neto al Estado boliviano es de 25 millones al año. Los originarios de Jesús de Machaca, denunciaron que el 2004 tuvieron que sufrir la expropiación de 400 hectáreas de su territorio, puesta en operación el 2008 interactuaron con los cooperativistas mineros y la COMIBOL. Podríamos decir que Potosí depende de esta mina pues 24.790 personas, el 45% de la PEA, son los afectados directa e indirectamente.

15 Roger Pinto, denunció que Johnny Antonio Miranda Martínez, esposo de la actual ministra de Transparencia, Nardy Suxo, fue extrañamente excluido de una sentencia condenatoria por corrupción a pesar de ser autor confeso de la apropiación de un poco más de medio millón de bolivianos (70 mil dólares). Miranda trabajada en la fundación Capacitación y Derecho Ciudadano como administrador de ese proyecto que recibe recursos de la GTZ de propiedad de Nardy Suxo, dependiente de la Vicepresidencia. Miranda Martínez, traía cola, ex director Ejecutivo Regional de INALCO Santa Cruz, gestión 1997 – 1999, se habría apropiado de dineros que deberían ingresar a los fondos públicos de INALCO. La actitud dolosa de Miranda incurre en
legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y organización criminal. Esta fue una organización que se apoderó de INALCO y lo manejaba desde Cobija, Puerto Suárez, La Paz y se apropiaron de aproximadamente 30 millones de bolivianos que deberían ser destinados salud y educación. Un segundo caso es el del hermano, Jorge Suxo, principal accionista de la empresa Consultores de Seguros Sociedad Anónima (Consegsa), aseguradora que prestaba servicios al Comando General de la Policía, Comando General del Ejército, Contraloría General del Estado, Fondo Nacional de Vivienda en Liquidación, Senado Nacional y la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, cuando su hermana, Nardi Suxo, en 2008, ya era parte de la repartición que lucha contra la
corrupción.http://www.eabolivia.com/politica/5775-roger-pinto-acusa-a-nardy-suxo-de-salvar-a-su-esposo-de-caso-de-corrupcion.html

16 Ver esquema inicial de la red al final del texto

Jefe de la red contactó a presunta narco para implicar a Ostreicher

17 Garcia Merida sostiene que “no es posible creer que Sacha Llorenti ignore, administrativamente por lo menos, quién rompió la “cadena de mando” en su Ministerio aquel 25 de septiembre. Llorenti supo y sabe perfectamente que Juan Ramón Quintana como supremo jefe de facto de los aparatos de Inteligencia del Estado, es quien provocó la represión policial en Chaparina. Sabía Sacha Llorenti que Quintana impuso la designación del coronel Víctor Maldonado Hinojosa como Jefe Nacional de Inteligencia, y que fue Maldonado, por instrucciones directas de Quintana, quien encabezó personalmente una avanzada policial en Chaparina minutos previos a la intervención represiva.
www.bolpress.com, diciembre 2013

18 Un caso similar al del ex mayor Montesinos en Perú, quien fuera separado de las FFAA y posteriormente como abogado de Fujimori llego a ser su brazo derecho. En 1965 se entrenó como cadete en la Escuela de las Américas. En 1966, se graduó de la Escuela Militar de Chorillos, y más tarde, como un capitán del ejército, se especializó como un operativo de inteligencia para el servicio de inteligencia nacional. Otro es Lucio Gutiérrez, en Ecuador, diplomado en Desarrollo Económico por el Colegio Fu Shing Kang de Taipei, centro vinculado al partido derechista Kuomintang, que a lo largo de su historia, ha capacitado en técnicas de “guerra política” a oficiales de la China nacionalista y de países en relaciones de cooperación militar con Estados Unidos. Quintana, según un informe suscrito el 29 de diciembre de 2005 por el General de Brigada Gustavo Ardaya Salinas, incurrió en el “abandono arbitrario del puesto militar en coordinación con la Aduana y con comerciantes con el fin de recaudar fondos en beneficio propio e ingerir bebidas alcohólicas”. Sus superiores decidieron sancionar a Quintana “de acuerdo a reglamento e iniciarle sumario informativo”. También se le instaló un sumario informativo “a objeto de esclarecer la pérdida de la pistola 178666”. En el resumen de sus “deméritos de cadete” se menciona que entre 1977 y 1979, Quintana fue arrestado un total de 37 días por reprobar materias. En 1980, Quintana recibió la “suspensión de mando de 30 días en cuerpo de línea, a fin de año” y luego “fue puesto en observación por excederse en sus atribuciones (de cadete)”. En total, Quintana fue arrestado en 11 ocasiones desde 1983 hasta 1994 y recibió tres llamadas de atención. “En fecha 10 de mayo es dado de baja del Ejército por retiro voluntario sin derecho de reincorporación”, dice la hoja de vida expedida por el Comando General
del Ejército. http://educamposv.lacoctelera.net/post/2008/12/07/trayectoria-del-hombre-fuerte-del-palacio-juan-ramon-quintana

19 Noticias, Red Uno, 12/12/ 2012

20 Representó al Ministerio de Gobierno como querellante contra los implicados en el caso Rózsa, en el cual hay 39 acusados. Tuvo similares actuaciones en el proceso contra Leopoldo Fernández y otros por la masacre de campesinos en Porvenir, Pando. Actuó en la represión de indígenas en Chaparina y muchos mas. El Ministro Carlos Romero expreso sus sospechas de que seria agente de la CIA. http://www.la
razon.com/nacional/seguridad_nacional/Viceministro-Fiscalia-Regimen-Interior-CIA_0_1738026241.html

21 Bolivia: unos 14 casos ilícitos tocan al oficialismo desde 2006.
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/unos-14-casos-ilicitos-tocan-al-oficialismo-desde-2006

22 “Los 10 escándalos de corrupción que sacudieron al Gobierno del MAS”, www.radiofides.com , Ultimas Noticias 28 Nov. 2011.

23 http://eju.tv/2012/12/ffaa-y-el-negocio-de-las-barcazas-detienen-a-exgerente-de-enabol-y-a-un-militar/

24 E l régimen, detuvo rápidamente a una docena de supuestos cómplices de Sanabria, entre coroneles, mayores y capitanes, en evidente aceptación de la existencia de una mafia policial militar
narcotraficante. Sacha LLorenti , su jefe en ese entonces, fue nombrado embajador en la ONU.

25 http://www.paginasiete.bo/2011-06-10/Economia/Destacados/11Eco001100611.aspx

26 Soliz Rada lo ilustra bastante bien. “ Durante la última
presidencia de Víctor Paz Estensoro (1985-1989), su Ministro de Planificación, Gonzalo Sánchez de Lozada, consiguió bonos de organismos internacionales para ministros y altos funcionarios encargados de dirigir empresas estatales, que, al mismo tiempo, debían negociar convenios con las entidades que los subvencionaban (“La Razón”, 23-05-03). En el Poder Legislativo, numerosos parlamentarios recibían pagos adicionales por aprobar leyes impulsadas por entidades internacionales. Los desembolsos se canalizaban a través de la cuenta denominada “gastos reservados”, la que proveía también de pagos extras en el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. “Mendicidad y dignidad en el gobierno de Evo”, Andrés Soliz Rada Rebelión , 8-12-2012

27 Alex Contreras Baspineiro, ¿Quiénes y por qué quemaron al periodista Fernando Vidal?
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159287

28 http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/1101/noticias.php?id=76333

29 Rolando Carvajal , Por los millones de Tarija, de la mano de Jaime Paz , www.rebelion.org 30-11-2012

30 “ Estructuras de poder viciosas”, Raúl Prada Alcoreza , www. rebelión .org, 21/12/2012

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

José Justiniano Lijerón

Desde siempre en Bolivia la corrupción, especialmente en el ámbito del poder judicial, ha sido un secreto más que publico, ya que los litigantes, es decir casi todos quienes por algún motivo deben recurrir a las instancias legales para hacer prevalecer o defender sus derechos, como lo mandan las leyes, deben soportar y padecer además de la famosa “retardación de justicia”, la necesidad casi obligatoria de tener que sobornar en todas las instancias desde simples auxiliares, pasando por secretarios, fiscales y hasta jueces, para tentar tener una opción de una verdadera “justicia”. Hasta hoy día no ha habido Cristo que intente o pueda acabar con la corruptela en este poder del Estado. Sin señalar nombres, siempre ha sido una especie de deporte cotidiano lo que han practicado los integrantes de ese poder judicial; el Presidente Evo lo llamó alguna vez, el poder de la injusticia, creyendo incautamente que con sólo su llegada al gobierno, ya había logrado acabar con la corrupción.

Es algo común comentarse entre los ciudadanos de que para poder meterse a cualquier litigio, “hay que tener dinero”, sino a priori está condenado a que su juicio duerma el sueño de los justos y así perder las esperanzas de salir airoso, aun que tenga la justicia a su favor, como toda regla y deporte tiene su excepción, en este caso concreto las excepciones son las más minoritarias, los triunfadores en los procesos judiciales son los peces gordos, que como corruptores aseguran la inclinación de la balanza a su favor, gracias a la utilización de remilgos legales, pero sobre todo a la voluntad comprada del corrupto funcionario publico del Estado.

Hoy en nuestro país la cuestión de la corrupción llegó a uno de sus topes máximos, cuando gracias a las denuncias reiteradas de un ciudadano norteamericano cuya fortuna de dudosa procedencia, se dice que fue dilapidada y repartida entre variados funcionarios públicos del poder judicial de este país, mediante una armazón cuasi legal que comienza en instancias de altos funcionarios del ministerio del interior y llega a tocar a una serie de fiscales y vaya a saber que otro tipo de implicancias tendrá semejante red de corrupción institucional. Informes que comienzan a ser públicos tanto de corruptos, corruptores o los corrompidos “victimas” expresan de que esta serie de extorsiones que dicha red venía cometiéndolos desde tiempo atrás, y lo más grave aun, es que utilizaban nombres de altos funcionarios del gobierno plurinacional, esto es algo que deberá ser demostrado o desmentido como resultado de las investigaciones que están en curso.

Según declaraciones del Presidente Evo, este caso deberá concluir con las sanciones debidas “caiga quien caiga”, pese a que los investigadores por ahora son los miembros del mismo poder judicial de larga tradición de corruptela.

En Bolivia nos vanagloriamos que por primera vez hemos elegido mediante el voto popular, a los altos tribunales de la Corte Suprema de Justicia, donde además hay magistrados “originarios”, como garantía de la plurinacionalidad de la justicia. Sin embargo este hecho no amainó que la estructura anquilosada de dicho poder judicial, siga funcionando a su estilo propio de aplicar la justicia acorde a sus intereses personales y de grupos enraizados en dicho poder del estado. Además el gobierno poco y nada ha dispuesto para intentar cambiar esos nichos y otros organismos de corruptos, le bastó que la burocracia, sin conciencia revolucionaria y heredada de gobiernos anteriores, y con recomendaciones y carnet del partido gobernante, se adhiriera (como todo oportunista), servir a cualquier gobierno de turno, siempre y cuando no toquen sus intereses personales y de grupos.

Personalmente sigo confiando que dicho escándalo no salpique a las más altas instancias del Estado, pero si aquellos funcionarios que son responsables en el nombramiento y tutela de dichos corruptos, sí por error ú omisión son responsables deben de renunciar y en el caso que su grado de responsabilidad sea establecido, que también les caiga el peso de la ley sin ninguna contemplación. Hay que dejar en claro que, las Leyes no son el problema (aun cuando muchas deberían revisarse, reformarse o derogarse), sino el problema es el sujeto, es decir quien las administra y las ejecuta a sus intereses políticos, cuyo objetivo en ultima instancia son económicos.

En todo proceso judicial son tres los organismos que deben intervenir para una correcta o incorrecta aplicación de la ley es decir el debido proceso, la policía, la fiscalía y los jueces, ninguno por separado puede ni debe absolver o condenar a nadie, sino que es un trabajo complementario. Así que en este escándalo desatado en nuestro país, las investigaciones que recién comienzan tendrán que abarcar a estos tres sectores, y esperamos que este suceso desagradable para el gobierno plurinacional, no quede opacado y tapado con otro escándalo que pueda suceder. Yo no creo en la justicia (léase los sujetos que conducen la llamada justicia) imperante en nuestro país, pero confío en que tarde el proceso de cambios, deberá llegar a la estructura judicial y mas aun creo en la honestidad del Presidente Morales.

Katu Arkonada

Con un día de retraso sobre el calendario de trabajo previsto, terminó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP18) de Doha. Los equipos de los gobiernos miembros de Naciones Unidas habían estado negociando desde el 26 de noviembre tratando de lograr un acuerdo que garantizase la prolongación del Protocolo de Kioto (ratificado por 187 países ONU con las excepciones de Estados Unidos y Canadá) que expiraba a finales de 2012.

No sabemos si fue casualidad o causalidad que la COP18 se realizara en Qatar, el mayor emisor de gases de efecto invernadero per capita del mundo, ni que la próxima COP19 se vaya a realizar en noviembre de 2013 en Polonia, uno de los países más contaminantes de la Unión Europea.

En cualquier caso el principal acuerdo de esta Cumbre de Naciones Unidas ha sido el acuerdo por un segundo periodo del Protocolo de Kioto hasta 2020 en el que no estarán incluidos por supuesto Estados Unidos y Canadá, pero tampoco Rusia o Japón.

Posición de Bolivia

El equipo negociador boliviano, conformado por delegados de la Unidad de la Madre Tierra y Agua de la Canciller boliviana, y con Rene Orellana, delegado presidencial, como jefe negociador, sabiendo que no podía salir ningún buen acuerdo de Doha, ha tenido entre sus principales prioridades el que los países que se habían salido del Protocolo de Kioto o no estaban dispuestos a firmar el segundo periodo de compromisos, no tuvieran acceso a los llamados mecanismos de flexibilidad, que son básicamente transferencias de emisiones y reducciones de emisiones legales reguladas por Kioto con un sistema riguroso, entre los cuales se incluyen los proyectos del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), es decir, la mitigación del cambio climático ligada a los mercados económicos y financieros internacionales.

Estos MDL basados en los mercados de carbono que promueven la mercantilización de la naturaleza han sido siempre un objetivo de países como Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón o Nueva Zelanda que después del paquete de acuerdos de Doha al no firmarlo tampoco van a poder comprar créditos de carbono quedándose en un fuera de juego que solo les deja dos salidas, o la reducción domestica de emisiones de carbono, o promover un mercado de carbono basada en la compra de créditos bilaterales obviamente ilegal que será denunciada por el Estado Plurinacional de Bolivia junto al resto de países del ALBA.

Los países del Norte capitalista que pudieron industrializarse a costa del saqueo de los pueblos y las riquezas naturales del Sur querían introducir como parte de los mercados de carbono el carry over, es decir, 11 Gigatoneladas de carbono equivalentes a una cuarta parte de las emisiones máximas permitidas para no superar los 2°C de calentamiento global, y es algo que también se ha logrado paralizar en el texto final junto con la apertura de nuevos mercados de carbono que no eran parte del Protocolo de Kioto.

Todo lo anterior no quiere decir que no va a haber nuevos mecanismos de mercado, pero si que al menos se ha podido paralizar su puesta en marcha durante todo el 2013, tregua que permite a los gobiernos aliados, pueblos del mundo, movimientos sociales y organizaciones indígenas un año entero para sentarse y articular una respuesta a la mercantilización de la naturaleza.

En esa misma dirección debemos subrayartambién que se ha conseguido abrir en Doha un programa de trabajo para desarrollar enfoques no basados en el mercado desde donde se empezara a desarrollar el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de bosques. Programa que además va a considerar como se desarrolla este enfoque de no mercado en el capitulo de reducción de emisiones sobre deforestación y degradación forestal, lo cual nos permite afirmar que se ha dado un paso firme para construir un instrumento alternativo a REDD+.

Otra pequeña victoria es que la concepción boliviana de Madre Tierra o el derecho al acceso equitativo al desarrollo han entrado en el documento final en el capitulo de Visión Compartida pese a la feroz oposición de los Estados Unidos que presentaron una interpretación propia a ese párrafo. La Unión Europea permaneció callada debido a que Bolivia contaba con el apoyo del recientemente constituido Grupo de Afinidad, o Like-Minded Group, conformado por países en desarrollo que son actualmente parte del G77+China, países entre los que destacan Argentina, Argelia, China, Cuba, Malasia, Mali, Congo, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, India, Irán, Irak, Kuwait, Malasia, Mali, Nicaragua, Pakistán, Filipinas, Arabia Saudita, Sri Lanka, Sudan, Tailandia o Venezuela.

Sombras
Obviamente lo anterior se trata de pequeñas luces de resistencia dentro de una lectura geopolítica internacional, pero hay muchas sombras que no podemos dejar de mencionar.

El principal problema es que la reducción de emisiones que Bolivia pedía fuese de entre el 40 y 50% ha quedado en un difuso por amplio 24% a 40%, reducción para la que además no se asegura el financiamiento del Norte al Sur debido a la crisis global que afecta especialmente a Estados Unidos y la Unión Europea.

El otro gran punto negro de estas negociaciones multilaterales en Cambio Climático es que el Norte sigue impidiendo que el Comité de Tecnología tenga la competencia de remover las barreras que impiden el acceso a tecnología, derechos de propiedad intelectual (IPR por su sigla en ingles, Licencias y Patentes. Mientras no se de una transferencia de tecnología, el Sur seguirá en condiciones muy desiguales para hacer frente al cambio climático.

Oportunidades
La línea de negociación del Estado Plurinacional de Bolivia, que ya fue puesta en marcha en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de Rio+20, es clara. Se trata de ir generando consensos políticos en el ALBA y el G77+China, no censurar todo el documento dejando que de manera significativa sean Estados Unidos y Rusia los que están en contra, e ir introduciendo pequeños avances de cara a ir generando una situación mas favorable en los ámbitos diplomáticos de negociación multilateral.

No podemos considerar una victoria el que se siga permitiendo por parte del Norte el calentamiento del planeta, pero si hay que ver esta estrategia de generar alianzas y coaliciones como un pequeño paso que debe permitirnos expandir esta estrategia a otros escenarios internacionales.

Se ha conseguido un respiro en la lucha contra los mercados de carbono. Ahora, los gobiernos aliados, pueblos y movimiento sociales del mundo debemos aprovechar esta pequeña pausa y ver una ventana de oportunidad en este escenario, debemos sentarnos y comenzar a articular y fortalecer alianzas que permitan hacer frente a la noción mercantilista que tiene el Norte capitalista de la naturaleza. Debemos comenzar la construcción de una agenda política Sur Sur, diseñando nuestros propios instrumentos de cooperación Sur Sur, de manera que la voz de los pueblos y movimientos este presente cada vez con más fuerza en los escenarios de negociación multilateral.

Katu Arkonada. ÁreaPolítica de la Universidad y Fundación de la Cordillera http://www.ucordillera.edu.bo

Consagró en ella el derecho de los pueblos indios a la tierra, el territorio y la autonomía y el control social de los recursos naturales. La población vive mejor y goza de derechos y servicios políticos y sociales impensables antes de este gobierno, la pobreza disminuye consistentemente, se erradicó el analfabetismo y casi la cuarta parte recibe la atención de médicos cubanos o bolivianos formados en Cuba. Bolivia es un destacado miembro de la Alba, impulsa una política exterior propia, latinoamericanista y solidaria respetada en el mundo. Evo, por consiguiente, no tiene contrincante en las próximas elecciones.

Pero quien haya recibido acríticamente el mensaje mediático dominante en las últimas semanas pensará que el líder cocalero está a punto de ser derrocado por una insurrección popular. Sí, ha existido una escalada de conflictos sociales, pero sus protagonistas, por regla general, no defienden demandas legítimas sino privilegios, y son exiguos comparados con los movimientos indígenas o interculturales, que mantienen su apoyo a Evo y al proceso de cambios. La huelga de los médicos de los hospitales públicos exigiendo conservar el “derecho” a solo trabajar 6 horas se prolongó varias semanas, sumada al paro de 48 horas de los trasportistas de La Paz y El Alto negados a aceptar un reordenamiento del sistema, que paralizó ambos centros urbanos. Encima la huelga de dos días de la Central Obrera Boliviana(COB), hoy ni la sombra de lo que una vez fue, pero muy eficaz para impresionar al televidente no informado cuando los mineros que permanecen en sus filas detonan petardos en marcha por la capital. No obstante existir elementos sanos entre sus cuadros, queda mucha influencia en la COB de los supuestos ideólogos de la revolución permanente encabezados por Jaime Solares, paramilitar y torturador durante la dictadura de Luis García Mesa.

Pero las citadas medidas de fuerza no deben subestimarse pues tienen toda la apariencia de un ensayo para más adelante pasar a acciones más violentas y desestabilizadoras. No debe olvidarse que Estados Unidos por boca de su embajador de entonces llamó a no votar por Evo antes de su primer mandato ni todos los posteriores intentos de desestabilización patrocinados por la representación del imperio, incluyendo el intento de golpe “cívico” de los separatistas de la Media Luna. Este dirigido por el embajador Philip Goldberg, expulsado del país por eso como en su momento la oficina de la DEA debido a su actividad subversiva. Pero hay pruebas de que la embajada y las fuerzas de derecha, junto a las ONG gringas u occidentales, continúan buscando contactos donde quiera que se vislumbra una inconformidad para estimularla y reclutar colaboradores entre sus líderes, como ha sido en el caso de algunos dirigentes de los marchistas del Tipnis(Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure) y en muchos otros.

En Bolivia, como en todo país subdesarrollado que inicia su liberación nunca es suficiente la obra material que realicen los gobiernos por lo monumentales de las necesidades acumuladas en siglos. Pero con todo y lo difícil que es eso, mucho más lo es y toma décadas lograr el cambio cultural de la sociedad en su conjunto para vencer los traumas creados por la colonia, el capitalismo subordinado, el colonialismo interno, el racismo y el patriarcalismo. A ellos se agregan las contradicciones entre el vivir bien andino(horizonte deseado) y la necesidad imperiosa de insertarse en el mercado mundial capitalista, entre las ansias de consumo legítimas más el consumismo estimulado por los medios de difusión dominantes y el deber de cuidar el medioambiente. En el aprendizaje que cada proceso revolucionario debe realizar sus dirigentes –por lúcidos, sensibles y autocríticos que sean- cometen muchos errores. Seguramente Bolivia no es la excepción pero no se aprecian errores de principio que pongan en peligro el rumbo.

En todo caso y con sus errores, el gobierno de Evo es del pueblo boliviano, de los pueblos latinoamericanos, es nuestro. No debe haber vacilación ni condicionamientos a la hora de defenderlo con uñas y dientes del enemigo imperialista y sus cómplices locales.

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…..cabinas radiales al mando de directores de noticias y conductores de revistas informativas. Se trata de una red política ideológicamente heterogénea, conformada por activistas de diversa naturaleza – entre ellos intelectuales disidentes del Movimiento Al Socialismo, analistas políticos partidarios de la oposición, expositores del indigenismo y del indianismo, expositores del obrerismo salarialista y ambientalistas con trayectoria de oposición crítica y oposición dura al Gobierno Central que introducen en el ámbito mediático ejes discursivos y clichés antigubernamentales en amplia semejanza a la línea discursiva manejada por aquella vieja estructura de Poder republicano que se opuso a la Asamblea Constituyente y que aún permanecen activados bajo la inspiración de residuales normativas derivadas de la abrogada Constitución Política del Estado. Son de alguna manera una colectividad amorfa que no responden a ninguna lógica de jerarquía institucional u orgánica y en más de los casos individualidades ajenas al disfrute directo de la conquista de las reivindicaciones de los sectores en conflicto, sin que por ello se niegue la realización y trazo de propósitos comunes.

En consecuencia se percibe que a la dinámica política del conflicto y la atención a la demanda social se suma, (con un protagonismo eminentemente mediático), una colectividad política auspiciada y seleccionada desde las cabinas de los medios de comunicación cuya característica utilitaria a fines desestabilizadores es ser presentada sin rótulo alguno de una ideología hegemónica de naturaleza clasista, indigenista o populista. Esta colectividad, que intervienen de manera parcializada desde la gestión de directores de noticas y revistas informativas, responden a intereses transnacionales ligados a propósitos de dominio del Imperio Norteamericano y de la burguesía más conservadora de Bolivia; y para desarrollare y multiplicarse parcializan sus opiniones a favor de sectores movilizados sin entrar en análisis serios y pasando por alto consideraciones necesarias que expliquen la sostenibilidad de las demandas o la factibilidad de ser atendidos favorablemente en función a los recursos que ofrece el Estado Plurinacional.

Concretamente, el accionar y el discurso de esta red opositora, y su agenda en particular, viene marcada desde los medios de comunicación bajo dos líneas de acción estratégica y una sola ruta lógica. Una línea de acción consiste en manejar la noticia y el análisis del conflicto y la demanda social como herramienta de interferencia al afianzamiento y fortalecimiento de toda relación positiva entre las mayorías populares y el Gobierno Central y la otra en promover el desgaste y liderazgo del presidente Evo Morales a objeto motivar en la oposición parlamentaria y nuevos liderazgos en sectores movilizados, la conformación al menos de una incipiente estructura política con sostenibilidad para afrontar con mayores perspectivas la carrera electoralista para las elecciones nacionales del 2014.

La lógica de intervención de esta particular estructuración coyuntural en la diversidad opositora se centra en manejar ideas contrapuestas al proceso de cambio para llegar a la opinión pública y desvirtuar la atención que da la institucionalidad estatal a la demanda social. Así desde el principio dialectico de la contradicción a toda gestión y opinión del Gobierno se le busca su contrario. Esto es dialectico, no hay duda, pero para casos que la realidad nos pone al frente, la disidencia se equivoca al interpretar la realidad asumiendo metodología dialéctica al tiempo de alterar el natural comportamiento y relacionamiento de los contrarios y forzando los principios fundamentales de la Dialéctica de la naturaleza y del materialismo histórico. Y es que la demanda social no enfrenta a su contradicción en la atención institucional, pero erróneamente la oposición así quiere interpretarla.

Los opositores usando el principio de acción y reacción buscan contrarios sin analizar en muchos casos que ese contrario expuesto mediáticamente es precisamente el objeto o postura que ha sido superada, que ha sido negada por la nueva situación. Por ese lado la oposición mediática mas retrógrada para ilustrar su oposición al gobierno y objetivar intereses antagónicos al proceso revolucionario que se desarrolla en el Estado Plurinacional expone como contrario a la nueva constitución, la vieja constitución, sin considerar que la vieja constitución fue negada por la nueva y que la implementación de esta nueva empezó a desarrollarse desde sus fundamentos positivos y filosóficos. La implementación y ejecución del constitucionalismo está tomando su sentido de desarrollo de manera paralela al desarrollo de la sociedad en la superación de sus contradicciones secundarias y en el entendimiento de sus antagonismos. Negar este hecho es un acto de perversidad política o de insensibilidad a acontecimientos de transformación institucional profunda. El Estado Plurinacional ha negado al Estado – Nación, y es en esa lógica un Estado superior y más desarrollado.

Así, entre otros puntos está en curso la imposición de una forma de organización económica Plural para negar la exclusividad de la organización económica privada, y esa ruta marca lógica y argumento racional coherente para concluir y trabajar políticamente en la negación de la vieja organización económica y predominancia económica y política de las tradicionales castas y clases sociales.

Es así que a diferencia de sociedades organizadas en Estados que consolidaron el Poder de una clase, es decir Estados donde se conformaron institucionalidad sólida y sin márgenes de transformación significativa es decir cumplieron las tareas trazadas por la revolución democrática burguesa, en Bolivia el proceso de transformación institucional y de relacionamiento de la sociedad con el Estado está expuesta a grandes transformaciones, con márgenes marcados por el derecho de los ciudadanos. Estas transformaciones por razones diversas no se está dando de manera plena y sujeta al consenso, como algunos analistas y asambleístas supusieron que se daría; coyunturalmente la institucionalidad en el Estado Plurinacional se transforma desde la conflictividad generada por la demanda social y la atención, bajo la influencia de prejuicios y concepciones dogmáticas y liberales, es decir que las transformaciones institucionales se realiza en el ejercicio de la vieja concepción represiva y coercitiva del Estado, pero dando pasos, para superar esta perversidad natural de toda organización estatal, dando paso a la promoción de una mayor participación social y sobre todo creando una defensa también cualitativa al proceso y cambio iniciado con la promulgación de la Constitución Política del Estado.

Por lo anterior es que el Gobierno desde las medidas económicas y políticas asumidas seguirá siendo la referencia real del cambio y la revolución (en parte impulsando las tareas inconclusas de la revolución burguesa y en parte adentrándose a la revolución democrática y popular ) , a diferencia aquella red política y fuerzas opositoras que por ahora – por mas radical de izquierda o de derecha que sea – representará oposición al cambio y a toda revolución y por ello impulsores directos o indirectos del proyecto restaurador de la retrógrada burguesía nacional y transnacional y de los intereses imperialistas.

Es importante mencionar a manera de aclarar tendencias y posturas políticas que La movilización de la Central Obrera Boliviana no es entendida por la opinión púbica como acción revolucionaria ni de cambio, menos la de los universitarios, los profesores, transportistas, médicos y por cierto tampoco la de los indígenas que vienen realizando la novena marcha. Ninguna de ellas, en la magnitud que la hace el Gobierno, reivindica dignidad y soberanía, una alternativa de poder popular, la liberación de la economía nacional frente a las transnacionales, regulación del mercado a partir de la acción de las empresas de propiedad del Estado y las alianza regional antiimperialista. Esta es la realidad que se debe considerar en política para exponer de manera lógica el tema de las contradicciones y la posición y proyección política del Gobierno y los sectores sociales movilizados.

La perversidad opositora en el análisis de la demanda social

Para el caso de la demanda social y la institucionalidad estatal, como hipótesis de debe plantear que mientras exista el Estado; es decir, en tanto las sociedad este organizada en Estado; existirá la demanda social. La abolición de la demanda social vendrá con la negación del Estado, cuando la organización social pueda satisfacer sus necesidades desde el trabajo y transformación de la materia a fin de darle un valor de uso sin proveerle un valor de cambio, inevitablemente la demanda social desaparecerá sólo cuando el producto del trabajo humano no se transforme en mercancía. La demanda social no será parte de la construcción o solidificación de la institucionalidad estatal cuando el trabajo social necesario sea resultado de una planificación y organización social que lleve a la satisfacción material y espiritual de las necesidades de la sociedad.

Es en esta concepción teórica de desarrollo de la sociedad y del Estado que se debe entender, interpretar, atender y superar la demanda social. sin embargo la oposición perversamente cree que la demanda social debía desaparecer en la gestión del Gobierno de Evo Morales o al momento de haber asumido el desafío de transformar la realidad estatal desde otros parámetros a los de la vieja estructura de poder. Desde un mínimo esfuerzo mental se puede concluir que esta manera perversa de interpretar la demanda social es distorsionada e interesada y por lo mismo de imposible sostenibilidad. Muchos opinadores que son parte de la red mediática y manifestantes no se cansan de gritar que el cambio se ha estancado, así desde estribillos callejeros repiten “Evo decía que todo cambiaría; mentira, mentira la misma porquería”. Al someter estos estribillos a la razón y el análisis lógico, se nota que es una más de tantas otras consignas opositoras que buscan el desgaste de Evo, y de ninguna manera una conclusión que lleve a la necesidad imperiosa de orientar la gestión social y la atención a la demanda desde miradas antagónicas a la actual.

Igualmente está claro que la única posición antagónica de atención a la demanda social fue la vieja forma de gestión, aquella que sustentaba la vieja constitución y que se sostenía desde la exclusión de las mayorías y de la conculcación de derechos constitucionales. Aquella vieja forma está en proceso de superación desde sus partes, no desde su totalidad ni en miras a su absoluta desaparición, por ello la atención a la demanda social aún esta impregnada de contradicciones internas secundarias y por muchos años más será la manera mas importante y cercana para la sociedad de entender las contradicciones y las transformaciones que se pude generar desde un Estado cuya lógica de soberanía y de mandante radica en la sociedad y no es sus gobernantes.

Interpretaciones y conclusiones particulares del momento histórico.

Sobre la atención a la demanda social, la red política mediática interesadamente estructuró una batería de opiniones parcializadas al ámbito económico y político transmitiendo a la opinión pública el supuesto de que la administración pública del Estado Plurinacional, al contar con recursos muy por encima de los que se contó en periodos pasados puede disponer de estos para atender favorablemente todo la demanda de aumento salarial en la fidelidad misma con las que el sindicalismo plantea en sus pliegos petitorios; mas de mil dólares de salario mínimo. Esto más que una propuesta racionalmente planteada parece una consigna antigubernamental y movilizadora de sueños y esperanzas irrealizables a plazo inmediato.

Es productivo no dejar pasar por alto el darse por enterados que, solo por poner un ejemplo, las demandas o pliegos petitorios de la COB, históricamente han sido redactadas y socializadas acompañada de líneas estratégicas para organizar a la clase obrera, donde las medidas de presión durante regímenes democráticos fueron ejecutadas para arrancar beneficios postergados a la administración estatal y al poder empresarial privado pero siempre con la premisa de que no hay Estado o empresa privada alguna que llegue a satisfacer las necesidades reales de la clase obrera o de otro sector de las mayorías; entendemos que ni siquiera un Estado Obrero – Popular hipotéticamente definido podría hacerlo, por razones propias de la dinámica que genera la lucha de clases y las luchas libertarias contra estructuras económicas y sociales de estados imperialistas.

La Central Obrera Boliviana al acometer contra las determinaciones del Estado Plurinacional y plantear la gestión de la demanda social y demanda salarial con los mismos criterios con los que lo hizo ante los Golpe militares, en periodos de dictaduras militares o periodos democráticos de los gobiernos civiles (Paz Estensoro, Paz Zamora, Banzer, Quiroga y Mesa) se autolimita a ver una infinidad de diferencias entre anteriores gobiernos y el actual, diferencias que son importantes desplazarlas a la acción reivindicativa y la acción estratégica de los trabajadores. Ahora bien, es claro que existen similitudes y que existirán por muchos años, pero la razón principal de estas similitudes deviene de la naturaleza de la organización estatal, a la que toda gestión gubernamental debe someterse, es decir a la similitud que la legalidad estatal establece.

La Central Obrera Boliviana en virtud a su componente político, necesario para el avance de los objetivos universales de la clase obrera y el bloque popular revolucionario, y la sociedad en su conjunto, también con su accionar político se desarrolla en un periodo estatal político fuertemente marcado por miradas dirigidas a la Construcción del Estado Plurinacional en la visión establecida por la Constitución Política del Estado, más que en apego a un proyecto de clase. Es en ese ámbito constitucional que tendría que analizarse e interpretar la realidad socio económico y política del Estado. De ninguna manera será productivo un análisis al margen de ella, de la construcción institucional del Estado sobre todo si se toca la coyuntura propiciada por la demanda social. Concretamente, la visión del nuevo constitucionalismo hace que la demanda social deba ser analizada con criterios e indicadores que midan la superación de las contradicciones generadas por la miseria, la exclusión, la soberanía, la baja participación democrática de las mayorías, la dependencia económica y la superación de la forma de organización económica privada. Esto no por capricho sino porque el proceso de cambio definitivamente ha puesto en curso el desafío de superar las contradicciones Estado – Sociedad y que la institucionalidad del viejo Estado no la hizo y ni siquiera pudo entenderla adecuadamente.

Esta descripción genérica, más que una pauta de análisis, se puede entender como una base conceptual para interpretar la coyuntura, la orientación y accionar político – reivindicativo de los movimientos sociales y la gestión del Gobierno en la atención a la demanda social, todo en interacción con un conglomerado híbrido de individualidades y estructuras económicas corporativas opositoras y disidente al Gobierno y el MAS.

De ninguna manera se debe suponer que las contradicciones de clase, con el actual Gobierno, han sido superadas o que la lucha en función a ella quedó postergada. Lo claro es que se tiene al frente dos situaciones en conformación de niveles de antagonismo y de rutas irreconciliables; por un lado, la construcción institucional del Estado Plurinacional en apego a las visión constitucional asumida por fuerzas revolucionarias y fieles al proceso de cambio; y por otro, una ruta que va del caos a la reorganización de un bloque opositor híbrido, a la sombra de fuerzas conservadoras y reaccionarias con capacidad coyuntural de capitalizar el descontento social y la solidaridad a las movilizaciones indígenas, que de alguna manera puede desembocar en la estructuración de una opción política de los viejos grupos y castas dominantes o de una burguesa nacional al servicio de los intereses transnacionales y del Imperio Norteamericano. Esto último orientado y viabilizado, se decía mas arriba, desde una red política mediática.

Percepción sobre la acción política opositora

El proceso democrático por los que ha debido pasar el parto de la CPE, además de las batallas libradas por las fuerzas revolucionarias contra los tradicionales grupos de poder, hasta antes de la promulgación de la nueva CPE, si es bien cierto que ha despojado al pueblo boliviano de toda ingenuidad política y de servilismo a elites partidistas, no es menos cierto, que acontecimientos posteriores a la promulgación de la CPE también ha permitido que las fuerzas reaccionarias replanteen su accionar político, se acomoden y recuperen posiciones aprovechando “errores” en las decisiones y acciones políticas del MAS y en la debilidad de una oportuna atención y adecuada administración del conflicto generado por casos particulares de la demanda social de naturaleza compleja y de imposible satisfacción inmediata.

También se ve en la coyuntura el accionar de un sector intelectual, de disidentes de las clase medias, campesinas e indígenas que fueron militantes del MAS o funcionarios del Gobierno convertidos a independientes en muchos casos y en otros convencidos de una filiación política de corrientes que abarcan desde viejas organizaciones liberales y socialdemócratas hasta tradicionales obrerismos independientes y trotskistas, todos con el común de tener “corazones sensibles” por las movilizaciones indígenas, y actitudes críticas a las respuestas y gestión gubernamental bajo particularidades específicas.

Las particulares movilizaciones y opiniones de apoyo a las movilizaciones indígenas y las reivindicaciones obreras y populares propagandizadas y difundidas por los medios de comunicación, más el interés político de la oposición por sabotear toda alternativa de solución y acuerdo entre el Gobierno y movilizados, ponen en evidencia el perverso intento de la reacción por crear una incipiente ruta de desgaste del Estado Plurinacional y un complejo mecanismo de reorganización de fuerzas reaccionarias desde estructuras interinstitucionales y liderazgo generados en el descontento social.

No es casual y espontáneo la conformación de comités interinstitucionales en las movilizaciones contra alcaldes afines al MAS, ni la aparición de grupos de vigilia y comités de apoyo a las movilizaciones reivindicativas de compleja atención, por ello no es aventurero concluir que esta en curso la estructuración de la oposición a partir de estas manifestaciones, y con la plena certeza del hecho anterior descrito entender la politización partidaria o derechización del “apolítico”, curiosamente en complicidad no intencional ¿o tal vez sí ) de ex aliados del MAS y de organizaciones sindicalistas y corporativas con compromiso ajenos al del Estado.

Entonces, el apoyo, la vigilia y opinión crítica como mecanismos parta enfrentar a la gestión gubernamental podría explicar el interés “patriótico” de la oposición y la disidencia gubernamental si para el caso al menos existiese una propuesta de solución a la demanda social o mínimamente tuviesen en mano un proyecto real de desarrollo alternativo y propio aun sea profundamente liberal; es decir si contaran con una propuesta que no se limite a cuestionar solamente la viabilidad de las medidas que el gobierno está dando a una economía de naturaleza extractiva de recursos naturales, y explicaran que en el campo de Política Económica desde la forma económica extractiva heredada de la República colonial y liberal la forma en que el Estado Plurinacional puede proyectarse a superar la negra etapa, planteando objetivamente explorar y avanzar con la industrialización y transformación de la materia prima y sobre todo entrar a una Revolución Productiva Comunitaria para establecer nuevos emprendimientos hacia el desarrollo económico social y de servicios.

En definitiva, desde lo expuesto queda concluir parcialmente que para la reacción, la coyuntura es favorable a sus intereses de desgaste del gobierno pero que no está ante mancos. Para el Gobierno la coyuntura es el desafío para profundizar el cambio y mostrarle a la oposición y fuerzas reaccionarias que no hay lugar para ellos si no se someten al proyecto de transformación emprendida desde la visión constitucional, a la forma de organización economía comunitaria, estatal y cooperativa en contraposición a la economía privada.

La sombra de la unidad indígena y la luz de su polarización.

De manera general, en el propósito de estructurar redes interactivas opositoras a la gestión del presidente Evo Morales y su Gabinete, la dinámica opositora de las fuerzas reaccionarias y corrientes neoliberales, han encontrado en la reivindicación a la novena marcha indígena el mecanismo para aglutinar voluntades individuales y colectivas dispersas afines; bien para ellos pero mal para el avance de las autonomías y el proyecto constitucional de las naciones y pueblos indígenas originarios campesino. Decimos mal para los PIOC porque en la oposición no se construye el ejercicio constitucional de los gobiernos IOC. En la oposición se vive la marcha solo en tanto le permite usar como palanca mediática para exculparse políticamente por su falta de trabajo propositivo y creación de institucionalidad impulsora de transformaciones profundas en el proceso de cambio.

Pero es importante ahora desmenuzar la viabilidad o no de alianzas coyunturales y estratégicas. Con el tema IOC la dirigencia de la COB, por su naturaleza estructural orgánica aún está lejos de conformar alianzas sólidas y unitarias con los pueblos indígenas, e incluso es factible pensar que no es la ruta mas adecuada para fortalecer la estrategia clasista de la COB. La COB Podría utilizar la novena marcha indígena para sumar o sumarse coyunturalmente a la oposición pero por ahora no para potenciar un proyecto de clase. De hecho existen posiciones antagónicas entre la COB y la CIDOB, mientras la COB aglutina a organizaciones sindicales que existen en tanto son parte de una economía extractiva de materia prima, los mineros y petroleros principalmente, la CIDOB se muestran como contrarios a toda actividad extractiva y en defensa y equilibrio ecológico. Los fabriles son organizaciones de trabajadores que transforman la materia prima, trabajadores de la industria que en su proceso de transformación las mas dependen de maquinaria que arroja desechos contaminantes al medio ambiente, entonces a primera vista ambas organizaciones la COB y la CIDOB responden en ese aspecto a intereses totalmente contrapuestos.

Al respecto algún interesado en darle otra mirada a esto diría que la interpretación integral y sistémica se da incluyendo a los dueños de las fábricas y titulares de las concesionarios de cuadrículas para la explotación minera, la respuesta es si, pero sin descuidar que son estos mismos empresarios los que están ligados a asociaciones que extraen madera con el aval de las centrales indígenas y que son la que sostienen la organizaciones indígenas mediante regalías y otros beneficios que están establecidas en normativas correspondiente. El caso de cooperativas mineras reviste una particular interpretación, al ser comunarios indígenas cooperativistas los mismos que intervienen en la depredación y extracción de recursos naturales para beneficio privado.

Pero si seguimos, ahora partiendo de la CIDOB, es decir proyectando alianzas estratégicas, lo que nos muestra los últimos acontecimientos es que difícilmente, sobre todo por la forma en que la CIDOB está encarando la marcha, sumará adeptos a su causa mas allá de los que lo hizo entre enero y mayo del presente año. Las razones se deben a la contradicción puesta en debate entre desarrollismo y medioambientalismo.

Lo ocurrido en San Ignacio de Moxos, cuando sus pobladores no dejaron a los marchistas entrar ni pasar por la zona urbana, responde a afiliaciones de esta naturaleza, un sector representativo y organizado de San Ignacio de Moxos y comunidades aledañas comparten la visión del desarrollismo y por ende con la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. El desarrollismo, por así decirlo, es una tendencia en expansión entre las poblaciones indígenas que habitan y rodean el TIPNIS, mientras que los medioambientalistas se defienden y resisten, en cantidad mas reducido comparado con la octava marcha y con tendencia a seguir disminuyendo en número, incluido sus activistas urbanos.

El apoyo económico y logístico que recibe la marcha está igualmente disminuido y sus operadores y difusores urbanos no están logrando con facilidad el compromiso y apoyo institucional en las ciudades y las zonas urbanas del eje. Los partidos de oposición ahora se limitan a tirar líneas pero de ninguna manera a activar espacios de apoyo significativo, una de las razones es que sus dirigentes, Adolfo Chávez y otros no son confiables debido a los compromisos con Rubén Costas y esto viene agravado desde la fractura interna de los verdes y oposiciones duras de otras corrientes políticas en proceso de conformación o de crecimiento, es el caso del Movimiento Sin Miedo. Políticamente al MSM ya no le es capitalizable apoyar incondicionalmente a la marcha indígena y por eso mismo su apoyo deberá ser acordado y condicionado en niveles de filiación y acuerdos electorales. Su apoyo es más discursivo que material y la marcha definitivamente continuará si hay apoyo material a cambio de discursos y manifestaciones de apoyo moral.

El otro problema o contradicción que la marcha de la CIDOB se ha ido ganando gratis y tiene que enfrentarlo es el rechazo de las comunidades interculturales y campesinas, las contradicción radica en la titulación y saneamiento de la tierra como propiedad individual o colectiva versus el saneamiento y titulación cono Territorios Comunitarios de Origen TCOs. Esta contradicción se traduce al Instituto Nacional de Reforma Agraria en cuanto toca determinar la titulación de tierras para el trabajo y producción agrícola versus territorios para la caza, pesca y libre hábitat con la naturaleza (Esto en caso de convertir las TCOs en territorios intangibles).

La CIDOB definitivamente está pasando un momento adverso como para seguir encarando estoicamente su problemática y suponer que puede dar un nuevo golpe duro al Gobierno como el que le propinó al finalizar la octava marcha. Razones sobran para afirmar los anterior, una es que se está moviendo entre organizaciones movilizadas en su contra y ya no sólo de apoyo a las gestión gubernamental, dos, que se tiene al Órgano Ejecutivo y Legislativo advertido y con una Ley que respalda la Consulta Previa, es decir que asume la responsabilidad de propiciar el ejercicio de la consulta a las naciones y pueblos IOC, tres que la marcha se les está poniendo pesada y lenta y aumentaran las dificultades con el frío del invierno, cuatro, la participación de niños y bebes en la marcha no sólo les quita flexibilidad sino que el rechazo de las organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos de la niñez, finalmente algunos puntos con los que se rellenó la plataforma para comprometer a los guaraníes y otros pueblos ya están siendo atendidos por las instancias del ejecutivo hace mas de un año y otros están en proceso de atención.

A manera de recuento recordemos que la octava marcha indígena encabezada por la CIDOB arrancó al Órgano Legislativo Plurinacional una ley que estableció la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS. Otra marcha, la del CONISUR y comunidades del TIPNIS impulsó al mismo Legislativo a promulgar una Ley de Consulta a los pueblos y comunidades habitantes del TIPNIS. Esta dicotomía normativa compromete de muchas maneras la aplicación justa del Convenio 169 de la OIT y del conjunto normativo de leyes que reconocen el Derecho a la Consulta previa e informada de los Pueblos y Naciones Indígenas Originario Campesino.

En cuanto a la primera Ley, la Ley 180 es cuestionable y hasta perverso establecer un Territorio Indígena como intangible, más sin una Consulta previa e informada. Una ley que convierte un territorio habitado por comunidades indígenas, por nativos o por colonizadores en intangible, lleva a considerar implícitamente a sus habitantes en ciudadanos sin derecho a la consulta, y socialmente se los encapsula en paradigmas ambientalistas que se aplican a políticas de preservación de la vida silvestre y no de desarrollo integral que es lo que corresponde cuando en un espacio territorial se encuentran comunidades y organizaciones sociales partes de un Estado.

Hasta ahora son más las voces de las comunidades y pueblos del TIPNIS que hablan a favor de una consulta y menos las que manifiestan su apoyo a la intangibilidad expuesta en la Ley 180. Pero también hay voces de activistas medioambientalistas y colectivos urbanos que puño en alto defienden la intangibilidad del Tipnis. Un porcentaje alto, sino todos, levantan la voz y el puño con el propósito de desgastar la gestión pública del Gobierno y sin entender las necesidades reales de los pueblos y naciones Indígenas de los llanos; sin siquiera entender que más allá de la defensa de la madre tierra está la consolidación de las comunidades como parte del Estado Plurinacional y con ello de sus entidades que en medio de sus usos y costumbres deben desarrollarse en armonía con la madre tierra y con el desarrollo integral de las comunidades vecinas; intuyendo apenas que desde el accionar y la organización socio política y económica deben consolidar sus entidades con facultades gubernativas y desarrollar mecanismos de relacionamiento con el conjunto social y la institucionalidad estatal. No al margen del Estado Plurinacional, no por ahora ya que solo en este Estado puede levantarse y mirar un mundo de iguales en cuanto a derechos.

Así entendemos que el respeto al derecho a la consulta es ya un tema ampliamente difundido y entendido en sus principios básicos tanto en la dirección de los Pueblos IOC como en las instancias gubernamentales; el caso es ahora construir y consolidar la institucionalidad con competencias constitucionales para ejercer el derecho a la consulta y establecer el bloque de leyes y reglamentación que vaya a consolidar el tema de la consulta previa, informada y de buena fe, al tiempo de ir estableciendo y conformando, desde el derecho a la consulta y principalmente de los derechos constitucionales de los Pueblos y Naciones Indígenas Originario Campesino , los gobiernos Indígenas y sus instituciones con facultades gubernativas.

La carencia de Órganos Autónomos son las actuales debilidades, y seguirán siendo a posterior si la CIDOB quiere manejar el destino de los Pueblos y Naciones Indígenas de la Amazonía, llanos y el chaco boliviano. Lo que se quiere decir es que mientras no se conformen y constituyan los Órganos de los Gobiernos IOC la dirigencia de la CIBOB seguirá asumiendo la responsabilidad de orientar las demandas de los comunarios del TIPNIS, cosa que tendría que superarse y dejar que sean las mismas organizaciones del lugar las que proyecten su organización de acuerdo a lo que CPE y la LMAD les permite y en cierta manera les exige; avanzar para constituirse en Territorio IOC autónomo y estructurar su Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo y sus entidades de administración de justicia, esto sin duda que deberá ser con las participación de los del CONISUR y el conjunto de comunidades que habitan en el TIPNIS y otras aledañas. El censo de septiembre dará más argumentos sobre todo al contabilizar que existen más de 1000 habitantes en el TIPNIS.

Para terminar debemos decir que la CIDOB debe dejar de ser instrumento de disociación de las comunidades y adentrarse en entender de manera correcta la constitución de los Gobiernos Autónomos Indígenas para ir en el camino del Autogobierno y la autogestión IOC. Esta construcción no debe darse desde el enfrentamiento con la institucionalidad estatal sino en plena alianza y acuerdo, ya que es desde el Gobierno Central que se logrará asignación, transferencia y delegación de competencias y recursos.

carloslaraugarte.blogspot.com 

……… por eso se apresuran en barajar opciones en medio de encuestas anticipadas (¿quién puede ganarle al Evo?). En esos márgenes de opción se mueven sus análisis coyunturales y, presos de aquello, no pueden ofrecer aquello que prometen. Si pretenden retratar la coyuntura de modo “objetivo”, aquello se diluye en la pura justificación de todo aquello que signifique estar en contra del gobierno; porque ello, además, significa, en última instancia, clausurar el proceso de cambio, es decir, no cambiar nada y restaurar el orden conservador. Para eso, el propio gobierno brinda los argumentos que necesita la oposición: si el gobierno confunde el proceso consigo mismo, esa confusión termina por convencer a una oposición (también de izquierda) ciega en sus devaneos. Para ambos, el cambio sólo es posible si son ellos la dirección del cambio. El primero quiere un cambio a imagen y semejanza suya; los segundos quieren cambiar al mismo cambio, para que no cambie nada y así volver al reposo. De estos se puede decir que son como los zombis, que despiertan molestos de su letargo para espantar la algarabía de los vivos; del primero que es como el adolescente arrojado al mundo adulto, que se comporta como un niño ante decisiones de adulto. Por eso la discusión que ambos pretenden cae ante oídos sordos; están dispuestos a hablar pero nunca a escucharse uno al otro.
Herederos de la misma cultura política no saben sino hacer de la confrontación el único lugar de (des)encuentro. Y todo esto apadrinado por los medios. Cuando la política se trivializa mediáticamente, todos comparecen en los medios como ante un dios que decide el bien y el mal. La política es expropiada a la arena del espectáculo, donde no triunfa ni la verdad ni la justicia, porque ninguna de éstas vende. El conflicto vende porque su guionización telenovelesca permite mantener un espectador pasivo, a merced de la historia, el ritmo y el desenlace que deciden los medios (los actores creen que deciden algo, cundo son sólo fichas que usan los medios para armar sus tramoyas). En este contexto, la política está de más y en eso consiste, precisamente, la Mediocracia: el poder político de los medios privados de información.
El gobierno cree que con propagandas puede contrarrestar ese efecto mediático y se equivoca de cabo a rabo, porque aquello significa que no ha entendido en qué consiste la Mediocracia. Tiene perdida la mitad de la batalla de antemano y eso se demuestra en todos los conflictos habidos; la otra mitad la pierde por su ingenua autosuficiencia. Pero ni aun perdiendo casi todo, gana la oposición. Porque ésta se cree también el cuento de los medios: que todo lo deciden ellos. La supuesta apoliticidad de los medios es la declaración más política que pueda haber; no sólo toman partido sino que influyen en la opinión pública a tomar partido, es decir, hacen proselitismo (y lo que es peor: lo hacen disfrazadamente).
En medio de la omnipresencia de los medios, no pierde sólo el gobierno sino hasta la propia oposición, porque pierde la política misma su rango de realidad (el problema no es que los medios hagan política sino que pretenden suplantar la política misma). Entonces, todo análisis de coyuntura que parta de esas certezas mediáticas, resulta una pura consecuencia ilusoria de esa suplantación previa. Por eso el análisis del conflicto no da luces y sólo ahonda la confusión; confusión que contamina a los propios actores y, en definitiva, al propio conflicto.
Vayamos al conflicto mismo (no a la imagen del conflicto). Si en el conflicto hace nido la confusión, entonces reina la ligereza, el aturdimiento y la imprudencia, es cuando el conflicto mismo empieza a mostrarse suicida. Por un lado, la multiplicación de los conflictos tienden, a la larga –porque los intereses corporativos clausuran todo horizonte de unidad– a anularse mutuamente, en una competencia desesperada por atrapar la opinión pública (sólo sobrevive el que genera más espectáculo). Por el otro, el gobierno genera las condiciones para esta multiplicación por un pésimo diagnóstico coyuntural, cuya lectura de la correlación de fuerzas parece remitirse al pasado y no al presente. En ambos aparece el síndrome de un vanguardismo encandilado: los primeros quieren jugarse el todo por el todo en el “ahora o nunca”; el segundo interpreta el proceso como su propia odisea. Ambos quieren dirigir el cambio, pero sin ser parte de éste.
Por eso el conflicto no se supera, aunque se suspenda; porque lo que prevalece y a lo que no se está dispuesto a renunciar es al típico cálculo político que hacen ambos. No sólo el gobierno sino, hasta los obreros, son herederos de una cultura política que devalúa la política misma. Porque cuando, como dice Zavaleta, desaparece la “cosa sagrada” de la política, lo único que queda es el puro cálculo político. El interés inmediato, corporativo, sectorial, es lo que ha acabado de corromper a las dirigencias en una pura pugna de intereses particulares. Mientras la “cosa sagrada” no aparece en los actores, la política es cualquier cosa, menos una praxis revolucionaria.
En eso, entre otras cosas, consistía un proceso de cambio, en restaurar lo sagrado de la política. Suena raro, porque la política se ha mundanizado tanto que cuesta creer que algo bueno pueda tener. El “mandar obedeciendo” manifestaba aquella posibilidad: transformar la política misma. Pero esta transformación no es sino transformación del sujeto mismo. Por eso tiene sentido el proceso como proceso de descolonización. “Escuchar al pueblo” no es un simple slogan sino la consecuencia política de una nueva comprensión del poder: significa pasar de una política de dominación a una política de liberación. En ese tránsito, quien se libera es el propio sujeto. Y se libera desmantelando las estructuras de dominación que le oprimen; por eso la política le es irrenunciable y, más aun, una política de liberación. La descolonización es pertinente para nosotros porque nos permite clarificar lo siguiente: las estructuras de dominación no son sólo objetivas sino también subjetivas, lo que está instituido está también mentalizado, nuestros hábitos y costumbres se corresponden con las estructuras que criticamos.
La cosa sagrada es el sujeto, la vida del sujeto; por eso lucha: por la vida. No por su vida sino por la vida. Sin vida no hay sujeto, por eso se hace responsable de toda la vida. Pero la vida no es sólo lo que ve sino también lo que no ve. Por eso lucha por un futuro que quizás nunca vea, y lucha también por el pasado que nunca vio. Luchar por los ancestros le conecta con su propio origen, de modo que se re-liga con lo que le trasciende y lo que le trasciende le da fuerza a su lucha, por eso es capaz de hacer historia, de crear un mundo nuevo. Cuando lo sagrado aparece ante él, su lucha se consagra. La consagración de la política no es un añadido moral sino la recuperación del sentido mismo de lo político.
Si no hay esta recuperación, todo se disuelve en el puro cálculo de intereses. No hay cambio alguno, aunque se lo pregone. Si el gobierno sufre de esta merma, también la sufren los movilizados, porque todos heredan la cultura política en la cual nacieron. Los conflictos actuales retratan eso.
Pero para proceder con un análisis coyuntural, debemos, en primera instancia, aclarar el locus desde donde se realiza el examen de este presente histórico. Porque los análisis mediáticos que aparecen a diario, aparte de retratar puras improvisaciones que podría muy bien realizarlo cualquier parroquiano y, por eso, no coadyuvan para nada a una comprensión del asunto sino que secundan, de modo diligente, a la confusión total; no saben exponer una realidad dinámica, y menos si ésta se halla en un proceso de transformación; porque con conceptos estáticos no se conoce realidad alguna, porque estos son la acumulación cristalizada de una realidad que ya sólo existe en los libros.
Por eso tampoco los analistas pueden ofrecer pautas de acción y menos ofrecer un diagnóstico organizado y sistemático de la realidad. Si toda su perorata se reduce a la consecuencia silogística de su (de)formación académica, se entiende el tratamiento conceptual estático de una realidad sin historia (pues se está acostumbrado a juzgar la realidad desde la teoría, si ésta explica una cosa, también explica a la otra, hasta el infinito). Pero quien renuncia a la historia renuncia, en realidad, a la razón. Porque cada realidad exige su propio método de conocimiento y el modo de acercarse a ella no es, en principio –y nunca– lógico, sino histórico. Esto quiere decir: no es desde un supuesto punto cero de observación que se conoce a la realidad (y menos a mi realidad) sino desde un proyecto determinado. El lugar del proyecto es el lugar del sujeto de ese proyecto. Sólo desde la perspectiva del sujeto (plurinacional) la realidad aparece con sentido, ese sentido proyecta el horizonte histórico (el vivir bien) que se propone el sujeto; la realidad ya no es algo dado y acabado sino algo por constituir (lo objetivo en este caso es saber determinar lo posible de ser realizado).
Los análisis mediáticos que abundan –contra tanto crédulo que han creado los medios– nunca son neutros u “objetivos” sino que cargan la acumulación de la perspectiva de clase que se tiene y lo que se diagnostica es apenas la cristalización de las expectativas acumuladas. Pero eso no lo pueden decir, porque hasta de eso son inconscientes; por eso no pueden, aun cuando posean todo el aparato mediático a su disposición, describir pautas de acción política para su público. El mito de la neutralidad les hace callar a su debido momento.
La trampa en la que caen, medios, analistas y público, es que la confluencia de lo que pasa y lo que se enuncia, es nada más que la potestad de la interpretación de los hechos que se arrogan los medios, por eso la confluencia no procrea nada y se difumina el momento en que se apaga el receptor. En el mejor de los casos, la interpretación mediática permanece en la opinión pública como un simple almacenamiento de información, dejando huérfano el espacio entre el procesamiento de esa información y la acción misma, como un hueco a ser llenado por un sentido común cargado de taras y prejuicios (por eso no es rara la creciente antipatía hasta racista que generan los medios en contra del gobierno y todo lo que éste representa, porque para los medios privados no se trata de estar en contra por razones justas sino estar en contra y ya). Es en los mismos análisis mediáticos donde se constata la resistencia férrea a cualquier cambio en la estabilidad de la propia estructura de clases; porque en esa estructura se anida, en definitiva, la clasificación racista de una sociedad colonizada hasta el tuétano.
Por eso un análisis de coyuntura no puede reducirse a la descripción de lo que pasa, porque lo que pasa es apenas la manifestación visible de un proceso de acumulación histórica que enfrenta el sujeto en su propia constitución. Los conflictos que atraviesa no son simples episodios sino momentos determinantes de su propio proceso; cada crisis le sirve para hacer de aquella acumulación conciencia anticipatoria, por eso hasta las piedras que le ponen en su camino, le sirven para seguir construyendo.
Entonces, el conflicto, por ejemplo, con los médicos, es sólo la punta del iceberg, porque el estallido de éste se da precisamente por la acumulación del resentimiento “profesional” ante, lo que consideran, el atrevimiento de la indiada. Desde la Asamblea Constituyente, los diversos sectores de “profesionales”, nunca cesaron en la desacreditación del proceso mismo que, curiosamente, ahora enarbolan, abrazándose de una Constitución a la cual hasta pisotearon. ¿Por qué aparece el estallido? Porque ahora se tocaron privilegios. Volvemos otra vez a Zavaleta: la creencia ingénita e irrenunciable e innegociable de la casta oligárquica es ahora auto de fe del “profesional”: la creencia en su superioridad. Pueden negociar todo, menos aquello; por eso su arrebato: ¿cómo vamos a trabajar igual que los demás?
Cuando se dice que las seis horas (que casi nunca son seis) son un derecho adquirido, no se dice que en realidad se trata de un privilegio; más aun cuando se trata de un país atravesado por desigualdades crónicas. Pero, por jurisprudencia y, sobre todo, por cuestión ética (que de esto parecen saber poco los médicos), un derecho no puede conculcar otro, y menos tratándose de un derecho mayor. Nos referimos al derecho a la salud. Además, si aquel tratamiento privilegiado se considerase un derecho, entonces estaríamos ante una nueva devaluación ética del sentido del derecho; porque los derechos ahora serían particulares y ya no universales (las seis horas es sólo para los médicos, no para los demás; eso es un privilegio, no un derecho).
Llamar derecho a un privilegio es como llamar conquista a una violación (no será raro que hasta los criminales llamen a aquellos vicios procesales –como las medidas sustitutivas– derechos adquiridos). La defensa ingenua que hacen juristas a esta interpretación médica de estos supuestos derechos, deja ver la concepción discriminatoria que tienen del derecho, mostrando además la herencia racista-colonial de una ciencia, el derecho moderno, que estipula, desde Francisco de Vitoria, un sujeto de derechos blanco, europeo, y un objeto de la autoridad, deprivado de derecho alguno, el indio. El derecho moderno liberal es el garante legal de la estructura racista de clases, por ello no es de extrañar que antepongan el derecho del patrón (en este caso el médico) al derecho del pueblo. Vale más el derecho al privilegio de algunos que el derecho a la salud del pueblo.
Una sociedad colonial y racista, como la boliviana, expresa, de modo patético, el desprecio a estos derechos fundamentales (a causa del paro médico ya murieron dos niños, en El Alto y en La Paz, por algo común a la práctica médica nacional: la negligencia) teniendo, a lo largo de su historia, a una de las profesiones más rentables, en medio de una tasa histórica de mortalidad de las más altas en el continente. Por eso no es raro que en el periodo neoliberal, con el auge del desmantelamiento del Estado, la privatización de la salud haya generado tanto éxito. Cuando el lucro invade ámbitos como el de salud, entonces se entiende mejor aquellos privilegios, a los cuales no se está dispuesto a renunciar; el sector público es apenas un trampolín para saltar al ejercicio privado de la medicina, por eso no interesa tanto trabajar allí sino en ámbitos privados (los hospitales públicos se convierten en una fuente secundaria de ingresos, por eso es cómoda la reducción de horas). Porque, además, la salud pública está destinada a los pobres. Pero, aun así, si se espera un trato preferencial en las clínicas privadas (porque allí sí se paga), esto tampoco sucede.
La desidia y la negligencia son comunes (con muy raras excepciones), porque no se trata de anomalías sino de cultura. Y no se trata sólo del estamento médico; lo mismo pasa, por ejemplo, con los abogados. Fue una de las primeras profesiones que aparece en el régimen colonial: un lenguaje, el jurídico, que atraviesa todas las relaciones sociales, era el mejor medio de enriquecerse a costa de quienes ignoraban ese lenguaje, por tanto, expuestos a todo tipo de atropellos “legales” (en primera instancia, siempre, los indios). Cuando la salud no es un derecho sino un privilegio, no es el médico el que sale a buscar a los enfermos, son los enfermos los que deben ir en busca del médico. Los enfermos salen en su busca y, ¿qué encuentran en los hospitales? Aparte de padecer los síntomas propios de la enfermedad y la consecuente vulnerabilidad, reciben maltrato, indolencia y hasta desprecio. ¿Por qué?
Si la salud es un privilegio, entonces no es sólo privilegiado su acceso sino que los privilegiados no son ni siquiera los que pueden pagar ese privilegio sino quienes cobran por aquello. En tal situación, el ejercicio de la medicina ya no es ningún deber que pueda obligar un juramento. Ya no me debo a mis pacientes sino son ellos quienes me deben y si no me pagan entonces los dejo morir. Así la medicina deja de ser una vocación y se convierte en una profesión más, cuyo propósito ya no es salvar vidas sino salvarme poniendo precio a la vida de los demás. Lo mismo sucede con los maestros. Si todo se reduce al salario, entonces la vocación está de más; lo que cuenta es el ingreso y, cuanto más alto, más crecen las aspiraciones: todos quieren vivir bajo los estándares del primer mundo en un país del tercer mundo. Por eso ya no importa si los demás pagan nuestras ambiciones, lo único que importa es el ascenso de mi nivel social. Mi educación lo exige, mi estándar de vida lo exige, mis apetitos de rico en un país de pobres lo exige; si hay que sacrificarse que sean otros, yo no.
Esta cultura tiene que ver con una estructura de clases, cuya estabilidad es condición de la estabilidad del sistema en su conjunto. Esa estructura de clases es producto de una clasificación previa que legitima el orden mismo del sistema: la clasificación social es previamente una clasificación racial. La herencia colonial constituye cultura ciudadana. La inclusión es siempre recortada hacia ámbitos de reclutamiento que la oligarquía encuentra en la clase media, es decir, la burocracia social. El precio de la inclusión es concreto y no da lugar a equívocos: para estar bien hay que aceptar y hasta desear que otros estén mal. La resignación se vuelve cínica: uno trepa socialmente, se educa, no para servir sino para servirse de los demás. La mercantilización de la educación produce individuos egoístas e insensibles que hallan, hasta en las iglesias protestantes, la justificación para su individualismo: la salvación es personal.
Entonces el asunto va más allá de una simple reposición horaria. Porque los argumentos que se tejen desde la intransigencia no sólo es del gobierno sino también y, en mayor medida, de los médicos. Nunca se arguyó que establecer ocho horas de trabajo a los médicos, solucionaba todos los problemas de salud en nuestro país. Ese argumento vino de los propios médicos para desacreditar el decreto del gobierno. Pero vayamos al otro argumento de los médicos: que el déficit en salud se explica por la falta de infraestructura. Se trata del mismo argumento que usan los jefes policiales para explicar la ausencia de seguridad ciudadana o los jerarcas de las universidades públicas, para explicar el déficit en la educación.
Lo que no dicen es que ni la mejor infraestructura puede suplir algo elemental: voluntad de servicio. Si no hay eso no hay nada, aunque se tenga todo. Sabiendo, además, que todo incremento del presupuesto es destinado a sueldos que, según los criterios hasta meritocráticos, favorecen siempre a la mantención de la estructura de clases: los que ganan más terminan siempre agotando la mayor parte del presupuesto. Por eso hasta los obreros coadyuvan a la estabilidad del sistema que critican, porque la escala salarial retrata aquella clasificación, ahondando siempre las diferencias entre los que más ganan y los que menos ganan (siendo ahora el trabajo asalariado un privilegio más, en un país pobre).
Curiosamente los líderes sindicales ya han olvidado la crítica al sistema del cual son víctimas y sólo se empeñan en sacar las mejores tajadas de éste, y de modo casi siempre corporativo. Si fuésemos honestos, hasta veríamos en la canasta familiar de la COB, la introducción de satisfactores propios del mercado moderno que, en su mayoría, ya no constituyen sinónimos de una dieta saludable. Se olvida que conceptos como “nivel de vida” y “necesidades actuales” crean el espacio idóneo para que el capitalismo no sea cuestionado a fondo, porque si queremos realmente dejar sin legitimación al capitalismo, deberíamos en primera instancia, cuestionar aquellas “necesidades” que el capitalismo genera y satisface. Es decir, todos, de una manera u otra, ya han olvidado la lucha contra el sistema que produce y agudiza las desigualdades y renuncian a producir otro mundo mejor buscando su inclusión obsesiva en el sistema, mediante las mismas aspiraciones que iguala a todos en una suerte de maldición: el desarrollo que se corea por todo lado es el mejor modo de asegurar nuestro subdesarrollo.
Y de esto no se salva ni el gobierno. Enfrascado en un afán desarrollista, olvida lo más simple: que el desarrollo no es un fin en sí mismo sino la consecuencia hasta indirecta de la realización de un proyecto propio. El llamado desarrollo del primer mundo es la objetivación de la expansión capitalista en torno a la conformación de centros desarrollados y sus respectivas periferias, como garantía material de aquel desarrollo; es decir, que el subdesarrollo no es una etapa anterior al desarrollo sino una contradicción inherente al propio desarrollo, o sea: es el propio desarrollo de los centros el que ocasiona el subdesarrollo, desequilibrando la periferia y produciendo su dependencia crónica. Por supuesto que los centros no hace esto solos sino que aprovechan la complicidad de las oligarquías nacionales periféricas para consolidar un sistema económico mundial basado en esa clasificación.
Cuando los médicos señalan la falta de condiciones materiales como causa del déficit en salud, caen en el mito del desarrollo. Se ven a sí mismos con los ojos del primer mundo y creen que sólo la igualdad de condiciones hace la diferencia. Pero si falta voluntad y el propósito profesional ya es sólo pecuniario, lo que empieza a advertirse es una suerte de insistencia cultural que caracteriza a las oligarquías coloniales. Cuando éstas se integran al mercado mundial en calidad de dependencia y subordinación, renuncian, de modo definitivo, a constituirse en burguesía nacional. Su condición racista les impide imaginar siquiera en la integración económica del todo de su nación, es decir, en el desarrollo del elemento nacional (tarea que sí realiza la burguesía inglesa y, de ese modo, genera el primer imperio capitalista); herederos de la mentalidad conquistadora, no son proclives al esfuerzo propio sino a la riqueza en forma de milagro, por eso les es más cómoda la inclusión en el mercado mundial de modo subordinado.
Eso explica el carácter colonial de los nuevos Estados: soberanamente apuestan por su dependencia. También desean el desarrollo que les promete el capitalismo, pero sólo a condición de subdesarrollar a sus propios países, o sea, el desarrollo sólo puede ser posible para un parte mínima del país. Cuando aparecen los populismos históricos y se persigue un despegue industrial, se olvida que cada vez es más difícil aquello, por la propia estructura de clases, el régimen de propiedad y el sistema legal que adquieren los países; por eso estos episodios revolucionarios acaban en una alianza de clases (o castas) cuya horizonte único se traduce en la estabilidad del sistema. El desarrollo es sólo posible para los detentadores del poder político. Su legitimación consistirá en la creación de sus burocracias respectivas; por eso, el consenso es siempre mínimo y se produce en torno al margen exclusivo de la ciudadanía incluida.
Por eso las clases dominantes optan por el desarrollo moderno, porque no están dispuestos al sacrificio que significaría desarrollar de modo independiente al propio país (porque esto no da ganancias y menos inmediatas); por eso los estamentos de profesionales, interpretándose como privilegiados y superiores en un país pobre, no se ven como quienes deberían iniciar un despegue propio sino únicamente como quienes deberían recibir los beneficios que genera el país, aun en condición de dependencia. Que llamen a esta situación privilegiada, derecho adquirido, retrata la herencia feudal-colonial a la cual se adscriben: el “derecho de pernada” de los señores feudales era un privilegio impuesto a costa de la dignidad de los campesinos. Esa es la historia de considerar derechos a los privilegios del patrón.
Lo triste en todo esto es la capacidad de manipulación, ya no sólo de los trabajadores en salud sino hasta de los propios universitarios. Los primeros podían tranquilamente iniciar negociaciones con el gobierno y no confundirse en demandas claramente aristocráticas, que acaban por favorecer no a ellos, una vez que ya han dejado de ser útiles; los segundos ya son patéticos, sobre todo los de la UPEA, siendo víctimas e hijos y nietos de víctimas del sistema de salud pública. Por eso, cuando nuestro presidente descalifica la educación universitaria, aunque lo diga de mal modo y cuando menos debiera, dice la verdad; porque la deformación académica que imparten las universidades, tiene mucho que ver con la devaluación mercantil de vocaciones como la medicina.
Es más de un mes que dura el paro médico. En otros países de primer mundo, un paro así ya habría desestabilizado todo. ¿Por qué en Bolivia no sucede esto? Porque, aunque nunca lo admitan los médicos, en Bolivia no es el sistema de salud pública o privada quien curan a la gente. En Bolivia la gente, sobre todo pobre, acude más a la medicina tradicional, alternativa, para curarse de sus dolencias; y los yatiris, kallawayas, amautas, chamanes, chamakanis, etc., nunca se han quejado de falta de infraestructura, ante un Estado que jamás les dio un solo peso. El gobierno peca de ingenuo creyendo que podía ganar esa pulseta con el sistema de salud pública sin generar antes el colchón institucional para hacer frente a lo que generaron los médicos: la desatención de la población. No sólo que lee mal los tiempos sino que no prepara ni el contexto ni las alternativas de equilibrio de situaciones riesgosas. Pretender que sea la población la que resuelva la situación, requería generar las condiciones, hasta institucionales, para hacerla protagonista de medidas trascendentales; pero desde el gasolinazo es cada vez menos creíble que el gobierno tome en cuenta, de modo honesto, la voz del pueblo.
Las últimas medidas que asume el gobierno ya muestra un desesperado intento de ganar respaldo, al menos, circunstancial; pero sin la contundencia que debiera mostrar una real intención de revisar un proceso de nacionalización truncado. Recupera una empresa de electricidad pero, el mismo día, firma un nuevo contrato con Repsol; y aquí no se trata de si cuántas acciones recupera o no, sino del concepto mismo que se asume cuando se ejecuta la re-estatización. A la oposición y sus analistas mediáticos les preocupa, como a todo apátrida, el asunto legal, como si legal hubiese sido la privatización y el desmantelamiento del Estado (para hacerlo aparecer legal, las transnacionales, con todos sus bufetes de abogados hasta nacionales –que para eso sirven–, se las ingeniaron para hacer ajustes en las propias constituciones nacionales; eso en México se ve de modo escandaloso). Y al gobierno le preocupa no espantar la inversión extranjera, sin tomar en cuenta que ésta ha sido diseñada, por los centros desarrollados, para mantener intacta la estructura dependiente de la periferia mundial.
La nacionalización no consiste en que una empresa pase de manos extranjeras a manos nacionales, porque también estas pueden ser privadas, no necesariamente públicas, y contribuir a la constitución de una nueva clase dominante, cuya base industrial –en el mejor de los casos– no genere sino otro enclave, afirmando otra vez el subdesarrollo del propio país. La nacionalización consiste en que la nación misma se asume como sujeto de su propio desarrollo. De ahí que la recuperación de sus hidrocarburos pasa por su control geopolítico, la atención a sus necesidades energéticas propias y su planeamiento estratégico; en torno siempre a un proyecto nacional propio.
Si se ve en la recuperación sólo un mejor ingreso, entonces se renuncia al desarrollo que tanto se pregona, porque la lógica de sus operaciones sigue siendo digitada por el criterio de la ganancia, por eso se lo dejan a los privadas (que para eso son eficaces, para que la ganancia se transfiera siempre a los centros desarrollados), que transfieren los planes estratégicos siempre a los centros matrices, dejando al país dependiente de una planificación estratégica que ya no le corresponde hacer sino sólo obedecer. En eso cae el gobierno por someterse a las necesidades de la inversión antes que a las necesidades nacionales; que no pasan sólo por estímulos materiales. En esto es bueno recordar al Che: “el desarrollo de la conciencia hace más por el desarrollo de la producción que el estímulo material”. No se trata de llenar de canchitas las expectativas populares. Se trata de generar conciencia nacional, en nuestro caso, plurinacional. El imperio yanqui truncó la experiencia de Allende porque, entre otras cosas, allí se estaba gestando conocimiento (con patrocinio gubernamental) para la liberación de nuestros pueblos. ¿Qué centros de investigación patrocina nuestro gobierno para hacer posible un desarrollo de la conciencia plurinacional? ¿Bastará con tener un iluminado a la diestra del primer mandatario?
El gobierno cierra cada vez más sus opciones y cierra, de ese modo, la posibilidad de su propia continuidad, aun cuando sus propias apuestas retroceden tanto que se encuentran con el lado opuesto. La oposición se queja más de lo que debiera, porque el gobierno está haciendo lo que ellos nunca pudieron: administrar mejor el Estado colonial. Su arrebato tiene otro origen: el racismo. Los medios descubrieron aquello descubriéndose a sí mismos. Por ello encuentran hasta en la anécdota un motivo para continuar la desacreditación. Eso pasó con el magistrado Cusi; éste, según los medios, “ultrajó la justicia con la coca”.
El carácter prejuicioso de este lamento logró destapar, una vez más, las profundas obsesiones racistas-coloniales (las cuales –hay que decirlo– no sólo se atrincheran en la oposición sino que aparecen también en el propio gobierno, pues salvo contadas excepciones, no hemos visto una sola posición oficial que condene esta nueva defenestración de la hoja de coca). Si el magistrado hubiese dicho: “para emitir juicios delicados me encomiendo a Dios”, nadie hubiera objetado nada; pero cuando dice que en cuestiones complicadas “recurro a la coca”, entonces todos optan por el linchamiento. Porque lo que sucedió a continuación fue un linchamiento mediático (jueces, políticos, periodistas, abogados, analistas, condenan el linchamiento –al que llaman “justicia comunitaria”, para desacreditarla–, pero gustosos lo realizan en el circo de los medios, y mejor si se trata de un indio que es ahora magistrado). Sucede que en el “tribunal de la razón”, al que pretendían acudir los ofendidos, los linchamientos se hacen hasta racionales.
Una vez orquestada la condena, los defensores del “derecho” desfilaron religiosamente por los medios. Pero repasemos la constitución histórica del “derecho moderno”. La conquista se consagra gracias al “derecho moderno” y gracias a éste se legitima una clasificación racista de la humanidad. Este “derecho” nace concibiendo un sujeto de derechos exclusivo, negándole esta cualidad a quienes no son considerados seres humanos. Si la eugenesia no es un accidente en la ciencia de la medicina moderna sino la deducción lógica de sus principios de clasificación biológica (por eso generaciones de médicos ven en el indio una raza en extinción, a la cual ya no debería prestársele atención), del mismo modo, el derecho positivo no hace más que secularizar las creencias últimas del mundo moderno (por eso Kelsen no halla mejor metáfora que la pirámide, para expresar una visión aristocrática de la justicia que, según éste, no tiene nada que ver con la ética –generaciones de abogados se creyeron ese cuento, justificando la corrupción de la cual ya eran parte). El lenguaje del Estado lo hacen las leyes, pero éstas ya no las hacen los Estados (menos los pueblos) sino son subordinados a un supuesto derecho natural que canoniza los valores modernos como sagrados.
Poner esos valores en suspenso es atentar al orden mismo. Es cuando Iglesia y mundo se ponen de acuerdo; por ejemplo, si antes, hasta Tomas de Aquino, la propiedad privada no era considerada de derecho natural, después, hasta la doctrina social de la Iglesia concibe a la propiedad privada del capital como natural. Lo que la razón no puede demostrar, la religión puede justificar, es decir, Dios puede avalar. El orden se garantiza. El derecho ya no necesita demostrar aquello de lo cual parte, como un dogma de fe: los valores modernos son y representan el orden y, si el orden es lo sagrado, atentar contra sus valores es atentar contra Dios mismo. Entonces, el Dios al cual se encomienda el juez, al cual se jura, poniendo las manos sobre la Biblia, es un Dios pertinente al orden. Con ese Dios no hay problema, porque es un simple garante de una estructura que gobierna el mundo por medio de las leyes. Por eso, mencionarlo no tiene nada que ver con la creencia religiosa; pues el derecho mismo es la religión sustitutiva que hace posible el acceso al reino de los cielos: la ley permite y garantiza el acceso a todo. Por eso hasta las guerras se hacen de modo legal y se invaden países con el derecho internacional en la mano. Por eso, encomendarse a este Dios, representa un acto de fe con el orden sagrado que defienden las leyes. Todo lo demás es un acto hasta diabólico.
Por eso aparecen las diatribas en los devotos del orden y piden, como en el circo romano, muerte sin perdón. Y lo hacen en nombre de una “justicia” supuestamente tan “racional”, tan “verdadera”, tan “universal”, tan “perfecta”, que no saben después explicar cómo semejante justicia es fiel administradora de la injusticia sistemática que sufre este país, desde su creación. Porque lo que despotrican, en realidad, es el supuesto asalto indio al poder judicial, un poder que les correspondía a los superiores, nunca a los considerados inferiores; porque los inferiores sólo podían “ensuciar” sus aposentos. Esas lamentaciones que, las personalidades “cultas”, promueven como verdaderos “autos de fe” no sólo recordaban a la Inquisición sino que demuestran un hecho colonial: cuanto más “educado” uno es, más intolerante es ante las nuevas ideas.
Un cierto diputado chaqueño, que alguna vez dijo que “la dignidad no da de comer” y, con ello, justificaba la violación de la soberanía nacional, decía que “el propio presidente Evo Morales debería pedir la renuncia del magistrado Cusi”, ante tamaña insolencia; es decir, la sola declaración del magistrado merece su capitulación mientras la suya la condescendencia nacional. Decía además que el Tribunal Constitucional “no puede estar en manos de un kallawaya”. La ignorancia es atrevida cuando una lengua montaraz (y nada menos que diputado nacional) exige lo que es incapaz de mostrar: mesura. Pero el atrevimiento no lo produce la ignorancia sino el racismo; porque según este parecer un kallawaya no es un médico sino un charlatán. Para la visión eurocéntrica y, en consecuencia, racista de los médicos bolivianos, sólo la medicina moderna es ciencia; del mismo modo se refieren los dirigentes del magisterio paceño: sólo la ciencia moderna es científica, querer potenciar nuestros conocimientos ancestrales es volver a la prehistoria. Por eso, lo que dice el diputado aludido, es una concepción generalizada de una sociedad que se forma a imagen y semejanza de un Estado colonial: quiere ser lo que no es y reniega de lo que sí es.
Lo que no se dice es que la medicina tradicional, a lo largo de nuestra historia, ha curado a más gente que la medicina moderna, que gracias a ésta, los pobres en este país viven, incluso después de haber sido desahuciados por aquella; que muchos fármacos exitosos a nivel mundial se deben gracias al conocimiento acumulado de culturas despreciadas por el mundo moderno; que a la industria farmacéutica ya no le interesa producir medicamentos para curar a la gente, porque curar ya no es rentable; que el éxito de la medicina china está en la preservación de su cultura y no en su negación, como sucede aquí; que en la cultura andina el enseñar también es curar, por eso los incas llamaban a este lugar Kollasuyo, el lugar de los curadores; que la neurobiología actual recién está descubriendo lo que nuestros yatiris ya sabían hace milenios: que el origen de las enfermedades fisiológicas son desordenes espirituales; que la medicina moderna es terapéutica, mientras la tradicional es preventiva.
¿Qué tiene que ver esto con el derecho? El derecho moderno, como la medicina y, en general la ciencia moderna, no ven al ser humano en un todo integrado; el derecho parte del individuo escindido, cuyas relaciones contractuales son resultado del puro cálculo interesado. La figura del contrato es sólo posible dentro de una desconfianza mutua. Esta concepción deficitaria de humanidad aparece siempre en sistemas de dominación, que sustituyen lo sagrado por el propio orden que imponen: cuando desaparece lo sagrado de la vida, lo único que queda es el puro cálculo de intereses. Eso es el mundo moderno y el derecho moderno administra aquello. Entonces, decir que es un disparate que un kallawaya sea un juez, es un disparate en sí mismo. Como disparate es que los abogados se hagan llamar doctores cuando no curan nada. Ni Hamurabi, ni Solón, ni Dracón, ni Moisés, ni Salomón, hubiesen sido del agrado de aquel diputado (pues el uno era campesino, otro comerciante, otro pastor de ovejas, etc.), cuya escasa formación cree suficiente para emitir semejantes dictámenes.
Se cuestiona que un legislador acuda a la coca por encima del derecho, de ese modo se asume, sin decirlo, la infalibilidad del derecho; si es así, ¿por qué hay sentencias injustas? Cuando la ignorancia cuestiona las propias creencias del magistrado, se devalúan esas creencias como inferiores, o sea, irracionales; pero entonces, ¿por qué no cuestionar toda la escenografía ritual, hasta el juramento sobre la Biblia, que hace el derecho moderno? Otro político movimientista alegaba de modo ingenuo –siendo abogado y ex constituyente– que “un dictamen legal no puede subordinarse a lo cultural”. Lo cultural sería la lectura en coca y lo universal la propia lógica legal. Esto es puro eurocentrismo, pues el derecho moderno, siendo también particular, emanación normativa de la eticidad propia del individuo burgués europeo, ahora aparece como universal sin más. No hay soberbia más grande que, como dice Quijano, una etnia llamada Europa se proclame a sí misma universal, negando esta cualidad a todo el resto del mundo. El colonizado piensa de ese modo, que lo que viene del primer mundo es verdadero, racional, universal, etc., y todo lo nuestro, sólo por serlo, es falso, irracional, pre moderno, etc., por eso llega a legitimar, con su propio sometimiento, que la dominación que sufrimos es buena y el único proyecto de vida que pueda tener este país es desaparecer.
Este anhelo, que se hace ideología con el liberalismo, se camufla en la revolución del 52 y pervive en la actualidad como ideología nacionalista (aun en el propio gobierno), oculta una cuestión de fe: el indio hace imposible el desarrollo. Por eso reniega de lo indio y todo lo que él representa. Por eso aquellos políticos asumen, en definitiva, que el derecho es intocable, porque han sido formados en el dogma positivista del derecho; por eso cuando arguyen que todo veredicto debe reducirse “a una pura cuestión técnica”, muestran una clara pérdida de sentido de la justicia misma, cosa que adolecen casi todos los juristas.
Si fuera la sentencia legal una pura cuestión técnica, no harían falta abogados ni jueces, y si así en efecto fuera, ya no tendría sentido la ciencia del derecho, pues si todo está dicho, ya no hay más ciencia, es decir, producción de conocimiento, sino pura aplicación técnica. Cuando todo se reduce a lo técnico, esto delata pérdida de sentido y, lo que es peor, ausencia de sabiduría. Pero sin sabiduría no hay justicia y eso es precisamente lo que muestra el derecho moderno. Ningún abogado podría explicar el procedimiento técnico que le sirvió al rey Salomón para emitir su juicio sobre el niño que reclamaban las dos madres, porque aquello no fue una ciega deducción técnica de normas sino producto de la sabiduría; lo que nunca se enseña en las universidades. Los abogados han olvidado que la ley fue dada para el hombre, no el hombre para la ley. Ese olvido es producto de una relación fetichista con la ley, ante la cual se inclinan como si se tratase de una divinidad, por eso para preservarla hasta la vida humana les es indiferente.
Cuando se imputa al propio presidente, se sugiere que es él la encarnación de aquel desatino, o sea, el pecado original no es haber elegido a un magistrado indio sino a un presidente indio. Los medios justifican así una nueva oleada racista de desacreditación del indio mismo y todo lo que éste representa; en definitiva, lo que aquél diputado señala: “hacernos volver a la edad de piedra”. El racismo se descubre, de ese modo. Porque toda aquella declaración de fe, se la hace desde un dogma: la modernización. El famoso “ir adelante” como sinónimo de “lo más racional y verdadero”. Pero, ¿no es ese “adelante”, la imagen misma que la modernidad tiene de sí misma? ¿Acaso no es ese “adelante” lo que precisamente ha entrado en crisis?
Esa lectura lineal del tiempo (que el pasado está atrás y el futuro adelante) es ya hasta insostenible en la propia física cuántica. Por eso hasta la neurobiología actual señala que aquello es una pura apariencia. Quienes defienden un inexorable “ir hacia adelante” son quienes, en realidad, se hallan atrás, en pleno siglo XVIII. Pero examinemos la afirmación. La modernidad privilegia una imagen de futuro que es su propia imagen, desacreditando todo lo que no coincide con su propia imagen, por eso lo devalúa como pre-moderno. De ese modo, todas las demás culturas son sinónimo de atraso; porque en el “adelante” moderno, el pasado es devaluado hasta moralmente. La modernidad inaugura una experiencia del tiempo vacío, hueco, por eso inaugura también la pérdida de sentido como forma de vida. ¿Qué tipo de consistencia puede tener un individuo que pretende partir sólo de sí? Hasta Heidegger se da cuenta de ello y señala que quien pretenda partir de sí, parte en realidad de la nada. Por eso lo que proyecta es también nada. Por eso el futuro moderno se diluye en la nada. Ese “ir adelante” es una marcha inexorable a la cual se somete el ser humano cuando ha perdido todo sentido histórico.
Lo curioso es que nadie habla de volver a la edad de piedra, salvo quienes desacreditan toda crítica al sistema actual. Para estos toda crítica es volver al pasado, cuando son estos los que sacralizan un orden que apenas tiene cinco siglos y ha demostrado ocasionar más destrucción, además a nivel global, en tan poco tiempo, que todas las otras civilizaciones y culturas que han existido y perdurado en los restantes 10.000 años de historia humana.
Una transformación del capitalismo no pasa por cuestionar sólo a éste sino a su matriz cultural y civilizatoria: la modernidad, cuya más sofisticada arma no son sus bombas nucleares sino el conocimiento que ha producido a éstas: su ciencia y su filosofía. Porque no se trata de especulaciones exquisitas sino de aquello que sostiene a sus instituciones y su forma de vida. Por eso se trata de una lucha hasta espiritual.
Cuando el cacique Seattle decía que para conocer al hombre blanco debemos conocer sus sueños, tenía razón; es en el ámbito de sus más hondas creencias, de sus referencias últimas de sentido, donde se halla la fuente de las certidumbres del individuo moderno. La creencia en su superioridad se encuentra allí, expresada en la ideología propia del mundo moderno: el racismo. Del cual, la categoría de desarrollo es su deducción lógica. Pero un nuevo paradigma, como dice Thomas Kuhn, refiriéndose a la ciencia, no se instala de modo “natural” sino que debe enfrentar la resistencia hasta insensata del viejo paradigma (tampoco por mejores argumentos o “falsaciones”, es que cambia el viejo paradigma por voluntad propia, decía). En última instancia, la ciencia también es una cuestión de fe. Por eso el empecinamiento tozudo de un paradigma que, en medio de una evidente crisis civilizatoria, no muestra sino la disparatada resistencia de sus apologistas. Los cuales son peores y hasta ridículos en sociedades coloniales como la nuestra.
Esta breve revisión de nuestro presente histórico quiere mostrar la profundidad de la crisis, que no es episódica sino será la constante en el necesario cambio de paradigma planetario. Y, además, porque se trata de un cambio que afecta a todos los aspectos de la vida, es que la resistencia se hará iracunda y hasta insensata, y sacará a flor de piel las desigualdades constitutivas de un mundo fundado en la dominación más sofisticada que ha producido la humanidad: el mundo moderno.

Autor de “LA PRIMERA TEORÍA DE LA DESCOLONIZACIÓN” de próxima aparición 

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En el otro extremo, los detractores de la revolución que ven en ella el encaramamiento de los parientes pobres de la oligarquía encima de los movimientos fabriles, indios y mineros de la época. En medio, una pléyade de matices. Si bien el pensamiento y la ciencia social en Bolivia van más allá de ésta simplificación, Estas posiciones extremas han coadyuvado a sumir algunos fenómenos en la bruma de la historia, invisibilizando la complejidad de los procesos. Algo de esto ocurre con la ideología del “mestizaje” que es asumido comúnmente como parte del ideario de 1952 aunque el vínculo sea en realidad mucho más difuso.
Los defensores de la gesta de 1952 ven en la revolución un momento en el que el “mestizaje” logra proyectarse como ideología unificadora en contra de las divisiones coloniales entre “indios” y “blancos”. Lo anterior supuestamente permitiría aproximarse al ideal de sujetos de derechos idénticos ante la ley, presupuesto de la democracia liberal. En la otra mano, principalmente desde corrientes kataristas, se argumenta que el mestizaje y la revolución lo que hacen es dar continuidad a un proyecto de modernización monocultural en donde la diferencia indígena debe ser subsumida en los marcos de la ciudadanía. La revolución implica, para ellos, un proyecto etnocida. Lejos de dar solución a este incordio, de por sí muy complicado, lo que hare es anotar algunos elementos que muestran que la relación del mestizaje con la revolución es menos clara de lo que usualmente se concibe.

Durante la primera mitad del siglo XX varios pensadores expresaron su disgusto frente a los mestizos. Tanto Arguedas como Tamayo en diferentes ocasiones catalogaron al mestizaje como síntesis de defectos. Inclusive uno de los ideólogos de la Revolución, J. Fellman Velarde, escribió en 1948 que el mestizo es “odio hecho carne” mientras que el criollo es “el mestizaje noble…expresión humana de lo nacional” . Aun cuando estos pensadores aludían al carácter biológico de la mezcla, cabe recordar los argumentos que R. Barragán ha elaborado recientemente, señalando que “mestizo”, en el universo de las etiquetas sociales de la época, en realidad expresaba una posición de artesano, o al menos, residente urbano que no era parte de la burocracia.

De manera posterior a la Revolución, la figura del criollo que postulaba Fellman Velarde pierde toda vigencia y queda el mestizo. Es de notar que es en textos tardíos de Augusto Céspedes donde el mestizaje ya no está circunscrito por los límites negativos que se encontraban en Arguedas o Fellman Velarde. El mestizaje se torna en identidad englobadora de lo nacional que se opone al espíritu colonial y entreguista del super-estado minero. Al mismo tiempo Céspedes identifica que en lo nacional existen dos vertientes –india y mestiza-, pero la que es determinante es la mestiza. Lo indio aparece solamente cuando coadyuva o es conducido por lo mestizo. De ahí que para Céspedes el congreso indigenal de 1945 sea considerado mientras el ciclo rebelde de 1947 es dejado de lado.

El vínculo más claro entre las acciones de la revolución y el mestizaje se encuentra en el trabajo de reelaboración de los orígenes de la nación. P. Quisbert asevera que C. Ponce, a través del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiwanaku , es el artífice de una lectura mestiza de Tiwanaku en la que “la arqueología se pone al servicio del nacionalismo revolucionario” . Tiwanaku en tanto gran civilización que es destruida antes de la colonia es presentada por Ponce como pasado adecuado de lo nacional que pretendidamente no puede ser reclamado por ninguna particularidad específica, por lo tanto respondería de mejor manera al ideal mestizo de sobreponerse a las diferencias. Sin embargo, es de notar que entre las relecturas históricas con propósitos políticos, fue la de los movimientos indigenistas la más efectiva en lo que respecta a la apropiación de Tiwanaku. Que el presidente Morales haya sido posesionado en un acto de pueblos indígenas en Tiwanaku como centro ceremonial, muy aparte del acto oficial de posesión como presidente, es muestra de ello.

En suma, los vínculos entre el nacionalismo revolucionario y el mestizaje son más inciertos de lo que suele creerse. Aunque hoy por hoy el discurso del mestizaje marcha a tropezones, cabría tener presente que la asociación del mestizaje con la Revolución podría ser una forma secular de relectura de la misma. Relectura que sin duda no es invención del presente y que muestra un interés localizable de contraponerse a las lecturas indigenistas que circulan en el Estado plurinacional. Porque al final de cuentas para todos los involucrados, decir “la verdad” de la Revolución es modificar las fuerzas políticas del presente.

…. puesto que mediante comunicación escrita en el grupo “Mas ancho de banda para Bolivia” (1) se cuestionan las razones para que los bolivianos tengan el internet más lento del mundo y el más caro de Latinoamérica. Lo interesante son las respuestas y una de ellas preocupante, ya que revela la presencia de un cartel contrario al desarrollo de Bolivia.  En economía se denomina cartel a un acuerdo formal (o informal) entre empresas del mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado. Los cárteles suelen estar encaminados a desarrollar un control sobre la producción y la distribución de tal manera que mediante la colusión de las empresas que lo forman, estas forman una estructura de mercado monopolística, obteniendo un poder sobre el mercado en el cual obtienen los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores (2). 

En Bolivia, el cartel de telecomunicaciones muestra su presencia por sus efectos: la lentitud y el elevado costo de las conexiones a internet se debe (entre otras razones) a que las empresas nacionales que detentan la capacidad de interconexión internacional de internet fijan un elevado precio por esta conexión y el resto de las empresas que compran determinados volúmenes de internet trasladan este precio al usuario final, hecho que motivo la queja del Viceministro Flores, de Telecomunicaciones, quien decía “no puede ser que el costo de interconexión aumente todos los años, perjudicando a los usuarios” (3). 

Ante esta situación, la ley 164 de Telecomunicaciones y TICs obliga a las empresas a compartir infraestructura (redes de fibra óptica, antenas, etc), a la construcción de un punto de interconexión dentro del territorio local e incluso fija como estándar mínimo a la banda ancha como la velocidad 1 mbps, entre otras medidas; esto abarataría el acceso a internet y elevaría las velocidad de conexión de manera sustancial. Aunque hay que reconocer que esta norma favorable a los usuarios y al desarrollo de Bolivia, pueda ser combatida y rechazada por el cartel de las telecomunicaciones. 

Expuestas las razones, los individuos y grupos que promovemos la meta de que en el 2014, todos los hogares bolivianos tengan acceso a 1 mbps (como velocidad mínima) a un costo menor a 20 dólares, no podemos guardar un silencio cómplice ante la realidad mostrada en líneas precedentes, hay que empezar a cuestionar a las empresas, a las entidades reguladoras y a los políticos que permiten que el cartel de las telecomunicaciones siga operando en contra de los usuarios y el desarrollo de Bolivia. 

Mario R. Duran Chuquimia. Ciudadano boliviano, radicado en la ciudad de El Alto. 

Notas: 

(1) Más ancho de banda para Bolivia en Facebook. 

(2) Cartel, ver Wikipedia

(3) Viceministro de Telecomunicaciones Wilber Flores, alocución durante la presentación del proyecto de reglamento de la Ley 164 de Telecomunicaciones y TICs, 18 de Enero de 2012 en La Paz.