1. La ciudadanía no tuvo miedo de salir a votar a pesar del clima de violencia e inseguridad. La participación (82,26%) es la más alta en primera vuelta de las dos últimas décadas.

2. El correísmo sigue siendo la prioncipal identidad política del país. Y, por supuesto, este fenómeno tiene su correlato electoral. Cada vez que se vota en Ecuador, cualquier fórmula avalada por Rafael Correa siempre sale victoriosa en la primera vuelta. En esta ocasión, obtuvo casi el 34%; en el año 2021 casi el 33%, y en el año 2017, 39%.

3. No hay que extrapolar con tanto maniqueísmo el resultado de una elección regional a una elección presidencial. Hace pocos meses el correísmo ganó en las provincias más pobladas del país (Pichincha, Guayas, Manabí, etc.) y en las principales capitales (Quito, Guayaquil, etc.), pero hay que recordar que en esta instancia no existe la segunda vuelta. Y por tanto le fue suficiente alcanzar el 27% de voto válido a nivel nacional para este enorme éxito electoral.

4. Hay que tomarse en serio la idea de Democracia Spotify en países donde estamos ante un Estado Fallido y con alto grado de inestabilidad y fragmentación política. O sea: Ecuador. O Perú. En estos casos, un alto porcentaje del electorado no politizado cambia de candidato como de canción. Y seguramente esto explica que el segundo candidato más votado podría haber sido cualquiera. Este domingo le tocó a Noboa (el hijo del multimillonario Noboa). Si la elección hubiese sido el pasado domingo, tal vez habría sido Topic. Y si fuese la próxima semana, quizás, resultaría Zurita. Dicho de otro modo: no hay un candidato alternativo al correísmo con voto propio. Y lo mismo pasó en el año 2021: en esa ocasión fueron Yaku y Hervas, que sumaron 35%; esta vez, la suma de ambos no llega al 5%.

5. La campaña electoral explica parte del resultado, pero no su totalidad. En esta época de atajos y alta velocidad, se exagera el poder de la coyuntura y, en consecuencia, se eclipsan los surcos profundos. El Tik Tok jamás le ganará la batalla a la cotidianeidad.

6. La inseguridad importa muchísimo, perola ciudadanía ecuatoriana no optó por la vía Bukele. Topic solo logró el apoyo de uno de cada diez electores (pasado a voto válido, 14,67%). ¿Por qué? Seguramente porque tambiénimportan otros temas, como el empleo y salario, la educación y sanidad, las políticas sociales, etc.

7. El bloque indígena se quedó sin candidato; Yaku Pérez no llegó ni al 4% de los votos. Y a partir de ahora, Leonidas Iza, el presidente de la CONAIE, se queda como único líder sólido, con un papel protagónico hacia delante, tanto en lo electoral como en lo político.

8. A falta de resultados definitivos, la Asamblea Legislativa estará nuevamente atomizada. El correísmo será la primera mayoría (aproximadamente 50-55 curules de un total de 137). Y el resto, todos con muy poco. Por ejemplo, el partido de Noboa contará con una bancada muy débil (12).

9. Por último: de cara a la segunda vuelta, no todo es igual al 2021. Las principales diferencias son las siguientes: a) el correísmo podrá criticar al Gobierno de Lasso de cara a la ciudadanía de una de manera más eficaz de lo que pudo hacer con Lenín Moreno (porque éste era considerado por una parte de la población como ‘hijo’ de Correa); b) el correísmo cuenta con un poder institucional mayor ahora que antes (hoy gobierna prefecturas y capitales importantes); c) Luisa González es una candidata con una biografía muy diferente a la de Andrés Arauz; d) Noboa buscará confrontar más contra Lasso que contra el correísmo; e) estamos ante una disputa entre dos candidatos jóvenes (45 y 35 años) y; f) el contexto también ha cambiado: hay más violencia, más inseguridad, más pobreza, más narcotráfico, más hartazgo.

Alfredo Serrano Mancilla es director de Celag, doctor en Economía.

Cuando faltaban pocos días de las elecciones generales en Ecuador, el candidato Presidencial por el partido de derecha Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, fue asesinado luego de un mitin político en pleno centro norte de la capital de la República y en medio de la supuesta protección policial a su persona. Este asesinato alteró de forma radical el escenario político nacional y se convirtió en noticia de primera plana incluso a nivel mundial.

Este acto se suma a otros crímenes en contra de varios políticos y autoridades electas, así como la vorágine de sicariatos en contra toda la población, la delincuencia generalizada, los secuestros a ciudadanos, la generalización de las extorsiones, las masacres carcelarias y la presencia cada vez más constante del crimen organizado como un vector de la vida misma del país en los últimos años. En pocos años Ecuador pasó de ser un país relativamente tranquilo a ostentar los índices más altos de crímenes e inseguridad.

¿Cómo una sociedad que vivió de manera marginal esos problemas ahora devino en noticia mundial precisamente por la escalada de violencia en la que vive? ¿Qué factores o circunstancias deterioraron al país de tal manera que en apenas pocos años sus índices de criminalidad lo conviertan en una de las zonas más inseguras de la región y del mundo?

Hay, por supuesto, varias explicaciones, lecturas e interpretaciones sobre lo que sucede en el país; sin embargo, quizá sea necesaria una lectura desde la economía política y desde las categorías del marxismo para comprender y contextualizar la difícil situación que vive el Ecuador.

Una visión desde la economía política puede situar coordenadas históricas, estructurales y geopolíticas con mayor precisión y alcance. Para el efecto se propone una reflexión sobre la relación entre acumulación de capital y crimen organizado a partir de la categoría de lumpen-acumulación. Luego se analiza el contexto de la política económica al trasluz de los acuerdos que el país suscribió con el FMI. Con estos antecedentes se concluye en que la mezcla de neoliberalismo y lumpen-acumulación condujeron al país a una situación de Estado fallido.
La referencia al Estado fallido no está en sus formas, es decir, la incapacidad que tendría el Estado en asegurar sus funciones más vitales para sí mismo y sus ciudadanos, sino en su incapacidad para ejercer el monopolio legítimo de la violencia y procesar el conflicto social dentro del derecho y las instituciones. En el Estado fallido se cede la disputa sobre el monopolio legítimo de la violencia a la violencia ilegítima del crimen organizado.

Acumulación de capital y lumpen-acumulación: precisiones conceptuales

Para comprender mejor la relación entre lumpen-acumulación y patrones de acumulación es necesario situar con más rigor esos conceptos. Por patrón de acumulación de capital quiero expresar la forma general que establece, define y genera las condiciones de posibilidad para que los diferentes grupos de poder y grupos económicos sitúen la extracción de ganancia a través de modelos específicos de negocios.

En este caso particular, el patrón general de acumulación  está dado por la dolarización de la economía. Al tratarse de una moneda fuerte que es utilizada como unidad de cuenta del comercio mundial y que corresponde a la potencia imperialista más importante de la globalización, la dolarización se convierte en el marco general sobre el cual los grupos económicos sitúan y maximizan sus expectativas de ganancia.

La relación entre un patrón de acumulación con sus marcos normativos e institucionales lo denomino, en la línea de la escuela de la regulación, como régimen de regulación del patrón de acumulación. Es decir, los patrones de acumulación de capital necesitan de formas institucionales y marcos normativos sobre los cuales desarrollarse, consolidarse y expandirse.

En ese sentido, la dolarización obliga a crear marcos normativos y jurídicos para varias modalidades de extracción y maximización de la ganancia. El régimen de regulación de la dolarización supuso que el marco monetario e institucional de la dolarización sea manejado directamente por la banca privada y por los grupos financieros, mientras que, de su parte, el sistema de precios relativos y relacionados con la dolarización sea, a su vez, controlado y gestionado directamente por el capital corporativo dedicado a la distribución, comercialización e importación. De ahí en adelante, todos los demás grupos económicos pudieron desplegarse desde esas coordenadas previas.

El Estado fue excluido desde el inicio del manejo y control del marco monetario de la dolarización y de cualquier forma de regulación sobre el sistema de precios internos. Esto se radicaliza aún más con las reformas legales del año 2021 que definieron la independencia y autonomía del Banco Central y la prohibición, incluso, para que el Banco Central pueda adquirir bonos emitidos por el gobierno lo que condujo a que el gobierno solo pueda endeudarse en los mercados financieros internacionales de capitales y devino en la exclusión radical del Estado con respecto a su propio financiamiento.

Al momento, los grupos económicos más importantes que manejan esos marcos monetarios e institucionales de la dolarización corresponden a los bancos más grandes del país y los respectivos grupos económicos que los manejan; así, de una parte está el grupo económico Banco del Pichincha, liderado por Fidel Egas, que maneja cuatro grandes bancos (Banco del Pichincha, Banco Diners, Banco de Loja y Banco Rumiñahui) y más de cien fideicomisos y empresas; y,  el segundo grupo bancario más importante del país, es el grupo económico Banco de Guayaquil (Corporación MultiBG) liderado por Guillermo Lasso Mendoza y Danilo Carrera. Ambos grupos económicos poseían en activos, con datos del año 2020, correspondientes a un volumen que representaba el 25,14% del PIB del año 2020.

Si los bancos privados manejan y definen el marco monetario de la dolarización, en cambio los importadores, comercializadores y distribuidores controlan y gestionan, de su parte, todo el sistema de precios relativos de la economía. Ahí constan grupos económicos como el grupo La Favorita (perteneciente a la familia Wright), el grupo Eljuri (perteneciente a la familia del mismo nombre), el grupo Corporación El Rosado (perteneciente a la familia Czarninski), el Grupo Gerardo Ortiz e hijos, entre otros. En conjunto, los activos de estos cuatro grandes grupos económicos alcanzan un volumen que representaba el 12,73% del PIB del año 2020.

En virtud de que no existe control del Estado sobre los precios relativos, estos grupos económicos dedicados a la importación, comercialización y distribución tienen la posibilidad de imponer esos precios a la sociedad y, de esta forma, generar rentas.

Estos dos grandes polos de acumulación: bancos e importadores-comercializadores, desplazan a los tradicionales grupos de poder económico que, al menos en las décadas de los años ochenta y noventa del siglo pasado fueron hegemónicos y que sustentaban su poder, en cambio, en la agroexportación y en la capacidad de devaluar el tipo de cambio para generar rentas y maximizar su utilidad.

Por supuesto que existen otros grupos económicos, por ejemplo las empresas transnacionales dedicadas al extractivismo, o la conversión de los agroexportadores en agroindustrias o empresas constructoras y de servicios, farmacéuticas, industrias, medios de comunicación, universidades privadas, entre otros. Pero, en lo fundamental, el patrón de acumulación y el régimen de regulación se establecen desde estas dinámicas monetarias y de la gestión del sistema de precios. Estas definiciones nos permiten comprender, grosso modo, las formas del desarrollo del capitalismo y la acumulación de capital para el caso del Ecuador.

Lumpen-acumulación y crimen organizado

Ahora bien, el concepto de lumpen-acumulación que consta ya en la economía política clásica y fue retomado por el profesor André Gunder Frank para definir el manejo corrupto, corporativo y clientelar de la acumulación de capital de las elites latinoamericanas durante el periodo de la industrialización, ahora puede servirnos para precisar el giro de tuerca de esas prácticas corruptas hacia la incorporación del crimen organizado como parte fundamental del patrón de acumulación de capital y del régimen de regulación correspondiente.

Existe un dato importante que señala la integración del crimen organizado como parte del régimen de acumulación y es la presencia de un personaje clave, en este caso se trata de Danilo Carrera, quien habría actuado como interfaz directa entre la denominada “mafia albanesa” y los grupos de poder económico y, en lo fundamental, el grupo económico Banco de Guayaquil-Corporación MultiBG, liderado por Guillermo Lasso Mendoza quien, además, fuera electo Presidente del Ecuador en el año 2021, de acuerdo con la investigación realizada por la policía nacional del Ecuador en un informe policial denominado “León de Troya” y fue el fundamento para el tercer intento de juicio político y destitución al Presidente ecuatoriano Guillermo Lasso Mendoza por parte de la Asamblea Nacional en el año 2023.

Hay que recordar que para evitar este juicio político y la posterior investigación a Danilo Carrera por su vinculación con el crimen organizado, el presidente Guillermo Lasso decretó la denominada muerte cruzada que disolvió la Asamblea y  adelantó las elecciones generales.

Entonces, si la dolarización es el marco estructurante del patrón de acumulación del capital en el Ecuador y si el régimen de regulación impedía que el Estado asuma un rol directo en la definición de los marcos monetarios e institucionales de la dolarización así como del sistema de precios relativos, y si se abrieron las compuertas para que el crimen organizado pueda utilizar el sistema monetario del país, con una moneda tan importante como el dólar americano, es evidente que los flujos financieros del crimen organizado se imbricaron con el sistema monetario de dolarización y que esta imbricación supone una integración del crimen organizado con las estructuras más importantes de la acumulación de capital y del régimen de regulación.

Si esto es así, entonces el crimen organizado necesita no solo asegurar sus canales con el sistema monetario de dolarización y sus marcos institucionales sino que también necesita de espacios de control político e institucional para proteger sus recursos financieros y su modelo de negocios.

A esta integración articulada del patrón de acumulación de capital y su régimen de regulación con el crimen organizado, con la connivencia de las elites que les otorgaron el espacio político e institucional para actuar, lo denomino lumpen-acumulación. 

En ese sentido, es necesario distinguirlo y separarlo, al menos analíticamente, de comportamientos más tradicionales de la lumpen-acumulación y que estaban relacionados más con la corrupción y prácticas corporativas y patrimoniales, porque esta vez la incorporación del crimen organizado a los patrones de acumulación de capital y su régimen de regulación requiere que estos grupos criminales entren directamente al Estado; es decir, si el régimen de regulación de la acumulación de capital da forma a las relaciones políticas e institucionales de una sociedad y si esta vez la connivencia de las elites permitió la entrada del crimen organizado a las dinámicas de la acumulación de capital, es de suponer que el crimen organizado reclame para sí esas formas de control de sus propios flujos monetarios a partir de una especie de pliegue del Estado hacia la lumpen-acumulación del crimen organizado.

Anomia y Estado fallido

¿Qué significa esto? ¿Qué supone e implica? Que el crimen organizado reclama y exige que el Estado decline su monopolio a la violencia legítima a su favor. Esto quiere decir que el crimen organizado requiere de la a-nomia como condición de posibilidad y garantía de existencia. En la anomia no hay nomos social (es decir, leyes y normas) y la contractualidad desciende a su grado cero. La anomia provoca no solo la pérdida de normatividad para la regulación de la vida social sino que también garantiza la impunidad, y esa es la condición de existencia del crimen organizado: asegurar su propia impunidad a través del control directo de la justicia y, sobre todo, la policía.

Para el crimen organizado, garantizar la impunidad representa uno de sus costos de transacción más altos de su modelo de negocios. Poner en su nómina a jueces, fiscales y policías representa, para ellos, un costo elevado. Pero lo hacen porque saben que forma parte de su modelo de negocios en virtud de que operan por fuera de la ley.

Pero si por diferentes circunstancias pueden maximizar sus posiciones dentro del Estado y expandir las áreas de impunidad a más bajo costo,  es decir, reducir sus costos de transacción, entonces por supuesto que lo harán y lo hacen a partir del uso de la violencia ilegítima y la cooptación del Estado. Para el crimen organizado la violencia ilegítima es una praxis de su propia forma de comprender la política y actuar sobre la sociedad al tiempo que resuelve de forma concomitante sus problemas de costos de transacción y competencia y acuerdos colusorios de mercado.

Denomino como violencia ilegítima a ese exceso de violencia que implica brutalidad y pérdida de toda consideración ética y moral, que es utilizada con propósitos de generar una heurística del terror y miedo, de tal manera que esa heurística les permita, a quienes ejercen la violencia ilegítima, maximizar su poder, amedrentar a sus opositores, someter a la sociedad y disputar al Estado el monopolio de la violencia legítima.

La violencia ilegítima utiliza el terror y la crueldad como marco heurístico desde el cual imponer sus condiciones a la sociedad y, así, mantener sus modelos de negocios y reducir al mínimo sus costos de transacción. La crueldad que exhibe el crimen organizado es pura heurística del miedo. Es su forma de provocar anomia e impunidad. Es su manera de poner contra las cuerdas a la sociedad y sus instituciones.

No es necesario, teóricamente al menos, ese exceso de violencia y brutalidad que ejerce el crimen organizado para mantener en orden su modelo de negocios. Pero acuden al exceso  de violencia justamente para realizar un efecto demostración de lo que pueden ser capaces y para amedrentar tanto a sus competidores cuanto a toda la sociedad. La violencia ilegítima del crimen organizado, en efecto, siempre procede desde la lógica del exceso y del efecto demostración. La interpretación y reacción más inmediata ante ese exceso es evidente:  es el miedo y el repliegue. Ante tanta violencia y sin posibilidad alguna de defensa no hay otra opción. El miedo más primario es el recurso de su poder más inmediato.

Generalmente los Estados se defienden de esa anomia y de esa heurística del miedo de la violencia ilegítima del crimen organizado a través de sus instituciones, en especial, su sistema de justicia y la policía. Pero si estas instituciones son permeadas por el crimen organizado entonces la sociedad no tiene una línea de defensa contra esta heurística del miedo del crimen organizado. Cuando eso se produce entonces falla el contrato social, fallan las instituciones, falla el derecho, falla el Estado. Los Estados se convierten en una especie de ciudad Gótica, en donde la última línea de defensa no está en las instituciones que han sido permeadas y cooptadas por el crimen organizado, sino por un factor exógeno a ellas. El imaginario de Hollywood lo representa, generalmente, en los superhéroes.

Se genera un Estado fallido porque esta vez el Estado no puede ejercer el monopolio legítimo de la violencia y resolver la conflictividad social dentro del derecho y las instituciones. Es el crimen organizado quien disputa ese monopolio legítimo de la violencia y el Estado no puede defender a su sociedad porque la última línea de defensa entre la sociedad y el crimen organizado, vale decir la justicia y la policía, ha sido permeada y cooptada por ese crimen organizado.

¿Cómo se llegó hasta ahí? ¿De qué forma la lumpen-acumulación implicó también al Estado fallido? ¿Por qué fue tan fácil para el crimen organizado permear el Estado y provocar el derrumbe de las instituciones? Porque la lumpen-acumulación coincide con otro proceso correlativo: el programa de consolidación fiscal y de reforma estructural del FMI y del Banco Mundial.

Estado fallido y neoliberalismo

En marzo del año 2019 no había ninguna razón macroeconómica para que el Ecuador suscriba un programa económico con el FMI bajo el nombre de Servicio Financiero Ampliado. Todos los indicadores económicos del país estaban relativamente bien: crecimiento económico, bajos niveles de deuda pública, baja inflación, bajo desempleo, descenso de los indicadores de pobreza, entre otros. Sin embargo, el FMI y las elites decidieron que era momento de empezar un duro programa de ajuste con un amplio paquete de reformas estructurales.

Se puso el contador a cero en materia de inversión pública. Se realizaron agresivos recortes presupuestarios en áreas clave como salud, educación, inclusión  social y administración de justicia. Se eliminaron subsidios y se pretendió poner los precios de las gasolinas a niveles internacionales, en un país que es productor de petróleo y de gasolinas. Se pretendió borrar todas las conquistas laborales y dejar en cero los derechos de los trabajadores bajo el pretexto de la competitividad.

En esa línea, se eliminaron empresas públicas, por ejemplo el Ecuador es uno de los pocos países del mundo que no tienen instituciones públicas para los correos. Se iniciaron, asimismo, los procesos para la privatización de la seguridad social, entre otros.

Las reformas estructurales que impusieron el FMI y el Banco Mundial alteraron la Constitución sin cumplir con los protocolos y normas establecidas para ello. Se aprobó la independencia y autonomía del Banco Central en clara contradicción con disposiciones expresas de la Constitución que lo prohibían. Se impidió que el Banco Central pueda adquirir bonos emitidos por el gobierno central. Se afectó la autonomía de las empresas públicas, la seguridad social y de los gobiernos autónomos descentralizados. Se alteraron las reservas internacionales para convertirlas en garantes de depósitos y transferencias de los bancos privados. Se intervino sobre el proceso de compras públicas para convertirla en verdadero viacrucis y, de esa forma, evitar todo gasto fiscal. En fin, fue una intervención en toda la estructura institucional del Estado que se hizo en contra de la Constitución y todo el ordenamiento jurídico del país. Se vivió una especie de realidad paralela entre lo que establecía la Constitución, el ordenamiento jurídico y la arquitectura institucional existente y las imposiciones del FMI y del Banco Mundial que iban en contrasentido de ese orden legal e institucional existente.

Esta contradicción supuso un choque que debilitó las instituciones. En poco tiempo, las instituciones existentes no podían cumplir con sus obligaciones legales porque no tenían los recursos para hacerlo y porque habían nuevas normativas que contradecían lo que ellas hacían. El retroceso social y económico fue evidente. El desempleo creció y con él la pobreza. La economía entró en recesión. Las instituciones empezaron a colapsar. El sistema de justicia se quedó con recursos mínimos. El sistema de rehabilitación penitenciaria, por ejemplo, tuvo que reducir al mínimo el número de guardias penitenciarios y suspendió todos los programas de rehabilitación social. El sistema de aduanas redujo su personal de control al mínimo porque las políticas de austeridad fiscal le obligaron a ello y ello provocó el auge del contrabando y convirtió al país en puerto seguro para la exportación de drogas. Los sistemas de radares que existían para evitar el uso de pistas clandestinas para el contrabando y el narcotráfico, fueron desmantelados. Se redujeron al mínimo y se eliminaron varios proyectos de inversión para seguridad ciudadana por parte de la policía nacional, entre otros aspectos.

La sociedad se rebeló en contra de ese programa recesivo y empobrecedor. Las movilizaciones sociales fueron potentes en octubre del año 2019 y en junio de 2022, pero eso no supuso que las elites alteren la trayectoria neoliberal que habían asumido. En el periodo 2019-2023 radicalizaron el ajuste económico y cumplieron a rajatabla todas las condicionalidades impuestas por el FMI y el Banco Mundial.

Fue el mejor escenario para la lumpen-acumulación y su escalada en la heurística del miedo. Esta vez no solo que tenían una puerta de entrada directa hacia el poder político gracias a Danilo Carrera y Guillermo Lasso sino que el Estado ya no podía hacerles frente porque las políticas de austeridad les habían quitado a las instituciones los recursos para hacerlo. Las instituciones públicas estaban demoliéndose a un ritmo cada vez más intenso y la sociedad estaba sometida a un radical programa de ajuste estructural que la dejaba indefensa y débil.

El FMI y el Banco Mundial debilitaron al Estado en pleno contexto de la lumpen-acumulación y permitieron que el crimen organizado pueda cooptar a la línea de defensa que la sociedad tenía para protegerse de esa violencia ilegítima del crimen organizado. Actuaron en conjunto y de forma sincronizada en la demolición del Estado.

Las primeras evidencias que el país entraba en una deriva nueva y que ameritaba una intervención radical del Estado para contener la violencia del crimen organizado fueron las primeras masacres carcelarias que se produjeron en la transición entre el gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso en los años 2021-2022. Esas masacres carcelarias eran la forma de resolución de las disputas entre los diferentes grupos del crimen organizado desde la violencia ilegítima y la heurística del terror, pero eran ya una advertencia de lo que advenía a la sociedad.

En esa coyuntura, el Estado no tuvo los recursos ni financieros, ni institucionales para resolver esos conflictos, porque el FMI le había atado de pies y manos. Habían recursos económicos, pero fue imposible gastarlos porque el FMI había diseñado un esquema en virtud del cual se producían ahorros fiscales forzosos para alimentar las reservas internacionales que, a su vez, servían de amortiguador para los bancos privados. Cuando se produjeron esas masacres carcelarias y se advertía la amenaza para toda la sociedad que supondría no resolverlas a tiempo, el gobierno de Guillermo Lasso miró para otro lado y siguió adelante con el programa de ajuste, privatización y desmantelamiento de las instituciones públicas, y Danilo Carrera, según la información de la policía del Ecuador, fortalecía sus nexos y sus negocios con el crimen organizado.

El gobierno de Lenin Moreno en su momento y, posteriormente, de Guillermo Lasso, con su desidia e indiferencia, demostraron que no tenían ninguna intención de resolver esos problemas entre mafias y grupos del crimen organizado porque, de una parte estaban comprometidos con el FMI y el Banco Mundial en las políticas de austeridad que, a la larga, fortalecía la posición de los grupos económicos más hegemónicos; y, por otra, durante el gobierno de Guillermo Lasso se habían abierto las compuertas para el ingreso del crimen organizado al Estado. Fue de esta forma como, en poco tiempo, el país devino en un Estado Fallido.

Sin el FMI y el Banco Mundial y el programa económico de austeridad, quizá el país habría tenido más margen de acción para frenar al crimen organizado y fortalecer sus líneas de defensa. Pero el momento en el que las elites están imbricadas con el crimen organizado, entonces la sociedad está en riesgo.

Fue esto lo que se advirtió desde la llegada de Guillermo Lasso al poder en el año 2021. Apenas electo, la Asamblea intentó destituirlo a través de un juicio político que demostraba su participación en fideicomisos en paraísos fiscales, algo que las leyes castigaban con la destitución del cargo. Empero, este intento de juicio político fracasó, entre otros aspectos, por la connivencia de varios sectores políticos, entre ellos la representación política enquistada en el movimiento Pachakutik y captada por el gobierno, el tradicional partido social cristiano, la Izquierda Democrática, entre otros.

Al año siguiente, 2022, se intentará nuevamente la destitución de Guillermo Lasso pero también fracasará por la confluencia de varios sectores para defenderlo. Uno de los actores claves en la defensa de Guillermo Lasso y que pudo bloquear los intentos para destituirlo, fue el entonces Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio.

Una conclusión provisional

La lumpen-acumulación quizá sea un procedimiento rutinario pero en el caso del Ecuador alcanza cotas máximas porque permite la integración del crimen organizado dentro del Estado. Sin embargo, la acumulación de capital es un proceso dialéctico, es decir, expresa y resuelve las contradicciones históricas de una sociedad. No hay acumulación de capital ni régimen de regulación de esta acumulación sin lucha de clases, y la lucha de clases es la forma por la cual se expresa el conflicto político en las sociedades modernas. Gracias al filósofo marxista Antonio Gramsci, ahora sabemos que uno de los elementos centrales de esa lucha de clases y de ese régimen de regulación de la acumulación es la hegemonía, como la capacidad de crear universos simbólicos sobre la estructura del mundo y de la realidad para permitir la dominación política con el consenso de los explotados.

Ahora bien, en el Ecuador, el principal antagonista de la acumulación de capital no es la clase obrera, sino el movimiento social y popular cuya centro de gravedad está en el movimiento indígena. Gracias al movimiento indígena se han podido frenar algunas de las derivas más agresivas de la acumulación del capital y de su régimen de regulación, como la privatización de la seguridad social, la eliminación de subsidios a los combustibles, la desarticulación de instituciones claves, entre otras. Gracias también al movimiento indígena se han logrado crear marcos constitucionales y legales que defienden a la sociedad de las consecuencias del régimen de regulación de la acumulación de capital y del neoliberalismo.

Sin embargo, puede observarse que, quizá de forma paradójica, la deconstrucción de las capacidades de movilización del movimiento social y popular se producen y amplifican cuando la sociedad entra en momentos electorales. En vez de que esos momentos de elecciones se constituyan en circunstancias estratégicas para que la lucha social avance y para que se detenga esta deriva de lumpen-acumulación, más bien sucede lo contrario. Las elecciones confrontan al movimiento social y popular contra sí mismo e impiden que puedan convertirse, en esos momentos, en polos contrahegemónicos.

Así, las elecciones tienen la virtud de suspender momentáneamente la lucha de clases y crear escenarios políticos que eluden las definiciones más importantes y estratégicas sobre las derivas de la acumulación de capital. Eso no descalifica a las elecciones, sino más bien a la incapacidad que tendrían los movimientos sociales y populares por convertirlas en mecanismos de contrahegemonía y de defensa de la sociedad. En todo caso, el gobierno de Guillermo Lasso, acorralado por la contundencia de las acusaciones en su contra por las evidencias de la lumpen-acumulación, y ante una destitución inminente por parte de la Asamblea Nacional, procedió a disolver la Asamblea y convocar a elecciones generales anticipadas para completar su periodo.

Pero esa jugada política no resuelve los graves problemas de la lumpen-acumulación y del Estado fallido. Una de las tareas políticas más importantes del movimiento social y popular debería ser, precisamente, la reconstrucción del Estado y la defensa de la sociedad. Para ello se necesita que el movimiento social se pronuncie y articule una lucha social contra el programa económico del FMI. Que inscriba dentro del debate político que fueron precisamente las condicionalidades económicas del FMI y del Banco Mundial las que llevaron al Estado fallido y que la reconstrucción del Estado implica, supone y exige el fortalecimiento de las instituciones, entre ellas la justicia y la policía, como formas de restaurar esas líneas de defensa a la sociedad que el neoliberalismo dinamitó.

            Es lo que pasa en todas las campañas electorales: hacen promesas que, en muchos casos, no se cumplirán. “¡No venden humo!” porque estas promesas, en la mayoría de los casos no se pueden cumplir. El desafío es discernir ‘cuándo nos venden humo y cuando no’. El caso del actual gobierno es patente. Nunca se había visto hasta ahora un gobierno que, sistemáticamente, no haga obras sociales: Ni se utiliza el presupuesto asignado porque el ministro de Economía no lo entrega. ¿Por qué motivo se da esto? Es muy sencillo: En nuestro país, se está aplicando estrictamente el sistema neoliberal y para eso el gobierno obedece a las orientaciones del FMI (Fondo Monetario Internacional). El FMI hace o ha hecho préstamos y exige que se pagan sin ningún retraso. Entonces se guarda el dinero en reserva para que se pague a tiempo los intereses de las deudas contraídas.

            Pero el gobierno, apoyado irrestrictamente por los grandes medios de comunicación y por la represión policial y militar, no es el único culpable. Mucha gente está creyendo ciegamente que ‘la política es sucia’ y que no tenemos que meternos en ella… Es justamente lo que quieren el gobierno y los partidos políticos que lo apoyan o que quieren alcanzar el poder y continuar con el sistema neoliberal. Así nos van engañando, nos van manipulan, nos van ‘vendiendo humo’ … para seguir gobernándonos para el beneficio de ellos y a costa nuestra.

            ‘Nos venden humo’ todos los candidatos que apoyan el sistema neoliberal porque es un sistema construido por los grandes ricos para conservar su capacidad de acumular riquezas sin límite. Por eso también quieren que no nos interesemos en la política afín que ellos sigan sin problemas siendo cada vez más ricos. Tradicionalmente la jerarquía católica y el clero en general han estado ligados a los ricos y a sus gobiernos, y han utilizado la religión y el púlpito para machacar que ‘los cristianos no se deben meter en política’ … aunque sin nunca explicar por qué motivos, explicándonos que Jesús y la fe en él son exclusivamente relacionados a lo espiritual, al cielo y a la salvación después de la muerte.

            En la Iglesia católica, las cosas han comenzado a cambiar con el Concilio Vaticano 2°, esta reunión de unos 1,400 obispos de todo el planeta, convocado por el papa Juan 23 en 1961 para actualizar el pensamiento y la misión de la Iglesia. Esta reunión tuvo 4 sesiones en los años 1962 a 1965. La gran novedad fue la invitación a regresar a la persona de Jesús, su vida, su mensaje y su misión al servicio del Reino. La Iglesia debe ser un testimonio colectivo de la vida, del mensaje y de la misión de Jesús…. Dijo el Concilio que la primera misión de la Iglesia era la de Jesús, es decir, la construcción del Reino, o sea de la fraternidad y que no hay fraternidad sin igualdad. ¡Menudo compromiso que todavía no ha sida captado por un número significativo de obispos, sacerdotes y laicos! En el Concilio lo obispos dijeron que la Iglesia era ‘Pueblo de Dios’ y no solo jerarquía o clero. Además afirmaron que el Pueblo de Dios en su conjunto tenían un ‘sentido correcto de la fe’ que debía ser escuchado y asumido por la jerarquía.

            Resumiéndolo, diremos que su mensaje principal fue: “Seamos una Iglesia pobre y servidora a la manera de Jesús”. Reapareció la importancia de todos los bautizados para reconocer lo que nos decía Dios y Jesús en los tiempos actuales para hacer presentes el Reino de Dios en la vida cotidiana, social, económica y política. El Concilio, que es la máxima autoridad en la Iglesia católica, proclamó que la Iglesia en general estaba al servicio del Reino, o sea, de la humanización de las personas y de la fraternidad universal. Eso era su primer servicio, imitando a Jesús.

            La novedad de estos tiempos es el testimonio del papa Francisco que nos invita a volver al Concilio Vaticano 2°, continuar sus orientaciones y actualizar sus intuiciones: Ser servidores del Reino y conformarnos en una pobreza que es solidaridad con los pobreza y eliminación de la miseria. Por eso ha lanzado en gran proyecto de la ‘sinodalidad’. La sinodalidad quiere ser un regreso a las fuentes del cristianismo, un volver a Jesús y a su misión del Reino, un seguimiento de las prácticas de las primeras Comunidades cristianas. El bautismo es el gran motivador de estas opciones porque nos hace a todos iguales e igualmente responsables, porque hemos sido marcado por la unción del crisma que nos hace a todos ‘profetas, sacerdotes y reyes-pastores’.

            Esta renovación eclesial nos plantea enfrentar el compromiso político de nuestra fe. Si la política es fundamentalmente el servicio de bien común para el bienestar de todas y todos, es también el compromoso de todos los ciudadanos, en particular de los cristianos que son, según la palabra de Jesús, “sal, luz y fermento” de un mundo nuevo conforme a los valores del Reino: la hermandad universal.

            En nuestro Ecuador mayoritariamente cristiano, si seguimos la manera de vivir de Jesús, su mensaje y su misión al servicio del Reino, como también el testimonio de las primeras Comunidades cristianas, estaríamos mucho más empeñados a comprometernos por la fraternidad sin frontera, la superación de la miseria, la lucha contra las desigualdades, la defensa de los derechos humanos… Todos estos compromisos están íntimamente relacionados con una política al servicio del bienestar de todos… De esta manera, los gobiernos neoliberales y los malos políticos no se dedicarían a “vendernos humo” con tanta facilidad.

Pedro Pierre: Sacerdote diocesano francés, acompaña las Comunidades Eclesiales de Base (CEB ) urbanas y campesinas de Ecuador, país adonde llegó en 1976.

De acuerdo al artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, el primer mandatario puede echar mano a la muerte cruzada por una sola vez y sólo en los tres primeros años de su gobierno, por tres razones: si estima que la Asamblea Legislativa se involucró en funciones que no le corresponden, si obstaculiza el Plan Nacional de Desarrollo o si existe una grave crisis política y conmoción interna.

Lasso proclamó la conmoción interna para liquidar un Congreso opositor a su administración, tras iniciar un juicio político en su contra por corrupción y malversación de recursos públicos. El mandatario no finalizó un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supone un daño multimillonario al fisco.

En el centro del mundo, abajo y a la izquierda, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es la fuerza social más dinámica y protagónica del movimiento popular del país. Su lucha por una sociedad donde la reciprocidad entre humanidad y naturaleza, bien común y término de toda opresión predominen en las relaciones sociales del país latinoamericano, han llevado a esta agrupación a adelantar fortísimas protestas sociales desde hace años.

Uno de sus dirigentes nacionales es Floresmilo Simbaña, quien explicó que, «el gobierno lanzó la muerte cruzada como una salida obligada ya que había buenas posibilidades para que Lasso fuera destituido y prefirió utilizar el mecanismo ‘jurídico’ de gobernar sin los contrapesos propios de un Estado de derecho», y agregó que Lasso, «más que un plan de gobierno, lo que tiene son objetivos concretos: cambiar algunas normas, sobre todo en el sector financiero e inversiones internacionales, que es lo que realmente hizo en estos dos años de mandato. Ahora se va a dedicar a abrir las privatizaciones de algunos sectores públicos rentables».

– Además de los de siempre, ¿quién gana con esta estrategia de Lasso?

Floresmilo Simbaña: «Los más beneficiados son los correístas, pues supieron manejar mejor el discurso público y la denominada ‘política real’, pues a lo largo de todo este periodo estuvo negociando con el gobierno, luego con los partidos de derecha, y después con la Conaie (esto para cosas extremadamente puntuales, pero de largo alcance como el primer intento de destitución del presidente Lasso). Ahora bien, a los correístas no les interesa ningún tipo de acuerdo con otros sectores de izquierda. De hecho, quieren aparecer como la única izquierda ecuatoriana. Hacen anuncios de querer alianzas electorales con Pachakutik y la Conaie, pero esa táctica es meramente propagandística. En la realidad, no se realiza ningún intento concreto para efectivizar esas alianzas. Así también, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik está en un momento bastante paradójico: vive su periodo de mayor éxito electoral, pero al mismo tiempo su peor crisis política. Esperemos que por lo menos tengan la capacidad para presentar una buena propuesta electoral».

Por su parte, la lideresa indígena del pueblo nación kichwa-otavalo, Blanca Chancosa, también dirigente de la Conaie, planteó que, «desde un comienzo el gobierno de Lasso ha sido ilegítimo y llegó a la presidencia a través de fraudes electorales. Se trata de una administración que no ha ofrecido seguridad a la ciudadanía ecuatoriana y donde han ocurrido espantosas masacres en los penales, donde cientos de personas han sido asesinadas», y añadió que, «cada vez más vemos cómo se multiplica la gente sin trabajo y la pobreza. La gota que rebalsó el vaso fue su decreto para que la población pueda armarse libremente, cuestión que nos tiene tremendamente preocupados.»

– También está la corrupción…

Blanca Chancosa: «Desde hace un par de años se conoció públicamente el involucramiento del gobierno en el llamado Pandora Papers, pero Lasso se resistió a comparecer a la Asamblea. De esta manera, el presidente viene arrastrando con mentiras y engaños a la población.»

– Tú haces parte de La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari)…

Blanca Chancosa: «Sí. Y en una declaración colectiva y pública expresamos que el gobierno del señor Lasso, en lugar de solucionar los graves problemas económicos y sociales que afectan a la mayoría de la población, opta por mantenerse en el poder y gobernar vía decretos ejecutivos que sólo beneficiarán a los sectores empresariales y financieros del país. Por eso llamamos a las organizaciones de base, al campo popular y a la izquierda, a mantener la unidad organizativa y programática para enfrentar con firmeza la dictadura neoliberal que se viene».

De igual modo, el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL) se refirió a la coyuntura ecuatoriana, indicando que, «El ahora dictador (Guillermo Lasso), conocía las irregularidades en dichos contratos y sin embargo los permitió, puesto que se había construido toda una red de corrupción donde estaban involucrados agentes del crimen organizado albanés que habían financiado su campaña presidencial, a cambio de participación en empresas públicas».

El MGTL precisó que lo que está ocurriendo, «genera muchas preocupaciones al pueblo ecuatoriano, más allá de no existir ninguna ‘Grave conmoción interna’. Así, Lasso anunció un decreto por el cual se permite el uso de la fuerza letal contra toda actividad que se considere “terrorista”, quedando la calificación del delito a criterio de la policía y las FFAA, y legalizando además el libre porte de armas, lo que implanta un escenario que avala las abiertas violaciones a los DDHH en el Ecuador y a la criminalización de la lucha social».

– ¿Por qué estos decretos? 

MGTL: «Porque el régimen, ahora dictatorial, ha notificado que las leyes que pasarán por decreto son aquellas económicas que contienen toda la receta liberal, es decir, eliminación de subsidios, privatización de la salud y la educación, privatización de la seguridad social, apertura de Zonas Francas y precarización laboral. Las tributarias que implican la eliminación de impuestos para las grandes empresas y las leyes que permitan la explotación minera a gran escala. Es decir, se piensa pasar por decreto las principales leyes que afectarían al pueblo, a los trabajadores y a las comunidades indígenas del país».

El MGTL alertó a la comunidad, advirtiendo «que la dictadura impuesta por Lasso, busca establecer el paquete económico liberal y neoliberal, a través de leyes que permiten la violación sistemática de los derechos humanos y la criminalización de la lucha social. Hacemos un llamado a la vigilancia internacional de este proceso, en primer lugar para que Lasso no busque eternizarse en el poder como dictador y se haga efectivo el llamado a elecciones. En segundo lugar, para no permitir la implantación del recetario liberal y neoliberal que se ha demostrado que afectaría gravemente la vida de los trabajadores y los pueblos del Ecuador, y finalmente sobre las graves violaciones a los DDHH que se vienen dando en el país, como son las masacres penitenciarias que han dejado un saldo de más de 400 personas privadas de libertad asesinadas en manos del Estado; las más de 4 mil personas asesinadas por la violencia entre bandas en el Ecuador; las detenciones y asesinatos producidos por parte de la policía y el Estado en el Paro de 2022; y la detención y prisión política de los militantes del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, de los cuales tres compañeros han sido condenados en la más grave violación de los DDHH del siglo XXI y en las condenas más altas a integrantes de la izquierda en la historia nacional, con 16, 13 y 5 años 4 meses, a los que fueron sentenciados: Omar Campoverde, Carlos Carguachi y Gabriela Gallardo. respectivamente».

*La imagen es una composición del autor de la nota

¿Cómo se llegó a este escenario? La “muerte cruzada”, que se promulga por vez primera desde que se aprobó la Constitución de 2008, es el resultado del impasse radical entre el Ejecutivo y el Legislativo y que continúa una serie de confrontaciones que se dieron desde su primer año de gobierno.
Pandora Papers y el primer intento de destitución a Guillermo Lasso
En efecto, en noviembre del año 2021, apenas a pocos meses de posesionado el Presidente Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional, con base a la información del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que publicó los denominados “Pandora Papers”, inició un proceso de fiscalización al Presidente Guillermo Lasso por cuanto existía información confirmada que poseía fideicomisos en paraísos fiscales, lo que es prohibido por la ley para ejercer cualquier cargo público.

Es de recordar que Guillermo Lasso Mendoza es el principal accionista del Grupo Económico Banco de Guayaquil y que él con su familia directa controlan más del ochenta y cinco por ciento de las acciones de las empresas de este grupo económico, entre ellas el Banco de Guayaquil (el segundo banco privado más importante del país) y varias off shore.
La propiedad de varios trust o fideicomisos a nombre suyo y de su familia fue, esta vez, ampliamente documentada y la conclusión era evidente: el Presidente Lasso debía ser destituido por incumplir la ley que prohíbe a los funcionarios públicos de elección popular tener fideicomisos en paraísos fiscales; a pesar de ello, la Asamblea Nacional, en esa oportunidad, no pudo conseguir los votos suficientes para destituirlo y pudo salvarse gracias al apoyo político irrestricto recibido, entre otros movimientos políticos, por parte del partido de derechas y con base en la ciudad de Guayaquil, el Partido Social Cristiano.

La radicalización del ajuste neoliberal, las movilizaciones sociales y los diálogos con el movimiento indígenas

En el año 2022, Guillermo Lasso Mendoza puso el pie en el acelerador de las reformas neoliberales a la economía acordadas con el FMI desde el año 2019. Esas reformas implicaban la reducción radical del Estado a un extremo de poner el contador a cero en inversión pública, además de reformas al sector energético para debilitar la empresa pública y crear un mercado energético con actores privados. Aunque su primer intento de reformas laborales que incluían la privatización de la seguridad social, fue negado por la Asamblea en el último trimestre del año 2021, pudo, finalmente, conseguir apoyos en la Asamblea Nacional para sancionar leyes claves que el FMI exigía que se aprueben, entre los apoyos parlamentarios que el régimen tuvo consta aquel del movimiento del ex presidente Rafael Correa, para aprobar una reforma fiscal que golpeaba duramente a las clases medias.

Empero, la gota que derramó el vaso del descontento social fueron sus varios decretos ejecutivos que liberaban el precio de los combustibles. Fue esto lo que llevó a las organizaciones indígenas del país encabezadas por la CONAIE, a una movilización nacional el mes de junio del año 2022 que se extendió por 18 días y que logró arrancar del gobierno un Decreto Ejecutivo de congelamiento del precio de los combustibles y le obligó a discutir y negociar un amplio abanico de políticas públicas directamente con las organizaciones indígenas en el proceso de Diálogo por la Paz producto de la suscripción de un Acta por la Paz suscrita a fines de junio de 2022 y que tuvo a la Iglesia Católica como mediador.

Esos procesos de diálogo, finalmente, no llevaron a ninguna parte que no sea el congelamiento de la capacidad de movilización social de las organizaciones indígenas. Durante todo el segundo semestre del año 2022, las organizaciones indígenas se concentraron en los diálogos con el gobierno y suspendieron todo tipo de presión social. En ese enclaustramiento, las organizaciones indígenas ni siquiera comunicaron al país sobre los avances reales de ese proceso de diálogo con el gobierno salvo esporádicas declaraciones. A través de esta maniobra política, el gobierno pudo desarmar la capacidad de movilización de las organizaciones indígenas y encerrarlas en los laberintos burocráticos y administrativos de las políticas públicas.

Gracias a esta trampa que inmovilizó a las organizaciones indígenas, el gobierno de Lasso pudo tener el respiro suficiente para articular y poner en marcha una consulta popular con el objetivo de abrir un espacio político en medio de la oposición parlamentaria y la movilización social. Mientras las organizaciones indígenas se perdían tratando de descifrar los arcanos burocráticos de las políticas públicas en medio del desierto del diálogo político con el régimen, el gobierno propuso una consulta popular con preguntas tan amañadas que el régimen pensó que era imposible perder. A través de esta maniobra se quería recuperar la gobernabilidad perdida. La consulta popular: una derrota estratégica al gobierno de Lasso.

El gobierno sabía del sentimiento antipolítico de la población y, con esta información, el gobierno de Lasso planteó ocho preguntas que tenían como objetivo reducir el margen de maniobra de la Asamblea Nacional, intervenir de forma directa sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una instancia clave para el nombramiento de Contralor, Defensor público, Fiscalía y entidades de control, reducir el número de asambleístas, crear un mercado de servicios ambientales para productos financieros derivados en los mercados financieros de carbono (una nueva línea de negocio para su propio banco, el Banco de Guayaquil), entre otros temas.

Hasta el día de la consulta popular y referéndum las encuestas daban al gobierno como ganador y, además, con amplio margen. Era un escenario en el cual el gobierno había recuperado la iniciativa política mientras había enclaustrado a las organizaciones indígenas en el diálogo para evitar que retomen la movilización. La neutralización a las organizaciones indígenas implicaba separarlas como sujetos dirimentes en la convocatoria a la consulta popular. Gracias al diálogo se había limpiado el escenario para posicionar la consulta popular.

Las dirigencias indígenas, quizá porque querían expresar a la sociedad su apego a la democracia, al diálogo y a la institucionalidad, ante una feroz campaña de satanización en su contra por parte de los grandes medios de comunicación, cedieron espacios y se sumergieron en el simulacro del diálogo y, de esta manera, se sacrificaron políticamente. Fue precisamente por ello que el gobierno pudo situar la consulta popular con temas que nada tenían que ver con aquello que se discutía y debatía en las mesas de diálogo con las organizaciones indígenas, pero que le permitían al gobierno ganar espacios políticos claves para posicionar sus reformas neoliberales y sus dinámicas de lumpen-acumulación.

Así, la consulta popular le permitía al gobierno recuperar la iniciativa política que había sido lesionada por las movilizaciones sociales y, si ganaba en la consulta popular, podía derrotar, en una misma jugada, tanto al movimiento indígena cuanto a la oposición parlamentaria.

Sin embargo, cuando se realizó la consulta popular a inicios del año 2023 y, contra todo pronóstico, el gobierno perdió en todas y cada una de las ocho preguntas planteadas y con un margen importante. En realidad, la consulta se había convertido, en poco tiempo, en un referéndum sobre el propio gobierno y su legitimidad. Los electores, de forma hábil, habían evitado responder sobre el contenido específico de las preguntas, para pronunciarse más bien sobre la pertinencia y viabilidad del propio gobierno.

¿Qué condujo a los electores a tomar esa decisión? ¿Quién o quiénes lideraron ese masivo rechazo? La derrota al gobierno en la consulta popular fue un proceso que no estuvo liderado por ningún partido ni movimiento social, sino que nació de la confluencia de varias voluntades que emergieron desde la misma ciudadanía y que estaban cansadas del ambiente de anomia y de Estado fallido que había provocado el modelo económico neoliberal de Guillermo Lasso y la corrupción imperante. De alguna manera, se había replicado una situación que ya se produjo en los gobiernos de León Febres Cordero y Sixto Durán Ballén, en las décadas de los años ochenta y noventa del siglo pasado, respectivamente.

¿Quién derrotó a Lasso en la consulta popular?: Fuenteovejuna

A pesar de tener los números de las encuestas a su favor, el gobierno de Lasso perdió por amplio margen la consulta popular. ¿Quién derrotó a Lasso? No hay nadie quien pueda reivindicar esa victoria. En realidad, fue un proceso espontáneo que no admitía que sea reivindicado por nadie en particular. Sus legítimos dueños son los miles de ciudadanos que decidieron explicar a través de redes sociales las verdaderas intenciones del régimen con esta consulta. Son los líderes sociales y populares que recorrieron el país explicando a la población el entramado real de esta consulta. El legítimo dueño de esta victoria es, sin duda alguna, Fuenteovejuna. El pueblo.

Sin embargo, la consulta popular está relacionada con otro proceso: la renovación de los gobiernos autónomos descentralizados que, en esta ocasión, fueron ampliamente ganados por el movimiento político del ex-Presidente Rafael Correa, la Revolución Ciudadana. Por consiguiente, esa nueva configuración de la política territorial se convirtió en un hecho político más relevante que los resultados de la consulta popular.
Es también probable que la tensión social y política haya sido tan fuerte que no admitía liderazgos para derrotar al régimen en la consulta popular. El movimiento indígena, que pudo convertirse en el eje de articulación al rechazo a Lasso, se había entrampado en el proceso de diálogo y había perdido fuerza como para liderar el voto negativo al gobierno en la consulta popular, y los partidos políticos estaban demasiado ocupados en ganar Prefecturas, Alcaldías y Juntas Parroquiales. De esta forma, la consulta popular de inicios del año 2023, aunque permitió derrotar políticamente a Lasso, paradójicamente, es una victoria que no tiene dueños específicos.

Nadie pudo emerger como líder de ese proceso político porque, de una parte, el sistema político estaba entrampado en el juego de la oposición a Lasso mientras que, de otra parte, las organizaciones indígenas estaban entrampadas en el simulacro del diálogo. Esa victoria, por tanto, le pertenece a la ciudadanía y a las múltiples voluntades que desde sus propios espacios abrieron las fisuras a las capacidades hegemónicas del gobierno y permitieron su derrota.

De la victoria popular al olvido estratégico

Por supuesto que se trató de una derrota en toda la línea porque agotó de manera definitiva todo margen de maniobra del gobierno de Guillermo Lasso. El efecto político de esa consulta popular fue poner en cuenta regresiva al régimen porque le había producido un vacío de gobernabilidad imposible de llenar en el corto y mediano plazo. Esto significaba que el régimen de Guillermo Lasso, prácticamente, estaba ya liquidado a inicios del año 2023.

Empero, aquello que cambia de registro esta derrota política y que impide su asimilación política así como su procesamiento dentro de la sociedad son las denuncias del medio de comunicación digital La Posta que, al día siguiente de la derrota al régimen en la consulta popular, da a conocer una serie de audios e información altamente restringida de la policía nacional con respecto a la vinculación del personaje más obscuro del gobierno: Danilo Carrera, cuñado del Presidente Lasso, con el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción del gobierno, en un informe interno de esta institución denominado “León de Troya”.

Estas denuncias públicas, realizadas justamente el día después de la derrota electoral de Guillermo Lasso Mendoza en la consulta popular de inicios del año 2023, cerraron de manera abrupta cualquier posibilidad de procesar la derrota política que había sufrido el régimen y, al mismo tiempo, crearon un espacio para que la oposición legislativa pase nuevamente a la ofensiva y empiece un nuevo juicio político al Presidente Lasso, esta vez bajo la acusación de peculado (malversación de fondos públicos).

Puede apreciarse que el proceso político más importante de la coyuntura política: la derrota del régimen en la consulta popular, es soslayado tanto por la oposición parlamentaria cuanto por las organizaciones indígenas. Es decir, la oposición política pasa al juicio político de forma inmediata y utiliza como aval y recurso las denuncias de un medio de comunicación (el medio digital La Posta), sin establecer relación alguna con el debilitamiento político sufrido por el régimen en su derrota en la consulta popular.

Esto crea una cesura entre las condiciones políticas de un gobierno moribundo y las posibilidades de resolver su situación de manera definitiva dentro de la institucionalidad existente y con apoyo social. Esto puede apreciarse de mejor manera cuando los argumentos que la oposición utiliza para el juicio político a Lasso no son políticos, son penales. Es cierto que los argumentos y pruebas utilizados para justificar el juicio político demuestran un comportamiento antijurídico del Presidente y su entorno, pero también es cierto que hay un contexto que no puede ser soslayado ni puesto entre paréntesis y es la expresión de la voluntad popular de negarle todo tipo de apoyo al Presidente Lasso. El juicio político tenía que recoger esa voluntad popular y tenía que articularla de forma política en el juicio político para validar la destitución al Presidente con apoyo popular y movilización social.

Si la oposición creaba los canales comunicantes con la derrota electoral que había sufrido el gobierno, la destitución al Presidente Lasso por parte de la Asamblea Nacional solamente habría sido un proceso puramente formal de una voluntad política que se había expresado en las urnas y que, además, habría acompañado este proceso de destitución con movilización social. Sin embargo, la oposición nunca lo hizo y se enredó en justificar el juicio político con causales de tipo penal.

Lasso: lumpen-burguesía, lumpen-acumulación

La deriva penal de la actuación de Guillermo Lasso como Presidente de la República quizá sea la expresión evidente de aquello que el profesor André Gunder Frank denominaba lumpen-acumulación. La burguesía financiera cuando llega al poder rompe con toda norma ética y asume una dinámica de acumulación de capital voraz y por fuera de toda norma, precisamente por eso se denomina lumpen-burguesía y lumpen-acumulación.

Pero Lasso va más allá incluso de la lumpen-acumulación. El informe realizado por la Policía Nacional y que el gobierno de Lasso escamoteó y ordenó que sea eliminado (Informe León de Troya), da cuenta que hay una relación directa entre las cúpulas del gobierno con el crimen organizado y, en particular, con la mafia albanesa. Estaríamos en presencia, por tanto y en conformidad con información oficial, ante un narco-gobierno.

Esto explicaría la guerra contra la población civil que se libra desde el año 2019 por parte del crimen organizado. Se trataría de una lucha por el control territorial y de los flujos de narcotráfico entre diferentes mafias globales (mafia albanesa, cartel de Sinaloa, Guadalajara, en fin). La violencia de este enfrentamiento que deja cotidianamente muertos y heridos en las calles del país, sería por el control de los territorios, el control de los canales de distribución de droga desde el país hacia el mundo y la expulsión o exterminio de las mafias rivales, al menos hasta que una de ellas se convierta en hegemónica, probablemente aquella relacionada con el régimen.

Si la mafia albanesa tiene vínculos directos con el gobierno a través de Danilo Carrera, el cuñado del Presidente Guillermo Lasso, y principal arquitecto de toda la carrera profesional y política de Guillermo Lasso, conforme el informe policial León de Troya y el informe de la Prensa (denominado El Gran Padrino), es de suponer que estas mafias tendrían mejores posibilidades ante las mafias rivales porque contaban con apoyo, información y contubernio del propio régimen. Podían entonces, estas mafias, descargar toda la violencia posible contra los grupos rivales hasta exterminarlos físicamente, y podían utilizar toda la crueldad como heurística de terror para atemorizar a sus competidores y también a la población, habida cuenta que el gobierno no haría nada para detenerlos.
Y es eso lo que efectivamente sucedió. Ante la impasividad de la policía nacional que tenía órdenes estrictas desde la Presidencia de suspender toda investigación sobre esta relación entre Danilo Carrera y las mafias del crimen organizado, y la política de austeridad fiscal que tenía al FMI como su más fiel cancerbero y que también alcanzó a la policía nacional y la dejó sin recursos para luchar contra estas mafias, el país se sumergió en una vorágine de violencia totalmente inédita en su historia.

A pesar de todas las incriminaciones contra Danilo Carrera y sus secuaces, y a pesar que el principal lugarteniente de Danilo Carrera, y también hombre de confianza de Guillermo Lasso, Rubén Chérrez fue asesinado para evitar que comparezca ante la justicia, las autoridades del país no han realizado ninguna acción contra Danilo Carrera y las investigaciones sobre este conveniente asesinato tampoco han generado ningún resultado.

Corrupción, poder e impunidad

Las denuncias contra el gobierno de Lasso y que sirvieron de sustento para su llamado al juicio político, no se centraron en absoluto en esa relación entre mafias del narcotráfico y el gobierno, sino que se concentraron en cuestiones de tipo administrativo para probar la corrupción del régimen en el manejo de los recursos públicos. De esta forma, el proceso de juicio político, de entrada, había excluido del debate el centro real del problema: el narco-Estado y el narco-gobierno.

El juicio político se centró en la forma corrupta por la cual Guillermo Lasso manejó los activos más importantes del país. En efecto, apenas llegó al poder, encargó a sus principales operadores políticos, entre ellos Hernán Luque Lecaro, antiguo vicepresidente de oficinas del Banco de Guayaquil y hombre de absoluta confianza del Presidente Lasso, para que manejen de forma directa a su antojo y por fuera de todo control legal e institucional, contratos y activos de las principales empresas públicas del país, entre ellas empresas de petróleo, transporte de petróleo, energía eléctrica, telecomunicaciones, entre otras y que, en conjunto, manejan activos por cerca del 17% del PIB del país. Para hacerlo, el Presidente Lasso emitió el decreto ejecutivo No. 107 del 21 de julio de 2021, para poner al mando de esta entidad a Luque Lecaro.

Este manejo directo del grupo de confianza del Presidente Lasso sobre los activos más importantes del país, derivó en una trama de corrupción que implicaba la triangulación de contratos públicos, cohecho, extorsión y coimas de millones de dólares, conforme la información de la Comisión de la Asamblea Nacional encargada de fundamentar el juicio político al Presidente Lasso.

La corrupción del gobierno y su manejo corporativo del poder fue evidente desde los inicios. En efecto, Guillermo Lasso Mendoza, el segundo banquero más importante del país, apenas llegó al poder, desarrolló una trama de lumpen-acumulación en la cual se utilizó de forma directa toda la institucionalidad pública para favorecer directamente a sus principales socios capitalistas, sin ningún tipo de escrúpulos ni moralidad alguna. Así por ejemplo, apenas se posesionó como Presidente del país, al mes siguiente, el 15 de junio de 2021, emitió el Decreto Ejecutivo No. 82, en virtud del cual eliminaba la empresa pública de seguros, Seguros Sucre, y creaba para las empresas privadas de seguros, un mercado de seguros de más de seiscientos millones de dólares.

Pero, en realidad, se trataba de una práctica recurrente de este mismo grupo financiero que se había enriquecido con la crisis financiera y monetaria de 1999, y que había acompañado a todos los gobiernos de derecha para influir sobre la política económica en beneficio propio. Guillermo Lasso Mendoza representa, pues, el epítome de la lumpen-acumulación, porque no es solamente el uso corrupto de los recursos públicos y de la política económica sino que esta vez se trata también de su relación directa con el crimen organizado y el narcotráfico a través de Danilo Carrera.

Un olvido cómplice

Si la oposición parlamentaria y el movimiento social hubiesen vinculado las denuncias contra el régimen con su derrota política en la consulta popular y con la capacidad de movilización social, habrían logrado la presión social necesaria para destituirlo. El juicio político habría sido el desenlace necesario de una movilización social y de la indignación ante la corrupción y el narco-gobierno. Porque en definitiva se trataba de frenar una guerra en contra de la población. La guerra de las mafias por el control del territorio en un contexto de Estado fallido y que producía víctimas todos los días. Pero, asombrosamente, nunca lo hicieron. Ni la oposición parlamentaria ni las organizaciones indígenas se movilizaron ni alertaron a la sociedad para movilizarla. ¿Por qué no lo hicieron? Quizá porque consideraron que, esta vez, no era necesario.

La racionalidad jurídica-penal le ganó la partida a una visión más política, más participativa y más estratégica. La oposición en el parlamento dejó de lado a la ciudadanía que se había expresado masivamente en contra del gobierno de Lasso en la consulta popular y también dejó de lado la posibilidad de acompañar el juicio político con movilización.

Pero es esta racionalidad jurídico-penal la que le permitió recomponerse políticamente al régimen cuando prácticamente estaba agonizando. En vez de afrontar una situación inminente de destitución por corrupción y por su relación con el narcotráfico, y acompañada por la movilización social y la indignación ciudadana que ya se expresó en la consulta popular, el gobierno se enfrentó a un reducido grupo de parlamentarios que propusieron un juicio político con causales penales. Este error de la oposición y también del movimiento social, le abrió al gobierno un margen de maniobra sobre el cual situar el juicio político y manipularlo a su conveniencia.

Como la deriva del juicio político era penal, entonces el gobierno podían encararlo desde lo penal y esto significaba sacrificar sus consecuencias políticas. Es decir, el gobierno de Lasso pudo posicionar la idea que ninguna de las acusaciones tenían sustento penal y que se trataba de un juicio político sin pruebas. Paradójicamente, tenía razón, de ahí la insistencia de la oposición parlamentaria de inscribirlo a fortiori dentro de las coordenadas políticas.

La oposición política al Presidente Lasso consideró que la contundencia de las denuncias realizadas así como las pruebas que las demostraban eran más que suficientes y consideraron que quienes lleven adelante este proceso podían ganar un capital político enorme para utilizarlo en su propio beneficio. De ahí que hayan excluido a muchos sectores de la oposición parlamentaria en este juicio político y no hayan establecido vínculo alguno con la sociedad y, menos aún, con la derrota estratégica que el gobierno había sufrido en la consulta popular.

Se trató de una visión triunfalista avant la lettre, que derivó en espectáculo. La oposición parlamentaria se aisló y nunca tendió puentes de diálogo con otros sectores sociales y políticos. Actuaron, quizá de forma inconsciente, como dique que protegía al gobierno de la indignación social. Evitaron que nadie más que pocos elegidos por ellos puedan actuar en este juicio político, porque pensaban cosechar en donde nunca habían sembrado.

El juicio político al Presidente Lasso, que debió convertirse en un proceso social de transparencia que le permita a la sociedad visualizar y evidenciar las perversidades de la lumpen-acumulación, se transformó en un espectáculo que tenía el show armado y sus figurantes previamente establecidos, con un libreto rimbombante para el aplauso de los presentes.
Fue una estrategia que fragmentaba a la misma oposición y le permitía al gobierno intervenir sobre ella para evitar cualquier consenso en su contra, porque obligaba a suscribir a los partidos y movimientos políticos que estaban en la oposición pero que no habían sido incluidos en el show, a que se conviertan en convidados de piedra. Muchos de ellos, en efecto, se fragmentaron, se resintieron y, finalmente, fueron cooptados por el gobierno.

El juicio político al Presidente Lasso que era la oportunidad para que la sociedad pueda vincular su agotamiento con la política económica neoliberal y que se había expresado en su rechazo a las preguntas de la consulta popular, con la necesidad de transparencia y la exigencia de reinstitucionalizar al país ante el colapso del Estado, se transformó en un show grotesco. En una discusión estéril de saber si las pruebas eran o no determinantes. Pero los problemas de fondo, aquellos que tenían que ver con la guerra de las mafias por el control de los territorios ante la impasividad de la fuerza pública, o aquellos que tenían que ver con el programa de consolidación fiscal del FMI, o la situación de anomia que fueron el resultado del Estado fallido, nunca se toparon ni siquiera de forma marginal.

Así, de forma paradójica, el juicio político le dio oxígeno a un gobierno moribundo. Permitió que sea el régimen quien recupere nuevamente la iniciativa política. El gobierno tenía en sus manos la posibilidad de hacer estallar al juicio político y a todas las maniobras de la oposición, a través de la muerte cruzada. Y es eso, efectivamente, lo que el gobierno hizo. La declaración de la muerte cruzada confirma los errores y la falta de visión de la oposición política y del movimiento social, porque le da tiempo a un gobierno que luego de las movilizaciones de junio del año 2022 y la derrota de la consulta popular de inicios del año 2023, prácticamente estaba liquidado.

El juicio político se convirtió en un juego político de la oposición parlamentaria que excluyó a la sociedad. Es por ello que cuando el Presidente Lasso decreta la muerte cruzada y disuelve la Asamblea al tiempo que convoca nuevamente a elecciones generales, esta decisión golpea de forma directa al sistema político pero no suscita por parte de la sociedad casi ninguna respuesta. Como se había convertido al juicio político en un espectáculo, para la sociedad la muerte cruzada formaba parte también de ese espectáculo.

Una oportunidad perdida

Pero la muerte cruzada impide que el país pueda debatir sus temas fundamentales y, por tanto, resolverlos. El sistema político se ha convertido en una especie de pantalla que impide a la sociedad acercarse a conocer y resolver esos problemas fundamentales. A pesar de sus declaraciones radicales, en realidad la oposición política nunca construyó puentes con la sociedad. De su parte, las organizaciones indígenas decidieron, quizá en momentos en los que su presencia era absolutamente necesaria, esta vez hacer mutis camino al foro.

La muerte cruzada se convirtió en una apuesta audaz por parte del gobierno de Lasso por evitar todo escrutinio público sobre la lumpen-acumulación y el narco-estado y cambia abruptamente el registro de todo el debate político. En adelante, la discusión se concentrará sobre las candidaturas y los partidos con más opciones a ganar las elecciones. En las alianzas electorales. En la quiniela de las elecciones. En las previsiones de las empresas de consultoría política.

Pero esa relación entre gobierno y mafias de narcotráfico que condujo al país a ser un narco-estado al mismo tiempo que un Estado fallido, no constará más en el debate político. Esa corrupción que utilizó los principales activos del Estado para convertir al Banco de Guayaquil en el banco privado con más ganancias extraordinarias en los últimos años, tampoco constará la discusión pública.

Las miles de víctimas que han caído en la guerra del narcotráfico por el control territorial no tendrán ningún memorial que las recuerde. La población que fue y es obligada cotidianamente a pagar extorsiones al crimen organizado tendrá que hacer esfuerzos cada vez mayores para seguir pagando esas “vacunas” mientras el sistema político define sus nuevas hegemonías en el juego de espejos de las elecciones.

En la coyuntura abierta por la muerte cruzada, el debate político se centrará cada vez más en candidatos y sus opciones y, luego, en el nuevo gobierno que apenas durará algo más de un año y sin mayor margen de maniobra para cambiar aquello que Lasso construyó durante su mandato; de esta manera, se diluirá en el tiempo la enorme responsabilidad de Guillermo Lasso Mendoza con el narco-estado, con la corrupción, con la lumpen-acumulación.

Curiosamente, la muerte cruzada, habida cuenta de la tensión y del momento histórico, crea un vacío altamente conveniente para Guillermo Lasso y para el Banco de Guayaquil. Cuando finalmente entregue el poder, pocos recordará que fue el responsable directo de las víctimas del crimen organizado y que su Banco se enriqueció gracias a esas alianzas con la corrupción y el narcotráfico.