La elaboración de listas a concejo, asambleas departamentales y juntas administradoras locales, sin contar la escogencia de candidaturas a alcaldías y gobernaciones, se ha convertido en un auténtico atolladero para el Pacto Histórico. No es nuevo, algo parecido ocurrió a fines de 2021 cuando se confeccionaron los catálogos para congreso y cámara. En el momento actual el tema subió de tono debido a que fueron muchas las personas, candidatas a las corporaciones públicas locales, que se sintieron ultrajadas por Bogotá al no haber sido tenidas en cuenta, máxime cuando se llegaron a hacer consultas internas, las cuales fueron desconocidas parcial o totalmente por los organismos de decisión política en la capital del país.

Esa situación, que a simple vista podría calificarse como una brecha entre la burocracia centralista y las bases, es más compleja de lo que parece. Obedece a la ritualización de unas prácticas o conductas burguesas al interior del Pacto Histórico, no sólo en su cúspide sino en la mayoría del tejido que constituye la coalición de gobierno. El peso de la ideología dominante es más fuerte de lo que se cree, es como la ley de la gravedad, que existe y no nos damos cuenta de ello; así también en las relaciones sociales se reproducen prácticas que obedecen a otras concepciones del mundo distintas a las que se pregona defender, que se suponen son las revolucionarias, las proletarias e incluso las comunistas.

Me permito hacer un paréntesis y recordar aquello del modo de funcionamiento burgués, magistralmente señalado por el filósofo Louis Althusser

“en su trabajo titulado ‘Lo que no puede durar en el Partido Comunista’, elaborado a partir de la estrepitosa derrota electoral de los comunistas en las elecciones francesas de 1978. Dice el filósofo que al interior del Partido ocurre un divorcio entre la dirección y la base, es decir, que entre las células y el pueblo se vive una democracia dinámica y permanente, pero cuando se llega a las direcciones la ausencia de democracia se impone, ello con fundamento en la compartimentación y el mando unipersonal, típico de lo que ocurre en el  modo de producción capitalista en el que el burgués es el amo y señor del proceso productivo; en este caso son las direcciones partidarias, más particularmente el presidente o líder máximo de la organización, quien lo define casi todo. Es así como el programa, los estatutos, las definiciones colectivas, son reemplazadas con “acabo de hablar con el máximo, es que tengo línea directa con el máximo y él quiere que…”. Es en ese contexto en el que aparecen los grupos de amigos, las componendas, los manejos, las mentiras o verdades a medias, todo un escenario en el que la base y el pueblo son vistos como herramientas electorales para conquistar unos cargos y no como la esencia de la futura democracia popular que sacará a Colombia adelante”[1].

Pero, ¿cómo surge el modo de funcionamiento alternativo, popular, revolucionario o comunista? No aparece por decreto, ni es resultado de lúcidos y apasionados discursos de los líderes de la organización, surge de un proceso lento que puede durar años y hasta décadas. En ese recorrido es vital las horas o días de confrontación directa contra el establecimiento, vale más un día de combate callejero que mil horas de teoría (frase que se le atribuye a Lenin), ello porque el peligro y el riesgo exige de formas dinámicas de democracia y de centralismo que generan unos sólidos lazos entre quienes luchan. Más aún cuando se asumen formas superiores de lucha, como la armada, en la que la vida de quienes están a la vanguardia está resguardada por una base social que conoce las consecuencias de apoyar a los que están en la primera línea del combate.

Y fueron justamente las organizaciones insurgentes las que mejor construyeron una base social organizada. El trabajo de masas o trabajo de base era el fundamento para desmoronar desde los cimientos el orden capitalista. Encontraba como terreno abonado las reivindicaciones inmediatas, sea de obreros, campesinos, estudiantes, indígenas o afrodescendientes, pues, generalmente el establecimiento consideraba cualquier protesta, por legítima y genuina que fuera, como un desafío a la “democracia”. Las masas movilizadas entendían, por sí mismas o por influencia de la conciencia política, que la lucha por un hospital o por un pliego de peticiones de cualquier fábrica, estaba relacionada en últimas por la lucha por la conquista del poder.

Las palabras del criminal de guerra, general Álvaro Valencia Tovar, en el periódico El Tiempo, resume la percepción de las élites gobernantes en 1988, en torno a la ciudadanía movilizada:

“Sí. Afrontamos una guerra de múltiples facetas, compleja, turbia, indefinida en muchos campos y por ello más difícil de descifrar y conducir. Se precisa tomar conciencia de ello y obrar en concordancia (…) Su esencia es, sin embargo, revolucionaria (…) Comienza con un indetectable proceso de infiltración del Estado y del cuerpo social. Implantan células expansivas en puntos neurálgicos: sindicatos, centrales obreras, magisterio, universidades, medios de comunicación, aparato judicial y, si es posible, Fuerzas Armadas e Iglesia. Crean organismos de fachada dentro y fuera del país, señalado como objetivo que orquestan campañas de descrédito contra el régimen que se busca demoler, y de justificación de la lucha armada. Se recurre a idiotas útiles en plan de notoriedad para que desde las toldas democráticas torpedeen el sistema, desacrediten sus ejércitos, vilipendien a sus gobernantes y dejen la impresión global de corrupción, ineptitud, arbitrariedad, tiranía (…) Enarbolan banderas sociales para justificarse. Incorporan por persuasión o coacción jóvenes ingenuos que creen servir un ideal (…) Se recurre a toda suerte de expedientes. Marchas campesinas, actos vandálicos en universidades, paros laborales, sabotaje (…) Ingenuamente se cayó en el engaño de la negociación política (…) Adquirieron status y un partido que realiza abiertamente la acción desestabilizadora interna y de descrédito más allá de las fronteras, con la respetabilidad que da a sus miembros la investidura parlamentaria (…) Se requiere unidad nacional, genuina, honrada, sin segundas intenciones. Una dirección firme y motivante, que dé la más alta prioridad en la asignación de recursos a la lucha, entendida integralmente. Es decir, con responsabilidad primaria en el instrumento armado (…).[2]

Los poderosos siempre tuvieron claro que cualquier manifestación de descontento era una escuela en la que el ciudadano del común aprendía a conocer los verdaderos resortes que mantenían el status quo imperante.

Pero en la medida que la insurgencia fue derrotada y desmovilizada, a la vez que su tejido social brutalmente exterminado por medio del Terrorismo de Estado (paramilitares y Fuerzas Armadas), esa tradición organizativa se fue perdiendo y buena parte del movimiento de masas, huérfano del apoyo de la insurgencia, quedó en manos de organizaciones sociales o de partidos legales (la llamada “izquierda democrática”) en las que “el modo de funcionamiento burgués” operaba de “forma natural”.

Esta es la herencia con la que los partidos del Pacto Histórico hacen política. Colombia Humana, por ejemplo, es la confluencia de gente venida de todas partes; de muchachos, algunos de ellos, con los vicios y mañas de lo peor de la tradición política colombiana; de maduros (casi viejos) y no tan maduros militantes que piensan sólo en un puesto o en un contrato y que les da física pereza comprometerse con una comunidad; liderada por el Presidente Gustavo Petro, una persona proveniente de una organización política que poco conoció eso de consolidar trabajo organizativo en las zonas donde operaba, lo que incidió, entre otros aspectos, a que fueran derrotados tempranamente y firmaran su rendición en marzo de 1990, Colombia Humana y casi por igual el resto de agrupaciones que forman el Pacto Histórico, carece de dirigentes que tengan raíces profundas con una base social organizada, centralizada y dispuestos, todos, dirigentes y bases, a jugarse el todo por el todo en sus espacios naturales y en las calles.

Se ha ido formando, entonces, una élite de izquierda, que, entre curules, puestos oficiales, ONG´s (USAID), altos cargos sindicales, etc., cada vez se parece menos a una auténtica organización revolucionaria y más a lo que podríamos llamar la “burguesía nacional”, aquella categoría social con la que buena parte de la izquierda, sobre todo la electoral, soñaba con encontrar y aliarse con ella para alcanzar una “revolución democrático burguesa”, como antesala a la futura revolución socialista. Esa es, justamente, la paradoja y uno de los Talones de Aquiles del Pacto Histórico como coalición de gobierno, creer que, con vehementes llamados a la organización y movilización popular, ella brotará espontáneamente, máxime cuando las masas lo que ven es un modo de funcionamiento, que, aunque muy bien intencionado y que está produciendo resultados nunca vistos, se parece a como operaban los gobiernos anteriores.

Ello se hizo palpable en la confección a las listas a concejo, asamblea, juntas administradoras locales, sin hablar de los avales a candidatos a alcaldías y gobernaciones. No es la primera vez que pasa, sólo que ahora se supone que estando en la presidencia las cosas serían más organizadas y transparentes, no fue así. Salieron a relucir los conciliábulos, los expertos en cabildeo, lobby y demás artes de las “relaciones públicas” que se fueron a Bogotá y desde allí elaboraron unas listas que desconocían el sentir de las bases en los territorios, peor aún, borraron de un plumazo el veredicto de consultas internas. Ese sábado 29 de julio, día en que se inscribieron las listas en la Registraduría, alguien lo ha denominado “el sábado negro”. Con toda razón.

En medio de la rabia y la indignación se discute sobre las alternativas para cortar de raíz semejantes desafueros. Sale una, que es la más lógica, mas no por ello menos sencilla, convertir el Pacto Histórico en un partido. Ese sería el escenario en el que las bases pondrían en su sitio a todos esos burócratas que tienen intereses distintos a los del pueblo, a la vez que sería el “intelectual colectivo” que asesoría al Presidente de la República, tanto para apoyarlo como para limitarlo, pues Gustavo Petro no es infalible.

Pero que “caciques”, con sus precarias tribus y “propietarios” del acto administrativo que les dio personería jurídica, estén dispuestos a renunciar a su diminuta parcela de poder en torno a un ideal superior no parece sencillo. Es de justicia reconocer que no es lo mismo el Polo Democrático Alternativo, por ejemplo, con más de quince años de trayectoria y una importante red de militantes en todo el país a cualquier otra organización política, con una escasa incidencia política y un puñado de militantes a lo largo del territorio nacional.

Mientras, ha aparecido otra alternativa, que en principio parece una respuesta legítima, pero que puede traer consecuencias nocivas al Pacto Histórico: la presencia de Listas Abiertas a las corporaciones públicas, en competencia con las listas cerradas emanadas de los órganos de dirección de la coalición. En Medellín, por citar un caso, ha aparecido un “Pacto Decente” con una lista abierta al Concejo que lo que seguramente producirá será la dispersión y confusión entre el electorado, lo que restará curules y a la larga fortalecerá la presencia de la extrema derecha en dichos escenarios. La pregunta es, ¿qué es mejor? Un cuestionado militante del Pacto Histórico en el concejo/asamblea o un “reputado” corrupto del Centro Democrático. Por su puesto que es urgente construir una herramienta que garantice la democracia real y que sancione a esos dirigentes que han desconocido a las bases. Lo que acaba de ocurrir con la parlamentaria Luz María Múnera, que perdió su escaño por 300 votos con un miembro del Centro Democrático, debe servirnos de ejemplo. Esos puestos de elección popular se pierden hasta por un voto, los compañeros de las listas disidentes están a tiempo de recapacitar y no pasar a la historia como los que contribuyeron a la recomposición de la extrema derecha en Antioquia. Organizando la rabia y preparando futuros debates con altura, el apoyo a las listas cerradas es la consigna.

Volviendo al tema de convertir al Pacto Histórico en un partido. Salta a la vista que la articulación de la militancia, como acción primera, debe hacerse inicial e indirectamente desde los espacios gubernamentales, pues la relativa debilidad de cada una de las organizaciones que lo componen no posibilitan, en principio, un ente aglutinador que cohesione a la militancia. Al mismo tiempo es urgente promover la formación y el debate ideológico al interior de los partidos de la coalición, hay que conocer la historia de Colombia, los clásicos del marxismo nunca pierden vigencia, debemos recuperar el hábito de estudiar y reflexionar, individual y colectivamente.

Para terminar, un apunte teórico. Las clases sociales se reproducen en todas las esferas de la vida social. Relaciones de clase burguesas producen burgueses, que así no tengan rentas, están a la espera de la primera oportunidad: tienen la ideología, les falta el dinero. Lo que aparentemente le ha ocurrido a Nicolás Petro podría ser un ejemplo de ello.

[1] Jiménez, Jaime. Las listas y la lucha de clases al interior del Pacto Histórico. Artículo publicado en redes sociales, 2021.

[2] Cinep, Banco de Datos. Deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988-2003. Bogotá, 2004. Pg. 35 Verlo en: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/deuda/html/deuda.htm

El tema reverberó en los medios colombianos con mucha fuerza. Es que todo esto sucedió a poco de cumplirse un año del gobierno del Pacto Histórico, la amplia coalición política y social que puso a Gustavo Petro y Francia Márquez en la Casa de Nariño, la sede del Poder Ejecutivo colombiano.

La revista Semana, de tendencia conservadora, emitió en directo el 5 de agosto, una dramática entrevista al hijo del presidente, tres días después de la importante instalación del Comité Nacional de Participación de los Diálogos de Paz, entre el Gobierno Nacional y las insurgencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un gran logro de Petro en su apuesta por cumplir con su promesa de “Paz total”.

Las acusaciones se basan en que supuestamente recibió dinero para la campaña electoral por encima de los límites legalmente establecidos, y, según agregan algunos medios, proveniente de “exnarcos y empresarios cuestionados”.

El mismo presidente Petro fue quien solicitó la investigación judicial cuando se conocieron las acusaciones. En sus declaraciones, dijo que “como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República aseguró que la Fiscalía tiene todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”, y agregó que no intervendrá y dejará que el derecho guíe libremente el proceso.

La entrevista difundida por la revista Semana no escatimó en condimentos para presentar los hechos como una telenovela de desamor entre el padre y el hijo: “¿Usted siente que él no lo quiere?”, preguntó la entrevistadora. “Es muy duro decirlo, pero sí. Así es.”, respondió Nicolás Petro, quien también afirmó en esa emisión que Petro no sabía de aquellos fondos. Sin embargo, los titulares mediáticos fueron impregnados por los hechos que animan más a pensar no sólo que Gustavo Petro (y su gobierno) es corrupto, sino que es un mal padre.

Lo cierto es que las acusaciones y la posterior detención se dan apenas un mes después de las operaciones mediáticas tras la filtración de audios de Armando Benedetti en los que afirmaba tener información sobre delitos cometidos en torno a la financiación de la campaña que llevó a Petro a ser electo presidente.

En ese contexto, líderes de todo el mundo advertían ya sobre “un golpe blando en marcha en Colombia”. Las decisiones judiciales precedidas de operaciones mediáticas han sido una receta clave de este tipo de golpes en Latinoamérica en el siglo XXI, y Colombia no parece ser la excepción.

A un año de su asunción, Petro denunció que “han intentado utilizar todas las debilidades y errores” para intentar derrotar “el primer gobierno popular de Colombia”, que, pese a todo, ha puesto en agenda el reparto de tierras, reformas en salud, trabajo y tributaria y una propuesta para avanzar en el malogrado proceso de Paz.

El proyecto de gobierno popular y de paz total, el blanco de los golpes

El gobierno colombiano ha impulsado durante su primer año una serie de transformaciones que sin dudas generan incomodidad en el poder real del país. Entre ellas podemos contar el lanzamiento del programa para la protección de la Amazonía, el proyecto para la creación del Ministerio de la Igualdad, el programa de mejoramiento de vivienda para 18 mil hogares con el objetivo de 100 mil por año, la ley de la paz total y los procesos de diálogo con el ELN, la reforma tributaria, el restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia.

Asimismo, las transferencias de 500 mil pesos mensuales a madres cabeza de hogar con niños menores de 18 años, la condonación de la deuda a más de 4.000 personas del ICETEX (Programa de financiamiento para estudios), la regularización de 807 mil hectáreas gracias a la titulación masiva de predios, la declaración de las dos primeras zonas de reserva campesina en Meta y Cundinamarca en las que se entregaron 74 mil hectáreas, la prohibición del fracking, además de las reformas de salud y educación impulsadas y que se debaten en el Congreso.

Este proyecto de país, traducido en acciones y medidas concretas, le ha costado fuertes tensiones al gobierno. Tras los conflictos que generó el tratamiento de la reforma de salud, Petro dio por concluida la alianza con los partidos tradicionales declarando que “la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido”.

Tras esto, pidió la renuncia a todos sus ministros, y finalmente salieron del gobierno los representantes de los Partidos Liberal, de la U (Santismo) y Conservador.

Este proceso de profundización del proyecto de gobierno, vino acompañado de una enorme movilización popular como estrategia para sostener el poder, aunque también, claro está, trajo consigo una embestida mediática y judicial que parece haber llegado para quedarse.

En una entrevista que pudimos realizarle para el portal Nodal a Olimpo Cárdenas, miembro del Equipo de Paz del Congreso de los Pueblos y Director del Periódico Periferia de Colombia, consideró que el gobierno de Petro, el primero de representación popular en la historia de Colombia, inició con el vigor que le brindó la esperanza de aquellos y aquellas que se movilizaron desde los lugares más recónditos del país para votar al Pacto Histórico.

Así mismo evaluó que actualmente “esa esperanza inicial, que ha logrado traducirse en el primer año en un conjunto de acciones importantes, como la reforma tributaria, la reforma de salud, el restablecimiento de las relaciones con Colombia, la reactivación de las conversaciones del proceso de paz, hoy se tiñe de incertidumbre, no sólo por las exigencias de quienes piden profundizar las acciones en favor del pueblo sino por el fantasma de los golpes blandos que recorre latinoamérica”.

La dinámica de las embestidas mediáticas y judiciales contra la militancia popular y sus liderazgos políticos, tan comunes en toda América Latina, empezó a sumar un nuevo capítulo: Colombia. Este obsceno accionar de la derecha colombiana reafirma que en la región actúa una estrategia política en curso, instrumentando las mismas políticas y enlazando actores similares. El triángulo de derecha política, medios de comunicación y poder judicial corrompido han parido una nueva “doctrina de seguridad nacional”: el Lawfare.

Matías Cacciabue es licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF en Argentina. Paula Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Ambos son Investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente: https://estrategia.la/2023/08/13/otra-embestida-mediatico-judicial-en-la-region-en-colombia-contra-petro/

Un nuevo escándalo estalla en el firmamento colombiano, como cohete de fuegos artificiales que tapa las anteriores explosiones  mediáticas, mostrando una vez más la crítica  situación de la Justicia en Colombia.

Esta vez la atención mediática ha girado en torno a la detención del hijo del Presidente de Colombia, Nicolás y su ex esposa Daysuris Vásquez, según informa la Deutsche Welle, “por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en un escándalo relacionado con la campaña presidencial” . Graves cargos criminales contra el joven Nicolas, quien según las informaciones de la prensa es un muchacho de bien , incluso millonario, con dificultades en la socialización de normas (buscar atajos). Camino fácil buscado por muchos jóvenes colombianos sin las oportunidades de Nicolas, al calor de la cultura traqueta dominante, que recuerda aquel tan conocido y comentado consejo paisa que un día le diera su madre al joven bacán Pablito Escobar: “Haga plata mijo. Si puede, honradamente. Pero si no, haga plata, mijo».

Como era de esperarse, en el firmamento «bipartidista» colombiano, dividido entre Petristas y Antipetristas, se inició, en medios y en redes sociales” la “reyerta viperina de fondo político en Pro y en Contra de Nicolás y su ex esposa, con el comentario canalla de : hijo de Tigre sale rayado, hijo de sapo.….etc.  el que inmediatamente fue respondido con comentarios igual de viles o peores contra el Fiscal Barbosa, autor de la orden de captura. Tras esa denigrante primera escaramuza mediática, vino una pausa de prudencia, seguida un poco más tarde por el lavado de manos, con jabón Poncio Pilatos y desvío del foco, desde la hacienda el Uribérrimo: “A mi me enseñaron que no hay que alegrase del mal ajeno” .https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/uribe-habla-sobre-la-captura-de-nicolas-petro-y-day-vasquez-CF22052617

El Nuevo bipartidismo (Petristas y Antipetristas) que se está montando en Colombia, en donde la izquierda tradicional (incluidos algunos marxistas) se ha adscrito al bando liderado por el presidente Petro, desconociendo la izquierda marxista anti capitalista y verdaderamente comunista, que no cree en que sea posible desarrollar (aún más) el Capitalismo deformado dominante por siglos en Colombia, con su correlato de Democracia Genocida y menos desde el Gobierno, así se proclame progresista.

Bipartidismo que, sin ningún sustento serio ni crítico, sigue inmerso en el fetiche constitucional que el régimen montado en 1991, con el cuento alienante de que la constitución de Colombia actual es la más progresista del continente no debe ser modificado, y que la Justicia del Estado diseñada en dicha constitución según el modelo de la Fiscalía estadounidense (con su consecuencia de la Impunidad rampante que agrava el círculo vicioso en que se encuentra la sociedad colombiana), NO es un problema estructural profundo que ha llegado a su fondo al igual que el problema agrario o el problema de la guerra contrainsurgente y la paz, o el problema estructural de las fuerzas militares llamadas en dicha constitución con el pomposo nombre de “Fuerza Publica”( que de publico no tiene nada) como lo demuestran los Falsos Positivos de más de 7 mil jóvenes indefensos fusilados a sangre fría, luego vestidos de guerrilleros para atribuirse ante los medios de comunicación proclives, victorias militares inexistentes y a cuyos responsables, condecorados, no les ha llegado ninguna Justicia terrenal.

Y es precisamente este problema no judicial sino de la Justicia (con mayúscula) que golpea con gravísimas consecuencias las bases mismas del bloque de Poder y el régimen dominante, comprometiendo a varios ex presidentes, a altos dirigentes políticos, a altos cargos administrativos del Estado, y a altos mandos incluidos los de la cúpula de la llamada Fuerza Pública; situación agudizada después de las declaraciones dadas por el narco paramilitar Salvatore Mancuso desde la cárcel de los EEUU, que generaron un escándalo mediático semejante, el que rápidamente fue respondido por por uno de los más señalados e implicados, el ex presidente Uribe Vélez, quien se apresuró a denunciar por “calumnia agravada» ante la justicia estadounidense al narco paramilitar Mancuso . Ver nota en

Para la la izquierda marxista anti capitalista y verdaderamente comunista, que duda ante tantas coincidencias o mejor, que analiza objetivamente todo el contexto contradictorio tanto estructural como supraestructural en el que se desenvuelve la lucha de clases en la actual Colombia; NO es un azar que una semana después del anuncio del presidente Petro para traer a Colombia como gestor de paz al narco paramilitar Mancuso, con la finalidad de que con sus declaraciones ampliadas o nuevas, se pueda cerrar un proceso de paz con los herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia comandadas por el propio Mancuso, y que de contera se pudiera golpear seriamente los cimientos del régimen contrainsurgente colombiano; no es por azar, repito, que el fiscal Barbosa, quien está en la pretensión de ser el jefe del Antipetrismo, respondiera en espejo acelerando un golpe igual o mayor, ordenando la captura del hijo del presidente, que ha puesto a tambalear a su gobierno. De ahí la lavada de manos del chalán del Ubérrimo, jefe político del Fiscal .

Así como tampoco es una azar, que la coordinación mediática del Antipetrismo ejercida por la revista Semana, haya destacado una entrevista del hermano del presidente Petro, Juan Fernando, en donde como cuña del mismo palo aprieta a su hermano, pidiéndole en público que “para preservar la separación de los poderes públicos”, no cumpla con el mandato constitucional y se abstenga de proponer una terna con nuevos candidatos para reemplazar al fiscal Barbosa en vías de finalización de su periodo. Ver en:

En el fondo de todo esto, lo que se alcanza a visualizar es la dinámica por así decirlo “normal” que está generando la grave y profunda multicrisis en la que se debate la sociedad colombiana, en este caso; la descomposición y utilización política tan evidente de la Justicia y de sus instituciones creadas en el 91, en especial el monstruoso aparato “tragamonedas” (pero inane) de la Fiscalía colombiana.

Y ante tamaño desajuste estructural de uno de los pilares del desarrollo pacífico de una sociedad, una como la colombiana tan golpeada por la falta de todas las Justicias, se hace mandatorio que se empiece a analizar seriamente la necesidad de considerar el problema estructural de la Justicia en Colombia como uno de los aspectos principales y esenciales a considerar en cualquier proceso constituyente que se desarrolle a futuro en en el país.

Como dirían en mi pueblo, otra pata que le sale al cojo.

Allí se oficializó la emergencia económica, social y ecológica mediante el decreto 1085 de 2023 que tendrá vigencia por 30 días, se plantearon proyectos y acciones gubernamentales y anunciaron inversiones públicas para enfrentar problemas urgentes (agua potable, nutrición, consultas previas, educación) y se trazaron algunas tareas estratégicas de mediano plazo.

Igualmente, en ese contexto político se firmaron los decretos reglamentarios del Ministerio de Igualdad y Equidad que permiten formalizar, regular y poner en marcha el Ministerio de Igualdad y Equidad creado mediante la Ley 2281 de 2023, y se posesionó formalmente a la vicepresidenta Francia Márquez como la primera ministra de esa cartera.

En ese proceso se destrabaron las consultas previas con las comunidades wayuu para el proyecto Colectora que integra la producción de energías renovables de la región al Sistema Interconectado Nacional y el presidente Petro propuso el modelo de asociatividad con las comunidades para los proyectos de energías limpias (parques eólicos y solares).

Las acciones de “gobierno con el pueblo” y su relación con las elecciones locales y regionales

Son pasos muy importantes, concretos y viables, que hacen parte del programa de gobierno en cuanto a desarrollar un proceso de industrialización de nuevo tipo y cambiar la matriz energética para sustituir los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). Así, se traza sobre la marcha una política que se constituye en un ejemplo para otras regiones en donde los sectores populares deben definir los proyectos que se corresponden con dichos objetivos.

El único aspecto que falta precisar e impulsar con determinación es el proceso de organización de las comunidades para que sean partícipes activas y ejecutoras de los proyectos e impidan que las élites políticas de la región se roben los recursos o desvíen los objetivos de las obras. Ese tema ha sido el talón de Aquiles en las experiencias de países vecinos en donde los gobiernos progresistas y de izquierda no han logrado impulsar un modelo productivo que supere lo existente.

Como lo plantea Atilio Borón en un extraordinario Artículo, es en medio de ese proceso de empoderamiento de las comunidades que se debe impulsar la transformación político-cultural de nuestras gentes, que debe partir de una efectiva movilización popular (de “los de abajo”, las mujeres, los excluidos de siempre) que enfrente las costumbres y prácticas clientelares y politiqueras que son las que predominan en la región y en el país.

En ese sentido, se debe abrir un amplio e intenso debate dentro de las filas del Pacto Histórico y de las organizaciones sociales que apoyan al gobierno, para diseñar una verdadera actitud transformadora para enfrentar las elecciones locales y regionales en el contexto de que existe un “gobierno de cambio” y así, empezar a superar las prácticas electorales tradicionales.

Por lo que hemos visto (y parece que es lo que ocurre en todo el país), lo que predomina en este período preelectoral es la lucha entre los diversos componentes del Pacto Histórico por imponer sus candidatos (as). Está en pleno desarrollo (abierta o soterradamente) una confrontación sectaria entre los “históricos” (progresistas y de izquierda) y los políticos provenientes de los partidos tradicionales que se han sumado al proyecto que encabeza Petro.

Mientras tanto la población se pregunta qué hay de nuevo en dichas prácticas electoreras y politiqueras. En vez de unificarse en torno a un “programa de cambio” para enfrentar los problemas que sufren las comunidades por efecto de las políticas neoliberales que privatizaron los servicios públicos y convirtieron las ciudades en “nuevos mercados” de la movilidad y proyectos inmobiliarios, los dirigentes se “despedazan” públicamente por intereses personales y burocráticos, enviando un mensaje bastante negativo al “electorado”.

Y por lo visto, al predominar esa dinámica grupista y personalista, los dirigentes “históricos” del progresismo, de las izquierdas y de las organizaciones sociales en los diferentes municipios y departamentos, crean las condiciones para que se presenten dos fenómenos entrelazados y complementarios: la división interna y el triunfo de políticos tradicionales, ya sea que se camuflen dentro del Pacto Histórico o se vayan por aparte.

El ejercicio de gobierno realizado la semana anterior en el departamento de La Guajira, en lo que tiene que ver con las decisiones y propósitos, debe ser asimilado por los dirigentes progresistas, de izquierda y de las organizaciones sociales de las diferentes regiones. Allí se encuentra una orientación práctica para construir –dentro del marco de la política aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo– los programas de gobierno de alcaldes y gobernadores.

Ese esfuerzo de “gobernar con el pueblo” obliga a los dirigentes populares y las comunidades a enfrentar con una nueva mirada y actitud los problemas de la población y de las comunidades de cada localidad y región, que debe ser “impuesta” a los nuevos gobernantes locales y regionales.

Algunas propuestas para el Cauca

Dentro de la dinámica de aterrizar los ejes centrales del programa de gobierno de Petro y de convertirlos en proyectos viables y con base comunitaria, presento algunas propuestas que corresponden a la realidad de este departamento:

Industrialización de nuevo tipo de los principales productos agrícolas que ya producen miles de familias campesinas e indígenas caucanas:

1. Apropiación colectiva, comunitaria y asociativa de la cadena productiva del café (orgánico y común) para quitarle la ganancia a las grandes transnacionales tostadoras (Starbucks, Nestlé, etc.) mediante una estrategia internacional para vender directamente nuestro café (y sus mezclas) en el mercado global;

2. Industrialización de la caña panelera mediante una alianza asociativa con la Industria Licorera del Cauca para producir nuestro propio alcohol etílico (actualmente importado del Ecuador);

3. Industrialización y procesamiento de la importante producción de frutas, cacao, cannabis sativa y coca, para comercializar y exportar directamente nuestros productos procesados;

4. Canalizar los recursos económicos obtenidos de esos proyectos hacia la producción de alimentos para el mercado interno y externo, para construir seguridad y soberanía alimentaria.

Es importante precisar que los recursos económicos que se pueden obtener de esos proyectos productivos son muy superiores a cualquier transferencia que haga el Estado desde Bogotá y, además, generan empleo productivo para amplios sectores de la sociedad que es la única garantía (y condición) para construir paz, bienestar y justicia social.

Cambio de la matriz energética con base en los recursos hídricos y eólicos que existen en la región:

1.    Participación colectiva y comunitaria en las centrales eléctricas existentes en la región, incluyendo La Salvajina, para reorientar la forma como actualmente se manejan nuestros recursos hídricos;

2.    Explorar la posibilidad de construir “parques eólicos” a lo largo de los cañones de los numerosos ríos que bajan de la cordillera central (Ovejas, Piendamó, Cofre, Palacé, Cauca, etc.) hacia el peniplano de Popayán o Valle de Pubenza.

3.    Impulsar proyectos de energía solar individuales y colectivos a todo nivel, urbano y rural.

Nota: Aspiramos a que en las próximas semanas se consoliden los procesos de paz en curso con el ELN y el Estado Mayor Central (Farc) y ello tenga consecuencias en la percepción de inseguridad y violencia que los medios de comunicación han logrado imponer en la opinión pública. Es una problemática que afectará con mucha fuerza las elecciones locales y regionales de octubre de 2023, que, a su vez, serán una prueba de fuego para el futuro del gobierno progresista.

Blog del autor: https://acortar.link/LpeqJq

Petro denunció nuevamente indicios de que se fragua en su contra un golpe de Estado o golpe blando y advirtió que los sectores que han atizado en los últimos días una crisis política a partir de un escándalo de dudoso trasfondo quieren “hacer lo mismo que en Perú, llevar al presidente a la cárcel, cambiar el gobierno y poner a un nuevo presidente no electo. Y eso se llama golpe de Estado”.

Es el golpe de la derecha y del gran capital contra sus reformas. No quieren salud gratuita, trabajo digno y un bono pensionario para que cualquier viejo o vieja tengan un sustento para poder existir.Durante su discurso insistió en que hay un plan para “destruir el apoyo popular del Gobierno” y dejarlo solo. Cargó contra los medios de comunicación y los grupos económicos, a quienes acusó de ejercer presión para hundir las reformas sociales (pensional, laboral y de la salud) en el Congreso, y dijo que hay intenciones de sacarlo del poder a través de investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El mandatario anunció la propuesta de dos nuevas reformas: a los servicios públicos y a la educación. “Vamos por la reforma a los servicios públicos, para que el eje del servicio no sea el empresario sino el usuario“, aseguró. Esta reforma llega después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto 0227 de 2023, con el que el presidente Gustavo Petro asumía el control de la regulación de los servicios públicos.Habló de una reforma a la educación, específicamente a la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Según dijo, este es un mandato popular, “para que la juventud pueda acceder al derecho de educarse”.

El gobierno de  Petro fue llevado a una grave convulsión política a raíz del escándalo que involucra a la exjefa de gabinete Laura Sarabia, y al exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, apartados de la administración por el Presidente desde el viernes pasado.

La crisis se remonta a enero de este año, cuando Sarabia denunció el robo de un maletín con miles de dólares en su domicilio. A finales de mayo, un medio de comunicación publicó una entrevista con Marelbys Meza, quien trabajaba de niñera para Sarabia y asegura que la funcionaria la hizo detener y la sometió a un interrogatorio con polígrafo durante cuatro horas en el sótano de un edificio anexo a la residencia presidencial.

Las acusaciones de Meza cobraron mayor notoriedad por incluir presuntas intercepciones telefónicas ilegales, una práctica  que se identifica con el autoritarismo de ultraderecha del expresidente Álvaro Uribe, acerbo crítico y rival político de Petro.

Asimismo, el fiscal general, Francisco Barbosa, atrajo con inusitada premura el caso y en pocos días lo ha convertido en una bandera de su gestión. Cabe recordar que Barbosa fue nombrado por el expresidente Iván Duque,  discípulo político de Uribe y compañero de estudios del fiscal.

En diciembre el Ejecutivo debe enviar al Congreso una terna para remplazarlo, por lo que las investigaciones se leen como un intento de torpedear la llegada de un sucesor que investigue los graves excesos de Duque. La procuradora general, Margarita Cabello (encargada de perseguir las irregularidades cometidas por servidores públicos), ha emprendido una campaña para reducir la representación de la coalición gobernante en el Congreso suspendiendo los derechos políticos de los legisladores oficialistas, una medida que desde 2014 fue desautorizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh). Semanas atrás, el exdirector de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (Acore), John Marulanda, aseguró que los efectivos en reserva harán lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, en referencia a Petro, quien perteneció al M-19. Marulanda llamó a los uniformados a actuar contra el mandatario tal como los militares peruanos procedieron con el depuesto Pedro Castillo, quien contempla desde la cárcel la sumisión de los golpistas al neocolonialismo estadounidense, así como la violencia represiva desatada por la usurpadora Dina Boluarte.

Colombia asiste a un episodio de lawfare como los que llevaron al derrocamiento de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Luis Inácio Lula da Silva, en Brasil, y de Fernando Lugo en Paraguay, o como el acoso judicial en Argentina en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La pacificación, prioritaria

El mandatario, que asumió el mando hace 10 meses, también anunció que hoy viaja a La Habana para una ronda de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la que se espera firmar un alto el fuego.

El escenario de crisis se ha agravado en las últimas semanas a partir de lo que los medios y personeros de los partidos de la oposición derechista y ultraderechista insisten en calificar de el mayor escándalo de corrupción en los últimos tiempos, como cabeza de playa de una estrategia de golpe blando. Empezó por una triangulación de un conflicto personal entre el ahora exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, la asesora del presidente Laura Sarabia y una niñera que presuntamente robó a ambos (hecho no probado), aderezado por intercepciones telefónicas filtradas a la prensa y acusaciones contra ambos de abuso de poder.

El pleito subió de tono con la publicación en la revista Semana (cabeza de playa anti-Petro) de más chuzadas en las que Benedetti, diplomático sui generis conocido por su indisciplina frente a la cancillería y sus adicciones, soltó en medio de improperios subidos de tono amenazas de dar a conocer presuntos financiamientos del narco a la campaña de Petro. Ambos funcionarios fueron destituidos, pero para la oposición no hay otro tema en la agenda nacional, aunque carezcan de cualquier prueba de los supuestos delitos.Los mismos medios que hoy atizan el fuego contra Petro callaron a mediados de mayo, cuando Salvatore Mancuso, ex jefe de la paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) , rindió su primera audiencia ante la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), donde confesó cómo ordenó masacres, descuartizamientos, desapariciones y robo de tierras, muchas veces para cooperar con el ejército.

También callaron cuando el último miércoles, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la zona de Juan Frío, norte de Santander,  localizó una fosa con 200 cuerpos, enterrados ahí por las AUC a petición del ejército. Para esa prensa que responde alos grandes capitalistas colombianos, eso pareciera no ser escándalo.Centrales obreras, el magisterio, buena parte del movimiento estudiantil y formaciones políticas afines al Pacto Histórico, entre ellos un gran contingente de la Unión Patriótica, respondieron a la convocatoria de salir a las calles. Además de la marcha multitudinaria de la capital, que movilizó a decenas de miles desde la Plaza de la Nación hasta la histórica Plaza Simón Bolívar, hubo concentraciones en cerca de 200 municipios.

«No hay que temer, hay que cambiar», «Petro se queda. Adelante con las reformas», «Yo confío en Petro», se leía en las  pancartas. En esta oportunidad, el presidente bajó a la calle, caminó un corto tramo entre la gente.

Y desde la Plaza Simón Bolívar, sobre un pequeño templete, levantó su petición a los legisladores del país: solicitamos desde nuestra humildad, desde nuestras ganas de justicia, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo sus derechos. Esto no es una solicitud violenta, irrespetuosa, armada, Es una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido, de la base de la nación.

“¿Queremos una eterna Colombia de las exclusiones; una Colombia donde la prensa odia a la vicepresidenta por su color de piel? ¿Queremos una Colombia que lleve al indígena al cepo como en los años de esclavitud o un indígena que algún día pueda gobernar este país? ¿Una Colombia donde los jóvenes que salen a protestar se les dispare a los ojos?”, preguntó.

El objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana. El primer requisito es que el país tenga justicia social, añadió.

Cierre de la negociación de Paz con el ELN

Y en el marco de la Plaza de Bolívar abarrotada por miles de manifestantes que salieron a expresar su apoyo a las reformas propuestas por el actual gobierno, Petro anunció que viaja a La Habana para cerrar el tercer ciclo de negociaciones con el ELN: “Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país”.

Desde días atrás se especula con el acuerdo alcanzado en la Mesa sobre cese bilateral de fuegos por un periodo de seis meses. La decisión de la Fiscalía General de la Nación de levantar las órdenes de captura vigentes contra el comandante Antonio García, corresponde a la magnitud de lo alcanzado en esta fase de la negociación, donde también se debaten temas como la participación de la sociedad en el proceso de construcción de paz, así como acciones y dinámicas humanitarias.Otros ceses de fuego, de poca duración, fueron anunciados durante estos meses, todos ellos como materialización del propósito de Paz Total: uno con el Clan del Golfo –paramilitares herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia–, y otro con el Estado Mayor Central de las Farc. En ambos casos, todo está en vilo debido a la violación de lo acordado por uno u otro sector, por uno u otro motivo, y tal propósito esta por retomarse.

Los allanamientos de la Fiscalía

Durante su discurso en la marcha a favor de las reformas sociales, el presidente se volvió a referir al escándalo de Laura Sarabia y Armando Benedetti, que involucra supuestas “chuzadas” (escuchas telefónicas). El mandatario dijo que las puertas de la Presidencia están abiertas a cualquier investigación: “no tenemos nada que ocultar”. Horas antes de que el presidente  saliera a las calles para marchar junto a quienes reclaman la aprobación de sus reformas, agentes de la Fiscalía tomaron el piso 13 del edificio de la Dian, donde al parecer funciona una oficina de seguridad de la Presidencia y el ente investigador trata de averiguar si desde ahí se habría interceptado el celular de Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia. Petro recordó también que su campaña presidencial fue objeto de interceptaciones ilegales que ninguna autoridad investigó.

Petro se refirió a gobiernos anteriores y aseguró que “no chuzamos, no golpeamos a las personas humildes; no destruimos los ojos de la juventud, no torturamos en las mazmorras, no chuzamos magistrados, periodistas, gente de la oposición, no violamos los derechos de la humanidad”. Dijo que las acusaciones en su contra carecen de ética y que no tiene miedo a ninguna investigación. Pero la maquinaria del golpe blando parece no deternse. Al tiempo que Petro pidió apoyo para sus reformas, la Comisión Séptima del Senado aplazó el debate de la reforma pensional, pues no logró conseguir quórum.  Esta ha sido una estrategia usada  por la oposición y partidos de derecha para no debatir los proyectos.

*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE.

www.estrategia.la)https://estrategia.la/2023/06/08/colombia-el-pueblo-salio-a-la-calle-a-respaldar-las-reformas-del-presidente/

En la actualidad, de acuerdo a nuestra percepción y a encuestas y sondeos, la favorabilidad del primer mandatario ha mermado y, ello, debe preocupar.

También, hemos planteado que existen condiciones externas e internas que explican la aparición y crecimiento de cierto escepticismo e incertidumbre frente al gobierno. Por un lado, los efectos negativos de la recesión económica global, la guerra Rusia-Ucrania y la inflación mundial y, por el otro, los problemas acumulados y las enormes expectativas sobre la nueva administración que han sido aprovechadas por la oposición mediática para desgastar su imagen.

Igualmente, hemos señalado algunas causas de ese “desgaste” que tienen que ver con la acción errática del Presidente y del Pacto Histórico, que en gran medida se justifican por cuanto corresponden a un proceso político relativamente nuevo y a la situación real de un país y una sociedad en movimiento y transformación, que sólo en medio de la “praxis” se puede reconocer y abordar con acierto mediante el diseño y el ajuste continuo de la política y la comunicación.

Para ilustrar la particularidad del momento que vive el país, acudimos a la categoría de “alianza interclasista” que surgió en Colombia con ocasión del proceso de paz con las Farc, liderado por un sector importante de la oligarquía financiera y de la burguesía burocrática, y que fue apoyado por gran parte de la población colombiana, a excepción de los terratenientes despojadores de tierra y de sectores sociales muy golpeados y resentidos con las guerrillas izquierdistas.

Así mismo, explicamos el triunfo electoral del Pacto Histórico como la continuidad del proceso anterior encabezado por el expresidente Santos y que fue saboteado durante el gobierno de Duque. Lo anterior esclarece y explica la derrota del candidato uribista (Fico Gutiérrez) y la posterior disputa presidencial entre candidatos que apoyaban el “cambio” y la paz (Hernández y Petro).

No obstante, lo ajustado de los resultados electorales y la composición social y territorial de la votación nos lleva a plantear que la correlación de fuerzas a favor de una transformación estructural es limitada y precaria, y, por tanto, el ejercicio de gobierno es fundamental para romper con el equilibrio estratégico entre quienes apoyan el cambio y quienes lo adversan.

Esa “alianza” se ha tensionado en los últimos meses por la presentación y trámite legislativo de las reformas de salud, laboral y de pensiones que inquietan a sectores financieros y burocráticos, y por algunos pronunciamientos sobre la suspensión de contratos de exploración petrolera y gasífera u otras iniciativas que afectan intereses oligárquicos (política económica, servicios públicos, etc.).

Es necesario recordar que las clases y sectores sociales que apoyaron a Petro fueron los campesinos, indígenas y comunidades negras del Pacífico, Costa Caribe y departamentos de la Colombia profunda, periférica y fronteriza. Los trabajadores, las clases medias y sectores de la burguesía emergente lo hicieron parcialmente, destacándose la votación en Bogotá.

En cambio, quienes se alinearon con la oposición a Petro fueron las castas dominantes (oligarquía financiera, grandes terratenientes, burguesía agraria y lo más corrupto de la burguesía emergente) y los pequeños y medianos productores agrarios, localizados en las regiones de más alto desarrollo económico y con gran tradición “paisa”, que fueron fuertemente afectados por las acciones irracionales de la insurgencia fariana (ver mapa 1).

Mapa 1. Resultados electorales – Presidencia de la República – Colombia, junio de 2022

Por ello, si el gobierno quiere impulsar seriamente la industrialización de nuevo tipo y una transición ecológica hacia fuentes de energías limpias, tendrá que atraer a los únicos sectores que –en verdad– tienen la necesidad, el interés y las condiciones para hacerlo de una forma asociativa, eficiente, con tecnologías de punta, no-asistencialista y relativamente rápida y sostenible.

Esos sectores o sujetos sociales del “cambio progresista” son los pequeños y medianos productores, especialmente los agrarios, y los “profesionales precariados” (que algunos ubican dentro de las “clases medias”), porque aun sin el apoyo de los anteriores gobiernos, han construido una economía productiva relativamente democrática y rentable con base en sus propios esfuerzos y recursos.

Y la punta de lanza de dichos sectores sociales está plasmada en diversos proyectos (individuales y comunitarios) que existen a lo largo y ancho del país en agroecología, turismo ecológico, agricultura urbana, educación social-popular, acueductos comunitarios, salud preventiva y medicina ancestral, y muchas más experiencias alternativas, que son la vanguardia y potencia transformadora de la verdadera revolución que necesita Colombia y el mundo.

Nota sintética sobre el momento actual (por desarrollar)

A diferencia de quienes tienen una lectura insurreccional del “estallido social” de 2019-2021, pensamos que en Colombia no estamos en un momento “refundacional” y tampoco “de-constituyente”. Sólo estamos frente a un “umbral de transición”, en donde un gobierno progresista (y las clases y sectores sociales que los representa y apoyan) tiene la oportunidad de construir un verdadero “pacto histórico” que debe ir más allá de lo electoral y coyuntural.

Mientras se mantenga dividida y enfrentada la sociedad colombiana entre la nación paisa y santandereana de raigambre “blanco-español” (conservadora) y la nación mestiza y periférica de origen “indio y negro” (liberal), que ha sido la condición para que exista una casta oligárquica que reproduce la dominación colonial, racista, patriarcal, clerical y capitalista, y que ha dado origen a una estructura social diferenciada y fragmentada, no podremos construir una verdadera Nación y desencadenar la energía creadora de un Pueblo unido alrededor de objetivos transformadores.

El programa construido por Petro y el Pacto Histórico tiene los componentes teóricos y políticos para avanzar en esa dirección, pero de acuerdo a nuestra percepción, no se ha roto totalmente con las visiones insurreccionales y “refundacionales”. No hemos asimilado las experiencias de otros países en donde unas “minorías iluminadas” en nombre de los trabajadores y de los pueblos quisieron “cambiar el mundo”, derrocar a las clases dominantes y “por decreto”, cambiar el modo de producción capitalista. No lo lograron; el pasado regresó por la puerta de atrás.

El voluntarismo y la impaciencia se juntaron para crear un imaginario “cortoplacista” que nos llevó a fracasos y derrotas históricas. Son lecciones que no podemos dejar pasar. “Del afán solo queda el cansancio” reza el dicho popular. Lo hoy que ocurre en Chile y está en desarrollo en Ecuador, Bolivia, Brasil, etc., es parte de lo mismo. Y si en Colombia no evaluamos y aprendemos, le llevaremos agua al molino de las derechas guerreristas que están al acecho.

Un análisis de tan extensa y compleja pieza oratoria presidencial, demandaría varios artículos de fondo que rebasaría una breve acotación periodística general  de contenido político que intento resumir en lo siguiente:

1-      Son meritorias las menciones que hace el presidente de los conceptos liberales, tanto de la Libertad ( así se apoye en el nombre de Hegel y su dialéctica de la libertad y la necesidad) como de la Historia colombiana, un tanto “acomodada” de momento, a la necesidad presidencial de enfrentarse al espurio liderazgo o jefatura liberal y neoliberal del ex presidente Cesar OEA Gaviria, con el fin de presentarse como el sucesor de caudillos liberales como el general Melo, López Pumarejo, o Jorge Eliecer Gaitán y en su forma de apoyar sobre las masas populares sus reformas sociales “ordenadas”;  en especial la de López Pumarejo en marcha, concluida con el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 y el espantoso baño de sangre y desposesión al que dio origen hasta hoy.

2-      Es de resaltar, la mención del liderazgo del Libertador Simón Bolívar con lucha anticolonial, aunque no tenga nada que ver con el partido Liberal, así como el uso frecuente en la pieza oratoria de las categorías Gramsciana de Pueblo Trabajador y clase obrera consciente.

3-       Debe tenerse muy en cuenta el análisis presidencial hecho de las contradicciones que subyacen en los proyectos de reformas: de la tierra, de la salud, de los fondos privados de pensiones, de la reforma laboral y, de la explicación “paradojal” de que si no se realizan tales reformas, las EPS y los fondos de pensiones irán a la quiebra irremediablemente. ¿Acaso son estas reformas una tabla de salvación financiera a los “banqueros” que unos minutos antes había criticado por su avaricia? .

4-      La mención al sindicalismo cooptado y alienado o “alpargatocracia” como la llamaba, despectivamente, aquel otro jefe liberal alfil del renombrado presidente López Pumarejo, luego ex presidente colombiano y director de la OEA Lleras Camargo. Esto debe ser algo a considerar a la hora de los balances. También los llamados presidenciales a la toma de conciencia y organización sociales; al Poder Popular  que se supone sea totalmente otro, muy diferente al engendro partidista del expresidente liberal Samper Pizano). Se debe destacar la consecuencia de decir que se irá “hasta donde el pueblo diga”.

5-       En cambio, puede interpretarse como una presión amedrentadora sobre los legisladores remisos a aprobar el paquetazo reformista y sobre los empresarios y banqueros que pusieron en el parlamento a sus legisladores, la afirmación  de que “el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”, que muestra una visión idealista de un “proceso  revolucionario”. Un proceso revolucionario no se da de la noche a la mañana causado por  una jugarreta parlamentaria.    

6-      Por último, causa extrañeza que temas tan sensibles en la lucha política actual como el asunto de la paz total, o la relación histórica entre los pueblos hermanos (en Bolívar) de Colombia y Venezuela, no se hubieran tocado, o se hubieran pasado por alto.

Punto este que merece más de una aclaración, en especial el de la contradicción esencial  entre Táctica y Estrategia en el proceso de la paz total adelantado por el gobierno, y que al día siguiente del discurso en comento, pusieron en público tanto el presidente desde Madrid España, como el comisionado de paz Danilo Rueda en el diario antioqueño El Colombiano, cuando en una entrevista cedida afirma lo contraria:

…”Periodistas: Otra duda, y grande, es que al escuchar el video que le manda Iván Mordisco al presidente Petro, electo todavía y por los primeros días de agosto, ahí dice que quieren a todo el campesinado, hombres y mujeres, participando de las decisiones: eso suena a una constituyente…

 D.R: Es posible que eso digan, pero para este Gobierno es imposible llegar a una constituyente con la paz total. Desde este Gobierno, lo ha señalado claramente el Presidente,está la invitación al gran pacto nacional, que no necesariamente pasa por una asamblea constituyente, por un referéndum o por un plebiscito.

P: ¿La paz total no termina en una nueva Constitución?

DR:  No, si vemos las condiciones objetivas, las constitucionales, las reales, no pasaría por ahí”  (https://www.elcolombiano.com/colombia/danilo-rueda-de-petro-como-comisionado-de-paz-habla-de-paz-total-en-medellin-y-colombia-con-eln-farc-y-clan-del-golfo-AF21240716)

 Tema corroborado por el presidente desde Madrid España, al afirmar ante la prensa internacional que “ante las dudas crecientes sobre un pedido de constituyente para tramitar las reformas, el presidente lo descartó. Señaló que considera la Constitución favorable a su proyecto por lo que no entiende los temores de que busque cambiarla. Expresó que sus reformas son solo de índole legal, por lo que de ninguna manera tiene pensado una asamblea que modifique la carta magna”  https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gustavo-petro-el-presidente-habla-desde-espana-764386

El  28 de abril pasado el reconocido analista político de izquierda crítica Horacio Duque Giraldo, escribió en el portal Rebelión.org, un artículo muy comentado y reproducido en otros portales titulado; “paz total con diálogo popular vinculante y constituyente”, donde explica entre otras cosas lo siguiente:

..”La Paz total tiene una esencia constituyente, un potencial constituyente que puede fluir directamente de su dinámica y sus lógicas esenciales.

La Paz total como «paz constituyente», a mi juicio, debe articular y conectar los procesos de resistencia agraria, la desobediencia civil, la deserción y el sabotaje de la guerra con las luchas obreras, campesinas, afros, indígenas, urbanas, feministas, LGTBI, anticoloniales, antifascistas, ecologistas, por la salud, por la reforma agraria democrática, por la vivienda, por la educación, por la disolución del Esmad, la depuración de la policía, el ataque a la corrupción y la destrucción de las castas regionales oligárquicas en su expresión político partidista y electoral.

Paz constituyente es un movimiento múltiple y convergente de transformación revolucionaria que debe contar con el apoyo y concurso de los actores involucrados en el proceso de diálogos, acuerdos y ejecución de estos.

La paz constituyente debe ella misma animar, facilitar y construir nuevas formas de poder popular. En este caso, estamos hablando de una paz que proyecte una democracia emancipadora y antifascista de la lucha contra los amarres entre guerra, austeridad neoliberal, concentración de la riqueza y autoritarismo; como una lucha por un Estado y una república regionalizada, federalizada y con plena autonomía territorial.

En esos términos es que es posible ir más allá de las famosas «líneas rojas» de la paz neoliberal Santista a la que se acogió un sector de las Farc (Timochenko y su rosca contrarrevolucionaria) en evidente plan transformista por la vía de un reformismo grotesco y un parlamentarismo de alcantarilla que destapó su degradación ética y su naturaleza oportunista https://rebelion.org/paz-total-con-dialogo-popular-vinculante-y-constituyente/

El analista Duque, con una excelente iniciativa y mejor buena voluntad, si no lo interpreto mal, une o asocia la paz total que pretende el gobierno Petro con un proceso constituyente y la denomina “paz constituyente”. Es decir, el proceso constituyente que, de por sí, es un largo proceso social fundacional de una nueva realidad sociopolítica y económica en una sociedad históricamente determinada como la colombiana, e implica un objetivo estratégico; ha sido llevado a una meta de corto plazo circunstancial o coyuntural, como es la intención de paz del actual gobierno que está por realizar. De ahí, la reacción tajante del presidente y su vocero autorizado, el intelectual javeriano, el comisionado de paz.

 Ante todo esto me permito decir que Colombia, está sumida en un largo proceso constituyente desde 1964, tal y como lo caracterizaron los fundadores de la resistencia agraria que después se convirtió en guerrilla revolucionaria. Un proceso de resistencia revolucionaria múltiple y diverso explicado por el analista Duque, por devolverle al constituyente primario el Pueblo Trabajador (tan mencionado por el presidente Petro en el discurso en mención), devolverle su carácter y papel constituyente democrático y progresista dentro del equilibrio de clases del Estado colombiano, frente a la opresión de las clases explotadoras y dominantes unidas en una alianza o Bloque de Poder dominante que, en el mismo proceso de la lucha de clases se transformó en un bloque de clases Contrainsurgente. (V. L. Franco.2008).

Este proceso constituyente, así concebido, es una meta estratégica. Tal Vez, demasiado estratégica en Colombia por lo que contiene, y sus banderas y logros tácticos ya no podrán arriarse por más que se quiera o se intente negar o ignorar, o incluso tergiversar, cómo hacen de mala leche los periodistas del diario El Colombiano al confundir en su pregunta al señor Rueda, proceso con el acto de una simple asamblea constituyente. El proceso constituyente es y será una piedra dura y grande con la que siempre se tropezará al hablar en Colombia de una verdadera paz con justicia social,  democracia avanzada y soberanía patria.

Las declaraciones globales del presidente Petro desde España, así lo verifican de un lado, y enfrente, las declaraciones y videos de los dirigentes de la resistencia revolucionaria múltiple y diversa actualmente existente en Colombia. Quienes en mi generación levantaron o tremolaron esta bandera, al ir desapareciendo de la escena política, ya pueden ir saliendo, confiados de que esa banderas siguen (seguirán) ondeando en manos vigorosas y jóvenes hasta que se logre el objetivo estratégico de su lucha. Sigo creyendo firmemente, la práctica histórica lo confirma, que el proceso constituyente colombiano, popular, democrático, progresista y patriótico, está en la base de la Solución Política del llamado conflicto colombiano.