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Colombia

Colombia: Parar la guerra, iluminar la esperanza

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Por: Javier Orozco  P. (Coordinador)

El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez da un paso audaz en el propósito de avanzar hacia la paz total.

Colombia y en particular la población de los territorios sometidos por décadas al terror, recibe con esperanza los decretos del gobierno del presidente Petro que establecen un cese bilateral del fuego, desde el 1º de enero hasta el 30 de junio, entre la fuerza pública y cinco grupos armados que sumarían cerca de 10 mil combatientes de las guerrillas ELN, Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y la Segunda Marquetalia, así como los grupos paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

Falta la respuesta del ELN, organización guerrillera que había anunciado un cese unilateral del fuego en todo el país con motivo del fin de año y que aclaró que entiende el decreto del gobierno como una propuesta para examinar en el siguiente ciclo de conversaciones: “La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese al fuego bilateral, por tanto no existe ningún acuerdo en esa materia”. https://eln-voces.net/el-decreto-presidencial-sobre-cese-bilateral-es-una-propuesta-para-ser-examinada/

El cese bilateral del fuego y de las hostilidades será verificado por misiones de la ONU, la MAP-OEA, la Defensoría del Pueblo, y por las comunidades que padecen el conflicto en regiones como Urabá, Chocó, Córdoba, Catatumbo, Arauca, Cauca, Sur de Bolívar, Cesar, Bajo Cauca, Putumayo y toda la costa del Pacífico, desde Nariño hasta el Chocó, algunas de las cuales serán visitadas -en febrero próximo- por la XIX Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz.

El principal resultado esperable del cese al fuego bilateral y simultáneo es que permita avances en las conversaciones hacia el fin de la guerra, el respiro humanitario a las comunidades sitiadas y el descenso de la violencia social y política que deja más de 12 mil homicidios por año y 189 personas de la dirigencia social asesinadas con impunidad en el 2022.

La excarcelación y el nombramiento como “gestores de paz” de jóvenes de la “Primera línea” detenidos por participar en las movilizaciones multitudinarias de abril del 2022 contra la reforma tributaria de Duque, abre espacios para que la juventud incida -sin ser criminalizada- en la construcción de la paz en el país que heredan.

Los retos son enormes. Se trata de parar un conflicto armado interno de décadas, que amenazaba con convertirse en una guerra en el Caribe y el área andino-amazónica, con territorios en disputa por su interés para las mafias de narcotraficantes, las empresas mineras, los agronegocios y para el complejo industrial y militar de los Estados Unidos.

El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez da un paso audaz en el propósito de avanzar hacia la paz total. Detiene la guerra y se abre al diálogo, al acuerdo político y al sometimiento a la justicia. Millones de personas acompañamos esta esperanza de paz. —

Crece la persecución contra el primer gobierno de izquierda en la historia del país. Colombia: una denuncia de espionaje y un intento de atentado marcan el inicio de un 2023 caliente

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Por: Guido Vassallo

 

Una investigación periodística reveló que el gobierno del expresidente Iván Duque habría espiado al equipo de campaña del entonces candidato Gustavo Petro. A esto se le suma el intento de atentado denunciado por la vicepresidenta Francia Márquez.

El año recién empieza pero Colombia ya nos regala días de alta intensidad política. Esta semana una investigación periodística reveló que el gobierno del expresidente Iván Duque habría realizado acciones de inteligencia para interceptar las comunicaciones electrónicas del equipo de campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro. El ahora mandatario pidió que la Fiscalía investigue los hechos, a los que llegó a definir como “un nuevo Watergate”. A esta grave denuncia se le suma el intento de atentado que sufrió la vicepresidenta Francia Márquez, quien denunció el hallazgo de un artefacto explosivo de siete kilos en la ruta que conduce a su residencia familiar, en la violenta región del Cauca.

¿Qué se sabe del espionaje a Petro?

“De confirmarse esta investigación estaríamos ante un Watergate. Un gobierno espiando a la oposición, interfiriendo sus comunicaciones y en plena campaña electoral”, aseguró Petro en su cuenta de Twitter, haciendo referencia al caso de espionaje que condujo a la renuncia del expresidente estadounidense Richard Nixon. “Pediré a la Fiscalía General una investigación a profundidad de las interceptaciones hechas a mi campaña”, agregó el mandatario en relación a esta denuncia de “chuzadas”, como se conoce en Colombia a las acciones de espionaje gubernamental contra adversarios e incluso aliados.

El informe, difundido por el informativo Noticias Uno del canal Cablenoticias, demuestra que una serie de videos que se filtraron durante la campaña presidencial de Petro habrían sido grabados ilegalmente por un grupo que pertenecía a la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). Los denominados “Petrovideos”, que fueron dados a conocer por El Tiempo, Semana y Caracol Radio en junio del año pasado, exhibían las estrategias del Pacto Histórico para contrarrestar a Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, rivales en la carrera presidencial. Las grabaciones surgieron poco después de que el ahora presidente estuviera primero en las encuestas rumbo al ballotage, después de ser el más votado en la primera vuelta por una amplia ventaja.

La novedad que trae el informe de Noticias Uno esta semana es que el espionaje habría sido realizado por cuatro agentes de la Dipol, quienes estaban destacados en una sala de monitoreo en Amsterdam, Países Bajos, con la misión de monitorear los celulares y las conversaciones de presuntos delincuentes colombianos. Esta operación, al parecer, fue omitida en el informe de transición entre el ministerio de Defensa saliente del gobierno de Duque y el entrante de Petro, a fines del año pasado.

El escritor y exsenador Gustavo Bolívar asegura que el presunto espionaje del gobierno de Duque contó con un millonario sistema tecnológico. “Fue un aparato que se compró desde la presidencia, desde la Alta Consejería para la Seguridad. Desde ahí se compró ese aparato, lo tenemos ubicado, con sus especificaciones. Es un aparato muy sofisticado para hacer grabaciones, interceptaciones, hackeo, una cosa bien sofisticada. Puedo decir es que no fue Semana la que grabó eso. Ya tengo clarísimo que eso se grabó desde el gobierno”, mencionó Bolívar a ese mismo medio, a la espera de que la Fiscalía brinde las primeras novedades de la investigación, tras la apertura del caso hace más de seis meses.

Presunto atentado con explosivos

Pero esta semana que pasó tuvo otro capitulo intenso y fue el intento de atentado a la vicepresidenta Francia Márquez, un hecho que no tuvo mucha difusión en los principales medios colombianos y que aún deja varios interrogantes. Márquez, la primera mujer afroindígena en ocupar la vicepresidencia colombiana, dio a conocer la denuncia en sus redes sociales: “Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de siete kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suarez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal anti explosivos de la Sijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía)”.

Por las características y la ubicación del artefacto, el personal de inteligencia y seguridad concluyó que se trataba de un atentado en contra de la vicepresidenta. Al participar por primera vez en la Sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, Márquez dijo que el explosivo “buscaba socavar los esfuerzos de paz y justicia y social” de su gobierno. Sin embargo, y pese a ser consultada insistentemente por los periodistas durante una rueda de prensa, se negó a “hacer especulaciones” sobre los posibles autores, poniendo el caso en manos de la Fiscalía, “ente investigador que debe esclarecer los hechos”.

Márquez tiene un largo historial de agresiones e intentos de asesinato. En 2019, antes de asumir la vicepresidencia, fue atacada con granadas y ráfagas de fusil por su labor como activista ambiental en el departamento del Cauca, donde aún reside y fue plantado el artefacto desactivado el martes pasado. A finales de mayo del año pasado, en vísperas de la primera vuelta presidencial, la entonces candidata fue señalada con un láser durante un acto público de campaña y su equipo de seguridad saltó a la tarima para rodearla con escudos blindados. En agosto, pocos días después de que Petro asumiera el poder, un vehículo de la comitiva presidencial fue atacado con disparos mientras se desplazaba por una ruta en el nordeste del país.

Una región cooptada por la violencia

La poderosa carga de explosivos que puso en alerta al gobierno colombiano fue hallada el martes en uno de los departamentos más violentos de Colombia. Rebeldes exFARC disidentes del pacto de paz y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se disputan a sangre y fuego las ganancias derivadas del narcotráfico en Cauca, donde abundan los sembradíos de coca.

Petro y Márquez integran el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, que busca desactivar el conflicto armado de seis décadas negociando con una amalgama de grupos armados que siguen operando tras el acuerdo que desarmó la poderosa guerrilla de las FARC en 2017. Los disidentes forman parte del cese al fuego bilateral de seis meses proclamado por Petro en la víspera de Año Nuevo.

El anuncio de tregua incluyó en un primer momento al ELN, pero los rebeldes desmintieron al gobierno la semana pasada, alegando que el cese al fuego no fue pactado en la mesa de negociaciones que sostienen con delegados del Ejecutivo en Caracas. En respuesta a la negativa del ELN, el gobierno ordenó retomar la persecución contra los 3.500 guerrilleros que tiene la organización, según estimaciones independientes.

En las últimas horas se supo que una delegación del gobierno colombiano y el ELN tendrán a partir del próximo martes una “reunión extraordinaria” en Venezuela para superar el impasse. Para dicha reunión no hay agenda pero se estima que el primer punto que abordarán las partes es aclarar la situación derivada del anuncio del jefe de Estado sobre el alto al fuego. Del mismo modo se espera que se ajusten los protocolos de comunicación sobre los avances de los diálogos.

Colombia. 2023: Paz total con cese bilateral del fuego y de hostilidades

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Por: Horacio Duque

El presidente de la república Gustavo Petro anuncio, una hora antes de finalizar el 2022, un cese bilateral del fuego y de hostilidades por seis meses (1 de enero a 30 de junio del 2023) entre las Fuerzas Armadas del Estado con varias organizaciones insurgentes revolucionarias (Eln, Farc EP y Nueva Marquetalia) y unos conglomerados criminales relacionados con el negocio del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción estatal, con probados vínculos a sectores de las fuerzas armadas -ejercito y policía- , a la ultraderecha y la Dea (Urabeños y Pachencas de la Sierra Nevada de Santa Marta).

Sin duda, se trata de una medida audaz y acertada dado el impacto que tendrá parar la ofensiva militar en la trágica situación humanitaria de las comunidades en los territorios golpeadas por la violencia que se deriva de la confrontación y el choque militar, promovido y tolerado por núcleos armados del estado que aún siguen en la línea contrainsurgente y anticomunista del uribismo, como es el caso de la Fudra Omega (en el Meta-Guaviare-Caquetá) y de las fuerzas especiales -Vulcano, Aquiles, Hércules, Quirón, Marte y Titan- y los batallones antinarcóticos de la policía, todos ellos bajo el control del Comando sur de los Estados Unidos.

Por supuesto, la medida será un alivio frente al terror en que están inmersas comunidades como las del Guayabero (Meta), Yari (Caquetá), Tumaco (Pacifico), Choco (Bajo Calima, Atrato y Medio Baudó), Arauca, Catatumbo, Sur de Bolívar, Cauca, Pacífico medio, Guaviare, Putumayo, Norte de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bajo Cauca antioqueño, atrapadas en los esquemas militares impuestos por el gobierno del ex presidente Iván Duque con la figura de las “Zonas Futuro” que implicaron un ultraje permanente de los derechos humanos y un deterioro de las condiciones humanitarias de cientos de familias campesinas, afros e indígenas afectadas por el desplazamiento forzado, como parte de la estrategia que hizo trizas la paz entre el 2018 y el 2022.

Este cese bilateral al fuego y de hostilidades, es un verdadero desafío a los esquemas convencionales conocidos en esta materia que incluyen una inmediata concentración y desmovilización -con entrega de armas- de los grupos de la resistencia agraria tal como ocurrió con las Farc de Timochenko y Catatumbo en el año del 2016 sin que se acordara una garantía para el cumplimiento de los acuerdos agrarias, políticos y de victimas que aun siguen pendientes de ejecutarse, no obstante la retórica y los anuncios de los funcionarios gubernamentales.

El paso dado por el presidente Gustavo Petro es prueba de la solidez y coherencia de la Paz total; es una medida que, obviamente, genera confianza en las comunidades y dinamiza la nueva estrategia gubernamental para poner fin al conflicto social y armado, en otros términos, distintos a los de la paz neoliberal del ex presidente Juan Manuel Santos.

Para hace efectiva esta determinación de paz se deberán expedir los decretos específicos a cada organización involucrada y, por supuesto, se deberán establecer los mecanismos de verificación pertinentes con la participación activa de las comunidades, sus organizaciones sociales, las Veedurías ciudadanas  y autoridades locales, las que deberán contar con las garantías efectivas para evitar la presión de los núcleos militares (Brigadas y batallones móviles) y paramilitares interesados en el sabotaje a la paz desde posiciones agazapadas y simuladas. El papel de la ONU, de la Iglesia, de la Cruz Roja y de la Defensoría del pueblo es crucial en su apoyo técnico e imparcial, para que no se manipulen sus símbolos y legalidad por los militares tal como ocurrió en la Operación jaque y en otras maniobras realizadas durante la rendición de las Farc de Lozada y cia.

Como con todas las decisiones y políticas del actual gobierno del Pacto histórico, los sectores de la ultraderecha uribista rápidamente salieron a atacar y distorsionar este anuncio de paz para insinuar con toda la “mala leche” que este Cese bilateral del fuego y las hostilidades sin concentración de los grupos guerrilleros es para favorecerlos.

Omar Yepes, uno de los voceros mas connotados de la ultraderecha, asociado con la corrupción y el clientelismo, ha cuestionado la medida porque supuestamente las estructuras ilegales las “aprovechen para ampliar el dominio territorial y consolidarse”.

Para el excandidato presidencial, Enrique Gómez, miembro de una de las familias históricas más violentas de Colombia, la tregua que anunció Petro es una estrategia para “amarrar las manos de nuestro Ejército”; por supuesto, el ejército de estas castas que han secuestrado y manipulado los aparatos armados del Estado para favorece los intereses de una oligarquía brutal y asesina.

Aparatos armados que necesariamente deben ser objeto de revisión y reestructuración acordes con la Paz total, pues de lo contrario seguirán siendo el foco de la conspiración y la desestabilización contra el  actual gobierno, tal como se desprende de recientes entrevistas y afirmaciones de altos mandos  que aun ven como ajena la voluntad del actual gobierno de terminar definitivamente con el conflicto social y armado con otro modelo de paz, comprometido con la soberanía, la justicia social y ambiental. Ver al respecto las obsoletas ideas (aunque edulcoradas) de los generales Ospina y Giraldo en el periódico El Tiempo de Bogotá (https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/general-luis-ospina-comandante-del-ejercito-nacional-entrevista-729680 y https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/entrevista-a-general-helder-bonilla-comandante-ff-mm-plan-ayacucho-730319 ).

Por lo visto, estos oficiales se mantienen en el “enfoque contrainsurgente y anticomunista” que ve a los campesinos, a los indígenas, a los afros y a los movimientos populares y de izquierda como unos enemigos a los que se debe atacar para destruir. Mala cosa la de estos “gorilas santistas” que salieron sibilinamente a marcar distancia con el jefe de los Fuerzas Armadas, el presidente Gustavo Petro. Mi sugerencia es que estos mandos deberían dar un paso al costado para permitir que otros enfoques militares comprometidos con un nuevo país se consoliden en la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y de Policía para de esa manera prevenir cualquier ataque sorpresivos a los logros de la paz en esta nueva coyuntura histórica.

Colombia: Plan Nacional de Desarrollo. ¿Es suficiente este plan para hacer del país una potencia mundial de la vida?

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Por: Edgar Fernández

 

El gran problema al que nos enfrentamos hace décadas es cómo enfrentar, o superar, las tremendas “heridas” de nuestra sociedad. Y pareciese que hacia allí se direcciona el Plan de gobierno, al proponer que el país deje su liderato en violencia y se torne ejemplo en la defensa de la vida de la humanidad y la naturaleza. Se trata por tanto de convertir una necesidad sentida y real, en una especie de imperativo universal por medio del cual se armonizarían la actual sociedad con la naturaleza.

De aceptarse tal imperativo, lo esperable debería ser que todos los sectores sociales se dispusiesen a aportar sus recursos y esfuerzos en la consecución de tal fin superior. Y esto implicaría la existencia de voluntades que se auto-imponen actuar por la vía de la colaboración y la conciliación, de modo que los intereses particulares ceden espacio al cuidado de la vida, lo que sería necesario para que las injusticias y sus violencias dejen de operar como fuerza ordenadora de la sociedad, de aquí que el Plan mencione la construcción de un nuevo consenso o contrato social. Pero, ¿puede un Plan de Gobierno, formulado a cuatro años, al menos encaminar nuestra fracturada sociedad en esa dirección?

Con el fin de escudriñar respuestas a ese interrogante, aquí empezamos por describir brevemente los conceptos, criterios y pilares descritos en el Plan, luego se destacan aquellos aspectos novedosos y que representan avances con respecto a las políticas antecedentes, y finalmente se plantean una serie de inquietudes y restricciones que levantan dudas sobre los alcances del Plan. Por eso, eso se identifica la necesidad estratégica de que el movimiento social y popular continúe fortaleciéndose a fin de consolidar una verdadera salida popular a la crisis del país.

1.   Los criterios y contenidos del Plan[i]

El Plan asume la vida como una especie de concepto universal del que emanan criterios éticos opuestos a la injustica y la violencia. Por así decirlo, funciona como guía de las transformaciones temporales que se soportan en tres dimensiones: i) ordenamiento territorial alrededor del agua, ii) transformación de las estructuras productivas hacia una economía verde y, iii)  sostenibilidad social con equidad e inclusión. Entonces, partiendo de la prioridad del territorio y su espacialidad social, se tiene que el Estado puede entrar a reordenarlo, posibilitando a su vez una transformación productiva y social, debido a que su acción se entiende como complementaria al capital privado, y esto permitiría avanzar en la internacionalización de la economía, pero fortaleciendo la producción interna con actividades de alto valor agregado. En resumen, busca armonizar las relaciones entre capital, Estado y territorio (social) a fin de posibilitar la transición a la sociedad de la vida.

La búsqueda de esa armonización social contó con más de cincuenta diálogos regionales vinculantes que permitieron realizar aportes a las cinco transformaciones propuestas, sus catalizadores y sus más de treinta líneas programáticas, sintetizadas en el cuadro No 1. Éstas serían consistentes con una programación macroeconómica resumida en: una tasa de inversión del 24,6% del PIB, que da lugar a un crecimiento entre 3%-4%, de la productividad entre 0,6% y 1%, desempleo del 8%; en donde la inversión pública salta al 6% o 7% del PIB (entre 1995 y 2019 presentó un promedio cercano al 2%), y se dirige a infraestructura, transición energética, vivienda social, red terciaria, conectividad entre regiones, y ciencia y tecnología. Proyecciones que se espera tengan implicaciones en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, víctimas del conflicto, niñas y niños, grupos étnicos, jóvenes y personas con discapacidades, en un marco de paz total.

2.   Lo destacable del Plan

El Plan resalta el criterio de responsabilidad ambientalista que convoca a asumir algunos de los grandes retos que enfrentamos como parte de la humanidad frente a la debacle ambiental causada por la destructiva lógica del capital. Así mismo, al valerse del concepto de territorio permite visibilizar el espacio social y sus organizaciones, rompiendo con la unilateral visión del desarrollo centrada en los poderes del gran capital. En particular, asume una mirada heterogénea de la estructura social y productiva que llama a reducir las brechas de desigualdad existentes entre campo-ciudad, regiones, al interior de las regiones, así como entre sectores.

Esto a su vez, permite realzar a algunos sectores normalmente excluidos como los campesinos, las mujeres, los mineros artesanales, o las Pymes. Por eso, las organizaciones sociales y comunitarias cobran la potencialidad de jugar un papel en las actividades del cambio y desarrollo social mediante las Asociaciones Público-Populares en ofertas de alimentos, renovación de viviendas, o construcción de vías terciarias. Es decir, una parte del Plan se orienta hacia una parte de las masas –votantes- del campo y la ciudad que han sido excluidas de medios de producción, conocimiento, ingresos y condiciones de vida, prometiéndoles su acceso gradual, en tanto que ciudadanos con derechos.

A su vez, es relevante que considera la necesidad de modificar la perspectiva desarrollista que ha prevalecido desde inicios de los años setenta, mediante la cual se colocaron los bueyes detrás de la carreta[ii]. Para comprender el cambio propuesto, es necesario tener en cuenta que bajo condiciones capitalistas “normales” de crecimiento, el papel de dinamizador lo cumple algún sector de la industria manufacturera, que es seguido por las industrias de servicios y comercio, cambios a los que se adaptan las áreas de construcción y de extracción de materias primas básicas. En forma contraria, desde esa época la política estatal ha colocado énfasis en la construcción y la extracción primaria como las fuentes desde las cuales se ha pretendido recuperar el fuelle que perdió el lánguido capitalismo colombiano.

En consonancia, las políticas estatales modificaron el sector bancario y financiero, para que mediante su privatización apalancará las constructoras privadas. Estos cambios ayudan a explicar la polarización del capital hoy existente, materializada en grandes grupos económicos de un lado, y alta informalidad del trabajo, del otro, así como el recurrente fracaso en salir de la crisis. Ejemplo de lo anterior es el largo ciclo de recuperación del beneficio entre 2002-2019, que al sustentarse en la construcción y extracción primaria no permitió un adecuado desarrollo de las fuerzas productivas. Al contrario, dichos sectores al encadenarse directamente con la actividad especulativa de la banca y las finanzas sólo permitieron la captura de rentas que brotan del uso de la tierra y del espacio construido. Por esa razón, es que no ha sido posible superar los determinantes de la larga crisis capitalista, y al contrario con el tiempo únicamente se han ampliado sus nefastas consecuencias sobre el empleo, la productividad y el medio ambiente, entre muchas por citar.

Por eso, la formulación del Plan en forma perspicaz convierte esa larga crisis en una oportunidad, y llama a transitar hacia una economía donde el conocimiento, las condiciones ambientales y de cuidado cumplan ese papel dinamizador del progreso. Por lo pronto, en forma genérica se destaca la necesidad de transición energética hacia fuentes no convencionales como hidrógeno, eólica o biogás, o actividades de la bioeconomía, movilidad sostenible, medicamentos, agroindustria, tecnologías de la información, o formula criterios genéricos tales como diversificar exportaciones, crear ciudades verdes y circulares, o logar encadenamientos y conglomerados productivos desde las regiones.

Sin embargo, aún no se precisa qué sectores específicos y bajo cuáles estrategias podrán cumplir el papel de locomotoras del recambio. Al respecto, queda la urgente necesidad de identificar productos alternativos que permitan sustituir las exportaciones primarias (petróleo, carbón) a fin de que la transición permita sostenibilidad al sector externo, y para que no se sigan desperdiciando oportunidades, como ya ha sucedido con el aprovechamiento industrial del cannabis, área acaparada por la industria canadiense. En tal sentido, el reto es mayúsculo si se toma en cuenta que los recursos públicos son totalmente reducidos frente a las demandas y retos que el Plan, por ahora, considera.

3.   La situación política que condiciona la formulación del Plan

El documento del Plan es elocuente en describir las restrictivas condiciones que enfrenta el país y que son objeto de su transformación, sin embargo, resulta pertinente considerar, de pasada, el panorama político en que se inscribe, denotado por la amenaza de una recesión mundial que legitima el uso de políticas contracíclicas, las que fueron mal vistas hasta hace poco, mientras al interior del país el gobierno está compelido a sostener diversos consensos a falta de una base social estructurada en comparación con la maleable población votante.

Es de dominio público que la guerra en Ucrania moldea la geopolítica y cómo ella es producto de una sagaz y peligrosa estrategia de los EEUU, con la que el capital norteamericano ha recuperado parte de la hegemonía perdida en la última década. Esto, porque ha podido profundizar su política de cerco y ataque sobre Rusia, medio por el cual también aísla y afecta el crecimiento potencial de Rusia y China. Además le ha servido para subyugar a Europa a su agenda, e imponerle una dura recesión mediante la cual está impidiendo que fortalezca sus lazos comerciales con China. A lo anterior se suma que las empresas norteamericanas de energía, alimentos, agroinsumos y armamento están obteniendo enormes ganancias debido al incremento especulativo de precios. Más importante, es que los capitalistas de EEUU demuestran que pueden hacer la guerra desde las trincheras de la industria de la comunicación, y con ella movilizar y utilizar a terceros países como combatientes, revelándose todo como un mecanismo fundamental para apalancar la acumulación de capital en medio de la crisis y así sostener el poder por medio de una estrategia que resulta mucho más rentable que mandar marines y aviones propios.

En ese escenario se mantiene la tendencia hacia una nueva recesión de la economía mundial, siendo Europa y China las áreas más afectadas, mientras el gobierno de los EEUU ha podido, por lo pronto, suavizar sus efectos. Esta situación ha sido aprovechada mediante el incremento sucesivo de la tasa de interés, permitiéndose trasladar los costos de su crisis e inflación al resto del mundo, al fortalecer artificialmente el precio del dólar y con ello atraer capital para su relanzamiento. En consecuencia, áreas como América Latina son víctimas de esas políticas al ver reducidos sus flujos de inversión, cambio que deprecia sus monedas y en forma defensiva repiten la errada política de aplicar alzas sistemáticas de las tasas internas de interés, medidas con las que alientan procesos inflacionarios internos y desencajan las condiciones de estabilidad que exige el capital para mantener sus negocios o sus inversiones.

Es en este contexto que cobran relevancia las llamadas políticas contracíclicas que pueden aplicar los gobiernos. Con ellas, se designan incrementos del gasto e inversión estatal que permiten sostener los niveles de la demanda agregada a fin de amortiguar los efectos recesivos sobre el producto total, el empleo y los ingresos. En estas políticas es importante que, una parte de los recursos estatales se utilicen como incentivos auxiliares a la inversión privada con el fin de sostener sus niveles.

Lo interesante, es que ese tipo de políticas estaba mal visto en las dos décadas pasadas, de amplio domino neoliberal, situación que empezó a modificarse desde las crisis mundial de 2008. Así, desde el gobierno de Obama se vienen aplicando políticas dirigidas a suavizar los impactos de las recurrentes crisis, tendencia fortalecida en el gobierno de Trump y radicalizada por el de Biden, quien propuso un plan de amplísimo gasto público, del orden de seis billones de dólares, destinado a rehacer la maltrecha estructura productiva norteamericana. Tal giro hacia al neoinstitucionalismo ha legitimado las políticas que ya venían aplicando los gobiernos liberales de izquierda en América Latina, por tanto, las propuestas macroeconómicas del gobierno Petro encajan bien en ese contexto, de allí el apoyo del gobierno norteamericano a su gestión.

En síntesis, la amenaza de la recesión mundial permite legitimar un Plan de gobierno que se autodefine como contracíclico. Sin embargo, éste también debe pasar por los filtros políticos que definen las  cargas de fuerzas al interior del país. Aquí, por brevedad, se puede recordar que el Gobierno Nacional es producto de la crisis de legitimidad del régimen de ultraderecha, quebrado por las protestas populares de 2019 y 2021, y de muy diversas alianzas partidistas[iii]. Esto hace que el Pacto Histórico cuente fundamentalmente con una población votante que puede ser maleable, de allí que enfrente retos por “derecha e izquierda”.

Inicialmente, el gobierno se enfrenta a una doble táctica desde los partidos que representan al capital. Por un lado, la derecha se ha incrustado a su interior y esto le permite una gobernabilidad tutorada, manifiesta en que continuamente debe recortar sus propósitos, tal como ya sucedió con la reforma agraria, o la tributaria que, descendió de setenta a sólo veinte billones, sombra que pesa sobre los objetivos en transición energética, pensiones y salud. A su vez, la ultraderecha teje su cerco sobre el gobierno usando la industria de la comunicación, los centros de producción ideológica, como Fedesarrollo, y la fuerza del capital especulativo que opera sobre la tasa de cambio, instrumentos que generan desinformación y descontento que es movilizado en las calles como protestas de masas.

Además, el gobierno se esfuerza por construir una relación más orgánica con los movimientos  sociales y populares, porque ante una situación de crisis son quienes podrían prestarle fuerzas para sostener su gobernabilidad, dirección en la que juegan las más de cincuenta mesas regionales, o el desarrollo de la Convención Nacional Campesina, mediante las cuales ha buscado legitimar su iniciativa de Plan de gobierno.

Tal situación lleva a que las masas populares deban moverse en dos aguas que van a contracorriente. Una asociada a la necesidad de participar en los espacios institucionales abiertos  a fin de promover soluciones a sus problemáticas, dinámica que puede ser usada hacia su apaciguamiento y cooptación con el fin de que funcionen como mero soporte del gobierno; sin embargo, también necesitan sostener sus protestas contra el capital y la institucionalidad que le es funcional, forma de proceder que ha removido la sociedad colombiana y la está impulsado a superar sus lastres históricos. Por tanto, la vinculación estratégica entre el gobierno y el movimiento social y popular dependerá de qué tanto madure, de un lado y de otro, la necesidad programática y organizativa destinada a consolidar una verdadera salida popular a la actual crisis.

En resumen, el Gobierno Nacional se mueve en medio de un equilibrio inestable porque los voceros del capital le imponen una doble estrategia de entronización y cerco, y del otro los sectores populares despliegan una estrategia dual de apoyo condicional y protestas, de allí que tenga la necesidad de una negociación continua sobre los medios y propósitos, hacia un lado y otro, condición que puede causar insatisfacciones que a la postre terminen por jugar en su contra, contexto dónde el Plan Nacional de Desarrollo se convierte en una carta clave, porque a través suyo se delinea, en buena medida, el mapa general sobre el cual se sucederá la disputa política en los próximos tres años.

4.   Limites y críticas al Plan de Desarrollo

La postura dirigida a concertar o armonizar las contradicciones sociales de la sociedad capitalista no es nueva en la historia de la filosofía y la política. Sabido es que Kant y Hegel quisieron hacerlo suponiendo una razón universal, o la razón de Estado, o que los liberales radicales –en sus diferentes versiones- han pretendido alcanzar ese objetivo mediante la constitución de óptimos resultantes de la negociación de fuerzas contrapuestas, y que en forma más reciente Habermas y otros han echado mano de una supuesta eticidad comunicativa, o de la otredad que se supone capaz de ser universal y particularista para amoldarse a las condiciones conflictivas de la sociedad capitalista y posmoderna. En este caso, como ya se anunció, el gobierno convierte la crisis ambiental en una necesidad sentida y real a la cual todos deben acogerse y aportar con el fin supremo de preservar la vida planetaria.

En consecuencia, la defensa de la vida de las personas y de los demás seres vivos es convertida en el punto de conjunción bajo el cual todos los sectores sociales lograrían acceder a un vínculo de mutuo reconocimiento en cuanto colectividad de similares. Y aquí, lo fundamental es que la depredadora relación sociedad-naturaleza es colocada como el vínculo primordial desde el cual se formulan las alternativas políticas, siendo sobrepuesto al conjunto de relaciones sociales. Sin embargo, con ese proceder las relaciones y mecanismos mediante los cuales se reproduce la explotación y opresión capitalista, son desconocidos, invertidas o suplantadas por vínculos socio-espaciales genéricos[iv], permitiéndose que las clases y sectores sociales sean homogenizados y transfigurados en actores-ciudadanos que pueden ser reconocidos en tanto sujetos de derechos por cumplirse, perspectiva que impide cuestionar el “orden” del capital.

Tal proceder es el que permite que el territorio sea formulado como el vínculo mediante el cual se reconocen en forma abstracta los problemas sociales y funcione como columna vertebral del Plan. Y es de notar que si bien las relaciones sociales se suceden en un territorio, es el conjunto de relaciones sociales el que connota su acceso, propiedad, valoración, uso y función en la sociedad, y no al revés. Siendo también necesario recordar que el discurso de la territorialización, de factura posestructuralista (G. Deleuze ® D. Harvey), fue vendido desde los centros universitarios y convertido por los movimientos sociales en una trinchera, para desde ella desplegar sus tácticas defensistas a fin de enfrentar la cruel guerra desplegada en su contra durante las tres décadas pasadas. Pero esta situación ha sido modificada por el quiebre político del régimen ultraconservador y sobretodo por las últimas protestas en las que se ha recuperado la perspectiva del análisis y la lucha de clases. Sin embargo, la preponderancia de ese discurso durante tanto tiempo ayuda a explicar porque el discurso del reordenamiento territorial es sonoro entre parte de las organizaciones sociales y funciona como puente de identificación y conectividad con el gobierno.

Otra de las consecuencias de colocar como centro al territorio es que se tiende a dar mayor peso al área rural y esto lleva a reproducir, en cierta medida, el unilateral diagnóstico de que el principal problema del país proviene del campo, limitado discurso con el que se fraguó el Acuerdo de la Habana, y que permite disminuir el peso que tienen otros problemas, por ejemplo, el desempleo, que realmente cubre hasta el sesenta porciento de la población en edad de trabajar y del que depende el ingreso de la mayoría de las familias, situación que abiertamente es producto de la altísima polarización de la propiedad del capital, y que si bien es considerado en las bases del Plan, no cobra la centralidad que amerita.

En continuidad con lo anterior, la política de armonización social implica que no se cuestiona en forma decidida la altísima polarización de la propiedad en el país: ni de la tierra, ni del capital. Un ejemplo patente es el acuerdo con Fedegan que compromete sesenta billones de pesos a cambio de unas pocas tierras de las que concentran, perspectiva totalmente inconsistente porque el presupuesto nacional no da para ello, deduciéndose que la gran mayoría de los trabajadores del campo continuarán sin acceder a ese medio de producción y vida. Por tanto, no se cuestiona y continúa primando el interés privado de unos cuantos sobre las necesidades sociales del país.

Lo anterior lleva a que se plantee una política segmentada para dos economías que supuestamente se complementan:i) la popular-autogestionaria: para la cual se promueve la democratización de créditos, sin que se cuestionen los patrones individualistas y artesanales sobre los cuales funciona, de modo que las condiciones de bajos rendimientos y precarios ingresos podrían simplemente persistir; ii) la economía del gran capital: a la que cuando mucho se le conmina a pagar impuestos, pero que se deja intacta para que continúe tranquilamente su curso. Por ello, las bases del Plan dan a entender que las grandes obras de infraestructura continuarán sobre los esquemas de APP-privadas, mientras se promueven APP-populares para oferta de alimentos, arreglo de viviendas, o en las vías terciarias.

Más importante es señalar que una postura ambientalista y por el recambio de la matriz tecnológica centrada en combustibles fósiles es una impostura, si no se cuestionan las relaciones sociales sobre las que se levanta la acumulación de capital y el desastre ambiental. Curiosamente el presidente Petro ha sostenido esa crítica en instancias internacionales, mientras que en el Plan son inexistentes las propuestas tendientes a promover formas de propiedad y producción social dónde primen mayores grados de cooperación y propiedad social, bases desde las cuales se podrían  estimular, cuando menos, “líneas de fuga” que animen a ir más allá del capital. Ante tan notoria ausencia, el discurso ambientalista simplemente se reduce a mera propaganda que favorece las industrias de punta de países avanzados como Alemania, porque son ellas las que producen y se benefician de la venta de autos eléctricos, de los generadores de hidrógeno verde, de las transformaciones y adaptaciones  digitales, o las aplicaciones en biotecnología. Y en consecuencia, sólo se profundizaría la dependencia y el peso de las importaciones, favoreciendo a las grandes corporaciones mundiales y el gran negocio que viene apalancando el recambio tecnológico, aportando con ello a reproducir la lógica que sostienen la acumulación de capital.

De persistir tal faltante en el PND, se tendría que su orientación sólo sería funcional al capital, limitándose a desplazar las condiciones de la crisis mediante cierta adaptación de la estructura productiva nacional. Es en ese mismo sentido que la política de incrementar la inversión pública se podría ver reducida a un mero ejercicio de macroeconomía contracíclica, tendiente a suavizar los efectos de la recesión mundial sobre el capital local. Con ello, el anuncio de que el Estado juegue un mayor papel en la promoción del desarrollo sólo implicaría cambiar un mito por otro: el desplazamiento (trade-off) entre capital y Estado, por el mito de su complementariedad, argumento conveniente para una adaptación a las políticas de moda en los EEEUU. Con tal juego, se ahoga el hecho sustantivo de que los mayores grados de cooperación social son los que posibilitan que una sociedad incremente su productividad y bienestar, y que por tal razón, la planificación pública y social debe primar sobre los intereses individuales, siendo una necesidad creciente a la que no se puede renunciar si realmente se quiere que los mayores beneficios se irriguen en favor de todos, empezando por los trabajadores directos.

Un aspecto específico que merece centralidad, pero que en el Plan sólo se considera parcialmente, es la necesidad de acompañar el incremento de la actividad estatal con el fortaleciendo de la banca y los fondos públicos para fomentar la inversión. Este importante aspecto sólo se menciona en forma vaporosa cuando se habla del requerimiento de democratizar el acceso a medios productivos y de vida para sectores como las mujeres, los campesinos, las Pymes, o asociaciones comunitarias, política en la que se desconoce totalmente al proletariado. Tal abordaje resulta extremadamente limitado, porque el direccionamiento estratégico del país depende de hacia dónde fluyen los recursos de inversión, y como esas decisiones tienen severos efectos sobre la vida de todos en el país, es lógico que su carácter sea público. En consecuencia, es evidente que tal función social no puede delegarse al gran capital que, frente a la exigente tarea de acometer la innovación transformadora ha preferido, durante décadas, la fácil captura de rentas y sobre-ganancias que brotan de la explotación de los recursos de la tierra y de la construcción.

Por lo tanto, se trata de un aspecto substancial que no puede ser considerado de forma abstracta o gaseosa, porque es un delimitador real para valorar si el país está siendo enrumbando hacia una perspectiva que le permita recuperar la capacidad de dirección y control con la que se decide para dónde y cómo queremos ir, condición inseparable de la recuperación de la capacidad de generar el crédito desde el sector púbico, y que marca la posibilidad de que los recursos de inversión se dirijan con urgencia a la transformación de la estructura productiva a partir de sectores estratégicos de carácter público, posibilitando con ello realmente los objetivos que propone el Plan.

En resumen, se trata de un Plan de Gobierno que invierte el hecho de que son las relaciones sociales capitalistas las que han generado la amenaza ambiental, al definir como centro la depredadora relación sociedad naturaleza. Con tal inversión, se prefiere no reñir con la estructura productiva centrada en la alta polarización de la propiedad de los medios de producción, evitando cuestionar, y proponerse superar, las degradadas relaciones capitalistas. Pero, contra esta crítica se devuelve el significativo hecho de que, Petro en la campaña presidencial fue insistente de que su programa buscaba más capitalismo. ¿Entonces, porque exigirle aquello a lo que no se comprometió?

En principio, porque sigue siendo necesario ampliar la brecha política abierta para consolidar una verdadera salida popular a la crisis del país. En este sentido, ha sido la larga dinámica de protestas la que permitió dar un paso adelante al quebrar el régimen político ultraconservador, por eso es necesario que el conjunto del proletariado y demás sectores continúen presionando “en todos los espacios sociales para lograr que la rama se incline a su favor, y el fruto caiga de su lado”. En segundo lugar, porque existe el riesgo real de que en el país se reproduzca la dinámica de recambio pendular entre gobiernos reformistas y de ultraderecha, característica del ciclo político de  América Latina, situación con la cual sólo se alargan las causas de la crisis, mientras los costos continúan recayendo sobre las condiciones de vida de los sectores y clases populares[v].

De mayor relevancia es que efectivamente la humanidad enfrenta ya las consecuencias del desastre ambiental, y este sólo puede sortearse superando las relaciones capitalistas que lo producen[vi], por eso, compete al movimiento social y popular avanzar programática y organizativamente para construir una verdadera salida popular a la crisis que ha generado e impuesto el poder capitalista, agenda que va más allá de un gobierno, y de un periodo gubernamental.

Edgar Fernández: Centro de Pensamiento y teoría Crítica Praxis

Notas:

[i] “Colombia, potencia mundial de la vida: bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, DNP, noviembre de 2022.

[ii]  Esta problemática se trata en forma ampliada en “Industria y empleo en Colombia”, Revista Proletaria No 3

https://www.centropraxis.co/_files/ugd/ce68dd_a950638c4d47488e928a7a48d5fa47ef.pdf

[iii] El artículo “Crisis de la democracia, progresismo y salida popular a la crisis” amplia la descripción.

https://www.centropraxis.co/post/crisis-de-la-democracia-progresismo-y-salida-popular-a-la-crisis

[iv] En la misma dirección se puede citar la critica a Saito, quien pretende que la “«interacación metabólica» entre la humanidad y la naturaleza (sea) la contradicción fundamental del capitalismo””, mientras para Marx “el capitalismo es un sistema de «explotación brutal» de la mano de obra en la producción con fines de lucro, no de robo o despojo”, según Roberts. en “Saito: la grieta metabólica y el comunismo del crecimiento”, Revista Sin Permiso, 03/12/2022.

[v] https://www.centropraxis.co/post/crisis-de-la-democracia-progresismo-y-salida-popular-a-la-crisis

[vi] Latorre, Sergio. (2022, 3 de marzo). Cambio climático: un caso de miopía selectiva del capitalismo https://www.centropraxis.co/

Colombia. Ultraderecha inicia lawfare (guerra jurídica) contra el presidente Gustavo Petro por anunciar que líderes sociales presos serán Gestores de paz

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Por: Horacio Duque

 

Los más poderosos medios de comunicación colombianos (La Revista Semana y el diario El Tiempo) están posicionando entre la opinión pública nacional una guerra jurídica y política (Lawfare) contra el presidente de la república, el doctor Gustavo Petro, el primer líder de izquierda que accede a dicho cargo con un programa de cambios y transformaciones sociales y democráticas (ver www.semana.com  y www.eltiempo.com ).

Esta acción coincide con diversas manifestaciones de reconocidos dirigentes de la ultraderecha uribista que piden la salida del presidente Petro de su cargo como jefe del estado en funciones, mediante manifestaciones, con discursos, en las redes sociales y en la actividad parlamentaria, especialmente en los días más recientes a raíz de los sucesos presentados en el Perú con el “golpe de estado” derechista al presidente Pedro Castillo, quien ha sido encarcelado y enjuiciado después de haber sido vacado por el parlamento de dicho Estado utilizando los más pervertidos argumentos y las más descabelladas acusaciones sobre su insolvencia moral.

Los núcleos mas regresivos del uribismo y el propio jefe del Centro Democrático han sacado las uñas para direccionar un proceso que destituya y judicialice, con narrativas seudojuridicas, al doctor Petro.

En estos menesteres la ultraderecha neonazi colombiana (como la de todo el mundo, ahora que está en auge ver https://rebelion.org/derechizacion-mundial/ ) no se pone con rodeos y va directo encaminada a un golpe de estado “blando”, como son conocidos ahora estos procedimientos políticos para abortar cualquier intento de reformas que alteren la composición del poder oligárquico que controla los resortes principales del Estado y del modelo neoliberal.

Todo parte de los anuncios hechos por el presidente de poner en libertad a casi 300 lideres sociales que han sido objeto de montajes y retaliaciones policiales y judiciales con ocasión de las protestas y actos de rebelión sucedidos en la explosión popular del mes de abril del 2021. Tan pronto se conoció el triunfo electoral de Petro éste pidió a la Fiscalía levantar las ordenes de captura contra los jóvenes y dejarlos en libertad; y en días recientes, desde la ciudad de Pasto, donde participaba en una reunión con las juntas comunales, anuncio que antes de la navidad los presos de la insurrección social regresarían a sus hogares en calidad de “gestores de paz”, en los términos de la ley de orden público (2272), recién aprobada por el Congreso de la república.

De inmediato se desato la vocinglería reaccionaria. Para la clique fascista la oportunidad estaba servida; les vino como anillo al dedo y enseguida se armo el cuadro de una guerra jurídica contra el presidente Gustavo Petro.

Nada nuevo. Lo que se ha perfilado es una ruta muy difundida en el escenario latinoamericano; se trata de lo que se conoce como un lawfare, o sea, una “guerra jurídica” para destruir a Gustavo Petro y desatar una deriva regresiva que retorne el poder del gobierno a un representante del campo reaccionario de la violenta ultraderecha colombiana.

Para saber de que se trata este paquete golpista cito acá, con fines políticos y pedagógicos, a los expertos en este tema, como un aporte al movimiento popular, para que se tomen con urgencia las medidas necesarias por parte del gobierno, el Pacto Histórico y sus aliados para evitar una tragedia que desate más violencia y una guerra generalizada en la sociedad colombiana como ocurrió con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, cuando despego la guerra fratricida de los años 50 del siglo XX en la que murieron mas de 500 mil personas y se armo el caldo de cultivo del segundo ciclo de la violencia nacional (1965-2014).

De acuerdo con Romano (Ver https://cronicon.net/wp/el-lawfare-en-america-latina-guerra-contra-la-politica/ ) el lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática que incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (locales y extranjeros).  “Esta guerra, agrega Romano, opera «desde arriba», por medio de un aparato judicial que se «eleva» por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes, habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley, su instrumentalización para acabar con el adversario político. El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos. Esta dinámica se alimenta con voces de especialistas (muchas provenientes de think tanks gringos) que tienen fuerza de verdad y eco en los principales medios y redes sociales.

Los expertos recalcan que el concepto de lawfare hace referencia al uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país (ver https://elordenmundial.com/que-es-lawfare/ ). La palabra combina los términos law (‘ley’, ‘derecho’) y warfare (‘guerra’, ‘conflicto’), y se traduce del inglés como ‘guerra jurídica’. Consiste en usar el sistema judicial de un país con fines partidistas, contrarios a la separación y la independencia de poderes y de las provisiones del Estado de derecho (https://elordenmundial.com/que-es-lawfare/ ). En definitiva, es el arma política de tratar esas mismas cuestiones por vía judicial. Entre las tácticas más habituales del lawfare están la manipulación del sistema legal para abrir procesos sin pruebas, influir y sembrar confusión entre la opinión pública, o bloquear los intentos de los implicados para controvertir las acusaciones y defender sus derechos (https://elordenmundial.com/que-es-lawfare/ ).

El objetivo de la guerra jurídica es desprestigiar y desacreditar a una autoridad política, bien para evitar que se presente a futuras elecciones o para retirarla de la vida política (https://elordenmundial.com/que-es-lawfare/ ). Las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel importante en la divulgación de información vinculada a guerras jurídicas, pues afectan a la opinión que el público se forma de quien está siendo víctima.

Se ha comparado el lawfare con un golpe de Estado “blando”, llamado así porque no es violento y evita la presencia directa de los militares, como en los clásicos golpes de estado latinoamericanos. Como quiera que el fin de un golpe es tomar el poder de manera ilegal, en una guerra jurídica lo que se pretende es deponer a la persona precisamente con procesos legales.

Estas guerras jurídicas se enfocan en la persecución de las protestas y los movimientos sociales para criminalizar y encarcelar a sus lideres con el fin de blindar el modelo neoliberal y los sistemas oligárquicos de gobierno.

Los casos más emblemáticos de este tipo de guerras jurídicas han sido los de Lula y Dilma Rouseauf en el Brasil; el de Cristina Kirchner en Argentina, quien acaba de ser condenada por jueces corruptos del impotable poder judicial de Buenos Aires; el de Lugo en Paraguay; y el de Jesús Santrich, el líder guerrillero de las Farc que fue sometido a un entrampamiento judicial por parte de uno de los fiscales mas corruptos en la historia judicial colombiana, Néstor Humberto Martínez, junto con el actual Barbosa, la taimada ficha del expresidente Iván Duque.

Así que estamos en una muy grave guerra jurídica contra el presidente Gustavo Petro en la que se han concertado jueces/magistrados oscurantistas, un fiscal torcido (ver www.semana.com ), la embajada gringa, la cúpula neonazi uribista, roscas militares/policiales, camarillas empresariales y grandes medios de comunicación como Semana y el Tiempo.

Estamos a tiempo para desenmascarar esta tramoya antidemocrática; hay que actuar con agilidad, especialmente desde el Pacto Histórico, el instrumento político del bloque popular que lidera las transformaciones de nuestra sociedad. Evitemos llorar después sobre la leche derramada; que ciertos dirigentes depongan sus sucios intereses y que todos actuemos pensando en el bien común. La unidad es clave en esta sensible coyuntura. Hay que rodear al presidente Gustavo Petro y confiar plenamente en su inteligencia y habilidad para sortear este tipo de arremetidas como lo hizo en el pasado en su condición de alcalde de Bogotá, cuando debió manejar la feroz arremetida del procurador Alejandro Ordoñez que pretendió destruirlo y barrerlo de la faz política.

La paz total en Colombia: ¿Una posible hegemonía alternativa? 

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Por: Alberto Pinzón Sánchez 

 

La matriz de análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas) para el análisis de las organizaciones, al parecer inspirada en el milenario escrito del “arte de la guerra” del legendario estratega militar chino Sun Tzu, empezó a usarse a comienzos de la década de los años 60 del siglo pasado, y su utilidad ha permitido su empleo en el análisis de otras situaciones que pudiéramos llamar estratégicas; donde el contexto general ha cambiado.

Algo difícil de asimilar por algunas mentalidades dirigentes y dominantes en Colombia, quienes por su formación escolástica y formalista, con siglos de sedimentación por la secular dominación ejercida, no alcanzan a visualizar y entender los cambios, los movimientos, las contradicciones nuevas que van aflorando y moviendo la realidad; persistiendo tercamente en su quietismo, en la inmutabilidad de las cosas, en la fábula del eterno retorno, que sustenta su argumentación profunda en la famosa frase bíblica de que “no hay nada nuevo bajo el sol”.

Pues en la actual Colombia, hay quienes desde el bloque de clases dominante aseguran que la Guerra Fría no ha concluido. Que seguimos inmersos en la confrontación económico-política-ideológica de las dos superpotencias surgidas después de la segunda gran guerra mundial USA- URSS: La democracia occidental enfrentada al comunismo ateo (ahora predominantemente oriental). Que el hegemón unilateral del sistema global del imperialismo sigue siendo EEUU, y que la pérdida paulatina de su hegemonía es una gran mentira, un fake, acuñado por los antimperialistas para desacreditar el invencible y eterno “American Way of Life.

Que el proyecto lanzado por el presidente Bush I en 2001, al comenzar la invasión a Irak de construir “El Estado Mundial” (1)  basado o soportado en 253 bases militares de alta tecnología repartidas por todo el mundo (en Colombia solo hay 7 bases reforzadas desde 2017 por el convenio de JM Santos con la OTAN), no ha sido derrotado por la valerosa y persistente lucha de los pueblos del mundo. En fin, que a pesar de la gran crisis civilizatoria que estamos viviendo y que golpea a todos por igual, el canto del cisne anunciando el fin de una era y el surgimiento de otra basada en el multilateralismo es una bagatela; una composición musical de carácter ligero y de poca duración.

Y sobre la realidad colombiana actual, no van más allá de propalar por medio del aparato falsimediático un relato inverso montado sobre las siguientes irrealidades.

1- La nueva situación generada en Colombia a raíz del triunfo de las diversas fases de la combativa movilización social, que finalmente llevó a la derrota electoral del uribismo y a la presidencia de Petro, con la concreción de su estratégica consigna de la paz total, no es más que un traspié momentáneo que dentro de 4 años, a lo sumo, será superado.

2- La estrategia contrainsurgente iniciada en 1958, de adelantar procesos de paz basados en la DDR (desmovilización, desarme y reinserción) con la cual se ha pretendido tercamente, pero sin éxito, resolver el complejo problema guerrillero surgido en Colombia en 1948; estrategia continuada, mejorada y reorganizada por cada uno de los 13 presidentes de la contrainsurgencia que ha tenido Colombia desde entonces, sigue siendo la correcta y se debe volver a aplicar “ad infinitum”.

3-El proceso de paz de la Habana/ 16, formalizado con el pérfido pacto Santos-Timochenko, es un modelo universal que se debe aplicar a todos los demás procesos de paz con insurgencias políticas (de cualquier tendencia ideológica) que se proyecte realizar en Colombia: Su logro está en los números: 7 mil guerrilleros de las Farc (https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38888897) desarmados y desmovilizados arrodillados pidiendo perdón, que por favor se cumpla lo pactadado, que no los sigan matando, y sus antiguos dirigentes haciendo todo lo posible para que no los metan en las mazmorras por los crímenes de guerra que públicamente han reconocido cometieron.

4-Los innumerables grupos armados organizados ( GAO) que según las mismas autoridades han reconocido ocuparon el territorio dejado por las Farc, reciclando el horror y la atrocidad del conflicto interno colombiano, a los que se les debe agregar los varios grupos en los que saltó hecha pedazos la propia FARC después del engaño de dicho pacto, de la perfidia estatal, de los incumplimientos, las traiciones, los entrampamientos y montajes, y del exterminio de desmovilizados gota a gota; son todos grupos armados ilegales, desideologizados luchando por el control de rutas del narcotráfico a los que simplemente hay que aplicarles la Ley.

Sin embargo, la realidad, la terca realidad , dice otra cosa a pesar de que “obtusamante” se le pretenda tapar con un dedo. Un análisis DOFA condensado de la nueva situación generada en Colombia y que por razones de espacio y lugar no es posible desarrollar “in extenso”, implica además de resaltar las obvias oportunidades en todos los aspectos, contar con las fortalezas que se tienen en este momento, y sobre todo, analizar con prospectiva el terreno deleznable de las múltiples debilidades y las amenazas que se visualizan hacia el futuro .

Por ejemplo. Fortaleza, es la coherencia del dolor y el sufrimiento de los colombianos convertido en Movilización Social. Oportunidad, es la real posibilidad de avanzar hacia una Hegemonía alternativa nueva y democrática. Debilidad es el archipiélago ideo-político de la llamada Izquierda colombiana. Amenaza es el militarismo narco paramilitar al acecho, para profundizar el caos, la incertidumbre hasta hacer definitivamente de Colombia un Estado fallido como Somalia, Libia o Yemen, etc; que sea más funcional a la etapa actual de decrepitud imperial en su estrategia global de sembrar el caos en todo el mundo, para así poderlo controlar.

También es una gran amenaza que debe ser prevista a tiempo, la trampa tendida por el presidente Pastrana en el Caguán, a través del almácigo de “negociadores oficiales” de inducir a los negociadores de las Farc a considerar una lista ilimitada de peticiones y temas de discusión en en una llamada “agenda infinita” que alcanzó el absurdo número de más de 500 temas de discusión. El objetivo final era claro: prolongar los diálogos hasta el final del gobierno (mientras se reorganizaba el ejército mediante el Plan Colombia) y llegado el momento declarar el diálogo inútil, seguido de la caída del alpinista y el conflicto reciclado. Dejar para los últimos meses del gobierno la firma del acuerdo de la Habana, fue también la táctica de los negociadores del gobierno Santos. El resultado está a la vista: un pacto malicioso de afán, recortado o modificado a gusto, sin posibilidad de ser refrendado, y la organización guerrillera dividida en su primera división; en la fase de mórula de la mitosis celular.

En cambio, una gran oportunidad , que debe ser valorada en todas sus posibilidades, es la consigna general con la cual se ha cubierto el actual gobierno del pacto histórico de Petro de llegar a las causas profundas que por años han movido el llamado conflicto interno colombiano, hasta alcanzar una paz total. Perspectiva superestructural que se debe expandir hacia la construcción de una hegemonía alternativa o nuevo consenso social, que como lo señala Gramsci para toda hegemonía, represente no solo los intereses de la clase dominante, sino el interés general de la sociedad incluidas las clases subalternas dominadas.

Este nuevo contexto, tanto nacional como internacional, que empieza a generalizarse de construir colectivamente una verdadera paz en la atormentada sociedad colombiana y, que debido a la debilidad diplomática (no militar) en la que se debate el gobierno de los EEUU ha tenido que ser aceptado por casi todo el mundo, como todo nuevo contexto obliga a todos los concernidos e interesados a su discusión democrática y a su praxis correspondiente hasta hacerla realidad.

Nota

(1) Arrighi Givanni. Adam Smith en Pekín.  orígenes y fundamentos del siglo XXI. Capítulo IX , págs 263 y ss. Ediciones Akal. 2007.

Colombia: primer acuerdo entre el gobierno y el ELN para el retorno de indígenas desplazados

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Fuente: Página 12

 

                                             El municipio de Murindó en Antioquia sufre la violencia del conflicto armado

“Han vuelto a Murindó un municipio moribundo, y nosotros no podemos permitir eso”, lamentó el presidente Gustavo Petro, quien exigió un “cese de la hostilidad”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un acuerdo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para permitir el retorno seguro de un pueblo indígena desplazado del oeste del país, el primero desde la reanudación de las negociaciones de paz. Durante su participación en el Encuentro de Dirigentes del Occidente Antioqueño, Petro detalló que “el primer punto de acuerdo con el ELN es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas emberas a sus resguardos, con garantía de no repetición y de retorno”.

Volver a vivir en paz

Una de esas poblaciones reside en el municipio de Murindó, en el departamento de Antioquia, que sigue sufriendo la violencia surgida del conflicto armado. “Han vuelto a Murindó un municipio moribundo, y nosotros no podemos permitir eso”, lamentó Petro, quien indicó que se trata de una localidad “de mayorías étnicas: indígenas y afros” y pidió más acciones para que se pueda vivir en paz en los territorios. Petro abogó, de esa forma, por un “cese de la hostilidad sobre la población en Murindó” para que su población pueda “vivir en paz”.

En referencia al pueblo embera, el presidente colombiano destacó que fue víctima de la violencia del conflicto a manos de diferentes actores que le robaron “la tranquilidad de vivir en sus territorios”, por eso celebró el primer acuerdo alcanzado en Caracas en la nueva ronda de conversaciones de paz. Sin embargo, Petro consideró que hay que hacer lo mismo con otras poblaciones ya que “el retorno debe ser posible en todo el territorio nacional para cualquier grupo étnico de la población”.

Los delegados del ELN no se pronunciaron hasta el momento sobre este primer punto acordado. “Sólo los cambios en la realidad del país nos conducirán a la paz. Por eso con la participación de la sociedad esperamos que los gobiernos se comprometan a realizar transformaciones”, se limitó a escribir en su cuenta de Twitter el comandante de la insurgencia, Antonio García, quien agregó: “La obligación de los gobiernos es trabajar por el bien de la sociedad, y no esperar a que las guerrillas les digan que hay que cambiar”.

Alivios humanitarios

Las negociaciones con las organizaciones guerrilleras, interrumpidas en 2019 por el gobierno de Iván Duque en respuesta a un atentado que dejó 22 muertos además del agresor, fueron retomadas por Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país. Los delegados del gobierno y la guerrilla fundada en 1964 por sindicalistas y estudiantes instalaron la mesa de diálogo el 21 en noviembre en Venezuela.

El gobierno y el ELN conversan sin haber llegado a un cese al fuego entre la fuerza pública y los 2.500 integrantes que tiene la guerrilla, según el centro de estudios Indepaz. Sin embargo, se comprometieron a adelantar “procesos de alivios humanitarios” como parte de la agenda de negociación acordada en marzo de 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos, que firmó ese año un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desmovilizadas y convertidas en un partido político.

Por lo pronto el ELN empezó a liberar a algunos soldados secuestrados, como gesto de acercamiento con el gobierno. A pesar del pacto de paz, los grupos armados siguen disputándose el negocio derivado del narcotráfico y la minería ilegal en el país que más cocaína produce a nivel mundial. En casi seis décadas el conflicto armado ha dejado más de nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados.

Se viene la reforma agraria

Petro, quien asumió la presidencia en agosto pasado, llegó al poder con la promesa de llevar a cabo una reforma agraria que redistribuya las tierras fértiles improductivas para impulsar la producción de alimentos. Este fin de semana el mandatario anunció que su gobierno iniciará ese proceso “en cuestión de semanas”.

“Comenzar la reforma agraria de manera pacífica. He ahí el reto. Los países se han industrializado allí donde han repartido democráticamente la tierra”, dijo Petro durante la Primera Convención Nacional Campesina, que sesionó en la Universidad Nacional en Bogotá.

“Esa no ha sido una consigna comunista, como ahora dirán, sino que repartir democráticamente la tierra para industrializar un país es el principio de la sociedad capitalista”, destacó Petro de acuerdo a la emisora W Radio. Según explicó el mandatario el objetivo es comprar la tierra, incluso a un precio comercial, tal como ocurrió en Japón o Corea del Sur.

“Ese Estado que hemos recibido tiene, en el corto plazo, en cuestión de semanas, que prepararse para comprar grandes cantidades de tierra fértil y tiene que combinar esa actividad con el crédito del Banco Agrario, al cual hay que convertir, también de manera rápida, en el primer banco de Colombia”, precisó Petro, quien en ese sentido consideró que dicha entidad bancaria deberá ser “una palanca financiera que apoye al campesinado”.

Colombia: Crear poder popular recuperando la legitimidad en las universidades

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Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez

 

La legitimidad perdida ha producido baja gobernabilidad e inestabilidad institucional, pérdida de capacidad organizativa de estamentos, liderazgos desconectados y sin bases, y un colectivo fraccionado, desconfiado

Las expectativas por tener nuevos delegados del gobierno Petro-Francia en los consejos superiores de las universidades públicas, se acentúa allí donde está en trámite la designación rectoral y corresponderá al pacto histórico enviar un mensaje claro en defensa de la legitimidad, antes que preocuparse por quien lo representa, que es la trampa esperada para anticipar votos o indicar respaldos previos a candidatos particulares sin bases de respaldo.  Lo más significativo y contundente con el cambio es promover que en toda universidad la sesion final de “designación” de rector o rectora sea pública, un verdadero dialogo vinculante, retrasmitida por medios, donde los candidatos sean escuchados y el voto de cada consejero sea público y argumentado. Así empezaría la reconstrucción de la legitimidad y se trazaría el nuevo rumbo democrático universitario prestando atención a unas demandas de los jóvenes, que contribuyeron en sus territorios para legitimar el poder popular.

La falta de legitimidad en las universidades las ha debilitado y es recurrente que quienes asumen cargos, representaciones y posiciones decisorias, sostenidas únicamente con la validez jurídica de la mayoría de los votos, pero carentes de legitimidad, rápidamente se conviertan en enemigos del colectivo universitario y vean reducidas sus agendas a buscar gobernabilidad y financiación, con graves afectaciones para las instituciones. Las anomalías, manías y prácticas basadas en el lobby para anticipar resultados (votos seguros de antemano para obtener resultados), lesionan el interés colectivo científico y cultural y amplían la brecha entre el gobierno de la universidad y sus estamentos.

Los consejos superiores, establecido por la ley 30 de 1993, deciden con sus votos asuntos de fondo en materia académica, financiera y administrativa, aprueban el presupuesto anual, las políticas, el personal y las reformas de todo orden, reciben informes del estado de la institución y “designan” a la máxima autoridad ejecutiva (rector o rectora). Se les señala de pretender ser cogobierno por su capacidad para aprobar, desaprobar o dilatar proyectos y “evaluar” o “enjuiciar” la gestión. Algunos consejos superiores, en clave de “amistad o mayoría” con la administración, durante la seguridad democrática, siguieron el ejemplo Uribe de “cambiar el articulito” para reelegirse o gobernar en cuerpo ajeno, con consecuencias como las que padece la UNAD (con cuatro periodos de reelección). En otras se amplió el periodo del rector y la “designación” llevo a mezclas entre la naturaleza política del poder de partidos y grupos y la naturaleza académica de estamentos y las autoridades envueltas en eventos electorales del tipo tradicional y de élites, “trasparente en las urnas”, y claroscuro en el proceso, con propaganda sucia, replicantes de fase news, proliferación de perfiles falsos, altas cifras de dinero en campañas que no rinden cuentas y candidaturas fijadas con memes, imágenes y frases cortas, antes que con una visión de universidad y solidez en respuestas sobre ¿Por qué y para qué quieren ocupar la rectoría?. ¿Y adicionalmente con quienes conformarían su equipo de gobierno?

De la seguridad democrática, ahora “oposición democrática” (basada en odios y mentiras) quedó para las universidades públicas el estigma y el rastro de la letal intensidad del abuso del poder, a veces ejercido con intervención paramilitar, que promovió miedo, desapariciones, asesinatos, destierros, hostigamientos y mutilaciones. En mi universidad, sin olvido, está la menoría reciente de Molina, Fagua, Galvis, Cindy, Chaparro, muertos unos, mutilados otros y con acoso judicial otro buen número, en ámbitos de activismo, protesta y pensamiento crítico. Otras universidades con mayor y brutal asedio ya fueron reconocidas como víctimas del conflicto (Córdoba, Magdalena, Atlántico), y se abrirá un macroproceso del conflicto en las universidades en la Justicia Especial de Paz JEP, en complemento al informe de la comisión de la verdad, que indicó la cifra de 603 universitarios asesinados (uno por mes durante el conflicto y cientos más de delitos sobre ellos) y la pregunta que queda es ¿Dónde estaban los consejos superiores, donde los gobiernos universitarios? A ese balance de “destrucción del sentido universitario colectivo”  se suma el faltante de 18 billones de pesos para el conjunto de universidades, y una docencia ocasional para el 70% del profesorado con garantías laborales por completar y formalizar, se desmontaron plantas de trabajadores y quedó la “costumbre de llamar éxito” la venta de servicios y la autofinanciación con graves consecuencias, producto de equivocas prácticas de gestión privada y autoritarismos, que sustituyeron a actores, estamentos, usuarios y beneficiarios, por clientes, contratos y formalidades por encima de lo esencial.

La legitimidad perdida ha producido baja gobernabilidad e inestabilidad institucional, pérdida de capacidad organizativa de estamentos, liderazgos desconectados y sin bases, y un colectivo fraccionado, desconfiado, que facilita modos de acción de interesados internos y externos por afectar, corroer y degradar la capacidad institucional de lo público para levantar sus victorias de privatización. Las imperfecciones y extravíos denotan el fracaso del sistema de designación de autoridades y anuncian la necesidad de una política de educación superior, que supere las alteraciones y voces de interpelación y cuestionamientos en época de “designación” al tiempo que “normalizan” el invisible lobby a los consejeros, buscando oportunidades para “hablar” y “asegurar” los “cinco votos” de la legalidad, sin preocupación por la legitimidad y solvencia moral necesaria de quienes aspiran asumir tan importante investidura. Hacer lobby resulta antiético y condenable y aceptarlo también, de ahí que el desafío para el gobierno no está en reemplazar a sus dos representantes, para favorecer algún sector, si no en atacar el sistema, haciendo publica la sesión de “designación”, es decir, que la sesión de designación sea abierta y el voto de los consejeros en voz alta y argumentado, así la democracia universitaria tendrá el mensaje claro de que la legitimidad si importa y que el dialogo será vinculante con estudiantes, docentes y trabajadores como ejercicio necesario de poder popular universitario.

Denuncian el asesinato de otro líder social en Arauca, Colombia

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Fuente: TeleSur

 

La víctima fue identificada como Giraldo Alonso Ríos quien sucumbió el pasado viernes como resultado de heridas de armas de fuego.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) denunció este sábado un nuevo asesinato de un líder social en el Fortul, región de Arauca.

La víctima fue identificada como Giraldo Alonso Ríos quien sucumbió el pasado viernes como resultado de heridas de armas de fuego.Indepaz especificó que Alonso Ríos fue ultimado en el camino que conduce de Fortul a Tame, en un sector conocido como Agua Viva.

El asesinado fungía como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de vereda La Primavera en el área rural del municipio de Fortul, Arauca.Sobre los hechos violentos que terminan en la muerte de personas, el instituto refirió que se registra un mayor variación en las regiones de Arauquita (275 por ciento), Fortul (115 por ciento) y Tame (57 por ciento).

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana donde se resaltaba que desde 2018 los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame tienen un riesgo importante de afectación a la vida e integridad de la población del departamento, sobre todo los líderes.

El propio ente expresó su rechazo al hecho y su solidaridad con los familiares y allegados, así como afirmó esperar “celeridad en las investigaciones para determinar los responsables del homicidio” y reiteraron su llamado a los grupos armados a “dejar fuera del conflicto a la población civil”.

Con Alonso Ríos suman 147 los líderes sociales asesinados este año en Colombia por lo que ya son 1374 desde la firma del acuerdo de paz de La Habana de 2016.

Animando el debate sobre las reformas a la educación superior en Colombia

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Por: Camilo Andrés Espitia Hernández 

 

Como ya entramos en tiempos de agudo debate sobre los cambios que requiere la educación en el país, y en medio de los primeros meses del gobierno progresista de Gustavo Petro, pongo sobre la mesa tres comentarios relacionados con las reformas en materia de educación superior.

Primero. El sistema de educación superior

En el programa del actual gobierno se habla de crear un sistema de educación superior, algo que por supuesto va más allá de la reforma al modelo de financiación de las universidades públicas. Colombia carece de un sistema de educación superior integral y, en cambio, existe el sistema de educación postmedia, más conocido como el Sistema Nacional de Educación Terciaria – SNET. El SNET es un sistema segmentario, jerarquizado y estructurado en forma piramidal, que masifica el ingreso a la educación superior en torno a la «formación para el trabajo», mientras elitiza el acceso y la permanencia en la educación superior universitaria. Esa elitización se vislumbra en el hecho de que sólo las personas más privilegiadas de la sociedad colombiana o las personas que cumplen con los requisitos meritocráticos son los que acceden a la educación superior universitaria, y para mantenerse deben hacer esfuerzos mayores, dejando como opción alternativa para la mayoría de estudiantes que no cumplen con estas condiciones el endeudamiento mediante los mecanismos de financiación a la demanda (crédito educativo o financiación contingente al ingreso). Una realidad producto del proceso de privatización y mercantilización de la educación superior, proceso comprendido por el SNET (recordemos el Acuerdo por lo Superior 2034).

Adicional, en el SNET la formación de competencias y de «capital humano» está enfocada a producir trabajadores que satisfagan las necesidades del modelo económico neoliberal imperante en el país, reprimarizado, extractivista y con un sector servicios fortalecido, marcado por la financiarización y la transnacionalización, donde persisten dinámicas de acumulación por despojo y a la capacidad adquisitiva, y que ubica al país en la división internacional del trabajo como productor de materias primas (en especial hidrocarburos y minerales) e importador de bienes y servicios transformados.

Por lo anterior, si se pretende crear un sistema de educación superior que responda a las necesidades del país, además de la revisión integral y exhaustiva a la Ley 30 de 1992, el proyecto de «economía productiva y sostenible» del gobierno y la producción de conocimiento deben tener un papel central, con tal de avanzar hacia la construcción de una sociedad para el vivir sabroso. También debe contarse con las comunidades educativas de las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTUS), actores protagónicos en ese futuro sistema de educación superior. En esa vía, sugiero considerar un documento de investigación bastante valioso del Centro de Pensamiento de Políticas de Educación Superior de la UNAL – C3PES, titulado «Hacía un sistema de educación superior basado en la cooperación, la complementariedad y la integración»[1], al igual que los conocimientos y saberes tradicionales y ancestrales ligados a las necesidades y demandas regionales y territoriales en todo el país, en perspectiva de diálogos interculturales y justicia epistémica (así a algún “muy científico” exrector de la UNAL no le guste el término).

Segundo. La lucha por una educación superior como derecho fundamental y bien común va más allá del pleno financiamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas

De acuerdo con lo dicho anteriormente, pensarse la construcción de un sistema de educación superior integral no es reductible a solucionar las problemáticas presupuestales de las IES públicas con la reforma al modelo de financiación. En un foro de inicios de año sobre la financiación de la Educación Superior[2], organizado por el Espacio Distrital de Articulación de IES (espacios de articulación de estudiantes de IES del distrito capital), el profesor Andrés Felipe Mora asentó una proposición, a mí juicio, bastante acertada, sosteniendo que los mecanismos de financiación a la demanda no sólo someten a la lógica de la privatización y mercantilización a las IES, sino que permite un mayor control gubernamental. Es clave comprender esa proposición porque articula estrechamente la grave problemática de desfinanciación de las IES públicas con la carencia de democracia, autonomía y cogobierno universitario, alejándose de visiones economicistas sobre la crisis de la educación superior en el país (que tiene varias dimensiones y aguarda en su seno debates y disputas sobre el objeto y el sentido de la educación).

Así, la mera pelea por mayor financiación de la universidad es economicista o lo que en el lenguaje revolucionario se llama «reformista», pero esa lucha, sustentada en una concepción transformadora de la educación, defendiéndola como derecho fundamental y bien común, y en búsqueda de abrir los caminos de la democracia radical en las IES, se puede llamar revolucionaria. Me parece que otra proposición que en el referido foro enunció el profesor Andrés Felipe Mora va por esa vía: «la idea de lo común nos permite alejarnos de la privatización y el control gubernamental».

Tercero. Ahora sí: sobre la reforma al modelo de financiación de las IES públicas

Dejo por último lo referente a la reforma del modelo de financiación de las universidades públicas porque, a pesar de ser la discusión que por excelencia ha dominado los espacios de reunión del movimiento estudiantil y quizás sea el cambio más urgente que necesitamos, quiero dejar de presente que esa demanda particular no puede adueñarse de toda la agenda de lucha del movimiento estudiantil, además que posiblemente dejar a lo último el comentario sobre la cuestión más discutida es una forma de asegurar que se lean los otros comentarios que integran el escrito.

De la baraja de propuestas existentes de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la que más me gusta es la del C3PES[3]. Maneja aspectos determinantes como la actualización presupuestaria que asegura recursos anuales sobre el 1% del PIB (contemplando el déficit histórico acumulado por 27 años, de más de 18 billones de pesos al día de hoy), un componente contracíclico integrado a la actualización presupuestaria para asegurar la asignación progresiva de recursos incluso en tiempos de recesión económica y la modificación de la regla presupuestal con el cambio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como medidor de la variación de la asignación presupuestal en cada vigencia por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), acorde tanto con el cierre de desigualdades y brechas sociales, como con las necesidades y cumplimiento efectivo de los fines misionales de las universidades públicas.

Sin embargo, esa propuesta puede ajustarse o mejorarse. El mismo C3PES construyó una propuesta de financiamiento para las ITTUS que ya circula en las redes académicas y de los movimientos ligados a la educación. Por su parte, a las propuestas del C3PES se podrían incluir algunos componentes tendientes a cerrar brechas regionales, como ya se ha expresado en algunos foros. Dicho esto, reitero que, a mí parecer, entendiendo la complementariedad y articulación entre la propuesta del C3PES para las universidades públicas y la dirigida a las ITTUS, la mejor propuesta que existe en el momento es la del C3PES no sólo porque sea más progresiva en garantía de derechos que la del Sistema Universitario Estatal (SUE)[4] (donde hay componentes de carácter competitivo y no hay claridad sobre la meta de universalización), sino que se debe comprender desde una visión amplia de transformación de la educación superior en la que es fundamental reformar el SUE y crear un sistema de educación superior acorde con los cambios sociales que demanda la mayoría de la población colombiana.

A este respecto, vale la pena mencionar que el reciente Proyecto de Ley presentado por los representantes a la Cámara Jennifer Pedraza (Dignidad) y Gabriel Becerra (Unión Patriótica) y el Senador Ariel Ávila (Alianza Verde) toma elementos tanto de la propuesta del C3PES, como la del SUE. Resulta positivo que en su propuesta modifiquen la regla presupuestal con el paso del IPC por el ICES y que integren el componente contracíclico de la propuesta del C3PES, pero existen elementos a lo menos cuestionables en la propuesta, por ejemplo, la posibilidad de que el Fondo de Cierre de Brechas de las Universidades Públicas se mantenga como un fondo concursable por recursos adicionales de inversión, la falta de un plan de actualización presupuestal para las Universidades Públicas o el segundo plano en el que (tradicionalmente) se pone a las ITTUS. Espero aportar en una reflexión crítica posterior más elementos para la discusión sobre este Proyecto de Ley en el marco de la construcción de la agenda del movimiento estudiantil frente al nuevo momento político.

Para finalizar, una reflexión a tono de llamado. Hacer una reforma del carácter y alcance que propone el C3PES, que vaya más allá de la financiación y ubique los componentes fundamentales de un sistema de educación superior integral, debe contar con la reforma tributaria del gobierno, que cumpla con criterios de progresividad, equidad y justicia tributaria, tal como lo ordena la Constitución de 1991, pero también necesita de la cualificación y articulación de las comunidades universitarias, del movimiento estudiantil y de los movimientos ligados a la educación. Ese es un llamado urgente.

[1] Enlace del documento: http://pensamiento.unal.edu.co/cp-educacionsuperior/educacion-superior/sistema/

[2] Enlace del Foro: https://www.facebook.com/canaluniversitariofceud/videos/614806666868079/?app=fbl

[3] Enlace del documento: http://pensamiento.unal.edu.co/cp-educacionsuperior/educacion-superior/financiacion/

[4] Enlace del documento: https://media.utp.edu.co/archivos/Sostenibilidad%20y%20Financiaci%C3%B3n%20de%20las%20Universidades%20P%C3%BAblicas%20en%20Colombia%20SUE%202021VF.pdf