El resultado, que dio una rotunda victoria al hijo del Juan Jose Arévalo (el primer presidente popularmente electo en Guatemala tras la Revolución Democrática de 1944) con 2 millones 441 mil 661 votos a su favor, (58%) frente al 1 millón 567 mil 472 de votos, (37.2%) de Torres en su tercer balotaje, es la expresión de una voluntad mayoritaria de transformación del país.

Guatemala se caracteriza por su débil democracia luego de décadas de gobiernos militares y guerra civil y sus enormes deudas sociales pendientes. Los niveles de analfabetismo alcanzan el 21.04% (y en algunos municipios hasta el 33.69 % en hombres y del 48.63 % en mujeres) según datos del Comité Nacional de Alfabetización, prevalentemente de origen indígena. La pobreza entre los niños y jóvenes de 0 a 14 años supera el 62% y la informalidad laboral urbana trepa hasta el 57%, según indican informes de la CEPAL.

Semilla, el movimiento surgido al calor de las manifestaciones de calle contra la corrupción en 2015 fue la gran sorpresa de estos comicios y finalmente, contra todo el aparato económico, mediático y judicial que históricamente ocupa el poder institucional político, dio el batacazo. No sin riesgo latente, de cara a una asunción que será efectiva dentro de cinco meses, el 14 de enero del próximo año. Sandra Torres de Casanova aún hoy no reconoce la derrota, mucho menos felicitó a su contrincante.

Vale recordar que el establishment instaló el relato de fraude desde el día siguiente a la primera vuelta y el Tribunal Supremo Electoral no anunció los resultados oficiales hasta después de quince días, luego del recuento del 54% de los votos emitidos, por pedido de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. A partir de allí se intentó anular la participación de Semilla, sin éxito. El titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche alertó el jueves 17 de agosto, apenas tres días antes de la elección, sobre  posibles arrestos de dirigentes de Semilla luego del domingo, sin importar cuales fueran los resultados.

 La Fiscalía guatemalteca está liderada por algunos jueces incluidos en la “lista Engel” de «funcionarios corruptos y antidemocráticos» elaborada por la inteligencia de Estados Unidos. En una entrevista que el embajador norteamericano en el país William Popp concedió al periódico Prensa Libre, aseguró que el presidente Joe Biden “fue muy claro hace dos años en asegurar que la corrupción es una amenaza a la seguridad nacional, y eso es un reflejo del compromiso de Estados Unidos de enfrentar eso donde sea, y tratar de apoyar a las instituciones aquí en Guatemala”. En consonancia, la vicepresidenta Kamala Harris al visitar el país centroamericano en 2021, anunció compromisos e inversiones que suman más de US$4.2 mil millones en el norte de la región, históricamente subordinada a los intereses del imperialismo del tío Sam, como proveedora de materias primas.

La persecución continúa

Este miércoles, la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció que el Ministerio Público (Fiscalía) pidió al Tribunal Supremo Electoral del país información sobre los “miembros de las juntas receptoras de votos, miembros del cuerpo de revisores, de los coordinadores de digitadores y de los centros de votación” de las elecciones presidenciales, asegurando que se trata de una “extrema judicialización del proceso electoral” que pone en riesgo a la democracia en Guatemala.

A pesar de haber ganado en 17 de los 22 departamentos del país, con un abrumador más del 75% en la zona central, aún no se oficializan los resultados y por ello, Semilla suspendió los festejos oficiales, mientras continúa recibiendo el apoyo internacional de mandatarios de la región, de Europa y Asia, y hasta de Joe Biden, quien felicitó a Arévalo “por su elección como próximo Presidente de Guatemala” y agregó “espero trabajar juntos para fomentar la prosperidad y la seguridad en Guatemala”. Por su parte Josep Borrell, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, aplaudió que el actual presidente Giammattei, haya “reconocido” el resultado de la segunda vuelta de las elecciones y haya aceptado el “traspaso de poder” al ganador.

Más allá de las particularidades nacionales, recientes experiencias de los progresismos en latinoamérica y el caribe nos demuestran que las victorias  electorales para el Ejecutivo Nacional son fundamentales, pero con ellas no alcanza para llevar adelante un plan de gobierno. La gobernabilidad de Arévalo dependerá de las (por el momento escasas) alianzas que pueda establecer dentro del parlamento con las principales fuerzas centristas y de derecha.

La profunda fragmentación política es una de las particularidades guatemaltecas. El hasta ahora partido oficial, Vamos, continuará siendo la principal fuerza del Congreso luego de obtener 39 diputados (de 160), mientras que la segunda fuerza será la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que redujo considerablemente su representación pasando de 52 electos en 2019 a 28 diputados, seguido por el Movimiento Semilla que ocupará 23 curules. Además CABAL, el partido del candidato presidencial  Edmond Mulet tendrá 18 legisladores, mientras que un total de 13 agrupaciones sumarán entre uno y nueve legisladores cada una.

Los desafíos de la primavera arevalista

Las problemáticas que atraviesan la sociedad guatemalteca, la enorme desigualdad que la caracteriza y la necesidad de robustecer la presencia y la incidencia del Estado en materia económica, productiva y social en el país, demanda que la clase política asuma con compromiso el mensaje de las urnas. Es voluntad de todo un pueblo, una renovación y un nuevo tiempo.

¿Cómo enfrentará Semilla las exigencias sociales? ¿Cuáles son los recursos y las posibilidades para hacer frente a la deuda social? Es posible que uno de los caminos viables y urgentes sea cumplir un rol activo en la actividad económica, procurando participar de la explotacion e industrializacion con agregado de valor en origen de los recursos naturales disponibles que incluyen pesqueros, hídricos, forestales, petroleros, energéticos renovables, minerales y una biodiversidad única.

La industria minera en Guatemala, dedicada principalmente a la extracción de níquel, plata y oro, por ejemplo, se encuentra dominada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, S.A. (CGN), que es una subsidiaria de Solway Investment Group, HEMCO del Grupo MINEROS de capital colombiano, Panama Development of Infrastructures (PDI) y el Ministerio de Energía y Minas. El problema es la falta de una política fiscal efectiva que contribuya a la distribución de la riqueza y la reducción de conflictos territoriales con las comunidades afectadas. La gestión sostenible de los recursos naturales en Guatemala es un desafío crucial que requiere una cuidadosa planificación y regulación del gobierno.

Pero no solo eso, la sociedad espera respuestas en materia de educación, salud, acceso a infraestructura para el desarrollo, acceso a la salud y a la propiedad de la tierra. Los desafíos son grandes, como grande es la esperanza depositada en el Movimiento Político Semilla que viene enfrentando las trabas y el peso del poder fáctico del país. Al parecer, una mayoría está dispuesta a destronar a la pequeña, conservadora y añejada élite que desde hace siglos, se cree dueña de Guatemala. Y no lo es.

 *Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Las elecciones del pasado 25 de junio en Guatemala ratificaron la imagen de un país institucionalmente en ‘jaque mate’, prisionero de un sistema político-institucional profundamente corrupto y de un modelo económico neoliberal extractivista depredador, que han obligado a millones de guatemaltecos a sobrevivir en pobreza y miseria.

Un proceso electoral manoseado desde su comienzo por instituciones plegadas a los intereses de grupos fácticos y élites criollas, que arrasaron con la candidatura de quienes representaban una amenaza real para el estatus quo.

Entre otros, fue segado en sus aspiraciones el binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), brazo político del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), integrado por la lideresa indígena Thelma Cabrera y el ex procurador de derechos humanos Jordán Rodas.

Un proceso electoral insertado en un contexto de país con instituciones volcadas en la defensa de los intereses de las élites nacionales y el capital transnacional, con decenas de defensores y defensoras de la tierra, los territorios y los bienes comunes perseguidos, con más de treinta jueces y fiscales obligados al exilio.

Un contexto de país militarizado, con territorios sumidos en un estado de excepción permanente, con militares cada vez más agresivos, defendiendo los intereses de compañías titulares de concesiones y proyectos extractivos.

Ganó la protesta

Ganador en la primera ronda electoral fue, indudablemente, el voto de protesta. El 17 por ciento de los votantes −un 60 por ciento del padrón electoral – anuló el voto y otro 7 por ciento dejó la papeleta en blanco.

Esto quiere decir que el 24 por ciento de quienes decidieron ir a las urnas avaló el llamado de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, en especial de organizaciones indígenas, de emitir un voto de protesta.

Si consideramos que los candidatos que quedaron en los dos primeros lugares, la ex primera dama Sandra Torres de la UNE (Unidad Nacional de la Esperanza) y el catedrático y diputado Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, obtuvieron respectivamente un 16 y un 12 por ciento, resulta evidente el rechazo popular tanto a esta contienda electoral y a la política en general, como a la nueva y vieja derecha nacional y al conservadurismo, sin duda otros de los perdedores de estas elecciones.

Derecha derrotada

Salieron derrotados aquellos partidos que encarnan la corrupción y la represión, entre otros el oficialista Vamos y el Partido Visión con Valores (Valor), liderado por la hija del ex dictador y genocida Efraín Ríos Montt, relegados a un mísero 7,8 y 6,6 por ciento.

La otra cara de la moneda fue el sorpresivo resultado obtenido por Arévalo y el Movimiento Semilla, surgido en 2015 al calor de las protestas contra la corrupción gubernamental del entonces presidente Otto Pérez y su vice Roxana Baldetti.

Favorecido por la exclusión forzada de las pocas propuestas electorales antisistema, Arévalo logró atraer parte del voto de castigo y anticorrupción, sentando una imagen de propuesta progresista alejada de la política tradicional.

Sicarios institucionales

De confirmarse los resultados del 25 de junio, Torres y Arévalo se disputarían la presidencia del país el próximo 20 de agosto.

Gane quien gane, su gobierno se enfrentaría a un Congreso fuertemente dividido, funcional al poder fáctico, y pulverizado en una veintena de partidos.

Usar el condicional en el contexto electoral guatemalteco es casi obligatorio, ya que el resultado de la primera vuelta parece haber sacudido los miedos más profundos de las élites corruptas.

No sorprende, entonces que, inmediatamente después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) diera a conocer los resultados finales preliminares, partidos de derecha interpusieran varios recursos de amparo para obstaculizar la oficialización de dichos resultados.

Esto retrasó todo el proceso, generando incertidumbre y preocupación. Y como, al final, los magistrados no tuvieron otra opción que ratificar los resultados preliminares, fue necesario buscar otra solución.

Este 12 de julio, mientras el TSE oficializaba los resultados de la primera vuelta, un juez ordenaba la suspensión del Movimiento Semilla.

La medida respondería a una causa penal emprendida contra el partido de Arévalo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, por el supuesto delito de falsificación de firmas e inscripción ilegal de personas a cambio de dinero.

Imposible no leer, detrás de esta medida, que violenta abiertamente la Ley Electoral que prohíbe suspender a un partido después de la convocatoria de una elección, la intención de los grupos fácticos guatemaltecos de deshacerse de un candidato incómodo.

Ya en horas de la tarde del miércoles último, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional al Movimiento Semilla y el Tribunal Electoral ha pedido dejar sin efecto la orden del juez.

Las próximas horas definirán qué tanta desfachatez tiene el sistema nefasto guatemalteco para asegurar sus privilegios.

En dicho proceso electoral participaron cerca de 30 organizaciones políticas, la gran mayoría empresas o cuasi empresas electorales. Dentro de ese conjunto político, de manera inédita compitieron, incluso contra la voluntad del Estado de Guatemala y de los medios corporativos, indígenas y campesinos organizados en el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) enarbolando la propuesta de la convocatoria a un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional (ACPP) para consensuar un Estado plurinacional para el país.

En los dos siglos de República de Guatemala, nunca las comunidades y pueblos indígenas y campesinos se habían organizado políticamente para disputar el poder al patrón en las urnas, con una organización política propia.

Pero, el escenario era previsible: el Estado criollo y sus benefactores no lo permitirían prosperar por más que el MLP se «portase muy bien». Y así fue. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), bajo el argumento de: «no alcanzaron el 5% de votos», canceló el emblema del MLP.

Aunque en los hechos, dicho movimiento político inscribió candidaturas en todos los departamentos del país, planillas a gobiernos locales en el 50% de los municipios del país (170, de un total de 340 municipios). ¡Como ningún otro partido político hizo campaña electoral en todos los rincones de Guatemala, incluso en los EEUU se articuló el MLP y desde varios estados hizo campaña! Pero, ni aún así, según el TSE, alcanzaron el 5% de votos.

¿Cómo se lee este resultado desde los nichos sociales intermedios?

En este contexto electoral y sus resultados «inciertos aún», desde los nichos sociales urbano indigenistas, progres precarizados, ONG, surgen afirmaciones como: «Eso les pasó por sectarios, radicales, idealistas, ignorantes en la política». Otros, incluso piden: «Tienen que cambiar de propuesta: el Estado plurinacional está bien, pero para después, no para hoy».

Qué está detrás de estas insinuaciones

Racismos. Aparte de las autodestructivas contradicciones internas del Estado, este proceso electoral muestra el racismo constitutivo, estructural y estructurante de las subjetividades individuales y colectivas de la «guatemalticidad».

Para el consorcio patronal, y para la guatemalticidad culturalmente cualificada, los «indios tienen que estar abajo» (si acaso los consideran seres humanos) Si se yerguen y ejercen sus derechos, lo normal es que se los ausculte y castigue, para luego hacerlos sentir culpables de sus atrevimientos. Pero, si el blanco es injustamente castigado por el sistema será motivo de emotiva solidaridad e indignación…

Naturalizar la violencia estatal patronal y culpar a la víctima. Al culpar exclusivamente a indígenas y campesinos de estos resultados electorales, liberan al Estado y a sus gestores de sus responsabilidades en la segregación y mutilación de derechos políticos de los pueblos. Y, la violencia política patronal se normaliza y naturaliza.

¡Incluso culpan al MLP del impedimento ilegal que el TSE le hizo al vetar la inscripción de su binomio presidencial en las elecciones recientes!

Indio bueno es indio muerto. ¿Cuál es la diferencia entre Thelma Cabrera y Atanasio Tzul? ¿Por qué este último es el bueno políticamente y Thelma es censurada como ignorante, radical, malcriada?

En el imaginario del pobre progre (indígena o mestizo) o de los patrones, la india tiene que estar muerta (matada) para conmover y promover tendencia. La india o el indio que se organiza, que promueva derechos o asuma roles «reservados» para blancos o blancas, siempre será un perverso, malo,… merecedor de castigos y escarmientos.

Esto explica por qué organizaciones «indígenas» o ancestrales como los 48 cantones, autoridades ancestrales, etc., que nunca apoyan o promueven propuestas de Estado plurinacional, pero sí defienden la institucionalidad del Estado criollo, son aplaudidos y mostrados, por progres urbanos y semi urbanos, como organizaciones «ejemplares». Pero, si estos indios buenos se convierten en sujetos políticos plurinacionales, son automáticamente censurados como «revoltosos.

El problema no es la propuesta. El rechazo es al mensajero

Para nadie que haya pasado por Guatemala (sea de noche o de día) es imperceptible el caos estructural y coyuntural que diluye incluso las esperanzas de la gente. Este caos que a nivel sociológico se expresa en la violencia generalizada, repudio a los gobernantes e instituciones, desprecio a lo público, etc. requiere nuevos consensos sociales mínimos. A esto llaman los sectores indigenas, campesinos y urbanos populares, organizados en el MLP, proceso de ACPP para concertar una nueva Constitución Política. Que a su vez, da origen al Estado plurinacional.

Pero, quienes lo plantean están políticamente nucleados en nichos indígena campesino, entonces, la propuesta ACPP se oye, pero no se escucha en los anillos urbanos e indignados de Guatemala.

En los hechos, desde la perspectiva de la filosofía colonial, el indígena/campesino no tiene Logos (conocimiento), por tanto, no tiene nada que decir, ni decidir. Sólo tiene que escuchar, y obedecer.

No es gratuito que, ahora, opinadores, analistas, tiktokeros…, prácticamente recriminen a indígenas y campesinos que no hacen campaña por el partido Semilla para la segunda vuelta electoral.

Si la propuesta de cambios estructurales es enarbolada por indígenas, la misma es asumida como radicalismos, idealismo. Si la misma propuesta lo dicen los blancos, la propuesta es escuchada, secundada, aplaudida.

A ese nivel está la condición y situación de colonialidad en este país sostenido, cohabitado y pigmentado por la «raza cobriza» indígena casi en su totalidad demográfica. País donde la blanquitud no sólo sustenta a la pigmentocracia (poder basado en el color) sino que también se constituye en un horizonte civilizatorio deseado en este ecosistema policromático.

Ollantay Itzamná. Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala