Disconforme con la Corte Suprema, López Obrador consideró «importantísimo» que el pueblo elija por voto directo a los integrantes del poder judicial «como se elige al presidente, como se elige a los diputados, como se elige a los legisladores, que los elige el pueblo, que no representen a una élite». Por eso reiteró que presentará una iniciativa constitucional para la elección popular de los ministros de la Corte Suprema.

La Corte  completó  su golpe a la autonomía del Poder Legislativo, anulando la segunda parte de las reformas político-electorales conocidas como plan B, la alternativa ideada por el oficialismo para racionalizar el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) y acotar las facultades abusivas que sucesivas modificaciones jurídicas fueron entregando a ese y otros organismos, ante la falta de una mayoría calificada en el Congreso que pudiera aprobar cambios a la Constitución.

Nuevamente quedó patente la falta de escrúpulos de los cortesanos al emitir este fallo, que confirma la alianza política entre la cúpula del Poder Judicial y los partidos de la oposición derechista -Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática-, poniendo de relieve la casi total coincidencia de las resoluciones de la Suprema Corte y tribunales menores con las peticiones, necesidades e intereses de la oposición.

Como ocurrió cuando se invalidó la primera parte del plan B en mayo pasado, los ministros no calificaron el contenido de las reformas, sino que adujeron “violaciones graves” -que no detallaron- al procedimiento legislativo para echarlas abajo, vulnerando el principio de separación de poderes para de mantener  un sistema de privilegios cónsonos con sus preferencias ideológicas y del que son beneficiarios, como muestra su rechazo a renovar la Ley Orgánica que rige a su propia institución.

El ministro ponente, Javier Laynez, sostuvo que las violaciones cometidas en la Cámara de Diputados y en el Senado incluyeron el cambio de texto de la iniciativa, la omisión de cumplir con el quórum necesario en comisiones y el hecho de que no se repartió a tiempo el proyecto para que los legisladores pudieran estudiarlo y emitir su voto de forma razonada.

Era la reforma electoral más importante en los últimos 20 años, que pasó por el Congreso sin dictamen y cuya discusión y aprobación llevó en total unas cuatro horas y media, afirmó Laynez.

Lawfare

La palabra lawfare es una fusión de las palabras law (ley) y warfare (conflicto armado o guerra) y se refiere al uso de la ley como arma de guerra política, para eliminar a un enemigo político, delegitimándolo o incapacitándolo. Los presidentes Cristina Kirchner, Rafael Correa, Dima Roussef, Lula da Silva o Evo Morales , entre muchos otros, lo han vivido en carne propia.

La comunidad jurídica ha resumido sus tácticas: a) manipulación del sistema legal; b) dar apariencia de legalidad a las persecuciones políticas; c) uso de demandas sin mérito, sin contenido, con acusaciones frívolas; d) abuso del derecho para dañar y deslegitimar a un adversario; e) promoción de acciones legales para desacreditar al adversario; f) intento de influir en la opinión pública; g) uso del derecho para obtener publicidad negativa u opresiva.

Y también h) judicialización de la política: el derecho como herramienta para conectar medios y fines políticos; i) promoción de la desilusión popular; j) crítica a quienes utilizan el derecho internacional y los procesos judiciales para presentar demandas contra el Estado; k) uso del derecho como medio para constreñir y castigar al adversario; l) acusación de inmorales e ilegales las acciones del enemigo, con el fin de frustrar los objetivos contrarios.

Las situaciones límite de la lawfare se crean mediante un paciente y minucioso camino que empieza por afirmar el poder político del Poder Judicial, a través de sus decisiones judiciales.Ha sido también abundante la desacreditación, destrucción o desvanecimiento de acciones del gobierno progresista de López Obrador , que buscan combatir la corrupción del régimen neoliberal, o desarrollar obras necesarias.

Esta connivencia del Poder Judicial con las derechas partidistas –y con las que se encuentran enquistadas en los organismos autónomos– le ha entregado a los sectores reaccionarios todo aquello que no consiguen en las urnas y se ha convertido en la mayor rémora para el proyecto transformador elegido por la mayoría de los ciudadanos.

Como era de esperar, los partidos de oposición que integran la alianza Va por México celebraron el fallo de la Corte. El dirigente del PAN, Marko Cortés, sostuvo que una vez más, la SCJN hace respetar la Constitución y que los nueve ministros que votaron por la nulidad defendieron la libertad y la democracia en nuestro país.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, aseveró que la reforma fue aprobada con total desaseo por las y los legisladores oficialistas. A su vez, el líder del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que triunfa la democracia y ganó la legalidad y el estado de derecho.

Si a los recientes embates judiciales se suman episodios como la entrega indiscriminada de amparos a favor de poderes fácticos que sabotean obras públicas y parasitan el erario, está claro que el Poder Judicial ha abandonado la imparcialidad que forma parte indisoluble de sus funciones para convertirse en trinchera de la oposición, señala el diario La Jornada.

Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Guatemala celebra elecciones presidenciales el domingo 25 de junio en medio de creciente incertidumbre y desconfianza con las instituciones electorales y judiciales, y un extendido malestar con un entramado institucional que bloqueó la participación de los candidatos que amenazaban la supervivencia del corrupto sistema.

Una veintena de candidatos aspiran a llegar al poder para reemplazar al actual mandatario, Alejandro Giammattei, que dejará la Presidencia bajo acusaciones de malos manejos, mientras que los tres problemas que más inquietan a los guatemaltecos son la inseguridad, el desempleo y la corrupción.

Llama la atención la admiración de varios candidatos por el modelo autoritario instaurado en El Salvador por Nayib Bukele, que emprendió  una guerra contra las pandillas a costa de un deterioro palpable de las garantías democráticas y los derechos humanos.

Las elecciones se desarrollarán pese a las críticas a las autoridades electorales, señaladas por su poca independencia y credibilidad. Los magistrados del Tribunal Electoral negaron en febrero la inscripción del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), organización de izquierda encabezada por la líder maya Thelma Cabrera y el exprocurador de derechos humanos Jordán Rodas. De esta manera dejaban fuera a una organización política muy crítica con Giammattei.

Además de los desmanes del poder electoral, el proceso electoral quedó marcado por el juicio contra el periodista José Rubén Zamora, condenado  por lavado de dinero, en clara persecución política contra el fundador de elPeriódico, medio que publicó decenas de investigaciones por casos de corrupción que involucraban al actual presidente y altos funcionarios.

Muy pocos candidatos se han pronunciado sobre este proceso o demostrado algún tipo de simpatía hacia Zamora y criticado a las autoridades judiciales, acusadas de obedecer las órdenes de Presidencia.

No debiera llamar la atención: las encuestas muestran el hartazgo hacia un sistema en el que prevalece la impunidad. El país ha sobrevivido entre crisis políticas desde 2019, cuando el entonces presidente Jimmy Morales, decidió expulsar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) que lo investigaba por presunta corrupción.

El continuado voto de castigo al oficialismo y el voto antisistema están impulsados por la persistente frustración social, a veces traducida en protestas (2015), que desencadenan la caída de presidentes (Pérez Molina) o estallidos de violencia (2021).

¿De dónde surge esa frustración? Es un problema multicausal con profundas raíces históricas, resultado de un fracaso del estado, de las administraciones públicas y de una elite política y económica extractivista y monopolista, de escasa capacidad para construir un proyecto nacional, centrada en su control hegemónico.

El Estado tiene fuertes limitaciones para proveer bienes públicos esenciales, como salud, seguridad pública, educación o justicia, tanto en el ámbito nacional como en el subnacional y municipal. La última encuesta de Prensa Libre (mayo de 2023) muestra que seis de cada 10 entrevistados afirman que confían en las iglesias (evangélica y católica) y en el Ejército,

Los partidos políticos tienen el más bajo nivel de confianza de los últimos 11 años, igual que la presidencia, que en 2023 mostró su peor calificación (11,4%). Lo mismo ocurre con el Congreso, que en algún momento obtuvo un 24%, aunque este año es la institución peor valorada (8,9%).

Voto castigo

En el actual contexto latinoamericano, marcado por el voto de castigo al oficialismo, Guatemala lo practica de forma constante desde el regreso de la democracia en 1985. La ciudadanía ha votado siempre contra el gobierno de turno. Esa perenne frustración explica una ley no escrita de la política guatemalteca: nunca un partido en el poder consiguió revalidar la confianza ni regresar al poder en la siguiente elección ni en otras posteriores

Esta vez lo hace en unas elecciones marcadas por una creciente desconfianza con las instituciones electorales y judiciales, un extendido malestar con las élites y el sistema político y partidista. Son elecciones atípicas, que a menos de un mes de su celebración han visto como el outsider Carlos Pineda, el candidato favorito, que abanderaba el voto antipolítico y anti establishment, quedaba fuera de la campaña.

La posibilidad de ganar la presidencia de Guatemala se esfumó en menos de un mes para Pineda, que lideraba las encuestas desde principios de mayo. El 23% en la intención de voto que le infundió fortaleza para verse ya en la segunda vuelta, también se convirtió en su mayor vulnerabilidad, porque le pusieron en el foco de acciones legales para despojarle de la candidatura.

Pineda, un empresario de provincia que escaló en las encuestas gracias a su campaña en TikTok, es el tercer presidenciable que denuncia el bloqueo institucional para participar en las elecciones y la anulación de su candidatura eleva las voces que denuncian fraude ante la aplicación de criterios arbitrarios para excluir a candidatos incómodos para el sistema.

“La elección adquiere el carácter de elecciones restringidas donde la autoridad electoral se convierte en el primer y gran elector del proceso, restringiendo el voto ciudadano a la oferta preseleccionada”. proclamó recientemente la organización Mirador Electoral.

Entre los candidatos caídos que llaman “fraude” al proceso electoral están el hijo del expresidente Álvaro Arzú, Roberto Arzu García-Granados y la lideresa indígena Thelma Cabrera. Los tres han sido excluidos de forma legal, pero en circunstancias que muchos opositores consideran arbitrarias y en un contexto de “cooptación institucional”, según Arzú, mientras Cabrera y Pineda fueron más allá al hablar de síntomas de una “dictadura”.

La lideresa indígena Thelma Cabrera y el exprocurador de los Derechos Humanos Jordan Rodas han quedado fuera de la contienda electoral porque el tribunal electoral invalidó la solvencia de administración de fondos públicos que Rodas presentó para su postulación. La función pública de Rodas no se había cuestionado hasta días después de que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) lo proclamara como candidato a vicepresidente.

Con una propuesta de conformación del estado plurinacional y de nacionalización de los recursos públicos, Cabrera quedó en el cuarto puesto en las presidenciales de 2019. En el quinto quedó Roberto Arzú García-Granados, que se presentaba como una opción “disruptiva, de rechazo a la corrupción” y que pretendía retomar el legado de su padre, el expresidente Álvaro Arzú Irigoyen del conservador partido Unionista.

La salida de Pineda, según una encuesta de CID-Gallup, podría favorecer el ascenso del presidenciable Edmond Mulet, un exfuncionario de Naciones Unidas y abogado señalado por participar en adopciones ilegales de niños en los ochenta. Sin embargo, Mulet afronta la amenaza de un caso penal que surgió desde el despacho del fiscal Rafael Curruchiche, designado como actor antidemocrático por Estados Unidos.

La fiscalía señala como obstrucción de la justicia los mensajes de solidaridad y apoyo que Mulet emitió a favor del presidente de el Periódico, Jose Rubén Zamora, procesado por un caso de lavado de dinero que se armó en tres días.

Hasta marzo, las encuestas marcaban un escenario estancado, que preveía una segunda vuelta inédita entre dos mujeres: Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza, UNE) y Zury Ríos (Partido Unionista, VALOR-PU).

Poco a poco, Edmond Mulet (CABAL) y Pineda (Prosperidad Ciudadana) fueron mejorando, al atraer el voto del descontento y canalizar el respaldo de los candidatos que quedaban fuera de la carrera. El apoyo que inicialmente recibió el discurso populista y anti-élite de Roberto Arzú, excluido por hacer campaña anticipada, viró, sobre todo, a Pineda, que pasó de una intención de voto del 3% al 10% en abril.

Manuel Conde, el candidato de la oficialista Vamos, nunca mejoró su intención de voto pese al respaldo del aparato del Estado y de la red de alcaldes pro gubernamentales.

La última etapa de la campaña (mayo-junio) ha estado centrada en la pugna por conquistar los votos que dejaba Pineda. Todo apunta a que esos votos irán en buena medida a la abstención, aunque hay algún candidato con opciones de hacerse con una parte.

Una encuesta de Cid Gallup de finales de mayo señalaba que si bien Torres subía tres puntos, hasta el 22%, Mulet era el que más crecía (del 14 al 21%) y Ríos apenas avanzaba hasta el 19%, desde el 16%.

El voto urbano de Pineda se lo llevaban principalmente los otros dos candidatos, de mayor fuerza en las zonas urbanas (sobre todo Mulet y en menor medida Ríos), mientras Torres, más fuerte en las zonas rurales, se beneficiaba menos por esta exclusión. Pineda, por su parte, ha promovido el voto nulo para deslegitimar el proceso y obligar a repetir las elecciones si el voto nulo superara el 50%.

Cada uno de los llamados “principales candidatos” promete ser la mayúscula con la que comenzará una nueva historia para Guatemala. Pero unas son figuras recicladas y otras recuerdan a los fantasmas del pasado. Edmond Mulet (72 años), Zury Ríos (55 años) y Sandra Torres (67 años) son quienes figuran entre los primeros lugares en las encuestas. Los tres navegan por el espectro de la derecha, en unas elecciones marcadas por un extendido malestar con las élites y el sistema político actual.

La trayectoria de Mulet quedó manchada a inicios de los años 80, cuando ejercía como abogado. Fue capturado y enfrentó un proceso penal bajo sospechas de pertenecer a una red de adopciones ilegales de niños para parejas canadienses. Zury Ríos no puede dejar de ser asociada a su padre: los medios internacionales no olvidan que es «hija del dictador» o «hija del genocida».

Sandra Torres fue esposa del exmandatario Álvaro Colom, de quien se divorció en 2011 para cumplir con la ley que no permitía a familiares directos del presidente en turno buscar la presidencia. Fue detenida el 2 de septiembre de 2019 por supuesta financiación electoral ilegal y asociación ilícita, tres semanas después de perder las elecciones. Recién en noviembre de 2022, un juzgado decidió cerrar el proceso penal.

*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Gramsci tomó el concepto de Vincenzo Cuoco, el revolucionario italiano que había participado en la rebelión republicana napolitana de 1799 y lo empleó en su Ensayo histórico sobre la revolución napolitana de 1799, publicado en 1801. La derrotada insurrección le dio a Cuoco oportunidad de hacer una comparación con la Gran Revolución en la Francia de 1789 y los años siguientes, y percatarse de que, a diferencia de ésta, en Nápoles no habían logrado las clases y sectores populares establecer su programa de transformación política ni social. Los revolucionarios napolitanos no se unieron, como ocurrió en Francia, al ala jacobina de la burguesía para reforzar la tendencia republicana. Para Cuoco, las masas populares habrían sufrido algo así como una doble derrota; por una parte, por su propia incapacidad política y, por la otra, por la represión de la aristocracia y la nobleza. Tras la derrota de los sublevados, empero, las clases dominantes realizan —siempre desde arriba, desde el parlamento y sin las clases trabajadoras— reformas que tienen como propósito principal no sólo la legitimación del poder estatal, sino la prevención de nuevas rebeliones.

En los Cuadernos de la cárcel, en los que vuelve una y otra vez a reelaborar el concepto, Gramsci había empleado antes los términos “revolución sin revolución” y “revolución-restauración”, tomado del historiador francés Edgar Quinet, autor de Las revoluciones de Italia, publicado en el muy significativo año 1848; pero es en definitiva la de revolución pasiva la noción que le permite entroncar su pensamiento con una mayor complejidad y diversidad explicativa de diferentes momentos históricos de Italia y otros países, e incluso con el fascismo: “Tanto la ‘revolución-restauración’ de Quinet como la ‘revolución pasiva’ de Cuoco expresarían el hecho histórico de la falta de iniciativa popular en el desarrollo de la historia italiana, y el hecho de que el ‘progreso’ tendría lugar como reacción de las clases dominantes al subersivismo esporádico e inorgánico de las masas populares con ‘restauraciones’ que acogen cierta parte de las exigencias populares, o sea ‘restauraciones progresistas’ o ‘revoluciones-restauraciones’ o también ‘revoluciones pasivas’ […]”.

Gramsci relaciona los fundamentos de la revolución pasiva con los principios del materialismo histórico cuando escribe: “El concepto de revolución pasiva debe ser deducido rigurosamente de los dos principios fundamentales de ciencia política. 1) que ninguna formación social desaparece mientras las fuerzas productivas que se han desarrollado en ella encuentran todavía lugar para su ulterior movimiento progresivo; 2) que la sociedad no se impone tareas para cuya solución no se hayan incubado las condiciones necesarias, etcétera”.

Y es que ya antes, en 1920, Lenin había explicado las circunstancias necesarias para que se den las verdaderas revoluciones populares: “Para que estalle la revolución es necesario en primer término conseguir que la mayoría de los obreros (o, en todo caso la mayoría de los obreros conscientes, reflexivos y políticamente activos) comprenda a fondo la necesidad de la revolución y esté dispuesta a sacrificar la vida por ella; en segundo lugar, es preciso que las clases dirigentes sufran una crisis gubernamental que arrastre a la política hasta a las masas más atrasadas […], que reduzca a la impotencia al gobierno y haga posible su rápido derrocamiento por los revolucionarios”. Concluía el revolucionario ruso que: “La ley fundamental de la revolución consiste en lo siguiente: para la revolución no basta con que las masas explotadas y oprimidas tengan conciencia de la imposibilidad de seguir viviendo como viven y exijan cambios; para la revolución es necesario que los explotadores no puedan seguir viviendo y gobernando como viven y gobiernan. Sólo cuando ‘los de abajo’ no quieren y ‘los de arriba’ no pueden seguir viviendo a la antigua, sólo entonces puede triunfar la revolución. […]”.

Pero aquí estamos ante una situación diferente. Son las propias clases dominantes las que, marginando a los trabajadores y clases subalternas en general, efectúan reformas en un sentido quizá progresista, pero orientado a la defensa y preservación de sus propios intereses. Gramsci considera, por ejemplo, el tolstoísmo y el gandhismo como “teorizaciones ingenuas” y con tintes religiosos de la revolución pasiva.

Esta noción la relaciona también, por otra parte, con el cesarismo, esa forma unipersonal y caudillesca de gobierno en la que una “gran personalidad” asume el papel arbitral en la lucha entre las fuerzas progresivas y las regresivas, ninguna de las cuales puede asumir y ejercer por sí sola el poder del Estado. Pero la noción de revolución pasiva va mucho más allá de eso, ya que en ésta “no es que un grupo social sea el dirigente de otros grupos, sino que un Estado, aunque limitado como potencia, sea el ‘dirigente’ del grupo que debería ser dirigente y pueda poner a disposición de éste un ejército y una fuerza político-diplomática”. Es decir, “un Estado sustituye a los grupos sociales locales para dirigir una lucha de renovación. Es uno de los casos en que se da la función de ‘dominio’ y no de ‘dirección’ […]”.

Así, en la revolución pasiva no sólo las clases subalternas sino aun las clases dominantes son incapaces de ejercer su función de hegemonía y son las instancias del Estado las que vienen a hacerlo, ora en beneficio de unas, ora en el de las otras. El aparato de Estado pasa a ser central; no sólo el Ejecutivo, sino también el Legislativo, donde se operan las reformas. Igual que en el cesarismo, hay grados y tendencias, unas más conservadoras, otras más progresistas, pero siempre asumiendo el aparato estatal ese espacio central en la lucha de clases. Obvia y naturalmente, algunas de las reformas tendrán que operarse a espaldas y en contra de la voluntad de la clase dominante, pero con vistas a la preservación de los intereses esenciales de ésta.

Para el comunista italiano, la revolución pasiva no es tan sólo, entonces una forma de régimen político, sino un proceso de transformación integral y multifacético que implica también cambios en la estructura económica: “la revolución pasiva se verificaría en el hecho de transformar la estructura económica ‘reformistamente’ de individualista a economía planificada (economía dirigida) y el advenimiento de una ‘economía media’ entre la individualista pura y la planificación en sentido integral permitiría el paso a formas políticas y culturales más avanzadas, sin cataclismos radicales y destructivos en forma exterminadora. El ‘corporativismo’ podría llegar a ser, desarrollándose, esta forma económica media de carácter ‘pasivo’”.

En términos más contemporáneos, se puede entender esa revolución económica pasiva como una economía mixta, que no sólo reconoce al sector privado sino también al estatal y al social como modalidades que confluyen, empero en el mismo mercado dominado por la competencia.

¿Resulta, pues, útil la noción gramsciana para entender algunos aspectos de la realidad mexicana actual? Al parecer sí. Al contrario de lo que haría un gobierno de izquierda, promover la organización autónoma popular y convertir en aliados a los movimientos sociales progresistas, la llamada Cuarta Transformación se ha caracterizado por marginar políticamente a los grupos organizados y movimientos: mujeres, víctimas, ecologistas (“pseudoecologistas” les llama el presidente López Obrador), comunidades en resistencia y otros sectores del movimiento social. La liquidación de algunos programas, prácticamente desde los inicios del sexenio, frustró los embriones de organización desde abajo —especialmente de mujeres—, como los comedores populares y estancias infantiles, para sustituirlos con apoyos directos e individualizados que atomizan la energía social y no tienen otro propósito que el electoral.

En cambio, se siguen promoviendo los intereses económicos de los grandes capitales mediante contratos de infraestructura o abasto, bajas tasas impositivas, apertura de mercados externos y otras medidas, aun cuando a veces los magnates retoben o rezonguen. Se verifica así la autonomía relativa (Nicos Poulantzas) del Estado con respecto de la clase capitalista, que le garantiza una mayor capacidad de operación de los propios intereses dominantes.

La llamada revolución pasiva, teorizada por Vincenzo Cuoco y Antonio Gramsci, demuestra que es posible realizar un programa de reformas, incluso progresistas, sin participación de los sectores populares, cuya presencia en los procesos políticos y económicos fundamentales es lo que se busca evitar mientras se fortalecen principalmente los intereses de las clases dominantes.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.

Cualquier análisis que se haga sobre México y la línea política de la, denominada por López Obrador, Cuarta Transformación, ha de considerar que México ha sido uno de los frentes más violentos de la política imperial impulsada por EEUU en su vertiente conocida como “guerra contra las drogas”. Y es un frente de guerra que sigue abierto supurando sangre y corrupción.

En los últimos días, y de forma concentrada, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado con declaraciones que se mueven a contracorriente de los deseos y la línea imperial USA. En el agitado acontecer mundial podríamos trazar siluetas con la imagen del Imperio del Norte dirigiendo su dedo de fuego contra México y desatando pestes, sanciones y terremotos.

11 de febrero. México encabezará movimiento en defensa de la soberanía cubana: AMLO.

En el marco de la reunión bilateral México-Cuba en Campeche y con la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, López Obrador agradeció mucho a los médicos del hermano pueblo de Cuba (610 galenos trabajando en el sector salud mexicano). Esto representa un desafío y, parte fundamental, es garantizar un sistema público de salud. A continuación declaró que… “México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia y soberanía de Cuba. Nada de dar trato de país terrorista o ponerlos en la lista negra de supuestos países terroristas… ¡Que viva el pueblo digno de Cuba!”.

14 de febrero. Nuevo decreto prohíbe el uso de maíz transgénico para consumo humano.

Por medio del Diario Oficial de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una orden a fin de revocar y no dar más autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado que se destine a la alimentación humana, así como el uso del herbicida glifosato. Este decreto sustituye otro de diciembre de 2020 cuyo texto daba lugar a interpretaciones diversas. Así mismo se establece una categorización del maíz según su uso: alimentación humana (masa y tortilla), forraje e industrializado para alimentación humana. Según comunicado de la Secretaría de Economía “se trata de consolidar la soberanía y seguridad alimentaria en un insumo central en la cultura de los mexicanos”. El comercio de maíz transgénico es un negocio de alrededor de 5 mil millones de dólares que involucra a grandes empresas trasnacionales.

Pocas horas después y ya ubicados en el día 15 de febrero, el Imperio de las Sanciones “se mostró decepcionado”  por el decreto del gobierno mexicano. “Estamos revisando cuidadosamente los detalles del nuevo decreto y tenemos la intención de trabajar con la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para asegurar que nuestro compromiso basado en la ciencia y las reglas se mantenga firme”, declaró el Secretario Imperial de Agricultura, Tom Vilsack.  Y añadió: “Está en juego la integridad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”. México le compra anualmente a Estados Unidos unas 17 millones de toneladas de maíz genéticamente modificado.

19 de febrero.  Ningún extranjero podrá explotar litio en México: AMLO.

El sábado 18 de febrero, el Gobierno mexicano publicó un decreto para denominar como una reserva minera  a  casi 235 mil hectáreas ricas en litio, con una reserva calculada en unas 243 millones de toneladas ubicadas en el estado de Sonora. El decreto establece que la exploración, explotación y aprovechamiento, sólo podrá ser realizado por el Gobierno en beneficio del pueblo de México.

El primer dato a señalar, es que la empresa china Ganfeng Lithium ya tiene concesiones en ese territorio del norte mexicano. El decreto de 18 de febrero establece que no se retirarán las concesiones ya otorgadas dentro del área.  El segundo dato es que el litio de Sonora, se encuentra en terrenos arcillosos de montaña, no se trata de las enormes planicies salares de Bolivia, Chile o Argentina. Por su parte Perú tiene recursos calculados en 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio y es considerado el sexto depósito de litio de roca dura más grande del mundo. Estudios prospectivos indican que el potencial de tierras raras con posibilidades industriales, se encuentra a lo largo de la Cordillera oriental peruana. Por todo esto y a la vista del panorama político actual del Perú,  es fácil percibir el diseño de otra silueta con forma de golpe de Estado con el llamado oro blanco como motivo central. Volviendo al caso mexicano, aún está por definir la tecnología y costos de separar el litio adherido a los terrenos arcillosos de Sonora.

Las fechas de la otra cara de la política (o de la guerra)

17 de febrero.  AMLO y gobernadora de Arizona se reúnen en Nogales, Sonora.

El presidente mexicano se reunió con la gobernadora Katie Hobbs, del partido demócrata USA, para evaluar el trabajo de obras y aduanas en la localidad de Nogales, Sonora. En presencia del gobernador de Sonora, el chapulín Alfonso Durazo, acordaron realizar las acciones necesarias para facilitar las operaciones aduaneras y reforzar la relación bilateral en materia económica y cultural entre dos estados divididos por 568 kms. de frontera desde que en 1853 se definieron las coordenadas geográficas en el Tratado de la Mesilla, para marcar un espacio que, hasta entonces, carecía de límites tangibles entre EEUU y México. Por su parte  Arizona pasa a ser el estado 48 del territorio imperial USA en fecha tan reciente como el 14 de febrero de 1912.

La reunión en Nogales apuntala la inserción de la economía mexicana estrechamente entrelazada con los intereses estadunidenses para crear un poder regional diseñado en el proyecto “Northamerica” que pueda competir  -y  finalmente derrotar-  , con el ascenso y el protagonismo chino en el mundo. A López Obrador, le dejan los símbolos, expresados en la fecha de “nacionalización” del litio (18 de febrero), para establecer semejanza con la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas del Río, el 18 de marzo de 1938.  En el caso del litio no hay ninguna expropiación ni confiscación de bienes de titularidad extranjera que pasen a manos del Estado mexicano, por lo tanto no se trata de nacionalización.

PLAN  SONORA.-  La fabricación industrial de chips, el litio y la industria de autos eléctricos.

El gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño es la pieza clave del movimiento imperial para evitar sorpresas y avalar el cumplimiento de los objetivos necesarios que aseguren la hegemonía estadunidense en esta fase de la guerra mundial que va escalando en una decidida apuesta por la eliminación del oponente.  Apenas este 2 de febrero declaró que “el presidente Andrés Manuel (sic) ha abierto la posibilidad de la asociación de particulares con la empresa LitioMX… el litio es propiedad de la nación, por motivos de seguridad, pero el presidente abrió la posibilidad de asociación con empresas particulares que se establezcan en Sonora”.

La declaración de Alfonso fue expresada desde la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, Sonora, la planta solar más grande de América Latina. Ese día Alfonso dio a conocer oficialmente el PLAN SONORA DE ENERGÍA SOSTENIBLE, ante embajadores de 60 países. El objetivo declarado es “impulsar la transición hacia las energías limpias para contribuir a la lucha contra el cambio climático y atraer inversiones”. El Plan tiene cuatro ejes rectores:

1.- Explotación del litio;

2.- Generación de energía eólica;

3.- licuefacción de gas natural;

4.- Desarrollo de una industria para fabricar baterías y semiconductores.

17  de  febrero.       Tesla en México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostendrá una llamada telefónica con el director ejecutivo de Tesla. Elon Musk, dijo el viernes 17 el canciller Marcelo Ebrard y detalló que el fabricante estadunidense está interesado en aumentar su presencia en México. “Muy pronto vamos a tener la confirmación de que esa empresa, que es muy importante, está muy cerca de nuestras prioridades de electromovilidad”…  dijo Marcelo Ebrard a la prensa.

25 de febrero.   AMLO veta a Nuevo León; Tesla debe instalarse donde haya agua.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno no otorgará los permisos correspondientes en caso de que la automotriz Tesla insista en instalar una planta en Nuevo León o en otra región sin agua. El gobernador de Nuevo León, afirmó que la entidad dispone de 3 mil litros por segundo de agua tratada y destacó que Tesla ocupa menos de 100, “así es que no veo ningún problema”.  Por su parte el senador con licencia y virtual candidato de MORENA al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, ofreció a Elon Musk mil hectáreas de terreno para que la planta se instale en la zona carbonífera del estado, entre Monclova y Piedras Negras.

Elon Musk no es el único interesado en México. Jetour   la marca Premium de la automotriz Chery (China), está en pláticas con gobiernos estatales para instalar una planta de ensamblaje de vehículos eléctricos y de gasolina.

Es comprensible desde el punto de vista anti mexicano, que sea tan dura la competencia por atraer a la séptima empresa más valiosa del mundo con una capitalización de mercado de 623 mil millones de dólares, seis veces más que toda la economía de Nuevo León.  Pero para un proyecto político de transformación nacional atraer inversión extranjera en base al cálculo de ganancias, dejando a un lado la implicación política de un empresario imperial señalado por su participación en el golpe de Estado contra el  presidente Evo Morales en Bolivia equivale  a apuntarse con un arma en la cabeza. Si el sujeto en cuestión además tiene poder en el mundo de la comunicación digital porque es el dueño de una de las plataformas de redes sociales más influyentes del planeta, se cierra el círculo o la figura geométrica que ustedes gusten y manden, que proyecta y difunde las paranoicas ideas de poder sin límites ni contención para twittear poco después de tumbar un gobierno popular: “Daremos un golpe de estado a quien queramos. Lidien con eso”.

FUENTES:  bnamericas.com (17 mayo 2022);   el Economista; La Jornada (Enrique Galván Ochoa, 22 de febrero 2023)

Sputnik noticias (Plan Sonora: la puerta de entrada para que las empresas privadas exploten el litio mexicano. (3 de febrero 2023);  PULSO diario de San Luis(19 febrero 2023)