Dirigentes políticos y sociales y el pueblo en general, deben entender que en muchos casos, la decisión de alzarse en armas, tuvo y tienen, causas socioeconómicas, políticas e institucionales específicas. Justificables en la mayoría de casos, incluida la retoma de armas, por parte de las denominadas disidencias.

El surgimiento de la insurgencia; FARC, M19, EPL, ERP, entre otras, se soportó sobre objetivos ideológicos y socioeconómicos.

Las causas y motivaciones fueron consecuencia exclusivamente de la irresponsabilidad política y social de todos los gobiernos del Régimen y del modelo económico-político impuesto, aceptado y explotado por los círculos de poder. Fueron y siguen siendo, consecuencia de la distorsión de la democracia plena. La llamada democracia colombiana es retórica y de papel.

El engaño sistemático a las mayorías, practicado por los explotadores del poder institucional, inoculó escepticismo, desarraigo e indiferencia por lo público y por los legítimos derechos ciudadanos, de las mayorías nacionales.

Si el pueblo fuera realmente consciente de la gravedad del conflicto y de sus causas y consecuencias, ya se habría revelado contra el gobierno y el régimen, para exigir la superación de las causas del conflicto.

Es pertinente desenmascarar a los enemigos declarados y encubiertos del pueblo, de las negociaciones del conflicto, de la construcción de equidad socioeconómica y del desarrollo nacional.

El conflicto socioeconómico-político colombiano es consecuencia de la irresponsabilidad social y política de la recalcitrante derecha y ultraderecha liberal-conservadora-terrateniente y empresarial, a quienes nada les importa las precarias condiciones de vida de las mayorías, condenadas a la pobreza y la miseria.

Colombia debe superar la fatalidad del conflicto socioeconómico-político. La única vía es la inclusión socioeconómica y política. Estas realidad incuestionable debe someterse a un riguroso análisis crítico racional de viabilidad, respecto al contexto histórico económico-social y político colombiano y en particular, de las condiciones coyunturales presentes y de poder político, frente a la irracionalidad, mezquindad y perversidad de los enemigos de la construcción de équidas socioeconómica y mejoramiento de condiciones de vida de todos los colombianos.

Es imperativo hoy, reconocer la posición de doble moral del hoy ex-Presidente Iván Duque y otros ex presidentes, sobre el proceso de implementación de los acuerdos con las FARC. Ocurrió lo que tenía que ocurrir.

La guerra declarada por los representantes incondicionales de la extrema derecha tradicional, de los gremios económicos y dueños exclusivos de la riqueza y el capital nacional, es manifestación inequívoca de ruindad mental, de ausencia de principios humanísticos, morales y éticos.

Esas precariedades de la condición humana, son las que explican la oposición perversa, a las reformas económicas-sociales e institucionales, del actual gobierno.

Y si observamos quiénes las lideran, podemos encontrar explicación. Son lideradas por viejos politiqueros y sus secuaces en su condición de usufructuarios tradicionales del poder político e institucional, desde siempre.

Los usufructuarios tradicionales del poder político y económico, han saboteado la posibilidad de construir condiciones de paz, convivencia y equidad socioeconómica, con el objetivo de mantener el régimen de impunidad que los beneficia y el poder económico y político que explotan, como Uribe, Efraín Cepeda, Gaviria y muchos otros.

Pasarán a la historia, las trapisondas y perversidades lideradas por Álvaro Uribe, opositor satánico al Gobierno que firmó los acuerdos con las Farc y contra toda reforma que favorezca derechos sociales. Uribe promovió e impulsó el ‘no’ en el Plebiscito del 2 de octubre de 2016. Lo soportó en típicos criterios falaces y engaños al elector. Así provocó varias modificaciones en el acuerdo pactado y firmado, que se conoce como Acuerdo Final del Teatro Colón de 26 de noviembre de 2016.

Por otro lado, el gobierno liderado y ejercido por Uribe, a través de su secuaz Duque, manifestó reiteradamente el propósito de hacer trizas los acuerdos y en su defecto, introducirle correcciones de fondo, con el beneplácito y aquiescencia del ex presidente Uribe.

Lo que estamos conociendo, del accionar de los representantes de la extrema derecha, gremios económicos y tradicionales usufructuarios del poder público y económico nacional, en los debates del congreso, contra las urgentes y justificables reformas socioeconómicas del actual gobierno, es la continuación de la guerra de ese sector político, contra el desarrollo nacional y la justicia social.

Ante la acción diabólica de los enemigos del desarrollo y la justicia social, el nuevo gobierno debe responder estratégicamente, con las decisiones y reformas económicas e institucionales que se requieran, para lograr la reconstrucción socioeconómica nacional, presentadas por el gobierno.

Si no son aprobadas en el congreso, el gobierno debe inmediatamente recurrir al Constituyente Primario, para lograrlas, en los próximos tres años.

El gobierno actual, los órganos de poder, los empresarios y la sociedad en general, deben comprender y dimensionar la conveniencia de acelerar los procesos de reinserción y de construcción de equidad socioeconómica integral.

Es única alternativa cierta para superar las causas del conflicto y construir equidad socioeconómica, justica social y crear condiciones ciertas para el desarrollo integral de la nación.

La superación del conflicto demanda racionalidad, generosidad, humanismo, ética y moral colectivas. Capacidad para entender las causas y dimensionar consecuencias y soluciones.

Colombia es el país más inequitativo del continente. Está entre los de mayor corrupción, concentración de la riqueza y el capital y mauyores índices de criminalidad del planeta.

La mayor percepción de corrupción, se concentra en la institucionalidad, supuestamente creada para garantizar los derechos y proteger la vida y honra de los ciudadanos, pero que lo que realmente garantiza es la impunidad y la corrupción.

El secuestro, el desplazamiento interno, la desaparición forzada, los falsos positivos, la pobreza y miseria que doblega a las mayorías de colombianos, la expatriación y exclusión social y económica, el cáncer del narcotráfico, la narcoparapolítica, la corrupción, la inseguridad ciudadana, tipifican el conflicto interno, que como imperativo moral y social deben erradicarse para siempre. Son desafíos que exigen reformas vertebrales, rigurosas en todos los niveles de la institucionalidad.

Esa postura a su vez se superpone con otras que esgrime el gobierno, como las de un capitalismo descarbonizado o despetrolizado. Todas ellas son palabras potentes que, aunque no están definidas con precisión, alimentan ilusiones de cambio, lo que hace necesario analizarlas.

Al mismo tiempo, aunque no emplean el término “capitalismo democrático”, los mismos conceptos y expectativas están en juego en varios otros gobiernos latinoamericanos, desde Gabriel Boric en Chile a Lula da Silva en Brasil, al mantenerse dentro del capitalismo aunque esperando poder mejorarlo y democratizarlo. En este artículo se hurgan en algunas de las cuestiones en juego, sin buscar zanjar la cuestión, sino aportando ideas para profundizar las reflexiones sobre esos propósitos.

Un diagnóstico y una alternativa

Defender un capitalismo democrático implica tanto un diagnóstico como ideas de cambios. El discurso de Petro por un lado entiende que prevaleció un capitalismo que no era democrático al descansar en relaciones casi feudales y serviles, y que si bien contó con formalidades electorales y normativas, era autoritario y violento. Por otro lado, la alternativa debería enfocarse en una democratización, pero como ésta debe ser capitalista, eso exige que solo sea posible escoger a otro tipo de capitalismo.

La adhesión al capitalismo es muy clara en el actual gobierno. Petro, en su discurso de victoria electoral, afirmó “nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia”. Aclaró que lo haría, no porque lo adorara, “sino porque tenemos, primero, que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo y los nuevos esclavismos” (1). No se encontrará una definición de ese tipo de capitalismo en las bases ni en el proyecto final del Plan Nacional de Desarrollo, y tampoco en el programa de gobierno “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

Petro concibe que es necesario “superar las mentalidades atávicas” propias de un mundo de siervos o esclavos, y para ello se tiene que construir una democracia que permita un “pluralismo” de ideas y de economías. El siguiente paso es apoyar una diversidad de relaciones económicas más allá de las convencionales que dependen de empresas, como por ejemplo el cooperativismo, pero siempre enmarcadas en un capitalismo que debería ser “productivo” y no “especulativo” (2).

Retomar la modernización

El capitalismo democrático responde, según Petro, a la necesidad de abandonar las relaciones de “producción premodernas, las formas de indignidad laboral, la depredación de la naturaleza y los seres humanos” para construir una “democracia pacífica y productiva”. Por lo tanto, ofrece un programa de modernización, para alcanzar economías modernas y plurales, en las que esa condición de pluralidad requiere de una democracia que albergue diferentes ideas y prácticas.

La retórica de un desarrollo para salir del atraso persiguiendo la modernización es muy similar a la que se escuchaba en Colombia y en el resto de América Latina, en las primeras décadas del siglo XX. En aquellos tiempos, distintos gobiernos denunciaban el atraso y se lanzaron a aventuras de modernización tales como mejorar los derechos políticos o laborales, alentar la educación pública, reformar los esquemas tributarios, o apoyar industrias e infraestructuras. Es como si el petrismo asumiera que el país quedó suspendido en aquella etapa, atrapado por la violencia y la subordinación, y entonces el gobierno retomara ahora una misión modernizadora pendiente.

El diagnóstico acierta en varios sentidos, ya que es evidente que el país transitó conflictos y violencias que llevaran a la política tan a la derecha, que se naturalizaron relaciones económicas o sociales que en varias naciones vecinas fueron superadas en el pasado. Esa misma condición explica que una intención modernizadora, que solo aspira a un capitalismo un poco más benévolo, resulta intolerable para los sectores conservadores. Pero al mismo tiempo, parece un simplismo asumir que los problemas actuales se resolverán con recetas de la modernización de hace un siglo atrás.

Reformas del capitalismo

La idea de un capitalismo democrático implica que hay diferentes tipos de capitalismo. En sus expresiones más comunes se denuncia, pongamos por caso, a los capitalismos neoliberales, y ante ellos, la alternativa es promover otro que fuese más democrático.

Aunque, como ya se adelantó, las ideas petristas no están elaboradas con precisión, parecería que de todos modos toma en consideración aportes recientes, como los de Joseph Stiligtz o Mariana Mazzucato, quienes son parte de un amplio conjunto de reformistas. En ese grupo se siguen distintos análisis que, de un modo u otro, advierten que los capitalismos conservadores, basados en mercados liberalizados y Estados mínimos, desembocarán en crisis económicas, políticas y ecológicas. Las reformas son necesarias para salvar al capitalismo de sí mismo.

La propuesta reformista más influyente es seguramente la del “reseteo” del capitalismo, promovida en el Foro Económico Mundial de Davos, el encuentro de la elite empresarial (3). Sus defensores entienden que existen tres tipos básicos de capitalismo: uno empresarial, culpable de los problemas actuales; otro estatal, que es ejemplificado con China, y por lo tanto autoritario; y finalmente una alternativa llamada de los stakeholders para referirse a la participación de grupos interesados. Sólo esta última es una opción viable ante las crisis.

En sus contenidos es un capitalismo con un Estado presente en sectores como la salud pública y con canales de participación ciudadana, y que postula medidas como impuestos a los más ricos o despetrolizar las economías. Como puede verse hay similitudes con las ideas petristas, y en especial tras la intervención del presidente en el último foro en Davos donde defendió la idea de un capitalismo despetrolizado.

La cuestión clave es que todos esos reformismos aceptan como válido y necesario al capitalismo, y por ello defienden componentes básicos como la prosecución del crecimiento y la ganancia, la generación de distintos tipos de capital (financiero, social, natural), la propiedad o el papel del mercado. No reconocen que existan alternativas viables al capitalismo ni una democracia más allá de éste; no conciben opciones socialistas o de otro tipo.

El capitalismo democrático en crisis

En el campo del reformismo hay algunos actores destacados que usan esa misma etiqueta de capitalismo democrático. Pero lo impactante es que lo consideran agotado, sufriendo diversas crisis, y dudan si es una opción viable.

El testimonio más elocuente está en las muy recientes confesiones de uno de sus más conspicuos defensores, Martin Wolf, un economista que giró al keynesianismo, y es destacado columnista en el periódico Financial Times (4). Su capitalismo democrático sería una condición virtuosa y deseada, que implica articular a un capitalismo de mercado con una democracia como régimen político, que necesariamente debe ser liberal para ser considerada como tal.

Según Wolf, el capitalismo no puede sobrevivir sin una política democrática, y al mismo tiempo, la democracia carece de porvenir sin el capitalismo; aunque en cierto modo son opuestos, ambos se necesitan mutuamente. En la actualidad no se logran los resultados ideales de esa asociación. El componente capitalista lidia con varias dificultades que agravan, por ejemplo, la inequidad, deterioran las condiciones de vida en la clase media, o son incapaces de enfrentar el cambio climático. El componente de democracia liberal se retrae, como ocurre bajo la proliferación de noticas falsas o debilidad institucional, e incluso está bajo ataque, como sucedió con Donald Trump en Estados Unidos.

Las razones últimas de estos padecimientos están, según Wolf, en factores como la ignorancia y la irresponsabilidad. Culpa a la derecha política por ello pero también a un “progresismo” en el que incluye, por ejemplo, a quienes defienden diversidades culturales y raciales. Esa evaluación, así como otras consideraciones, tales como sostener que la racionalidad económica es lo que permite la cooperación entre las personas, expresan su adhesión a ideas típicas del liberalismo británico de hace un siglo. Desde esa mirada, Wolf concluye que el capitalismo democrático actual está languideciendo, acosado por la ignorancia y la nueva derecha.

Aplicar un capitalismo democrático al estilo de Wolf a una Colombia que lidia con problemas típicos del siglo XXI, genera múltiples tensiones y dudas. El riesgo está en que el petrismo utilice unas ideas que sus defensores más conspicuos reconocen que no están funcionando, y a la vez, si funcionaran, se basan en concepciones que ya tienen más de un siglo y pese a ello no rinden los resultados ofrecidos, están en crisis, son economicistas y eurocéntricas.

La restricción de las alternativas al capitalismo, sea siguiendo a los economistas heterodoxos, a los empresarios en Davos o a los periodistas como Wolf, es parte de la prevaleciente idea que el capitalismo triunfó y está solo. Ese extremo, tal como francamente expone Branko Milanovic, argumenta que no se dispone de otro modelo de producción e intercambio económico, y que cuente con instituciones e instrumentos aplicados desde hace largo tiempo (5).

Según esos análisis, esta situación responde a que las alternativas no capitalistas en la academia o en organizaciones ciudadanas, no han cristalizado en ensayos concretos a mayor escala, o que las experiencias que se dicen diferentes, en especial la que conduce el Partido Comunista de China, finalmente es un tipo de capitalismo.

Más allá de si esto es cierto o no, lo que es importante aquí es señalar que si bien Petro rechaza los extremos neoliberales, sólo está dispuesto a elegir a otro tipo de capitalismo. Es una postura que ha mantenido por años, y que ahora aclara advirtiendo que las “necesidades de la sociedad colombiana no son las de construir el socialismo, sino construir democracia y paz, punto” (6). Admite, con toda razón, que su programa no sería catalogado de izquierda en Europa, aunque, como se indicó antes, el contexto colombiano está tan recostado sobre la derecha que las elites locales lo acusan de ser un socialista o radical de izquierda.

La condicionalidad democrática

Si se aborda la cuestión del capitalismo democrático desde su otro componente, el referido a la democracia, asoman otras complejidades. Aún reconociendo la diversidad de conceptualizaciones referidas a la democracia, no cabe duda que existe una tensión inmediata entre un régimen realmente democrático y el capitalismo. Esa oposición se intenta disimular con discursos de la democracia liberal y prácticas formales, sobre todo electorales, porque al mismo tiempo el capitalismo limita la participación, se controla y disciplina a la sociedad, y se toleran todo tipo de violencias.

La reflexión sobre esa problemática no ha estado ausente en América Latina, y en tanto estamos aquí analizando el caso colombiano es provechoso recuperar las advertencias de uno de sus destacados analistas, Antonio García, el activista y economista que en el siglo pasado promovía una alternativa socialista. En su libro, “Dialéctica de la democracia”, publicado en 1971, afirmaba que “el capitalismo ha dejado de ser un sistema económico favorable a la democracia”, particularmente en los países del sur. Esa sentencia mantiene toda su validez, y los países latinoamericanos lo saben muy bien porque lo han padecido desde siempre (7).

En el discurso petrista se echa de menos un reconocimiento explícito de las incompatibilidades entre una democracia sustantiva con el capitalismo. En cambio, García exigía distinguir entre la democracia “como forma política dentro del capitalismo” y aquella que se asume como “principio, como sistema de vida” que al desplegarse esté “articulado al proceso de creación de una nueva sociedad sin explotación colonial ni clases opresoras”.

Mirada pragmática

Finalmente, estarán aquellos que sostengan que la llamada a un capitalismo democrático debe ser tomada como un propósito genérico, más cerca de un recurso para comunicarse que de una elaboración política o económica. Expresaría una intención del gobierno para dar los primeros pasos en una gestión muy distinta a las de inspiración uribista, lo que no debe minimizarse. Se explica que esos cambios iniciales deben hacerse con precaución y paciencia, reconociendo las enormes fuerzas conservadoras que se les oponen.

Bajo ese pragmatismo, el capitalismo democrático como slogan sería útil para reducir los temores de los capitalistas al decirles que el gobierno persistirá en ese tipo de régimen, mientras que al decirse democrático se mantiene viva la intensión de pacificar y democratizar el país. Los cambios más profundos vendrían después, bajo otros gobiernos, y para poder lograrlos es necesario asegurar la estabilidad de la actual administración.

Muchos elementos en esos razonamientos son compartibles, pero lo que debe señalarse es que para que esto sea efectivo se requiere de organizaciones políticas estructuradas y formalizadas. Ya debería estar en marcha una reflexión sobre cuáles serían las siguientes etapas, cuáles sus contenidos conceptuales y sus instrumentos de aplicación, y en especial, cuáles son las salvaguardas que evitarán que el capitalismo se devore a la democracia. Si estos son los primeros pasos, una organización política es también indispensable para asegurar su continuidad en el tiempo más allá de este gobierno y de este presidente.

Este no es un tema menor, y la experiencia de los progresismos en los países vecinos sirve de alerta. En todos ellos existieron distintos slogans que se utilizaron en las fases iniciales de los gobiernos, tales como revolución ciudadana a socialismo del siglo XXI, pero todos enfrentaron dificultades en persistir en una agenda de cambios. Contribuyó a ello la debilidad o ausencia de estructuras político partidarias u otras formas de organización política estables y participativas, y la dependencia de líderes carismáticos pero personalistas y caudillistas, que entorpecían o anulaban sus propias sucesiones.

Un balance muy provisorio

La presentación de las ideas de un capitalismo democrático tiene aspectos positivos que deben reconocerse ya que pueden cobijar reformas para romper con políticas profundamente regresivas, y a la vez allanar senderos para nuevos cambios. Pero es también limitado, porque su horizonte de cambio apenas aspira a un capitalismo que sea un poco más benévolo, un poco más democrático, sin asumir que en su propia condición erosiona y limita esas posibilidades.

Es también una posición riesgosa, seguramente insuficiente ante un futuro inmediato. Circunscribe las alternativas al espacio capitalista, anulando las capacidades para pensar y ensayar opciones no capitalistas, sea asumiendo elementos válidos de la tradición socialista, rescatando otros de la experiencia latinoamericana, como puede ser los de la democracia popular, y sumándole novedades, como las del Buen Vivir.

Notas

1 “Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia”: Gustavo Petro en su discurso de victoria, Semana, Bogotá, 19 junio 2002.

2 Distintas referencias a las declaraciones de G. Petro también en Capitalismo democrático: ¿en qué consiste el modelo que Petro quiere para Colombia?, D. Salazar Castellanos, Bloomberg, 29 junio 2022.

3 The great narrative for a better future, K. Schwab y T. Malleret, SBVV, Zurich, 2021.

4 The crisis of democratic capitalism, M. Wolf, Penguin, New York, 2023.

5 Capitalism, alone. The future of the system that rules the world, B. Milanovic, Belknap, Cambridge, 2021.

6 Gustavo Petro: “Colombia no necesita socialismo, necesita democracia y paz”, J. Martínez Ahrens e I. Santaeulalia, El País, Madrid, 19 setiembre 2021.

7 Dialéctica de la democracia, A. García, Plaza & Janes, Bogotá, 1987.

La primera versión de este texto fue publicada en el periódico Desde Abajo (Bogotá) No 300, marzo 2023.

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Seguimiento en redes @EGudynas ; blog www.accionyreaccion.com

A continuación aportamos un documento de análisis de los principales problemas del Bajo cuca antioqueño y de sus municipios con el fin de coadyuvar a la construcción de la paz total en dicho territorio.

La violencia estructural en el Bajo cuca antioqueño.

En este documento me propongo abordar la situación del Bajo Cauca antioqueño sometido a la violencia del neoparamilitarismo de los Urabeños, los Caparrapos, los Rastrojos y otras organizaciones incursas en la acción criminal. Primero nos vamos a referir a la zona donde se da este fenómeno violento; después haremos un breve recuento histórico de la violencia en la región; abordaremos los actores violentos que protagonizan la arremetida contra la población incluyendo las organizaciones herederas del paramilitarismo; nos referiremos a las víctimas y desplazados; y finalmente haremos unas consideraciones sobre las perspectivas de la paz en el Bajo Cauca antioqueño y el proceso de implementación de los Acuerdos de paz con las Farc de Timochenko, Pastor Alape y demás integrantes del núcleo que se integró a los planteamientos del neoliberalismo santista.

El Bajo Cauca antioqueño.

El Bajo Cauca antioqueño (BCA) es un amplio territorio de la zona norte del departamento de Antioquia, cuyo epicentro es el municipio de Caucasia, con amplia influencia en las localidades del Sur del departamento de Cordoba. Está integrado por los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Está enlazado al norte con los municipios cordobeses de Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada, Planeta Rica, Ayapel y San José de Uré.

El BCA está repartido en 28 corregimientos y 278 veredas. Igualmente interactúa estrechamente con otros municipios por el sur, como Yarumal, Ituango, Valdivia, Briceño, Anorí, Remedios y Segovia. Esta region fue una de las primeras en ser invadidas y colonizadas por los españoles en el Siglo XVI, quienes fundaron los pueblos de Cáceres (1576) y Zaragoza (1581), como puestos de avanzada hacia la conquista del interior de lo que sería posteriormente el departamento de Antioquia, zona de la explotación del oro; en tanto Nechí fue fundado en 1636 como un campamento minero, y El Bagre en 1675, tras el desplazamiento de la población por búsqueda de oro y recursos madereros.

La extensión de la region es de 8.485 km2 lo que corresponde al 13.5 % del territorio total de Antioquia. Su horizonte natural está delimitado por el occidente con la Serranía de Ayapel y al oriente con el piedemonte de la Serranía de San Lucas. Igualmente, los ríos Cauca y Nechí, delinean los seis municipios por las tierras bajas hacia la parte nororiental de la región hasta llegar al departamento de Bolívar. En cuanto a la Serranía de San Lucas, esta abarca los municipios de El Bagre, Segovia y Remedios, en el departamento de Antioquia, y los municipios de San Jacinto del Cauca, Montecristo, Santa Rosa del Sur y San Pablo, en Bolívar. Con una altura que no sobrepasa los 2.500 msnm, tiene una importante concentración de recursos naturales reunidos en las zonas de reserva forestal del río Cauca (El Bagre y Nechí) y el Bajo Cauca-Nechí (Cáceres y Zaragoza). Además de la agricultura y la ganadería, la explotación maderera y minera, sobresalen como las actividades económicas más importantes en las colinas bajas y valles de esta formación montañosa. Las zonas bajas constituidas por los municipios de Caucasia, El Bagre y Nechí, comprenden un importante complejo de ciénagas, caños y humedales, así como los ríos Cauca, San Jorge y Nechí que representan las arterias fluviales utilizadas para el transporte entre municipios y con otros departamentos. Esta región también cuenta con constante actividad minera principalmente en las laderas del río Nechí.

La región goza de una posición ventajosa para el desarrollo de actividades criminales al hacer parte de un corredor estratégico que va desde el Catatumbo hasta el Urabá antioqueño, pasando por el sur del Cesar, sur de Bolívar, Magdalena Medio, Nordeste, Norte y Bajo Cauca antioqueño.

Población.

De acuerdo con la proyección hecha por el DANE, la población del Bajo Cauca a 2017 era de 310.000 personas, lo que equivale a 4.5 % de la población total del departamento de Antioquia. De estas, 168.863 (60%) personas viven en las cabeceras municipales mientras que 142.462 (39%) en el resto del territorio de la subregión. El Bajo Cauca cuenta con varios asentamientos de grupos étnicos, como afrodescendientes y comunidades indígenas. Según los Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia elaborados por la Gobernación en 2018, la población indígena en el departamento antioqueño llegó a un total de 28.192 personas. En la región del Bajo Cauca, durante el mismo año, se registraban 6.295 indígenas lo que corresponde al 22% de la población departamental. Zaragoza es el municipio con el mayor número de indígenas en el Bajo Cauca (1.962), lo que equivale al 31% de esta población en la subregión. La mayoría de indígenas que habitan el Bajo Cauca antioqueño pertenecen a la etnia Zenú. También existen unos pocos asentamientos del grupo Embera Chamí.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Antioquia 2016-2019, elaborado por la gobernación, Antioquia es el segundo departamento del país con mayor población afrodescendiente después del Valle del Cauca. Con un total de 593.726 personas que se reconocen como afro. El Bajo Cauca es la tercera de las subregiones antioqueñas con mayor población perteneciente a esta etnia (42.443 afrodescendientes). En la subregión existen cuatro títulos colectivos otorgados a comunidades afrocolombianas, que abarcan un total de 6.127 Has.

Las contradicciones sociales.

Según el Anuario Estadístico de Antioquia para 2018, en el Bajo Cauca el 63,43 por ciento de la población está en la pobreza y el 30,32, en la miseria; en palabras del Informe de Derechos Humanos 2015 del Instituto Popular de Capacitación (IPC): Esta es la subregión con el menor índice multidimensional de calidad de vida (IMCV), las tasas más altas de homicidios y una de las que han soportado en los últimos años los más altos niveles de desplazamiento forzado y altos índices de despojo de tierra. La economía. Las principales actividades económicas en la subregión del Bajo Cauca son la minería, la ganadería extensiva, y en menor medida la producción agrícola (arroz, sorgo, maíz y plátano), además del aprovechamiento forestal. La explotación aurífera ha marcado históricamente esta subregión desde la época colonial y particularmente desde 1950 a través del proceso de colonización campesina. Personas migrando desde las zonas bajas de Bolívar y el mismo departamento de Antioquia fueron poblando esta región impulsadas por la fiebre del oro o huyendo de la violencia partidista.

En los municipios de El Bagre, Zaragoza y Nechí predomina la minería de aluvión, mientras que la minería de veta se practica principalmente en Zaragoza y Cáceres. Según el Servicio Geológico Nacional (Ingeominas), Antioquia produjo en 2017, 23,2 toneladas de oro, equivalentes al 34% de la producción nacional que en ese año alcanzó las 65,9 toneladas. La actividad minera en la subregión se desarrolla en tres niveles distintos de explotación: a gran escala y con alta tecnificación por parte de empresas trasnacionales; a mediana escala a cargo de empresas de tamaño intermedio; y finalmente la minería artesanal, que es el modo de sustento de una gran cantidad de familias en el Bajo Cauca. Del mismo modo, es importante distinguir entre la minería legal, realizaba bajo los criterios establecidos por la autoridad minera representada en la Secretaría de Minas del departamento de Antioquia, y la minería informal, que se practica sin ningún control por parte de dicha autoridad y sin tener en cuenta los lineamientos legales para la explotación.

Propiedad privada.

En un estudio del 2011 sobre la situación socio-económica del Bajo Cauca, investigadores de la Universidad EAFIT en convenio con la Gobernación de Antioquia establecieron que el área geográfica del Bajo Cauca es de 857.245 hectáreas, pero que el área catastral es del 816.695 hectáreas. La diferencia de más de 40 mil hectáreas se explica por dos razones. Hay muchos predios que aún no se han formado e incluido en el catastro oficial; y segundo, muchos propietarios han registrado sus predios en Córdoba, aunque queden en Antioquia. El 77, 75 por ciento del área de terreno en el sector rural es de propiedad privada y el porcentaje restante pertenece al Estado e Instituciones. A pesar de estar entre las regiones antioqueñas con mayor área de terreno, es la segunda con menor cantidad de propietarios y unidades prediales. El 9 por ciento de los propietarios con más de 200 hectáreas cada uno, poseen poco más de la mitad de todo el terreno agropecuario que está en manos privadas (51 por ciento). No obstante, hay una proporción considerable de propietarios medianos (el 58 por ciento) con fincas entre 20 y 199 hectáreas, cuya porción del territorio alcanza el 45% de la tierra. El restante 4 por ciento de la tierra está en manos de pequeños propietarios, con menos de 20 hectáreas. No obstante, la tendencia en esta región es hacia la concentración cada vez mayor de la propiedad de la tierra. Según datos del Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el Bajo Cauca creció la proporción de tierra en manos de grandes propietarios entre 2005 y 2009. De acuerdo con el Plan Estratégico Subregional del Bajo Cauca, la falta de claridad en el ordenamiento territorial también ha provocado arduos conflictos entre pequeños productores agropecuarios que luchan por preservar su modo de subsistencia y empresarios mineros medianos e informales que, ante la reciente bonanza en los precios del oro, intentan penetrar áreas agrícolas y ganaderas para explotarlas. Surgen también conflictos entre pequeños mineros artesanales que se disputan el espacio con propietarios de minas o de haciendas, para realizar sus actividades de subsistencia. Los problemas sociales asociados a la carencia de tierra tienen efectos ambientales importantes porque generan desplazamientos y presiones en las reservas de bosque que existen actualmente en el Bajo Cauca.

Titulación minera.

Parte de ese conflicto por la tierra lo genera la posesión de títulos mineros. Cifras de la Agencia Nacional de Minería indican que, a corte del 26 de agosto de 2018, se tenían registrados 239 títulos mineros vigentes, que en los municipios de Tarazá, Nechí, El Bagre, Caucasia y Cáceres abarcan 349.921 hectáreas, equivalentes al 40,8 por ciento del territorio. De éstas, están siendo explotadas por lo menos 23.605 hectáreas, la mayor superficie destinada a la actividad minera en el departamento. La lista de las primeras cinco compañías que hacen presencia en la región la encabeza Mineros S.A., de propiedad del grupo financiero Colpatria y de la Corporación Financiera Nacional (CFN), que posee 83 títulos, por 120.532 hectáreas, concentrados en los municipios de El Bagre, Zaragoza, Nechí y Caucasia. De ellos, 13 están en fase de exploración, 18 en construcción y montaje, y 52 en explotación. En segundo lugar se encuentra Minerales OTU S.A.S., una firma de capitales estadounidense, canadiense e inglés que posee 32 títulos en las poblaciones de El Bagre y Zaragoza por 20.027 hectáreas, 20 en fase de exploración y 12 en construcción y montaje. Detrás aparece el proyecto Coco Hondo S.A.S, compañía de capital estadounidense que posee 15 títulos mineros distribuidos en los municipios de El Bagre, Zaragoza, Nechí y Cáceres, por 27.263 hectáreas, 9 en fase de exploración y 6 en construcción y montaje. Luego viene la AngloGold Ashanti Colombia S.A., que tiene fondos de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, y posee 7 títulos en los municipios de El Bagre y Nechí, por 7.725 hectáreas, todos ellos en fase de exploración. Finalmente está en la región, la empresa Cerro Matoso S.A., controlada por la firma australiana BHP Billiton. En la actualidad posee 5 títulos mineros en los municipios de Tarazá y Cáceres que abarcan un área de 11.330 hectáreas, los cuales se encuentran en fase de exploración. Adicional a ello, en el despacho de la Secretaría de Minas de Antioquia se encontraban en trámite a finales del año 2017, 213 solicitudes de títulos mineros, 189 propuestas de contratos de concesión y 269 solicitudes de legalización. Mientras el gobierno le ha otorgado títulos de exploración a las empresas mineras con relativa celeridad, y aun cuando éstas los devuelven, se demoran en liberar las áreas, a los mineros artesanales les han venido legalizando con mucha paquidermia. Así se dan muchas áreas improductivas que los mineros artesanales quieren, o que incluso ya están trabajando hace tiempo, pero no se las titulan porque los grandes las han reservado y pagan el canon superficial por mantener el título.

Los ganaderos concentran altas extensiones de tierra para la práctica de la ganadería extensiva; los grandes mineros desde hace tiempo tienen titularidad y derecho sobre el suelo y el subsuelo; y el Estado declaró reserva forestal y natural una gran extensión de tierra que cubre buena parte del territorio del Bajo Cauca. Esto ocasiona problemas de desplazamiento y desalojo constante de los campesinos por presión económica y militar, además de existir pocos títulos de propiedad entre la gente. Áreas protegidas. Amplias áreas del territorio del Bajo Cauca antioqueño están protegidas como Reserva Forestal, según lo dictó la Ley 2 de 1959. Se calcula que 128.182 hectáreas de los municipios de El Bagre, Nechí y Zaragoza, sobre las estribaciones de la Serranía de San Lucas están incluida en la zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, establecida con el fin de impulsar el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. Desde el año 2009, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) trabaja en el Plan de Ordenación Forestal de los Bosques del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia. El propósito es adelantar un proceso participativo de ordenación forestal que propicie el aprovechamiento racional de los bosques, la protección del medio ambiente y la inclusión social. Importantes áreas de bosques nativos, que se deben preservar, están siendo degradadas por las actividades ganaderas y mineras, lo que ha venido empobreciendo la calidad de la tierra y afectando el ecosistema. En la porción de reserva del Municipio de El Bagre, que abarca 103.415 hectáreas, el proyecto ha iniciado un proceso de formación catastral encontrando que allí habitan alrededor de 1200 familias campesinas y varias comunidades negras e indígenas Embera-Katío, Embera-Chamí y Zenú, con más de 50 años de presencia en la zona, viviendo mal, arrinconados por el conflicto armado y afectado por el desplazamiento forzado. Además, carecen de títulos de propiedad, lo que complica aún más su situación. En otras palabras, hay mucha gente que busca y necesita ser productiva para mejorar sus ingresos, pero por la forma como el Estado ha repartido derechos sobre el territorio no las deja acceder a títulos de la tierra ni de las minas que trabajan, lo que les impide salir de la informalidad, acceder a créditos, crecer y prosperar.

Ruta histórica de la violencia en la region del BCA.

Abordemos a renglón seguido el proceso histórico de la violencia en la region y sus principales actores hasta la actualidad. ¿Cómo llegó el Bajo Cauca a ser una región tan violenta?, ¿por qué se concentraron allí tantos actores armados ilegales, reemplazando, incluso, al Estado en sus funciones? ¿Cómo entender este territorio, complejo y exótico; donde la pobreza abunda en tierras ricas y la institucionalidad no consigue abrirse paso en medio de una arraigada cultura de informalidad e ilegalidad? Las razones saltan a la vista: la región, conformada por seis municipios, donde habitan cerca de 250 mil personas y con una extensión de 8.445 kilómetros cuadrados, una de las mayores de Antioquia, arrastra una historia de violencia prolongada, protagonizada primero por los bandoleros y luego, por narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. Convirtieron este rico territorio, desde mediados de la década de los ochenta, en el mayor centro de cultivo y procesamiento de coca del departamento; todo ello en medio del más completo abandono estatal. A lo anterior se le suma, además, la situación de pobreza, tan histórica en la región como la misma violencia y una de las más altas del departamento.

Oro y miseria.

Si algo ha forjado el carácter colectivo del Bajo Cauca ha sido la minería. Fueron precisamente los abundantes depósitos de oro lo que llevó a que los encomenderos españoles, sorteando las dificultades de un clima selvático, húmedo y extraño para ellos, fundaran en estas tierras los municipios más antiguos de toda Antioquia. El primero de ellos fue Cáceres, fundado en 1576 y que recibió inicialmente el nombre de Santa María Magdalena de Cáceres. Luego sería erigido el municipio de Zaragoza, en 1581. Le sucederían Nechí (1636) y El Bagre (1675) y ya en el siglo XX nacieron Caucasia y Tarazá. La región creció al ritmo de la explotación aurífera. Primero llegaron cientos de esclavos negros provenientes del Pacífico colombiano para suplir la mano de obra indígena, fuertemente diezmada por las largas y duras jornadas en las minas de oro. Luego llegaron los ingleses, a mediados del siglo XIX, para instalar empresas como la Frontino Gold Mines y la Pato Consolidated. En las primeras décadas del siglo XX el precio del metal precioso alcanzó niveles nunca antes vistos, lo que desató un fuerte proceso inmigratorio en el Bajo Cauca antioqueño, que terminó acogiendo a cientos de miles de hombres y mujeres provenientes del interior de Córdoba, Chocó y el Sur de Bolívar. El Bajo Cauca tuvo entonces un período de intensa actividad minera que se extendió hasta mediados de la década de los 70 del siglo XX y que estuvo caracterizado por la coexistencia de empresas extranjeras y centenares de pequeños rebuscadores que desarrollaban su actividad de manera informal, indiscriminada, sin ninguna clase de control, deambulando de una mina a otra, buscando fortuna. La creciente población aprendió a sobrevivir en medio de la informalidad, la ilegalidad y la ausencia del Estado. El auge del oro, lejos de sacar de la pobreza a los recién llegados, lo que hizo fue perpetuar ciclos de exclusión que aún hoy se mantienen. Por una parte, los nuevos colonos terminaron asentándose en tierras baldías, de dueños anónimos o de propiedad de las empresas mineras como la Pato Consolidated que, en 1974, fue adquirida en su totalidad por la empresa colombiana Mineros S.A. Lo anterior derivó en graves confrontaciones entre quienes buscaban asentarse buscando un sustento para los suyos y los nuevos dueños de la tierra. De otro lado, con la llegada a la región de rebuscadores, barequeros y mineros, los barrios informales, carentes de todos los servicios públicos indispensables para la vida digna, crecieron como hongos alrededor de sus incipientes pueblos. Los municipios carecían de los recursos y el personal para responder a la creciente demanda de acceso a bienes y derechos como salud, educación, vivienda y saneamiento. Sus institucionalidades débiles contribuían al desorden social. Para finales de la década de los setenta el Bajo Cauca ya era un polvorín donde ocurría toda suerte de protestas cívicas reclamándole al Estado su presencia en contraprestación por los jugosos aportes que se depositaban en las arcas del gobierno central producto de la actividad minera. Aparece la guerrilla. La ausencia del Estado comenzó a ser suplida por actores armados ilegales, inicialmente las guerrillas, que vieron en la insatisfacción popular terreno fértil para cosechar adeptos a sus ideologías.

El Eln.

Primero llegó el Eln, a finales de los años 70, asentándose en los principales centros mineros de la región. Fieles a su bandera política contra las empresas extranjeras, este grupo comenzó a extorsionar a empresas como Mineros S.A, al punto que en 1979, obligó a esta compañía a dejar inactivas varias de las dragas que tenía explotando oro en el río Nechí.

Las Farc.

Luego llegaron las Farc, una guerrilla que se involucró en el movimiento campesino que por aquellos años se gestaba en Caucasia, Cáceres, Tarazá y Valdivia para acceder a la tierra y a los servicios públicos. Desde el Bajo Cauca, los grupos guerrilleros podían salir al Urabá antioqueño, a través del Parque Natural Nudo del Paramillo, así como la Serranía de San Lucas, el Sur de Bolívar y el Magdalena Medio. De ahí que pusieran bases importantes en varios de sus municipios, entre ellos Cáceres, Zaragoza y Tarazá.

Narcotráfico y compras de tierra.

La presencia y consolidación de la insurgencia en el territorio coincidió entre fines de los setenta y comienzos de los ochenta, con los procesos de compras masivas de tierras por parte de narcotraficantes en Caucasia y Tarazá para instalar tanto laboratorios para el procesamiento de base de coca como pistas clandestinas para exportar el alcaloide. Lo anterior hizo que se agudizara aún más el problema en la tenencia de la tierra en la región, caracterizada ya por un alto índice de informalidad. Así lo reseñó la Gobernación de Antioquia en su informe sobre el Bajo Cauca, elaborado en 2009: Otra problemática que afecta al Bajo Cauca es la alta concentración en la propiedad de la tierra, fenómeno asociado en gran medida a factores de violencia, narcotráfico, ganadería extensiva y explotaciones mineras, entre otros. En esta lógica, el conflicto interno contribuye en gran medida a aumentar dicha desigualdad, ya que los dineros provenientes de los negocios ilícitos, son destinados, por lo general, a la adquisición de tierras (desde comienzos de los años ochenta) y al financiamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Auge de los cultivos de coca.

De la mano de narcotraficantes y guerrillas, principalmente las Farc, la región vivió con la coca, una nueva bonanza económica que terminó por desplazar a la minería, venida a menos desde principios de los años 80 por cuenta de la caída de los precios internacionales. Los sembradíos del alcaloide se concentraron en la región montañosa de Tarazá y Valdivia, localidad limítrofe con el Bajo Cauca.

Coca y paramilitares.

Pero serían los grupos paramilitares los que generalizarían la siembra de hoja de coca en el Bajo Cauca. Todo ello de la mano, primero, de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, un viejo socio de Henry Pérez, paramilitar del Magdalena Medio, que llegó a la región a finales de los años 80 para liderar el Bloque Mineros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), estructura creada por petición expresa de mineros, ganaderos y comerciantes de la región, según lo han confesado ante fiscales de Justicia y Paz en años recientes desmovilizados de esta estructura paramilitar.
El papel de Cuco Vanoy y el Bloque Mineros.

‘Cuco Vanoy’ se instaló en el corregimiento La Caucana de Tarazá, y desde allí inició el proceso de expansión de un aparato militar, a medida que se robustecían sus finanzas por cuenta de la bonanza cocalera que inundó a la región. Tras una década de disputas con las guerrillas de las Farc y el ELN, el Bloque Mineros logró dominar extensos territorios en Cáceres, Caucasia y Tarazá y desde este último incursionó en Yarumal, Valdivia, Ituango, Briceño y Anorí.

La presencia de Macaco, 1997.

Luego llegó, en 1997, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, a quien el propio Vicente Castaño le asignó la margen izquierda del río Cauca, lo que incluye Cáceres, parte de Caucasia y Zaragoza, territorios que quedaron bajo el dominio del Bloque Central Bolívar. Al igual que ‘Cuco Vanoy’, alias ‘Macaco’ decidió controlar toda la cadena productiva del narcotráfico: desde la siembra de la hoja hasta su procesamiento y exportación a Europa y los Estados Unidos, lo que le dejaba suficientes utilidades para garantizar la estabilidad financiera de su estructura armada. Por un lustro Cuco Vanoy y Macaco imperaron en esas tierras con ferocidad. Dominaron fácilmente los gobiernos locales y la gente, que sufría su tiranía, no se atrevía a denunciarlos, pues los veía departiendo con la fuerza pública, como si se tratara de una sola cosa.

Desmovilización de los paramilitares.

El Bloque Minero y el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio, del Bloque Central Bolívar se desmovilizaron como parte de los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional en Santa Fe de Ralito, en julio de 2003. El primero lo haría en la vereda Pecoralia de Tarazá, en enero de 2006; mientras que el segundo hizo dejación de armas en diciembre de 2005 en el corregimiento Santa Isabel, de Remedios. Si bien lo anterior representó tener a 3.200 personas menos en armas en la región, ello no incidió en la reducción ni de los cultivos ilícitos ni en la disminución de las actividades de narcotráfico en el territorio.

Los cultivos de coca se amplían.

Al respecto, los reportes del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtieron que entre 2001 y 2011 los municipios de Cáceres, El Bagre, Tarazá y Zaragoza hicieron parte de los municipios con mayor área afectada con cultivos de hoja de coca. En sus estimativos, el 45 por ciento de la coca encontrada en el año 2011 se concentra en los municipios de Cáceres, El Bagre y Tarazá.

Protesta campesina contra las fumigaciones.

Y así como en el pasado los pobladores de esta región se movilizaron para protestarle a un Estado ausente, en la primera década de 2000 los campesinos nuevamente protagonizaron masivas marchas y prolongados paros cívicos, esta vez, para pedir la suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato, implementadas por el gobierno nacional para combatir los cultivos ilícitos.

Solo en el 2008, más de 4.500 campesinos provenientes de Cáceres, Valdivia e Ituango se concentraron en el casco urbano de Tarazá, para exigirle al gobierno nacional la implementación de programas efectivos de sustitución de cultivos ilícitos y la suspensión de las fumigaciones con glifosato, pues alegaban que este fungicida estaba matando hasta los cultivos de pancoger.

Persiste la violencia.

Sin duda las principales dificultades de la región guardan relación con la presencia de grupos armados y actividades ilegales. Y es que en esta región de Antioquia fue más evidente la falta de una política de reinserción efectiva dirigida a los mandos medios desmovilizados de los bloques Mineros y Central Bolívar que, sumado a la presencia del narcotráfico, más la incapacidad del Estado para copar completamente los territorios donde antes operaron las Auc, terminaron por crear la condiciones propicias para el surgimiento de nuevas bandas criminales.

La conflictividad en el Bajo Cauca tiene muchas aristas y muchas formas de verlas, pues en el territorio se dio la presencia hasta el 2016, de los frentes 36 y 4 de las Farc, reductos del ELN y continuaban operando las bandas criminales de ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’.

En el Bajo cauca antioqueño se mantienen hasta el día de hoy problemas no solo de cultivos ilícitos sino también de minería ilegal. Allí no alcanzó a sentirse el alivio, luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc),a mediados de la primera década del siglo XXI, cuando ya nuevas bandas armadas empezaron a crecer, a enfrentarse entre sí para consolidar sus áreas, tornando casi imposible la labor de las instituciones como lo exige la ley.

Durante años tanto ‘Los Urabeños’, como las guerrillas de las Farc y el Eln, tienen en el narcotráfico y la minería, dos fuentes clave de financiación. Históricamente ha sido una zona utilizada por el narcotráfico. Allí se ha cultivado coca, se han instalado laboratorios de procesamiento de la pasta, se han construido pistas áreas clandestinas y se han abierto rutas terrestres para transportar droga. Desde allí la cocaína sale fácilmente, vía sur de Córdoba, hacia el Golfo de Morrosquillo, zona de embarque clandestino a los mercados internacionales.

En el Bajo Cauca se explotan, como ya señalamos, de manera legal e ilegal, numerosas minas de oro, un imán para los grupos armados ilegales por las utilidades deja esa actividad con los altos precios del metal en los últimos años. Según la Secretaría de Minas de Antioquia, los 1900 entables y 460 minas informales de la región produjeron a sus dueños en los últimos años ingresos brutos de alrededor de cuatro billones de pesos.

Curiosamente durante los años posteriores a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes por más de una década fueron amos y señores en la región, se ha registrado la peor época de violencia en el Bajo Cauca antioqueño.

Los hijos del paramilitarismo. Los nuevos capos.

Paradójicamente, quienes protagonizaron esta guerra posterior a la desmovilización fueron en su momento compañeros en las filas de los bloques Mineros y Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que dominaron la región desde mediados de la década de los 90. Luego de la desmovilización a medias de ambas estructuras paramilitares y tras la extradición de sus máximos comandantes: Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’ (Mineros); y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ (Central Bolívar), sus herederos comenzaron a emerger como nuevos capos. Fue así como comenzaron a escucharse los nombres de ‘Paisas’, ‘Rastrojos’, ‘Águilas Negras’. Las autoridades explicaban que se trataba de nuevos grupos armados, pero que estaban integrados por viejos conocidos paramilitares como Roberto Arturo Porras, alias ‘La Zorra’; Cesar Arturo Torres Lujan, alias ‘Mono Vides’; Rafael Álvarez Pineda, alias ‘Chepe’; Germán Bustos Alarcón, alias ‘Puma’; Antonio Mejía Salgado, alias ‘Picapiedra; Ángel de Jesús Pachecho Chancy, alias ‘Sebastián’, entre otros. Estos herederos del paramilitarismo comenzaron a apoderarse de fincas, predios, casas, y rutas del narcotráfico que antes habían estado bajo la tutela de los jefes ‘paras’. La guerra entre ellos fue inevitable. El nivel de violencia desplegado por las nuevas bandas criminales obligó a la Fuerza Pública a realizar una intervención sin precedentes en la región, que fue bautizada como ‘Operación Troya’, la cual entró en vigencia en febrero de 2011. Vinieron las capturas, las muertes por vendettas, las entregas, los reacomodos.

Hoy las autoridades de Policía aseguran que en la región delinquen principalmente ‘Los Urabeños’ y, de manera residual, ‘Los Rastrojos’. Aseguran que los han golpeado duro por los operativos intensos que realizaron en 2011 y que esto ha hecho que los homicidios hayan caído drásticamente en la región.

Cifras de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia señalan que a octubre de 2013 se habían cometido en todo el Bajo Cauca unos 155 homicidios, 10 menos que los cometidos en la región del Nordeste del departamento, hacia donde se trasladó la guerra de las bandas criminales.

Pacto entre Urabeños y Rastrojos.

Habitantes y dirigentes comunitarios de Caucasia, Nechí, Cáceres y Tarazá interpretan la baja de homicidios de otra forma. Aseguran que la persecución oficial y el desgaste de más de un año de guerra, llevó a los ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’ a pactar una tregua y se dividieron territorios: para los primeros correspondieron los corredores y rutas que los conectan fácilmente con el Caribe. Los segundos regresaron a sus lugares de origen: el sur del país y el Pacífico colombiano. “Aquí ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’ pactaron una tregua y se dividieron el territorio, las rentas. Por eso es que está la región en paz. Porque, igual, ya no se está matando la gente, pero las vacunas sí las están cobrando: los mineros tienen que pagar, los de las compraventas tienen que pagar, todo el mundo tiene que pagar”, dice enfáticamente un líder social de Caucasia.

El dorado de los grupos armados.

Históricamente el Bajo Cauca ha sido un territorio geoestratégico para los grupos armados ilegales dado las facilidades que ofrece para conectar esta región con el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba a través del Parque Nacional Nudo de los Paramillos; con el Sur de Bolívar y de allí con la Serranía de San Lucas y el Magdalena Medio. A ello se suma que esta región se convirtió, desde mediados de la década de los ochenta, en el principal centro cocalero de Antioquia y quizás del país. Lo anterior también abre serios interrogantes sobre la efectividad de la Fuerza Pública para erradicar de una vez por todas a los grupos armados ilegales que históricamente han hecho presencia en esta región. ¿Habría cambios sustanciales en la dinámica de narcotráfico y minería ilegal en la región? ¿Ello implicaría el fortalecimiento de la banda criminal de ‘Los Urabeños’? ¿Fracasaría un proceso de reincorporación a la vida civil de exguerrilleros en el Bajo Cauca, así como fracasó con los desmovilizados de los grupos paramilitares? Más aún, ¿Podrá librarse de una vez por todas el Bajo Cauca de la presencia de los grupos armados al margen de la Ley? Solo el tiempo lo dirá.

Los municipios más afectados por la confrontación en los años recientes son Caucasia, Cáceres, Tarazá y Valdivia. Lo cual ha derivado en un aumento significativo de la violencia homicida, particularmente en los primeros tres municipios. En Caucasia, por ejemplo, el homicidio se ha incrementado en zona urbana y no rural, como en el resto de municipios. Es una violencia selectiva, donde hay mucho sicariato. Si se revisa la evolución del homicidio para este municipio, es fácil constatar que el aumento es superior al 100 % entre 2017 y 2018.

Urabeños contra disidencia de las Farc.

Hay otra batalla que se libra en Ituango y sus alrededores. La disputa es entre los grupos pos-Farc, principalmente el Frente 36 al mando de alias Cabuyo, contra el Clan del Golfo. Durante el año 2018 estas dos estructuras han protagonizado múltiples combates que derivaron en un aumento radical de los homicidios en el municipio. En septiembre de 2018 el grupo disidente de las Farc habría realizado la masacre de tres geólogos (Laura Flórez, Camilo Tirado y Henry Martínez), trabajadores de la multinacional Continental Gold, hechos en los cuales resultaron gravemente heridas tres personas más y uno de ellos, José Dionisio Guerra, que había sido reportado como desaparecido, apareció después de casi dos días en zona rural de San Andrés de Cuerquia a pocas horas del lugar de la masacre. Esta tragedia tuvo lugar en el corregimiento de Ochalí, en el municipio de Yarumal.

Guerra de carteles.

La otra guerra se libra entre carteles del narcotráfico y, sumado a ello, los mexicanos han entrado al territorio, dólares en mano, pagando franquicias y apropiándose de la producción de coca. La violencia continúa, arrasa a su paso a las poblaciones de estos municipios, consume la vida de jóvenes que integran grupos, pandillas y combos, y enriquece a unos pocos, entre ellos, los cómplices que dentro de la legalidad ocultan y favorecen el drama de la región.

Caparrapos.

Hoy, Tarazá, Caucasia y Cáceres son territorios que se disputan los Caparrapos. Estos son una facción que se separó junto con los Paisas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, en el segundo semestre de 2017. Aunque hubo acuerdos de repartición del territorio entre grupos armados ilegales entre 2011 y 2017, tras el retiro de las Farc de estas zonas, los grupos comenzaron una intensa disputa por su control. Específicamente, por el dominio de los corredores de movilidad de la droga, la producción y comercialización de narcóticos y de otras rentas ilegales derivadas de la minería, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

2018: un nuevo ciclo de violencia.

Según la Defensoría, desde comienzos de 2018 se está volviendo a un ciclo de violencia que no se observaba en el Bajo Cauca antioqueño desde hace ocho años. Hasta el 22 de junio de este año, la Policía registró 212 homicidios en los seis municipios que integran la región, 139 más de los que ocurrieron en el 2017 durante el mismo período. Es decir, según esta entidad, hubo un incremento del 190 % en los asesinatos.

Asesinatos, desplazamientos forzados, ajustes de cuentas, confinamiento y enfrentamientos entre diversos actores armados.
En 2018 la región del Bajo Cauca antioqueño se convirtió en uno de los grandes focos del recrudecimiento de la violencia por cuenta de las disputas entre el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el grupo autodenominado los Caparros. Cifras de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) señalan que en 2018 en dicha subregión se presentaron 390 asesinatos, y el portal de información humanitaria Relief Web indicó que durante 2019 fue el Frente Rubén Darío Ávila, de las Agc, el que logró imponerse sobre los demás grupos criminales.

Rio Cauca, un cementerio.

El río Cauca es el “cementerio predilecto” para arrojar los cuerpos que resultan de las confrontaciones entre Caparros y Clan del Golfo. Además de asesinatos, donde entran los más de 26 líderes sociales ultimados en el Bajo Cauca, entre 2016 y 2019, más de 6.000 familias que le apuestan a la paz por medio de la sustitución de cultivos se han visto amenazadas; de hecho, hay cifras que muestran que más de 2.000 familias fueron desplazadas forzosamente, entre 2017 y 2019. El comportamiento de los homicidios en el BCA se debe, principalmente, a las confrontaciones entre las Agc, los Caparros y las disidencias de las Farc, y que si bien en ese período las tasas disminuyeron en un 6 %, la percepción de violencia sigue siendo alta. Esto, por ejemplo, es consecuencia de movimientos armados como los que realizaron en Córdoba y en esta parte de Antioquia los Caparros, quienes además lograron en El Bagre ganancias mensuales de US$725.000 por participar en minería ilegal. Sumado a esto, la desorganización en la estructura de este grupo criminal que dejó la captura de su líder, José Horacio Abello, alias “Seis-Siete”, es clave para entender el alcance de esta estructura paramilitar, surgida de la desintegración de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En zonas como La Caucana, cercana al sur de Córdoba (San José de Uré) el desplazamiento de su población asciende al 90 %. Parte de esta violencia está a cargo del Frente Virgilio Peralta, de los Caparros”.

Observación reciente de la violencia en el BCA.

La zona del Bajo Cauca antioqueño está en el radar de quienes analizan las dinámicas de grupos armados ilegales. Esto se debe a que desde hace poco más de tres años, en el marco del desarme de las Farc, organizaciones criminales como los Caparros, el Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas), el Eln y las disidencias de las Farc, se han apoderado del territorio y constantemente tienen disputas territoriales para prevalecer entre el resto. Los niveles de violencia han dejado a, por lo menos, 150 personas desplazadas, aunque de cifras no oficiales, en las que veredas de Tarazá, como La Caucana tienen al 90 % de su población desplazada.

Las Fuerzas Militares se vienen enfrentando desde hace meses con estos grupos, especialmente con la estructura del Eln, Héroes de Tarazá, como afirmó el general Luis Fernando Navarro, pero aun así los índices delincuenciales no se ven reducidos en las calles. Los datos sobre las víctimas o el modo de operar de estos grupos no son lo suficientemente precisos, tanto así que se cruzan las voces oficiales con los testimonios académicos y especializados. En el Bajo Cauca antioqueño se repite la historia de una década atrás, un conflicto que inició en 2008, acabó en 2012 y, en cinco años, dejó 938 cadáveres y 27 475 víctimas de desplazamiento forzado, según cifras de la policía, Registro Único de Víctimas y la Fundación Ideas para la Paz.

La acción violenta de Don Mario y de los Héroes de Castaño.

Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, atendió el llamado y regresó a San Pedro de Urabá, tierra que fue dominada por el Bloque Élmer Cárdenas bajo el mando de su hermano, Fredy Rendón Herrera, el Alemán. Y aunque encontró un vacío de poder, Don Mario lo llenó con facilidad aliándose con quienes más conocían la región —porque se criaron allí— y fueron los hombres de confianza de Carlos Castaño en las AUC: Juan de Dios y Dairo de Jesús, los hermanos Úsuga. Los hombres se rearmaron, fundaron un nuevo grupo llamado Héroes de Castaño y retomaron el control, sobre todo del narcotráfico, de Córdoba y Urabá. Pero la estructura empezó a crecer y, para sostenerse, ingresó al Bajo Cauca antioqueño intentando controlar territorios con cultivos de coca. Como se recordara hasta 2006, el Bajo Cauca estuvo dominado por los bloques Mineros y Central Bolívar, bajo el mando de Ramiro “Cuco” Vanoy y Macaco, y en 2007, luego de la desmovilización paramilitar, los herederos siguieron con el negocio. Eso sí, supervisados por los viejos patrones: desde la detención, Cuco Vanoy y Macaco, dieron vida a Los Rastrojos, Don Berna a Los Paisas y ambos grupos se instalaron en el Bajo Cauca.

Si allí querían tierras, los Héroes de Castaño, a quienes ya todo el mundo llamaba Urabeños, iban a tener que negociar.

¿Cómo llegaron los Héroes de Castaño?

La cosa, grosso modo fue así: a finales de 2007, los Urabeños intentaron negociar tierras en el Bajo Cauca pero, el 14 de febrero de 2008, un grupo de hombres armados ingresó a una vivienda en zona rural de Cáceres y raptó a un hombre. El sujeto fue trasladado a Piamonte, corregimiento de ese municipio, y el 20 de febrero lo asesinaron. Los asesinos arrojaron el cadáver al río Cauca y en una ribera de Caucasia, unos pescadores lo encontraron. El muerto fue identificado, era Lázaro Rendón Herrera, el hermano de Don Mario y el Alemán. ¿Qué hizo Don Mario? Culpar a Cuco Vanoy y hacer lo que siempre hacen los narcos: cobrar venganza y recargada. La noche del 20 de julio del 2008, un grupo de sus hombres se desplazó hacia la finca Naranjillos, ubicada en la vereda Santa Clara de Tarazá, y allí asesinaron a un hombre y a su esposa. Los muertos fueron José Nelson Vanoy Murillo y Yesenia Uribe, el hermano y la cuñada del jefe Para, pero el recargo se lo cobraron tres meses después, el 19 de octubre de 2008, día en que asesinaron a Vladimir Vanoy, el hijo de Cuco Vanoy. Según las autoridades, ninguno de los familiares asesinados tuvo que ver en el conflicto, pero fue la vendetta, sumada a la extradición de los jefes paras, lo que desató una guerra en el Bajo Cauca que terminó pagando la población civil. ¿Los protagonistas? Urabeños, que en 2008 empezaron a firmar como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Rastrojos y Paisas. ¿El saldo? 5114 personas desplazadas por la violencia en 2008, 7477 en 2009, 7887 en 2010 y 5892 en 2011. Los homicidios no fueron cosa menor: 208 en 2008, 265 en 2009, 225 en 2010 y 136 en 2011. Cinco años después, los ilegales pactaron el fin del enfrentamiento que incluyó la salida de Rastrojos de la región. El Bajo Cauca quedó bajo el control de las AGC a las que se sumaron Los Paisas. En consecuencia, los homicidios bajaron a 104 en 2012 y el desplazamiento forzado redujo sus víctimas a 3851. Cifras que seguían altas pero empezaron a marcar un descenso. Hasta 2017, claro, cuando ocurrió la nueva traición: un nuevo muerto en el ya viejo matadero de Piamonte, que otra vez yacía en la ribera del río Cauca. De otro lado hay que tener en cuenta que la fuerza pública no hacía control sobre el área de Piamonte y, por el contrario, parecía permitirle a los ilegales que consolidaran o reacomodaran el poder desde ese lugar. Casi todas las guerras por el control de Bajo Cauca iniciaron en ese corregimiento.

Todo estallo en el 2017. Fue en 2017 que todo reventó. El 5 de enero de ese año las autoridades confirmaron una incursión armada en Piamonte en la que asesinaron a cuatro hombres. A tres de las víctimas las arrojaron al río Cauca, a la cuarta la dejaron en la ribera junto a las vainillas de las balas que perforaron su rostro. El muerto era Héctor Osorio Gaitán, alias Danilo Chiquito, desmovilizado de las AUC que ahora hacía parte del Frente Virgilio Peralta de las AGC, hombre de confianza de Cuco y de Macaco que hacía seis meses estaba libre luego de pasar cuatro años en la penitenciaría de Jamundí. El acto fue interpretado como una traición ya que a Piamonte solo ingresaban hombres de las AGC, y fue entonces que el Frente Virgilio Peralta se hizo disidente y desató una guerra por el control del Bajo Cauca. Durante 2017 la población sufrió el coletazo del enfrentamiento, pero fue en 2018 que la guerra involucró a la población civil. La primera alerta se generó luego de tres desplazamiento masivos entre enero y febrero de 2018: 822 personas de la zona rural de Cáceres tuvieron que abandonar el territorio por los combates. Caparrapos, que es como los lugareños llaman al Frente Virgilio Peralta, se coronó victorioso y declaró que el municipio ahora estaba bajo su control.

Frente Virgilio Peralta o Caparrapos.

La guerra de los Caparrapos.

Luego vino su expansión. Como en los viejos tiempos de las AUC, el 14 de abril de 2018, un grupo de quince hombres armados ingresó a la vereda San Acevedo en Zaragoza y asesinó a unos tenderos del caserío y a un hombre de treinta años por “prestar servicios a las AGC”. Con parsimonia y como si estuvieran de paseo con la muerte, los Caparrapos asesinaron al primer tendero luego de pedirle una caja de gaseosas. Cuando el hombre regresaba con el pedido, lo obligaron a tenderse en el suelo y lo fusilaron. Después continuaron la ruta macabra hacia la segunda tienda de la vereda: aplicando la misma fórmula, le solicitaron a la mujer que atendía una caja de gaseosas y cuando esta regresaba, le dispararon a la cara. La última estación la hicieron en la casa de un hombre a quien obligaron a salir y cuando lo hicieron regresar a la vivienda le dispararon por la espalda.

La masacre hizo que 83 personas se desplazaran de la vereda como quedó registrado en la Alerta Temprana número 003–191, que la Defensoría emitió el 9 de enero de 2019, y a estas personas se sumaron 110 más que salieron huyendo de San Acevedo y de Vijagual Medio porque, el 15 de junio, el mismo grupo asesinó a un hombre de 82 años considerado fundador del sector. Caparrapos venía con toda.
Continúa el desmadre.

El desmadre continuó y el segundo semestre de 2018 se trasladó a Tarazá. Caparrapos controlaba Cáceres y conservaba su base de operaciones en Piamonte, pero ahora quería el control de La Caucana. El enfrentamiento armado con las AGC por el control de este corregimiento hizo que, a septiembre de 2018, Tarazá registrara más de 3440 desplazados. Las AGC conservaron el control de El Doce y Barro Blanco pero era evidente que perdían territorio. Las hipótesis más sólidas apuntaron a que Caparrapos ganaba fuerza porque recibía el apoyo de, uno, el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación; y, dos, de la policía. AGC, en cambio, recibía solo golpes en sus estructuras. Estando ya bastante débiles en el Bajo Cauca, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia recibieron otro golpe. El municipio de El Bagre estaba bajo el control militar de su Frente Francisco Morales Peñate pero entre julio y agosto de 2018, uno de sus integrantes, Claudio Alonso Maturana Hurtado, alias Cristian, se quedó con un dinero y un armamento que pertenecía a las AGC. En el territorio dicen que eso fue una excusa, pues Cristian, el mando más reconocido en la cabecera municipal, venía acercándose a Caparrapos. En agosto se supo de este conflicto dentro del Frente Francisco Morales Peñate y en septiembre circuló un panfleto firmado por un “Héroes del Central Bolívar Bajo Cauca”, en el que se exigía a los colaboradores de las AGC que “se abrieran” de El Bagre porque no querían “derramar sangre de inocentes”. Pero la sangre se derramó: después de tres homicidios en julio y ninguno en agosto, el municipio registró seis homicidios en septiembre, once en octubre, dos en noviembre y en diciembre doce más. Los últimos cuatro meses del año acumularon 31 homicidios de los 46 que se registraron en todo 2018. Claramente alguien reclamaba el territorio.

Frente Franciso Morales Peñate se declara en disidencia de las Aug. En diciembre de 2018, la disidencia dentro del Frente Francisco Morales Peñate se hizo oficial: el 26 circuló un panfleto que advertía: “CAPARRAPOS PRESENTES EN EL BAGRE LLEGO LA HORA DE LA LIMPIEZA SOCIAL [sic]”. Y escribiendo en primera persona y amenazando a “colaboradores” de las AGC, Cristian, sentenció: “Este pueblo ha sido mío por más de cinco años y nadie me lo va a quitar muérase quien se tenga que morir y la guerra apenas empieza”. El panfleto también dejó claro que la granada que arrojaron a una discoteca la noche del 24 de diciembre y que dejó veinticinco heridos, era autoría de Cristian. Pero el mensaje rotundo llegó el 27 de diciembre: en pleno mediodía, dos motorizados dejaron una bolsa sobre el puente que da acceso a El Bagre y del paquete rodó una cabeza humana. La macabra “gente de Cristian” ahora firmaba como Caparrapos y cerró 2018 advirtiendo sangre para todo “colaborador” de las AGC. El Bagre quedó sumido en terror y sin tener dónde denunciar: la policía paseaba la mala fama de ser auxiliar de Cristian.

Otoniel se traslada al BCA.

Dairo de Jesús Úsuga, Otoniel, el jefe máximo de las AGC, había trasladado temporalmente su base de operaciones desde San Pedro de Urabá hasta las regiones de Córdoba y Bajo Cauca. ¿La razón? La evidente pérdida de capacidad de mando sobre sus propias gentes. La versión parecía cierta, aunque las fuentes aseguraban que los hombres de Otoniel habrían ingresado desde septiembre de 2018 cuando surgió la nueva disidencia y que a finales de octubre fue que Otoniel se trasladó al sur de Córdoba. Al parecer, el hombre habría hecho tránsito desde San Pedro de Urabá hasta Tierralta, municipios limítrofes, y desde allí habría avanzado hasta Montelíbano, donde dicen estableció temporalmente su base operacional. ¿Por qué Montelíbano? Uno, desde allí descienden y controlan Puerto Libertador y San José de Uré. Dos, Montelíbano es un municipio con forma de arco que por un extremo conecta con Cáceres, queda cerca a Caucasia y por allí se abre paso a la serranía de San Lucas y por el otro extremo conecta con Ituango y se abre paso por el nudo de Paramillo; vastos territorios con explotación ilegal maderera y minera y con cultivos de coca. Las AGC quieren controlar estas economías y de ahí su guerra con las “disidencias” de las Farc en el Norte de Antioquia y con los Caparrapos en el Bajo Cauca, de ahí también el traslado de sus hombres y de su base de operación.

Aug ingresan a Cuturu.

La primera muestra de retoma del poder ocurrió a las tres de la mañana del 15 de septiembre de 2018, las AGC ingresaron a Cuturú, corregimiento de Caucasia cercano a la cabecera de El Bagre, y lo atacaron: lanzaron una granada sobre una vivienda, quemaron otras y mantuvieron la agresión hasta el 16, día en el que destruyeron diecisiete viviendas más. Pero los Caparrapos alcanzaron a huir y la población civil fue la víctima del ataque. Decididos a recuperar Cuturú, el 11 de noviembre hicieron otra incursión. Según la Alerta Temprana número 003–191 de la Defensoría del Pueblo, en esa ocasión, el sector no disidente del Frente Francisco Morales Peñate, acatando posibles directrices del comando central de las AGC, retuvo por un par de horas a cerca de cuarenta personas de la comunidad, a las cuales intimidó, estigmatizó de ser colaboradores del enemigo, e incluso estuvo a punto de asesinar. Antes de retirarse del puerto, asesinaron a una persona de la población civil. Sin embargo, en El Bagre dicen que no fue un muerto sino tres y que agruparon a toda la población y la obligaron a ver el asesinato. Las AGC estaban repitiendo en 2018 los peores días de las AUC en 1998.

Retoma de la Caucana en Taraza.

La historia se está repitiendo en La Caucana, corregimiento de Tarazá, que las AGC amenazaron con retomar “a sangre y fuego”. La más reciente Alerta Temprana para el Bajo Cauca (número 020–19) advirtió el aumento de fuerza de las AGC y cómo han venido arrinconando a los Caparrapos. El documento indica que su capacidad armada sería superior en número de efectivos tanto sobre la fuerza pública como sobre la respuesta militar de los Caparrapos en el corregimiento. Lo peor, empezaron a cumplir la amenaza.

Operaciones militares de las Aug en Taraza.

El 11 de abril de 2019, las AGC incursionaron en La Caucana: hubo balacera en las calles, lanzaron granadas sobre las viviendas, detonaron petardos en el casco urbano y hasta la estación de policía fue atacada. Toda una toma militar. Tres días después, amenazaron a los pobladores de la zona rural del corregimiento y para el 15 de abril, 103 personas ya se habían desplazado del territorio huyendo de la violencia.
Replica de los Caparrapos.

La réplica de Caparrapos no demoró: el 16 de mayo de 2019, varios motorizados ingresaron al corregimiento de El Doce en Tarazá — controlado por AGC— e hicieron ruta criminal: iniciaron disparando contra un local de mecánica en el que hirieron a dos hombres, luego dispararon contra la casa de Diana Gutiérrez —familiar de un líder de Ríos Vivos— y la asesinaron, después lanzaron una granada hacia una cantina del corregimiento hiriendo a cinco personas más y terminaron la ruta disparando indiscriminadamente contra casas y locales antes de abandonar el corregimiento camino a la cabecera municipal. Los ataques de las AGC a La Caucana y de Caparrapos a El Doce hicieron que todo Tarazá cerrara el comercio desde el 17 al 22 de mayo del 2019. Los campesinos afirmaron que el cierre de casas y establecimientos no obedecía a un tema de extorsiones, como registraron algunos medios, sino al miedo a perder la vida. La población continúa sin denunciar porque desconfía de las autoridades, asegura que trabajan para los ilegales. Y la institucionalidad les da la razón: el 5 de junio fue capturado el comandante de policía de Caucasia por concierto para delinquir y el 11 del mismo mes fue removido todo el personal policial de El Bagre por presuntos vínculos con el narcotráfico y corrupción. Los alcaldes lloran, los pueblos parecen fantasmas, los locales están quebrando y los muertos siguen bajando por los ríos Cauca y Nechí. Con la pérdida de cohesión interna de las Agc y la salida de la extinta guerrilla de las Farc del escenario bélico, han sido los llamados ‘Caparrapos’ quienes hoy se muestran como la fuerza armada más combativa y con una inusual capacidad de expansión. Quienes estarían detrás de esta estructura armada serían ‘Caín’ y ‘Ratón’, dos lugartenientes de ‘Danilo Chiquito’ quienes, junto con Cristian’, serían los ‘mandamás’ de un grupo que podría superar los 450 integrantes. “¿Y qué explica esa capacidad? Pues por un lado el contexto les es favorable: ‘Otoniel’ pierde capacidad de mando sobre la gente de las Agc en la región, la Policía también ha dado duro y la salida de las Farc deja un vacío de poder que los ‘Caparrapos’ quieren copar. Su fortalecimiento militar también lo explican las alianzas que este grupo viene haciendo con las disidencias de las Farc y con la guerrilla del Eln para combatir un enemigo en común: las Agc”. El cartel de Jalisco Nueva Generación sería el responsable del crecimiento de ‘Los Caparrapos’.
José Byron Piedrahita.

Antes de la confrontación entre las partes, el Bajo Cauca estuvo gobernada por el narcotraficante José Byron Piedrahita, conocido como el “Barón Comercial” o el “Zar de la Droga”, en connivencia con la AGC. Actualmente se encuentra preso en Bogotá y a la espera de ser extraditado. Su captura generó el reacomodamiento de nuevas estructuras criminales, que aún intentan retomar el control de la zona. El motor de la guerra es el narcotráfico. “En El Bagre hay 3 grupos en disputa por el territorio: AGC, Caparrapos y Limpieza. Y todos le dieron la orden a los campesinos del municipio de no integrarse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) pactado en el Acuerdo de Paz entre el gobierno y la ex guerrilla Farc.

Coca y violencia en los meses recientes. No se cumple el Acuerdo de paz con las Farc.

El aumento reciente de la violencia además de la minería ilegal, responde a los cultivos de coca y a las estrategias para erradicarlos. El gobernador Luis Pérez lanzó en su momento la estrategia ‘Antioquia libre de coca‘, un programa de inversión social por más de 500.000 millones de pesos con actas de inicio de obra por más de 124.000 millones, en su mayoría en zonas afectadas por las bandas criminales. De la mano de esta estrategia, en el 2018 1.200 policías erradicaron más de 5.000 hectáreas de coca, lo que ha generado conflictos y tiene descontentos a algunos campesinos, que esperan que se cumpla el punto cuatro del acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno: que se estimule la sustitución de cultivos, que no se obligue a erradicar. Sin embargo, la erradicación no ha marchado bien, y este es un gran reto para quitarles oxígeno a las bandas. Según Rodrigo Osorno, investigador del IPC que ha seguido de cerca el tema, en la Caucana, corregimiento de Tarazá, ha habido acuerdos para erradicar cultivos y a algunos campesinos se les dieron un millón de pesos al mes, pero los proyectos productivos no avanzaron y no se les cumple con la titulación de predios. Pese a los intentos de los gobiernos nacional y departamental por mejorar la situación social de los pobladores, erradicar los cultivos de coca y luchar contra la minería ilegal, el bajo Cauca sigue en manos de las bandas criminales y la violencia, lo que en tiempos del posacuerdo tiende a incrementarse. Este aparente fracaso se debe a que la estrategia del Estado para mejorar el orden público, basados en la focalización (es decir, atacar la ilegalidad solamente en el bajo Cauca), no es la correcta ya que no contemplan todas las redes y conexiones que esta región establece con otras zonas del país. Precisamente, esta interconexión regional ha causado el aumento de la violencia en Medellín y toda Antioquia y amenaza con expandirse a otras zonas si no se toman cartas en el asunto. De ahí que la paz de este departamento pase por lo que el Estado haga finalmente en el Bajo Cauca antioqueño.

Los actores del conflicto.

Abordemos a continuación el tema de los actores de la violencia en el Bajo cauca antioqueño.

El EPL.

El Ejército Popular de Liberación (EPL) incursionó en los años ochenta en el Bajo Cauca, extendiéndose desde el Nordeste antioqueño con el Frente Francisco Garnica, ya que su ubicación era importante para la comunicación entre las montañas de Antioquia y la zona de Urabá. Su frente político tuvo a Caucasia como epicentro, convirtiéndose en gran apoyo para las luchas campesinas, las movilizaciones por la tierra y los procesos de toma de fincas en esa parte de Antioquia. Pero poco después, con la desmovilización del EPL en 1991, las FARC entraron a ocupar el espacio dejado por esta guerrilla. En la actualidad no hay registros de actividad armada de esta agrupación en la zona.

ELN.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue la primera organización guerrillera en hacer presencia en la región, incursionando a finales de los años sesenta con el Frente Camilo Torres. El interés del grupo guerrillero en el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia se explica por serzonas productoras de oro, por lo que su principal bandera política apuntaba a detener el saqueo de los recursos o a cambiar las condiciones en que el Estado negociaba la explotación minera. En este tipo de contexto, el ELN propuso a la comunidad la adopción de un reglamento para la explotación de recursos no renovables, a lo que se sumaron propuestas sobre distribución de las tierras, considerando que gran parte eran baldías. Anorí. En 1973, el Ejército propinó un duro golpe al grupo guerrillero en Anorí, lo que dejó a su comandancia diezmada, por lo que las FARC entraron a sustituirlo parcialmente en la región. En la década de los ochenta, la organización se recuperó y se unió con las FARC y el EPL para sostener una dura ofensiva contra el Ejército, las instituciones financieras locales, las dos principales empresas de la zona (Mineros de Antioquia y la firma francesa OIC), y para cometer secuestros y extorsiones a hacendados, ganaderos y pequeños mineros. En esa década se consolidó el Frente José Antonio Galán que hacía presencia en los municipios de Zaragoza, Remedios y Segovia, una zona por donde pasa el Oleoducto Colombia y se desarrolla la explotación minera. A finales de los noventa el ELN se debilitó considerablemente por la expansión de los grupos de autodefensa, lo que a su vez condujo a la expansión de los cultivos de coca. Según un planteamiento propuesto por la Fundación Ideas para la Paz, la decisión del grupo guerrillero de no sacar provecho de la producción y tráfico de cultivos ilícitos habría determinado que se quedara sin posibilidades de sostenerse en la zona y por fuera del escenario de confrontación. Ya para el año 2001, por cuenta de los enfrentamientos con el Ejército y con el bloque Mineros de las AUC, según el investigador Camilo Echandia, la organización guerrillera se encontraba en “franca decadencia”, y para 2005, los 18 integrantes del Frente Héroes y Mártires de Anorí, incluido su comandante Ramiro Alberto Ruiz alias Edward, se vieron obligados a desmovilizarse, perdiendo una presencia importante en el Bajo Cauca. Para el 2012, según información de la Defensoría del Pueblo, en el Bajo Cauca se encuentra activo el Frente de guerra noroccidental, a través del frente Compañero Tomás, comandado por alias ‘Roberto’ y el frente Héroes y Mártires de Tarazá, bajo el comando de alias ‘Mocho Tierra’. Estos se ubican en los municipios de Cáceres, Zaragoza y Tarazá. Si bien su base más importante de financiamiento se ha derivado históricamente de la explotación de oro en el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia. En 1996, la ‘Compañía Compañero Tomás’ del Eln atacó a ‘Macaco’ en un sitio conocido como las Agüitas de Piamonte, donde murieron dos personas que se movilizaban con él. Entonces Macaco decidió crear un grupo propio al que llamó ‘Los Caparrapos’, el cual, cuatro años después se convirtió en el frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar (Bcb). La influencia de este bloque fue tan larga como su nombre, pues su brazo armado llegó a dominar la vida de la gente común tanto en Cáceres como en varias zonas de Segovia y Remedios, Nordeste de Antioquia, y Simití y San Pablo, Sur de Bolívar. Tal como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Silenciar la democracia: las masacres de Segovia y Remedios entre 1982 -1997, la presencia de la guerrilla del Eln en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño data desde los últimos años de la década de los 60, cuando Manuel Vásquez Castaño decidió cruzar el río Magdalena desde el departamento de Santander para instalarse en la tierras mineras de Segovia y Remedios. Quienes sobrevivieron, lograron refugiarse en municipios como Segovia, Zaragoza, Cáceres y el mismo Anorí y allí, iniciarían la reconstrucción de sus estructuras guerrilleras. A mediados de la década de los 80, el Eln ya contaba nuevamente con tres frentes: el José Antonio Galán, el Compañero Tomás y Héroes de Anorí, cuya influencia se extendía desde Segovia y Remedios, en el nordeste del departamento; hasta zonas rurales de Cáceres y Tarazá, en pleno corazón del Bajo Cauca. Hoy, luego de casi tres décadas de permanencia en la región y soportar la embestida de los grupos paramilitares y el asedio del Ejército, las autoridades judiciales y de Policía han identificado la presencia de los frentes Resistencia Guamocó, Compañero Tomás y Capitán Mauricio en zonas como Bejuquillo y San Pablo, del municipio de Tarazá; Campanario, El Tigre y Alto del Tigre, de Cáceres; Saltillo y Machuca, de Zaragoza; Charcón, de Anorí; el municipio de El Bagre.

FARC.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aparecen en la región en 1973 con sus frentes 5, 18 y 36, pertenecientes al Bloque Noroccidental (conocido como Bloque Iván Ríos), cuando entran a sustituir al ELN en Anorí, después del debilitamiento de dicha guerrilla ante la dura ofensiva del Ejército. Su ingreso al Bajo Cauca y al Nordeste antioqueño se da en el marco de su proyecto de ampliación de cobertura a nivel nacional por ser una zona militarmente estratégica. La década de los noventa se caracterizó por la coexistencia entre las FARC y el ELN, logrando una capacidad ofensiva bastante importante que estuvo concentrada en los municipios de Zaragoza, El Bagre, Tarazá y Valdivia en el Nordeste. Las FARC hicieron presencia predominantemente en la margen izquierda del río Cauca, mientras que el ELN se ubicó en la margen derecha. Aun así, para finales de la década, debido a la incursión paramilitar, los grupos guerrilleros registraron niveles mínimos de acción en el Bajo Cauca y su ofensiva se trasladó a los alrededores de la región, a la zona oriental y a las selvas de Ituango. La consolidación del paramilitarismo dejaría al ELN bastante debilitado, por lo que las FARC adquirieron un mayor protagonismo en contraste con las demás organizaciones guerrilleras, por lo que la Fuerza Pública concentró sus ataques en esta organización guerrillera para asegurar el control eficaz del territorio. Un ejemplo de esto es que en mayo de 2004, por medio de la operación Motilón, el Ejército obligó a la guerrilla a internarse en las partes altas de la cordillera en el municipio de Ituango. Más adelante, desde 2008 y durante los dos años siguientes, se presentaría un incremento de acciones de los grupos guerrilleros que se explica, por un lado, por la desmovilización de las autodefensas entre 2005 y 2006, momento en el que las guerrillas logran recuperarse militarmente y recuperar control territorial, y por el otro, porque en el periodo tras la desmovilización paramilitar, estas establecieron alianzas con algunas de las bandas criminales que han hecho presencia en la zona, sobre todo en torno a la gestión del narcotráfico y los cultivos ilícitos. Para 2008, en varias regiones del país, entre ellas Bajo Cauca, las FARC se valieron de la utilización intensiva de minas, recurriendo a la fabricación de morteros y armas artesanales, apelan a francotiradores y buscan alianzas con bandas emergentes con el propósito de recuperar rutas de narcotráfico y acceso a las ciudades. Para ese año, la organización armada contaba con al menos 750 hombres en la región del BCA, después de no haber superado los 150 entre 2005 y 2007. Aun así, desde 2008 y durante los dos años siguientes, en el marco del Plan de Consolidación de Bajo Cauca, el Ejército lanzó una fuerte ofensiva contra el grupo guerrillero en la etapa de alistamiento y recuperación del territorio, dejándolo debilitado y provocando la desmovilización individual del segundo comandante del frente 36, Alberto de Jesús Morales, alias ‘El Pájaro’. Para 2012 y 2013, en el Bajo Cauca hace presencia el Bloque Iván Ríos con el frente 36 y 18, así como con la Columna Móvil Mario Vélez. El Frente 36 hace presencia en la zona rural de los seis municipios de la región de Bajo Cauca, pero su accionar está concentrado en Tarazá, Cáceres y El Bagre. Este Frente es comandado por Ovidio Antonio Mesa Ospina alias ‘Anderson’. Es pionero en el uso de explosivos dentro del grupo guerrillero y obtiene ingresos de la minería de oro, la extorsión y la base de coca. Estaría compuesto por un poco más de 100 guerrilleros y 600 milicianos. El frente 18, con presencia en Tarazá, es liderado por Alfredo Alarcón Machado, alias ‘Román Ruiz’. Conto con alrededor de 250 combatientes y al menos 300 milicianos siendo el más fuerte del Bloque Iván Ríos en términos militares y políticos. Se financio por medio de la venta de base de coca y la extorsión, principalmente de minería de oro, con vínculos con las bandas criminales vendiéndole base de coca a Los Paisas y a Los Urabeños. La columna móvil Mario Vélez, se situó en el municipio de Cáceres. Al igual que los frentes ya mencionados, la columna obtenía sus ingresos de la venta de base de coca y de la extorsión a actividades de minería ilegal. Fue comandada por Duberney Tuberquia alias ‘Remorado’, con cerca de 70 combatientes y trabajo de la mano de del frente 36.

Según la Defensoría del Pueblo los frentes de las FARC ubicados en la región del Bajo Cauca mantenían alianzas con estructuras armadas del ELN y con la banda criminal Los Urabeños, para evitar que estructuras armadas externas entraran al territorio, y poder ejercer control sobre las redes de producción y comercialización de coca, la explotación aurífera a través del uso de retroexcavadoras y dragas ilegales, y las extorsiones a comerciantes, transportadores y mineros informales.

Autodefensas.

En la región de Bajo Cauca, los primeros grupos de autodefensa aparecieron en los ochenta con la expansión del grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) que llegó desde el Magdalena Medio. Según lo planteado por la Corte Suprema de Justicia durante una audiencia judicial contra César Pérez García, el grupo fue creado por organizaciones de ultraderecha en el municipio de Segovia, con el objetivo de restaurar el orden en el municipio después de que la Unión Patriótica (UP) se constituyera como la principal fuerza electoral del municipio. Esta organización armada realizó homicidios selectivos y masacres con el propósito de acabar con los dirigentes de la UP y líderes cívicos y comunitarios de la zona, inaugurando las masacres como instrumento de acción violenta en el país. En los noventa surgió un grupo llamado Autodefensas del Nordeste Antioqueño, que operaría en Segovia pero desaparecería rápidamente. La incursión y consolidación decisiva del paramilitarismo en el Bajo Cauca se dio por parte de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) a partir de 1996, bajo el mando de Fidel y Carlos Castaño. La acción de las autodefensas en la región tenía como objetivo el dominio territorial, funcional a la dinámica del narcotráfico, que buscaba encadenar zonas de producción de coca y resguardar las rutas de transporte y los puertos de exportación del alcaloide. El propósito principal era crear un corredor que comunicara las regiones de Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo, para así tener dominio sobre el norte del país. Bloque Mineros La labor de consolidación de las AUC en Bajo Cauca le fue encargada al Bloque Mineros bajo el mando de Ramiro Vanoy alias ‘Cuco Vanoy’. Antes de quedar al mando, Vanoy hizo parte del grupo paramilitar Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). Además de Vanoy, el Bloque Mineros era comandado por alias ‘Picapiedra’, antiguo integrante del EPL, y José Higinio Arroyo alias ‘Caballo’ u ‘8.5’, antiguo miembro de las FARC. Sus principales fuentes de financiación fueron la minería en lugares como El Bagre y Zaragoza, y el narcotráfico en Tarazá, pero también en El Bagre y Zaragoza, donde se calcula que para 2005 había 2.700 hectáreas sembradas de coca, que controlaban en conjunto con el Bloque Central Bolívar. Con la consolidación de este Bloque aumentaron los asesinatos, desapariciones, desplazamientos y amenazas en su zona de influencia, siendo 1996 y 1997 los años más violentos: se cometieron las masacres de La Granja y El Aro en el municipio de Ituango, en conjunto con otros grupos de autodefensas. Adicionalmente, la Fiscalía ha encontrado que en su periodo de existencia, tanto policías como militares se abstuvieron de realizar acciones contra este bloque paramilitar, y que ganaderos, mineros y madereros de la región tuvieron relación con dicha estructura. A esto se suma que Vanoy se valió de una estrategia con “enfoque social” para ganarse la simpatía de los pobladores, particularmente en Tarazá, donde financió cirugías, comedores comunitarios, construyó parques y remodeló iglesias. En los registros de Justicia y Paz de la Fiscalía aparecen a junio de 2013, un total de 7.136 víctimas del Bloque Mineros, de las cuales 1.200 son desaparecidos. Por su parte, Vanoy ha confesado en versiones libres 328 hechos delictivos, entre los que se encuentran reclutamiento forzado de menores, homicidios, secuestros, desaparición forzada, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y daños personales. Este jefe paramilitar también confesó haber autorizado que cerca de 120 cuerpos exhumados fueran arrojados al río Cauca. Entes investigadores han establecido que hasta 800 cadáveres pudieron haber sido desaparecidos por medio de esta práctica. El Bloque Mineros se desmovilizó el 20 de enero de 2006 en la hacienda Ranchería, ubicada en Tarazá. Ese día se desmovilizaron 2.798 combatientes, incluido Vanoy e hicieron entrega de 1.432 armas. Bloque Central Bolívar. En la región del Bajo Cauca también se registró presencia de integrantes pertenecientes al Bloque Central Bolívar (BCB), comandado por Carlos Mario Jiménez, conocido con el alias de ‘Macaco’, Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’ e Iván Roberto Duque Escobar alias ‘Ernesto Báez’. La llegada de este bloque a la región tiene como antecedente que en 1997 los Castaño agruparon a todos los pequeños grupos de autodefensa que había en el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia bajo el nombre de las Accu, y les entregaron el dominio de los municipios de El Bagre y Zaragoza. Estos, posteriormente, integrarían el BCB. Con la unión de los grupos de autodefensa, los hermanos Castaño buscaron incursionar en el sur de Bolívar que estaba bajo el dominio del ELN. Y luego de haber logrado su cometido, en el año 2000 crearon el BCB, con el propósito de no perder el control que ya habían logrado en el departamento. En junio de 2002, después de que Carlos Castaño se retiró de la jefatura principal de las AUC, el BCB se independizó de la organización. Las estructuras del bloque que hicieron presencia en Bajo Cauca, se financiaron de negocios de narcotráfico, explotación de oro y extorsión. El BCB también tuvo el control de cultivos de coca en Tarazá, El Bagre, Remedios, Zaragoza, Cáceres y Segovia. Los frentes del BCB se desmovilizaron gradualmente para un total de 7.603 hombres entre 2005 y 2006. Macaco junto con la estructura del bloque que había hecho presencia en Bajo Cauca se desmovilizaron en diciembre de 2005, pero siguió delinquiendo desde la cárcel de Itagüí donde fue recluido inicialmente. Al parecer continuó ejerciendo gran control sobre la población de Cáceres, hasta cuando fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Combita en agosto de 2007, para posteriormente ser extraditado a Estados Unidos. Para finales de 2011, la Fiscalía tenía reportes de más de 14.000 víctimas de los frentes del Bloque Central Bolívar, y los despachos de Justicia y Paz habían realizado 26 imputaciones de cargos contra sus antiguos integrantes, los cuales corresponden a 287 crímenes. Bandas criminales. Las estructuras criminales en el BCA están conformadas así: el Clan del Golfo está bajo mando de alias “Otoniel” y tiene presencia en la región con la estructura ilegal Roberto Vargas Gutiérrez, comandada por alias “Gonzalito”, quien a su vez direcciona a las subestructuras Julio César Vargas, comandada por alias Omar o Fredy, con presencia en Barro Blanco, Tarazá. Las autoridades de Policía explicaron que se trataba de nuevos grupos armados, pero integrados por viejos conocidos paramilitares como Roberto Arturo Porras, alias ‘La Zorra’; Cesar Arturo Torres Lujan, alias ‘Mono Vides’; Rafael Álvarez Pineda, alias ‘Chepe’; Germán Bustos Alarcón, alias ‘Puma’; Antonio Mejía Salgado, alias ‘Picapiedra; Ángel de Jesús Pacheco Chancy, entre otros. La capacidad de intimidación desplegada por los nuevos capos obligó a las autoridades de Policía a desarrollar, en 2011, una intervención sin precedentes en la región, bautizada como ‘Operación Troya’. Mataron al ‘Mono Vides’ y Pacheco Chancy; capturaron a alias ‘Puma’ y a ‘La Zorra’ y a personas, como alias ‘Chepe’, con una larga trayectoria de criminalidad. Según el Departamento de Policía Antioquia, aún persiste la presencia de miembros de bandas criminales en el Bajo Cauca, pero su poder de intimidación y movilidad se ha reducido. La otra subestructura es la Francisco Morelo Peñate, cuyo jefe es alias Chirimoyo, y su área de influencia es Caucasia, El Bagre y Zaragoza. El último subgrupo es el Rubén Darío Ávila, comandado por alias Vicente o Bigotes, quien ha retomado el corregimiento La Caucana y ha llegado del Sur de Córdoba. Desde la desmovilización paramilitar entre 2005 y 2006, diferentes grupos armados ilegales se han disputado el dominio del Bajo Cauca, para asegurar el control sobre actividades ilegales como el cultivo y tráfico de drogas, así como las extorsiones a mineros y comerciantes. La violencia actual en que incurren dichas bandas criminales se explica por la necesidad de dirimir quiénes serán los herederos del poder paramilitar. Se trata de una guerra por la hegemonía criminal, que es difícil de lograr. De esas Bandas criminales en el Bajo Cauca han hecho presencia Los Paisas, Los Rastrojos y Los Urabeños, conformados por reductos no desmovilizados y disidentes del proceso de reincorporación a la vida civil del Bloque Minero, Héroes de Zaragoza y Bloque Central Bolívar, así como por jóvenes procedentes de diferentes lugares de Antioquia y grupos armados satélites al servicio del narcotráfico. Los Urabeños, creados por Don Mario. Conocidos también como Águilas Negras y/o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, surgen bajo el mando de Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, quien inicia su entrada al Bajo Cauca en el año 2006. Don Mario había sido integrante del Bloque Centauros (BC) de las AUC, comandado por Miguel Arroyave, desde principios de la década del 2000. En el BC había generado grandes ganancias para el grupo traficando cocaína, extorsionando a ganaderos y agricultores, y cobrando impuestos de seguridad en los Llanos Orientales, zona de influencia del bloque. Los Centauros habían emprendido una fuerte guerra con las Autodefensas Campesinas del Casanare que dejó cerca de 3.000 muertos, y de otro lado Rendón Herrera se había peleado con Arroyave, por lo que en ese momento decidió huir a Urabá, donde su hermano Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, lideraba el Bloque Élmer Cárdenas. Cuando el ‘Alemán’ se desmovilizó en 2006, Don Mario amplió sus operaciones de narcotráfico al golfo de Urabá y reclutó a varios de los combatientes que habían estado al mando de su hermano, así como a antiguos miembros del EPL. Posteriormente, con la intención de expandir su imperio, Don Mario se fue moviendo hacia el sur de Córdoba, el Bajo Cauca y Medellín, hasta que fue capturado en Urabá en abril de 2009. Los Úsuga. Tras su captura, quedaron al mando de la banda los hermanos Úsuga, Juan de Dios alias ‘Giovanny’ y Dairo Antonio alias ‘Otoniel’, dos ex mandos medios paramilitares que habían trabajado con ‘Don Mario’ desde los noventa, y que antes habían formado parte del EPL. Desde su ingreso al Bajo Cauca, Los Urabeños se disputaron junto con otras organizaciones ilegales el control del territorio y de las rutas del narcotráfico, ya que después de la desmovilización paramilitar se habían desintegrado los acuerdos que determinaban qué pertenecía a cada actor armado en la zona. Esta disputa se intensificó en 2008 después de la extradición a Estados Unidos de los principales jefes paramilitares en Bajo Cauca y sus alrededores (Carlos Mario Jiménez y Ramiro Vanoy), agravando el vacío de poder en la región.

La contienda, materializada principalmente por Los Urabeños y Los Rastrojos, se desarrolló de manera violenta hasta principios de 2012, cuando ambas bandas llegaron a un acuerdo en el que los primeros quedaron con el control del norte del país, incluido Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia, y los segundos con el sur del país. Los Urabeños también establecieron acuerdos con los frentes 18 y 36 de las FARC, en los que ambos grupos armados trabajan de manera conjunta principalmente en actividades como la producción y tráfico de drogas –la banda le compra la pasta base de coca o la cocaína cristalizada a la guerrilla para comercializarla a través del microtráfico y exportarla– y se distribuyen las extorsiones sobre diferentes sectores de la población: las bandas extorsionan en zonas urbanas y rurales cercanas a las cabeceras municipales, mientras la guerrilla las realiza en las zonas rurales apartadas de los centros urbanos. Hasta el 2012, la banda estuvo al mando de Jacinto Nicolás Fuentes Germán, alias ‘Don Leo’ que fue capturado en junio de 2013 y de Rafael Álvarez Pineda, alias ‘Chepe’, capturado dos meses después. Para finales de 2013, la banda aún mantenía el control casi absoluto de la región de Bajo Cauca, registrándose presencia de sus integrantes en todos los municipios de la región, aunque no es tan evidente en el municipio de Caucasia. Sus principales actividades de financiación han sido el tráfico de drogas y la extorsión a la minería informal, y su control se concentra en las áreas urbanas y rurales cercanas a las cabeceras municipales de los municipios, los alrededores del río Cauca, las carreteras y el corredor de movilidad para el tráfico de drogas. En la actualidad, algunos de las zonas donde el accionar y el control de Los Urabeños es más fuerte son: el corregimiento de Colorado en Nechí, donde según funcionarios públicos la banda tiene el control sobre “las chalupas” en las que se ingresa al casco urbano del municipio, y supervisa la entrada y salida de personas; el corregimiento de Las Flores en el mismo municipio, por ser estratégico al quedar cerca al casco urbano y estar bordeado por el río Cauca; el corregimiento de La Caucana, en Tarazá, territorio de gran importancia en el comercio de coca por estar en el límite con el departamento de Córdoba; el corregimiento de Piamonte, en Cáceres que fue fortín paramilitar y en la actualidad es base militar de Los Urabeños; y el corregimiento de Puerto López en El Bagre, donde el control de la banda estaría reforzado por su alianza con las disidencias de las FARC.

Los Paisas.

La banda también se conoce en la región como la Banda de Sebastián y estuvo compuesta en gran medida por reductos del Bloque Mineros, desmovilizado en 2006. El grupo gozó de visibilidad en el Bajo Cauca hasta que entre los años 2010 y 2011 recibió varios golpes que lo debilitaron y dividieron. En 2010, dos de sus comandantes, Ángel de Jesús Pacheco Chanci, alias ‘Sebastián’ y Wilson Mejía Salgado, alias ‘Picapiedra’, desertaron y se fueron a la banda Los Rastrojos, por diferencias alrededor de la lealtad al antiguo jefe paramilitar del Bloque Mineros, Cuco Vanoy. A finales de 2010, la fracción restante recibió un fuerte golpe cuando su jefe, alias ‘Mono Vides’, murió durante enfrentamientos con la Policía en Tarazá, municipio que la banda llegó a controlar. Este sector de Los Paisas se alió con Los Urabeños para disputarle el dominio del Bajo Cauca a Los Rastrojos, que tenía como cabeza más visible para ese momento a alias Sebastián (ex CTI de la Fiscalia). Debido a su situación de vulnerabilidad, algunos de los mandos de Los Paisas habrían pedido apoyo en materia de seguridad al frente 18 de las FARC y establecido alianzas con la organización guerrillera en la compra de base de coca. Los Rastrojos. Están compuestos en una gran proporción por antiguos miembros del Bloque Mineros, aunque desde hace algunos años han estado reclutando población local y trayendo combatientes de Nariño y Norte del Valle. En el Bajo Cauca, sus centros de poder se fueron dando alrededor de Cáceres y Tarazá. En 2010, después de que alias ‘Sebastián’ desertara de Los Paisas y se vinculara a Los Rastrojos, fue asumiendo el liderazgo de varias de sus operaciones, hasta que en julio de 2011, durante una disputa, sus escoltas lo asesinan y posteriormente se entregan a las autoridades en Cáceres. Tras su sometimiento, estos hombres revelarían que varios policías y miembros del Ejército en el Bajo Cauca hacían parte de la nómina del comandante criminal. A eso se sumó que se descubrieron archivos que contenían referencias de esos pagos en una zona rural de Cáceres. Por otro lado, desde hace algunos años se registró una contienda entre Los Urabeños y Los Rastrojos por el control territorial en la región, que generó recurrentes enfrentamientos entre ambos bloques antagonistas. Como parte de la disputa, integrantes de Los Paisas y Los Rastrojos realizaban retenes ilegales y controlaban la movilidad de la zona limítrofe entre Caucasia y Nechí, para identificar a posibles auxiliadores e informantes de Los Urabeños. Reacomodo de los urabeños. Autoridades judiciales aseguran que en el momento hay un reacomodo al interior de ‘Los Urabeños’. Ya está ocupado el trono que dejó alias ‘Chepe’, quien a su vez fue el heredero del imperio criminal que lideró en su momento Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, narcotraficante y desmovilizado jefe del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, hoy en una cárcel en Estados Unidos. Sostienen que el nuevo jefe es Arnoldo Sacristán Mahecha, alias ‘León’, subalterno de ‘Chepe’ y que tiene su centro de operaciones en el corregimiento Piamonte, de Cáceres, donde se presume hay un buen número de predios despojados por el paramilitarismo. A ese nombre se suma el de Mauricio Navarro Builes, alias ‘Leonidas’, quien al parecer se mueve sin afán por los municipios de El Bagre y Zaragoza; José Horacio Bello, alias ‘67’ y Pedro Alfonso Sacristán Rueda, alias la ‘Chula’; y alias ‘Cantina’ son otros jefes de la banda que las autoridades identifican. Los investigadores judiciales sospechan que los ‘Los Urabeños’ no solo han absorbido el reducto de la banda ‘Los Paisas’ (Brazo rural de la Oficina de Envigado), sino que también habría hacho alianzas con pequeños grupos vinculados a la poderosa banda que opera en el Pacífico colombiano, ‘Los Rastrojos’, en aras de extender y consolidar su dominio en el Bajo Cauca. Caparrapos. Liderazgo y Estructura. Los Caparros tienen como comandante principal a “Caín”. El territorio lo tienen copado con una estructura en La Caucana, Tarazá, comandada por “Romaña” quien también tiene presencia en Puerto Libertador y San José de Uré, Córdoba. En las cabeceras municipales de Tarazá y Cáceres tienen uno de los grupos al mando de alias Chatarra, y en el corregimiento Piamonte, en Cáceres, está alias flechas. José Horacio Abello, alias “Seis-Siete”, era el máximo responsable de los Caparrapos hasta su captura en marzo de 2017, por lo que fue sustituido por Emiliano Alcides Osorio Maceas, alias Pilatos o Caín. En la línea de mando también se encuentra Nicolás Gabriel Pantoja López, alias Care Malo, quien ascendió luego de la captura en Tarazá del segundo al mando, Jairo Olivares González alias “Ratón” en enero de 2019. Otros integrantes de los Caparrapos serían: alias “Antonio”, encargado del ala militar, alias “La Paisa”, encargada de la logística y el microtráfico, alias “Flechas”, jefe de sicarios y alias “Chatarra”, encargado de las extorsiones. La expansión de los ‘Caparrapos’ hacia El Bagre muestra que la confrontación que tiene lugar en el Bajo Cauca antioqueño entre esta estructura criminal y las Agc está lejos de ceder en intensidad. Por el contrario, amenaza con instalarse con toda su furia en otros pueblos circundantes como Zaragoza, Nechí, Ituango, Segovia, Remedios e, incluso, en municipios cordobeses como Montelíbano y San José de Uré. Lo que llama la atención es que, desde aquel momento la Defensoría advirtió la dinámica expansiva de este grupo que hoy emerge como la principal amenaza para todo el Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueños, así como para el sur de Córdoba: Fuentes militares afirman que entre octubre de 2017 y enero de 2018, la estructura de ‘Los Caparrapos’ tuvo un inexplicable fortalecimiento en armamento, hombres y finanzas, al pasar de una base en Guáimaro (Tarazá) a dominar sectores en Cáceres, Tarazá, y enfrentar de manera casi simultánea a estructuras de las Agc. Antecedentes. A Virgilio Peralta Arenas lo conocieron en las filas del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) como ‘Víctor Caparrapo’. Fue uno de los hombres que integró el anillo de confianza de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, el temido comandante paramilitar que fue ‘Dios y Ley’ en todo Tarazá. Su apodo hace honor a su pueblo natal, Caparrapí, población del Bajo Magdalena cundinamarqués que, junto con la vecina localidad de Yacopí, aportaron decenas de sus hijos a las huestes paramilitares que operaron en el Bajo Cauca antioqueño. De allí son oriundos ‘Cuco Vanoy’ y uno de sus principales lugartenientes, Germán Bustos Alarcón, conocido como ‘Puma’. También lo eran los hermanos Vinicio, Armando y Ebert Vigués Mahecha. Al primero lo conocieron en Cáceres como ‘Jota Jota’, principal lugarteniente de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien comandó la estructura conocida como Frente Magdalena Medio, Nordeste y Bajo Cauca del Bloque Central Bolívar de las Auc. En suelo cundinamarqués también nació José Horacio Bello, conocido como ‘6-7’, capturado por miembros de la Policía Nacional en Medellín en marzo de 2017, señalado de ser uno de los hombres de confianza de ‘Otoniel’, máximo jefe de las Agc. Un dato relevante sobre los Caparrapos nos indica que en Piamonte, corregimiento de Cáceres, fue donde las autoridades de Policía hallaron el cadáver de Ángel de Jesús Pacheco Chancy, alias ‘Sebastián’, uno de los primeros cabecillas que tuvo la banda criminal de ‘Los Rastrojos’ y quien fue asesinado por sus propios escoltas en junio de 2011. También fue en este mismo corregimiento donde un comando especial de la Dijin capturó, en agosto de 2013, a Rafael Álvarez Pineda, alias ‘Chepe’, heredero del imperio criminal que lideró en su momento alias ‘Cuco Vanoy. Los ‘Caparrapos’ se aliaron con el Eln y los ‘Pachelis’ de Medellín, que les suministran sicarios y armas. Cuentan con el respaldo económico de narcos mexicanos, el Cartel Jalisco Nueva Generación. En la orilla contraria contratan sicarios, exguerrilleros y exsoldados y suboficiales, y trajeron refuerzos propios de otras áreas. A veces, en lugar de pagarles un salario, les permiten extorsionar. Organizaciones sucesoras del Paramilitarismo, Casi todos los líderes de los grupos sucesores son jefes de las Auc de rango medio que nunca se desmovilizaron o que continuaron participando en actividades delictivas, pese a que aparentaron haberse sumado a la desmovilización. Los grupos se encuentran activos en muchas de las mismas regiones en las cuales tenían presencia las Auc y operan de forma similar a estas: Controlan territorios mediante amenazas y extorsión, participan en narcotráfico y otras actividades delictivas y cometen abusos generalizados contra civiles. Varios análisis caracterizan a los paramilitares actuales en una clara línea de continuidad, en la que retoman características de sus predecesores y acentúan su papel como un complejo mafioso, parapolítico y narcoparamilitar con alianzas con el clientelismo, la contratación corrupta y los negocios relacionados con violencia. El elemento esencial que le da carácter paramilitar a un grupo privado que usa la violencia es la delegación del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, bien sea por acción o bien por omisión, para su ejercicio continuado o sistemático. El paramilitarismo es, entonces, el complejo de actores públicos y privados que asumen funciones de seguridad pública —incluidos servicios de contrainsurgencia— y ejercen la violencia armada para fines de lucro o de privatización del poder. Es una múltiple alianza entre grupos armados organizados para negocios ilegales, parapolíticos y negociantes de la paraeconomía, que cuentan con niveles de complicidad de agentes del Estado, incluidos miembros de la Fuerza Pública. Se entrelazan con las anteriores modalidades y para sus fines de lucro asumen funciones desde la criminalidad, tales como operaciones de la mal llamada limpieza social, imposición de dictaduras locales y control de territorios. Al establecerse los grupos neoparamilitares como estructuras no solo de delincuencia común, sino de poder político, social y económico, dotadas de unas reglas y una jerarquía propias, con cadena de mando estable, posesión de armamento y ejecución constante de acciones bélicas especializadas y selectivas, merecen un tratamiento diferenciado por parte de la Fuerza Pública, que les permita flexibilidad y efectividad a la hora de desarticularlos o neutralizarlos. En este sentido, se ha observado que dicha organización armada (Caparrapos), así como las otras de esta naturaleza, poseen una capacidad violenta que genera consecuencias humanitarias, con capacidad de influir en diferentes zonas geográficas y, por ende, realizar actos de perturbación de la tranquilidad social y del orden público por medio de amenazas y actos de violencia indiscriminada contra los habitantes de dichas regiones, como, por ejemplo, las declaratorias de paros armados, la instalación de retenes ilegales y al realizar actos de terrorismo a la manera de las organizaciones guerrilleras. Organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Implicaciones de los vericuetos legales

Para comprender el fenómeno del neoparamilitarismo desde la larga duración es necesario analizar desde la década de 1960 la manera en que las distintas leyes del país han construido un ropaje institucional para legalizar diversas formas de paramilitarismo. Este ejercicio, se realizará basado en diversos estudios en donde se han analizado algunas políticas que promueven la conformación de grupos paramilitares y que ha permitido que, en muchas ocasiones, legalidad e ilegalidad sean dos caras de la misma moneda. Las diversas expresiones del fenómeno paramilitar han estado acompañadas de un conjunto de leyes, resoluciones y reglamentaciones legales que han ayudado a crear múltiples confusiones convirtiendo a victimarios en víctimas o en benefactores y han aportado más bien poco a la verdad y a la no repetición. Además, impiden una discusión amplia sobre temas heredados y vetados en nuestra violenta formación social, política y cultural como la acumulación y el despojo, fenómenos presentes desde tiempos coloniales, heredados casi de manera intacta; la prevalencia de la seguridad privada frente a la seguridad pública como derecho que, como en cualquier otra asimetría de acceso, solo pueden disfrutarlo quienes pueden pagar por ella; y la narcotización del Estado y la sociedad, lo cual trastoca los mínimos éticos de convivencia y construcción comunitaria, entre otros. Para las víctimas es necesario que el Estado acepte el paramilitarismo como parte de una estrategia estatal en la que participaron, además de la Fuerza Pública, poderosos sectores de la sociedad colombiana locales que se beneficiaron con los crímenes cometidos por estos grupos. Si no se parte de allí para caracterizar el fenómeno del neoparamilitarismo, el objetivo de desmantelamiento seguirá postergado, pues crea confusiones incluso al interior del Estado, frente a la manera de enfrentarlo. En el punto 3.4 de los acuerdos de paz de la Habana, las estructuras neoparamilitares fueron denominadas como “organizaciones sucesoras del paramilitarismo” (Osp).

A fin de llegar a una caracterización del fenómeno actual, conviene plantearse las siguientes preguntas: ¿Cómo funcionan hoy en día las OSP?, ¿con quiénes?, ¿para qué? Esto, en el entendido de que sus respuestas pueden aportar para un desmantelamiento efectivo de las mismas y con los instrumentos establecidos en el Acuerdo de Paz. A fin de responder se puede empezar por afirmar que el paramilitarismo, en cuanto fenómeno social no desapareció de la sociedad colombiana con la desmovilización adelantada en el 2006 durante el gobierno de Uribe Velez. Si bien esta afirmación no es nueva, no ha sido suficiente la ilustración de los últimos trabajos investigativos para lograr convencer al Estado de que desmovilización no es igual a desmantelamiento, pues la lucha frontal para el desmantelamiento no se logra creando estructuras u oficinas especializadas; el problema no es solo de diseño institucional: resulta fundamental aceptar el fenómeno y entenderlo para desarticularlo. Cuando se habla de fenómeno social, se hace referencia a que, en la cotidianidad, las comunidades y la sociedad están muy relacionadas con las Osp y padecen su control real, puesto que no cuentan con capital económico, social o cultural para tomar decisiones autónomas frente al estado de cosas dadas, de modo que no tienen más opción en términos de su pervivencia que aceptar un orden social impuesto (muchas veces aun en contra de su voluntad). Las Organizaciones sucesoras del paramilitarismo han sofisticado su entramado y su penetración del Estado. Actúan con completa complicidad de la Fuerza Pública y de fuerzas políticas como el Centro Democrático y el Partido Conservador.

Fuerza Pública. El Bajo Cauca está bajo la jurisdicción de la Segunda División del Ejército que ejerce presencia en los seis municipios de la subregión a través de las Brigadas 4ª y 11ª. Entre las unidades tácticas más relevantes adscritas a estas brigadas se encuentran la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, el Batallón de Infantería Rifles, el Batallón Contra Guerrilla No. 10 y el Grupo Gaula. Del mismo modo, actúan en la región la Policía Departamental de Antioquia a través del Comando Operativo Especial de Seguridad Ciudadana del Bajo Cauca (COEBA), la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, el CTI y el comando Jungla de la Dirección Antinarcóticos. Todo este dispositivo militar se mueve en zonas grises y su captura por el neoparamilitarismo registra episodios regulares con captura de oficiales y policías comprometidos con las redes de los Caparrapos en el Bajo Cauca Antioqueño. Desplazados y víctimas.

Ahora abordemos la situación del desplazamiento y las victimas en el Bajo Cauca antioqueño. Según datos del Registro Único de Víctimas (RUV), fueron desplazadas de manera forzada 70.327 personas en el Bajo Cauca entre el 2000 y 2012. En ese periodo, el año 2001 es el que presenta el mayor número de desplazados en la región, lo que se explicaría por enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares. Según un informe de la Defensoría del Pueblo sobre desplazamiento forzado en Antioquia publicado en 2011, se trataron principalmente de desplazamientos masivos asociados a la amenaza de ataques a poblaciones por parte de los grupos armados ilegales, la ejecución de masacres y de enfrentamientos. Ese pico coincide con la agudización del desplazamiento a nivel nacional, que tuvo relación directa con la expansión de las AUC, ya que implicó incursiones violentas en varias regiones del país. Otro pico se da en el 2005, cuando a raíz de la desmovilización de las autodefensas, se inició una reconfiguración en el dominio de territorios y rutas estratégicas para el desarrollo de los negocios ilegales entre diferentes grupos armados por fuera de la ley. Además, entre 2009 y 2010, mientras a nivel nacional los índices de desplazamiento iban disminuyendo, en Bajo Cauca volvieron a incrementarse. Detrás de esta agudización de violencia en la región habría una guerra entre Los Urabeños y Los Rastrojos: los segundos le disputan el control del Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia a los primeros. Para 2012 el número de desplazados en Bajo Cauca fue de 1.105 personas, lo que representa un 13,34% de la población desplazada en Antioquia, que para ese año fue de 8.282. De acuerdo con la Unidad Nacional de Víctimas (UNV) desde finales de 2018 se han presentado desplazamientos masivos en esta zona que está integrada por seis municipios: Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, y en los cuales habitan alrededor de 319.000 personas. Restitución de tierras. El mayor número de solicitudes de restitución en el Bajo Cauca provienen precisamente de Cáceres y son en total 366; le siguen Caucasia, con 232; El Bagre, con 252; y Nechí, con 76. Respecto del fenómeno del despojo de tierra, es importante recordar que “’Macaco’ siempre mandaba gente a que comprara las fincas que a él le gustaban y las repartía entre sus compinches. Una de ellas, dicen los campesinos, la repartió entre su primo (Jesús María Sánchez, extraditado en 2010 a los Estados Unidos) y su mano derecha (alias) ‘Monoteto’ (Héctor Edilson Duque, asesinado en Buenos Aires, Argentina, en junio de 2008)”. En la subregión del Bajo Cauca también se han presentado solicitudes de restitución de tierras en los seis municipios que la componen y a febrero de 2013, llegaban a 197 solicitudes para un total de 23.598 has. Tarazá ha sido el municipio con mayor cantidad de solicitudes sumando 59 (por 10.062 has), seguido por Cáceres que registra 49 solicitudes (por 7.724 has), El Bagre con 30 solicitudes (por 1.550 has), Caucasia con 26 (por 1.904 has), Zaragoza con 24 (por 2.097 has) y Nechí con 9 solicitudes (por 261 has). A pesar de que ninguno de los municipios de la región de Bajo Cauca está microfocalizado, la presencia y control que ejercen las bandas criminales en la zona ha dificultado el proceso de documentación de los casos y el acercamiento a las víctimas, por lo que se han adoptado una serie de medidas para avanzar en el proceso de restitución. En marzo de 2013 se dio apertura a una oficina de la Unidad de Restitución de Tierras en Caucasia y luego se asignó una juez de tierras. Adicionalmente, la Fundación Forjando Futuros ha documentado 60 casos que corresponden a 282 víctimas de despojo en las veredas de Anará, Candilejas, Luis Cano y el Aguacate del municipio de Cáceres, buscando que se microfocalice para darle continuidad al proceso. Índice de Riesgo de Victimización. En la caracterización del Bajo Cauca también resulta importante llamar la atención sobre el Índice de Riesgo de Victimización (IVR) a través del cual, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas mide la posibilidad de ocurrencia de victimización en el marco del conflicto armado interno. Los seis municipios que componen la subregión, presentan un IRV alto (la categoría más elevada del índice), siendo Tarazá el que registra la cifra más alta con 0.974. Esto lo ubica en el tercer lugar en la lista de los municipios con mayor riesgo de victimización a nivel nacional, únicamente superado por Valdivia (0.978) y Convención (0.98). Una situación similar presentan los municipios de El Bagre (0.956), Cáceres (0.954) y Zaragoza (0.953) que ocupan los puestos 14, 15 y 16 respectivamente en dicho listado. El IRV se mide teniendo en cuenta las victimizaciones que se refieren a las afectaciones contra la vida, libertad personal, seguridad y libertad de circulación en las condiciones establecidas por la Ley 1448 de 2011. Los niveles de clasificación del IRV son: Alto, Medio Alto, Medio, Medio Bajo y Bajo. Desplazamiento de la población. El fenómeno de desplazamiento en los municipios de la región ha sido atribuido en años recientes, a su condición de centro de disputa no por cultivos de uso ilícito o su comercialización y tráfico, sino por la existencia de recursos mineros e importantes proyectos que hacen la zona estratégica para la disputa territorial y el enfrentamiento de grupos armados ilegales post desmovilización. Un líder campesino de la región comenta que en Tarazá, El Bagre y Cáceres, narcotraficantes y paramilitares siempre actúan en llave con latifundistas y comerciantes de oro, para amenazar a labriegos, comprarles las fincas o alquilar sus tierras y luego sacarlos. Sobre este vínculo, algunos entrevistados agregan que lo hacen mediante acuerdos económicos: los primeros ponen las armas para desplazar y los segundos ponen las máquinas. Algunas de las veredas más afectadas son Ocó Alto y San Agustín, ubicadas en Tarazá. De igual manera, en 2011 la Defensoría del Pueblo identificó los siguientes escenarios que incrementan el riesgo de desplazamiento en Bajo Cauca: el aumento de minas antipersonal, los asesinatos selectivos a líderes de las comunidades o civiles señalados de informantes, colaboradores o de pertenecer a uno u otro bando en conflicto, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes al conflicto, la tenencia, posesión o despojo de tierras, y los cultivos de uso ilícitos, que incluyen la siembra, la comercialización, la erradicación de los mismos y el combate por el negocio del narcotráfico. También agrega que la región se sigue caracterizando por presentar fenómenos de desplazamiento “gota a gota”. Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (PAICMA), el total de víctimas ocasionadas por minas antipersonal (MAP) en la región del Bajo Cauca entre 2000 y 2012, fue de 268, lo que representa el 13,04% de las víctimas que se registraron en Antioquia, donde en el mismo periodo se presentaron 2.055 casos. Este escenario de victimización y desplazamiento es precisamente lo que permite afirmar que la guerra que libraron los herederos del paramilitarismo por el control de ese imperio criminal durante los años 2008-2011 terminó expulsando cientos de familias de municipios como Caucasia, Tarazá, Cáceres, Nechí y El Bagre. Estos fueron los años más duros del desplazamiento forzado y tuvo un fuerte impacto en el abandono y despojo de tierras. La confrontación fue de tal magnitud que terminó convirtiendo veredas enteras en pueblos fantasmas. Uno de esos casos lo representan las veredas Correntosas y Parcelas, del corregimiento Londres de Nechí, que quedaron desocupadas en 2011 por cuenta de la dureza de la guerra entre ‘Paisas’, ‘Rastrojos’, ‘Águilas Negras y ‘Urabeños’. Igual aconteció en la vereda La Arenosa, de Caucasia, que luego de la masacre de 10 campesinos, perpetrada al parecer por los ‘Urabeños’ en agosto de 2011, terminó desolada. Según la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, en esos años salieron forzosamente del Bajo Cauca unas 28.800 personas, siendo Caucasia, Cáceres, Nechí y Tarazá las poblaciones más expulsoras. Tal situación supera en las registradas durante los años de hegemonía de los bloques Minero y Central Bolívar de las Auc. De acuerdo con este mismo sistema de información, entre los años 2004-2006 el número de personas desplazadas alcanzó poco más de 13 mil. La Dirección Territorial en Antioquia de la Unidad de Víctimas registró en 2013 tres eventos masivos de desplazamientos. Uno de ellos ocurrió en el corregimiento La Caucana, de Tarazá, donde el Frente 18 de las Farc obligó a la población a desplazarse hasta el casco urbano del municipio para presionar la salida de la estación de Policía. Otro sucedió en el corregimiento de Puerto Claver, cuando cerca de 219 familias se vieron obligadas a salir de la zona por presiones de la compañía Gerardo Guevara de las Farc; y otro más se dio en la vereda Bocas de Caná de Zaragoza, donde cientos de campesinos decidieron abandonar sus tierras huyendo de las confrontaciones entre la banda criminal de ‘Los Urabeños’ y las guerrillas de las Farc y Eln. Asimismo, hay preocupación por lo que ocurre en Zaragoza, donde persisten las confrontaciones entre disidencias de ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños. “El municipio que ahora preocupa es Zaragoza, porque allá todavía no hay un poder consolidado. Entonces, la gente que sale desplazada de allá se viene para Caucasia así como la gente que es desplazada de Puerto Libertador, de Valencia, de La Apartada (estos últimos de Córdoba). Pero si la dinámica de desplazamiento forzado en los últimos cinco años ha estado marcada por la disputa intestina de las bandas criminales, surgidas del proceso de desmovilización, por el control de las rentas de la minería ilegal, la extorsión y el narcotráfico, a finales de los años noventa y principios de la década de dos mil estuvo determinada por el interés en la tierra, tanto por su valor estratégico para la guerra contra las guerrillas de las Farc y el Eln, como para destinarla al cultivo de hoja de coca y el deseo de acumulación de los jefes paramilitares. Durante buena parte de los años ochenta y parte de los noventa municipios como Tarazá, El Bagre y Cáceres fueron enclaves estratégicos de ambas guerrillas, pero luego padecieron la embestida paramilitar. Y la insurgencia paulatinamente fue perdiendo terreno. Ya con el territorio controlado, lo que hicieron los paramilitares fue comprar tierras, a las buenas o a las malas. Y los que no querían vender se tenían que ir desplazados. Por los lados de Piamonte (Cáceres) compraron muchas tierras y desplazaron mucha gente. Por los lados de Cuturú (Caucasia) también pasó lo mismo. El caso de Taraza. Análisis aparte merece el municipio de Tarazá, población de donde más gente ha sido expulsada desde el año 2000 hasta hoy. Lo anterior puede explicarse por la presencia de Ramiro ‘Cuco’ Vanoy Murillo, quien fuera el máximo jefe del Bloque Mineros y quien hiciera de esta localidad no solo su fortaleza militar sino que, además, la convirtió en el principal emporio cocalero del Bajo Cauca y en su experimento político. “Cuco’ fue prácticamente un ‘dios’ en Tarazá y cuando él se desmovilizó pues esta gente que quería arrebatarle sus fincas, sus rutas, sus cosas, pues comenzó a matar y a desplazar a la gente que ellos sabían tuvieron relaciones con ‘Cuco’, o sea, casi todo el pueblo. Un estudio adelantado durante 2009 por la agencia estatal Acción Social, que revisó 3.571 registros de víctimas de Antioquia inscritas en el proceso de Justicia y Paz, conceptuó que en el Bajo Cauca las causas del desplazamiento durante la etapa de hegemonía paramilitar fueron, en su orden, las amenazas, evidenciadas en listas, señalamientos y reuniones citadas por los grupos armados para ordenar el desalojo de las veredas; los enfrentamientos, en los cuales no sólo se alude a los campos de batalla o fuego cruzado; la restricción para la circulación de alimentos y, en menor medida, los incendios. Retorno: ¿poco probable? Un alto porcentaje de las personas que salieron desplazadas en los últimos años del Bajo Cuaca terminó asentándose en Medellín, Montería o en la misma Caucasia para el caso de aquellos que venían de otros municipios o de zonas rurales de la región. Lo que no logran advertir las autoridades es cuántas de estas personas han retornado al territorio realmente. Según la Dirección Territorial en Antioquia de la Unidad de Víctimas, desde esta dependencia no se ha promovido ni apoyado ningún proceso de retorno debido a que casi el 99 por ciento del territorio posee concepto desfavorable de seguridad, requisito indispensable para iniciar el acompañamiento a los desplazados dispuestos a regresar a sus lugares de origen. De hecho, monitoreos realizados por funcionarios de esta dependencia comprobaron que a excepción de la vereda Correntosas de Nechí, donde la gente regresó por su propia cuenta y riesgo, las veredas Parcelas, también de Nechí; y La Arenosa de Caucasia, donde se registraron éxodos masivos en 2011, aún permanecen desoladas. Todo apunta a que en esta última vereda funciona un campamento de ‘Los Urabeños’ y que allí ejercen un fuerte control territorial que impide cualquier retorno. ¿Y qué pasó con la tierra? Una de las particularidades que tiene el Bajo Cauca es la dificultad para obtener la información necesaria para entender qué ha pasado con la posesión de la tierra una vez las veredas quedaron abandonadas por acción de grupos paramilitares y bandas criminales emergentes. Diversas fuentes consultadas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, coinciden en advertir que dadas las características del conflicto en esta región de Antioquia, que aún persiste de manera intensa, es complejo determinar qué grupos han tenido mayor incidencia en el abandono y despojo de los predios. La regional de la Unidad de Tierras del Bajo Cauca tiene registradas 1.273 solicitudes de reclamación de predios, una muestra de 810 de ellas, que ya han sido analizadas por los técnicos de la entidad, arroja que el municipio de Cáceres ocupa el primer lugar con 243 solicitudes. En esta población actuó el Bloque Central Bolívar (Bcb) de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y, tras su desmovilización, hicieron presencia ‘Los Rastrojos’, grupo que fue integrado por reinsertados del Bcb. En segundo lugar se ubica el municipio de Tarazá, con 171 solicitudes de reclamación. Allí tuvo fuerte injerencia el Bloque Mineros de las Auc, y luego de la dejación de este grupo, el territorio fue copado por las llamadas ‘Águilas Negras’, conformada por ex miembros del Mineros, que luego entraron en confrontación con ‘Los Paisas’, una facción rural de la llamada ‘Oficina de Envigado’, y después con las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas también como ‘Los Urabeños’. Luego aparece El Bagre, con 157 solicitudes de restitución. Allí operó el Bloque Central Bolívar de las Auc, y, posterior a la desmovilización, aparecieron ‘Los Rastrojos’, quienes se han disputado el territorio con ‘Los Urabeños’. Finalmente, están Caucasia, con 125 solicitudes, Zaragoza, con 75, y Nechí con 39. Por el momento, solo hay dos veredas microfocalizadas para adelantar procesos de restitución. Se trata de El Tigre Uno y La Victoria, de Caucasia, donde inició formalmente el proceso de intervención para documentar lo ocurrido y presentarlo ante los jueces especializados en restitución de tierras. Es compleja la identificación de los responsables del despojo de tierras en el Bajo Cauca. Se han documentado 60 casos en los municipios de Cáceres y El Bagre, en los que aparecen diversos grupos como generadores de desplazamiento. Uno de los procesos es el de la vereda Anará, de Cáceres. Allí 63 familias fueron notificadas el 19 de junio de 2006 de que estaban habitando y trabajando en tierras ajenas. Ese día un terrateniente de la región, de quien lo único que se sabía era que se llamaba Albeiro Acevedo, apareció acompañado de un paramilitar conocido con el alias de ‘La Zorra’ y varios de sus compinches, y convocaron a una reunión a los campesinos para decirles que la tierra que habían habitado, trabajado y luchado por más de 35 años, no era de ellos, “que se tenían que ir”. Ese señor decía que las tierras son de quienes tienen las escrituras y como nosotros nunca titulamos ni legalizamos nada, simplemente vivíamos allá. Pero este señor decía que sí tenía escrituras de esa tierra, que eso le pertenecía hace más de 40 años, y al ver gente armada, pues nos tocó salir, afirman las víctimas. Medidas de seguridad posteriores, diseñadas por la Policía y el Ejército en la zona, permitieron crear las condiciones para el regreso de estos campesinos, no obstante, la difícil situación de orden público que generan las llamadas bandas criminales emergentes no permiten un retorno integral. La solicitud que han hecho los labriegos de Anará es que les titulen la tierra que han trabajado durante más de tres décadas, sienten que con su permanencia en el lugar se han ganado ese derecho, y ya están cansados de trajinar de un lado a otro sin que tengan respuesta alguna. Una situación que comparten con cientos de reclamantes en una región donde el conflicto aún no termina. Conclusión. El Bajo Cauca antioqueño es una unidad geográfica y demográfica de Antioquia integrada por los municipios de Taraza, Cáceres, Zaragoza, El Bagre, Caucasia y Nechi que ha sido azotada por la más feroz violencia en los últimos 30 años protagonizada por bandas paramilitares organizadas como ejércitos de poderosos narcotraficantes, multinacionales mineras y grandes hacendados de la ganadería. Bloque Mineros, Bloque Central Bolívar, Paisas, Rastrojos, Urabeños y Caparrapos constituyeron y son hoy demenciales máquinas de guerra volcadas al despojo de tierras mediante el asesinato y el desplazamiento de miles de campesinos. Tales máquinas de guerra han sido un importante aliado de los Fuerzas Militares y de Policía y han sido un apoyo de grandes capos como José Byron Yépez y de politicos como el actual senador liberal, el ex policía Julián Bedoya, protagonista de varios escándalos de corrupción con el Sena de Caucasia y de fraude con su título de abogado otorgado por la Universidad de Medellín. Los desplazados y víctimas de la violencia del Bajo cauca antioqueño requieren de la solidaridad del movimiento popular colombiano y de los movimientos de los derechos humanos. Hay que exigir e imponer el reconocimiento de sus derechos mediante la indemnización, la reparación y la restitución de las tierras. Nota final. Este trabajo es parte de un seguimiento al fenómeno del neoparamilitarismo en Colombia y a su relación con la problemática de las víctimas del conflicto. En su construcción he consultado documentos de Verdad Abierta, El Colombiano, Indepaz, Cinep, Unidad de Victimas, Revista Semana, Semanario Voz y otros portales independientes.

Por estos días, los trabajadores del Banco de la República desarrollan importantes luchas frente a los jerarcas de esa entidad, regente de las decisiones monetarias al servicio del neoliberalismo implantado en Colombia desde hace más de 30 años.

La Junta Directiva de este banco, entidad que se define como autónoma del Poder Ejecutivo, es una herencia del viejo régimen y constituye una de las muchas trabas institucionales que se sitúan al margen del proceso de cambios iniciado por el presidente Gustavo Petro.

En los gobiernos anteriores, los ministros de Hacienda y miembros de la Junta estaban relacionados o procedían del pulpo financiero más poderoso del país, el Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y, en general, del andamiaje bancario privado, por lo que los trabajadores plantean que, en un gobierno popular, de carácter progresista como el actual, debe haber también cambios.

Recordemos que el Grupo Aval es dueño de medio país y que, entre otras muchas ramas del acontecer nacional en las que expande sus tentáculos, es propietario del sistema “informativo” de El Tiempo, diario tradicional de la oligarquía santafereña con una estructura comunicacional –redes virtuales, canales de televisión, revistas, periódicos regionales y rotativas– puesta al servicio del emporio económico.

El modelo que se sigue en Colombia deriva de la ola de gobiernos neoliberales surgida en la década de los años noventa en América Latina, que en el país se inició con César Gaviria y su denominada “apertura económica”.

En el marco de la entrega total de la economía al sector privado y afín a los monopolios gringos en Chile, ya el dictador Augusto Pinochet había implementado esa política desde los años ochenta, después del golpe fascista contra Salvador Allende, en 1973.

Lula Da Silva, presidente de Brasil, al iniciar su nuevo mandato en enero de 2023, ha criticado con fortaleza el incremento de las tasas de interés decretadas por la Junta de esa entidad en su país, que en el gobierno ultraconservador de Jair Bolsonaro fue reformada para sumarla a la ola de la banca central “autónoma”.

Los empleados del Banco de la República en Colombia consideran que en este organismo “hay una tecnocracia neoliberal que promueve la especulación financiera y destruye la producción nacional”, por lo cual reclaman: “Banca de fomento ya”.

Y preguntan: “¿Qué producción nacional sobrevive al alza desproporcionada de las tasas de interés?”, las que pasaron del 2% en enero de 2022, en el gobierno de Iván Duque, al 12,75% en enero de 2023, con la intención de afectar el desempeño de la economía en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

LOS TRABAJADORES PROTESTAN

Trabajadores del Banco de la República se reunieron hace algunos días en Cali para denunciar hechos que se vienen presentando dentro de la entidad, que tienen que ver con la alta dirigencia, y, al mismo tiempo, para cuestionar la operatividad macro del organismo en función de los engranajes financieros de la burguesía colombiana.

En desarrollo de una serie de actos en el plano nacional, y organizados en la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República, Anebre, los participantes en el mitin dieron a conocer de manera clara y contundente las que calificaron como graves irregularidades.

Balmes Mosquera, presidente del sindicato en el Valle del Cauca, reveló que los altos mandos del banco decidieron acuñar en Holanda (Países Bajos), a elevados costos, la moneda en homenaje a Policarpa Salavarrieta, a pesar de que en Ibagué el Banco cuenta con una fábrica para tal fin, que está tan subutilizada, que solo la usan en un 40%.

Hablando desde la sede del banco en Cali, Mosquera denunció, igualmente, que fueron adulterados documentos para poder despedir a empleados protegidos por la ley 1821, que permite a los empleados que así lo decidan laborar hasta cumplir los 70 años de edad.

El dirigente sindical informó que los hechos denunciados ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

En similares términos se pronunciaron José Rodrigo Orozco, presidente nacional de Anebre; Gregory Martínez, integrante de la dirección nacional del gremio, y Wilson Sáez, vocero de la Central Unitaria de Trabajadores, quienes también hablaron en el mitin, lo mismo que un representante de los pensionados.

VOLVER AL CRÉDITO DE FOMENTO

“La Junta Directiva del Banco de la República se ha dedicado a subir tasas de interés, incrementando el costo del crédito, beneficiando a la banca privada, afectando a toda la comunidad”, dijo por su parte José Rodrigo Orozco, al explicar por qué los trabajadores enfrentan el actual sistema neoliberal.

“Hemos hecho una propuesta de banca central porque este país cambió, estamos en desarrollo de un país de avanzada, progresista. Se debe diseñar un nuevo modelo. La inflación no se puede basar en el alza de las tasas de interés. Hay que volver al crédito de fomento”, sostuvo Orozco, y rememoró el caso del Instituto de Fomento Industrial, entre otros.

“Con el neoliberalismo desaparece el Estado benefactor, son los bancos privados los que acaban con el crédito de fomento especializado y hoy la multibanca privada es la que presta para todo a altos intereses”, explicó.

Orozco recordó que en el gobierno de Iván Duque, “en plena pandemia, cuando la gente aguantaba hambre, liberaron varios puntos del encaje bancario, liberaron 19 billones de pesos y a los pocos días hicieron juntas de accionistas en los bancos y se repartieron 13 billones de pesos”.

El presidente nacional de Anebre recalcó que “el sistema está orientado a satisfacer los intereses de los pulpos financieros, como el Grupo Aval de Sarmiento Angulo”.

Orozco también denunció despidos de trabajadores y solicitó que se investigue el posible detrimento patrimonial con el acuñamiento de las monedas de ‘la Pola’ y otras presuntas irregularidades en la entidad.

HARÁN FORO SOBRE BANCA CENTRAL

Gregory Martínez, directivo de Anebre nacional, fue enfático en afirmar que en el BanRepública “usan artimañas para sacarnos a patadas”.

“Estamos denunciando que en el Banco de la República hay corrupción. De la noche a la mañana nos cambiaron la denominación de servidores públicos para incumplir la ley que nos permite laborar hasta los 70 años”, dijo en el mitin realizado en Cali

Y subrayó: “El Banco de la República está manejado por el grupo Aval y por un sistema financiero que en la pandemia se llenó los bolsillos de plata”.

Ante todo lo que está ocurriendo en la entidad, los líderes sindicales solicitaron la intervención del Jefe del Estado. “Al presidente Gustavo Petro le solicitamos que ponga la mirada en los hechos de corrupción en el Banco de la República”, manifestó Balmes Mosquera.

En el segundo semestre del presente año, Anebre realizará un foro nacional para debatir a fondo sobre el modelo de banca central que requiere un país progresista.

En esta entrevista, Pablo Beltrán –miembro del Comando Central del ELN [Ejército de Liberación National] y jefe de la Delegación de Diálogos– habla sobre los Diálogos de Paz que iniciaron en Caracas en noviembre de 2022 y que actualmente continúan en México.

70 años de guerra en Colombia y al menos 157 líderes sociales asesinados en el año 2022 en la guerra contra el pueblo. ¿Están dadas las condiciones políticas y sociales para firmar un acuerdo entre el ELN y el Gobierno de Colombia?

Existen de sobra condiciones y exigencias políticas y sociales para sacar adelante un Proceso de Paz en Colombia, porque es lo único que nos hará una nación viable. Además ahora hay un Gobierno progresista que tiene como una de sus metas principales lograr una paz integral y definitiva. Las víctimas que suman decenas de millones reiteran su exigencia para que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Los sectores de la derecha que antes se opusieron al Proceso de Paz, ahora mantienen una actitud escéptica, pero con la expectativa de también ser tenidos en cuenta en la formulación de una visión común de paz.

El 21 de noviembre inició un nuevo ejercicio en los Diálogos de Paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Estos diálogos se inician en un nuevo escenario político y geográfico. ¿Podrían hablarnos brevemente del rol de Venezuela como país veedor en estos diálogos? 

Desde el primer día del Gobierno del Presidente Hugo Chávez en 1999, la República Bolivariana de Venezuela ha albergado Mesas de Diálogo entre el Gobierno de Bogotá y el ELN. Desde entonces cumple el doble rol de ser País Garante de esta Mesa –que le implica ser testigo y depositario de los acuerdos que se suscriben–, junto a ser el país de tránsito para nuestra Delegación de Diálogos de paz.

Ustedes han planteado en una entrevista que para el ELN es importante que los diálogos operen en dos registros amplios: (I) Hacia la desactivación de los factores internos que generan el conflicto social, político y armado y (II) hacia la activación de un proyecto soberano sin la intervención de Estados Unidos como atizador de la guerra en Colombia. Comencemos por el primer punto. ¿Qué mínimos plantean desde el ELN para la desactivación de los factores internos que crean el conflicto en Colombia?

Insistimos que debemos actuar sobre las causas que generan el Conflicto Armado en Colombia y no solo tratar de afectar sus consecuencias. También hemos dicho que estas Mesas de Conversaciones, como no pueden hacer “una revolución por contrato”, tampoco pueden hacer una desmovilización de las rebeldías por contrato. En este sentido la desactivación de las causas la entendemos como un proceso que erradique el empobrecimiento y exclusión social, que frene el saqueo de bienes nacionales y su depredación inclemente, que erradique la persecución y el genocidio político que ordena la Doctrina de Seguridad del viejo régimen, que ataque frontalmente la corrupción sistémica y que las políticas para el país se dejen de dictar en Washington.

Este programa de transformaciones lo debe soportar una amplia alianza de fuerzas políticas comprometidas con el cambio y la solución política del conflicto, que pueda ser desarrollado en el corto, mediano y largo plazo, más allá de solo en el actual Gobierno.

En relación al punto II, el gobierno de Gustavo Petro no parece tener intención de activar un proceso para que las bases estadounidenses sean desmanteladas. ¿Cómo destrabar esta situación, que por demás afecta a toda la región?

El arte de dominar del imperialismo norteamericano ha estado en “dividir para reinar”, pero ahora comienza una nueva fase del proceso de integración de América Latina y el Caribe, que va a hacer posible tener una sola voz ante las potencias mundiales, con lo que problemas agudos que sufren nuestros pueblos van a tratarse desde una fuerza soberana conjunta, que reclama soluciones dignas para sus naciones y sus pueblos. Por ejemplo, hacer de esta región una zona de paz, buscar alternativas a la fracasada “Guerra contra las drogas”, deshacernos de la esclavitud de la deuda externa, entre otros problemas.

Posiblemente, uno de los problemas más gruesos en los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC fue la limitada participación del pueblo en el proceso. Entiendo que el primer punto que el ELN pone sobre la mesa en los diálogos es la “participación de la sociedad civil en la construcción de la paz”. ¿Cómo se puede lograr este objetivo?

Los tres primeros puntos de la Agenda de negociaciones están referidos a la participación vinculante de la sociedad en este proceso de solución política del conflicto, con el propósito de construir una visión común de paz. Esto implica diseñar una metodología precisa de participación, que permita diagnosticar los problemas estructurales del país y a su vez formular un plan de transformaciones de corto, mediano y largo plazo; esto es, que la gente diga cuáles son los cambios indispensables y asuma un compromiso para realizarlos, lo que pasa por materializar un acuerdo nacional de muchas fuerzas políticas y sociales interesadas en pasar la página de la Guerra del viejo régimen y en buscar alternativas más allá del capitalismo salvaje.

En concreto, ¿cuál sería el impacto de un posible acuerdo para el pueblo colombiano, pero también para el pueblo venezolano y las gentes de la región en general?

El lunes 6 de febrero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil aceptó volver a ser País Garante de esta Mesa de Diálogos de Paz y agregó que este es un “proceso fundamental para consolidar la paz de Colombia y en consecuencia de gran importancia para la región y el mundo”.

¿Cómo esperan que pueda funcionar un eventual cese bilateral tras acordarlo en los Diálogos?

Contamos con la experiencia del cumplimiento de un Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional acordado con el Gobierno de J. M. Santos en 2017, en saludo a la visita del Papa Francisco; el cual funcionó –con uno que otro incidente– y demostró por primera vez en la historia de Colombia que era posible este tipo de desescalamiento del conflicto armado; para lograr este resultado fue necesario acordar protocolos muy específicos, que señalaron qué cubría este cese y qué no cobijaba.

En el proceso de paz con el ELN, ¿cuáles serían los elementos de justicia que ustedes están interesados en alcanzar y a cuáles se comprometerían?

El punto cuatro de la agenda de negociaciones dice que “en la construcción de una paz estable y duradera, es esencial el reconocimiento a todas las víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento y la resolución a su situación, con base en la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido. El conjunto de estos elementos fundamentan el perdón y proyectan el proceso de reconciliación”. Para nosotros lo primero es escuchar a las víctimas y que sean vinculadas efectivamente en este Proceso de Paz. En segunda instancia trataríamos lo pertinente a la situación jurídica de los integrantes del ELN, asunto que es materia del punto cinco de la agenda referido a poner fin al Conflicto Armado y sacar la violencia de la política.

[Entrevista para Venezuelanalysis.com

 Desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, sede del gobierno central en Bogotá, miles de manifestantes que se congregaron para defender los cambios que plantea Petro y que serán tratados por el Congreso.

«El cambio no es posible sin el pueblo. Lo que eligió la gente no es solamente a una persona. Fue devolver al pueblo poder, y eso tiene que expresarse en la realidad histórica, en los días cotidianos», dijo el presidente colombiano. Y añadió que las reformas que proponen pueden convertirse en leyes «si la sociedad colombiana quiere». «Quien ganó (las elecciones) fue el pueblo y el pueblo quiere el cambio de Colombia. Vamos por los cambios hacia un país democrático y en paz», arengó.

Ojo con el Congreso

Antes de ser promulgada por el presidente colombiano, el proyecto  de ley deberá superar cuatro debates en las dos cámaras del Congreso, donde puede sufrir nutilkaciones o modificaciones, e incluso ser rechazado, aunque el gobierno viene consolidando una mayoría con sectores centristas e incluso de la centroderecha.

La esencia de las reformas en materia de salud, pensiones y laboral reside en sustituir la mercantilización impuesta durante el largo periodo neoliberal por un sistema basado en los derechos y en la verdadera democracia: que sea el pueblo y no el dinero quien mande en el Congreso, los juzgados y en el palacio presidencial. Petro, exalcalde de Bogotá, llamó a sus compatriotas a convertirse en una multitud consciente de que tiene en sus manos tanto el futuro como el presente.

A contrapelo de la lógica neoliberal de poner a las grandes mayorías al servicio de la plutocracia, difundida constantemente por los medios hegemónicos de comunicación, afirmó que es el mundo económico el que debe entender el clamor social, tras denunciar que el régimen pensionario está diseñado para las corporaciones, no para los trabajadores, y que el modelo de salud privatizado hace a la muerte ensañarse ahí donde hay pobreza.

Condensó el significado de su programa en el exhorto a dejar de ser oligarquía y pasar a ser democracia. El momento histórico que vive Colombia es similar al de Argentina, Chile o México, donde el mandato presidencial se ve acotado y/o saboteado por una sobrerrepresentación de las fuerzas opositoras en los Congresos, que fungen como personeros de intereses oligárquicos derrotados en elecciones y ejercen un poder fáctico de veto sobre los nuevos rumbos elegidos en las urnas.

En algunos casos subvierten el orden democrático derribando gobiernos elegidos de manera democrática, legal y legítima, como sucedió en diciembre pasado en Perú y en 2016 en Brasil. Los parlamentos degeneran en trincheras de intereses corporativos y corruptos que pervierten el sistema de contrapesos y el principio de separación de poderes para obstaculizar la soberanía popular.

Cuando un gobierno progresista intenta introducir cambios, los voceros intelectuales y mediáticos de las oligarquías defienden leyes e instituciones creadas para imponer y perpetuar el neoliberalismo como si fueran el núcleo mismo de la vida democrática: llaman democracia a un sistema diseñado expresamente para excluir al pueblo de la toma de decisiones trascendentales, señala un editorial del diario mexicano La Jornada.

Las calles defienden las reformas

Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Colombia este martes para respaldar las iniciativas legislativas con las que Petro busca reformar los sistemas de salud y pensiones para fortalecer la participación estatal.

El gobierno divulgó el texto de su reforma a la salud, que pretende reducir la participación privada en el sistema para fortalecer las capacidades del Estado – fortalecer la atención primaria,  la prevención de enfermedades y  llevar la atención sanitaria a todos los rincones del país-, iniciativa resistida por políticos de derecha y el gremio de las empresas que se encargan actualmente de los servicios de salud.

La propuesta denominada El Cambio hacia una Salud para la vida consta de 152 artículos y se rige por el principio de universalidad, para que ningún colombiano quede excluido. «Lo que queremos es que una médica pueda ir a atender en la casa de una familia campesina, por muy alejada que esté», explicó Petro.

La reforma buscará quitar el poder a las actuales Entidades Promotoras de Salud (EPS), privadas, que son las actuales intermediarias entre los contribuyentes y quienes prestan el servicio. El proyecto es una de las más importantes propuestas por el gobierno de Petro enmarcada en su política de Paz Total, subraya que la salud es un derecho y no debe ser un privilegio o un negocio.

Sindicatos de obreros, educadores y trabajadores de salud, entre otros, respondieron desde la mañana a la convocatoria del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, que presenta esta semana una ambiciosa batería de reformas al Congreso, donde tiene mayoría gracias a una coalición con partidos de centro y derecha moderada.

Petro recordó que el «cambio» fue la palabra presidencial, por lo cual votaron millones de personas. «No puede ser un cambio de mentiras, de maquillajes. Solo si el pueblo abandona a su gobierno es que el cambio puede detenerse. Y será más profundo en la medida en que las mayorías nos acompañen», afirmó el  jefe de Estado.

Las marchas y concentraciones fueron denominadas «El gran diálogo social» y tienen como punto de encuentro la Plaza de Armas, aunque también se desarrollaron en otros espacios públicos del país. Desde allí se realizará la «socialización y pedagogía» de la reforma de salud, que será radicada este lunes en el Congreso, según un trino del mandatario.

El Gobierno presentó la semana pasada el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el proyecto de ley que establece los objetivos para los próximos cuatro años (2022-2026), una hoja de ruta para la Administración que debe ser aprobada por el Congreso.

Hasta el momento, su Gobierno solo divulgó el lunes el texto de su reforma de salud. Sumado a ello, Petro anunció este martes «la reforma pensional», para mejorar las condiciones de «los viejos y las viejas» de Colombia, hoy buena parte bajo un régimen de administración privada. «Los dos señores banqueros no me quieren porque he propuesto esto. Claro que no», dijo el presidente.

Petro anunció también que presentará un proyecto de reforma laboral que modifique «la ley 50, la ley del neoliberalismo. Pretendemos que el día termine a las 6 de la tarde, no a las 10 de la noche. Pretendemos que sábado y domingo se consideren días de descanso. Y que por tanto, al trabajar más allá de las 6, o un domingo, haya unas extras», dijo.

Recordó a los desmemoriados que Colombia está en el último lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respecto a condiciones de sus trabajadores.

*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)