El expresidente Hugo Chávez dijo una vez: «la Revolución Bolivariana fue la última revolución del siglo XX y la primera del siglo XXI». Este posicionamiento cronológico encierra bien el significado de revolución: una transformación total y radical de las estructuras socioeconómicas de una sociedad. Si el cambio de milenio no confirmó varias de las predicciones que se hicieron (especialmente el fetiche del año 2000), se produjeron otras sorpresas, entre ellas, el ascenso de la hasta entonces discreta —por no decir desconocida— Venezuela a uno de los países más importantes y discutidos del mundo.

Incluso en la historia reciente de América Latina, Venezuela no ocupaba una posición muy destacada. No figuraba entre las principales economías de la región, como Brasil, Argentina o México, ni llamaba la atención por sus experiencias políticas, como Cuba o Chile. En la historia latinoamericana, Venezuela fue reconocida como la cuna del libertador Simón Bolívar, gran líder de la liberación sudamericana del dominio español en el siglo XIX. Pero durante la mayor parte del siglo XX es imposible no darse cuenta de que el país quedó al margen de los principales acontecimientos y dramas de la región.

Así sería hasta 1989, cuando la rebelión popular conocida como el Caracazo marcaría profundamente la historia venezolana y latinoamericana, aunque esta profundidad histórica solo se haría evidente años más tarde. Este hecho sería el desencadenante de una serie de acontecimientos y movimientos en la sociedad venezolana que llevarían al ascenso de Hugo Chávez y a la constitución de las fuerzas sociales que conforman el chavismo.

La Revolución Bolivariana es, hasta la fecha, el acontecimiento más importante de América Latina en el siglo XXI. Abrió una coyuntura de reconfiguración de las fuerzas políticas y sociales en la región y articuló, directa e indirectamente, todo un movimiento de contestación popular contra la dominación burguesa e imperialista en la región. Revivió y actualizó el proyecto de integración latinoamericana imaginado por Simón Bolívar en el siglo XIX y radicalizado por la Revolución Cubana en el siglo XX. A nivel mundial, ha retomado el socialismo y la lucha de clases, conceptos proscritos desde el fin de la Unión Soviética (1991) y la hegemonía neoliberal, situándose como vanguardia de la lucha revolucionaria en el mundo, proponiéndose sacar a la izquierda de la defensiva que le impone el capital globalizado. Nada ni nadie puede permanecer indiferente ante el chavismo.

Este artículo pretende ser un resumen de la historia de la Revolución Bolivariana para aquellos que empiezan a buscar información sobre este proceso. Es también una evaluación de los caminos de la Revolución, de sus políticas y formas de organización popular. Analizar la Revolución Bolivariana es estudiar las diferentes formas de organización de la clase obrera en la lucha por el poder y la construcción de una nueva sociedad, libre de la explotación laboral y de la dominación imperialista, con todas sus contradicciones, incertidumbres, avances y retrocesos. El texto también sirve para el estudio por parte de la militancia de izquierda para conocer mejor el principal proceso revolucionario que se está desarrollando en el mundo actual.

Antecedentes: petróleo y Pacto de Puntofijo

La historia de Venezuela en el siglo XX tiene un protagonista muy claro: el petróleo. Su presencia en el territorio del país desde finales del siglo XIX, su extracción y el posterior desarrollo de la industria petrolera transformaron un país hasta entonces predominantemente agrario y pobre en uno de los mayores productores del «oro negro». Se rediseñó toda su estructura socioeconómica, lo que convirtió a Venezuela en un país importador de productos industrializados de todo tipo. Se desarrolló una burguesía rentista que solo vivía de los porcentajes que le daban las multinacionales que extraían el producto y del alquiler de propiedades, así como una incipiente clase media que le servía. También se formó un proletariado urbano, que incluía a trabajadores del sector petrolero; pequeños y medianos propietarios rurales, así como pescadores de la costa caribeña.

El capitalismo venezolano se basaba en el trípode renta petrolera/importación/tierras improductivas. Sus contradicciones sociales tenían lugar en choques intraclase entre un sector servil a los intereses del capital extranjero (principalmente norteamericano y petrolero) y otro que pretendía una especie de nacional-desarrollismo, principalmente en la ventana creada por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). También hubo enfrentamientos entre clases, pues el proletariado avanzó en su organización política creando sindicatos, partidos y otras formas de lucha, entre las que destacó el Partido Comunista de Venezuela (PCV), fundado en 1931. Las asociaciones obreras fueron ilegalizadas en diversas épocas, e incluso cuando fueron aceptadas formalmente en el escenario político del país, siempre se impusieron dificultades a su pleno funcionamiento y participación.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Venezuela vivió una de sus dictaduras más feroces, dirigida por el General Pérez Jiménez. El golpe que llevó a Pérez Jiménez al poder y sus diez años de gobierno autoritario fueron apoyados por Estados Unidos, para garantizar su hegemonía sobre América Latina en la Guerra Fría. El General gobernó bajo una intensa represión, recorte de los derechos fundamentales, ausencia de elecciones directas y prescripción de los partidos políticos, al tiempo que llevaba a cabo una «modernización» física de Caracas, para que fuera el escaparate de la nueva «Venezuela petrolera» e invertía en infraestructuras, como en las áreas del acero y la petroquímica. Sin embargo, el creciente endeudamiento del gobierno fue erosionando diversos sectores, provocando manifestaciones de descontento entre las masas y el abandono del gobierno por parte de facciones de la burguesía venezolana.

El 21 de enero de 1958 tuvo lugar una huelga general articulada por todas las fuerzas opositoras —con el PCV cumpliendo un rol central— que dio lugar a importantes enfrentamientos contra las fuerzas represivas del gobierno. Dos días después, cuando Pérez Jiménez perdió el apoyo de los militares, huyó a la República Dominicana, poniendo fin a diez años de dictadura. Paralelamente, tres partidos políticos mantenían conversaciones desde el año anterior para reorganizar el sistema político tras la dictadura, excluyendo, sin embargo, a los comunistas.

Estos tres grupos eran: AD (Acción Democrática), que pretendía ser una versión venezolana de los partidos socialdemócratas europeos de posguerra, con participación en el movimiento sindical y estudiantil, de tendencia liberal y anticomunista; COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente), de orientación socialcristiana, con ramificaciones en diversos sectores organizados de la sociedad; y URD (Unión Republicana Democrática), de carácter liberal.

Las conversaciones entre estas fuerzas desembocaron en el Pacto de Puntofijo, cuya idea central era la implantación de una república liberal restringida, en la que los distintos grupos que representaban a las clases propietarias compartirían el gobierno y los cargos en la esfera pública. El reparto de espacios en el aparato público debería realizarse entre los tres partidos que obtuvieran los mejores resultados electorales. De esta forma se acomodaban los intereses de las diversas facciones de la clase dominante, evitando disputas internas, y al mismo tiempo se utilizaba el poder del Estado para reprimir y cooptar a los diversos sectores populares no incluidos en el Pacto.

El Pacto de Punto Fijo pretendía reducir las diferencias ideológicas y programáticas entre sus firmantes y sentar las bases de una convergencia de intereses que tenía como punto de apoyo el dominio del aparato estatal. En la práctica, se convertiría más tarde en un acuerdo entre AD y COPEI y un tercer partido, según su fuerza electoral en ese momento. El Pacto representaba una forma de acomodar a las distintas facciones de la clase dominante en el reparto del poder, incluidos el capital financiero, las empresas petroleras, la dirección del movimiento sindical, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Además, se esforzó por definir una democracia liberal afín a Estados Unidos. Este gran acuerdo representó la traducción político-institucional de una economía basada en la exportación de petróleo. Además de acomodar los intereses de las élites, pretendía amortiguar los conflictos sociales mejorando lenta pero constantemente el nivel de vida de la mayoría de la población. Clientelismo, proselitismo y corrupción eran también las características de un tipo de dominación que, en la otra cara de la moneda, reprimía con dureza cualquier contestación más consistente. Una democracia dependiente del flujo de petrodólares.

Con el tiempo, la UDR se retiraría del Pacto y perdería gran parte de su fuerza, haciendo que el periodo se relacionara más comúnmente con el relevo en la presidencia del país entre las otras dos siglas, AD y COPEI, que desarrollarían amplias redes de clientelismo, convirtiéndose en las fuerzas dominantes de la política venezolana en la segunda mitad del siglo XX. AD hegemonizó la Central Venezolana de Trabajadores (CVT), la mayor central sindical del país, y empezó a compartir con COPEI los principales cargos del Estado, como el mando de la Cámara de Diputados y del Senado, las comisiones legislativas, las candidaturas al Tribunal Supremo y la Fiscalía General.

Con la Constitución de 1961, el voto por lista (en el que la población vota a los partidos y no a los candidatos) y los acuerdos entre AD y COPEI, todas las áreas del poder público quedaron divididas entre los dos grupos, que representaban a la misma clase dominante venezolana y a los intereses del capital extranjero, con amplias redes de clientelismo y corrupción. Los sectores populares que querían que el gobierno atendiera sus demandas tenían que aliarse con uno de los bandos, garantizándose votos y la perpetuación del Pacto.

Así es como Venezuela gozó de reputación democrática en América Latina en las décadas de 1960 y 1970, mientras la región era testigo de golpes de Estado y de la instauración de dictaduras patrocinadas por Washington. En realidad, la clase dominante venezolana y el imperialismo estadounidense solo desarrollaron en el país una forma de dominación más compleja que en sus vecinos. Existía represión, de forma violenta, contra todos los excluidos del Pacto, en particular la izquierda revolucionaria, incluidos los grupos guerrilleros y otras formas de organización popular, especialmente en los barrios populares de las grandes ciudades (que, en el futuro, serían importantes para la constitución de las fuerzas populares del chavismo).

La hegemonía del Puntofijo fue posible gracias a la bonanza petrolera. La creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1960 —de la que Venezuela es miembro fundador— y los altos precios del producto en el mercado internacional, sobre todo en la década de 1970, permitieron que el clientelismo de AD y COPEI mejorara paulatinamente las condiciones de vida de buena parte de la población, sin que por ello se redujera la desigualdad, ya que la burguesía del país y una parte de la clase media nombrada para ocupar cargos públicos tenían unas condiciones de vida totalmente contrarias a la realidad nacional. «Existía la sensación de que nadie necesitaba pagar impuestos para que el país funcionara. El flujo de petrodólares era incluso mayor que la capacidad de la economía para absorber capital». Parte de la población recuerda este periodo como «los buenos tiempos».

En este periodo se creó Petróleo de Venezuela S. A. (PDVSA), la poderosa empresa petrolera estatal del país. La aparición de la empresa y la nacionalización del petróleo aumentaron la participación estatal en los dividendos, pero no disminuyeron el control del capital extranjero. De hecho, se produjo una reacomodación de los intereses de las burguesías internas y externas en el control de los recursos de hidrocarburos, lo que permitió su enriquecimiento y la alimentación de las redes clientelares de los partidos del orden. PDVSA disponía de una amplia autonomía de funcionamiento, convirtiéndose en un Estado dentro del Estado. En la «tranquilidad» política del Pacto de Puntofijo también influyó el funcionamiento de comisiones tripartitas entre el Estado, los empresarios y los representantes de los trabajadores. Por parte de los empresarios, la principal organización era Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela) y por parte de los trabajadores, la ya mencionada CTV. Ambas, controladas por AD y COPEI, decidían las políticas sociales y laborales.

Todo empezó a derrumbarse tras la Crisis de la Deuda y la caída de los precios del petróleo a principios de los años 80. La disminución del flujo de dólares hacia el país y los elevados intereses de la deuda norteamericana drenaron los recursos en un momento en que la economía mundial estaba siendo reestructurada por la hegemonía neoliberal, que tenía como contrapartida la destrucción de las economías periféricas. La subida de los tipos de interés estadounidenses también elevó los tipos de interés de las deudas contraídas por los países periféricos, lo que las hizo impagables.

El 28 de septiembre de 1983, el «viernes negro», quedó marcado como el final de un sueño. La situación internacional era grave. México y Brasil habían quebrado literalmente, entrando en la larga crisis de deuda externa que había golpeado a varios países periféricos. El presidente de la República, Copeiano Luis Herrera Campíns (1979-1984), se había visto obligado a devaluar bruscamente la moneda nacional, el bolívar, como culminación de un proceso que incluía, en los últimos años, la caída sustancial de los precios del petróleo, la disparada deuda pública —que se había multiplicado por diez entre 1974 y 1978— y el aumento de los intereses de los préstamos internacionales. La cotización del dólar saltó rápidamente de 4,70 a 7 bolívares. Se calcula que ese año salieron de Venezuela 8000 millones de dólares. El desempleo avanzó a pasos agigantados, iniciándose una crisis material y de valores que resultó irreversible. Fue el fin de los «buenos tiempos».

La estructura que mantenía el Pacto de Puntofijo se deterioró irreversiblemente. También hubo intentos de oxigenar el sistema político, como el fin del voto por lista y las elecciones directas para gobernadores y alcaldes (hasta entonces eran designados), dando cabida al surgimiento de otros partidos políticos. En 1988, Carlos Andrés Pérez de AD fue elegido presidente por segunda vez, tras haber gobernado el país en la década anterior. Su elección trajo consigo la idea de una vuelta a los «buenos tiempos», al tiempo que se comprometía a escuchar las críticas de la población y de los sectores políticos que habían sido excluidos del Puntofijo. Pero no fue así.

El Caracazo y la emergencia de Chávez

La economía y la sociedad venezolanas entraron en una profunda crisis con la caída de los precios del petróleo, la Crisis de la Deuda y las fisuras del Pacto de Puntofijo. El desempleo masivo, la elevada inflación y el aumento del coste de la vida castigaron a la población, mientras que las fuerzas dominantes de la política empezaron a mostrar desacuerdos. Carlos Andrés Pérez, elegido presidente por segunda vez, sorprendió al país a principios de 1989 anunciando que había firmado un acuerdo con el FMI.

El objetivo de todo ello era el desembolso de un préstamo de 4500 millones de dólares. La contrapartida, materializada el sábado 25, era salada: el paquete incluía la devaluación de la moneda nacional, el bolívar, la reducción del gasto público y del crédito, la liberación de los precios, la congelación de los salarios y el aumento de los precios de los productos de primera necesidad. La gasolina sufriría un reajuste inmediato del 100%. Esto se traduciría, según se anunció, en un aumento del 30% en los billetes del transporte público. En la práctica, estos aumentos también alcanzaron el 100%. Nada de esto se había confesado durante la campaña.

Como todos los ajustes impuestos por el FMI a los países periféricos, ninguna de las medidas presentadas pretendía mejorar la calidad de vida de la población, sino garantizar los beneficios del capital financiero, dándoles garantías de que la riqueza del país se destinaría al sistema bancario internacional y no a las necesidades del pueblo. Lejos de pretender mejorar los indicadores económicos, algo que el neoliberalismo nunca fue capaz de hacer, las medidas provocarían un empeoramiento de la realidad venezolana.

El 27 de febrero de 1989 llegó la respuesta popular. Comenzaron las protestas en las terminales de autobuses de la capital, Caracas, debido al aumento de las tarifas. Las manifestaciones crecieron y se multiplicaron, de forma espontánea por toda la capital y otras ciudades del país, recibiendo pronto la participación de estudiantes y otros sectores. Hubo barricadas en las calles, saqueos que cerraron los comercios y quema de autobuses. Una multitud tomó las calles de Caracas en una explosión social de rabia y descontento, sin agenda ni organización, poniendo de manifiesto la crisis del país y la falta de representación en la política. Aunque tuvo lugar en varias ciudades de Venezuela, y no solo en su capital, el acto se conoció como Caracazo.

El presidente Carlos Andrés Pérez convocó a los representantes de los sindicatos patronales y decretó la suspensión de los derechos constitucionales. Era la contraseña para una masacre. Las Fuerzas Armadas y la Policía empezaron a reprimir las manifestaciones con munición letal y redadas en las favelas y barrios pobres de las ciudades, asesinando a gente indiscriminadamente. A día de hoy no está claro el número de víctimas, que oscila entre centenares, según las estimaciones más conservadoras, y más de cinco mil. Las manifestaciones, sin embargo, permanecerían desde entonces en la vida cotidiana del país, espontáneas u organizadas, como síntomas de una crisis general de la sociedad venezolana.

Toda esta convulsión y violencia fue observada con gran atención por un joven teniente coronel del ejército venezolano. Hugo Chávez fue el fundador del MBR-200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, en referencia al bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar), que reunía a jóvenes militares, en su mayoría de rango medio, para debatir la grave crisis del país. Los participantes en el movimiento estaban en total desacuerdo con las órdenes presidenciales de reprimir a la población en el Caracazo y otras manifestaciones, que consideraban legítimas contra un gobierno que consideraban corrupto e ineficaz.

Es importante señalar un hecho diferencial de los militares venezolanos en relación con sus homólogos de otros países latinoamericanos. La historia reciente de la región ha sido testigo del uso de las Fuerzas Armadas como medio para imponer dictaduras antipopulares y subalternamente alineadas con la hegemonía norteamericana. Buena parte de los líderes militares que dirigieron regímenes dictatoriales en la región durante el siglo XX fueron entrenados directamente por las Fuerzas Armadas estadounidenses en la Escuela de las Américas y otras instituciones. En Venezuela, sin embargo, no solo los militares tenían formación continua en las propias universidades del país, haciendo que los jóvenes oficiales vivieran en ambientes distintos a los cuarteles (Chávez tuvo experiencias de este tipo durante su formación), sino que la propia izquierda siempre realizó trabajo de base y reclutó militantes en el sector militar. El PCV fue uno de los pocos partidos comunistas que, siguiendo la línea de Moscú, invirtió en la lucha guerrillera, aunque la abandonara más tarde. No existía, por tanto, una fuerte hegemonía del pensamiento autoritario y corporativista entre los militares venezolanos, a diferencia de sus homólogos en otros países de la región.

El MBR-200 se articuló para una insurrección contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en otra fecha que pasaría a la historia contemporánea de Venezuela, el 4 de febrero de 1992, o simplemente 4F. La sublevación consistiría en detener al presidente nada más regresar de un viaje al extranjero y tomar puntos estratégicos de la capital y otras ciudades, como la Comandancia General de Aviación, el Palacio de Gobierno y bases militares. No se sabe cómo, el plan fue descubierto al principio de su ejecución y dio lugar a combates entre insurgentes y fuerzas leales al gobierno en varias localidades. Fue, con pequeñas excepciones, una acción estrictamente militar, sin apoyo de organizaciones populares o políticas, pero no desdeñable, con la participación de unos seis mil soldados, en su mayoría de rangos intermedios y procedentes de las clases populares.

Tras horas de combate, la insurrección fracasó en su intento de tomar el poder. Hugo Chávez, como líder del movimiento, negoció la rendición, pidiendo solo dos cosas: que se le tratara con dignidad y que se le permitiera hacer una declaración por televisión para que sus camaradas de otras ciudades depusieran las armas. He aquí sus palabras:

En primer lugar, quiero dar los buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que integran el regimiento de paracaidistas de Aragua y la Brigada Blindada de Valencia. Camaradas: lamentablemente, por el momento, en la capital no se han logrado los objetivos que nos propusimos. Es decir, aquí en Caracas no hemos conseguido controlar el poder. Lo han hecho muy bien, pero es hora de reflexionar. Vendrán nuevas situaciones y el país debe tomar un rumbo definitivo hacia un destino mejor. En cuanto escuchen mi palabra, escuchen al Comandante Chávez, que les da esta oportunidad para que, por favor, reflexionen y depongan las armas, porque la verdad es que los objetivos que nos hemos propuesto a nivel nacional son imposibles de alcanzar. Camaradas, escuchen este mensaje de solidaridad. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias.

El énfasis en el «por ahora» pasaría a la historia, casi como una profecía. Las palabras de Chávez dejaron claro que su proyecto no había sido derrotado, solo había sufrido un revés momentáneo. El Comandante y sus compañeros fueron encarcelados, pero ganaron el país. El 4F no fue interpretado por la población venezolana como un intento de golpe de Estado, sino como una insurrección contra un gobierno que castigaba al pueblo con la miseria y la precariedad, mientras los ricos vivían en el lujo. La acción encabezada por Chávez tradujo un descontento que provenía del Caracazo y despertó en la población, especialmente en los trabajadores pobres, la sensación de que alguien les escuchaba y actuaba contra la dramática realidad en la que vivían las mayorías. En el futuro, el chavismo transformaría el 4F en el «Día de la Dignidad Nacional», una fecha conmemorada con marchas y sentadas cargadas de contenido político.

Las acciones del MBR-200 y sus propuestas respondieron a los deseos de la población. Entre ellas, la deposición de todas las autoridades de los Tres Poderes, la elección de nuevos representantes sindicales, el fin de las privatizaciones, la congelación de precios, la crítica a la deuda externa. La reorganización de la vida política del país se lograría mediante la más importante de las propuestas de Chávez: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente elegida por la población para formular una nueva Carta Magna para el país. Las propuestas del MBR-200 eran de carácter popular y nacionalista, disipando la idea de que se trataba de un mero golpe militar de corte autoritario, tan común en la historia latinoamericana. Incluso en prisión, Chávez se convirtió en la figura más popular del país y empezó a recibir visitas de diversos sectores de la sociedad. Su hermano, Adán Chávez, militante marxista, fue uno de los que invirtió en el diálogo entre los militares del MBR-200 y la militancia de izquierda.

Con la agudización de la crisis, nuevas insurrecciones militares, protestas constantes y acusaciones de corrupción, Carlos Andrés Pérez fue destituido de la presidencia. La idea de una Venezuela democrática y una vida política pacífica gracias al Pacto de Puntofijo se desmoronó de forma violenta. El país necesitaba un giro total, capaz de refundar el sistema político y llevar a las masas al centro de la toma de decisiones, es decir, una democracia real. Ese era el plan de Chávez.

Las elecciones de 1998

Mientras aún estaba en prisión, Chávez recibió visitas de representantes de distintos sectores sociales, forjando una alianza que sería su base política inicial para concurrir a las elecciones presidenciales. Liberado gracias a un indulto, Chávez, que para entonces ya era la figura más popular del país, comenzó a prepararse para presentarse a las elecciones presidenciales por el MVR (Movimiento V República), sigla que sustituyó al MBR-200, recibiendo el apoyo de otros partidos y organizaciones de diverso tipo, desde militares nacionalistas, movimientos y partidos de izquierda, políticos liberales con inquietudes sociales, entre otros. La situación económica y el Pacto de Puntofijo continuaron deteriorándose mediante la aplicación del paquete neoliberal del FMI, fuertemente rechazado por la mayoría de la población.

En un momento de total desencanto de la población con el sistema político y la profunda crisis económica, Chávez y su campaña fueron capaces de condensar todo el anhelo popular en una sola propuesta: una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta, buque insignia de la campaña chavista, consistía en pedir a los venezolanos que reescribieran la Constitución del país, limpiando el panorama político. El entonces candidato se comprometió, en caso de ser elegido, a convocar inmediatamente una votación para elegir a los diputados constituyentes que redactarían una nueva carta magna, haciendo hincapié en la participación popular en los mecanismos de gobierno y en la soberanía nacional, especialmente en las riquezas del petróleo.

Hugo Chávez fue elegido Presidente de Venezuela el 6 de diciembre de 1998, con el 56,20% de los votos (más de 3,6 millones de votos), muy por delante de Henrique Salas Römer, el candidato del dúo AD/COPEI (a pesar de no pertenecer a ninguna de las dos siglas, que buscaban desesperadamente un outsider), con el 39,97% de los votos. Un resultado que pasaría a la historia de Venezuela como un punto de inflexión y el final definitivo del Puntofijo. Se abría un nuevo periodo histórico en la vida del país, la Revolución Bolivariana. Más que eso, la elección de Chávez fue contraria a la hegemonía neoliberal en América Latina en aquel momento. Chávez fue elegido con una postura claramente antineoliberal y nacionalista con el apoyo de fuerzas de izquierda, aunque todavía no se hablaba abiertamente de socialismo.

Los monopolios mediáticos mundiales, especialmente en América Latina, presentaron la elección de Chávez como una aberración, preguntándose cómo la población había votado masivamente a alguien que solo cinco años antes había intentado dar un «golpe de Estado». Buena parte de la izquierda mundial tampoco comprendió al principio el fenómeno Chávez, en gran medida porque siempre espera una revolución pura y redentora que solo existe en la imaginación y no en las sinuosas contradicciones de la realidad. Era difícil imaginar que aquel triunfo resonaría en la historia regional como el inicio de un proceso de avance de las luchas populares y las victorias electorales de las fuerzas progresistas, volviendo a poner en el orden del día la revolución, el socialismo, la lucha de clases y tantos otros términos y conceptos entonces abandonados.

La Constitución de 1999

Chávez fue fiel a sus propuestas presentadas durante la campaña electoral y el mismo día de su toma de posesión, el 2 de febrero de 1999, dictó un decreto convocando el proceso constituyente. Cuando juró el cargo de presidente, con las manos sobre la Constitución, dijo que juraría sobre esta «moribunda Constitución» que promovería una nueva carta magna. Este proceso comenzaría, sin embargo, con una consulta al pueblo, a través de un referéndum, preguntando si la población estaría de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Dos meses después, en abril, se celebró el Referéndum Constituyente, en el que el 87% de la población autorizó la convocatoria del proceso. En julio, la población eligió a los diputados constituyentes, donde las fuerzas del Polo Patriótico obtuvieron una victoria aplastante, con 119 de los 131 escaños.

La Constitución de 1999 marca la refundación institucional del país, que serviría de modelo para las fuerzas populares de América Latina y más allá. Propugna una democracia participativa y protagónica que va mucho más allá de la desvaída «democracia» liberal representativa. Entre sus invenciones se encuentran la institucionalización de los referendos, especialmente el referendo revocatorio (en el que, en medio de un mandato, la población puede proponer una consulta para destituir a un gobernante electo) y los referendos para reformar la propia constitución. La creación de cinco poderes, y ya no tres (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), constituyendo el Poder Electoral —rescatando la propuesta de Símon Bolíviar— para organizar todo el ámbito electoral del país, y el Poder Ciudadano, formado por la Fiscalía General, la Defensoría Pública y la Contraloría General. Hubo una ampliación del número de magistrados del Tribunal Supremo, y un aumento de las prerrogativas del Ejecutivo con las leyes habilitantes (de las que se hablará más adelante), y de su mandato, ampliado a seis años.

La nueva Constitución reconoció por primera vez en la historia de Venezuela los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente. Una de sus principales innovaciones fue el reconocimiento de los consejos populares y las asambleas de barrio como entidades políticas para organizar al pueblo. Se trata de consejos de barrio o regionales, donde los vecinos se reúnen para debatir los problemas locales y sus posibles soluciones. En determinados órdenes del día, sus decisiones tienen carácter deliberativo, como la asignación de recursos para obras de infraestructura, abastecimiento de agua y promoción de actividades culturales. Esta iniciativa revolucionaria comenzó a promover la democracia de base en el país, politizando a gran parte de la población, especialmente a los más pobres y a los residentes de barrios marginales y populares, que constituían la base social de apoyo al chavismo. La Constitución de 1999 también cambió el nombre del país por el de República Bolivariana de Venezuela, a propuesta del propio Chávez, y abolió las dos cámaras legislativas (Cámara de Diputados y Senado), creando una sola, la Asamblea Nacional.

Al cabo de seis meses de trabajo, el pueblo fue convocado de nuevo a referéndum, ahora para decidir si aprobaba o no la Carta Magna. En diciembre de 1999, el nuevo texto constitucional fue aprobado por el 71% de los votos. Chávez no se detuvo ahí. Con la nueva Constitución en vigor, todos los cargos electivos debían someterse a nuevas elecciones, incluida la propia presidencia. Las «megaelecciones» se convocaron para julio de 2000, cuando se celebraron simultáneamente elecciones para presidente y Asamblea Nacional, gobernadores y asambleas estatales, alcaldes y ayuntamientos. Chávez fue reelegido con el 59% de los votos (más que en las elecciones de 1998) y sus partidarios obtuvieron la mayoría en la Asamblea Nacional y los gobiernos estatales.

En un año, la población fue convocada cuatro veces a las urnas para sanear el país, formulando una nueva Constitución y renovando todos los poderes del Estado. Fue una tarea hercúlea, pero muy exitosa. Chávez entregó el poder de decisión al pueblo venezolano, enterrando la falsa democracia del Puntofijo y politizando a la población. Al mismo tiempo, construyó una nueva arquitectura de poder que le permitiría, junto con el pueblo, promover los cambios estructurales necesarios para el desarrollo socioeconómico del país. Una revolución estaba en marcha y una gran parte de la población era y quería ser parte de ella. La constituyente inauguró un mecanismo importante para el funcionamiento de la Revolución, y que dio fuerza al chavismo: la consulta popular sobre cuestiones importantes a través de referendos.

Si en el terreno político Chávez fue rápido, aprovechando y ampliando su capital político, en el terreno económico comenzó de forma más moderada. El gobierno fue hábil en mantener el equipo económico anterior mientras concentraba fuerzas en el proceso constituyente. Garantizó la inversión extranjera y no tomó ninguna medida importante que desviara la atención de la batalla política. Cuando los trabajos sobre la nueva carta magna ya estaban avanzados, fue el momento en que Chávez empezó a poner en práctica su plan para recuperar la soberanía económica del país.

Su primer movimiento fue audaz. Consiguió celebrar la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP en territorio venezolano. Esta Cumbre no se celebraba desde 1975 y tenía como objetivo restablecer los precios del petróleo (que en aquel momento se vendía a menos de 10 dólares el barril) y reactivar a la propia OPEP como entidad influyente en la geopolítica internacional. La acción tuvo éxito y fue importante para recuperar los ingresos en las arcas públicas. Venezuela se beneficiaría de la subida de los precios del petróleo en la década de 2000, debido principalmente al aumento de la demanda china. Pero los recursos obtenidos del petróleo solo se utilizarían para combatir la gravísima crisis social y económica gracias a las acciones del gobierno de Chávez.

En 2001, tras la aprobación de la Asamblea Constituyente y su nueva elección, junto con la recuperación gradual de los precios del petróleo, Chávez y su equipo se sintieron seguros para incidir más directamente en la desigual sociedad venezolana, aprobando nuevas leyes que reestructuraron todos los sectores de la economía. Las Leyes Habilitantes eran un nuevo mecanismo de la Constitución, en virtud del cual la Asamblea Nacional permitía al presidente legislar sin la aprobación parlamentaria. Con ella Chávez promulgó 49 leyes que reestructuraron los puertos, la banca y las finanzas, la aviación civil, el sistema ferroviario, la seguridad, el gas, la electricidad y el turismo, entre otros. Las más importantes y controvertidas fueron la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley de Hidrocarburos.

La Ley Agraria promovió un nuevo registro de las propiedades rurales del país, exigiendo pruebas de la propiedad de la tierra y de su productividad. Las propiedades se gravaban en función de su tamaño. Las propiedades consideradas ociosas se destinarían a la reforma agraria, y se concederían una serie de beneficios a los pequeños agricultores y a la agricultura familiar. La Ley de Pesca también beneficiaba a los pescadores artesanales, con incentivos para mantener sus actividades, y delimitaba la pesca industrial más allá de seis millas de la costa, evitando así la pesca depredadora que amenazaba la reproducción de los peces y otros animales marinos, acciones que ponían en riesgo de colapso al propio sector.

La Ley de Hidrocarburos tenía la dirección correcta: acabar con la posición de PDVSA como un Estado dentro del Estado, su control por el capital internacional y su expolio por los caciques locales. La ley aumentaba las regalías y los impuestos que la empresa debía pagar al gobierno y estipulaba que los ingresos debían destinarse a la sanidad, la educación, la estabilización macroeconómica del país y reinvertirse en el desarrollo nacional.

Chávez y su gobierno demostraron una gran habilidad. Al principio concentraron sus fuerzas en construir una hegemonía política y electoral entre la población, forjando una nueva institucionalidad que permitiera utilizar los mecanismos constitucionales para reestructurar la economía nacional a favor de las mayorías. Sus pasos económicos fueron graduales, primero para recuperar los precios del petróleo, fuente de recursos sin la cual nada funciona en Venezuela, y luego para avanzar en los puntos centrales de la economía.

Chávez demostró que no era un demagogo ni un bufón, que estaba al frente de un gobierno nacionalista, antineoliberal y de orientación popular, al tiempo que se mostraba como un líder muy inteligente, avanzando con cautela, siempre recogiendo fuerzas de la población, para llevar a cabo una política de mayorías. Obviamente, el avance popular desataría el odio de la clase dominante, de una fracción privilegiada de la clase media que vivía de los empleos estatales y de PDVSA, y del imperialismo estadounidense (en aquel momento dirigido por George W. Bush). 2002 sería un año dramático que cambiaría Venezuela para siempre.

El golpe fallido de 2002 y el freno del petróleo

Amedida que avanzaban las medidas populares del gobierno de Chávez, las fuerzas que representaban a la patronal y al capitalismo internacional comenzaron a tramar el derrocamiento del Presidente. Las Leyes Habilitantes atacaban directamente los beneficios y propiedades de la burguesía venezolana y el capital extranjero, así como los cargos de confianza en organismos públicos y PDVSA distribuidos a sectores de clase media. Representantes de la patronal, de los partidos políticos tradicionales y de la embajada de EE.UU. iniciaron una serie de acontecimientos que culminarían en un drama nacional.

A finales de 2001, tras la promulgación de las Leyes Habilitantes, la derecha venezolana comenzó a convocar manifestaciones callejeras y «paros», es decir, paros en sectores productivos y comerciales, como forma de descontento con la actuación de Chávez. En los primeros meses de 2002 las manifestaciones fueron cada vez mayores y más recurrentes, en escenas que pasarían a formar parte de la realidad política latinoamericana de las primeras décadas del siglo XXI: verdaderas revueltas de los privilegiados, envueltos en la bandera nacional y la de EE.UU., acusaban a Chávez de comunista, terrorista, ateo y lo que surgiera en la fértil imaginación del conservadurismo. Los que apoyaban al gobierno, especialmente los más pobres, lo hacían porque vivían de las limosnas de la política «populista» del chavismo. Los participantes en las manifestaciones antigubernamentales se concentraban en los barrios ricos de las grandes ciudades, especialmente en la capital, Caracas. Eran en su mayoría blancos y ricos, la antítesis de la mayoría del pueblo.

El gobierno también respondió con grandes marchas, en las que se puso de manifiesto el trabajo político realizado por las asambleas de barrio y los consejos populares. En poco tiempo, las organizaciones de base de los lugares de residencia de la clase trabajadora —ahora reconocidas en la Constitución como entidades políticas— comenzaron a politizar y organizar al pueblo, y estaban a punto de enfrentarse a su primera gran batalla de movilización en la Revolución Bolivariana. Chávez demarcó claramente que la riqueza petrolera debía compartirse con toda la población y no restringirse a una casta privilegiada.

Se convocó una gran marcha opositora para el 11 de abril de 2002, apoyada por todos los medios de comunicación privados, que repitieron exhaustivamente en sus anuncios los llamamientos a la manifestación. Para contrarrestarlo, el gobierno también convocó una manifestación, que tendría lugar cerca del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo. Fedecámaras, junto con los medios de comunicación privados, la embajada de EE.UU. y algunos funcionarios opositores al gobierno repitieron exhaustivamente que «la batalla final tendrá lugar en Miraflores», aún sabiendo que miles de partidarios del gobierno estarían en las inmediaciones del Palacio.

Cuando alcanzó su punto álgido, la manifestación de la oposición fue desviada hacia Miraflores en una actitud irresponsable, en un intento de enfrentar a una multitud con la otra. Cuando ambas estaban ya muy cerca y era evidente que las fuerzas de seguridad no podrían mantener separadas a las dos marchas, se oyeron disparos. Francotiradores desde lo alto de los edificios empezaron a asesinar a gente al azar, siempre con disparos a la cabeza. Era un plan de asesinato orquestado para echar la culpa al presidente Chávez. Decenas de personas fueron asesinadas por los francotiradores y en otros enfrentamientos. De forma coordinada, los canales de televisión privados mostraron las escenas del enfrentamiento, culpando al gobierno de la matanza, mientras la patronal disidente y las cúpulas militares emitían declaraciones exigiendo la dimisión del presidente y la formación de un gobierno de transición.

Por la noche, los militares de la oposición se alzaron contra el gobierno y rodearon Miraflores, exigiendo que Chávez dimitiera y fuera detenido. En el interior del Palacio, el presidente y sus ministros evaluaban la dramática situación cuando el canal VTV (el canal público, en aquel momento el único contrapunto a los medios de comunicación corporativos) fue tomado por los golpistas y sacado del aire. Llegaron amenazas de que si Chávez no se entregaba, bombardearían el Palacio. Tras horas de negociaciones —que incluyeron conversaciones entre el presidente y Fidel Castro— Chávez se entregó, pero se negó a firmar una carta de dimisión. Dejó claro que se estaba produciendo un golpe de Estado y que las fuerzas golpistas lo tenían como rehén.

Al amanecer del 12 de abril lo que vimos fue un espectáculo de horror en los canales de televisión. Militares y periodistas golpistas se jactaban en los programas de televisión de haber urdido el golpe y narraban a todo un país atónito, paso a paso, cómo se había gestado todo el plan de acción. Figuras vinculadas al chavismo fueron perseguidas en una caza de brujas y golpeadas por militantes de los partidos de derecha. A la embajada de Cuba —donde se refugiaron figuras del gobierno chavista— le cortaron los servicios de agua y electricidad. En una escena grotesca, políticos de derechas (los mismos derrotados electoralmente varias veces por Chávez en los últimos años) se reunieron con dirigentes empresariales y, en directo por televisión, declararon al presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, presidente del país en un gobierno de transición, al mismo tiempo que se anunciaba la destitución de todos los diputados electos a la Asamblea Nacional y de los titulares de los Poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, todo ello entre vítores y aplausos de la burguesía venezolana presente en el acto. El gobierno golpista fue rápidamente reconocido por Estados Unidos y España, pero no por los países latinoamericanos (incluido Brasil, gobernado entonces por Fernando Henrique Cardoso).

Lo que la televisión privada no mostró fue la efervescencia social que empezaba a tomar forma en los barrios populares y favelas de Caracas. A pesar de la intensa represión policial, la población empezó a organizar barricadas, piquetes, cierres de calles y manifestaciones, exigiendo el regreso de Chávez y afirmando que no había dimitido, sino que había sido secuestrado. En la mañana del 13 de abril, consejos comunales, asambleas de vecinos y otros colectivos chavistas tomaron las calles de la capital del país en una marcha hacia el Palacio de Miraflores para exigir el regreso de Chávez.

Con el Palacio asediado por la población, los militares leales a Chávez que custodiaban el edificio entraron en acción y retomaron el Palacio, deteniendo a varios miembros de la cúpula golpista. Carmona y otros consiguieron escapar. Las masas congregadas frente al Palacio enloquecieron cuando los marines subieron al tejado del edificio y alzaron la boina roja, el símbolo chavista. Al difundirse la noticia del éxito del contragolpe, varios cuarteles de todo el país enviaron mensajes a Miraflores afirmando estar con la Constitución y con el presidente Chávez.

Sin embargo, aún no se había encontrado al presidente. Se multiplicaron los rumores de que sería ejecutado o entregado a Estados Unidos. Una vez más, con la participación de militares leales a la Revolución Bolivariana, Chávez fue rescatado y regresó en la madrugada del día 14 a Miraflores, donde fue recibido por una multitud que lo esperaba al coro de «ha vuelto, ha vuelto». Fueron tres días dramáticos que dejaron decenas de muertos y un país fracturado. En menos de 72 horas el golpe fue derrotado por la gran movilización popular y la acción de los militares leales a Chávez. He aquí dos características esenciales de la Revolución Bolivariana y de cualquier movimiento revolucionario que se precie: la organización de las masas y la politización de los militares en una línea socialista y antiimperialista son necesarias para el mantenimiento de cualquier gobierno popular. El resultado del golpe fallido señalaría a la oposición como golpista y al chavismo como una fuerza democrática y pacífica.

Pero la oposición de derechas y el capital internacional no se rendirían tan fácilmente y probarían una última carta a finales de 2002 y principios de 2003. Un paro petrolero, cuando se paralizó prácticamente toda la producción de petróleo y derivados en el país, demostrando la fuerza que aún tenía la burocracia puntofijista dentro de PDVSA y otros sectores de la producción petrolera. Las consecuencias para la población fueron devastadoras: escasez de gasolina en las estaciones de servicio, desabastecimiento de alimentos, cierre de restaurantes y centros comerciales, todo ello amplificado por una cobertura mediática parcial que culpaba al gobierno del caos provocado por los empresarios. Los bancos cerraron y se produjo una fuga de capitales del país.

Chávez volvió a mostrar su valentía y se enfrentó al paro, llevando a cabo una redada en PDVSA y las fuerzas armadas, despidiendo y destituyendo a los saboteadores de puestos clave. Venezuela, propietaria de las mayores reservas de petróleo del mundo, tuvo que importar gasolina para hacer frente a la escasez. Las Fuerzas Armadas fueron activadas para tomar el control de pozos petrolíferos, plataformas, barcos y refinerías. Con un mes de parálisis y sin perspectivas de derrocar al gobierno, la burguesía no pudo soportarlo y tuvo que reabrir sus negocios. La derecha del país estaba totalmente desmoralizada al perder todos los pulso con el gobierno. Por otro lado, Chávez consolidó su hegemonía popular y consiguió poner en marcha su plan. La Constitución estaba reformada, la economía se recuperaría ahora bajo la égida de la soberanía nacional y en términos antineoliberales, y la mayoría de la población, superviviente de terribles calvarios, estaba dispuesta a dar su sangre por la Revolución Bolivariana.

La situación estaba clara para Chávez: con el control de la política y la economía, esta población, que había luchado valientemente, debía ser asistida en sus necesidades. Y la continuidad y profundización de su proyecto no cabía en el capitalismo dependiente.

Socialismo del siglo XXI

Una vez ganadas las batallas decisivas para el mantenimiento de su proyecto, Chávez comenzó a desarrollar formas de atender los problemas de la población y declaró la Revolución Bolivariana como una revolución socialista, ya en 2001. Educación, sanidad, vivienda, seguridad social, apoyo a cooperativas, comunas y microempresas fueron algunas de las políticas públicas impulsadas por Chávez que cambiaron el panorama social de Venezuela. De ser uno de los países más desiguales del continente, castigado por décadas de crisis económica, el país empezó a mostrar mejoras en los indicadores sociales, al mismo tiempo que la economía cobraba un nuevo impulso con la subida de los precios del petróleo. Es importante señalar que las acciones del gobierno siempre van acompañadas de la politización y organización de la población.

Se establecieron las «Misiones», programas sociales vinculados directamente al gobierno federal, evitando así las burocracias estatales y municipales y mejorando el contacto de la población con el gobierno revolucionario. La primera misión importante fueron las «Misiones dentro de tu barrio», que establecieron dispensarios médicos en todos los barrios y favelas del país. Se construyeron pequeñas casas en las propias comunidades para que el médico pudiera residir en la comunidad, siendo la parte inferior de la casa una consulta y la superior su residencia. Incluso con los incentivos del gobierno, la elitista profesión médica del país se adhirió poco al proyecto. La solución fue un acuerdo con Cuba, que envió más de 20.000 médicos (así como profesionales de la educación y el deporte) a cambio de petróleo por debajo del precio de mercado. La conocida acción solidaria internacional de la medicina cubana recibió una enérgica reacción de la derecha del país, pero poco a poco se fue ganando al pueblo venezolano, especialmente a los más pobres (muchos de los cuales no habían visto un médico en su vida).

En materia de educación, se llevó a cabo una reforma total de la enseñanza básica y se distribuyeron tabletas educativas a todos los niños matriculados en la escuela pública. La ONU reconoció a Venezuela como territorio libre de analfabetismo en 2005, una situación muy diferente a la de países de la región con más recursos, como Brasil. Se crearon varias universidades públicas y se mejoró el acceso a la educación superior, algo que era exclusivo de las clases adineradas. La mayoría de las universidades del país eran privadas y/o estaban controladas por la Iglesia Católica (muy conservadora y alineada con la derecha del país). En este contexto, la creación de las «universidades bolivarianas», así como la mejora de la Escolarización Básica, no fue solo una política educativa, sino también una necesidad revolucionaria de educar a una población hasta entonces desfavorecida y también de producir conocimientos para la emancipación nacional, en contra de una educación mercadológica y colonizada. Hasta hoy existe una fuerte división político-ideológica, que se manifiesta incluso en el movimiento estudiantil del país, entre los educados en escuelas públicas —que tienden a ser de izquierdas— y en escuelas públicas —que tienden a ser de derechas—.

Una de las mayores acciones del gobierno bolivariano es la Gran Misión Vivenda Venezuela, un programa de construcción de viviendas populares con el objetivo de reducir a cero el déficit de viviendas del país. La Misión no se limitó a construir edificios con pisos minúsculos (como en Brasil), sino a levantar auténticos barrios enteros, de bloques de pisos de 2 a 3 dormitorios (según el tamaño de la familia), con infraestructuras de transporte, pistas deportivas y espacios comunes (para fiestas y asambleas políticas). Lo más importante es que los pisos no pueden venderse, y funcionan bajo una especie de propiedad familiar, en la que la propiedad solo puede transmitirse a los hijos y a otros miembros de la familia. Esto impide que las viviendas caigan en el mercado inmobiliario y, al mismo tiempo, que las ocupen quienes realmente las necesitan, personas que vivían en zonas de riesgo, además de garantizar que cada familia tenga siempre un techo bajo el que cobijarse. La mayoría de los pisos ya están equipados con cocinas, frigoríficos, lavadoras y microondas, gracias a los acuerdos con China que intercambian estos aparatos por petróleo.

La seguridad social fue una de las grandes revoluciones sociales de la Revolución Bolivariana. La cobertura de las jubilaciones, pensiones y ayudas a los necesitados aumentó enormemente bajo Chávez, garantizando ingresos fijos a los ancianos y discapacitados, lo que aumenta indirectamente los ingresos de toda la familia. El gobierno reconoció la profesión de «ama de casa», garantizando el derecho a la jubilación a millones de mujeres que nunca han estado en el mercado laboral formal. En 2018 Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en el que el 100% de sus ancianos reciben algún tipo de prestación de jubilación.

La legislación laboral tiene al trabajo como elemento principal en la creación de la riqueza del país. Reconoce el trabajo como un derecho, según la capacidad de cada persona (incluidas las personas con discapacidad), prohíbe el despido sin causa justificada (estabilidad laboral), garantiza dos días de descanso semanal para todos los trabajadores —ambos días deben ser consecutivos—, prohíbe la subcontratación y la desigualdad salarial por género y otros tipos de discriminación, y reconoce las lenguas indígenas como oficiales, lo que permite el acceso a las normas, leyes y justicia laboral en la lengua originaria de estos pueblos. Se prohíbe el despido de madres y padres trabajadores hasta dos años después del nacimiento de sus hijos (derecho extendido a los padres adoptivos). Es importante señalar que, incluso durante la guerra económica a la que se enfrenta Venezuela bajo el gobierno de Maduro, el desempleo aumenta poco en comparación con otros países de la región, precisamente debido a esta legislación protectora combinada con otras formas de organización laboral.

La comunicación ha sido uno de los puntos en los que más ha invertido el chavismo. Para combatir a unos medios de comunicación totalmente hostiles al gobierno, dentro y fuera del país, la Revolución Bolivariana invirtió en la construcción de un sistema nacional de comunicación, que aglutina canales de televisión, emisoras de radio, periódicos impresos y portales de Internet —incluyendo un gran trabajo en las redes sociales, especialmente Twitter, la más popular entre los venezolanos—.

Quizá la iniciativa más audaz haya sido Telesur, un canal de televisión que también emite por internet que se propone ser una «CNN de la izquierda», con noticias las 24 horas del día, con señal para varios países latinoamericanos, apoyada en coparticipación con los gobiernos de Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay. El país también ha firmado acuerdos de comunicación con otras naciones para intercambiar contenidos periodísticos, como China, Rusia e Irán, eliminando el monopolio de las agencias de noticias occidentales. También se modificaron las leyes que regulan los medios de comunicación para regular la calificación por edades de cada programa, garantizar el derecho de réplica a las personas difamadas por la prensa y reconocer las iniciativas de medios comunitarios, entendiendo el acceso y la producción de comunicación como un derecho democrático del pueblo venezolano.

En el plano internacional, Chávez situó a Venezuela como punta de lanza en el proceso de integración latinoamericana, principalmente en los diálogos con los gobiernos Lula y Dilma (Brasil) y Néstor y Cristina Kirchner (Argentina). Los tres países fueron en gran medida responsables del fracaso del deseo norteamericano de formular el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). Reunió a los países con proyectos socialistas de la región en el ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América); formuló Petrocaribe, una red comercial socialista en la que Venezuela vende petróleo en condiciones favorables a los países caribeños y recibe a cambio alimentos y servicios en los que los demás participantes son especialistas; articuló la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), oportunidades para la integración regional y la reducción de la influencia norteamericana en la región. Más allá de América Latina, la diplomacia bolivariana se guio por la creación de un mundo multipolar, con respeto a la soberanía de los pueblos, forjando importantes lazos con China, Rusia y los países de la OPEP y del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). En los momentos de más agudo ataque del imperialismo norteamericano, esta amplia red diplomática llevada adelante por Chávez y continuada por Maduro resultó invalorable, poniendo en evidencia los ataques de EE.UU., apoyado por sus socios europeos y gobiernos serviles de América Latina.

A partir de estas y otras iniciativas, la Revolución Bolivariana ha echado raíces firmes y sólidas en la sociedad venezolana, e incluso es un participante destacado en la geopolítica regional e internacional. La Revolución no fue solo el liderazgo de Chávez, sino un gigantesco movimiento social, que sacudió a todo el país y se hizo presente en todos los sectores de la sociedad. Revolución en el sentido más profundo de la palabra: basada principalmente en los trabajadores pobres, que empezaron a organizarse en diversas formas de participación reconocidas por la Constitución y fomentadas por los poderes públicos. El Socialismo del Siglo XXI preconizado por Chávez debe avanzar hacia un «Estado Comunal» donde las formas organizativas de la población reciban cada vez más poder político y económico, disminuyendo el Estado actualmente existente, que pasa a ser mucho más un órgano técnico para atender a las necesidades deliberadas por el pueblo, con el objetivo de su total extinción.

Utilizando términos clásicos, podríamos calificar esta idea como una vía venezolana al socialismo y al comunismo. El marxismo se mezcla aquí de forma original con ideas de la Teología de la Liberación y de la cultura del país, que contiene importantes aportaciones de origen indígena y afrovenezolano, así como experiencias comunitarias autoorganizativas anteriores a la Revolución Bolivariana.

A los consejos comunales, que ya se encargaban de planificar y ejecutar obras y mejoras en sus localidades, se unen fábricas y servicios cooperativos, o autoorganizados, con el apoyo de los poderes públicos. De la confluencia de estas diversas experiencias socialistas surgen las comunas, entidades que pretenden ser el embrión del poder popular y de la transición socialista en Venezuela. Las comunas son entidades territoriales, que engloban las iniciativas descritas anteriormente, con el objetivo de la autoproducción y el autogobierno. Se trata de un proceso intrincado, en el que estas entidades pasan de ser ejecutoras autogestionadas de fondos públicos, a propietarias de medios de producción y servicios, con tendencia a dejar de depender del Estado, siendo gestionadas por un «parlamento comunal», en el que participan todas las entidades que integran la comuna. Un proyecto de transición al socialismo, donde los medios de producción y servicios, así como algunas esferas de poder pasen a manos del pueblo, dejando al gobierno solo las cuestiones más estratégicas. Estos son los principales objetivos de la Revolución Bolivariana: construir el Socialismo del Siglo XXI y el Estado Comunal.

Victoria perfecta y muerte de Chávez

A través de la democracia directa y protagónica, el chavismo construyó su propio modelo de socialismo, basado en la participación popular. La reestructuración de los diversos sectores de la economía y la recuperación de los precios del petróleo a lo largo de la década de 2000 permitieron al gobierno satisfacer las demandas de la población, combinadas con una diplomacia orientada a la integración latinoamericana y la multipolaridad, que garantizó la diversificación de los socios económicos del país y también la seguridad frente a los ataques de EE.UU.. Chávez fue reelegido en 2006 con una victoria aplastante: el 62,84% de los votos.

Como todas las revoluciones, el avance del proceso divide a la sociedad, potencia a los enemigos y provoca traiciones. Algunos aliados de Chávez, tanto en el ámbito militar como en el partidista, rompieron con el gobierno al percibir la profundización de la revolución y su connotación socialista. El chavismo también avanzó en términos organizativos, fusionando varias organizaciones de izquierda en una única organización, el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y consolidando una nueva doctrina militar, antiimperialista y socialista, especialmente en la formación del nuevo cuerpo de oficiales. Las organizaciones populares de barrios, favelas y centros de trabajo también empezaron a recibir más apoyo en su estructuración y formación política. El avance del proceso revolucionario está haciendo más compleja e intrincada la lucha de clases.

Chávez se enfrentó a un cáncer, que reapareció en 2012, momento de nuevas elecciones presidenciales. Las elecciones adquirieron los colores de una batalla decisiva. Tanto la derecha como el propio chavismo consideraban que seis años más de gobierno del presidente harían irreversible la revolución. El colegio electoral venezolano duplicó su tamaño durante el gobierno de Chávez, pasando de 10 a 20 millones de ciudadanos con derecho a voto. Buena parte de la población carecía de carné de identidad, y sin este documento se les impedía ejercer su derecho al voto. Fue el gobierno de Hugo Chávez el que promovió una gran campaña de documentación, otorgando el registro de identidad a los ciudadanos y con ello su registro electoral.

El capital internacional volcó muchos recursos en la elección del candidato Henrique Capriles, representante de una unidad de partidos de derecha en el país, llamada MUD (Mesa de Unidad Democrática). Para ello, Capriles se presentó como un «derechista light» que reconocía las políticas públicas chavistas como responsables de la mejora de los indicadores sociales y se comprometía a mantenerlas. Capriles llegó a decir que su inspiración era el gobierno de Lula en Brasil y que su candidatura era una propuesta para unir a todos los venezolanos, despolarizando la sociedad. Su campaña entusiasmó a los votantes conservadores y sus mítines atrajeron a grandes multitudes.

Chávez ya estaba debilitado por el cáncer y, sin embargo, no rehuyó hacer campaña. Allá donde iba, una masa de gente vestida de rojo seguía al Comandante y respondía a su llamamiento a una «victoria perfecta» en las próximas elecciones. El acto final de la campaña adquirió tintes antológicos, dignos de los procesos revolucionarios. Una multitud de más de un millón de personas abarrotó la avenida Bolívar bajo una intensa lluvia que dio contornos aún más épicos al acontecimiento. Aquel 4 de octubre de 2012 Chávez pronunció uno de sus discursos más grandiosos, que pasó a conocerse como «el relámpago bajo la lluvia». También fue una despedida. Chávez ganaría las elecciones unos días después y moriría cinco meses después de las elecciones.

Las elecciones presidenciales de 2012 fueron las mayores de la historia de Venezuela hasta la fecha (diciembre de 2019). Con una participación del 80,56% del electorado, que sumó más de 15 millones de votos (en un colegio electoral de 18 millones de votantes), Hugo Chávez fue reelegido con el 55,07% (más de 8,1 millones de votos) frente al 44,31% de Capriles (más de 6,5 votos). Fue la votación más alta para un candidato presidencial en la historia del país hasta el momento. Chávez había alcanzado la increíble marca de 4 victorias electorales consecutivas, recibiendo siempre más votos que en la elección anterior.

Dos meses después de las elecciones, en diciembre de 2012, Chávez hizo su última declaración a la nación en una cadena de radio y televisión, en la que detalló que necesitaba retirarse para tratar su cáncer en Cuba. Dejó claro a la población que el caso era grave y que podría no regresar. Y fue directo al señalar que, si ocurría lo peor, el pueblo debía elegir a Nicolás Maduro como presidente de la república. Maduro, entonces vicepresidente, estaba a su lado, al igual que otras figuras destacadas del chavismo. La escena es histórica, ya que era la primera vez que un líder revolucionario indicaba tan directamente a la población quién sería su sucesor. El acto garantizaría la unidad futura del chavismo, a diferencia de otros procesos revolucionarios, en los que la desaparición física de su principal liderazgo daba lugar a disputas fratricidas por el poder o incluso a la contrarrevolución.

En enero, cuando debía tomar posesión para el nuevo mandato, una multitud acudió a la sede del Poder Electoral (Consejo Nacional Electoral – CNE) para «tomar posesión» en lugar de Chávez, mostrando su lealtad al Comandante. Maduro gobernó el país y realizó constantes viajes a Cuba para visitar al presidente. A principios de marzo, Chávez regresó a Venezuela, trasladado a una unidad médica militar. El 5 de marzo de 2013 falleció por complicaciones causadas por un cáncer. Maduro, entre lágrimas, junto con otros dirigentes chavistas, dio la noticia en cadena de radio y televisión.

Según la legislación electoral venezolana, si el presidente fallece en la primera mitad de su mandato —como era el caso— deben convocarse nuevas elecciones. Ante el luto por la pérdida de su Comandante en Jefe, el chavismo tendría que prepararse para una nueva batalla electoral, la más difícil de su historia. Al velatorio de Chávez asistieron multitudes por las calles de Caracas y en el mausoleo construido para él en el mismo cuartel donde se sublevó el 4 de febrero de 1992. Líderes de todo el mundo asistieron a su funeral. Chávez dejó la vida y entró en la historia.

Maduro, el sucesor

En menos de un año, Venezuela se dirigía de nuevo hacia unas elecciones presidenciales. Con la muerte de Hugo Chávez antes de finalizar su mandato, una nueva elección sería el camino constitucional establecido. Tras el último mandato de Chávez, Nicolás Maduro fue presentado como su sucesor. Maduro construyó su militancia en el sindicalismo en el sector del transporte (fue conductor de autobús y también trabajó en el metro de Caracas), apoyó al 4F, estando con Chávez desde el principio de su ascenso. Fue diputado constituyente en 1999 y luego ministro en varias áreas del gobierno, incluida la cancillería. Fue vicepresidente en el nuevo mandato de Chávez, y ya gobernaba de facto mientras su padrino político se trataba en Cuba. Su candidatura y su victoria representaban la continuidad y la unidad del chavismo, así como una elección personal del propio líder fallecido.

La derecha, siempre apoyada por el capital internacional, vio su gran oportunidad. Por primera vez en casi quince años no tendría que disputar la presidencia de la república a un mito político. Percibió el momento y se lanzó a la cabeza, de nuevo con una gran campaña en torno a Henrique Capriles, el candidato unido de la MUD derrotado por Chávez el año anterior. Con la desaparición física de Chávez se abrió una nueva coyuntura para Venezuela y la derecha sintió la posibilidad de la victoria. Para ello trazó una estrategia que se convertiría en habitual a partir de ese momento. Invierte fuertemente en las elecciones cuando ve una clara posibilidad de victoria, pero desconoce los resultados en caso de derrota. En cada campaña electoral, la derecha, al recibir un resultado negativo, grita «fraude», sin presentar nunca pruebas, pero reconoce inmediatamente el resultado de las elecciones en las que resulta vencedora.

El 14 de abril de 2013, el país fue testigo de las elecciones más reñidas de su historia, superando a las del año anterior. La participación fue similar (en torno al 79%), pero la diferencia entre los candidatos fue minúscula. Maduro ganó con el 50,61% (7,5 millones de votos), frente al 49,12% de Capriles (7,3 millones de votos). Muchos votantes que habían votado a Chávez, o que no participaron en las elecciones, votaron a Capriles, lo que demuestra que la ausencia de su máximo dirigente anunciaba tiempos difíciles para el chavismo. Capriles no reconoció los resultados, alegando fraude, nunca probado, y llamó a la población a «descargar su indignación en las calles». Esta fue la contraseña para los ataques incendiarios contra sedes de organizaciones identificadas con el chavismo y el asesinato de militantes de izquierda.

La violencia callejera, con el uso de explosivos y los ataques incendiarios, junto con el desconocimiento de los resultados electorales se convirtieron en la posición de la derecha venezolana. Ya al año siguiente de la elección de Maduro, en 2014, parte de la oposición de derechas convocó la campaña La Salida, una oleada de movilizaciones por el «derrocamiento de la dictadura». Enormes movilizaciones en los barrios ricos de Caracas y otras ciudades acabaron con disturbios generalizados, ataques incendiarios contra edificios públicos y la muerte de transeúntes, participantes o no en tales «manifestaciones». Un mes de campaña dejó un rastro de más de 40 muertos. El gobierno recurrió a los tribunales, a través del Poder Ciudadano, y detuvo a los líderes de las manifestaciones, entre ellos Leopoldo López, dirigente del partido de extrema derecha Voluntad Popular, acusado de ser el cerebro intelectual de las muertes ocurridas durante La Salida.

La intentona golpista fue sofocada pero dejó lecciones para la derecha. En primer lugar, La Salida fue capitaneada por una agrupación de extrema derecha, minoritaria en la MUD, principalmente el partido Voluntad Popular y otros partidos más pequeños. Un golpe exitoso requeriría la unidad de la derecha y el apoyo logístico de la embajada estadounidense. En segundo lugar, la mayoría de la población, gente de clase trabajadora que vive en los barrios populares, no se unió a las manifestaciones, ya que las percibían como una rebelión de los ricos contra los logros de la Revolución Bolivariana, menos de un año después de las elecciones presidenciales. La politización y la mejora material de la vida del pueblo fue el gran legado de Chávez.

Estados Unidos comprendió que no habría apoyo popular para un golpe contra Maduro mientras las condiciones de vida de los venezolanos siguieran mejorando, como señalaban los indicadores sociales. Era necesario aislar al chavismo de las masas, colapsar el país y presentar a Venezuela internacionalmente como una dictadura.

Guerra económica, avance imperialista

La situación latinoamericana en la década de 2010 cambió radicalmente. Los efectos de la crisis desatada en 2008, que afectó primero a Estados Unidos y a la Unión Europea, comenzaron a golpear con mayor fuerza a la periferia en esta década. Su principal manifestación fue la caída del precio internacional de las materias primas, con la contracción de la demanda. Para los países que tienen los productos primarios como elemento principal de su programa de exportación, esto significa una caída de los ingresos y un déficit en la balanza comercial. Con menos efectivo en mano, menos inversión en bienestar e infraestructuras. Venezuela se vio directamente afectada por la drástica caída del precio del petróleo, que en un periodo de tres años pasó de más de 100 dólares a menos de 30. También pesó la acción geopolítica de Estados Unidos para forzar a la baja el precio internacional del oro negro, aumentando la explotación del fracking y utilizando a Arabia Saudí para inundar el mercado con una oferta muy elevada.

Junto con los cambios en la economía mundial, los gobiernos progresistas de la región han llegado a ciertos cuellos de botella en sus propuestas, al mismo tiempo que el imperialismo estadounidense ha avanzado en la desestabilización de sus adversarios regionales. Los golpes de Estado en Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016), sumados a las victorias electorales de Mauricio Macri en Argentina (2015) y Jair Bolsonaro en Brasil (2018), así como la escisión de la izquierda ecuatoriana entre partidarios de Rafael Correa y Lenín Moreno (2017), prácticamente aislaron a Venezuela en Sudamérica. Estados Unidos comenzó a articular los gobiernos de derecha en la región, vaciando la UNASUR y la CELAC, creando incluso el Grupo de Lima, una agrupación de países gobernados por la derecha con el único propósito de desestabilizar a Venezuela, algo inédito en la historia latinoamericana.

Es notable el cambio de postura de la injerencia norteamericana en Venezuela. Si antes el gobierno estadounidense apoyaba logísticamente a la derecha venezolana, que nunca logró cumplir los deseos de su amo, desde el final de la administración Obama, y especialmente con Donald Trump, el Departamento de Estado y la CIA comenzaron a dirigir directamente las posiciones de la oposición en Venezuela, además de buscar coordinar las acciones de los gobiernos de derecha en la región para aislar al chavismo en América Latina. El país caribeño se convirtió en uno de los más afectados por la llamada Guerra de Cuarta Generación:

En la definición conceptual actual, la columna vertebral de la Guerra de Cuarta Generación recae en el concepto de «guerra psicológica» o «guerra sin fusiles», que se denominó así por primera vez en los manuales de estrategia militar de la década de 1970. En su definición técnica, la «Guerra Psicológica» o «Guerra sin Fusiles» es el uso planificado de la propaganda y la acción psicológica dirigidas a dirigir el comportamiento en pos de objetivos de control social, político o militar, sin recurrir al uso de las armas. Los ejércitos militares son sustituidos por grupos operativos descentralizados, expertos en insurgencia y contrainsurgencia, y expertos en comunicación y psicología de masas (Freytas, 2010).

En esta guerra «sin fusiles» se utilizan las redes sociales y los grandes conglomerados mediáticos corporativos, que siguen la posición dictada por el Departamento de Estado estadounidense. Se desencadenan sabotajes y sanciones internacionales, lo que se denomina «guerra económica». Donald Trump ha prohibido el comercio de cualquier empresa estadounidense (o extranjera con sucursales en Estados Unidos) con el gobierno venezolano y PDVSA, además de prohibir la compraventa de bonos de deuda del país, acciones de la petrolera estatal y otras transacciones en el mercado financiero estadounidense. Esto impide a Venezuela pagar sus contratos internacionales, aunque así lo desee, porque las formas de pago están bloqueadas para las negociaciones con los acreedores. También están limitadas las negociaciones para la compra de alimentos y medicinas en el mercado internacional, además de los negocios de PDVSA en Estados Unidos (cerca del 30% de las exportaciones de petróleo venezolano, refinerías y una red de gasolineras en territorio estadounidense).

Además del cerco comercial-financiero-mediático internacional, la situación se deterioró internamente. Las empresas privadas comenzaron a practicar el sabotaje, produciendo muy por debajo de su capacidad, almacenando alimentos, practicando el mercado negro, contrabandeando productos a Colombia, desviando los dólares concedidos por el gobierno para la importación de mercancías, entre otras prácticas, a la especulación. El resultado fue la escasez de productos de primera necesidad como alimentos, productos de higiene y limpieza, así como medicinas, lo que provocó que la inflación se disparara y redujera el nivel de vida de las familias venezolanas. El objetivo de esta acción coordinada entre los organismos gubernamentales estadounidenses y la burguesía local era deteriorar las condiciones materiales de vida de la población, que habían mejorado significativamente con la Revolución Bolivariana, y provocar así un descontento general (guerra psicológica) que rompiera la hegemonía chavista en la sociedad y las instituciones, conduciendo al golpe de Estado.

Por supuesto, los ataques enemigos no justifican por sí solos los problemas que sufriría la Revolución Bolivariana a partir del gobierno de Maduro. Un cierto estancamiento se apoderó de la acción del gobierno y el propio presidente parece haber tardado en sentirse a gusto con la responsabilidad de suceder a un mito político como Chávez. Han empezado a surgir las contradicciones inherentes a todo proceso revolucionario, principalmente entre las formas organizativas populares (comunas, consejos comunales, etc.) y la burocracia institucional. Son problemas inevitables de un proceso que pretende la transformación radical de la sociedad y corresponde a la dirección revolucionaria saber mediar en los conflictos para mantener la unidad, pero con el foco puesto en el avance del proceso. Otro punto es la corrupción en los organismos públicos, los privilegios en el acceso a los productos en tiempos de escasez para la población y la ineficiencia en las industrias y empresas nacionalizadas o entregadas a los trabajadores por el Estado. La acción del gobierno revolucionario no puede vacilar a la hora de combatir las desviaciones internas y de intervenir en las acciones ineficaces. Cuando un gobierno revolucionario no actúa con firmeza en estas cuestiones, la población se desencanta de la revolución y se aleja. Esto es lo que ocurrió en el caso venezolano entre 2013 y 2017.

A finales de 2015, la derecha logró una rotunda victoria al obtener 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional, haciéndose con el control del poder legislativo, con un mandato válido hasta 2021. La mayoría de derechas empezó a utilizar el poder legislativo para sabotear y derrocar al ejecutivo, además de intentar derogar las leyes anticapitalistas hasta entonces vigentes. En el ámbito internacional, aprovechando la ofensiva imperialista en América Latina, la Asamblea Nacional ha llegado a ser reconocida por Estados Unidos como el único interlocutor válido de Venezuela, en un intento de crear un poder dual. Se hicieron varios intentos de dividir a las Fuerzas Armadas, de provocar un golpe de Estado o la balcanización del país, sin conseguirlo.

La Asamblea Nacional acabaría por no reconocer a Maduro como presidente legítimo y empezaría a dictar normas al margen de la Constitución, chocando con los demás poderes de la República, especialmente con el Judicial. A mediados de 2017, el Tribunal Supremo llegó a asumir las prerrogativas del Poder Legislativo, pero dio marcha atrás a petición del propio Maduro. Sin embargo, la desobediencia constitucional de la Asamblea Nacional continuó y comenzó a desconocer a cualquiera de los otros cuatro poderes del país (Ejecutivo, Judicial, Electoral y Ciudadano), así como a «llamar» sucesivamente a las Fuerzas Armadas a tomar partido contra Maduro, lo que llevó al Tribunal Supremo a decretar que el Legislativo estaba en «desacato» y por tanto sus actos eran nulos, hasta que volviera a las normas constitucionales. Esta actuación del poder judicial hizo imposible que la derecha utilizara el Legislativo como medio para desestabilizar el país.

La desestabilización alcanzó su punto álgido en 2017, cuando el país fue masacrado por tres meses de manifestaciones violentas de la derecha en las que murieron más de 140 personas. Tras un año y medio de guerra económica y psicológica dirigida al descontento social y a la desestabilización y aislamiento internacional de Venezuela, la oposición, junto con el gobierno estadounidense, comenzó a convocar grandes manifestaciones en los barrios ricos de las grandes ciudades, especialmente en Caracas. En respuesta, el gobierno y sus partidarios también organizaron marchas de resistencia a la escalada golpista. La Guardia Bolivariana (una agrupación policial creada por las Fuerzas Armadas precisamente para evitar policías corruptos y a veces bajo las órdenes de políticos de la oposición en estados gobernados por la oposición) actuó para impedir que se reunieran las dos manifestaciones, ambas multitudinarias, y evitar así que se repitieran las bárbaras escenas de 2002. Los líderes de la derecha insistieron en dirigir las manifestaciones contra el cordón policial y golpear la manifestación chavista. Esto provocó que los conflictos entre la Guardia Bolivariana y los manifestantes antigubernamentales se hicieran más frecuentes y letales. Cabe destacar que la Guardia Bolivariana, a diferencia de otros países, no utiliza balas de goma, ni mucho menos munición letal, empleando únicamente gases lacrimógenos, porras y cañones de agua como recursos antidisturbios.

Lo que comenzó como enfrentamientos al final de las manifestaciones entre la oposición y la policía evolucionó hacia una sucesión de acciones coordinadas contra edificios públicos, sedes regionales del PSUV y ataques terroristas contra instalaciones militares, así como el asesinato de personas «acusadas» de ser chavistas. Ha habido ataques incendiarios contra estaciones de metro (construidas por el gobierno bolivariano), depredaciones de las sedes del Poder Judicial, del Poder Ciudadano y de medios de comunicación vinculados al gobierno, cierre de calles y a veces de barrios enteros en zonas de residencia de las clases más pudientes. Se ha quemado viva a gente en manifestaciones de derechas por ser supuestamente infiltrados chavistas.

El país prácticamente colapsó, sobre todo en el abastecimiento de productos de primera necesidad, y diversas actividades económicas quedaron paralizadas por la violencia de la derecha. Pronto ya no hubo las grandes manifestaciones convocadas por los políticos de la oposición, sino solo grupos enmascarados que aparecían de la nada y empezaban a romper cosas (¡y personas!) y a prenderles fuego, actos que en cualquier parte del mundo se clasificarían como terroristas, pero que los medios corporativos internacionales presentaban como manifestaciones legítimas reprimidas por la «dictadura de Maduro».

Con la excepción del fallido golpe de 2002, éste fue el momento en que la Revolución Bolivariana estuvo más cerca de su fin. El gobierno empezó a no reprimir directamente los actos terroristas, sino a reaccionar ante ellos, al tiempo que utilizaba los servicios de inteligencia para desmantelar estos grupos criminales y descubrir sus redes, que incluían a dirigentes políticos de la derecha del país. Maduro llamó repetidamente a la oposición al diálogo, sin resultado.

Sin embargo, la prolongación de la táctica de la violencia, sin lograr su objetivo (derrocar al gobierno, o al menos partir el país por la mitad), empezó a tener el efecto contrario. Como los barrios y calles bloqueados estaban situados en las zonas acomodadas de las ciudades, los habitantes de estas localidades, en su mayoría partidarios de la derecha, empezaron a abandonar las manifestaciones —cada vez más violentas— y a quejarse de que la vida cotidiana era inviable. El comercio y otros sectores daban cuenta de la pérdida de días parados cada vez que había una manifestación. La derecha empezó a dinamitar su propia base social y perdió cualquier tipo de apoyo ante la violencia y el caos perpetrados por el terrorismo. Este fue el momento exacto en el que el chavismo contraatacó y recuperó la hegemonía social.

Nueva Asamblea Constituyente y resurgimiento chavista

Para detener la escalada golpista, Maduro convocó una nueva Asamblea Constituyente, reviviendo el punto fundacional del chavismo como fuerza social. La Asamblea Constituyente era una oportunidad para que todos los sectores y fuerzas de la sociedad venezolana participaran en una limpieza del país, reescribiendo la carta magna. Se trataba de descartar la violencia como método de disputa política, llevando esta disputa a un terreno de amplia participación popular, sin imposición de bandos. Y este fue exactamente el sentido de la aplastante derrota de la derecha venezolana en aquel momento. Se negó a participar en la Asamblea Constituyente y con ello dio una señal de debilidad a toda la población —y especialmente a su propia base social— de que no tenía la mayoría social que decía tener. Nadie que ostente la mayoría se negará a participar en una votación que tiene el poder de remodelar las leyes del país.

La actuación de Maduro y de las fuerzas bolivarianas también respondió a la sensación de hartazgo de la población ante los actos violentos. Existe un intenso sentimiento popular en el país, construido por el chavismo, de rechazo a cualquier solución política de fuerza y de valoración de la participación ciudadana en los momentos decisivos. Con la iniciativa, Maduro ha aislado a la derecha en una lógica de «paz vs. violencia», presentando la Constituyente como la vía para una salida pacífica a la crisis y dejando a la oposición como responsable del caos.

La composición de la Asamblea Constituyente fue una verdadera lección de democracia participativa y de innovación en un momento en que la «democracia» representativa liberal está siendo cuestionada en todo el mundo. La votación ignoró el sistema de partidos políticos, abrió la posibilidad de que cualquier ciudadano se presentara a un escaño en la Asamblea Constituyente, sin necesidad de estar afiliado a un partido, y dividió a los constituyentes en dos ámbitos: territorial y sectorial.

• Territorial: cada municipio venezolano tenía derecho a elegir 1 diputado constituyente, a excepción de las capitales de estado, que elegían 2, y la capital federal, Caracas, que elegía 7 representantes.
• Sectorial: se delimitaron 8 sectores sociales, a los que los ciudadanos podían votar y presentarse, siempre que se inscribieran ante el Consejo Nacional Electoral en el sector elegido: trabajadores; empresarios; campesinos y pescadores; jubilados y pensionistas; estudiantes; indígenas; personas con necesidades especiales; representantes de comunas y consejos comunales.

Algunos de los sectores tenían subdivisiones, como estudiantes (escuelas públicas y misiones), trabajadores (petróleo, comercio, etc.), etc. La votación para la Constituyente garantizaba una representatividad real, siguiendo la proporción social (había unos 5 representantes empresariales y más de 100 obreros) y favoreciendo a las personas que realmente destacaban como líderes en cada área, ya que no había participación de los partidos políticos, y el candidato tenía que ser una referencia en su territorio o sector para lograr la victoria. Los representantes indígenas eran elegidos por separado, por esa misma población, según sus costumbres ancestrales.

Los ataques terroristas de la derecha continuaron hasta el día de las elecciones constituyentes, el 30 de julio de 2017, cuando, a pesar de los ataques con bombas y el bloqueo de las calles, además de la campaña abstencionista, el 41% de la población con derecho a voto (más de 8 millones de personas) acudió a las urnas y eligió a 545 representantes. Las cifras totales de votos demuestran que la población venezolana prefirió la Constituyente por la paz, frente a la guerra y la violencia. Incluso intentando deslegitimar el proceso, la derecha venezolana acusó al golpe de estado. La violencia se evaporó totalmente de las calles al día siguiente de la Constituyente. Sus distintas direcciones comenzaron a discrepar sobre la postura a adoptar ante los hechos, lo que presagiaría la escisión. Contra todos los pronósticos, Maduro no cayó tras tres meses de fuertes presiones. Al contrario, dio el paso más audaz de su presidencia y salió victorioso, recuperando la hegemonía social, política y electoral del chavismo.

La Asamblea Constituyente se instaló e inició sus trabajos. Además de revisar la Constitución —con consultas temáticas a la población—, empezó a legislar para el país, como órgano supremo de la voluntad popular (un poder constituyente, y no constituido, como los demás). De poco sirvió el no reconocimiento por parte de otros países sumisos a los dictados de EE.UU., ya que la derecha local no tenía correlación de fuerzas para impedir la instalación y el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Con la reanudación de la hegemonía y el total descrédito de la oposición entre la población, la Asamblea Constituyente estableció la necesidad de una renovación total de los cargos ejecutivos del país. Se inició una secuencia de elecciones en las que el chavismo se alzó como claro vencedor. También en el segundo semestre de 2017, en las elecciones para gobernadores, el chavismo ganó en 19 de los 23 estados, lo que volvió a dejar claro que la derecha no tenía la mayoría social que afirmaba y desmontó cualquier narrativa de fraude, ya que consiguió salir victoriosa en 4 estados y reconoció los resultados. Poco después, los principales partidos que integraban la MUD, previendo un nuevo fracaso en las elecciones de alcaldes, se abstuvieron de participar en los comicios, dando al chavismo una colosal victoria en el 92% de los municipios, incluyendo 22 de las 23 capitales. El discurso era que la oposición se prepararía para las elecciones que «realmente importaban», las presidenciales, previstas para diciembre de 2018.

La Constituyente propuso entonces adelantar las elecciones presidenciales de diciembre a abril de 2018, para volver a dar a la población el derecho a elegir qué proyecto debe gobernar el país y ratificar que las disputas políticas deben hacerse de forma participativa y pacífica, no mediante la violencia impuesta por una de las partes. Maduro inició un ciclo de negociaciones con la oposición en República Dominicana, donde se acordaron todas las garantías electorales, además del reconocimiento mutuo de los Poderes y la liberación de las personas que no cometieron delitos violentos en las manifestaciones de 2017. Se acordó trasladar las elecciones presidenciales de abril a mayo y que fueran supervisadas por la ONU. Para sorpresa de todos, el día de la ceremonia en la que se iba a firmar el tratado de convivencia pacífica, con la mediación del ex presidente español José Luis Zapatero, la comitiva opositora recibió una llamada telefónica desde Colombia, donde se encontraba el entonces jefe del Departamento de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, y tras ello, se retiraron de la mesa diciendo que ya no cumplirían el acuerdo.

Esta acción aumentó aún más el descrédito de la oposición, ya que dejó claro que no participaría en las elecciones presidenciales (hasta entonces, su principal programa) y que estaba siendo guiada por las autoridades estadounidenses. Si afirmaba tener mayoría, ¿por qué nunca participó en las elecciones? Si no participa en las elecciones, ¿cómo quiere llegar al poder? ¿Guerra civil y apoyo a una invasión de EE.UU.? Esta acción errática dividió a la MUD en tres, y uno de los partidos, encabezado por Henri Falcón, decidió impugnar las elecciones y firmar el tratado de garantías electorales que se había diseñado en República Dominicana. Los otros dos tercios de la oposición continuaron con la posición abstencionista y comenzaron a hacer un circuito diplomático por Europa, Estados Unidos y América Latina, solicitando más sanciones económicas contra su propio país (¡!) y el no reconocimiento de las elecciones presidenciales, las mismas que tanto habían pedido porque serían —en el futuro— amañadas. Algunos de los más exaltados piden incluso una intervención armada dirigida por EE.UU.

Con todo el descrédito acumulado por la oposición desde la Asamblea Constituyente y su posterior escisión, así como la reacumulación de fuerzas del chavismo, se despejó el camino para una contundente victoria el 20 de mayo de 2018, cuando Maduro fue reelegido con el 67,8% (6,2 millones de votos), incluso bajo un fuerte asedio económico, mediático y diplomático. El principal opositor, Henri Falcón, obtuvo el 21% (1,9 millones de votos) y otro opositor, Javier Bertucci, el 10,3% (983.000 votos). Falcón no reconoció los resultados, como es habitual, pero Bertucci sí lo hizo. También se eligieron diputados y concejales del Estado, renovándose, en el espacio de un año, casi todos los cargos públicos del país, con la excepción de la Asamblea Nacional, que quedó «en desacato», pero nula de pleno derecho.

Maduro, que sobrevivió a un atentado contra su vida en agosto de 2018 tras las elecciones, cuando se utilizaron drones con explosivos para matarlo, tiene ahora el reto de resolver los problemas cotidianos de la población ocasionados por la guerra económica impuesta por el imperialismo estadounidense y la burguesía local. La población venezolana ha dejado claro en cuatro elecciones celebradas en el espacio de menos de un año que da un nuevo crédito al chavismo. Espera respuestas. Maduro ha salido definitivamente de la sombra de Chávez y hoy parece un líder más experimentado, que recorre su propio camino. Ahora necesita ser firme e innovador para responder al claro mensaje del pueblo: profundizar la revolución. El lanzamiento de la criptomoneda «Petro», la primera de este tipo emitida por un país y con respaldo (riqueza mineral venezolana) es una gran innovación y permitirá al país un canal de financiación que eluda las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, se necesita más.

La Revolución Bolivariana ha llegado al límite de las contradicciones entre dos formaciones sociales, la capitalista (en descomposición) y la socialista (en formación). Esto se despliega en la superestructura política, donde la burguesía local y sus aliados internacionales solo ven la guerra como una solución alternativa para acabar con el proceso revolucionario. Es la última carta para evitar que la Revolución sea irreversible. La dirección bolivariana no tiene otra alternativa que profundizar en las experiencias comunales, autoorganizadas y mixtas. Las empresas privadas solo pueden existir si siguen al pie de la letra las exigencias económicas trazadas por el poder público. El sistema de gobierno debe abandonar cualquier vestigio de «democracia» liberal representativa y desarrollar formas de acción política cada vez más participativas, incluso en los procesos electorales (la forma en que se eligió la Constituyente de 2017 es un posible camino a seguir). La Revolución Bolivariana necesita dar el salto definitivo para acabar con lo que queda de capitalismo en el país. Solo así se eliminará definitivamente la posibilidad contrarrevolucionaria y se asegurará el futuro del proceso popular y la propia seguridad del país.

Conclusión

La Revolución Bolivariana es, hasta ahora, la principal revolución del siglo XXI y el mayor acontecimiento en América Latina en el mismo período. Hugo Chávez, es también, hasta ahora, la personalidad más importante de la historia de América Latina en este siglo. Toda la historia de la región a principios del milenio gira en torno a los acontecimientos que tuvieron lugar en el país caribeño, y las posiciones, tanto a favor como en contra del chavismo, son el «sur» de la geopolítica regional. A nivel mundial, la acción venezolana contribuye a una serie de movimientos que marcan el declive del poder norteamericano y su sustitución por un mundo multipolar, que invariablemente tendrá que enfrentarse al dilema de superar el capitalismo a largo plazo, o a la destrucción de la humanidad como especie.

La importancia de la Revolución Bolivariana para las luchas de la humanidad contra el capital está aún por evaluar. El proceso venezolano ha vuelto a situar al socialismo en el mapa político mundial. Ha demostrado que el proyecto de izquierda que triunfa es el revolucionario, es el que se toma en serio las necesidades del pueblo, es el radical y no el de la «izquierda del orden», que se pierde en el republicanismo liberal, en mezquinos tejemanejes políticos y que renuncia a la revolución para «humanizar el capitalismo». Esta izquierda del orden está totalmente derrotada en todo el mundo, si no es cooptada por la derecha.

La organización y politización de la población son la base que sostiene el proceso revolucionario venezolano. El compromiso con los deseos del pueblo y la creación de soluciones no capitalistas, de las que las comunas son la principal, demuestran que precisamente cuando se innova y se apunta a un horizonte de cambio radical, se tiene como contrapartida el compromiso político de las masas. La participación política es educativa y cuando uno entra en este mundo, ya no es indiferente a lo que ocurre a su alrededor. Mientras en todo el mundo se discuten los límites de la «democracia» representativa, Venezuela nos presenta como salida la inclusión política de las masas en los momentos de grandes decisiones, que es colectivamente emancipadora y dificulta el escenario para la manipulación y el clientelismo.

La Revolución Bolivariana, al cumplir dos décadas de existencia, entra en su momento más tenso. Ese momento en que la forma capitalista de producción (y de vida) llega al límite de su existencia y coexistencia con otra formación social, socialista, en construcción. Ya no hay espacio para la conciliación con la derecha y el capital extranjero. No abandonarán el sabotaje, la violencia y el chantaje como método político. Lo que queda de capitalismo dependiente en Venezuela debe ser superado en los próximos años, fortaleciendo cada vez más el socialismo del siglo XXI – Estado comunal, como camino venezolano hacia el comunismo.

Este camino pasa por la socialización de la economía (comunas, autogestión, autoempleo en lógica socialista, empresas estatales y mixtas, etc.) y en la política (delegados de base, voto cualificado como en la Constituyente de 2017 y otras innovaciones políticas). También requiere un gran programa de defensa del país, que hasta ahora ha demostrado su eficacia, combinando las Fuerzas Armadas, las milicias bolivarianas, una geopolítica de integración regional y multipolar, y una Justicia revolucionaria firme contra la violencia proimperialista. La lucha de clases continúa, incluso en el socialismo, y los enemigos de la clase obrera se la toman muy en serio. Corresponde a los revolucionarios hacer lo mismo.

Epílogo (marzo de 2023)

El mundo ha cambiado mucho desde que se escribió este texto. El apoyo a Venezuela no lo ha hecho. Aun así, se ha superado el peor momento de la escasez, aunque no se hayan recuperado los niveles de calidad de vida anteriores a las sanciones. El principal problema pasó a ser no la falta de productos, sino su precio, debido a la hiperinflación. El dólar se convirtió en moneda corriente entre los venezolanos, debido a la devaluación del bolívar. A partir de 2022 la situación de hiperinflación parece haberse superado, aunque los indicadores siguen siendo elevados. Se necesita más tiempo para comprobar si esta tendencia se consolida. El gobierno de Maduro ha logrado construir una red alternativa de abastecimiento en el mundo, basada en la relación con países ajenos al dominio estadounidense (Rusia, China, Turquía, Irán, Bielorrusia, etc.), además de mantener a sus aliados en América Latina. El retorno de gobiernos progresistas en ciertos Estados de la región, especialmente Brasil, tiende a tensar las relaciones con Caracas.

El deterioro de las condiciones de vida ha provocado el descrédito político de una parte considerable de la población venezolana. Contrariamente a lo que esperaban la Casa Blanca y la burguesía criolla, la situación social no se tradujo en un apoyo popular a la derecha. El chavismo ha perdido parte de su base social en el descreimiento, lo que, a pesar de los costes, y junto a la continua fragmentación de la oposición, le permite mantener su hegemonía política, social y electoral en el país. En 2020, el PSUV recuperó una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional, poniendo fin al falso gobierno de Guaidó, y posteriormente logró una victoria aplastante en las elecciones estatales y municipales.

La oposición sigue en un proceso de fractura, entre quienes evalúan el fracaso de la posición de confrontación y quienes desean perpetuarla. Los partidos hasta ahora más pequeños en el campo de la derecha optaron por la primera posición, participando en las elecciones y obteniendo algunas victorias discretas. Las siglas conservadoras más grandes, como Primeira Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular se negaron, y están viendo cómo sus filas menguan debido a esta postura. Como en otros países, parte de la derecha necesita cargos públicos para sobrevivir. Sin ellos, el clientelismo y el fisiologismo pierden gran parte de su poder político y económico.

El gobierno bolivariano gestionó bien la situación de la pandemia, ya que Venezuela presumió de unas cifras de contagio bajas y adquirió rápidamente vacunas cubanas y rusas para inmunizar a toda la población. Sin embargo, los ataques sufridos en la última década, si no fueron capaces de derrotar a la Revolución, ralentizaron o incluso paralizaron la transición socialista. El país se movilizó más por necesidades de defensa que por el incremento de nuevas formas de decisión productiva y política. La Asamblea Constituyente de 2019 no modificó las formas de poder político ya existentes, y la experiencia de las comunas ha avanzado poco en los últimos años. Hay quien acusa al gobierno de burocratización. Los más radicales incluso de un bandazo a la derecha. A su vez, algunas voces disidentes son tachadas de izquierdistas u oportunistas.

Es necesario comprender los movimientos de la coyuntura. La Revolución Bolivariana ha avanzado todo lo que ha podido. Tras la muerte de Chávez se ha visto obstaculizada por las acciones más violentas del imperialismo en este siglo en América Latina. Superado, al parecer, el momento de más agudo hostigamiento, es necesario saber cómo salir del laberinto promovido por Estados Unidos para iniciar una nueva ronda de avances hacia el socialismo en el siglo XXI. En este proceso, es vital mantenerse firme con el proceso revolucionario, pero sin miedo a enfrentarse a las desviaciones y a la mala conducta de nadie. Es con inteligencia y audacia como se honrará el legado de Chávez.