Y aun es más lamentable que, según un informe del año 2022, del organismo Transparencia Internacional suceda, «un estancamiento de la acción contra la corrupción en los países de Latinoamérica y el Caribe, por la falta de voluntad o capacidad de la mayor parte de los gobiernos, para sacudir las poderosas redes que se lucran de la tradicional corruptela». Se muestra un panorama de Latinoamérica estático. «En el continente americano, 27 de 32 países llevan varios años en un punto muerto en la lucha contra la corrupción».

El presente escrito, pretende mostrar, como en un país, que muchas veces no entra en las estadísticas de estudio, como Cuba heroica, se emplean mecanismos y estrategias para tener en control este azote.

A continuación, mostramos varios mecanismos, leyes, herramientas utilizadas por Cuba en la lucha contra la corrupción en varios niveles y evidenciamos en general algunos aspectos.

Por ejemplo, el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, participaron recientemente en la I sesión ordinaria de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular cubano, en el debate del Informe sobre los resultados del cumplimiento de los lineamientos generales para enfrentar la delincuencia, las ilegalidades y la indisciplina social, el mandatario cubano expreso: «Manifestaciones de criminalidad, indisciplina social y corrupción amenazan la parte más sagrada del proceso de construcción socialista y profundizan las desigualdades sociales».

A su vez, advirtió sobre «la determinación imperial de crear un clima de inseguridad y desconfianza ciudadana que fracturaría la unidad popular en nuestro país, y por eso exageran constantemente, apoyándose en los que odian».

Sin embargo, subrayó el mandatario, «el Estado y el gobierno cubano no pueden ignorar la ocurrencia de actividades económicas ilícitas, la indisciplina social y manifestaciones de corrupción y criminalidad que se instauran como una economía paralela clandestina, que penetra y destruye nuestra vida social».

«Aquí discutimos con actitud y expresamos nuestro rechazo y, con eso, tenemos un consenso. Pero ahora hay que actuar con rigor, articulando la fuerza revolucionaria con la dirección del Partido y la participación de todo el sistema institucional, las organizaciones de masas y las instituciones armadas, junto con el pueblo”.

“Estas son la esencia de la Revolución cubana para enfrentar la actividad especulativa, la corrupción, el engaño, la burocracia, la mentira, la vulgaridad, la indiferencia del pueblo y el malestar que provoca la conducta irrespetuosa del lumpen”.

Por otro lado, en el mes de julio 2023, la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, y el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, intervinieron en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano, ésta Comisión analizó las medidas y acciones de enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales durante el primer semestre de 2023.

En este sentido, la Fiscal General destaco que las leyes penales aprobadas han dotado a la Fiscalía de herramientas legales que «le permiten el enfrentamiento a la actividad delictiva, con novedosas instituciones y alternativas procesales que posibilitan un mejor resultado».

«Entre las directivas de trabajo, han estado utilizar con efectividad las medidas cautelares previstas en la ley y, en particular, la prisión provisional, así como identificar las cadenas delictivas». «Entre las áreas en las que hay que seguir trabajando, destacó mantener la prioridad en el enfrentamiento, la calidad de la investigación penal y la respuesta jurídico-penal en correspondencia con la política del país, y las acciones para el completamiento de la plantilla y la preparación de los fiscales, así como la utilización de los de mayor experiencia en la revisión de la calidad del control de la investigación».

Por su parte el Presidente del Tribunal Supremo Popular TSP, Rubén Remigio Ferro, destacó que la Constitución aprobada en 2019 reforzó el régimen de garantías de las personas naturales y jurídicas, «Nuestro papel es juzgar y tomar decisiones con apego a la Constitución».

Al abordar el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, en un momento de auge de esas manifestaciones, se refirió a la Instrucción No. 273 de 2022, «Política de rigor ante las conductas más nocivas que afectan a la sociedad y a la población», emitida por el TSP, y explicó que va dirigida a guiar la política de enfrentamiento y penal en los tribunales, «no solo en el ámbito penal, sino en el laboral y el mercantil, en todos los ámbitos de Justicia».

Luego de emitida la Instrucción No. 273, «fuimos provincia por provincia, a inicios de 2023, y en reuniones de trabajo explicamos a jueces de todo el país el proyecto. Cuando suben las manifestaciones de ilegalidad, la política judicial debe elevar la severidad y el rigor, no solo en multas, sino en sanciones accesorias y medidas cautelares».

Entre las prioridades incluidas en esa política de rigor, enumeró la corrupción administrativa, las drogas, los delitos contra la economía nacional; el hurto, robo y sacrificio ilegal de ganado mayor; las actividades especulativas, la evasión de impuestos, el tráfico de divisas, las sustracciones de bienes en centros estatales y viviendas y la violencia de género o familiar.

«No solo el enfrentamiento a la hora de juzgar y aplicar sanciones, sino con medidas cautelares de rigor, preferentemente la de prisión provisional a reincidentes y multirreincidentes y a primarios comisores de hechos de gran lesividad social», señaló Ferro.

Otros elementos de la Instrucción No. 273, son la prioridad en la tramitación de casos relacionados con esas prioridades; el rigor en las sanciones y en la combinación de sanciones principales y accesorias, y la severidad en la concesión de beneficios de excarcelación anticipada, previendo el cumplimiento de al menos dos tercios de la sanción impuesta. «En esta política de rigor individualizamos, porque no es a rajatabla para todos. No es una política ciega. Hay que analizar caso por caso, quiénes son esas personas, cuáles son sus circunstancias», comentó.

A su vez, en esta actividad (explicó el presidente del TSP) cooperan la Policía Nacional Revolucionaria PNR, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública y Educación, entre otros, así como instituciones y organizaciones de masas. «Hay una actividad sistemática para controlar el comportamiento de estas personas en sus comunidades, en el seno de sus familias y en centros laborales. Tiene que ser una actividad integral y se realiza desde hace 20 años. Hay talleres con organismos involucrados a nivel de municipios y provincias, que en ocasiones incluyen a los propios sancionados, y también se realiza un taller nacional», dijo.

Por otro lado, Cuba ya había expuesto (noviembre 2017) medidas adoptadas en el país, para cumplir con las recomendaciones del Mecanismo de Examen de la ONU, sobre el tema de la corrupción, el embajador cubano ante Austria, y la Oficina de Naciones Unidas en Viena Juan Antonio Fernández, intervino, señalando «la actualización permanente de la legislación nacional contra la corrupción y sus tratados internacionales de extradición y asistencia judicial recíproca». Mencionó la penalización del lavado de activos, basado en el deber de conocer, la suposición racional o la ignorancia inexcusable, así como la inclusión en el tipo penal «enriquecimiento ilícito» del enriquecimiento directo por persona intermedia y el aumento del patrimonio del funcionario o de tercero. Añadió que su país lleva a cabo la actualización continua de los tratados bilaterales en materia de extradición y asistencia jurídica recíproca».

También, Gladys Bejerano, Contralora General de la República cubana, presentó las directrices del órgano contralor: entre ellas «el control en la elaboración, ejecución y comprobación del presupuesto estatal. No solo nos ocupamos de detectar hechos delictivos y de corrupción, sino trabajamos para buscar la eficiencia y evitar los derroches. La entidad se concentra en las grandes inversiones, en los esquemas financieros (exportación e importación) y en los programas urgentes de la Revolución, como la entrega y el uso de las tierras, por ejemplo».

Señaló, además, «las directivas que se aplican en las auditorías que se realizan anualmente, y que tienen siempre en consideración los planes de cada ministerio. Velamos por la eficiencia y hacemos recomendación a las instituciones con el espíritu de que puedan optimizar su trabajo».

Dijo también que debemos ser más exigentes para evitar y prevenir, «esa es la responsabilidad de todos los que administran y organizan los recursos de nuestro país», sentenció.

Con ese objetivo, el documento que constituye el patrón para el Sistema de Control Interno, diseñado e implementado a través de un sistema de normas y procedimientos, que contribuyen a prevenir y definir los riesgos internos y externos, Gladys Bejerano hizo referencia a la Resolución 60.

En el artículo 6, de este documento se resaltan los principios básicos, quedando establecido que los órganos, organismos, organizaciones y entidades deben cumplir con:

1. La legalidad (normas legales y procedimientos en correspondencia con lo establecido en la legislación vigente, para el diseño, armonización e implementación de los Sistemas de Control Interno).
2. Objetividad (se fundamenta en un criterio profesional a partir de comparar lo realizado de forma cuantitativa y cualitativa, con parámetros y normas establecidas),
3. Probidad administrativa (se relaciona con el acto de promover con honradez la correcta y transparente administración del patrimonio público y en consecuencia exigir, cuando corresponda, las responsabilidades ante cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidades o acto ilícito).
4. División de funciones (garantiza que los procesos, actividades y operaciones sean controlados y supervisados de manera que no pongan en riesgo su ejecución, contrapartida y limiten su revisión).
5. Fijación de responsabilidades (las normas y procedimientos estructurados sobre la base de una adecuada organización, que prevean las funciones y responsabilidades de cada área).
6. Cargo y descargo (íntimamente relacionado con el de fijación de responsabilidades. Debe entenderse como el máximo control de lo que entra y sale).
7. Autocontrol (obligación que tienen los directivos superiores, directivos, ejecutivos y funcionarios de los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades de autoevaluar su gestión de manera permanente; y cuando proceda, elaborar un plan para corregir las fallas e insuficiencias y dar seguimiento al mismo en el órgano colegiado de dirección, comunicar sus resultados al nivel superior y rendir cuenta a los trabajadores).

En fin, esta es solo una muestra de algunos aspectos en la lucha por la erradicación de la corrupción en Cuba, en base a esto, nos permitimos hacer una serie de lineamientos:

• En Cuba, el tema de la corrupción, no es un tema de moda, sino que se aborda seriamente, y «hay que estar resaltando cada día este fenómeno», «hay que hacer investigaciones profundas, mantener un flujo constante de información, para educar y prevenir».
• En Cuba, no se trata de esconder el sol con un dedo al reconocer que hay corrupción, pero hay que combatirla con responsabilidad y eficiencia de Estado.
• En Cuba, se reconoce que la corrupción es una amenaza que puede dar al traste con la Revolución.
• En Cuba, se reconoce que el imperialismo, alimenta, fomenta y trata de reproducir la corrupción.
• En Cuba, se discute el tema de la corruptela, se rechaza y en esto hay consenso, de allí se actúa con rigor, habiendo una articulación entre el pueblo, el partido, las organizaciones institucionales y de masas, así como las instituciones armadas.
• En Cuba, se han creado leyes, resoluciones, decretos y herramientas como directrices de cómo actuar para prevenir la corrupción.

En conclusión, ojalá este actuar de Cuba, ayude a los países inicialmente de América Latina, a ir iniciando un camino para enfrentar la corrupción.

De los grandes y difíciles problemas con los que se ha topado el gobierno federal de la 4T, es el Poder Judicial, que a casi 5 años de gobierno sigue siendo predominantemente neoliberal (9 vs 2- Loretta Ortiz y Jasmín Esquivel- falsamente acusada de haber plagiado la tesis para obtener el grado de licenciatura, con la finalidad de sacarla de la SCJN). Desde el inicio del sexenio, el PJ (Poder Judicial) aliado a la oposición conservadora, echo a andar la maquinaria golpista contra el nuevo gobierno e inicia una guerra de litigios contra todas las acciones del gobierno de AMLO, para inmovilizarlo y evitar la construcción de las grandes obras prometidas durante la campaña: la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco que será el más grande del mundo con 14 mil hectáreas de extensión. El Corredor Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec , etc.  Enfrentando en Tribunales Colegiados de Circuito 5,631 amparos interpuestos por la oposición a menos de un año (10 meses) de haber asumido el poder  (Monroy, Jorge. Decisiones del gobierno de AMLO enfrentan…El Economista. 8 octubre 2019), en abierta Guerra Judicial contra la 4T: ésta, forma parte de los llamados golpes de estado blandos (llamados de varias maneras), impeachment, guerra hibrida y Lawfare,consiste en una guerra política, por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública, aplicados a gobernantes de izquierda, que se basa en acusaciones de denuncias falsas, difamaciones sostenidas con el gran aparato de los medios de comunicación, que juegan un papel determinante. El objetivo, es la continuidad del modelo neoliberal, provocando desestabilización del país y dañar la imagen del presidente, para articular campañas de criminalización, persecución y desprestigio. Con ésta estrategia, en otros países, los tribunales se han utilizado para quitar del poder, a gobiernos legítimamente electos o bien a futuros enemigos, como ocurrió en Brasil, Bolivia, Argentina, México, Honduras, Venezuela, Ecuador y Perú (Gzz., Jesús. Golpes blandos, golpes bajos. EL SALTO América Latina. 26 septiembre 2020).

Con la globalización neoliberal (en México de 1982-2018) llegaron también reformas jurídicas profundas  a la Constitución Política mexicana de 1917, durante este periodo se reformaron 495 artículos,  para favorecer a las  grandes trasnacionales y a la élite empresarial nacional, garantizándoles el saqueo y la impunidad, mediante nuevas leyes, estructuras,  procedimientos y dogmas anti democráticas que les permitiera pasar legalmente por encima de la soberanía de los estados y de los derechos: económicos, laborales, sociales y culturales de los pueblos. En ésta etapa, le cambiaron a la Constitución Mexicana: la esencia y el espíritu de las demandas  de la Revolución Mexicana, todo lo relacionado con los derechos sociales (llamados hoy, derechos humanos), así como el importantísimo papel de la responsabilidad ineludible del Estado mexicano, con: 1.- el desarrollo integral de sus ciudadanos para que puedan alcanzar   al máximo sus capacidades y 2.- que los ciudadanos vivan en una sociedad armónica, sustentada en la igualdad de oportunidades,  requisito indispensable para lograr la justicia social y como consecuencia alcanzar la paz social. Es importante que destaquemos que la justicia social, va más allá de la justicia legal (es frecuente escuchar la frase “la ley es la ley” para justificar una resolución legal contraria a la nación y el pueblo).  A casi 5 años de gobierno de la 4T, AMLO posee el  80% de aprobación ciudadana (De las Heras. 8 de cada 10 mexicanos apoyan a AMLO. Demotecnia. Mayo 2023), en cambio el Poder Judicial es un poder que carece de legitimidad popular ya que, de cada 4 mexicanos, 3 no confían en el ( Latinobarómetro 1995-2020), el Sistema Judicial Mexicano y  la Justicia, siguen secuestrados por una minoría rapaz que se opone a los deseos de la mayoría que en el 2018 voto por un cambio radical (Olivares, Emir  y  Alonso Urrutia. AMLO: ésta podrido el Poder Judicial; no tiene remedio. La Jornada. 10 de mayo 2023).

Durante los 36 años del neoliberalismo, el Sistema Judicial fue ciego y sordo, no hicieron nada, ante las denuncias ciudadanas de las masacres, ejecuciones, desapariciones, perdidas de las conquistas laborales, sociales, educativas, de salud pública, el robo y el saqueo de nuestros recursos naturales (agua, territorio, minerales, aire, etc.), por el contrario, los jueces, magistrados y ministros se convirtieron en los guardianes y defensores del neoliberalismo (multinacionales y  poderosos capitalistas) a cambio de privilegios, sin importar la afectación a la salud pública, las arcas nacionales o la vida de las mayorías.  Jamás escucharon los gritos de las víctimas ante el aumento de la inseguridad en las ciudades y el grito desesperado de las comunidades por el robo de sus tierras, acaparamiento del agua y asesinatos de sus líderes, por bandas criminales  relacionadas con las compañías  mineras invasoras.  Ante su indiferencia, indolencia o complicidad, el país entero se convirtió en un enorme cementerio durante los narco gobiernos panistas de Fox y Calderón y el de la corrupción extrema con Peña Nieto con su “Pacto por México” y la lamentable desaparición de los  43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.  Ante el abandono absoluto de autoridades y gobiernos, el pueblo quedó totalmente indefenso, siendo presa fácil de los crímenes más horrendos de que se tenga memoria en México. Para todos los gobernantes neoliberales son perfectamente  aplicables, las sabias palabras de León Tolstoi que decía: “un estado que no procura la justicia, es porque sus gobernantes son una banda de malhechores” (Zepeda, Lecuona, Guillermo, Crimen sin castigo. Procuración de….México, FCE, CIDAC, 2004).

Es mucho lo que el Poder Judicial le debe al pueblo de México.  La impunidad de los delitos que no son sancionados por las autoridades en México, es dolorosamente muy alta, de cada 100 delitos cometidos, el 99% de ellos no reciben ningún castigo, solo el 1 % recibe sentencia de un juez, como consecuencia de ello 3 de 4 delitos no se denuncian (Carbonell  Sánchez, Miguel. Corrupción Judicial e impunidad. El Caso México-UNAM. 2019).  El Sistema Judicial  encargado de la procuración de justicia en el país, vergonzosamente está sumido en lo más profundo de la corrupción por decir lo menos, o bien son cómplices de la delincuencia desde los niveles más altos en la SCJN, sus magistrados y ministros, el Tribunal Federal Electoral, los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito, etc., con sus jueces, fiscales, ministerios públicos, etc.,  la mayoría de ellos formando parte del entramado corrupto del neoliberalismo que facilitó y aún facilita el saqueo “legalizado”  de los recursos naturales, la trata de personas, los secuestros, las desapariciones, las extorsiones, las masacres, protegiendo a los delincuentes de cuello blanco, narcotraficantes,  bandas criminales y empresas trasnacionales a través de amparos, liberaciones por “fallas” al debido proceso, descongelamiento de cuentas bancarias a bandas de delincuentes (de 39 MMP bloqueados en una década por la UIF por estar vinculados al lavado de dinero, sólo 4 mil 350 millones permanecen congelados) y otras triquiñuelas legaloides (Villanueva, Dora. Por la vía judicial descongelan 9 de cada 10 pesos bloqueados por la UIF. La Jornada. 27 junio 2023).

  El Sistema Judicial en México hoy autoerigido como el máximo poder (invadiendo poderes que no le corresponde, invalida decisiones del poder legislativo y el poder ejecutivo, poniendo en peligro la gobernabilidad) requiere de cambios profundos, porque el que opera actualmente, bajo los lineamientos neoliberales, son un obstáculo para el avance de la democracia y la justicia que tanto necesitan y anhelan los mexicanos. Actualmente en el fin del sexenio, la alta beligerancia de la derecha y no contar con mayoría en el congreso, no es posible lograr el cambio deseado. Después que la SCJN no aprobó el Pan B,  “El presidente López Obrador  propuso una estrategia que denominó Plan C, la cual consiste en ganar dos terceras partes del Congreso de la Unión en las elecciones del 2024 y, con esa mayoría, aprobar reformas constitucionales que limpien de corrupción al Poder Judicial” (Regeneración. La guerra judicial, la soberanía y el plan C. Junio-julio 2023 pág.7). Al mismo tiempo propone que los puestos más altos del PJ como: ministros, jueces y magistrados, sean puestos por el pueblo a través del voto, como se hacía en el gobierno del presidente Benito Juárez en la época de la República Restaurada. Será necesario agregar la revocación del mandato para cada uno de esos puestos, agregando a gobernadores, alcaldes y otros puestos importantes.  México no necesita hacer una nueva Constitución, basta con quitar todas las modificaciones hechas en el capitalismo-neoliberal y regresar a la Constitución de 1917. De esta manera se lograra la igualdad jurídica como norma inquebrantable, para que pase a formar parte de  la conciencia nacional y se haga real la frase del ilustre político liberal del gabinete de Benito Juárez,  José María Iglesias  (1823-1891) “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

No la hay menor duda que América Latina y el Caribe se han convertido en un territorio de ardua disputa en lo que va del siglo XXI entre las fuerzas políticas, en su excepción más amplia, que apuestan a mantener las relaciones de dominación/subordinación y las que desafían, en su diversidad, a un horizonte emancipador. Todavía la tendencia predominante no está clara, pues en esta disputa se han registrado avances y retrocesos táctico-estratégicos de las corrientes que rechazan las pretensiones hegemonistas de los Estados Unidos, de una parte por la contraofensiva imperial y, de otra, por las limitaciones de la izquierda en el gobierno para rebasar los umbrales del capitalismo.

Las fuerzas progresistas y de izquierda no cuentan con un horizonte emancipador común. La coincidencia está en el rechazo al fundamentalismo neoliberal y a las formas cada vez más autoritarias de los Estados Unidos, considerado por Fidel Castro como el imperialismo más poderoso que la Humanidad haya conocido jamás. Pero sus diferencias están en su posición ante el tipo de organización capitalista de la vida social, lo que ciertamente pone de manifiesto la existencia de varias corrientes: los que pretenden una reforma dentro del sistema, con una mayor participación del Estado en determinados campos, los que no reniegan de un modelo neoliberal pero lo quieren menos ortodoxo, y los que mantienen su aspiración por marchar hacia un horizonte postcapitalista, aunque no estén muy claras las ideas de cómo avanzar en esa dirección.

Con el triunfo de la Revolución cubana es que América Latina y el Caribe, que nunca ha dejado de ser una prioridad para los Estados Unidos, ya sea contemplada en su política exterior o como parte de su “política doméstica”, como sostuvo el estratega Brzezinski, se inicia una tercera ola por la emancipación [1] que, en términos generales, ha atravesado por dos momentos o “ciclos” [2] y, obviamente, “contraciclos”: el primero contempla a las décadas del 60 y 70 [3], cuando en la Región se registró la irrupción de movimientos de liberación nacional, predominantemente armados, y la presencia de gobiernos militares de orientación nacionalista que, como era de esperarse, tampoco eran del agrado de Washington.

A pesar de que los Estados Unidos se habían constituido en potencia hegemónica al cabo de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de procesos contestarios en su “patio trasero”, alentados por la victoria de la “revolución de barbudos” a solo 90 millas de su territorio, impulsó rápidamente al imperialismo a desarrollar una línea contrainsurgente. John F. Kennedy, quien asumió la presidencia en 1961, recibió de parte de sus consejeros el criterio de que la radicalidad del Tercer Mundo –ya fuera descrito como socialismo o nacionalismo radical–, era una amenaza a los intereses estadounidenses que había que tomar muy en serio [4]. La respuesta imperial se tradujo en la intervención militar directa, como ocurrió en República Dominicana en 1965, pero también a través de la instalación de gobiernos militares de la Seguridad Nacional, y a fines de los 70 con la promoción de la “democracia viable” y los “Derechos Humanos” de Carter. Al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional y el concepto de “enemigo interno” se “erradicó” a los movimientos guerrilleros en Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana, aunque no sucedió lo mismo en Colombia. También se acabó con las experiencias nacionalistas de Velasco Alvarado en Perú y Juan José Torres en Bolivia.

Si bien los pueblos no dejan de luchar nunca, la estrategia estadounidense arrojó resultados. La estabilidad política fue el rasgo central entre las décadas del 80 y 90, con la instalación de regímenes democráticos burgueses, hasta el punto tal que cientistas sociales afirman que, sobre todo en los 90, se produjo la transformación política más importante después de las guerras de la independencia [5].

En los 80 se terminó con los pocos focos nacionalistas que todavía perduraban, como son los casos de Granada (1983) y Panamá (1989). Cuba quedaba solitaria y en resistencia al criminal bloqueo que le fue declarado desde 1961; y en Colombia el movimiento guerrillero no contaba con posibilidades favorables para la “toma del poder”, aunque al mismo tiempo el sandinismo se alzaba triunfante en 1979 en Nicaragua, pero mediante un proceso electoral impuesto por los Estados Unidos abandonó el poder 10 años después.

En la década del 90, tras la caída de la URSS, la lucha anticapitalista se debilitó pues muchas organizaciones de izquierda, comunistas entre ellas, ingresaron en una crisis de paradigma. No pocas retrocedieron en sus posiciones y se desplazaron hacia la socialdemocracia en el mejor de los casos. Las banderas de cambio de sistema fueron archivadas, el socialismo dejó de ser el horizonte a alcanzar y la democracia modelada a gusto de los Estados Unidos se impuso como forma predominante de hacer política. El discurso del “fin de la Historia” cuajó y el modelo neoliberal se estableció.

Sin embargo, cuando todo hacía suponer que el mundo unipolar había llegado para no irse más, las propias limitaciones del Consenso de Washington para atender la creciente demanda de la población fueron sentando condiciones “desde abajo” para abrir otro ciclo de luchas populares con efecto estatal e internacional. La ola de privatizaciones y transnacionalizaciones, el achicamiento del Estado, la política de domesticación de los sindicatos y la liberalización de la economía no produjo el esperado “rebalse” [6] que iba a bañar a todos. Tampoco dio resultado la militarización del continente, particularmente en el Cono Sur, bajo el pretexto de la Guerra Internacional contra las Drogas y el intento de imponer el Área de Libre Comercio en las Américas (ALCA) fracasó.

Desde fines del siglo XX, con el triunfo político-electoral de Hugo Chávez (1998) y el inicio de la Revolución bolivariana (1999), la correlación de fuerzas en América Latina empezó a modificarse rápida y sustancialmente, pues de un continente sumergido en un mar neoliberal, con la sola resistencia de Cuba, al concluir la primera década del siglo XXI, la irrupción de “los de abajo” permitió, en distintos grados, la instalación de gobiernos progresistas y de izquierda que modificaron el tablero geopolítico de la Región. Hasta fines de 2012 los vientos soplaban a favor de las corrientes latinoamericanistas. Cerca de 10 Estados estaban gobernados por el progresismo y la izquierda, aunque cada uno de ellos con distintos grados de radicalidad; Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Honduras, El Salvador y otros países caribeños pasan por similar experiencia.

El optimismo se apoderó de las fuerzas populares y no era para menos. Los pueblos han estado siempre en resistencia a los planes de la burguesía imperial y de sus socios locales, pero esta era la primera vez que la ola expansiva producida por la Revolución cubana había logrado sintetizarse en gobiernos rebeldes a los mandatos de los Estados Unidos. El primer momento o ciclo inmediatamente registrado tras el triunfo de la revolución en Cuba fue mucho más radical en los métodos y el horizonte que pretendía alcanzar: la liberación nacional y el socialismo; el segundo ciclo (que el progresismo presenta como primero) fue por la vía de la participación en elecciones y con horizontes más difusos. Pero en el segundo, y no el primero, es que la izquierda ha logrado romper la camisa blindada que los Estados Unidos y las clases dominantes le habían colocado a sus regímenes políticos asentados en democracias restringidas. Empero, la sospechosa muerte de Hugo Chávez dejó un vacío en la articulación de los procesos progresistas y de izquierda.

Sería un error considerar a estos procesos y gobiernos como un todo homogéneo. De ahí que se hace más que necesario, para una mejor valoración de lo que se hizo y se dejó de hacer, y también para saber lo que se debe ajustar, aglutinar estas experiencias en dos grandes campos: el progresismo y la izquierda.

El progresismo es bastante heterogéneo, pues está compuesto por partidos y organizaciones que se mueven guiadas por la reforma social progresista dentro del sistema y la institucionalidad vigentes. Es decir, es la reforma como estrategia y no como táctica [7]. Estamos hablando de Argentina, Brasil, Honduras y Paraguay. No es que en estos países no hubieran existido corrientes por el socialismo, pero la hegemonía estaba en otras fuerzas que hicieron del “posibilismo” su espejo [8].

El campo de la izquierda es igualmente diverso. De una parte destacan gobiernos que emergieron como respuesta al “punto de no retorno” que marcó la profunda crisis de Estado y que se han caracterizado por desarrollar, desde abajo y desde el gobierno, procesos y asambleas constituyentes, que son las formas histórico-concretas de las revoluciones políticas en el siglo XXI. Estamos hablando de Venezuela, Bolivia y Ecuador, pero, a la par, de Nicaragua, donde el sandinismo retornó al gobierno en 2006. A partir de la segunda parte de la década del siglo XXI se empezaría a notar el distinto nivel de desarrollo y radicalidad de esos tres procesos, de los cuales uno recorrió el camino de la “reversión” desde 2017, cuando el presidente Lenín Moreno –quien llegó al gobierno con el mismo movimiento que encumbró a Rafael Correa– se alineó a la política de Washington. En el caso de Bolivia, a pesar de los cambios profundos introducidos en varios campos, no pasó de la revolución política a la revolución social, lo que implicó su estancamiento ya antes del golpe de Estado de 2019, y Venezuela optó por una mayor radicalidad.

Pero también hay otras experiencias en las que partidos o coaliciones de izquierda, como el Frente Amplio (FA) en Uruguay, el Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador y el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, a pesar de sus historias, solamente llevaron a cabo políticas progresistas que no apuntaban a modificar estratégicamente las relaciones de poder vigentes, ni mucho menos superar la frontera del postneoliberalismo.

Los tres últimos países en incorporarse en este “segundo ciclo” de la lucha progresista y de izquierda, que al mismo tiempo confirmaban la vigencia de la tercera ola por la emancipación en América Latina y el Caribe son México en 2018, Perú en 2021 y Colombia en 2022. En el caso argentino se retoma el rumbo, en diciembre de 2019, después de haber perdido las elecciones en 2015; y en Bolivia, en noviembre de 2020, tras un histórico triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca con más del 55% de la votación. De los últimos tres países en los que ganó el progresismo, Chile se alineó a los Estados Unidos en varios temas de política internacional; en Perú el imperio revirtió el proceso en el marco de una estrategia continental; y Petro muestra su talente latinoamericanista. Estados Unidos aprovechó las serias contradicciones en el Perú y, tras un error del presidente Castillo de clausurar el Congreso Nacional, llevó adelante un golpe de Estado e instaló, en los hechos, una dictadura civil-militar a la cabeza de Dina Duarte.

A manera de síntesis, salvo en Ecuador y El Salvador, donde todavía no es posible determinar la magnitud del retroceso al que ha llevado la revolución/restauración (revolución pasiva) conducida por Lenín Moreno y Nayib Bukele, respectivamente, las revoluciones de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia enfrentan, dentro de la dinámica revolución/contrarrevolución, el gran desafío de fortalecerse “desde arriba” (gobiernos y Estado) y “desde abajo” (sociedad civil). Una prematura electoralización dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones de 2025 ha construido territorio minado que podría hacer explotar la gestión de Arce y poner freno al Proceso de Cambio. En un distinto nivel, es también un desafío de la misma naturaleza para los gobiernos de Argentina, México y Colombia.

América Latina vive desde 1998 el momento más extraordinario de su historia, pero al mismo tiempo el más delicado si las revoluciones no rectifican sus errores y no se profundizan. En América Latina la disputa entre dominación y emancipación se traduce, desde 2015, en un frágil e inestable equilibrio de fuerzas. La inclinación en una u otra dirección va a depender de lo que las fuerzas en disputa construyan local, nacional e internacionalmente.

«América Latina vive desde 1998 el momento más extraordinario de su historia, pero al mismo tiempo el más delicado si las revoluciones no rectifican sus errores y no se profundizan»

Reencausar la lucha anticapitalista desde una perspectiva revolucionaria no está fácil. Para lograr eso, las fuerzas sociales y políticas de la izquierda deben vencer a sus propios demonios, superar las causas de su estancamiento y sobre todo volver a ser anticapitalistas.

Notas

[1] Moldiz, José Hugo (2013). América Latina y la tercera ola emancipadora. Ocean Sur, México.

[2] No es muy exacto hablar de ciclos, pero si se tiene que recurrir al uso de ese concepto, tras el triunfo de la Revolución cubana se inaugura la tercera ola emancipadora en América Latina. Las dos anteriores fueron las rebeliones indígenas (siglos XVI y XVII) y la segunda las luchas independentistas (siglos XVIII y XIX). Dentro de la tercera, el “primer ciclo” se dio con los procesos políticos posteriores al triunfo de la Revolución cubana y el “segundo ciclo” empieza con el triunfo de Chávez en 1998.

[3] Aquí se hace una periodización distinta a la realizada por el progresismo, que al situar el primero a fines del siglo XX, en realidad pretende marcar una distancia del sello de la Revolución cubana.

[4] Klare T. Michael. Armas y poder en América Latina. Ediciones Era, México.

[5] Mainwaring, Scott y Pérez-Liñán, Anibal (2019). Democracias y dictaduras en América Latina. Fondo de Cultura Económica, México.

[6] Stiglitz, Josep (2002). El malestar en la globalización. Taurus, Argentina.

[7] Regalado, Roberto (2012). La izquierda latinoamericana en el gobierno. Ocean Sur, México.

[8] Regalado, Roberto (2006). América Latina entre siglos. Ocean Sur, México.

Hugo Moldiz Mercado es escritor e investigador boliviano, exministro de Evo Morales y coordinador del capítulo boliviano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH).

De El Impenetrable, en el Chaco de Argentina, y la Región Oriental de Paraguay a los páramos de Colombia  y las playas de Puerto Rico, los jóvenes ambientalistas cuestionan los modelos de desarrollo impuestos desde arriba.

Varios de ellos: Horacio García (32), Emiliano González (35), Luisa Acuña (27), Juan Camilo Sarmiento (29) y Mabette Colón (23) comparten la necesidad de luchar colectivamente por un mañana de carne y hueso, pero también hecho de árboles, aire puro, tierra y río.

Sin calendarios especiales ni reuniones privadas con altos funcionarios, enfrentan el avance extractivista y plantean alternativas para la transición ecológica en una de las regiones más peligrosas para los defensores del planeta.

El Chaco argentino: el monte es vida 

En El Impenetrable, al noreste de Argentina, la comunidad qom resiste el avance de madereras y agronegocio sobre el monte nativo. Aunque desde fines de 2020 todos los desmontes son ilegales, en 2022 Chaco fue la segunda provincia más deforestada, con más de 36000 hectáreas.

Para los qom el monte es “un ser viviente igual que nosotros”, cuenta Horacio García. Su gente se puso en alerta cuando el Gobierno chaqueño acordó con una empresa china la instalación de megagranjas porcinas en sus tierras comunitarias de El Espinillo, en el departamento de General Güemes.

El monte nativo es sustento, tradición y promesa de futuro para los qom. García, que siempre vivió en el paraje Olla Quebrada –a unos seis kilómetros de El Espinillo–, se plantea qué sería de su pueblo sin el bosque nativo, que les brinda frutos y animales silvestres, pero también aire puro y protección contra inundaciones y tormentas.

El joven albañil, que estudia para auxiliar docente aborigen, cuenta que decidieron salir a protestar con cortes de ruta tras enterarse por redes sociales del acuerdo entre el gobernador Jorge Capitanich y Feng Tian Food.

Pese al impacto sanitario y ambiental de las granjas industriales, no hubo consulta previa, libre e informada, como prescribe el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para proteger medios de vida y ambiente de los pueblos originarios.

Cuando el proyecto original se enfrió, la empresa propuso la siembra masiva de monocultivos de soja y girasol. Para la población eso equivale a deforestación, contaminación y daños a la fertilidad del suelo.

“Ya hemos vivido un desmonte: cortaron árboles para las ventas de maderas, pero únicamente las de muy buena calidad, árboles grandes como los algarrobos que nacen en nuestros territorios”, refiere García.

Detrás de todos estos negocios está la Asociación Comunitaria Meguesoxochi que preside el intendente Zenón Cuéllar. Además de reunirse con el grupo chino, en tanto administrador de la propiedad comunitaria “distorsionaba las informaciones y mentía a la gente para que acepte”, afirma el joven.

En 2021, patrocinados por una abogada de Somos Monte, presentaron un amparo en resguardo de sus tierras. García comenta que “algunos ancianos, que fallecieron en el transcurso de la lucha, contribuyeron con testimonios. Otros compañeros de la zona urbana nos ayudan en la traducción”.

No quieren que El Impenetrable se transforme en un lugar seco, extremadamente caluroso y contaminado.

“Hay que cambiar la manera de producir los alimentos. Tenemos muchas oportunidades para autosustentarnos. Al monte hay que cuidarlo, porque es la única parte donde nos podemos cobijar y encontrar nuevas alternativas de convivir con la naturaleza”, concluye.

Paraguay y la sed de tierra para vivir

La extranjerización y la concentración de la propiedad de la tierra en Paraguay se remontan al siglo XIX, con los colonos ingleses y españoles. Hoy, su Región Oriental se ve copada por monocultivos transgénicos de empresas de Brasil, Argentina y, más recientemente, Uruguay.

Emiliano González, coordinador de la Juventud Paraguay Pyahura, denuncia desalojos masivos, contaminación y deforestación. En su ADN y el de sus compañeros está inscrita la lucha por la tierra: “Somos los hijos de la Federación Nacional Campesina”.

Cuando era chico, González encontraba animales silvestres y árboles al costado del camino, en las orillas de arroyos y ríos, en montes y selvas. Hoy, ese Paraguay no existe. Desde la década de 1990 el agronegocio convirtió su entorno en “un mar de soja”.

Los reportes oficiales confirman la descripción del referente campesino: pese a la ley de deforestación cero, entre 2017 y 2020, la Región Oriental sufrió un cambio drástico. San Pedro, su departamento, y el vecino Canindeyú perdieron en total casi 40.000 hectáreas, más del triple de la superficie de Asunción. “En algunas partes cultivaron soja hasta en la orilla del arroyo”.

El asentamiento campesino donde creció fue ganado por “una lucha sangrienta” en la que “fallecieron cuatro compañeros para que podamos tener un pedazo de tierra”. No es un caso aislado: lo antecede una historia de despojo y acaparamiento ilegal por parte de latifundistas extranjeros y familias ligadas a la dictadura de Alfredo Stroessner, que les cedió más de ocho millones de hectáreas.

En Con soja al cuello, Lorena Izá Pereira estima que un 35% del territorio paraguayo está bajo control directo e indirecto del capital extranjero. En 2018, de 291 empresas foráneas, 239 eran brasileñas.

Este modelo impone condiciones muy adversas a la agricultura familiar: desalojos masivos, fumigaciones aéreas e invasión de plagas desde las fincas agroindustriales. González habla también de un “desequilibrio ambiental” entre períodos de sequía y lluvias intensas, y olas de calor interrumpidas por frío extremo. Él lo atribuye a la combinación de crisis climática y deforestación récord.

En 2021 el Estado sumó otra herramienta para criminalizar la lucha por la tierra. González dice que la ley Zavala-Riera, que prevé hasta diez años de cárcel, ya produjo centenares de expulsiones violentas de comunidades campesinas e indígenas asentadas hace décadas. Esto genera “intranquilidad”, considerando que la mayoría de los asentamientos agrícolas son irregulares y que los agroexportadores planean duplicar la siembra de monocultivos.

“Imagínate si vos tenés tu casa, tus comodidades, tu producción, pero un día vienen los policías, los cascos azules, los antimotines, los carros hidrantes y helicópteros, y a la fuerza te quitan tu propiedad, mecanizan toda tu producción, echan las casas así como están”, protesta. “Sin reforma agraria no habrá paz”.

Colombia pide agua para la vida 

Petroleras y mineras se disputan el agua y los minerales en una Colombia donde ser defensor ambiental sigue siendo una actividad de riesgo. Global Witness registró que, en 2021, fueron asesinadas 33 personas por proteger sus territorios.

Muchas otras huyeron “ante los señalamientos, la persecución, las amenazas y el amedrentamiento que han sufrido por su ejercicio de liderazgo”, detalla Luisa Acuña, trabajadora social y diplomada en Gestión Ambiental y Territorial.

“La mayoría de conflictos socioambientales se generan por la invisibilización de las poblaciones que habitan los territorios”, agrega la joven. En el mismo sentido, el abogado ambientalista Juan Camilo Sarmiento considera que los movimientos sociales pueden “hacer la diferencia” en defensa del agua y por alternativas de transición justa.

Acuña se involucró con las causas socioambientales durante sus prácticas académicas con una organización campesina. Seis años después, como parte del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso, brinda herramientas, formación política y capacitaciones sobre emprendimientos extractivistas a poblaciones que hace décadas habitan, producen y conservan las zonas rurales en Santander.

No es casual que un país con gran riqueza hídrica esté inundado de conflictos por el agua. Acuña identifica dos concepciones: una utilitarista, que la ve “como un recurso ofertado para la explotación”, y otra que la considera un derecho humano. En esta perspectiva se inscribe la lucha en defensa del Páramo de Santurbán, que ella define como uno de los “procesos bandera” del ambientalismo colombiano.

La movilización popular, nucleada en el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, frenó dos proyectos de gran minería en este ecosistema que abastece a más de dos millones de personas.

Según el abogado Sarmiento, buscan que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez prohíba la actividad en los “territorios del agua”, que abarcan las “cuencas hidrográficas que abastecen acueductos, estrellas fluviales, páramos, bosques, humedales, manglares, corales y arrecifes”.

Aunque tampoco tiene licencia social en Santander, el fracking (fractura hidráulica) amenaza el río Magdalena, la fuente de agua para seis millones de personas.

Acuña y sus compañeros están abocados a enfrentar los dos proyectos piloto –Kalé y Platero– que la estadounidense ExxonMobil y la colombiana Ecopetrol tienen en el municipio de Puerto Wilches, pero hay siete contratos de concesión ya vigentes en César-Ranchería (Guajira) y el valle del Magdalena Medio, adjudicados a Drummond, ConocoPhilips y Parex.

Aunque el Congreso colombiano aprobó la prohibición del fracking y “algunos yacimientos no convencionales”, la lucha sigue. La Alianza Colombia Libre de Fracking, que elaboró el proyecto original presentado por el Gobierno del Pacto Histórico, advierte que dejaron fuera los yacimientos no convencionales de gas asociado a mantos de carbón, los únicos explotados en la actualidad.

El acuerdo entre oficialistas y conservadores privilegió los contratos para “evitar las demandas contra el Estado a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y el sistema de protección a las inversiones”, dice Sarmiento.

El abogado lo resume con un dicho popular: “‘Hay gobierno, pero no poder’. A pesar del discurso y la voluntad política del Gobierno, toda la estructura normativa, económica, mediática y legislativa está con el extractivismo”. Para él, son los movimientos sociales los que pueden torcer la balanza en una región que históricamente se organizó en defensa del agua.

Malos aires en Puerto Rico

Según cifras oficiales, la central térmica de la estadounidense Applied Energy Services (AES) en Guayama, al sur de Puerto Rico, genera cada año unas 300.000 toneladas de cenizas de carbón, el recurso fósil más contaminante. La Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud, a la que pertenece Mabette Colón, denuncia perjuicios a la salud de la población y el ambiente.

AES plantea una encrucijada energética en un país que sigue importando combustibles fósiles y tiene una inversión marginal en renovables. Las comunidades proponen un vuelco a la energía solar sin afectar sus territorios y medios de vida.

La planta de AES, inaugurada en 2002, al comienzo fue una enemiga silenciosa. Aunque respira cenizas de carbón desde sus dos años, Colón cuenta que “de pequeña no entendía qué era eso y lo veíamos incluso como algo innovador en el área. Solía ir a una playa que está muy cerca de las instalaciones y me fascinaba ver esos barcos enormes entrando al puerto”.

Hoy se sabe que la montaña de residuos tóxicos que AES tiene al aire libre contradice normas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y leyes puertorriqueñas. Las playas guayamesas atestiguan su impacto con arenas teñidas de negro, peces muertos, mangles costeros resecos y desaparición de cítricos que solían ser muy abundantes, describe la joven.

Colón vive a poco más de un kilómetro de la central, en Miramar, una de las comunidades expuestas a la inhalación de partículas de metales pesados, que también se filtran a los acuíferos.

El Departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Puerto Rico registró que, entre 2016 y 2018, se duplicó la prevalencia de enfermedades crónicas: respiratorias, cardiovasculares, de la piel, diabetes y cáncer. Esta última ha sido, según la activista, “el mayor impacto en las personas”.

Fue en 2016 cuando, siguiendo el ejemplo de su padre Alberto, Colón se unió a la Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud. Con sus reclamos lograron frenar algunas propuestas, pero su meta mayor, el cierre y la mitigación del daño causado por AES, sigue pendiente.

En 2027, cuando finalice el contrato, no se resolverán todos los problemas, especialmente para los residentes de bajos recursos, que seguirán padeciendo la ceniza de carbón que AES vendió como material de relleno y hoy sigue al descubierto en muchos lugares públicos.

La activista, que también colabora con Diálogo Ambiental, EarthJustice y Sierra Club, es optimista pese a las dificultades: “Ser joven en estas luchas no es fácil, es un sacrificio, es frustrante y es arriesgado, pero nuestra voz es la fuerza que moverá al mundo”.

Construir el futuro 

Los jóvenes denuncian los errores del pasado, pero también pueden ser parte de la solución. Cuando se habla de fechas, no es una entelequia, sino el futuro de millones, ni más ni menos que el tiempo y las circunstancias que les tocará vivir.

Reclaman participación 

– Acuña piensa que en Colombia no es demasiado tarde para “poner en discusión viejas lecturas y proponer nuevas formas de defender el territorio”. Propone, por ejemplo, dar marcha atrás con la resolución de 2018 que “quitó la vinculatoriedad de las consultas populares”. Si bien considera que Acuerdo de Escazú, convertido en ley nacional, es “un avance gigante”, la joven colombiana espera que no quede “en meras mesas de trabajo” y que jóvenes y movimientos sociales puedan aportar a la construcción colectiva.

– La puertorriqueña Colón concuerda: “Tenemos en nuestras manos el poder de lograr un mundo mejor para nosotros y generaciones futuras”. Su generación de activistas, dice, no se deja intimidar cuando los poderosos intentan descartarlos por “falta de experiencia”, y sigue estudiando e investigando.

– González apuesta a concientizar a los jóvenes de Paraguay: no tiene dudas de que deben ser protagonistas, en especial cuando imagina “cómo sería la vida en 20 años si no lucharan ahora”.

– En Chaco, García rechaza la narrativa oficial contra los qom y destaca su potencial: “Nosotros trabajamos, por eso defendemos la tierra. Queremos producir, no que venga gente de otro lado a trabajar nuestras tierras. Podemos capacitarnos, tenemos más experiencia y no dañamos nuestro ambiente”.

Exigen herramientas:

– El arte y la cultura ayudan a sumar voluntades y lograr la unidad del movimiento socioambiental, dice Acuña. La referente colombiana también subraya que la inversión en educación, ciencia y tecnología debe estar a la altura del desafío de “transitar del viejo modelo de producción y consumo hacia formas de coexistencia con la naturaleza”.

– Los jóvenes campesinos de Paraguay lograron la apertura de bachilleratos agropecuarios, pero siguen luchando por más presupuesto y contra el cierre de escuelas. También reclaman asistencia técnica y créditos accesibles en un contexto climático incierto.

Piensan la transición energética:

– Aunque “es un bastión del actual Gobierno” colombiano, Acuña reconoce que no se tiene claridad al respecto: “Estamos expectantes”. Sarmiento, en tanto, ve una disputa entre una visión “corporativa” y “colonialista”, que impone zonas de sacrificio al servicio del consumo energético del norte global, y otra con enfoque territorial, reconversión laboral y soberanía.

Sarmiento admite que “el gobierno ha impulsado decididamente la idea de descarbonizar la economía, adoptando medidas contra el fracking y la gran minería de carbón”. Sin embargo, reclama que no se haya pronunciado aún contra el extractivismo de “minerales de transición” y los tratados que “dan vía libre al saqueo de las transnacionales a través de demandas contra Colombia”.

– En Puerto Rico también hay dos concepciones. Mientras AES promete una rápida transición a la energía solar, Colón es escéptica. “Sí, tienen una finca con varias placas solares, pero eso no genera absolutamente nada para nosotros. Además, ¿de qué vale hacer dicha inversión si aún tienen esa montaña de cenizas y carbón a la intemperie, permitiendo que se percolen en el acuífero, vuelen diariamente a nuestros hogares y anden regados en la bahía de Jobos?”.

Las comunidades promueven la instalación de paneles fotovoltaicos en los techos residenciales. “Si utilizamos los terrenos para las placas solares, no tendremos dónde sembrar. Hay que pensar más allá de la burbuja”, razona.

Este artículo es parte de la Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América latina, del que IPS forma parte.