Ecuador

Por: ALberto Acosta, John Cajas-Guijarro /

Hacia un continuo desamparo: Tiempos de tragedia, egoísmo e indiferencia /

“Para la codicia nada es sagrado. Si el Ave Fénix cayera en sus manos, se la comería o la vendería.” -Juan Montalvo /

“No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados” -Adam Smith

La peor crisis de la historia reciente… ese es el calificativo que merece el momento que vive el pueblo ecuatoriano en tiempos de la pandemia del coronavirus y una deteriorada situación económica y social. Basta citar un dato contundente: alrededor de 40 mil personas fallecidas en 2020 por encima del promedio registrado en los tres años anteriores, según información del Registro Civil[1]. Semejante dato, en términos comparativos, ubica al Ecuador entre los países con mayor exceso de fallecimientos del mundo, sobre todo si se revisan las cifras por tamaño de población: más de 2 mil muertes en exceso por millón de habitante (segundo país a nivel global luego de Perú[2]). Parte importante de esta tragedia corresponde al infierno que vivió Guayas en los primeros meses de la pandemia[3] y que de ninguna forma puede quedar en el olvido y la impunidad[4].

A la enorme mortalidad, se suma el hecho de que el testeo para identificar a la población infectada con COVID-19 en el país es bajo: según datos al 30 de noviembre[5], en Ecuador solo se realizaron 34,3 pruebas de coronavirus por cada mil habitantes, cifra menor a varias naciones sudamericanas como Perú (38), Paraguay (62,5), Argentina (73,8), Colombia (99,4), Uruguay (123,8), Chile (276,6), y apenas superior a Bolivia (30,7).

Y por si no fuera suficiente, el manejo de la pandemia por parte del gobierno ecuatoriano ha estado cargado de improvisaciones (p.ej. medidas desordenadas de confinamiento y restricción de movilidad, manejo nada transparente de la información), corrupción (p.ej. sobreprecios en insumos médicos), y deficiencias infames en el sistema de salud (p.ej. denuncias de desabastecimiento de anestésicos en unidades de cuidado intensivo que atienden a pacientes con coronavirus[6]). Tan grave es la situación que incluso países como Estados Unidos han recomendado a sus ciudadanos evitar viajes a Ecuador por el alto riesgo de contagio[7].

Estos y otros detalles sobre la pandemia del coronavirus en nuestro país reflejan que -en la práctica- ni para el gobierno de Lenín Moreno, ni para las élites ni demás grupos de poder es prioritaria la vida de los sectores populares; más bien la muerte y degradación del pueblo les resulta indiferente mientras puedan seguir lucrando y dominando. Caso contrario, en los inicios de la pandemia ya se habrían impulsado políticas redistributivas y solidarias (p.ej. contribuciones sobre los grandes patrimonios, incrementos del impuesto a la renta de grupos económicos y financieros, etc.) que ayuden a financiar el sistema de salud y sostener las condiciones de vida sobre todo de quienes deben buscar su sustento diario en las calles. Incluso cabe recordar que al gobierno morenista no le dolió abandonar sus propios y tibios intentos redistributivos, con tal de dejar pasar la flexibilización laboral y otras reformas en su mal llamada ley humanitaria[8].

Si a estos tiempos de tragedia e indiferencia les sumamos el hecho – mencionado hasta el cansancio – de que la economía ecuatoriana se encontraba en una grave crisis económica antes de la pandemia[9], obtenemos un futuro lleno de sombras e incertidumbre. Pero las sombras no son para todos, solo para aquellos que nacieron del lado “incorrecto” de la historia… desde la perspectiva del capital.

La peor crisis de todas
Según información del Banco Central del Ecuador (BCE)[10], se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) del país caería en –8,9% durante 2020, mientras que para 2021 se estima una recuperación de 3,1%. Dentro de dichas previsiones, puede notarse una caída económica generalizada en las diferentes ramas de actividad, con casos drásticos como las actividades de transporte que caerían un –21%, o el alojamiento y servicio de comida con una contracción de –20,2% (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Previsiones económicas por rama de actividad

Para tener una referencia de cuán fuerte sería la contracción económica ecuatoriana, se pueden revisar las previsiones presentadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a octubre de 2020[11], así como las previsiones de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) a diciembre de 2020[12]. En las previsiones del FMI se estimaba que el PIB ecuatoriano caería –11%, aunque en noviembre esta previsión mejoró a –9,5% con la firma de la carta de intención entre el país y el Fondo[13]. Pese a dicha mejora, el FMI y de la CEPAL coinciden en prever que el Ecuador en 2020 tendría una de las caídas económicas más graves de Sudamérica (FMI: –9,5%; CEPAL: –9%), solo superada por Venezuela (–25%; –30%), Perú (–13,9%; –12,9%) y Argentina (–11,8%; –10,5%) (cuadro 2).

Cuadro 2. Previsiones económicas para países sudamericanos

(*) Estimación ajustada a noviembre de 2020. Fuente: FMI y CEPAL. Elaboración propia

Y si las previsiones muestran que la caída de la economía ecuatoriana es excepcionalmente grave, una rápida comparación histórica confirma que vivimos nuestra peor crisis económica, combinada con un estancamiento de varios años. De hecho, dejando de lado el efecto de la inflación, la contracción del ingreso por habitante para 2020 sería de –10,1%, caída más drástica que aquella vivida en 1999 y que llegó a –6,8%.

Según los mismos datos del Banco Central, mientras que entre 2014-2019 el ingreso por habitante (PIB per cápita) pasó de 6.347 a 6.222 dólares anuales, para 2020 dicho ingreso caería a 5.521 dólares y para 2021 alcanzaría los 5.678 dólares. Es decir, a los cinco años de estancamiento económico por habitante que el Ecuador sufrió entre 2014-2019, se debe agregar mínimo dos años más de grave contracción y estancamiento.

Desde otra perspectiva, midiendo todo a precios de 2007, el ingreso por habitante de 2020 alcanzaría los 3.743 dólares anuales según el Banco Central, monto menor a los 3.762 dólares registrados en 2010. Estas cifras, más todas las indolentes medidas económicas llevadas a cabo por el gobierno de Lenín Moreno[14] (y el auténtico desperdicio dejado por el correísmo[15]), llevan a pensar que el Ecuador tendrá como saldo económico de semejantes épocas de estancamiento y crisis una nueva década perdida, quizá hasta más grave que aquella década perdida en los años 80.

De la destrucción del empleo a la descomposición social
Como toda gran crisis económica, los efectos son múltiples y en varios casos trascienden las – limitadas – fuentes oficiales de información. Un ejemplo es el grave efecto sobre el empleo, tan grave que hasta las encuestas que levanta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para construir las estadísticas laborales ecuatorianas no han podido obtenerse con normalidad (como ha reconocido el propio INEC). Por ello, las cifras que disponemos son solo referenciales y no recogen la auténtica dimensión del problema.

En todo caso, podemos afirmar con certeza que el mercado laboral del país ya venía golpeado por años: entre diciembre de 2016 y diciembre de 2019 la proporción de trabajadores con empleo adecuado fluctuó entre el 41,2% y el 38,8%; es decir, en ese período apenas 4 de cada 10 trabajadores alcanzaron un empleo que, en esencia, les permitía obtener un ingreso laboral mayor al salario básico (proporciones menores al 49,3% observado en 2014). Luego, para junio de 2020, vía encuesta telefónica se estimó que la proporción de empleo adecuado colapsó a 16,7%, y para septiembre – con encuesta presencial pero todavía con problemas de comparabilidad – se obtuvo un dato de 32,1%. Así, en 2020 la destrucción de empleos y el deterioro de su calidad es innegable, pues solo 3 de cada 10 trabajadores (o incluso menos) alcanzaron un empleo adecuado[16].

Otro dato que refleja el impacto de la crisis de 2020 en el mercado laboral – al menos en el mercado formal – es el número de afiliados en la seguridad social: mientras que en marzo se registraron 3 millones 81 mil afiliados, para noviembre el número se redujo a 2 millones 847 mil, es decir, una caída de 234 mil personas[17]. Por su parte, un estudio conjunto entre el Grupo Faro y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugiere que, con la pandemia, la mediana del ingreso laboral de los trabajadores informales en Quito se redujo de 250 a 145 dólares mensuales, mientras que la mediana de la jornada laboral aumentó de 47 a 51 horas semanales[18]. En otras palabras, como resultado de la crisis del coronavirus, los trabajadores informales en Quito han sufrido una importante reducción de ingresos y un fuerte aumento de horas de trabajo, problemas que seguramente se repetirán hasta con mayor severidad en otros rincones del país. En otras palabras, vía flexibilización laboral, es decir mayor explotación de la mano de obra, y también flexibilización de las normas ambientales y ampliación de las fronteras extractivistas, lo que implica una mayor destrucción de la Naturaleza, se pretende salir de la crisis, como en tantas otras ocasiones.

Un mercado laboral estancado por años, colapsado en 2020, con un salario básico de 400 dólares mensuales que no crecerá en 2021[19], y lleno de incertidumbres por la flexibilización laboral impulsada por el morenismo[20], tiene graves implicaciones sociales. Si millones no encuentran alternativas de empleo que les permitan subsistir de forma digna, terminarán integrándose a actividades cada vez más cercanas a la criminalidad. Como consecuencia, la violencia se irá agudizando. Basta ver que, entre enero y octubre de 2020, la provincia de Guayas registró 427 muertes violentas, equivaliendo a una tasa de 9,73 muertes por cada cien mil habitantes (la tasa mundial de referencia es de 5,78), dato que vendría aumentando desde 2018[21].

A tal punto se instaura la violencia en el país que se van volviendo más comunes e identificables grandes grupos locales de crimen organizado que se disputan territorios para el tráfico de droga, pugnan por el control de las cárceles y mantienen otros enfrentamientos similares (p.ej. “choneros”, “lagartos”, etc.)[22]. Y por si no bastara esta descomposición social interna, la pandemia no ha interrumpido la tendencia a que el Ecuador se siga consolidando como país de tránsito de droga (e incluso de consumo y microtráfico): según la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2020 se incautaron casi 111 toneladas de droga, dato que supera a cada una de las incautaciones anuales realizadas desde 2016[23]. De continuar estas tendencias, cada vez será más fácil que la economía informal del país quede enlazada con dinámicas económico-criminales llenas de violencias y penas para los sectores populares, mientras que las grandes ganancias terminarán en manos ajenas[24].

Otras dimensiones de la crisis
Además del estancamiento de la producción y de los ingresos, del deterioro del empleo y de la descomposición social, la crisis ecuatoriana posee muchas otras dimensiones. En términos de consumo, por ejemplo, hay patrones preocupantes. Según información de las matrices insumo-producto difundidas por el Banco Central[25], entre 2013 y 2018 se registró una reducción del gasto de consumo por habitante promedio mensual en lácteos (de 5,98 a 5,37 dólares) y productos de la molinería (de 4,78 a 3,60 dólares).

Estos datos muestran que, previo a la pandemia, ya existía en el país un estancamiento y reducción de la demanda de los hogares en productos alimenticios. Y con la crisis del coronavirus el problema de demanda se ha agravado, como ejemplifica la caída de 34% en las ventas de leche entre marzo y noviembre de 2020[26]. De mantenerse semejantes tendencias, varios males no resueltos por décadas como la desnutrición infantil, posiblemente se irán agravando, como empiezan a sugerir algunas fuentes[27].

También se puede asociar el problema de demanda en la economía ecuatoriana con las tendencias deflacionarias vigentes durante los últimos años. En concreto, desde 2017 se ha vuelto común que la inflación mensual en el Ecuador marque valores negativos, indicando que el índice de precios al consumidor ha sufrido reducciones, las cuales se han agravado en 2020. Según información del INEC[28], de abril a noviembre de 2020, dicho índice de precios se redujo en –2,15%, mientras que el índice de precios correspondiente a alimentos se redujo en –5,95%. El hecho de que se registre una importante deflación o caída de precios en alimentos durante la pandemia podría indicar que, ante la caída de ingresos y de demanda de la población, sobre todo pequeñas y medianas empresas se hayan visto obligadas a reducir los precios para sostener sus ventas. Ese es el caso, por ejemplo, del arroz o la propia leche, cuyos precios muchas veces no llegan a cubrir ni siquiera sus costos de producción[29].

Así como cae la demanda de los hogares, también en los últimos años se registra una drástica caída y estancamiento de la demanda del gobierno en inversión pública. Al respecto puede revisarse el plan anual de inversiones[30] que, entre 2014 a 2019 pasó de 7.607 a 2.033 millones de dólares (en términos devengados), implicando una contracción de 5.574 millones[31]; por su parte, para noviembre de 2020 el plan de inversiones alcanzó los 2.061 millones. El resultado más contundente de estas cifras es que, en 2019 y 2020, el plan de inversiones públicas se ha estancado en niveles mínimos similares a 2008 (cuando alcanzó los 2.140 millones de dólares). Es decir, en montos de inversión pública, el Estado ecuatoriano prácticamente ya ha sufrido una década de retroceso.

Por cierto, el hecho de que el plan de inversiones de 2020 sea ligeramente superior al plan de 2019 podría interpretarse como que, durante la pandemia, hubo una leve recuperación de la inversión pública. Sin embargo, dicha “recuperación” se debe a la canalización de recursos de emergencia en el sector salud, pues si se compara noviembre de 2020 con noviembre de 2019 puede verse que el plan de inversiones de salud aumentó de 103 a 224 millones de dólares; dinámica excepcional y distinta a sectores como educación, donde hubo una reducción de 591 a 566 millones de dólares. En otras palabras, si se deja de lado el incremento excepcional en el sector salud obligado por la pandemia, la inversión pública ecuatoriana en 2020 sería incluso menor a los 2 mil millones de dólares.

Mientras que la inversión pública se desploma, el gasto social o, – mejor dicho – la inversión social específica para educación y salud realizada por el gobierno central permanece por debajo de los montos asignados al servicio de la deuda pública (amortizaciones más intereses). En efecto, según información del Banco Central, mientras que en 2014 por cada dólar que el gobierno central destinó para pagar su deuda 1,17 dólares para salud y educación, entre 2015-2019 el monto se redujo a 71 y 66 centavos respectivamente. En cuanto a 2020 (hasta octubre), por cada dólar pagado al servicio de la deuda, el gobierno central destinó solo 80 centavos a salud y educación. Por tanto, ni siquiera con la crisis sanitaria y con la renegociación de parte de la deuda externa (renegociación cargada de controversias, dicho sea de paso[32]), ha sido posible que la inversión social supere al servicio de la deuda, como se registró hasta 2014. Desde entonces, nuevamente, “el capital está sobre el ser humano”.

Por cierto, la deuda pública también es otra dimensión de la crisis económica del país, pues dicha deuda – tanto en épocas correístas como morenistas – ha ido creciendo a ritmos acelerados e infames. Según información del Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que a diciembre de 2009 el Ecuador alcanzó una deuda externa pública de apenas 7.392 millones de dólares, para marzo de 2017 (meses antes de que Rafael Correa deje la presidencia) la deuda se incrementó a 26.486 millones; y esa tendencia de endeudamiento acelerado continuó con el gobierno de Lenín Moreno, con una deuda externa que creció hasta los 37.080 millones de dólares en marzo de 2019[33] previo a que cambien las metodologías de cálculo. Posteriormente, de marzo de 2019 a octubre de 2020 la deuda externa medida con nueva metodología se incrementó de 38.914 millones de dólares[34] a 42.352 millones[35], incluyendo los 2 mil millones de dólares provenientes del acuerdo con el FMI alcanzado en octubre.

Más allá de pensar en épocas correístas o morenistas, el acelerado endeudamiento externo público (a un ritmo que no se ha visto antes en la historia del Ecuador) podría reflejar una economía dolarizada que depende cada vez más de la deuda para sostener su actividad sobre todo en épocas de precios bajos del petróleo (más si se considera el importante papel que tiene el Estado en la economía ecuatoriana). Muestra de ello es que, ante la crisis del coronavirus, los requerimientos de financiamiento del Ecuador para 2020 terminaron sumando 8 mil millones de dólares, monto equivalente al 14% del PIB[36].

De hecho, en 2020 se volvió evidente la necesidad del gobierno central de adquirir deuda externa para solventar pagos de salarios y otros gastos corrientes, a más de evitar que se “rompan” las cadenas de pagos con proveedores del Estado[37]. Como ejemplo de esta dependencia se puede mencionar que, ni bien el gobierno de Moreno recibió el primer desembolso de casi 2 mil millones de dólares por parte del FMI en octubre, gran parte del dinero se usó para cubrir varios atrasos acumulados por meses[38].

Si la dependencia en la deuda externa devela potenciales problemas de liquidez y en las cadenas de pagos del país, la situación de la deuda interna también grafica esta grave problemática. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, para octubre de 2020 la deuda interna sumó 17.569 millones de dólares, de los cuales alrededor de 8 mil millones corresponden a bonos de deuda pública interna adquiridos por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).  Lo complejo de este tema es que los bonos de deuda interna presentan casi 40% del portafolio de inversiones del BIESS. Si aquí sumamos la reducción en los aportes recaudados por el IESS en 2020 (542 millones de dólares menos de aportes en comparación a 2019, de enero a noviembre), una fuerte mora patronal (1.639 millones de dólares hasta septiembre), y la dependencia en las transferencias estatales bajo el contexto de una deuda que aún no está del todo aclarada[39], se obtiene como consecuencia que la seguridad social ecuatoriana podría enfrentar potenciales problemas de liquidez; problemas que, al momento, se sobrellevan justamente con fondos de deuda externa.

Finalmente, cabe indicar que las dimensiones económicas y sociales asociadas a la crisis que vive el Ecuador en medio de la pandemia del coronavirus van mucho más allá de los puntos planteados en este texto. De hecho, los problemas son en extremo diversos: caída en los ritmos de extracción petrolera (y falta de inversión en el sector); ampliación de extractivismos que dejarán saqueo y destrucción ambiental y social (p.ej. megaminería[40]); posibilidad de una mayor concentración de los mercados en beneficio de grandes grupos económicos (a la vez que varias pequeñas y medianas empresas están al borde del colapso); aumento de la pobreza sobre todo en poblaciones rurales (pero de la cual aún no poseemos datos certeros para 2020); dificultades en la producción agrícola rural, con precios de miseria que subsidian la vida de las grandes urbes; aumento de las desigualdades de género (con el aumento de la explotación laboral sobre las mujeres trabajadoras en actividades necesarias para reproducir la vida y un imparable incremento de la violencia de género); mayores limitaciones para un acceso digno a la educación (con personas que simplemente han dejado de estudiar por falta de conectividad y de recursos económicos); aumento del número suicidios; etc.

Dicho de otra manera, con la pandemia del coronavirus, en el Ecuador se ha consolidado una crisis multidimensional sin precedente, cuya resolución no podrá lograrse si seguimos entrampados en diagnósticos y políticas meramente coyunturales.

Las urgencias de transformación
En el Ecuador es urgente una profunda transformación estructural. Sin cambios a ese nivel, el futuro de amplios sectores populares será cada vez más desolador. Dentro de esos cambios estructurales incluimos la necesidad de cuestionar las estructuras de propiedad vigentes en el país. Es infame que los dueños de grandes patrimonios y capitales sigan acumulando dinero y poder por encima de la vida de un pueblo que se muere buscando sustento en las calles.

Apenas por plantear un par de ejemplos de la urgencia de cambios profundos, según información del Servicio de Rentas Internas (SRI)[41], en 2019 se identificaron 300 grupos económicos con un patrimonio total de 48.228 millones de dólares. Si a ese patrimonio se le aplicara una tasa impositiva extraordinaria del 5%, se obtendrían 2.411 millones de dólares, monto superior a los 1.771 millones que dichos grupos pagaron por impuesto a la renta en 2019. Esta medida podría complementarse con el incremento del impuesto a la renta aplicado a esos mismos grupos económicos: si la tasa del impuesto a la renta se incrementa a 25% a 35% solo para los 300 grupos económicos identificados por el SRI, la recaudación podría aumentar en 709 millones de dólares. Otra opción adicional sería gravar con un impuesto especial a las ganancias extraordinarias, que, como en e caso de las teléfonicas tienen beneficios anuales sobre patrimonio neto que superan el 90%. A su vez, como estímulo, se podría reducir el impuesto a la renta de pequeñas empresas.

Incluso esta propuesta se queda corta frente a las transformaciones que se necesitan en las estructuras de propiedad del país, las cuales incluyen aplicar una auténtica reforma agraria, la posible nacionalización de sectores estratégicos como las telecomunicaciones, un verdadero fomento a las formas de producción campesinas y comunitarias, el desarme de los oligopolios controlados por los grandes grupos económicos y financieros que concentran mercados y banca… Y muchos otros cambios de fondo que no pueden seguirse guardando en el olvido.

Por tanto, mientras no enfrentemos estas y otras grandes cuestiones que limitan las posibilidades de construir un Ecuador más justo, seguiremos siendo testigos de cómo el pueblo se sigue hundiendo en un continuo desamparo.-

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013). Autor de varios libros. Compañero de luchas de los movimientos sociales. [email protected]

John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano. Profesor titular, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central del Ecuador. Candidato a doctor en economía del desarrollo, FLACSO-Ecuador. [email protected]

 

Fuente: TeleSur

 

Andrés Arauz, del Movimiento Centro Democrático apoyado por el ex mandatario Rafael Correa, y Guillermo Lasso arrancan como los candidatos con más posibilidades de hacerse con la presidencia.

Alrededor de 13.1 millones de habitantes están llamados a elegir al reemplazo del presidente Lenín Moreno en febrero próximo.

Este jueves arrancó en Ecuador la campaña electoral para los comicios generales del 7 de febrero en medio de la pandemia. Desde este 31 de diciembre y hasta el 5 de febrero, las fuerzas y movimientos políticos ecuatorianos intentarán convencer al electorado de darle su voto y tratar de alcanzar la mayor cantidad de asambleístas posible.

Con 16 candidatos empezará la carrera para elegir al sucesor del mandatario de izquierda Lenín Moreno, de 67 años, cuyo período de cuatro años concluirá el 24 de mayo. Andrés Arauz, del Movimiento Centro Democrático y el candidato que cuenta con el apoyo del ex mandatario Rafael Correa, es el favorito para hacerse con la presidencia del país. De conseguirlo, se convertiría en el mandatario más joven de la historia de Ecuador, con 36 cumplidos tan solo un día antes de los comicios.

Tras él, Guillermo Lasso, que presenta su tercera candidatura presidencial consecutiva, a través del movimiento Creando Oportunidades (CREO), en alianza con el Partido Social Cristiano, que había liderado las encuestas hasta el final de noviembre y aún cuenta con muchas posibilidades de alzarse con la victoria el 7 de febrero.

El último candidato con cifras significativas de apoyo es Yaku Pérez, del partido Pachakutik, aunque los sondeos le marcan un techo del 10% del apoyo electoral. Ninguno de los otros 13 candidatos parece acumular más de un 2% de los apoyos.

A pesar del número de aspirantes a la presidencia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país suramericano no ha definido la totalidad de los binomios presidenciales, ocasionando desconfianza en los ciudadanos.

La campaña estará caracterizada por limitaciones, debido al protocolo establecido para evitar la propagación de la Covid-19.

Bajo esta característica, los partidos y movimientos solo podrán realizar actos proselitistas, como caravanas y caminatas con una participación limitada, en dependencia del número de electores en cada ciudad.

Los municipios con más de 100 mil votantes sólo podrán hacer movilizaciones con un máximo de 200 personas, quienes deberán mantener distanciamiento, además de hacer uso obligatorio de mascarilla y de gel antibacterial.

En el caso de urbes con un número de 10 mil a 100 mil personas, el aforo será de 150 seguidores y las localidades con un registro electoral menor a 10 mil, solo podrán participar en las caminatas un centenar.

Alrededor de 13.1 millones de los 17.5 millones de habitantes están llamados a elegir al reemplazo del presidente Lenín Moreno en febrero próximo.

Por: Boyanovsky Bazán

El candidato prevé una proscripción de su espacio político y la postergación de las elecciones previstas para el 7 de febrero.
El candidato a presidente Andrés Aráuz, de la alianza Unes, la que representa al espacio político del expresidente Rafael Correa, denunció hoy que habrá en el Ecuador un inminente “golpe contra la democracia”, si se consuma la posible proscripción de su candidatura y a la vez se posterga la fecha de las elecciones prevista para el 7 de febrero.

“Saben que es la Lista 1 la que representa la esperanza, eso atenta en contra de las élites, por eso buscan evitar nuestra participación”, señaló Aráuz, en referencia a los números favorables que marcan las encuestas, en una conferencia de prensa desde Quito, en la que estuvo acompañado por su compañero de fórmula, Carlos Rabascall.

Además de la posible proscripción, debido a varias impugnaciones que se presentaron contra el binomio y que la autoridad electoral nunca termina de resolver, Aráuz afirmó: “tenemos información de que ciertos vocales (del Consejo Nacional Electoral) están preparando una agenda mediática para justificar la suspensión del calendario electoral y poder armar uno nuevo, esto generaría la continuidad del gobierno de Moreno”.PUBLICIDAD

Aráuz hizo un llamado a la ciudadanía ecuatoriana a “que se mantenga activa alerta y movilizada para evitar este golpe”. También pidió a los organismos electorales que “se pronuncien en derecho y permitan la participación de la Unión por la Esperanza, fuerzas democráticas que quieren aportar al país, dar soluciones a nuestro pueblo”.

Y pidió que esa respuesta sea “en forma expedita”. Según dijo después, en 48 horas debería conocerse una resolución en el sentido de las candidaturas.

El economista que busca ser la continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana iniciado por Correa, remarcó que “es imposible que se difiera el calendario electoral” porque ello sería “no es un golpe en contra de Carlos Rabascall o Andrés Aráuz, es en contra de los derechos de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y no queremos eso, hemos tenido el sufrimiento de un gobierno nefasto que nos ha abandonado”, señaló.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/nota/en-ecuador-andres-arauz-denuncio-un-inminente-golpe-contra-la-democracia

Por Jaime Vargas/

Fuentes: Conaie Comunicaciones/
El gobierno de Lenín Moreno, aprovechando vilmente la pandemia profundizó la crisis, a través, de políticas económicas, aprobación de leyes y decretos que canalizaron las imposiciones del FMI, las alianzas para gobernar con los sectores empresariales y financieros, así como, la protección a los corruptos y evasores de impuestos.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, al cumplirse el primer aniversario del Levantamiento Indígena Popular y del Paro Nacional de octubre de 2019, en conmemoración de todos los luchadores sociales, las víctimas de la violencia estatal entre heridos, mutilados y familiares de fallecidos, declara a OCTUBRE COMO “MES DE LA RESISTENCIA INDÍGENA Y POPULAR”, ratifica el compromiso por la exigencia de verdad, justicia y reparación.

Recordamos cómo el movimiento indígena y el pueblo ecuatoriano en su conjunto se movilizó en un solo puño, hicimos temblar al poder, guiamos con claridad la agenda de resistencia y demandas para enfrentar las leyes y decretos que afectaban a la sociedad ecuatoriana, medidas como el decreto 883 que hubieran deteriorado las condiciones de vida y existencia de los sectores populares más vulnerables del país. Sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno, aprovechando vilmente la pandemia profundizó la crisis, a través, de políticas económicas, aprobación de leyes y decretos que canalizaron las imposiciones del FMI, las alianzas para gobernar con los sectores empresariales y financieros, así como, la protección a los corruptos y evasores de impuestos, creó una pandemia de corrupción, sobreprecios y ajustes neoliberales.

Desde marzo, mientras en las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y barrios, ante el abandono del Estado, enfrentamos la pandemia desde la solidaridad, el gobierno y la Asamblea Nacional, a pretexto del confinamiento y la emergencia sanitaria, dieron golpes certeros al presupuesto de salud, educación y el bolsillo de la clase trabajadora y campesinos, ahondado la inestabilidad social, impulsando privatizaciones, precarización, flexibilización laboral, desempleo, despidos masivos, explotación laboral y despojo de nuestros recursos y territorios. El gobierno de Moreno y sus ministros son los responsables de esta crisis multidimensional, solo en los últimos meses, la aprobación de la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario y la ley de Finanzas Públicas, antipopulares y antiobreras, demuestran la incapacidad e indolencia del gobierno.

Desde el año anterior el movimiento indígena y más de 500 organizaciones a nivel nacional presentamos propuestas fruto del diálogo y participación colectiva, es así que en julio 2020 desde el Parlamento de los Pueblos se presentó la propuesta denominada Minga por la Vida con alternativas reales para enfrentar la crisis, pero, el gobierno nuevamente hizo caso omiso, es por ello que nos queda ratificar la unidad de los sectores indígenas y populares, armando una plataforma de lucha fortalecida con una enorme conciencia sobre las demandas y la necesidad de la movilización permanente para exigir respeto a nuestros derechos vulnerados.

Las medidas económicas que motivaron octubre 2019, lo relacionado al decreto 883, siguen vigentes y se han agudizado, en julio 2020 finalmente el gobierno eliminó el subsidio a los combustibles con el sistema de bandas de precios para la gasolina extra, ecopaís y diésel. El Decreto 1158, firmado este 25 de septiembre, libera la importación de combustibles beneficiando a los monopolios del negocio de hidrocarburos y privatizando este sector estratégico, sin que represente aporte a las finanzas públicas, estas acciones ejecutadas por René Ortiz, Ministro de Energía y Recursos, y Richard Martínez, Ministro de Economía, demuestran cómo el gobierno nacional engañó al país al no cumplir las demandas y lo planteado en la mesa de diálogo televisado del año pasado. Por todos estos antecedentes insistimos en el rechazo a las medidas económicas que afecten al pueblo ecuatoriano, si el gobierno mantiene esta necedad los sectores organizados seguiremos en resistencia permanente como arma histórica de transformación, movilizados, ahora hay más sectores afectados, indignación y malestar social, por toda la profundización de la crisis, si hay otro octubre será más fuerte.

No quedará impune la política de violencia, represión, intimidación, persecución y criminalización con la que actuó el gobierno de Lenín Moreno y el abuso de autoridad ordenando la represión atroz sobre el pueblo, con responsabilidad directa de los ministros de Gobierno, María Paula Romo; y Defensa, Oswaldo Jarrín, por cometer delitos de lesa humanidad contra indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantes, mujeres, niños y mayores.

Nuestra lucha va más allá de los procesos electorales, la unidad del movimiento indígena se ratifica en los procesos organizativos de nuestra estructura y las bases organizadas para viabilizar procesos y tomar decisiones colectivas, el paro de octubre 2019 es la bandera de lucha que le pertenece al pueblo, así convocamos a mantener la unidad de los sectores sociales por la defensa de nuestros territorios y derechos, la CONAIE seguirá en la resistencia inclaudicable.

En el marco del primer aniversario del Levantamiento de Octubre realizaremos varios eventos conmemorativos, así, los días 09 y 10 de octubre en la comunidad San Isidro, Pujilí (Cotopaxi) se llevará a cabo el evento conmemorativo “Octubre Rebelde» Inocencio Tucumbi, en 2 jornadas de solidaridad, lucha y conciencia por nuestros compañeros mutilados y asesinados por la violencia estatal. Junto a la Asociación de Víctimas del Paro Nacional “Inocencio Tucumbi”, el día lunes 12 de octubre en el Parque El Arbolito, realizaremos una ceremonia, concentración y movilización pacífica hacia la Fiscalía General del Estado, donde presentaremos una demanda contra el Estado por las graves vulneraciones a los derechos humanos producto de la brutal represión hacia el pueblo, en la exigencia de verdad, justicia y reparación.

¡Octubre rebelde sigue presente!

¡La lucha va porque va!

Por el Consejo de Gobierno, Jaime Vargas -PRESIDENTE DE LA CONAIE

Por: Bayardo Tobar 

 

Por: VTV

Mediante oficio enviado por la Comisión de Control de Ficheros de INTERPOL a la oficina de la entidad en Quito, bajo el asunto “Información referente al Sr. Correa Delgado Rafael Vicente EP N°. 2019/100273”, se informa que en la 113ava sesión se estudió el caso de Rafael Correa Delgado y se determinó que es improcedente hacer efectiva una cooperación dentro del espíritu universal de los Derechos Humanos.

Con ese antecedente la Secretaría General de Interpol eliminó esta información, detalló el documento.

Correa: ¿Se seguirá prestando a la persecución el “sistema” de justicia?

En su cuenta de twitter Rafael Correa Delgado informó que la INTERPOL niega nuevamente petición de alerta roja por ser incompatible con Derechos Humanos y reconoce implícitamente que todo se trata de una persecución política.

“La realidad es que Interpol niega nuevamente petición de alerta roja por ser incompatible con Derechos Humanos, reconociendo implícitamente que todo es persecución política. A nivel internacional sólo hacen el ridículo. Lástima el daño que ocasionan”, expresó el líder ecuatoriano.

Fuente: Terc3ra

El Frente Unidad Para Vencer (FUPV) rechaza la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que podría excluir al ex presidente Correa de las elecciones de 2021.

El Frente Unidad Para Vencer (FUPV) de Ecuador, coalición de organizaciones sociales progresistas, ha rechazado la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de otorgar diez días a la Fuerza de Compromiso Social (FCS) para asumir la defensa del ex presidente Rafael Correa en un proceso administrativo que podría excluirlo de las elecciones de 2021.

El FUPV ha denunciado en un comunicado que la decisión del CNE se produce por las presiones políticas que el gobierno del actual presidente Lenín Moreno y los principales medios de comunicación ejercen para dejar al ex presidente de la izquierda fuera de la contienda electoral.

La FCS ha calificado de “fraude electoral” la manipulación política que las élites están llevando a cabo para impedir su participación en las próximas elecciones:

“Es parte de toda una estrategia emprendida desde hace tres años, cumplida sin un mínimo de vergüenza por las élites del poder político y económico del Ecuador quienes, en acuerdo con la mayor parte de los grandes medios de comunicación del país pretenden acabar con ‘el correismo’”.

Por: Kintto Lucas

En 2009 escribí en un análisis que se estaba forjando una nueva derecha en Ecuador y en América Latina para contrarrestar el avance de los gobiernos progresistas o de izquierda que estaban triunfando electoralmente.

En el caso ecuatoriano mencionaba a determinados personajes de los medios de comunicación que asumían abiertamente su papel de actores políticos, a determinados sectores sociales y políticos opositores al gobierno y a otros que apoyaban o estaban dentro del propio gobierno.

Entre los sectores internos mencionaba Ruptura de los 25, con una estructura de pensamiento de la mayoría de sus integrantes surgida del la ex Democracia Cristiana sectores vinculados a Gustavo Larrea o el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) que históricamente vivieron del oportunismo y a otros que era más fácil identificarlos porque siempre habían estado vinculados a la derecha.

Algunos de esos sectores que antes estuvieron vinculados a la derecha y estaban en el gobierno se podía asumir como parte de una política de alianzas o vínculos de amistad o lealtades con el presidente y el gobierno. Con ellos se podía estar en desacuerdo, pero estaba claro quiénes eran, más allá de aportar en la gestión gubernamental. El problema mayor eran los otros, que apenas cambiara la realidad volverían a ser lo que siempre fueron, como ciertos prefectos, alcaldes, asesores, asambleístas y tantos más que se acomodaron a la sombra de su “gobiernismo” acrítico, durante los diez años de Rafael Correa.

Pero eran todavía más preocupantes los sectores que en algún momento podían haberse reivindicado de izquierda o disfrazado de izquierda y en el minuto indicado fueron, son y serán sumisos a la derecha, al poder económico y a la influencia estadounidense.

En ese sentido me preocupaban los sectores mencionados, y los grupos o personajes que en algún momento incluso pertenecieron a la izquierda tradicional y ayudaron a hundirla, ya sean del Partido Comunista, Partido Socialista o MIR, además de estos jóvenes que decían ser parte de una ruptura que no era tal.

Unos y otros fueron y son parte de la farsa política que en momentos importantes terminaban siendo serviles al colonialismo político, los poderes económicos nacionales y trasnacionales. Esa preocupación no surgió a partir de la llegada al gobierno de Correa, sino de mucho antes, cuando se acercaban al movimiento indígena tratando de influenciarlo.

Por lo tanto no creo que esos sectores hayan traicionado sino que siempre respondieron a un sentido de clase. Más allá de ocultarse en su crítica al gobierno de Rafael Correa, o directamente en su odio al expresidente por no haberles dado el puestitos o espacio que querían tener, esos sectores o personajes han tenido siempre la misma postura política, social y económica. No han cambiado.

Por lo tanto, era casi obvio que terminarían asumiendo la postura que asumieron con el actual gobierno. En ese sentido, lo bueno del actual proceso es que cada cual ha mostrado su verdadero rostro.

Si antes de la movilización de octubre de 2019 ya no existía espacio para seguir justificando sus acciones con las del gobierno anterior, después quedó en evidencia que sus acciones y pensamientos son parte de su visión de clase y su oportunismo. Finalmente, son parte de su ideología.

En todo caso, esos personajes y sectores pueden lucrar con distintos gobiernos, dañar o romper espacios de izquierda o progresistas pero finalmente no tendrán una proyección mayor. Su único papel es servir de escalera para la derecha y un día se caen despreciados por las masas.

Esa gente y sus traiciones son apenas una de la causa del actual momento de entreguismo, crisis social, política y económica que vive el país. Hay otras causas, como la intervención de Estados Unidos y sus servicios de inteligencia claro está.

Pero también otra causa está en los errores de todas las izquierdas que solo se miran al ombligo y creen ser dueñas de la verdad; en la condición de clase de cierta izquierda que tiene una mirada burguesa y colonialista de los procesos sociales y políticos porque su extracción de clase se los dictamina; el oportunismo de cierta gente que se dice de izquierda pero vive acomodándose y puede hacer zancadillas a sus supuestos compañeros con tal de defender un lugarcito, ayudando así destrozar procesos; los movimientos sociales y políticos que se venden por alguna migas de pan, y más…

Si la izquierda y los sectores políticos democráticos quieren cambiar el destino de un país que está en manos de los sectores más retrógrados de la sociedad y va hacia la consolidación de un modelo más opresor en todo, debe fortalecer alianzas en la movilización como ocurrió en octubre, poniendo énfasis en la unidad social y política en la calle, y debe lograr alianzas honestas para las elecciones del año próximo sobre todo en la segunda vuelta.

Un frente social y político puede ser una de las herramientas fundamentales si no se construye solo con etiquetas. Un movimiento socio cultural para el cambio es otra herramienta importante, si aporta bases simbólicas para el cambio y para la lucha ideológica.

Para eso se necesita un mayor respeto hacia los otros, capacidad de fortalecer estratégicamente la unidad social y política, consolidar distintas herramientas de lucha conjunta y dejar a un lado los personalismos.

Todo el mundo tiene derecho a soñar en que puede ser presidente o asambleísta, pero el problema surge cuando se pone por delante de todo esa aspiración transformada en ambición, sin entender que las elecciones son una parte de un proceso estratégico de cambios.Por lo tanto habrá que superar individualismos, ambiciones, miradas cortas, egoísmos y oportunismos para cambiar el destino que está construyendo la derecha política, social y económica. No hay destino irreversible, pero se necesita con urgencia asumir el reto de construir herramientas de unidad para un proceso de cambios, antes que sea tarde y avancemos hacia un nuevo tiempo de lamentos.

Por: Juan J. Paz y Miño Cepeda

En el mundo contemporáneo y particularmente en América Latina, se ha legitimado la idea de que los ricos han hecho fortuna con su trabajo y que la clase capitalista es ejemplar por la acumulación de riqueza que logra igualmente con el suyo. Se dice que los ricos y los capitalistas, cuando son inversores de recursos, generan trabajo, benefician a la sociedad y, sin duda, incrementan sus propios patrimonios gracias a su riesgo y a su esfuerzo creador.

Ante semejante ideología, la pobreza y las diferencias sociales de ingreso resultan de decisiones y posiciones personales. La culpa de los pobres está en ellos mismos.

Estos mitos han sido refutados desde el siglo XIX, gracias a numerosos investigadores. En América Latina hay suficientes estudios, entre los que pueden destacarse aquellos desarrollados por los historiadores económicos y sociales, que demuestran que la riqueza y la pobreza son, ante todo, productos históricos, en cuya base están una serie de procesos nacidos desde la época de la conquista y la colonia, que continúan durante la república con nuevos mecanismos de apropiación. Los instrumentos para enriquecerse han sido variados: encomiendas, mitas, usurpación de tierras y minas, saqueo, expulsión de comunidades, esclavitud, trabajo servil, explotación laboral, salarios miserables, contrabando, evasión tributaria, estafas al fisco, aprovechamiento de recursos estatales, usura, intereses descontrolados, herencias, etc.

En Ecuador hay una importante lista de quienes han investigado sobre el régimen colonial, el sistema hacienda, el auge cacaotero, el dominio plutocrático de inicios del siglo XX, la época bananera o la petrolera y, más contemporáneamente, el modelo neoliberal-empresarial. Allí están las bases para entender a la riqueza y a la pobreza en sus dinámicas históricas y para comprender la conformación de esa cúpula de oligarquías, familias ricas y dominantes grupos empresariales, que controlan la propiedad privada y la economía en el país. La riqueza sigue marcando diferencias sociales porque acumula valor socialmente generado. Nunca ha sido fruto de cualidades excepcionales para el emprendimiento o la inversión. De modo que una de las tesis centrales para el siglo XXI debiera ser la abolición de la riqueza, pues no hay razones humanas ni económicas para que exista gente millonaria.

Hoy el tema de las diferencias entre ricos y pobres y, con mayor amplitud, el relativo a las desigualdades sociales, crece en evidencias, en estudios e incluso en preocupaciones internacionales y, desde luego, en la vida política. Una de las investigaciones que marcó el mundo académico por su enorme impacto es El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty (2013), quien señaló el descuido de los economistas sobre este tema y en su estudio de largo plazo, basado en rigurosas fuentes, demostró que la riqueza se concentra en el 1% mundial. En Ecuador un estudio pionero pertenece a José Moncada, en El desarrollo económico y la distribución del ingreso en el caso ecuatoriano (1973). La CEPAL, institución igualmente pionera, publicó varias obras antes que la de Piketty y hoy es recurrente en insistir sobre el tema de la desigualdad en América Latina, la región más inequitativa del mundo, en la que Ecuador ocupa el sexto lugar.

Acaba de publicarse el Informe sobre Desarrollo Humano 2019 del PNUD (https://bit.ly/36zJ6yP), con un sugestivo subtítulo: “Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI”. En su presentación se reconoce: “Con demasiada frecuencia, el lugar que ocupa una persona en la sociedad sigue estando determinado por su género, su etnia o la riqueza de sus progenitores”; y añade: “La oleada de manifestaciones que se han producido en numerosos países es un claro signo de que, para el progreso de la humanidad, hay algún aspecto de nuestra sociedad globalizada que no funciona”.

En América Latina y en Ecuador eso que no funciona se llama “neoliberalismo” y su modelo, como se está comprobando una vez más (después de su primera experiencia en las décadas finales del siglo XX), ha recobrado su rumbo con los gobiernos conservadores que hegemonizan en la región y nuevamente agrava las desigualdades y la concentración de la riqueza.

Hace pocos días, al presentar el Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2019, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, insistió en la necesidad de cambiar el modelo económico (https://bit.ly/35mrwy6) y remarcó sobre la recuperación del activo papel del Estado en la economía y, de modo particular, en el rol de los impuestos directos sobre las capas ricas, para favorecer una mayor equidad.

Es tal el creciente abismo en el mundo que un artículo de Christopher Ingraham en The Washington Post (https://wapo.st/2ryoMPL), publicado hace pocas semanas, y que resume el trabajo de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, de la Universidad de California en Berkeley, llama la atención que por primera vez en la historia, las 400 familias más ricas de los EEUU pagan una tasa menor (23%) en impuestos que la mitad inferior de los hogares norteamericanos (24.2%). ¡No hay por qué alarmarse! -diríamos en Ecuador-, donde 110 de los 270 “grupos económicos” existentes en el país (datos del SRI, https://bit.ly/2YS2zIv), tienen una presión fiscal inferior al 1.5%..!!! Por si acaso, Joseph Stiglitz (premio Nobel de Economía 2001), Tukker y Zucman, en su reciente artículo “The Starving State. Why Capitalism’s Salvation Depends on Taxation” (https://fam.ag/2RR3fMJ) destruyen el mito que sostiene que los impuestos directos afectan a las inversiones o desalientan la economía, por lo que abogan a favor de su incremento y en la necesidad de crear una economía social.

La preocupación sobre las desigualdades es tan honda, que el Premio Nobel de Economía en 2019 fue para Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer (investigadores en el MIT y Harvard) por su “enfoque experimental en el alivio de la pobreza”.

Sin embargo, desde 2017, el tema de las desigualdades, la concentración de la riqueza y la necesaria redistribución de la misma, desapareció del mapa ecuatoriano. Ni hablar de los impuestos directos. Todo lo contrario: aquí se reducen impuestos a las elites, se les perdona intereses y multas, y se acuerda con el FMI el fortalecimiento de los impuestos indirectos sobre los directos, violando expresamente lo que dispone la Constitución de 2008. Además, se aceptan, sin fundamento, los criterios económicos de quienes siguen creyendo que el modelo neoliberal-empresarial es el único camino posible, sin que les importe las experiencias históricas, ni las reacciones sociales.

El desprecio por los estudios científicos y los análisis académicos, para reemplazarlos con la ideología y las consignas, dominan la economía nacional. En consecuencia, los índices sociales siguen deteriorándose, como lo demuestran las cifras del INEC (https://bit.ly/2YNoh06) y también los mencionados estudios de la Cepal, institución que proyecta el decrecimiento de la economía ecuatoriana en -2% para el 2020, una cifra que coincide con igual previsión del FMI (https://bit.ly/2Wfs97H), que considera un crecimiento de apenas el 2.7% en 2021, pero del 2.3% en 2022, mientras el desempleo se incrementará del 4.3% en 2019 al 4.7% en 2020. Lo paradójico es que esas previsiones se hacen incluso considerando la aplicación del conocido recetario del FMI.