Ecuador

Fuente: Terc3ra

Se presentan cifras y testimonios de personas heridas, detenidas que sufrieron golpes y salieron en libertad sin ningún cargo en su contra, así como de los familiares de los fallecidos.

“Le pusieron una funda de plástico para que no vea a donde estaba siendo dirigido. Le hicieron bajar en un puente, le decían “quieres vivir o morir”, este es uno de los testimonios que incluye el informe presentado por la Alianza de organizaciones de Derechos Humanos, conformada por 6 entidades, sobre el paro nacional. En él, se señala las “graves vulneraciones de derechos cometidas, principalmente, por agentes estatales”, dentro del marco de los 11 días de protestas.

“Le pusieron una funda de plástico para que no vea a donde estaba siendo dirigido. Le hicieron bajar en un puente, le decían “quieres vivir o morir”. Lo golpearon nuevamente en todo el cuerpo y le obligaban a que responda preguntas específicas sobre su participación en el paro y la de los dirigentes. Después de acceder a colaborar, lo subieron a la patrulla, pero se volvió a quedar callado, y en ese momento le dispararon y el impacto lo recibió su celular. Entonces, respondió algunas preguntas. Finalmente, llegaron al Parque El Ejido, tomaron sus datos y después de golpearlo y amenazarlo, lo dejaron en libertad” (Dirigente indígena aprehendido el 9 de octubre en el Centro de Quito”).

El informe concluye que las movilizaciones se dieron en medio de uso excesivo, desproporcionado y violento de la fuerza pública (policía nacional y fuerzas armadas) contra la ciudadanía que mayoritariamente se manifestaba de manera pacífica. La Alianza pudo registrar graves violaciones a los derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad en relación con otros derechos.

 “J.S., hombre, se encontraba en una protesta cerca de Carapungo, y después entró a la casa con su primo. Los policías, alrededor de 5, entraron al domicilio, sin ningún tipo de orden u autorización competente para realizarlo y ambos fueron severamente golpeados en el cuerpo y en sus genitales”. (Su detención se dio entre el 3 y 4 de octubre. Se formalizó en Unidad de Flagrancia).

La Alianza corroboró que los actos de represión masiva desplegados al amparo de un estado de excepción y toque de queda produjeron una escalada de violencia que dejó más de mil heridos, ocho fallecidos confirmados por esta coalición de organizaciones de derechos humanos, heridos leves y graves, discapacitados, torturados, además de más de mil detenidos -449 reportados a esta Alianza- y pérdidas económicas y un exacerbamiento del racismo y la xenofobia en el país.

“Nos hincaron a todos, nos amarraron y en el centro nos botaron una bomba (lacrimógena) y el que se caía ahí le caían a patazos o a toletazos. Los menores de edad lloraban y se revolcaban en el piso y el que no hacía [el ejercicio] toletazo, patazo e incluso estaban con una tabla. Eran como 15 policías, 4 mujeres, todos salieron a reírse, se burlaban ahí…” (K.A.T, su detención fue el 8 de octubre. La audiencia fue por contravención de escándalo público. Pidió disculpas para salir en libertad).

La Alianza verificó que se vulneró también el derecho a la libertad personal y durante esas detenciones el derecho a la integridad de cientos de personas a nivel nacional. En este sentido, se logró verificar dos prácticas graves. Por un lado, la privación de la libertad de cientos de personas formalizadas ante un juez y, por otro, detenciones que no fueron formalizadas y que estuvieron acompañadas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

“Estábamos sentados con el carro apagado, cuando un grupo de policías en moto se acercó, nos rodeó y comenzó a romper los vidrios de nuestro carro. Uno de ellos me apuntó con escopeta a la cara, amenazándome con disparar si no bajaba del carro. A mi hermano y a mi nos sacan a rastras del carro, y comienzan a golpearnos en el suelo y a patearnos entre varios policías. Apenas alzábamos un poco la cabeza, nos pateaban […] y nos gritaban que no intentemos ver. Luego de darnos una golpiza en la cabeza, espalda y extremidades, nos subieron a una patrulla y nos tuvieron dando vueltas por Quito por aproximadamente 2 horas. Nunca nos hicieron una detención legal. No quedó registrado en ningún documento…” (S.M.H y A.M.H, hermanos).

Más de la mitad de las personas detenidas (55%) recuperaron la libertad sin cargos y otro 16% acusadas por supuestamente maltratar o insultar a miembros de la fuerza pública, recuperaron la libertad después de que fueran condicionados a pedir disculpas a sus aprehensores, sin que les hayan podido imputar el cometimiento de algún delito. Alertan de la posibilidad de que el 71% de las detenciones hayan sido arbitrarias, aleatorias y selectivas durante operativos de represión y de persecución policial.

J.R.M, joven afrocolombiano, fue detenido el 3 de octubre, durante su audiencia de flagrancia indicó que se encontraba en la 9 de Octubre y Pichincha cuando uno de los policías motorizados gritó “cógelo por ser negro”. Las tres personas fueron patrocinadas por el CDH, no se pudo calificar la flagrancia, se demostró la detención aleatoria y expresiones racistas y finalmente fue puesto en libertad la tarde del 4 de octubre. (Detenido el 3 de octubre en Guayaquil)

Estos son algunos de los testimonios que recoge el informe de la Alianza de organizaciones de derechos humanos sobre los afectados en el paro nacional.

Consejo Ampliado CONAIE

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE reunida en Consejo Ampliado en su sede el día 23 de octubre, luego de un profundo análisis llegamos a las siguientes resoluciones:

1.- Reconocer el triunfo colectivo de todas las organizaciones que hacemos el movimiento indígena así como, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las Universidades: Central, Salesiana, Católica, Andina Simón Bolívar, FLACSO, a los comunicadores/as comunitarios e independientes, a las brigadas médicas, a los trabajadores, a los transportistas, a los estudiantes, a los docentes, a las mujeres, a los jubilados, a los barrios de Quito y a todos los sectores organizados y no organizados del campo y la ciudad a nivel nacional, por la activa y voluntaria participación en las jornadas de movilización por la derogatoria del decreto 883.

2.- Extender un reconocimiento a todos los luchadores sociales, y a quienes dejaron su vida en la lucha, a los cientos de heridos, víctimas de la violencia estatal y a todos quienes permanecen en pie de lucha desde sus comunas, organizaciones, barrios populares.

3.- Sostener el compromiso con la ONU y con el pueblo ecuatoriano en la construcción de una paz verdadera, con justicia social, para lo cual exigimos al Gobierno Nacional generar condiciones políticas y garantías de respeto a los derechos consagrados en la Constitución y a los acuerdos internacionales. En consecuencia, a los principios de responsabilidad, honestidad y transparencia el proceso de diálogo debe ser público.

4.- Instar al Gobierno Nacional a asumir la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza pública en contra los manifestantes que ha ocasionado fallecidos, heridos, detenciones, persecución y criminalización de la protesta social. Exigir la liberación de todos/as los compañeros/as detenidos y procesados, la reparación integral a las víctimas, el cese inmediato de la persecución política, judicialización, ataque y calumnias a los dirigentes y al movimiento indígena en su conjunto.

5.- Demandar al Gobierno Nacional en el marco de la justicia social, el esclarecimiento de la verdad y el derecho a la No repetición, la renuncia de la Ministra de Gobierno María Paula Romo y el Ministro del Defensa Oswaldo Jarrin por haber perpetrado una masacre contra el pueblo ecuatoriano, cometiendo vulneración sistemática de DDHH contra manifestantes, lo cual constituye indicios de delito de lesa humanidad.

6.- Iniciar acciones legales contra el Estado Ecuatoriano ante las instancias nacionales e internacionales por la violación sistemática de derechos humanos que produjeron muertes, heridos de gravedad y detenciones arbitrarias, que se establezca responsables y la posterior reparación integral a las víctimas. Por hechos suscitados en el paro nacional del mes de octubre.

7.- Reconocer a los y las jóvenes luchadores/as sobre todo a la Guardia Indígena quienes gracias a su presencia en el paro nacional defendieron a su pueblo y salvaron vidas.

8.- Convocar a las distintas organizaciones sociales y populares de la sociedad ecuatoriana a la conformación de manera inmediata del Parlamento de los pueblos que construirá a través de una minga plurinacional una propuesta de nuevo modelo económico que asegure el sumak kawsay y de esta manera no permitir que se endose un nuevo paquetazo contra el pueblo, dicha propuesta se alimentará y validará en los territorios a través de la conformación de asambleas populares.

9.- Rechazar los argumentos de que la CONAIE se vio influenciado por el Correismo o ciudadanos venezolanos, cubanos, planteamos que son argumentos que solo intenta deslegitimar y desprestigiar nuestra lucha social y capacidad organizativa, así como también profundizan un discurso xenofóbico hacia ciudadanos de otros países que han migrado por circunstancias adversas a nuestros países. Ratificar que somos capaces de hacer nuestra propia lucha y rechazamos las pretensiones del Gobierno Nacional, como las de los sectores oligárquicos, que pretenden desarticular la lucha social del pueblo ecuatoriano.

10.- Rechazar la actuación de los medios de comunicación masiva nacional: TELEAMAZONAS, TCTELEVISION, GAMATV, ECUAVISA, medios impresos, diario el EXPRESO, el UNIVERSO y todos los medios que difunden información falsa, exigimos que actúen dentro de principio de veracidad y objetividad y emitan información, oportuna y contrastada, respecto a la movilización de octubre y al actuar de los y las dirigentes. Exigiendo la ratificación en el mismo tiempo y espacio de manera pública.

11.- Rechazar el proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización de Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetarios y Financiero, y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas, entregada por el presidente Lenin Moreno a la Asamblea Nacional ya que responden a presiones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para favorecer a la clase dominante empresarial en detrimento de los sectores más vulnerables de la sociedad.

12.- Respaldar al compañero Jaime Vargas presidente de la CONAIE frente a la investigación abierta por la fiscalía por el presunto delito de subversión, así como con todos los compañeros/as criminalizados por el Gobierno Nacional.

13.- Instar a las autoridades locales, a no considerar la presencia de policías y militares en los desfiles cívicos como un acto de rechazo por haber apuntado y disparado sus armas de fuego contra el pueblo ecuatoriano.

14.- Apelar a la solidaridad del pueblo ecuatoriano con nuestros compañeros/as asesinados, heridos, detenidos a nivel nacional que han sido víctimas de la brutal represión en las jornadas de lucha y resistencia del Paro Nacional.

15.- Revindicar la lucha de los hermanos pueblos latinoamericanos de Chile, Haití, Colombia, Paraguay, Argentina que están enfrentando las desigualdades y las medidas antipopulares de los gobiernos neoliberales.

Fuente: Revista Crisis

Los medios de comunicación alternativos cumplieron un rol fundamental para romper el cerco mediático que impuso el Gobierno y los medios tradicionales durante el Paro Nacional. Dado que, la cobertura realizada fue siempre desde el lugar de los hechos, “chupando gas”, aguantando el sol, el frío y la lluvia. En más de una ocasión, fueron “correteados” por la Policía Nacional y las FFAA, en algunos casos hasta sufrieron impactos por algún objeto “contundente” disparado o lanzando, pese a ello, la cobertura no paró. Luego de 11 intensos días se declaró el fin del Paro Nacional, o al menos con la intensidad vivida; no obstante, la labor desinteresada que se desplegó adquirió un sentido vivencial y educativo que debe ser transmitido.

Tras lo sucedido, gran parte de la opinión pública reconoció que los medios tradicionales, durante el Paro, cumplieron un rol clave para descolocar las movilizaciones, reduciéndolas a actos vandálicos, saqueos o confabulaciones políticas que buscan desestabilizar al país desde Venezuela, Cuba o las selvas colombianas, creyendo que no existían fisuras que ponían en duda su versión de los hechos. Y es que en esta sociedad donde las clases sociales definen una postura frente a la realidad, nadie puede ponerse por encima de las situaciones históricas aparentando neutralidad.

En ese sentido, la comunicación no es neutral, los grandes medios dieron el espaldarazo a las medidas económicas plegando al discurso de la oligarquía, tomaron posición del lado de la clase que motivó el paquetazo, incumplieron con el código deontológico que todo periodista jura defender: mantener la verdad de los hechos. En otras palabras, todxs quienes estuvieron ahí tomaron posición frente al Paro Nacional, unxs del lado de lxs opresores y otro del de lxs oprimidos.

Los medios alternativos buscaron romper el cerco mediático con textos cortos, hashtags, transmisiones en vivo, videos, audios, etc. Muchas veces al calor de los hechos, sobreponiendo carencias tecnológicas e incluso prácticas, mediante un proceso de aprendizaje colectivo con los sectores populares.

Sudamos, sangramos, lloramos, corrimos, abrazamos, nos subimos en autos desconocidos, cocinamos y compartimos el alimento.

Ante lo expuesto, se comprendió la necesidad del casco de bicicleta, de antemano ya era conocido que el carnet de prensa no garantiza derechos; sin embargo, también existen detalles que pueden salvar la vida, como la “formalidad”, aunque desde un sentir clasista a veces ambas características se pueden identificar como “conductas burguesas”. En definitiva, fue un proceso de aprendizaje y crecimiento, que permitió comprender con mayor claridad la tremenda tarea que se espera desde hoy en adelante: militar por un periodismo de clase.

Sin duda, esta labor al igual que el Paro Nacional es satanizada y muchas veces queda reducida a actos violentos e instigación al odio, más aún cuando se presencia en primera persona el rostro descarado de un Estado violento que desconoció los derechos humanos. No obstante, se cumplió con el trabajo que la sociedad había encomendado a los medios tradicionales, cuyo vacío ha sido llenado con esfuerzo y convicción. Esa verdad, ni las leyes, ni las instituciones del Estado, la pueden poner en duda. En definitiva los medios alternativos rompieron el cerco mediático.

Por: Edgar Isch L.

No ganaron las elecciones, el pueblo no los convocó, pero los técnicos del Fondo Monetario Internacional ordenan hoy el Ecuador en plena alianza con el gobierno de los empresarios. Pocos días antes del paquetazo de medidas económicas y laborales anunciadas por el presidente Lenin Moreno, ya la prensa comercial anunció que el FMI no daría el nuevo desembolso del crédito contratado si no se hacían las reformas desde el gobierno.

Y, una vez tomada la decisión, el FMI salió a dar su “apoyo” a la decisión gubernamental, como si la bendición del organismo multilateral la santificara.

Pero las medidas tienen el carácter de las recetas neoliberales: debilitar el Estado y fortalecer las grandes empresas; obligar a los pobres a pagar la crisis que causaron los poderosos y los benefició; hambrear a un pueblo entero para garantizar el pago de la deuda externa.

Ello se enmascara en discursos de transparentar las finanzas, de “poner la casa en orden” y, por supuesto, de sacrificarnos “todos” para lograr días mejores. Los gobiernos neoliberales en el momento de tomar medidas de este tipo dicen que hay que apretarse los cinturones por un tiempo, pero que a la vuelta está el paraíso. Este, pretende que no hay que apretarse los cinturones, que el incremento del precio de gasolinas y del transporte de alimentos y personas, no afectará a la población.

Que las medidas tengan relación directa con imposiciones colocadas sobre el país a cambio de deuda externa es uno de las causales de su ilegitimidad. Las condicionalidades que vienen con los desembolsos, que ponen obligaciones al Estado que se califica de soberano, los registros de avances en el que se entrega al FMI información que se mantiene oculta al pueblo, destruye cualquier sentido de la democracia.

Añádale las expresiones de Lenin Moreno en la ONU, llamando a la intervención contra el pueblo de Venezuela, la entrega de una base aérea en Galápagos para uso de naves de inteligencia de Estados Unidos (que el gobierno niega que sea una base, como si el imperialismo no hubiera ampliado su definición de las mismas), las salidas del Ecuador de Unasur y la OPEP, centros de integración Sur-Sur, y se tendrá el cuadro completo de un gobierno sumiso a intereses extranjeros, que pisotea la independencia del Ecuador.

Su alianza con la gran burguesía es natural pues este pequeño sector de la sociedad ecuatoriana se encuentra integrada, en relaciones constantes y permanentes, con las transnacionales y los intereses foráneos.

El paquete de medidas impuestas supuestamente traerá trabajo. Este fue el ofrecimiento del plan de gobierno de Alianza País, que se ha cumplido al revés. Según el ministro del Trabajo, Andrés Madero, en una comparecencia en la Asamblea Nacional señaló que solo desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019 se habían despedido a 11.820 trabajadores del sector público. Ahora se anuncia 10 mil despidos más.

Desde el sector privado la reducción de trabajadores también ha sido una constante, de manera grave en el sector de la construcción que es uno de los que más obreros contrata, pero cuya situación nada tiene que ver con las medidas económicas.

En Ecuador hay una contracción económica general, el PIB crece en un punto o menos, el consumo de las familias ha decrecido, el manejo económico lleva a muchos a buscar productos de primera necesidad en Colombia (por eso el paro reciente de la pauperizada provincia fronteriza de Carchi), de manera que no hay condición de crecimiento de empresas para consumo interno. De hecho, se habla de miles enfocadas en servicios y comercio que han quebrado, aumentando el desempleo.

En estas condiciones, el anuncio del gobierno no es más que demagogia y el pretexto para eliminar derechos laborales, incrementando la precarización laboral. Entre las medidas de este tipo, que empiezan con los nuevos contratos, están:

• Los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Se violan principios constitucionales que protegen los derechos adquiridos, se viola el principio de a igual trabajo igual remuneración y se permite la sobre explotación.
• Los funcionarios públicos pasarán de tener 30 días de vacaciones a 15, como el sector privado, pero desconociendo que esos días eran una suerte de compensación porque el empleado público no recibe reparto de un reducido pedazo de las utilidades empresariales.
• Trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente, como mínimo, un día de su salario. Más los 15 días anteriores y doce aquí, estamos hablando de un mes entero al año que se afecta y que, podría decirse trabajaran sin cobro (en los 15 días de vacaciones se recibía pago por vacaciones pagadas, no por días laborados).

A cambio, estas son las medidas para el sector empresarial:

• Eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que venían exigiendo al gobierno.
• Eliminación o reducción de aranceles para equipo, maquinaria y materia prima, tanto agrícola como industrial, para que tengan “mayor competitividad”.
• Eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras.
• Reducción y simplificación del Impuesto a la Renta al sector bananero.
• Devolución de tributos a los exportadores para “dinamizar la economía”.
• Reducción a la mitad del Impuesto de Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital.
• Las empresas que perciben anualmente más de 10 millones de dólares “Pagarán por tres años una contribución especial, que totaliza más de 300 millones, que se destinarán exclusivamente para seguridad, educación y salud”, según anunció Moreno. Una mínima cantidad frente a los impuestos, intereses y multas que ya les perdonó con la remisión tributaria, con la que los Grupos Económicos se acogieron al pago de USD 801 millones, pero dejaron de pagar USD 987 millones (Jonathan Báez, ISIP, 2019), aunque hay estimaciones que sería mucho más, llegando a señalarse la cantidad total estaría por encina de los 2.000 millones de dólares.

Como se ve, la balanza de las decisiones del FMI y el gobierno tiene una clara identidad de clase. A ello se añade la liberación de los precios de las gasolinas y diésel, hasta hoy subsidiados. El inmediato aumento del transporte de carga y pasajeros implica otro golpe a la economía de los sectores populares y medios, pero no afecta a los industriales que pasan esos costos a los precios del consumidor.

En estas condiciones, se justifica la pronta reacción de la población para protestar. Principalmente convocados por sectores perseguidos por el anterior gobierno como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que agrupa a las mayores centrales sindicales y a la Unión Nacional de Educadores, la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Frente Popular, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), y otras, que han logrado gran respaldo social.

Junto a un paro de los gremios del transporte que inició a media noche del 2 de octubre, apenas a un día de anunciadas las medidas, dificultan el asalto a los intereses populares y conducen a que incluso sectores de derecha pretendan ser “comprensivos” con la respuesta popular que va en aumento. La lucha social apenas está iniciando.

“Se acabó el miedo, retomamos la lucha”, ha sido una expresión repetida en las calles y las redes sociales. Hoy el miedo pasó a las filas del gobierno que a primeras horas de la tarde del 3 de octubre dispuso el estado de excepción en todo el territorio nacional.

El decreto presidencial 884 tiene 10 artículos que, entre otras cosas, moviliza a las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden, suspende en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, para impedir la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día, limita el derecho a la libertad de tránsito en todo el país “en los casos en que se atente contra los derechos y garantías del resto de ciudadanos” y se autoriza la requisición de bienes y de servicios.

La medida, altamente represiva y antidemocrática, es condición normal de las medidas impuestas por el FMI y los sectores empresariales de mayor poder. La injusticia de las decisiones gubernamentales se apoya en la reducción de derechos.

En las marchas y calles, se observa una gran agresividad de las fuerzas represivas del Estado, se arresta a personas que están amenazadas de juicios penales y se pretende amedrentar a la población. La paz social buscada por los gobiernos se ha roto en el Ecuador, ahora reinicia el tiempo de la lucha directa. “Se acabó el miedo, retomamos la lucha”.

Edgar Isch L.: Académico y exministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico

Fuente: Terc3ra

Un número creciente de colectivos se une a las protestas contra las medidas económicas decretadas por el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno. Mientras tanto, el mandatario trata de contener la situación con el despliegue de fuerzas represivas y la declaraciones de estado de excepción en todo el país.

Un manifestante alza un cartel en contra del “paquetazo” anunciado por el ministro de finanzas / AVN

Ecuador vive días de movilización y protestas tras el anuncio por parte del gobierno de una batería de medidas que supondrán un incremento del precio de los combustibles. Los manifestante rechazan la eliminación del subsidio para el consumo de combustible y liberación de los precios del diesel y las gasolinas, entre otras medidas que consideran afectan a los más vulnerables. 

La huelga del sector del transporte y las movilizaciones fueron anunciadas nada más conocerse el contenido del denominado “paquetazo económico”, diseñado por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, como parte de los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional.

Poco después de la convocatoria de huelga, estudiantes y docentes anunciaron su apoyo a la convocatoria y su participación en la movilización. Durante la jornada de ayer, los choques con la policía se saldaron con 14 personas heridas y 19 detenidos, mientras desde el gobierno se denunciaban “pretensiones de desestabilizar”, al tiempo que se rechazaba cualquier posible negociación sobre el contenido del “paquetazo”.

Al poco, el presidente Lenín Moreno anunciaba un discurso televisado a las 22:00 horas de la noche, destinado a comunicar el estado de excepción en todo el país para reprender las movilizaciones y protestas. Con un lenguaje encendido, en el que acusó a los huelguistas de “golpistas”, el presidente Moreno hizo pública su decisión de militarizar el país durante los próximos 60 días. El estado de excepción comprende la movilización de fuerzas policiales y fuerzas armadas, la suspensión del derecho a la libertad de asociación y reunión, y restricciones a la movilidad por la vía pública.

Lejos de contener la voluntad de protesta, el anuncio del estado de excepción ha conducido a que los gremios de transportistas llamen a la continuación de la huelga, mientras nuevos colectivos como las organizaciones indígenas de la provincia de Tungurahua anuncia que se suman a las movilizaciones “hasta que el gobierno escuche el pedido del pueblo ecuatoriano”.

Fuente: RT

Los organismos internacionales han criticado la suspensión de libertades y derechos que conlleva la decisión del Gobierno ecuatoriano, así como el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la Policía.

Despliegue policial para contener las movilizaciones en Quito / EFE

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado este viernes su preocupación por la proclamación del estado de excepción en Ecuador, ante las fuertes protestas en varias ciudades del país contra las medidas económicas decretadas por el Ejecutivo de Lenín Moreno.

El relator para Ecuador del Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor, ha rechazado “que los derechos a la libertad de asociación, asamblea y movimiento hayan sido suspendidos” en el país, subrayando que se trata de “libertades muy importantes“. Asimismo, ha cuestionado la justificación del estado de excepción, poniendo en duda que “la situación en Ecuador sea tan extrema como para amenazar la integridad del Estado“.

Por su parte, la CIDH ha expresado en su cuenta de Twitter  su “preocupación” por el “uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía” y por la situación de los numerosos detenidos, así como de los heridos que han sido reportados y de los periodistas agredidos.

El Gobierno de Moreno enfrenta una fuerte contestación social en todo el país, con disturbios en varias ciudades, desde que anunció el pasado martes una serie de medidas y reformas económicas que sus detractores denominan ‘el paquetazo’.

Como reacción a la oleada de manifestaciones, el mandatario ecuatoriano decretó este jueves el estado de excepción en todo el país, “para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de controlar a quienes pretenden provocar caos”, según explicó en un tuit.

Por: Pedro Brieger

El 17 de septiembre la Asamblea Nacional de Ecuador por amplia mayoría decidió desvincularse de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Esta mayoría es producto de la alianza existente entre los sectores alineados en la actualidad con el presidente Lenín Moreno y los partidos que fueron oposición al expresidente Rafael Correa, uno de los impulsores de la UNASUR.

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú suspendieron su participación en el organismo regional, pero Ecuador es el primero que se desvincula oficialmente fruto de la aprobación parlamentaria. Para comprender el alcance de la decisión consultamos a Guillaume Long, canciller de Ecuador en 2016 y 2017 y exrepresentante de su país ante Naciones Unidas en su sede de Ginebra.

-¿Qué reacción le merece, como ex canciller del Ecuador, la denuncia del Tratado Constitutivo de la UNASUR por parte de Ecuador?

-Me suscita mucha tristeza. Resulta difícil entender la miopía o el odio, o las dos cosas, detrás de una decisión de esta naturaleza. Son en realidad una serie de actores que se han prestado a este capítulo bochornoso de nuestra historia. En primer lugar hay que lamentar la decisión del gobierno de Lenín Moreno de iniciar este proceso.

Luego la resolución de la Corte Constitucional que tuvo que dar su visto bueno pero, aparentemente, sin haber leído nuestra Constitución que establece en su artículo 423 que “La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe, será un objetivo estratégico del Estado” y que “En todas las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a impulsar la integración”. Y finalmente el voto de 79 legisladores en la Asamblea Nacional a favor de la denuncia del tratado constitutivo de la UNASUR.

Es importante recordar que Ecuador había sido un Estado particularmente activo en la consecución de nuestra Unión. Ecuador desplegó importantes esfuerzos en 2009 y 2010, cuando ejercía la presidencia por tempore de la UNASUR, para conseguir la ratificación por parte de los parlamentos suramericanos justamente del mismo Tratado Constitutivo que Ecuador acaba de denunciar.

No solamente el ejecutivo ecuatoriano con la figura de su canciller, sino el legislativo también. Recuerdo que hasta el presidente de la Asamblea Nacional se movilizaba por toda la región para alentar a los parlamentos de los diferentes países para que aprobaran ese instrumento, lo que jugó un rol determinante para que finalmente el Tratado entrara en vigor en 2011.

-Pero además Ecuador fue escogido como sede de la Secretaría General de la UNASUR

-Exactamente. Quito estaba perfilándose como una suerte de capital de esta integración suramericana debido a la decisión de que el órgano ejecutivo de la UNASUR, la Secretaría General, se implantara en Ecuador. Esto era muy importante para Ecuador porque significaba que el país, y Quito su capital, se colocaba en el centro de la integración suramericana, que Quito se volvía una especie de “Bruselas” de la nueva organización regional.

Una gran apuesta estratégica que fue acompañada de una infraestructura llamativa en un lugar conocido como la Mitad del Mundo que era claramente el inicio de un complejo más importante a futuro. Fue justamente en esta época que Quito construyó su nuevo aeropuerto y sofisticó su infraestructura vial entre otras cosas. Había un proyecto muy importante vinculado a la implantación de la UNASUR en nuestro país. Por este motivo también resulta increíble la decisión de los asambleístas de denunciar el Tratado Constitutivo.

-¿Cómo explica entonces esta decisión?

-Creo que una explicación importante reside en el odio irreflexivo de las nuevas elites gobernantes a lo que perciben como el “correísmo”. Es parte de una seria de acciones, varias absolutamente nefastas, que buscan borrar el legado de la “Revolución Ciudadana”. Pero también creo que hay importantes cálculos geopolíticos.

No hay que olvidar que este gobierno está cumpliendo con un listado de tareas exigidas desde afuera. Hemos visto ya el cumplimiento de varias: el retorno del FMI, una pista aérea en las Islas Galápagos, el fin del asilo a Julian Assange o el reconocimiento del autoproclamado Juan Guaidó en Venezuela. La UNASUR es un ítem más en este listado.

-¿Cree usted que presiones de los Estados Unidos estarían detrás de la salida de Ecuador de la UNASUR?

-No sabría indicar si ha habido un pedido o una insinuación específica por parte de los Estados Unidos, pero está claro que esta decisión ecuatoriana favorece lo que los clásicos halcones estadounidenses perciben como sus intereses en América Latina. Por ende, la denuncia del Tratado hará mucho por congraciar aún más al gobierno de Lenín Moreno con la administración Trump.

Es importante comprender que, a lo largo de nuestra historia, los Estados Unidos siempre han sido hóstiles a cualquier forma de integración latinoamericana que se lleva a cabo sin la presencia e incluso el liderazgo de Washington. El Mercosur siempre fue visto con sospecha y hasta boicoteado por los Estados Unidos. Desde finales de los años 90 del siglo pasado, además, Estados Unidos buscó activamente una solución moldeada al NAFTA con México para aplicarla en toda la región.

Esta propuesta llegó a conocerse como el ALCA, hasta que finalmente la iniciativa fue derrotada en 2005 en la Cumbre de las Américas en la ciudad argentina de Mar del Plata. Con mucha mayor razón, la UNASUR siempre fue vista en el establishment de la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos con cierta hostilidad.

-Usted ha hablado del rol estratégico de la UNASUR. ¿Pero cuál es ese? ¿Por qué resulta tan importante para nuestra región?

-La unión suramericana y latinoamericana es una condición necesaria para alcanzar el desarrollo y la soberanía de nuestros países. Si sumamos los esfuerzos de cada uno de nuestros países suramericanos es evidente que seremos más eficaces en la resolución de nuestros problemas. Si juntamos la capacidad financiera, productiva y técnica de cada uno podremos llevar adelante proyectos de mucho mayor impacto para nuestros pueblos. Podremos además, y esto es fundamental, generar las economías de escala que tanto necesitamos.

Quizás el aspecto más importante sea el poder establecer poco a poco un marco regulatorio propio que nos permita homogenizar nuestros marcos legales hacia arriba: hacia más derechos, más protección a la naturaleza, más contrato social. Solo así podremos actuar en unísono frente a los grandes retos para el desarrollo, la democracia, la seguridad, la salud pública, el medio ambiente, la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento.

-¿Cómo se puede explicar esta ecuación “unidad igual a soberanía”?

-Pensemos en lo que implica por ejemplo dejar de enviar a nuestros militares a que se formen en países que no necesariamente buscan nuestro interés sino quizás una manera de mantenerse presentes o tener un alto grado de vinculación con nuestros aparatos de seguridad.

Por supuesto que debemos tener una agenda de investigación y de innovación propia, en todos los ámbitos, y que debemos coordinar esfuerzos conjuntos para enfrentar desafíos que son nuestros en materia de salud pública. Esto es unidad para actuar soberanamente en defensa de los intereses de nuestros pueblos.

Es importante recordar que la creación de la UNASUR en 2008 fue fruto de la necesidad de evitar la fragmentación de las decisiones y acciones de los gobiernos suramericanos con respecto a actores extrarregionales. La construcción de la UNASUR se justificó por lo tanto sobre la base de un importante diagnóstico: la política exterior de los países suramericanos había sido, a lo largo de la historia, excesivamente dependiente del bilateralismo con el resto del mundo y sobre todo con las grandes potencias.

El resultado era que siempre estábamos en desventaja. Resultaba evidente que la fragmentación de las relaciones exteriores de los países suramericanos conllevaba esencialmente una “carrera hacia abajo” entre vecinos para atraer capital y buscar tener mayor competitividad que el vecino. Implicaba, además, una profundización del patrón primario-exportador de nuestros países, esa dependencia histórica de América Latina de las materias primas, y del rol periférico de nuestros países en el sistema-mundo.

-¿Es usted optimista que se pueda salvar a la UNASUR o reconstruir en algún momento la integración latinoamericana?

-Yo creo que el momento que vivimos es muy destructivo de todo lo que se ha construido en América Latina en estos últimos años. Por muy pasajero que sean estos gobiernos, está claro que hay cosas que son fáciles de deshacer, pero que costarán muchos años y esfuerzo volver a construir. También creo los gobiernos que llevan adelante esta agenda de odio y revanchismo son torpes y que lo han hecho sin gran apoyo popular, más bien tomando por sorpresa a nuestros pueblos, que han estado en varios casos como anonadados.

Pero su torpeza y arbitrariedad les pasará factura, por ejemplo, en la forma como han procesado las cosas, violando las leyes o la Constitución y persiguiendo a sus opositores políticos. Los antecedentes políticos y jurídicos de estos abusos, me refiero a los abusos del neoliberalismo autoritario o semi autoritario actual, nos servirán sin duda para reconstruir un proyecto integracionista con fuerza y legitimidad. Así que guardo la esperanza de que estos duros reveses servirán al final de fértil abono para el renacer de nuestra unidad.

Pedro Brieger: Analista internacional, director de Noticias de América Latina y el Caribe

Fuente:Terc3ra

El expresidente Rafael Correa (2007-2017) ratificó su voluntad de regresar a las elecciones en Ecuador como candidato a la vicepresidencia, resaltan los medios de prensa.

Correa destacó en entrevista con radio Majestad FM, que el actual gobierno de Lenín Moreno intentará impedir a la fuerza política Compromiso Social (CS) la posibilidad de un candidato en las presidenciales de 2021.

‘Si me permitieran participar en las elecciones yo iría como vicepresidente para organizar una constituyente y recuperar la Patria, todo lo que han despedazado’, acotó.

Residente en Bélgica desde la conclusión de su mandato en mayo de 2017, Rafael aseveró que para demostrar su inocencia tendría que regresar a Ecuador e inmediatamente caería preso, pues las intenciones son someterlo a juicio e inventar pruebas para inculparlo.

En ese sentido, el ex presidente manifestó que podría inscribirse a través de un poder, o un dirigente podría hacerlo, o en el consulado de Bélgica, pero cuestionó que ahora ‘dirán que se necesite inscribir en persona para que no participe’.

Durante el intercambio, Correa destacó las posibilidades de la organización de CS para ganar las elecciones, pese a la persecución, calumnia y difamación contra sus principales líderes