Colombia

Por: Hedelberto López Blanch 

 

No solo los presentes en la sala de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, sino hasta las inertes butacas del amplio teatro, sufrieron constantes estertores durante el mendaz discurso del presidente colombiano Iván Duque.

Muchos se preguntaban si era ficción la presencia y la alocución realizada por uno de los mandatarios en cuyo país se violan a diario los derechos humanos, se reprime a estudiantes, se asesina a líderes sociales y a exguerrilleros que firmaron los acuerdos de paz. Que permite siete bases estadounidenses en su territorio y aparece como el mayor productor de cocaína del mundo, entre otras muchas  arbitrariedades.

Analicemos partes de su exposición: “Logramos la más importante reforma social de este siglo en Colombia y la aprobación de la más importante reforma fiscal en materia de recaudo, que llega al 1,8 % de nuestro Producto Interno Bruto, fortaleciendo la regla fiscal de endeudamiento y la reducción del déficit, estableciendo una senda para estabilizar las finanzas públicas y asegurar una amplia red de protección social”.

Desde hace cerca de un año las manifestaciones y revueltas se han prolongado tras la propuesta de Duque de una reforma fiscal para cubrir el déficit económico relacionado con la pandemia de coronavirus. Ante la grave situación creada, en aquel momento el magnate tuvo que dar marcha atrás, pero tras amainar las demostraciones por la fuerte represión desatada, a principios de septiembre volvió a imponer la reforma fiscal.

José Miguel Vivanco representante de Human Rights Watch, una organización completamente de derecha, denunció que “se usaron tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes, lo que es un arma peligrosa e indiscriminada», La represión dejó 63 muertos, más de 1000 heridos y alrededor de 100 desaparecidos.

El nuevo proyecto de reforma fiscal del régimen pretende recaudar unos 3.640 millones de dólares entre recursos tributarios temporales y permanentes a costa de la reducción de los gastos públicos.

Un artículo del diario New York Times publicado el 22 de septiembre denuncia: “La generación joven vive descontenta por la falta de oportunidades para estudiar y trabajar, y a la sombra de décadas de una guerra interna. El 60 % de los graduados de bachillerato no puede acceder a educación superior de forma inmediata. La crisis económica mantiene a 22 millones de personas (de los 43 millones de habitantes) sumidas en la pobreza y a 7,4 millones en la pobreza extrema. La respuesta del Gobierno nacional a las demandas de reivindicaciones ha sido la brutalidad y la represión. En el punto más álgido del paro, entre el 28 de abril y fines de junio de este año, hubo 63 homicidios a manos de integrantes de la fuerza pública… Vimos jóvenes corriendo para refugiarse del Estad (Escuadrones Móviles Antidisturbios). Vimos a miembros de la policía disparando contra los manifestantes, pero también vivimos la unión alrededor de las ollas comunitarias en las que se alimentaron cientos de personas, que de otra manera morirían de hambre”.

Organizaciones gremiales afirman que el 64 % de los colombianos trabaja en la informalidad; el 18 % en labores ilegales, mientras el 89 % de los asalariados no tienen protección social y el 47,1 % ganan menos del salario mínimo legal. Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, solo superado por Honduras.

Como si el mismo Duque se lo creyera, en el discurso en la ONU señaló: “Colombia también avanza en la construcción de la paz con legalidad. Ni siquiera los efectos de esta cruel pandemia nos apartan del compromiso de cumplir con un país que quiere ver el fin de la violencia narcoterrorista. El débil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista de las FARC, tiene hoy progresos significativos en el proceso de reincorporación de los excombatientes, como lo ha comprobado la Misión de Observación de la ONU”.

Para contradecirlo, nada mejor que el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) del 20 de septiembre, el cual denuncia que en lo que va de 2021 han sido asesinados 124 líderes sociales y defensores de los derechos humanos en casi toda la geografía colombiana y en especial en Tumaco, Lariño, Carmen de Darien, Caloto, Cauca. A la vez se han contabilizado 72 masacres en el año, con 258 víctimas, deleznables hechos que no han ocurrido en ninguna otra nación de Latinoamérica.

Duque, sin pudor e inmiscuyéndose en asuntos de otro país, continuó: “Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática y la narcodictadura, si bien dan alguna esperanza, no nos permiten ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial, libre, transparente y con una minuciosa observación internacional. Cualquier salida que perpetúe el oprobio dictatorial y le permita al régimen ganar tiempo, agudizará el mayor desastre humanitario que conozca nuestro continente”.

Su ancestral odio contra la República Bolivariana de Venezuela lo llevó a cargar contra el diálogo que se efectúa en México entre el Gobierno y la oposición ultraderechista encabezada por el desacreditado Juan Guaidó, que ha realizado numerosos actos de sabotaje económico-financiero contra el pueblo venezolano, así como acciones de sabotajes, atentados, invasiones armadas y hasta intentos de magnicidio, con apoyo de Colombia y de Estados Unidos.

Aun no se conoce cuál es el estado narcoterrorista al que se refirió, porque desde Colombia se ha exportado a miembros del ejército y ha entrenado mercenarios para atacar poblaciones venezolanas o para cometer el magnicidio del presidente haitiano Jovenal Moise.

Pero dejemos que sea la propia ONU la que lo desmienta: Según el informe anual de drogas que realiza la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), más del 70 % de la cocaína que se consume en el mundo es producida por Colombia. Agrega que la ausencia del Estado colombiano en vastos territorios del país, así como su negligencia en el cumplimiento de los compromisos contraídos tras los Acuerdos de Paz, ha dejado sin respuesta a la mayoría de las comunidades donde prolifera la producción de coca. Se calcula que cerca de 450.000 familias están en las zonas de producción, sin ningún tipo de alternativa a la siembra ilegal, bajo amenaza constante de grupos mafiosos quienes se benefician por la venta de droga.

El último boletín de la Defensoría del Pueblo puntualiza que: “Uno de los flagelos del conflicto armado colombiano que durante 2021 ha crecido a niveles alarmantes es el desplazamiento forzado. Entre el primero de enero y el 31 de marzo de este año alrededor de 27.435 personas han sido obligadas a movilizarse contra su voluntad. La estadística representa un crecimiento del 96 % en relación con el mismo periodo en 2020”.

Colombia, el más fiel aliado de Washington en la región, tiene en su territorio siete bases militares estadounidenses y es el único país de Latinoamérica miembro de la agresiva Organización del Atlántico Norte (OTAN).

Las irrefutables pruebas desbaratan la mendaz alocución de Iván Duque en el plenario de la Asamblea General y lo desnudan completamente ante la comunidad internacional.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Fuente: TeleSur

Además de los 128 líderes asesinados, Indepaz reporta 73 masacres perpetradas durante el presente año.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz ) denunció este viernes el asesinato de otro líder social en Colombia, en esta ocasión el hecho suscitó en el municipio de Morales, localizado en el departamento de Bolívar.

De acuerdo a Indepaz, la víctima respondía al nombre de Erley Osorio Arias y pertenecía en la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, «era hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento Mina Gallo», detallan.

Informes aseveran que Osorio Arias había sido reportado como desaparecido desde el pasado 26 de septiembre tras ser retenido por grupos armados ilegales, «el jueves 30 de septiembre fue encontrado sin vida por una Comisión de Búsqueda de la misma comunidad que está conformada por 400 personas», acota el instituto colombiano.

La Defensoría del Pueblo había emitido alertas por la alta peligrosidad de la zona a causa de la presencia de organizaciones armadas, además, había señalado que miembros de la JAC en los municipios de Morales, Montecristo y Santa Rosa del Sur, corren peligro por las disputas territoriales.

Las autoridades colombianas informan que en el departamento de Bolívar se movilizan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Farc-ep.

El genocidio en Colombia no cesa, de acuerdo a Indepaz en lo corrido del presente año se han asenado 128 líderes sociales y desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se han ultimado 1.243 líderes, así como la perpetración de 73 masacres.

Por: Fernando Alexis Jiménez

 

La protesta sigue. No ha menguado. Ahora más beligerante que nunca.

¿La razón? Duque no baja la guardia y, en escenarios como la ONU, sigue vendiendo la imagen de una Colombia paradisíaca, desconociendo la realidad social cada vez más crítica, con un desempleo que cabalga por las nubes, una inflación sin precedentes y la máquina de la muerte bien aceitada para acabar con líderes sindicales y populares.

El panorama fue analizado en la convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores—CUT, subdirectiva Valle—y los dirigentes de los sindicatos coincidieron que el 28 de septiembre es necesario salir a las calles, de un lado para respaldar los diez proyectos de ley que hacen tránsito en el Congreso, y de otro, reclamar que cese la voraz andanada de los grupos económicos del país por privatizar la salud, ahogando a su paso, las finanzas y futuro de los hospitales estatales.

EL PARO NO SE HA ACABADO

Contrario a lo que piensan muchos, aquellos que se rinden fácilmente, el Paro Nacional no se ha acabado. En esa dirección, el presidente de la CUT en el Valle del Cauca, Wilson Sáenz Manchola dijo que: “Este período que muchos equivocadamente consideran es un receso, no ha servido más que para estrechar los lazos con diferentes expresiones ciudadanas, que ahora quieren sumarse a la protesta ante la contundencia de un país en crisis. Hay que retomar la movilización comprometida. Debemos seguir firmes y más cuando los vientos electoreros amenazan con profundizar la crisis laboral con reformas que golpearán a los trabajadores. Esta es la hora de movilizarnos”.

El dirigente expresó su preocupación por la situación de la salud, lo que explica que la movilización del 28 de septiembre próximo inicie en la Plazoleta de San Francisco y concluya frente a las instalaciones del Hospital Universitario del Valle—HUV–. “La movilización popular es la que ha traído cambios en el país y, ahora, seguimos adelante, con un ingrediente particular: la defensa del derecho a la salud, que debe seguir siendo pública y no quedar en manos del sector privado”, precisó.

Informó que la agenda de protesta social incluye, también, fechas como el 20 de octubre, el 25 de noviembre y el 10 de diciembre.

COLOMBIA, UN PAÍS DE POBRES

Durante su intervención en modalidad virtual, el presidente de la CUT y vocero del Comité Nacional de Paro, Francisco Maltés Tello, resaltó con viva inquietud que Colombia se convirtió en un país de pobres, ante la indiferencia cómplice de la clase política tradicional, y la mirada inmisericordia de un gobierno como el que preside Iván Duque Márquez.

“En nuestro país hay 21 millones de personas sumidas en la pobreza, es decir, el 40% de nuestros connacionales. El DANE maquilla la realidad. Pero lo que no han podido ocultar es el estallido social por cuenta de la desigualdad. Por el contrario, ese estallido sacó a flote lo que está ocurriendo. Desde el Comité de Paro reivindicamos la movilización, que ya forma parte de la agenda pública. Nos corresponde a todos, presionar a los congresistas para que ayuden a jalonar los diez proyectos de Ley”, enfatizó.

Informó que, con los jóvenes, denominados durante el paro como primera línea, se han realizado nuevos acercamientos. Específicamente con quienes están organizados. Recordó que jamás se les han cerrado las puertas, aun cuando algunos sectores, en algún momento dijeron que no querían que intervinieran las organizaciones obreras. “Tenemos que avanzar con pasos de unidad, pero bien organizados”, explicó.

DURA RADIOGRAFÍA SOCIAL DEL VALLE DEL CAUCA

Durante la reunión de las organizaciones sindicales a instancias de la CUT, subdirectiva Valle del Cauca, se presentó una dura radiografía social del Departamento, que pone en evidencia el recrudecimiento de tres fenómenos que toman fuerza: el desempleo, la pobreza absoluta y la violencia contra los líderes.

Como consecuencia del actual modelo económico y político que favorece los intereses del capital extranjero y alimenta el afán de enriquecimiento de quienes detentan el poder, se estima que una de cada diez personas en edad productiva, se encuentran sin trabajo.

En Cali, 560 mil personas, viven del rebusque y más de 300 mil familias, enfrentan la pobreza extrema, la que se refleja—en términos prácticos—en el hecho de que solo consumen dos raciones de alimento al día.

Con la complicidad de la clase politiquera, los hospitales se encuentran al borde del colapso, al tiempo que las EPS –que pertenecen al sector privado—enriquecen sus arcas. En esa dirección, el temor es que la salud, que es un derecho inalienable, termine privatizada.

En general, se aprecia como el 86% del empleo formal ha desaparecido con el pretexto esgrimido por los empresarios, de que fue consecuencia del Paro Nacional. De la mano con su argumento manido, ofrecen colocación por debajo del mínimo y sin garantías de ninguna clase.

COLOMBIA NO PUEDE OLVIDAR SU HISTORIA

La reunión de las organizaciones sindicales del Valle del Cauca estuvo fortalecida con la intervención del analista económico e internacional y escritor, Aurelio Suárez Montoya. Su planteamiento fue contundente: Colombia no puede olvidar su historia y, menos, quienes la han llevado a arrastrar una pesada carga de miseria, en la que –antes que repuntar—su economía va en picada y cada día se depende más de las importaciones. Esto, como lo explicó el catedrático, es muy grave porque desestimula la producción nacional y alimenta el desempleo.

La debacle del país comenzó en la década de los noventa. Sus ingredientes principales fueron los discursos falaces de la globalización, el libre flujo de capitales y de mercado. Alentados porque vendrían nuevos despertares—como siempre, el pueblo creyéndole a los politiqueros—se enteró muy tarde, la gran mayoría de colombianos, que nos habían enredado en la privatización de lo estatal, para favorecer el capital extranjero.

Para cumplir compromisos, el país debió promover reformas y las exigencias del Consenso de Washington, más peligroso, viral y dañino, que las diez plagas de Egipto juntas.

El Banco de la República, fiel a los postulados trazados por el imperialismo económico de los norteamericanos, sometió la política de divisas y la cambiaria, en detrimento del poder adquisitivo de los colombianos. Esto abonó el terreno para la famosa apertura económica, en la que se desequilibra la balanza: se privilegia el que compremos lo que nos venden en dólares, mientras que nuestros productos los rechazan o quieren pagar a precio de huevo. En términos parroquiales, siempre llevamos las de perder.

Así las cosas, en el 2000 se quintuplicaron las importaciones del renglón agropecuario y se duplicaron las de producción industrial. ¿Resultado? Más desempleo. En otros términos, importamos mucho más de lo que exportamos Y los capitales extranjeros, que gozan de todos los privilegios, avanzaron en un nuevo zarpazo: se apoderaron de lo que otrora era la banca estatal. Al fin y al cabo, entre sus prebendas, está el que tienen exenciones y rebajas en la tributación.

En su disertación, el profesor Aurelio Suárez Montoya, puso de relieve que han sido los inversionistas extranjeros los más beneficiados con la bonanza minero-energética que vivió Colombia. “Ni siquiera Pinochet, con todo y lo perverso, vendió los recursos de Chile. En Colombia si lo hicieron”, enfatizó.

Para sobrevivir, los gobiernos de turno se han endeudado. El economista precisó que, como consecuencia, cada colombiano le debería al capital extranjero alrededor de doce millones de pesos, si se pretendiera pagar la deuda externa.

“El panorama no luce alentador, a menos que el pueblo colombiano le salga al paso”, advirtió, al tiempo que recordó, el mal manejo de la política fiscal del país, ha llevado a que en los últimos 20 años se hayan realizado 19 reformas tributarias que trasladaron casi el 60% de los tributos al pueblo. “Es una carga muy pesad que no puede soportar”, dijo.

La reunión del sindicalismo, concentrado en el Valle del Cauca, concluyó con el compromiso ineludible de sacar adelante la movilización del 28 de septiembre y las otras movilizaciones contempladas en la agenda hasta el mes de diciembre próximo.

Fernando Alexis Jiménez es dirigente del SUGOV

Fuente: HispanTv

 

Organizaciones colombianas denuncian asesinato de seis indígenas en las últimas 36 horas en el país sudamericano.

La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas denunció este miércoles el asesinato de seis indígenas en las últimas horas en tres regiones de Colombia, con lo cual ya suman 49 los líderes de comunidades originarias muertos de manera violenta en lo que va de año.

«En las últimas horas han sido asesinadas seis personas indígenas en los departamentos de Nariño, Cauca (suroeste) y Chocó (noroeste), evidenciando las sistemáticas operaciones de violencia contra los líderes y lideresas sociales y ambientales en nuestro país», indica la Mesa en un comunicado.

Asimismo, el colectivo, integrado, entre otros, por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), señala que los seis indígenas asesinados se suman a otros 43 muertos en el territorio, lo que constituye un genocidio étnico.

En otra parte del texto, la organización denuncia también la continua guerra en Colombia que a su juicio está desangrando a las comunidades por defender la vida, la paz, los derechos. «La disputa por los territorios, los desplazamientos, los confinamientos y el reclutamiento forzado atentan gravemente en contra de nuestra Ley de Origen y derechos fundamentales, contra nuestra pervivencia física y cultural», señala.

Por ende, las comunidades indígenas pidieron al Gobierno central y a todos los actores armados presentes en sus territorios que detengan «de manera inmediata y sin dilaciones el etnocidio físico y cultural» en contra de los pueblos indígenas.

Exigen la implementación del Acuerdo Final de Paz en lo que respecta al Capítulo Étnico y poner en marcha las medidas cautelares colectivas otorgadas a los pueblos indígenas de Colombia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Diferentes organizaciones de derechos humanos han condenado las matanzas en Colombia y han enfatizado la necesidad de cumplir con los acuerdos de paz para combatir la inseguridad en el país y reforzar la protección de los grupos más vulnerables.

En medio de estas críticas, el presidente colombiano, Iván Duque, el más impopular en la historia del país según diferentes encuestas, en la jornada en la que Colombia celebró el Día Nacional de Derechos Humanos, se enorgulleció por los logros de los tres años de su Gobierno en materia de protección de los derechos de los colombianos.

Fuente: TeleSur

 

Desde Indepaz indican que en las 71 masacres perpetradas durante el 2021 han fallecido al menos 250 personas.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) informó que se perpetró la masacre número 71 en Colombia, ocurrida un muncipio del departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con la entidad, autoridades en el Valle del Cauca, confirmaron la recuperación de tres cuerpos sin vida de tres hombres en un zona rural del municipio de Tuluá.

Se conoció que las víctimas presentaban heridas con arma de fuego y fueron identificados como Sebastián Romero Arciniegas, Joel de Jesus Bedoya Toquica y Bryan Stiven Bedoya Orozco.

Según información preliminar, de la Policía en el Valle del Cauca, la masacre se habría perpetrado en la tarde del sábado en una vía del corregimiento Mateguadua y la vereda Cienagueta, en el municipio de Tuluá.

Fuentes policiales indicaron que Joel de Jesús Bedoya Toquica de 41 años de edad y su hijo Bryan Stiven Bedoya Orozco (17), residían en el corregimiento de Mateguadua, en una finca de nombre La Hamaca. Además, el hombre sería presidente de la Junta de Acción Comunal de ese corregimiento.

Las autoridades tratan de conocer más detalles del triple asesinato, aunque moradores indicaron que las víctimas habrían sido asesinadas en el lugar donde hallaron sus cuerpos.

Horas antes Indepaz reportó la masacre número 70 en Colombia, hecho ocurrido en el municipio de Pitalito del departamento de Huila, luego que tres personas, una de ellas una mujer, fueron asesinadas y una más resultó con heridas leves.

Desde Indepaz indican que durante el 2021 se han perpetrado 71 masacres en las que han fallecido al menos 250 personas, mientras que en el 2020 se reportaron 91 masacres con un saldo de 381 víctimas.

Por: Pedro Santana

 

 

El diálogo entre la izquierda y la centro-izquierda es necesario y urgente para no volver a los resultados del año 2018.

Los últimos días han estado muy movidos por cuenta del debate de Moción de Censura contra la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen Abuchaibe, envuelta en un escándalo por la adjudicación directa de un contrato para llevar redes de internet y conectividad a más de 7 mil puntos remotos de la geografía nacional. La ministra escogió una firma, Centros Poblados, sin ninguna experiencia en la materia, pero además de la cual hacían parte socios que han sido condenados por desfalcos en otros contratos con el Estado y como si esto fuera poco la firma presentó respaldo de seguros falsos, sin reales garantías bancarias.

Pese a las múltiples irregularidades probadas entre otras por la acuciosa periodista Paola Herrera de la Wradio quien pese a la oposición de parte de las bancadas gobiernistas hizo presencia en la Cámara de Representantes donde presentó parte de las pruebas que muestran la improvisación y falta de rigor en la selección de los proponentes para esta adjudicación y los posibles actos de corrupción que llevaron al pago de un anticipo por 70 mil millones de pesos sin ningunas garantías. Pese a que son múltiples las irregularidades ligadas a esta adjudicación el presidente Duque salió a respaldarla y a afirmar contra toda evidencia que la ministra venía ejerciendo sus labores con probidad y rectitud. Los citantes mostraron el cúmulo de errores y la improvisación de la ministra en este contrato a lo cual en el fin de semana se sumó la denuncia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras quien dirige al partido Cambio Radical, que es el mismo de la ministra Abudinen, pero afín a la casa Char, que fue el que le hizo conejo a las aspiraciones presidenciales de Vargas Lleras en el año 2018. Vargas denunció que había serias irregularidades en otros contratos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con lo cual el escándalo creció.
Este jueves la prensa nacional informó que Duque finalmente le habría solicitado la renuncia a Abudinen. La realidad es que realizado el debate en que las bancadas gobiernistas la brindaron su incondicional respaldo y frente a las nuevas denuncias la situación de la ministra se hizo insostenible. En el curso de la semana el partido Liberal que cuenta con una bancada de 37 escaños en la Cámara de representantes anunció su decisión unánime de respaldar la Moción de Censura en igual sentido la pequeña bancada gobiernista de los grupos cristianos también anunciaron el respaldo a la Moción de Censura y lo propio anunciaba un sector del gobiernista partido de la U y hasta el representante Gabriel Santos del Centro Democrático se apartó de la decisión de la bancada para pedir la renuncia de la ministra de modo que los cálculos para mantenerla en el ministerio se fueron estrechando. Pero, además el costo político para los partidos de la Coalición de Gobierno, de cara a las elecciones habrían convencido al testarudo presidente Duque sobre los inmensos costos de mantener la impopular ministra en el gobierno.

Quizás la frase pronunciada en el debate de Moción de Censura por el representante del partido Verde León Freddy Muñoz y que resume muy bien la situación de la ministra es que ella debería renunciar o por corrupta o por inepta. Finalmente, la ministra se cae por los inmensos costos políticos que tendría para los partidos del régimen mantenerla en el gobierno, máxime cuando en la más reciente encuesta de la firma Invamer Gallup, los encuestados identifican que el principal problema que afronta Colombia es el de la corrupción así lo afirma el 32% de los encuestados mientras que la crisis económica ocupa el segundo lugar con un 27%.

Y es que no es para menos, Colombia nada en la corrupción y en la impunidad. Cada día estallan nuevos escándalos de obras abandonadas o inconclusas, contratistas que no cumplen con la entrega de las obras, enroques como este caso de Centros Poblados cuyos socios son amigos del clan de los Char una de las tendencias de Cambio Radical que controla la alcaldía de Barranquilla, la gobernación del Atlántico y otras alcaldías y gobernaciones de la Costa caribe colombiana. Este enroque entre mafias locales ligadas con el narcotráfico, poderes políticos familiares, contratación pública corrupta que son el soporte además del gobierno uribista de Duque viene cayéndose a pedazos por lo menos así está pasando también en Santander con el Clan de los Aguilar donde está preso por corrupción el actual senador y exgobernador Richard Aguilar por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como gobernador de este departamento. El clan de los Aguilar está en la gobernación del departamento a través del hermano de Richard, Mauricio Aguilar. En los últimos años este clan forma parte de Cambio Radical partido que orienta, Germán Vargas Lleras.

Pero los líos de los clanes regionales también se presentan en Valledupar donde el gobernador del departamento Luis Alberto Monsalve Gnecco fue detenido por la entrega de contratos de forma irregular en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que se ha convertido en un antro de corrupción sin que el gobierno nacional y los organismos de control hagan algo por impedirlo. Como he señalado uno de los soportes del Uribismo son estos clanes familiares mafiosos que dominan buena parte de la política con presencia en 18 departamentos del país. Y una buena parte de estos clanes familiares pertenecen al partido Cambio Radical socio del gobierno de Duque-Uribe. La ministra Abudinen como ya señalé es militante de dicho partido, aunque no de los afectos de Vargas Lleras sino de la tendencia de los Char que son alfiles del uribismo y apoyaron a Duque de manera subrepticia desde la primera vuelta presidencial y habrían sido, según la prófuga exsenadora Aida Merlano, claves en la compra de votos para la elección de Duque en la Costa Caribe principalmente en los departamentos de Atlántico y Bolívar.

Y la violencia que no cesa

La Misión de Observación Electoral, MOE, presentó recientemente su informe sobre la violencia en contra de líderes políticos, sociales y defensores de derechos humanos. Durante el primer semestre del 2021 se registraron en total 247 hechos de violencia contra estos líderes que representa un crecimiento del 15,7% con respecto al primer semestre del año 2020 y un 106% en hechos letales contra líderes políticos durante este mismo período. Alejandra Barrios su directora señaló que “estas cifras resultan preocupantes pues son evidencia del aumento acelerado en los patrones de violencia. Por lo que la situación debe ser señal de alarma para las autoridades, de cara al cierre de 2021 y a los procesos electorales de 2022”.

Pero pese a las advertencias el gobierno hace poco o nada. En 15 de los 170 municipios que soportaron la mayor presencia y acciones militares de la guerrilla de las FARC y que son objeto de intervención especial, pues allí se deben ejecutar 16 planes de desarrollo territorial, se registraron según la MOE el 54% de los asesinatos de líderes sociales y políticos siendo los más afectados los líderes y lideresas sociales y comunales. Debe anotarse que en estos 170 municipios se elegirán 16 representantes a la Cámara en las próximas elecciones para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz según reciente decisión de la Corte Constitucional. Un difícil reto pues la violencia golpea con particular saña estos territorios sin que el gobierno haga nada efectivo por detener este desangre.

No cesan los enfrentamientos entre el centro y la izquierda 

Todo esta dado para que los sectores alternativos ganen las elecciones…a no ser que cometan demasiados errores, esta es la afirmación que más se escucha en las calles, en las plazas, en las conversaciones sociales, pero, la desfachatez y la irracionalidad de los sectores de centro y alternativos es evidente. Los insultos, las descalificaciones y las confrontaciones son diarias. La más reciente la han protagonizado Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y ya se anuncian demandas penales que según lo registra la gran prensa, que hace fiestas con ello, se presentará en los próximos días. Los desmanes son de lado y lado de eso no me cabe la menor duda. El más reciente enfrentamiento ha corrido por cuenta del señalamiento sin mayores pruebas es verdad de la alcaldesa Claudia López de que los militantes de Colombia Humano estarían detrás de los actos de violencia protagonizados en las recientes protestas ligadas al Paro Nacional. Petro ha pedido en carta pública que la alcaldesa se retracte y ella no lo ha hecho por el contrario se ha reafirmado en sus declaraciones ante lo cual Petro ha anunciado que piensa entablar denuncia penal contra la alcaldesa por difamación, calumnia y afectación a su buen nombre.

Esta vía de la confrontación es el suicidio para los sectores alternativos. El Partido Alianza Verde y sus máximos dirigentes deberían proponer y llevar a cabo gestiones para que Claudia López y Gustavo Petro se reúnan y hablen, se escuchen y dejen de protagonizar un enfrentamiento en el cual los perdedores no solo serán ellos sino el país. Solo la unidad del centro izquierda insisto será la garantía para derrotar a las mafias uribistas y sus aliados que hoy nos gobiernan. Hay un interés superior y es su derrota y ello deberían entenderlos los sectores del centro y la izquierda. Ese diálogo es necesario y urgente para no volver a los resultados del año 2018. No se puede repetir la historia.

Por: Luis Alfonso Mena S.

 

Colombia necesita memoria para que los 80 asesinatos cometidos por la represión del gobierno de Iván Duque contra manifestantes en el Paro Nacional no queden en la impunidad, nos dijo Sidssy Uribe Vázquez con la imagen de su hermano al fondo.

Memorias de la Barbarie (IV) 

Colombia necesita memoria para que los 80 asesinatos cometidos por la represión del gobierno de Iván Duque contra manifestantes en el Paro Nacional no queden en la impunidad, nos dijo Sidssy Uribe Vázquez con la imagen de su hermano al fondo, en un mural que reclama libertad, lleno de vida, de manos y de flores multicolores, pintado en la Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira.

“Quiero que sea un recuerdo indeleble en los ciudadanos”, añadió refiriéndose a Lucas, convertido en símbolo de la resistencia contra la barbarie estatal desde el 5 de mayo, cuando paramilitares lo acribillaron a balazos, cobardemente emboscados en la oscuridad de la noche en el Viaducto de Pereira. “Lucas Villa representa a la comunidad universitaria, al pueblo colombiano, un pueblo que canta, que baila, que se ríe de lo bueno y de lo malo. Lucas era esa representación de lo que es Colombia”, nos explicó.

Tras el atentado, en el que recibió ocho impactos de arma de fuego, Lucas siguió resistiendo, con perseverancia, con el esfuerzo que siempre lo caracterizó en la vida, esta vez contra la muerte, pero falleció cinco días después. Sin embargo, su ejemplo de lucha quedó sembrado entre miles y miles de jóvenes que lo acogen hoy como uno de sus referentes éticos contra la desigualdad, la injusticia, la opresión, la segregación y la violencia de las clases dirigentes.

“A los 37 años descubrió que la manera de tocar el alma de las personas era a través del físico, porque el físico es la expresión del alma, del espíritu”, nos dice Sidssy, con admiración por el hermano que partió y que se refleja en su mirada.

“Supe que muy probablemente a él le estaban haciendo un seguimiento debido a que era una persona que no se quedaba callada, que hablaba, que difundía”, recuerda, y luego asegura que la violencia ejercida por el régimen de Duque contra la juventud “es una estrategia de terror que siempre manejan este tipo de gobiernos autoritarios”.

“Se hacen los de los oídos sordos para no acatar los reclamos de la ciudadanía, que está siendo asesinada por la misma mano negra del Gobierno”, subraya con firmeza. “Este es el momento de no olvidar para que podamos cambiar. No podemos seguir permitiendo que sigan abusando de nosotros unas cuantas familias que han permanecido en el poder”. He aquí el testimonio de Sidssy Uribe Vázquez.

“LUCAS ERA UNA PERSONA LIBRE Y PERFECCIONISTA”

–Sidssy: recuérdenos, por favor, cómo era su hermano: ¿cuáles eran sus utopías, sus luchas…?

–Mi hermano era una persona muy extrovertida, muy alegre. Se burlaba de la vida, cualquier acontecimiento lo tomaba muy jocosamente. Dentro de eso también era muy perfeccionista. Era una persona, además de libre, que no se limitaba por el qué dirán. Era muy perfeccionista. En todo lo que hacía buscaba siempre destacarse porque él consideraba que las cosas o se hacían bien o no se hacían, y para ello se tomaba su tiempo.

En la Universidad fue un estudiante destacado. Muchos dicen: ¿por qué estaba tan adulto en la Universidad? Él muere a los 37 años, pero porque él fue un explorador de la vida, él nunca quiso meterse a ciegas a nada, siempre quiso explorar y en el trasegar de su vida él encontró que a través del ejercicio, del esfuerzo físico, uno puede tocar el alma, porque él era un deportista innato, muy buen deportista, en todo lo que hiciera a nivel deportivo se destacaba, era muy bueno, muy hábil, era sensible, rápido, resistente.

En todo ese mar de conocimientos que fue adquiriendo en su vida, en su juventud, porque él también se fue a mochilear por Suramérica, a conocer culturas en Argentina, Brasil, Bolivia, él exploró. A los 37 años descubrió que la manera de tocar el alma de las personas era a través del físico, porque el físico es la expresión del alma, del espíritu.

Por ejemplo, como instructora de artes marciales, yo puedo conocer un alumno solamente por sus movimientos, puedo conocer la forma en que fue educado, la forma como piensa, y él también lo descubrió en su proceso de formación de vida. Llega el momento en que tiene que formalizarse y entonces entra a la carrera de Ciencias del Deporte y la Educación, a los 33 años.

–¿Cómo era la relación de Lucas con sus hermanos?

–Cundo éramos pequeñas era muy divertido, porque era muy creativo. Él hacía los típicos ‘bunkers’ con almohadas, él era el que nos empezaba a generar esa curiosidad por los espacios. Entonces teníamos un camarote y poníamos sábanas que separaban los cuartos y hacíamos bases y jugábamos con las almohadas a golpearnos, a jugar, a veces enjabonaba el piso y con sábanas nos deslizábamos, debajo del comedor también hacíamos base.

Él nos enseñó a montar bicicleta. Cuando tenía patineta, él nos montaba en ella y nos bajaba por lomas. Siempre buscó esos espacios con los hermanos, él nos compartía mucho esa diversión. Cogía muñecos y hacía títeres, era muy bueno. Nos hacía reír mucho.

A medida que fuimos creciendo empezó a tratar de formarnos, a pulirnos en nuestras debilidades. Por ejemplo, a mi hermano menor, Santiago. Este niñito era muy ‘lengüisopa”, y Lucas le decía “¡Hable bien, hable bien!”, y hoy mi hermano no tiene ese problemita de lenguaje por mi hermano Lucas. Por ejemplo, al comer nos decía que no lo hiciéramos con la boca abierta, era muy perfeccionista con todo, a todos se les dedicaba.

Ya más adultos, todos con sus temperamentos, empieza a ser un poquito más difícil, porque ya desde adolescente uno empieza a formar su propio carácter y había choques entre hermanos, que es lo más normal en la familia, pero lo que había más entre mi hermano y nosotros era que se preocupaba mucho por nosotros.

–¿Y Sidssy heredó entonces el perfeccionismo y el amor por el arte de Lucas?

–Tal vez el perfeccionismo mental. Me hubiera gustado ser tan perfeccionista como él. Yo soy pintora hoy porque yo vi a mi hermano dibujar cuando yo tenía siete años, un dibujo de él me gustó, y yo dije que quería dibujar como mi hermano. Desde entonces empecé a dibujar y en ese sentido soy empírica en el arte. Yo no he recibido clases de ningún tipo para aprender lo que hoy tengo como conocimiento, lo he aprendido en la marcha, pero fue a raíz de ver a mi hermano.

Es tanto así que soy instructora de artes marciales porque mi hermano me llevó una vez al grupo y estaban en el Parque Olaya dando clases de Kung-Fu Shaolin, y desde entonces no he salido, pero mi hermano si ha sido como una mariposita, de flor en flor en cada conocimiento que él recorrió. Pero a nivel espiritual, a nivel de corriente de creencias él se quedó en el taoísmo que se maneja acá en la ciudad, que es el taoísmo laoísmo, porque se trabaja mucho el cuerpo. Hay una cosa en esta corriente religiosa que son las runas, que no son las piedritas celtas, sino que son posturas físicas estáticas muy, muy difíciles de hacer, generan mucho desgaste y a él le gustó porque tocaba la parte espiritual, la conexión con la energía del padre sol, la madre tierra y la naturaleza.

–¿Cómo fueron esos días previos al Paro Nacional, y la vinculación de ustedes? ¿Cómo fueron esos días que antecedieron el día trágico del asesinato de Lucas?

–Personalmente yo me encontraba apartada de mi hermano por ese tiempo. Yo trabajo como instructora de artes marciales, entonces tenía que trabajar y en los tiempos que quedaban podía ir a marchar. Por esa época estaba lesionada de un dedo, entonces yo no podía caminar fuertemente, pero la energía estaba muy hostil en la ciudad, sobre todo cuando el alcalde Maya de la ciudad de Pereira, en un comunicado oficial, dice que recomienda o dictamina que tienen que hacerse frentes comunes para defender sus propiedades de los “vándalos”, porque al parecer era insuficiente la fuerza policial. Pero uno como ciudadano viendo eso sabe que era mandar a formar grupos paramilitares en la ciudad, grupos de defensa civil. Y también promovía que los vigilantes privados fueran parte de eso.

Cuando yo vi esa noticia, lo primero que pensé como ciudadana es que iba a haber muchos muertos a raíz de esa decisión y que iban a justificar los muertos como si fueran ciudadanos que estaban defendiendo su propiedad, cuando probablemente fueran estos mismos funcionarios públicos o, de pronto, personas de estos grupos que siempre han existido como las Águilas Negras, disfrazados de personas de civil, asesinando, para justificar y para generar terror. Eso lo sentí en ese instante. A los tres días asesinan a mi hermano.

¿Por qué no muere aquel día? Porque mi hermano era muy fuerte, mi hermano física y mentalmente era muy fuerte y por eso no muere, porque las heridas de bala que recibió cualquier otra persona no las resiste.

“A MI HERMANO LE ESTABAN HACIENDO UN SEGUIMIENTO”

–¿Cómo ocurrió el atentado?, ¿cómo fue su lucha posterior por seguir viviendo?

–El día del atentado a mí me llaman mis hermanos, porque son los primeros que llegan, porque se encontraban cerca del viaducto. Mi hermana Sol fue la primera que llegó porque estaba saliendo de la ciudad, iba hacia su casa y observó un video donde vio a mi hermano. Inmediatamente va hacia el Hospital, llama a mis hermanos, ellos nos comunican por el grupo de WhatsApp que a Lucas le dispararon. Yo les pregunto que en dónde, porque estaban disparando también en el barrio Cuba, en diferentes partes de la ciudad. Entonces, cuando confirman que fue en el viaducto, es un choque. Y después me doy cuenta de un video donde sale mi hermano justamente ese día comunicándole a la gente en un bus cuáles son las injusticias que tenemos como ciudadanos. Supe que muy probablemente a él le estaban haciendo un seguimiento debido a que era una persona que no se quedaba callada, que hablaba, que difundía.

Posteriormente, 30 o 40 minutos después, me llaman y me confirman que tiene muerte cerebral. Esa misma noche me dirijo a la Clínica, me despido de él y él fue extraño porque nos dicen que tiene muerte cerebral, pero no se muere. Cuando yo empiezo a despedirme de él, empiezo a recitar una parte del Libro Tibetano de los Muertos donde le digo que está en un proceso de transición, que tenía que despedirse de mi mamá, y que tenía que ser fuerte, porque había muchas personas que sabían de lo que le había pasado, que había tocado muchos corazones. Él empezó a mover el hombro y volteó los ojos porque quería levantarse.

Cuando llegamos a la Clínica, un familiar de él del lado paterno fue, y le dice a mi hermana que nos estaban recomendando que ya como tenía muerte cerebral, él era muy buen donador de órganos y estábamos en shock. Llamamos al papá, llamamos a mi mamá, el papá dijo que sí, pero mi mamá dijo que no, porque en las creencias de mi hermano él ni siquiera regalaba su ropa, no porque fuera mezquino, sino porque creía que su karma no debía compartirlo, que son cargas que no debía poner a otro a cargarlas, entonces mucho menos sus órganos. Eso permitió que le dieran 12 horas en la UCI y posterior a eso tuviera todos esos días de lucha contra la muerte.

–¿Qué siguió a esa lucha de Lucas durante varios días resistiendo? Porque también él resistió en la clínica.

–Él no llegó al quirófano. Nos dijeron que había que hacerle cirugías, pero, él hacía siete años había tenido un accidente en bicicleta donde se fracturó las primeras tres vértebras cervicales y le tuvieron que poner una platina. Cuando le disparan, la bala choca contra esa platina y no le toca médula, se le inflamó, pero no le tocó la médula. A él le dispararon en el oído también, pero no entró a la cabeza, no hubo ninguna bala que entrara en su cerebro.

El día 9 los internistas nos comunican que Lucas tenía un movimiento perezoso de la pupila, que había mordido dos veces el tubo y que había una posibilidad de que se le hiciera una traqueotomía y alimentarlo por el hígado, y que podría quedar con paraplejia o cuadriplejia, era una probabilidad pequeñita, pero la había, debido a esas reacciones que estaba teniendo. Entonces hubo como un espacio de esperanza en la familia al saber que estaba luchando, que estaba resistiendo y que seguía vivo a pesar de las heridas.

Pero al día siguiente llega un internista que se estaba esperando desde Cúcuta que no había podido llegar antes porque los bloqueos acá no le habían permitido movilizarse desde el primer día hacia la ciudad. Nosotros como familia no entendíamos porqué si había buenos internistas en la ciudad, estaban esperando a este ciudadano. El día que llega nos da un dictamen completamente diferente. Nos dice que no ha movido las pupilas, que siempre han estado dilatadas y nunca tuvo modificación sanguínea desde que llegó a la clínica. Eso nos ha dejado muchas dudas a nosotros como familia, mucha desazón, porque además de todo no nos dieron tiempo para que hubiera una segunda opinión médica para constatar.

“FUE UNA ESTRATEGIA DE TERROR”

–¿Cómo fue el atentado contra Lucas?, ¿lo perfilaron con algún elemento óptico?, ¿qué dijeron las autoridades de este ataque de civiles armados en la oscuridad?

–Aún es materia de investigación. La Fiscalía con el caso de mi hermano está siendo muy juiciosa. Llevan un avance bueno, han hecho una investigación bastante juiciosa, pero en este momento esa información es confidencial. Pero, digamos que basándonos en los videos de la ciudadanía, lo que ha salido a la opinión pública es un ataque sicarial que va de la mano también con el posterior asesinato de un vigilante a los dos días. Como ciudadanos consideramos que es una estrategia de terror que siempre manejan este tipo de gobiernos autoritarios.  Cuando vino la Comisión de la Verdad, comenzó una hora después de la hora pactada. Las víctimas hablamos y no había llegado el alcalde de Pereira. Cuando nos fuimos las víctimas, el alcalde llega media hora después. Hasta ahora el alcalde no le ha dado la cara a las víctimas por las decisiones que él determinó y que propiciaron la muerte de mi hermano Lucas Villa y de Héctor Fabio Morales.

–¿Y Héctor Fabio también participaba en la protesta?

–Sí, él era marchante como todos. Él iba a marchar, si tenía la posibilidad de ayudar a alguien lo hacía. Justamente por eso lo confundieron con los enfermeros, porque era un muchacho que participaba y era muy acomedido.

–La Fiscalía investiga, pero los dolientes también lo hacen. ¿Qué han podido detectar ustedes en relación con quiénes están detrás de este crimen, que ocurre en una coyuntura de aparición sujetos civiles armados, muchos de los cuales han estado respaldados por la Policía, como se vio en Cali, por ejemplo?

–Se sabe que hay conversaciones entre empresarios de la ciudad de Pereira donde también se recibe un apoyo por parte de la Policía con esta decisión que toma el alcalde. El día de los hechos no llega el CTI. El día de los hechos, con más o menos cinco CAI entre 150 y 200 metros de distancia (hay uno abajo del viaducto al que tú llegas en tres minutos en una moto, y, además, siendo Policía, te abren paso) nadie llegó.

Había una ambulancia en la zona, y no fue la ambulancia la que recogió a mi hermano, fue un carro particular. Normalmente hay un CAI móvil allí y ese día no estaba, no había acompañamiento policial.

“LA CIUDADANÍA ES ASESINADA POR LA MANO NEGRA DEL GOBIERNO”

–Y había penumbras…

–¿Y quién había ordenado apagar las luces en el viaducto? Y luego, posterior al atentado, vuelven las luces. Justamente en todo el frente donde ocurrieron los hechos hay una cámara que no funcionó esa noche. Una de más o menos cinco que hay a la redonda, porque de los lugares privados también, pero esa que es pública no tenía energía porque el viaducto no tenía. Hubo innumerables videos de seguimiento a mi hermano ese día. Una cosa es que salga uno, pero ese día hubo muchos. Nosotros pensamos que eso hace parte también de un seguimiento que se le hizo a mi hermano, una estrategia para mostrarle a la ciudadanía que esta persona que es tan alegre, que es tan pacífica, también muere. Por eso, días después la gente no salió con la misma intensidad.

–Se cumplió un objetivo de los represores contra el Paro que era generar terror…

–En vista de esos pocos factores que hubo, uno dice, bueno, no estaba la Policía, no estaban las autoridades, permitieron que todo ocurriera, permitieron que las pruebas se perdieran, ¿entonces uno qué piensa?

–¿Y el alcalde jamás se ha referido a este caso?

–Sí, pero se ha referido más como tirando hacia lo que siempre dicen de investigar, de encontrar los culpables del hecho, pero que haya buscado acercarse a la familia por lo menos con nosotros, no. Él dice que se acercó a la familia, pero es que mi hermano tiene un núcleo familiar y una familia con la que nunca ha estado, con la que nunca vivió la mayor parte de su vida, con ellos si se comunicó el alcalde, pero con la familia de él, con la familia que vivió, con la familia que creció, con la que tuvo que aprender, con nosotros, no.

–¿Qué les dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

–Solo escucharon, que es lo más importante, porque ni siquiera las autoridades locales se acercaron a escucharlo a uno. Llegan ciudadanos extranjeros con miras a entender qué pasa adentro y a hacer la labor que debía hacer el Gobierno Nacional de escuchar a las víctimas, de escuchar las quejas, los reclamos. Y, como todos sabemos, es que ellos, en vista de lo que recogieron, saben que la protesta es legítima, que ha habido abusos de la Policía, hacen recomendaciones al Ministerio de Defensa para que suelte a la Policía y el Gobierno se la pase al Ministerio del Interior para que la Policía no tenga vistas de enemigos internos sino de defensa ciudadana y el Gobierno lo niega todo, no acata las recomendaciones y se hacen los de los oídos sordos para no acatar los reclamos de la ciudadanía, que está siendo asesinada por la misma mano negra del Gobierno.

–¿Cómo se vivió la lucha de resistencia de los jóvenes después del asesinato de Lucas? Ha habido muchos detenidos, muchos torturados. Coméntenos sobre eso, que también hace parte de la barbarie ejercida por el régimen de Duque contra el Paro.

–Para nadie es un secreto que el gobierno que nos rige es un gobierno criminal, narcotraficante, eso es una realidad, no podemos taparlo con un dedo. En este momento, debido a que las marchas siguieron a pesar de la represión, empezaron a echar mano de las bandas de microtráfico para hacer presión a la ciudadanía, y como estas bandas y estas personas no tienen responsabilidad ante ninguna institución, también generan ese terror en la ciudadanía para que dejen de expresarse, para que dejen de luchar por sus derechos.

Acá en Pereira se está viviendo algo muy parecido a lo de Cali. La gran diferencia es que Pereira tiene el complejo de doña Florinda, eso lo tiene Pereira. Es un montón de gente con necesidades, con dificultades económicas, pero que tienden a las clases más privilegiadas. Así sepan y sean conscientes, no les importa que están siendo abusados en sus derechos. Entonces ese tipo de pensamiento en Pereira tan arraigado ha dificultado que sea más fuerte la protesta y, sin embargo, es increíble lo que se está viviendo acá, porque sabemos que Cali es más cosmopolita. Bogotá es una ciudad adonde llegan demasiadas personas con diferentes pensamientos, entonces hay una protesta más legítima, más llevada desde adentro. Que empiecen a nacer en esta región ciudadanos que también tienen ese pensamiento, esa lucha y esa resistencia es algo histórico para la región.

En la zona del barrio Cuba, que es la más alejada del centro de Pereira, han ocurrido situaciones de agresiones de la Policía a los ciudadanos, amenazas de muerte, disparos a los ciudadanos, muertos que no son reportados. Es una situación muy parecida a lo que ocurre en Cali, pero que ha sido muy ocultada porque no se ha visibilizado. Hay enfrentamientos y la ciudadanía no lo sabe. Y, casualmente, por las redes sociales no sé si es un logaritmo que han empezado a mover para que no salgan con frecuencia todas estas denuncias videográficas.

“LUCAS ERA ESA REPRESENTACIÓN DE LO QUE ES COLOMBIA”

–Estuvo usted en Cali en Puerto Resistencia. ¿De esa experiencia qué trajo para Pereira? Entiendo que también acá se va a construir colectivamente un monumento a la resistencia.

–Sí, entre los ciudadanos, los jóvenes, los estudiantes, todos determinaron que debía hacerse en el barrio Cuba, porque es el lugar que ha sido más reprimido, en vista también de imitar este mensaje que manda la ciudadanía de Cali con su monumento a la resistencia.

Cuando estuve en Cali fue muy bonito porque esos muchachos tenían todo un sector tomado. Para llegar a Puerto Resistencia tocaba dar una vuelta gigante. Inicialmente, cuando entré, fue un poquito difícil porque obviamente ellos están muy prevenidos. Uno de ellos ya había recibido un balazo, tenía una herida de bala y me contaban que había una mamá que estaba detrás de un escudo y le dispararon con un fusil y la mataron, una mamá con tres hijos.

Uno detrás de un escudo de metal qué se va a imaginar que le van a disparar con un fusil. Cuando llego allá y conozco a los muchachos, son muchachos que protegen los libros, que se pelean por los libros de manera jocosa, en el sentido de que se quieren leer un libro que otro no se ha terminado de leer. Son ciudadanos que buscan el conocimiento, no son pelados, como dicen, “vándalos”, son muchachos que quieren estudiar. Por ejemplo, hay uno que quiere estudiar filosofía, materias que les exploran la mente, que se la expande y ver que en medio de esa fragilidad y de esa sensibilidad humana está también la resistencia y la fortaleza de luchar. Eso lo pude evidenciar allá.

–Finalmente, ¿qué hacer para que el crimen de su hermano y los 80 asesinatos más que se han cometido en contra de los participantes en el Paro no queden en la impunidad?

–Memoria. Que todos tengamos esto en la memoria. Por eso yo como hermana tomé las banderas de Lucas, porque quiero que sea un recuerdo indeleble en los ciudadanos, no solo Lucas Villa, sino que Lucas Villa representa a la comunidad universitaria, al pueblo colombiano, un pueblo que canta, que baila, que se ríe de lo bueno y de lo malo. Lucas era esa representación de lo que es Colombia. Y saber que, así como es Colombia en la cosmogonía, en las vías del universo, ocurrió lo mismo que hacen con los colombianos: los violentan, los asesinan, los callan.

Permanezcamos recordando a todas estas personas que han caído, porque tuvieron en su mente la clara decisión de cambiar el país, porque esto no es de hoy, esto es algo que han vivido las personas en las zonas rurales por más de cien años. Estas guerras siempre han sucedido. La Guerra de los Mil Días, el Bogotazo, la masacre de Las Bananeras. Es la misma repetición, donde los estamentos, cuando hay una revolución de los ciudadanos que buscan derechos, simplemente los asesinan y se nos olvida y vuelve y pasa, y se nos olvida y vuelve y pasa.

Este es el momento de no olvidar para que podamos cambiar y lograr ese país tan hermoso que sabemos que es Colombia, porque la cultura, la ciudadanía es hermosa. No podemos seguir permitiendo que sigan abusando de nosotros unas cuantas familias que han permanecido en el poder.

Por: Luis Alfonso Mena S.

Entre el 28 de abril y el 31 de mayo se reportaron 3.789 casos de violencia policial contra los manifestantes del Paro Nacional, según la ONG Temblores. ¿Considera que el Gobierno colombiano ha tomado medidas para evitar que sigan ocurriendo estos hechos?

Se cumplen cinco años del asesinato de Berta Cáceres, luchadora social y defensora de pueblos indígenas en Honduras. ¿Consideras que se haga justicia en el caso cuando falta saber quiénes son los autores intelectuales del crimen?.

El Estado colombiano despliega su aparataje jurídico para castigar a los participantes en el Paro Nacional y para endilgar presuntas responsabilidades penales.
Tres madres, dos hermanas, una esposa. Todas ellas son como un solo rostro: el del dolor, la angustia, la desazón.

Son familiares de los jóvenes detenidos por orden de la Fiscalía y enviados a prisión, luego de procedimientos exprés, para sindicarlos, sin pruebas, del incendio del Palacio de Justicia de Tuluá, ocurrido el 25 de mayo de 2021.

En todas ellas se refleja el sufrimiento que representa la cárcel a la que son sometidos sus seres queridos: Daniel Navarrete, Jorge Andrés Noguera Flórez, Santiago Ramírez Duke, José Mauricio García Nieto, Jorge Mario Ramírez y Dan Brayan Andrade.

Por estos días, el Estado colombiano despliega su aparataje jurídico para castigar a los participantes en el Paro Nacional y para endilgar presuntas responsabilidades penales, en la mayoría de los casos sin fundamentos sustanciales, a jóvenes ciudadanos con cuyas capturas buscan mostrar resultados y eficacia, así esas acciones no pasen de ser, como se ha denunciado en el caso de Tuluá, falsos positivos judiciales.

En la Plaza Céspedes, frente al Palacio de Justicia, encontramos a las familiares de los muchachos procesados por los hechos que sacudieron a la llamada ciudad corazón del Valle cuando estaba a punto de cumplirse el primer mes del Paro.

Mirando a los ojos y con la tristeza marcada en sus rostros, las entrevistadas denunciaron que las detenciones son absurdas, pues incluso tres de los muchachos fueron aprehendidos a las 17H30 de la tarde, dos horas y media antes del incendio, uno de ellos fue capturado en momentos en que se encontraba en jornada laboral en su mototaxi, y otro, cuando salía de su trabajo de mecánico.

Uno de los muchachos se hallaba en un punto bastante retirado del Palacio de Justicia. Otro estaba laborando en la repartición de pedidos de refrescos Postobón.

A ellas las acompañaban cuatro familiares más, con su solidaridad incondicional, lo mismo que Isaac Bermúdez González, del Observatorio de Derechos Humanos de Tuluá, y el abogado Juan Carlos Herrera, defensor de dos de los sindicados.

Los detenidos fueron remitidos a Popayán, donde se encuentran sometidos a prisión mientras se desarrolla el proceso judicial. Son presos sociales y políticos del régimen de Iván Duque. He aquí los testimonios de las familiares, que hablaron con Periodismo Libre:

Habla Yedi Betancourt, esposa de Daniel Navarrete
Daniel Navarrete fue detenido el 25 de mayo, a las 17H30, en Tuluá.

–Yedi: coméntenos en primer lugar, por favor, quién es Daniel Navarrete, su esposo.

–Es un joven muy responsable. Más o menos desde los 15, 16 años empezó a trabajar porque él es de una vereda del corregimiento de Trujillo. Desde los 18 años se fue para la ciudad de Tuluá a desempeñarse como mecánico, y yo vivo con él desde hace dos años.

Nos apoyamos mutuamente, ya que yo también estaba sola. Daniel se desempeña como mecánico acá en la carrera 30 de Tuluá. El día de su captura estaba trabajando y a los pocos minutos que salió del trabajo fue capturado.

–¿Cómo ocurrió esa detención, por qué lo sindican de unos hechos que ocurrieron después de su captura?

–Él nos dice que salió del trabajo con dos compañeros más y se dirigió acá hasta la esquina y la policía lo empezó a seguir y el corrió un poco hacia Sinergia. Cuando llegó a Sinergia, lo capturan y lo llevan al CAI. En ese momento yo me dirijo al taller y es cuando me entero de que fue capturado.

Voy a la estación y me dicen que él no está allí. Me llaman a las nueve de la noche a decirme que él estaba ahí y que lo estaban acusando de esos delitos. Entonces cuando yo puedo hablar al otro día con él me dice que una persona de la Sijín los escogió, decía: “este se queda, este no se queda”, así fue. En eso quedaron los muchachos que están sindicados.

–¿Quién hacía ese perfilamiento?

–No, él no sabía. Lo único que sabe es que es una persona de la Policía.

–¿Por qué corrió él cuando lo detuvieron?

–Porque la Policía lo estaba siguiendo.

–¿Él se hizo presente para participar en la protesta o iba de paso?

–Nunca había participado en una protesta, ni siquiera en una marcha, en nada.

–Y así hubiera participado estaba en su derecho. ¿Qué gestiones han hecho ustedes en relación con esta detención?

–Hasta el momento hemos aportado todos los videos que demuestran que él estaba trabajando en el momento de su captura. No ha sido mucho lo que hemos podido hacer porque no hemos podido tener contacto directo con él, solamente por llamadas.

–¿Qué acusaciones tiene la Fiscalía contra él? Es un derecho que tienen ustedes de conocer la acusación.

–No, la Fiscalía nunca se ha comunicado con nosotros.

–¿Qué mensaje tienen ustedes para las autoridades en relación con el caso de su esposo?

–Ellos necesitan mostrar responsables, pero que busquen a las personas que son, porque están metiendo muchos jóvenes inocentes que no tienen nada que ver y que deberían ser más humanos, porque ellos también tienen familias.

–¿Qué esperan ustedes al final de este proceso?

–Que nos entreguen a nuestros jóvenes sanos y salvos.

Habla Bernarda Florez, madre de Jorge Andrés Noguera
Jorge Andrés Noguera Flórez fue detenido el 25 de mayo, a las 5:30 p.m., en Tuluá.

–Inicialmente, señora Bernarda, háblenos, por favor, acerca de su hijo.

–Mi hijo es trabajador, muy juicioso. Trabaja con un jardinero, es ayudante del parque y también trabaja mototaxi en los tiempos libres. Tiene 23 años de edad, está soltero.

–¿Qué estaba haciendo en el momento en que fue detenido?

–Estaba trabajando en la moto, que es la herramienta para su sustento.

–¿Por qué lo detuvieron?

–Estaba en el sitio equivocado. Él no estaba haciendo nada malo. La moto la llevaron a la Alcaldía y nos la regresaron. A él le dijeron que le iban a hacer un comparendo, y cuando lo llevaron al Comando le dijeron que quedaba detenido.

–¿En qué momento les comunican a ustedes que está capturado y sindicado del incendio del Palacio de Justicia?

–Cuando ocurrió la quema, él ya estaba capturado.

–¿Por qué lo sindican de un incendio que ocurrió después de que a él lo capturaran?, ¿qué ha averiguado usted?

–De eso no nos han dicho nada, sino que a él lo sindicaban dizque de terrorismo.

–¿Qué ha dicho el abogado?

–El abogado nos dice que mi hijo no tiene nada qué ver, porque en la captura no está implicado en algo, que lo del Palacio de Justicia fue a las 19H45. y ya mi hijo estaba capturado.

–Señora Bernarda: ¿qué reclama usted?

–Exijo la libertad de mi hijo, porque él es inocente, y que no se cometan más injusticias.

Habla Rocío Noguera, hermana de Jorge Andrés Noguera
–Indíquenos, Rocío, ¿qué supo acerca de la detención de su hermano?

–A él lo capturaron a las 17H30. Como mi mamá dijo, él trabaja en el transporte informal. Ese día estaba laborando, estaba haciendo una carrera, dejando una persona allá.

En ese instante que lo capturaron estaba subiéndose a la moto, porque como buen curioso tulueño, como somos la mayoría, él se asomó, dejó la moto cuadrada.

A él lo capturaron cerca de la Alcaldía de Tuluá, entre la 25 y la 26. Le informan a mi madre como a las 7:30 de la noche que él estaba capturado.

Le dieron un permiso para llamar. En el momento en que lo capturaron él no tenía nada que lo comprometiera, nada con disturbios o algún elemento para la quema del Palacio.

–¿Por qué creen ustedes que esto ha ocurrido?

–El Gobierno necesita culpables y acá en Tuluá están haciendo falsos positivos.

–¿Qué exigen ustedes?

–La libertad de los jóvenes, la libertad de mi hermano, que le quiten los cargos, porque él no es un delincuente, no es un bandido como están diciendo, que dizque está detenido por terrorismo, por la quema del Palacio. A él no le encontraron ningún elemento que lo pueda incriminar en ese sentido.

Habla Daniela Ramírez, hermana de Santiago Ramírez
Santiago Ramírez Duke fue detenido el 25 de mayo a las 20H00, en Tuluá.

–Daniela: háblenos, por favor, sobre su hermano.

–Mi hermano es un muchacho de 27 años de edad, trabajador, echado para adelante. Es papá de un niño de cinco meses, trabajaba en un grupo ambiental, porque es tecnólogo ambiental egresado del Sena, pero por la pandemia se le canceló el contrato.

Nosotros tenemos una empresa familiar pequeña y nos estaba colaborando con las ventas.

–¿Qué estaba haciendo él cuando fue detenido a las ocho de la noche del 25 de mayo?

–Él estaba en el Parque de la Teta, muy lejos y retirado del sitio de los hechos. Él estaba ahí departiendo con unos amigos cuando pasó la tanqueta, y la versión que nos dan es que ellos empezaron a decir: “El mono, el mono, cojan al mono”.

Se le fueron encima y lo capturaron.

–¿Por qué?

–No sabemos por qué, esa es la misma pregunta que nosotros nos hacemos, por qué a él.

–¿Estando él sentado en el Parque?

–Es muy retirado de acá.

–Ni siquiera estaba en el área del incendio del Palacio de Justicia.

–No, eso es muy retirado del sitio, no tenía nada que ver.

–¿Han averiguado con quienes lo detuvieron por qué lo hicieron?

–Hemos hecho preguntas y es lo mismo, por qué a él se lo tenían que llevar.

–¿Qué les ha dicho la Fiscalía?

–La Fiscalía con nosotros no ha tenido ninguna comunicación.

–¿Entidades de Derechos Humanos los están asesorando?

–Sí, nos han hecho acompañamiento, nos han informado cuando los trasladaron a la ciudad de Popayán, han estado en las actividades.

–¿Han podido hablar con sus familiares en Popayán?

–Durante 15 días estuvieron aislados, sin poder comunicarse con nosotros, y pues hemos tenido comunicación, pero a través de llamadas de un minuto, dos minutos.

–¿Cuál es el estado de ánimo de él?

–Pues él dice que está bien porque tiene la comida y la dormida allá, pero le da muy duro por su hijo de cinco meses que está desamparado sin él.

–¿Qué dice la esposa?

–No, pues imagínate, está sola prácticamente.

–¿La madre?

–Mi mamá está muy afectada.

–¿Qué piensan ustedes de toda esta situación?

–Yo pienso que uno no sabe o acepta las cosas hasta cuando le toca vivirlas. Nunca nos imaginamos que nos iba tocar pasar por algo así a nosotros y es algo que a diario vive Colombia.

Nunca sabemos lo que tenemos hasta que nos toca. Han sido días muy difíciles por la injusticia, porque ellos no hicieron nada por lo que los están judicializando.

–¿Qué reclaman ustedes?

–Reclamamos la libertad y el nombre en limpio de nuestros jóvenes.

Habla Mónica Nieto, madre de José Mauricio García
José Mauricio García Nieto fue detenido el 25 de mayo a las 17H30., en Tuluá.

–Señora Mónica: háblenos, por favor, sobre su hijo.

–Es un joven de 24 años de edad muy trabajador. Labora en Postobón hace 4 años, vela por mí y sus hermanitas. Tiene una hermana de 23 años y otra de 20. Lo capturaron el 25 de mayo. Hizo hasta noveno grado de bachillerato.

–¿Qué hace en Postobón?

–Trabaja en cargas y descargas de productos.

–¿Qué se encontraba haciendo él en el momento de la detención?

–Estaba trabajando en la carrera 22.  Se encontraba llevando un pedido.

–¿Por qué lo detienen si estaba trabajando?

–Porque en eso se formó todo eso de la quema del Palacio.

–¿Pero él no argumentó ante la Policía que estaba trabajando?

–A él lo cogieron y lo capturaron ahí, la Policía.

–¿Han pedido explicación del porqué de ese procedimiento?

–Sí, cuando lo capturaron.

–¿Y qué dijo la Policía?

–Nada, no dan respuesta de nada.

–¿Qué reclama usted?

–Que lo liberen, pronta liberación.

–¿Qué gestiones han hecho?

–Pues cuando nos han llamado a entrevistas.

–¿El padre qué dice?

–El papá de él está muy enfermo.

Habla Mariela Alzate, madre de Jorge Mario Ramírez
–Señora Mariela: coméntenos, por favor, sobre su hijo.

–Él es la cabeza de hogar, es el que vela por nosotros en la casa. Es muy echado para adelante, muy trabajador. Trabaja en un taller. Responde por mí y por la hermanita. Tiene 22 años de edad.

–¿Qué hace en el taller?

–Trabaja en una vulcanizadora de carros.

–¿Qué se encontraba haciendo él en el momento de la detención?

–Él estaba trabajando y pasó por ahí cuando lo detuvieron.

–¿Qué le informaron a usted acerca de la detención?

–No me dijeron nada.

–¿Qué reclama usted?

–Justicia y la libertad, eso es lo único.

Familiares de Dan Brayan Andrade no pudieron estar presentes en la Plaza Céspedes, donde se hicieron las entrevistas.

Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez 

 

Desfachatez, es la actitud de obrar o hablar con excesiva desvergüenza y falta de comedimiento o de respeto…. o también el dicho o hecho descarado e insolente…”. El termino puede asociarse a cinismo, falta de vergüenza, pérdida del sentido, son muchas las opciones para referir una situación que por absurda no logra ser contenida en una sola palabra. Desfachatez es lo que hay en las exposiciones públicas del gobierno, a través de su equipo diplomático y sus vocerías mediáticas, llamando a otro gobierno a respetar la protesta y garantizar la libre expresión aduciendo que estas son legítimas y deben ser permitidas y toda acción de estado por controlarlas debe ser rechazada.

Para la sociedad colombiana, la de mayorías, que se representa en el 80% de población, que dejó de creer en la voz legitima del gobierno, que mira con recelo sus actuaciones, que perdió la confianza en las instituciones cooptadas por el poder y que sobrevive entre la precariedad y la carencia de bienes materiales, resulta absurda y provocadora la insensatez anunciada, porque es como si se tratara de la llegada de marcianos que aterrizaron de repente en un lugar y sin saber lo que ocurre allí envían un mensaje ininteligible, mentalmente indescifrable, pero del que fácilmente se reconoce una intención ideológica, un libreto trazado para contribuir a desestabilizar aquello que no controlan.

Colombia es hoy el país más cuestionado del mundo por las actuaciones de menosprecio, fuerza y descalificación contra de la protesta social y el reclamo por derechos humanos. No importaría si las lecciones que el gobierno (o los marcianos) quieren dar sean de moral o éticas o de validez de la protesta y garantías a derechos humanos o si están revestidas de humanitario, solidario, fraternal o democrático, en cualquier caso son exabruptos, absurdos. Tampoco importaría si se acompañan de invitaciones a la legalidad o si fueran saludos amistosos dirigidos por ejemplo al rey de Tailandia por haber pasado su cuarentena con su harem en Alemania, mientras su pueblo moría, o por tener la costumbre de hacer arrodillar a su sequito en cualquier lugar o por tener en prisión domiciliaria a su hijo o porque haya nombrado como su primer comandante a un perro. O en cambio fueran dirigidas a gobernantes como los de Filipinas, Israel o Camboya que para responder a sus crisis han restringido con máximas medidas autoritarias la libertad de expresión, obstruido los medios independientes y castigado a activistas o se hayan ofrecido a matar delincuentes y movilizados en su contra.

La desfachatez del vehemente llamado oficial a otro gobierno conminándolo a respetar la protesta y atender a los manifestantes representa una clara intromisión en la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Pero además el gobierno colombiano es el menos creíble para ofrecer lecciones de moral, legalidad, democracia o buenas prácticas de respeto a derecho alguno sea humano o fundamental. Preocupa no el doble racero porque ese tema es una parte constitutiva de la doctrina de intervención de las ultraderechas de cualquier lugar, si no el atrevimiento para hacer creer que aquí no pasa nada, todo es calma, entendimiento y convivencia pacífica, al tiempo que las víctimas, causadas al amparo o comisión del estado, no terminan su delo y ya se preparan para recibir la nueva oleada de barbarie porque el paro sigue y el gobierno vuelve a arremeter con políticas injustas y desafiantes, cuando su deber es darle curso express, de urgencia, sin vacilación al juicio y castigo a los responsables que hicieron uso de las herramientas del estado para acabar la vida, sueños y tejido humano de sus jóvenes que movilizados reclaman mínimos vitales, pero reciben odio, mutilación y muerte.

No puede haber jubilo inmortal, ni patente de palabra y acción para proferir lecciones morales y contribuir a la confusión, ni a hacer como que aquí no ha pasado nada, a beneficio de más violencia e impunidad. El mundo a través de sus organizaciones y organismos más legítimos en materia de derechos humanos, (ONU, CIDH, Human Rigths, UE, decenas de ONG y otros) le han señalado al gobierno de Colombia la gravedad de las arbitrariedades, delitos y maneras inhumanas de tratar la vida de quienes protestan y reclaman garantías para vivir libres del temor, la miseria y la tiranía. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su informe trimestral de marzo 27 de junio 25 de 2021, ratifica el gran malestar social y la violencia asociada con resultados inconcebibles como la muerte 56 muertes, 54 de civiles y 2 de agentes de policía y cientos de personas heridas (otros muestran cifras de 73 muertes), para lo cual la ONU hizo varios llamados al gobierno a respetar los derechos humanos y el derecho a la protesta pacífica, así como a reducir la violencia y dialogar para buscar solución a la crisis y nada de esas recomendaciones se tuvo en cuenta, el gobierno justifica, omite, silencia. En las violencias desatadas en el marco del paro, esos mismos organismos responsabilizan al gobierno de excesos de fuerza de sus agentes y de hechos de barbarie, que son constitutivos de delitos internacionales por la intencionalidad, sistematicidad y patrones de conducta común.

 Durante los 60 días iniciales de protestas pacificas contra el gobierno por sus políticas sociales y económicas, que afectan múltiples ámbitos de la vida, la salud, la educación y el bienestar general de la población, tampoco hubo tregua al genocidio en curso contra sectores sociales específicos y la ruta de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes siguió. Las lecciones de moral o legalidad son ofensas para las víctimas, familias y sociedad que no da crédito a cientos de desapariciones forzadas durante el tiempo del paro, a violaciones y vejámenes sexuales por decenas y a su lado el rebrote de escándalos de corrupción y alianzas entre paramilitarismo, narcotráfico y poder político que revelan datos de militares imputados por la JEP por ejecuciones extrajudiciales, sicarios de altísima formación militar (a cargo del erario) comprometidos con el asesinato del presidente de Haití. Todo eso ocurre en Colombia y los marcianos no lo saben, de ahí que sea vergonzoso para la inteligencia humana y para la gente con sentido de humanidad del mundo entero, escuchar que quien está de primero en el ranking de violaciones a derechos e irrespeto a la protesta, pretenda condenar y dar lecciones sobre cómo se debe respetar la vida y los derechos en otro país, por otro gobierno, no importa el que sea, el del rey o el del mendigo y de su lado estén las gentes que con camisas blancas reeditan y cantan las canciones de sangre y horror que cantaban las camisas negras mientras fusilaban a sus adversarios y hacían creer que había que defenderse y cazar enemigos comunistas que imaginaban obsesivamente en todo lado y llamaban a cazarlos para hacerlos trizas y convertir su grasa en jabón. Todo eso es desfachatez…. tristeza al fin y al cabo por la miseria humana que degrada las élites arrogantes de siempre, absurdas y carentes de sentido de realidad.

Fuente: TeleSur

 

El hecho constituyó la masacre número 53 que ocurre en el país suramericano en lo que va del año, anotó el Indepaz.

 

Sujetos armados asesinaron el domingo al líder social Luis Castrillón, junto a su familia, en una comunidad rural del departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia, denunció un organismo defensor de los derechos humanos.
Al menos diez hombres armados llegaron a la vereda La Cruz, ubicada en el municipio de Yolombó, Antioquia, y en un establecimiento público mataron a cuatro personas, indicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en su cuenta de Twitter.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Castrillón, líder y actual tesorero de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Cruz, María Piedad Ramírez (esposa), Esneyder (hijo) y Fray Zapata, joven con dificultades cognitivas, detalló la organización no gubernamental (ONG).

El hecho constituyó la masacre número 53 que ocurre en el país suramericano en lo que va del año, anotó el Indepaz.

De acuerdo con el comandante de la séptima división del Ejército colombiano, brigadier general Juvenal Díaz Mateus, en la zona en que sucedió el crimen se estaría realizando erradicación de cultivos.

Además, se reportan amenazas a pobladores en el cañón del Mata y se estaría dando el uso de rutas para distintas economías ilegales, mencionó el tuit de la ONG.

El viernes pasado, Indepaz informó que de enero pasado a esa fecha se contabilizaban 291 muertos por matanzas y homicidios de líderes sociales en Colombia, y precisó que “Antioquia es el departamento en el que se han cometido la mayoría de las masacres”.