Colombia

Fuente: TeleSur

Los colombianos exigen al presidente Duque la desmilitarización de las ciudades y la instauración de una Mesa de Diálogo inclusiva.

Los colombianos volvieron este sábado a movilizarse en todas las regiones del país exigiendo un modelo socioeconómico que combata la desigualdad social y cese la violencia contra los líderes sociales.

Pese a los ya denunciados casos de represión perpetrados por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y del Ejército Nacional, los ciudadanos volvieron a desplegarse en las calles y con expresiones culturales exigen garantías a la manifestación pacífica.

En esta nueva jornada, en Bogotá (capital) los ciudadanos del Occidente hicieron ollas populares para atender la precaria situación de los vecinos, quienes en tiempos de pandemia y por las políticas del Gobierno de Duque perdieron sus empleos.

Además, en la región del Catatumbo (zona fronteriza con Venezuela) organizaciones campesinas se tomaron la vía denominada Ruta del Sol a la altura de Curumaní, cerrando el acceso y exigiendo seguridad y políticas agrarias reivindicativas.

En ciudades como Medellín y Bucaramanga los estudiantes también salieron a las calles, con pancartas y cánticos le piden al Ejecutivo la desmilitarización en todas las ciudades, así como la instauración de una Mesa de Diálogo.

Por su parte, en Cali los ciudadanos volvieron a las calles y rechazaron la posición del presidente Duque, quien prefirió sostener un encuentro con ciudadanos en el barrio Ciudad Jardín, sitio donde se atacó a tiros a la minga indígena y no con los estudiantes y trabajadores. En medio de su raudo paseo por el centro de la ciudad, los ciudadanos le reclamaban por su vida.

El pasado viernes la zozobra se apoderó de Cali, el secretario de Seguridad aseveró que en la jornada se registraron diez fallecido de forma violenta en la capital del Valle.

Organizaciones de resistencia civil desde la ciudad denunciaron que funcionarios de la Fiscalía local y otros civiles habían disparado contra los manifestantes y asesinaron a dos jóvenes con los cuales se enfrentaron a tiros. Denuncian, de igual manera, que esos civiles actúan con «complicidad de la fuerza pública».

Pese al sombrío panorama, el presidente ordenó desde Cali un mayor despliegue de la fuerza pública, lo que podría avizorar una brutal represión contra los manifestantes, por lo que organizaciones de Derechos Humanos están alertas ante cualquier caso de agresión o desaparición.

Fuente: TeleSur

Se identificaron 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública y 39 víctimas de agresiones oculares.

La organización no gubernamental (ONG) Temblores actualizó este viernes sus cifras de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante el Paro Nacional en contra del Gobierno colombiano y dijo que son casi tres mil las denuncias de abuso policial.

La ONG reveló que 2.905 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (sin incluir desapariciones) se han registrado en su plataforma GRITA del 28 de abril a las 12:00 a.m. del 21 de mayo.

Dentro de estos casos se identificaron: 855 víctimas de violencia física; 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública; 1.264 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes y 575 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas.

Asimismo, 39 víctimas de agresiones oculares; 153 casos de disparos de armas de fuego; 21 víctimas de violencia sexual, y seis víctimas de violencia basada en género.

En este contexto, Temblores publicó una carta abierta dirigida al presidente colombiano Iván Duque, en la cual le planteó varios puntos, entre ellos que permita la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, que reafirme el derecho constitucional “a la protesta social, así como el deber estatal de prevenir los usos irregulares y desproporcionados de la fuerza pública, y de investigarlos y sancionarlos con plenas garantías a la independencia judicial”.

Continúa represión del Esmad

La concejala de Bogotá por la coalición Colombia Humana, Heidy Sánchez Barreto, denunció que la noche del viernes elementos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional reprimieron a manifestantes que se encontraban en las inmediaciones de Portal Américas, en la capital colombiana.

“El ESMAD además de lanzar gases a los conjuntos cerca a Portal Américas sigue disparando gases de frente, cuando eso está prohibido. ¿Quién controla su accionar desmedido?”, escribió Sánchez Barreto en su cuenta de Twitter.

En una entrevista con teleSUR, la concejala denunció el recrudecimiento de la violencia estatal, al señalar que han aumentado las denuncias de tortura, tratos crueles y desaparición forzada contra jóvenes colombianos.

Ministro de Defensa enfrentará moción de censura

El senador Iván Cepeda reveló que el lunes próximo el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, enfrentará un debate de moción de censura en el Senado.

Esta comparecencia se da por “la actuación criminal de la Fuerza Pública en las manifestaciones”, dijo el legislador y defensor de los derechos humanos, entrevistado por teleSUR.

Este viernes, la concejala de Cali, Ana Erazo, afirmó en su cuenta de Twitter que “me han llegado vídeos extremadamente dolorosos sobre cuerpos hallados en ríos. Lo que temíamos empieza a suceder y me duele el alma”.

La concejala pidió Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, en el suroccidente del país, la creación de “una comisión de verificación sobre denuncias en Mulaló y posibles fosas. Esto es desgarrador”.

Fuente: RT

A pesar de que las protestas en su mayoría transcurrieron de manera pacífica, también se registraron fuertes enfrentamientos, durante los cuales el Esmad dispersó a la multitud de diversas formas.

En varias ciudades de Colombia continuaron este sábado las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque y la represión policial. A las protestas se unieron Bogotá, Medellín, Cali, Madrid, Granada y varias otras ciudades del país. A pesar de que las protestas en su mayoría transcurrieron de manera pacífica, también se registraron enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en algunas ciudades.

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fueron captados dispersando a la multitud de diversas formas, incluidos cañones de agua, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

Entre tanto, en Caucasia (Antioquia) defensoras de derechos humanos denunciaron que sujetos vestidos de civil filmaban y agredían a los manifestantes.

De momento no está claro cuántos manifestantes resultaron heridos en esta jornada de protestas, aunque Radio Nacional de Colombia estima en seis el número. Por su parte, Colombia Informa indica que al menos 15 personas resultaron heridas.

Por su parte, el director de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia, informó que un patrullero de la Dirección de Carabineros falleció este sábado tras recibir una bala en el tórax durante las protestas en el sector de Calipso, en Cali, mientras que otros dos miembros del Esmad resultaron «gravemente heridos».

Se reporta además que en horas de la noche en Cali fue atacado e incendiado un Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía, ubicado en la carrera 56 con autopista Simón Bolívar.

Brutalidad policial en Colombia

Las manifestaciones en el país comenzaron el pasado 28 de abril en respuesta a la polémica reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque. A más de tres semanas de que iniciaran las movilizaciones, el Comité Nacional del Paro se ha adjudicado dos importantes victorias. La primera fue el retiro de la reforma tributaria y la segunda ocurrió este miércoles, cuando el Congreso archivó el proyecto de ley de reforma a la salud, una de las peticiones de las organizaciones sociales que impulsan las manifestaciones.

No obstante, la presión social y la brutal represión que la Policía y el Ejército ejercen contra los inconformes llevaron a que parte de la población continúe saliendo a las calles.

Este miércoles, la Fiscalía General de Colombia anunció que abrió 178 investigaciones por casos de abusos y lesiones contra civiles por parte de miembros de la fuerza pública en el marco del paro nacional.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del país, al menos 42 homicidios se produjeron «en el marco de las protestas» en diferentes ciudades de Colombia, 15 de los cuales tienen relación directa con los hechos y ocurrieron en los departamentos de Valle del Cauca (7), Cundinamarca (3), Risaralda (2), Tolima (1), Cauca (1) y la capital, Bogotá (1).

En contraparte, desde el Comité Nacional del Paro elevaron a 50 el número de muertos durante las protestas y los atribuyen a «la brutal violencia policial desatada» contra los manifestantes.

Por otra parte, la ONG Temblores denunció 43 homicidios en el marco de las protestas, 855 víctimas de violencia física y 1.264 detenciones arbitrarias.

Al respecto, la politóloga y concejala de Cali por el Polo Democrático Alternativo, Ana Erazo, subrayó que Iván Duque no permite entrar al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ocultar la violencia durante las protestas.

Por: Luis Alfonso Mena S.

Se cumplen cinco años del asesinato de Berta Cáceres, luchadora social y defensora de pueblos indígenas en Honduras. ¿Consideras que se haga justicia en el caso cuando falta saber quiénes son los autores intelectuales del crimen?.

El rapero Pablo Hasel está en prisión, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía. ¿Considera que este caso va en contra de la libertad de expresión?

El periodista denunció, asimismo, que los asaltantes les exigieron la entrega de sus teléfonos celulares bajo amenazas de ser asesinados si no lo hacían.
El reportero alternativo caleño David Escobar, quien hace parte de un equipo de trabajo de prensa internacional, fue víctima de persecución, amenazas y robo de todo su equipo de trabajo y grabaciones, luego de realizar la cobertura de lo que ocurre en el sur de Cali en desarrollo del Paro Nacional, en la noche del jueves 13 de mayo de 2021.

Cuando se encontraba haciendo una serie de grabaciones en el barrio Siloé, Escobar y el periodista de un medio europeo con el que colabora fueron abordados por agentes de la Policía que les exigieron documentación y les prohibieron hacer tomas del sector donde se encontraban.

Una vez finalizado su ejercicio profesional en el barrio, y ya en el hotel donde se aloja el reportero de prensa internacional, en el oeste de la ciudad, fueron de inmediato abordados por dos sujetos armados, vestidos de civil, quienes amenazaron a Escobar y le exigieron la entrega de todo su equipo de trabajo (cámara, micrófonos, filtros, etc.) y de las grabaciones hechas en Siloé.

Los dos individuos partieron, pero se devolvieron para reclamarle al reportero un disco duro con más grabaciones. “No te vas a hacer matar por esto”, le dijo uno de los delincuentes en moto, momentos antes de marcharse, reveló Escobar a Periodismo Libre.

El periodista denunció, asimismo, que los asaltantes les exigieron la entrega de sus teléfonos celulares bajo amenazas de ser asesinados si no lo hacían.

Todo indica que, luego de la cobertura noticiosa en el sur de Cali, Escobar y su colega fueron perseguidos hasta el oeste, con el propósito de evitar que lo grabado en Siloé sea conocido en el mundo.

En días recientes, el reportero ha sido objeto de amenazas vía redes sociales, cerca de su lugar de residencia se sitúan sujetos vestidos de civil durante horas, todo lo cual evidencia actuaciones de persecución por parte de agentes estatales o paraestatales.

Además, recientemente, durante una cobertura efectuada en el sector de La Luna, donde jóvenes caleños han sido brutalmente reprimidos por la Policía de Cali y atacados por civiles de extrema derecha armados, agentes del Esmad le dispararon directamente balas de goma.

De acuerdo con el testimonio de Escobar, tales elementos de represión no le causaron daños mayores por los mecanismos de protección en el pecho que personas solidarias le ayudaron a conseguir para poder realizar su trabajo de reportería alternativa.

Escobar y el colega de la prensa internacional realizaban en Siloé un trabajo de reportería sobre los graves hechos de los últimos días, en los que la Policía de Cali ha ejercido una brutal represión contra los jóvenes que participan en el Paro Nacional.

La violencia estatal en el barrio del sur occidente de Cali ya deja tres jóvenes asesinados y decenas de heridos y detenidos, sin que hasta el momento haya investigaciones que conduzcan al castigo de los responsables.

Periodismo Libre expresa toda su solidaridad a David Escobar y espera que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y demás agremiaciones se pronuncien frente a esta nueva violación al libre ejercicio de la información veraz en Colombia, de manera especial en Cali.

En la capital del Valle han sido denunciados 27 asesinatos en desarrollo de la oleada represiva contra el Paro Nacional, centenares de heridos, detenidos, desaparecidos y por lo menos 12 casos de jóvenes violentadas sexualmente.

Por: Luis Gonzalo Segura

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque la desigualdad y la pobreza, que ya afecta a casi el 45% de la población, son cada vez más extremas mientras se rebajaron hace dos años los impuestos a las grandes empresas y se tolera que las élites colombianas evadan los capitales que deseen.

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque sus tasas de criminalidad apuñalan el país casi a diario mientras ocupa el primer puesto mundial, año tras año, en el asesinato de líderes ecologistas –al menos 64 en el año 2019– y se encuentra en puestos destacados en cuanto al asesinato de líderes sindicales.

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque su sistema sanitario ha dejado más de 75.000 fallecidos y tres millones de contagios durante la pandemia y solo ha conseguido inocular una primera dosis de vacuna en el 10% de la población mientras sus élites compran pisos en las zonas más caras de Madrid, los rehabilitan y los venden obteniendo millonarios beneficios.

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque la mayoría de los ciudadanos no se puede confinar debido a la ausencia de un subsidio con el que sobrevivir mientras se ha convertido en el líder mundial de la producción de coca, con el 70% del total.

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.

Colombia contribuye como casi ninguna otra a que América Latina sea hoy la región más desigual y violenta del mundo mientras exhibe un clasismo y un racismo tan excluyente como anacrónico y obsceno

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque pretendió reducir la pobreza y la desigualdad con subidas de impuestos a las clases medias, a lo que queda de ellas, con una reforma que aspiraba a bajar el umbral del impuesto de la renta y subir los impuestos indirectos que a todos afectan, en lugar de aumentar los impuestos a las élites y a las grandes empresas.

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque se ha convertido en aliado estratégico de la OTAN en la región mientras sus Fuerzas Armadas asesinan niños sin piedad.

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque reprime de forma salvaje a la ciudadanía –se contabilizan 26 fallecidos y más de 400 desaparecidos en estas últimas protestas– como antes han hecho en Chile, Ecuador, Perú o Brasil mientras las causas reales que subyacen tras el descontento de la ciudadanía continúan sin solución.

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque su pueblo se ha revuelto contra sus gobernantes, como en los últimos años han hecho chilenos, ecuatorianos o peruanos.

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque contribuye como casi ninguna otra a que América Latina sea hoy la región más desigual y violenta del mundo mientras exhibe un clasismo y un racismo tan excluyente como anacrónico y obsceno.

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque su pueblo se ha revuelto contra sus gobernantes, como en los últimos años han hecho chilenos, ecuatorianos o peruanos, de la forma en la que los Estados Unidos hubiera deseado que ocurriera en Venezuela, Cuba o Bolivia mientras en estos países fracasaron los intentos de asesinato, los movimientos golpistas, las presiones a los militares e, incluso, las autoproclamaciones presidenciales kafkianas.

En definitiva, Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba y, por ello, en estos países se han perpetrado las más salvajes y crueles medidas, algunas de ellas con consideración bélica, como las inmisericordes sanciones económicas, lo que ha provocado una inhumana reducción de alimentos, medicamentos y productos básicos entre los ciudadanos.

Por ello, cuando lea sobre Colombia, Chile, Perú o Ecuador, lo que sólo ocurrirá cuando ardan, como en los últimos años, reflexione sobre toda América Latina en su globalidad y sus problemas. Quizás entonces, ante una visión más general y menos sectaria, sea posible considerar que el gran problema de América Latina es su modelo económico y el esbirro que lo impone, Estados Unidos.

Por: Katalina Vásquez Guzmán

Las marchas, protestas artísticas, vigilias con velas, misas son expresiones de una profunda inconformidad con el gobierno de turno, el modelo económico y la respuesta abusiva de parte de la Fuerza Pública

Desde Medellín. A once días de movilizaciones y brutalidad policial, la juventud colombiana sigue en las calles en marchas, protestas artísticas, vigilias con velas, misas y muchas más expresiones de una profunda inconformidad con el gobierno de turno, el modelo económico y la respuesta abusiva de parte de la Fuerza Pública, infiltrados de la policía y escuadrones armados sin identificar que dejaron a por lo menos 23 personas víctimas de homicidio, la mayoría de ellas manifestantes, y un funcionario policial. El Paro Nacional que inició el 28 de abril rechazó, en principio, la tercera reforma tributaria del gobierno del Presidente Iván Duque que pretende descargar el 75 por ciento de la tributación nacional en los hombros de los ciudadanos mientras las empresas asumen solo el 25, todo ello en medio del hastío y la vulneración de derechos generada tras meses de pandemia que dejó sin ingresos, empleos, alimentos, vacunas y salvación al grueso de la población colombiana, que suma más de 76 mil muertes por Covid19.

Desde ese miércoles, Colombia avivó la llama de la protesta que había iniciado en noviembre de 2019 y que resultó también en masacre, como ahora, tendiendo en el suelo por la fuerza de las balas del Estado y fuerzas paraestatales a decenas de jóvenes que, desarmados, se habían unido a los miles que están copando las calles de las ciudades capitales aún cuando saben que la respuesta del gobierno nacional y los gobernantes locales ha sido, en vez de escuchar sus demandas, poner a tronar sus fusiles, bombas aturdidoras, revólveres, tanquetas armadas, a la par con incitaciones a la violencia y el odio de parte de los opositores a la protesta que reclaman por el respeto a la propiedad privada y el no bloqueo de carreteras y transporte de alimentos y otros. También los camioneros, maestros y maestras e indígenas se sumaron al paro, dejando saber su indignación por los incumplimientos históricos a los acuerdos de movilizaciones pasadas, entre ellas las del paro de 2019.  También, “por la “descarada respuesta del gobierno ante la protesta actual: nos quieren callar y encerrar a punta de terror”, expresa Liliana Vásquez a este diario desde Cali, donde la sangre corre a borbotones: Una veintena de jóvenes han sido asesinados allí en medio de disparos y persecución de la policía y hombres de civil que atacan directamente a los manifestantes. Hoy, además, escasea allí el alimento, la gasolina, la electricidad y la conectividad.

Vazquez, una ama de casa que vio amenazada su subsistencia y la de su familia con el pretendido aumento de impuestos de Iván Duque a los alimentos y otros bienes básicos, no había participado antes de manifestaciones de este tipo. “Decidimos apoyar el paro porque mamados de tanta injusticia y tanta corrupción, y al ver a los muchachos del barrio que no agacharon lo cabeza, eso nos dio fuerza. Nos duele ver cómo los están desapariciendo, golpeando y asesinando por reclamar sus derechos. Los jóvenes de ahora son unos berracos”, dice con emoción la mujer, desde la capital del Valle del Cauca, hasta donde arribó la Minga Indígena de la vecina provincia de Cauca para unirse al grito por la vida del pueblo colombiano que, en vez de respuestas está recibiendo una represión tan alta que está siendo condenada no solo por organizaciones de derechos huumanos locales, sino también por gobernantes, congresistas, iglesia, académicos y otros de la comunidad internacional que, como los colombianos, exigen garantías para ejercer el derecho a la protesta.

De acuerdo con “Defender la Libertad”, red de organizaciones barriales, estudiantiles, feministas, y sociales del país, hasta el 8 de mayo han 216 personas han sido presuntamente desaparecidas en el marco del paro nacional en todo Colombia. Además, recogieron 629 denuncias por abusos de autoridad y poder y violencia policial, y reportaron la detención arbitraria de 1291 personas. Los muertos, incluido un menor de edad, ha sido 32 según esta campaña que expresa “su preocupación y rechazo ante la actuación arbitraria y desproporcionada (del estado) que van en contra de protocolos internacionales sobre el accionar de la Fuerza Pública en escenarios de protesta social”.

Esta grave situación ha levantado también manifestaciones en lugares como Miami, New York, Madrid, Oslo, Uruguay, Buenos Aires, La Paz, entre otras, y abundantes mensajes de rechazo al gobierno de Iván Duque y el líder político de la colectividad de derecha, Álvaro Uribe, a quienes piden su retiro de los cargos que ostentan y acudir a los estrados judiciales por las múltiples evidencias del abuso de poder actual y el prontuario y sendos procesos judiciales que Uribe enfrenta en la justicia colombiana desde año atrás por la supuesta conformación de grupos paramilitares y narcotraficantes, y ser el responsable de crímenes de estado que gracias al Acuerdo de Paz hoy se están documento y conociendo de manera organizada como lo son las 6402 ejecuciones extrajudiciales que, según la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) creada con el Acuerdo, habrían ocurrido durante el gobierno de Duque.

Estos graves hechos, ampliamente repudiados por la juventud actual y también conocidos como “falsos positivos”, se han seguido cometiendo a la par con la violencia política que, de acuerdo con los informes semestrales del Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep e información del Tribunal Permanente de los Pueblos -no solo con asesinatos sino con hostigamientos, amenazas y persecución- busca eliminar a los opositores al modelo económico y político que privilegia el capital, la propiedad privada, el extractivismo y la represión a costa del sufrimiento y violencia contra comunidades siempre explotadas y olvidadas como los campesinos, los pueblos afros, los indígenas y las comunidades urbanas populares que hoy aportan el grueso de los ciudadanos que, hartos de años de guerra, impunidad, falta de empleo, educación, salud y en medio del hambre y las balas, se aferran a la protesta como forma de hacerse oir y transformar estructuras del país para superar la desigualdad y lograr respeto y garantía de sus necesidad básicas.

Isaac Buitrago, abogado y activista en Medellín, le contó a Página/12 que, en medio de la histórica vulnerabilidad de las pobrerías en las ciudades y años de conflicto, coca y desplazamiento en los campos, las movilizaciones en capitales siguen aumentando. La llama sigue creciendo entre diversos sectores como personal de la salud, clase media e incluso clase alta que está sintiendo los estragos de la pandemia y el olvido del gobierno que ha dejado a la mayoría a su suerte con un lento avance en la vacunación mientras a los bancos les otorgó multimillonarios subsidios.

“Nos quieren desolados, ajenos a nosotros mismos y no lo lograrán, su muerte no triunfará, no pasarán”, señaló el influencer “Aquinoticias” en sus redes sociales donde youtubers e instagramers como “La Liendra” y otros han influenciado a la indignación a sectores que antes no tenían interés en la vida política, como los más jóvenes o la clase media. Y aunque los medios comerciales se enfocan en mostrar como protagonistas a quienes cometen desmanes y son tildados de vándalos, la información en vivo circula como pan caliente logrando desmentir las versiones oficiales que intentan mostrar la enorme e histórica movilización actual como una situación donde el orden público se salió de control, sin dar espacio a las demandas sociales y posturas políticas de los jóvenes y las organizaciones que participan del Paro Nacional que crece sin asomo de final aún.

“Quiero ser parte de una nueva historia”, explica Esteban Agudelo, joven artista y empresario de la capital antioqueña, para quien el país ha sido muy mal administrado llevando al hastío a las generaciones más jóvenes que no ven futuro en el sistema actual “pero que tenemos mas información” y por eso han decidido, explica, dignificar al pueblo mostrando su inconformidad y exigiendo el desmonte de la brutal policía antidisturbios (ESMAD) de la Policía que en cada movilización en el país termina con la vida de jóvenes manifestantes, o les deja con graves heridas. La policía civil habitual y gran número de infiltrados vestidos de civil han sido descubiertos en las protestas y los videos de celular que prueban que están usando a estos hombres para vandalizar propiedades públicas y privadas como el Metro de Medellín y el Hotel Luna de Cali son abundantes.

Pero no solo uniformados están disparando y acabando con los chicos. A Lucas, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, desconocidos le dieron ocho tiros desde un carro mientras protestaba en la ciudad de Pereira después de participar con baile y arte en la marcha que comenzó a la par en diversas capitales como decenas de miles de personas participando. El profesor de yoga está hoy entre la vida y la muerte. Nicolás, grafitero asesinado en Cali, y decenas de nombres son honrados desde el primer día del Paro Nacional más reciente. Entre tanto, se busca a centenares de personas que salieron a marchar y no volvieron. Uno de ellos fue encontrado sin vida en el río Cauca, tras protestar en Cali. Ante las masivas desapariciones, organizaciones de la sociedad civil como la Corporación Colombiana de Juristas, la Corporación Yira Castro y otros están pidiendo una intervención internacional urgente. Por su parte, el Centro de Investigación y Educación Popular de la Compañía de Jesús en Colombia ha señalado que: el gobierno quiere justificar la represión generalizada y la militarización de las capitales y municipios intermedios aludiendo a la existencia de acciones calificadas como “vandálicas” o “terroristas”, tales como el incendio de vehículos, saqueos al comercio y ataques no justificados contra la Policía. Sin embargo, las agresiones de la Fuerza Pública no solo se aplican contra los presuntos autores de estos hechos, sino contra quienes protestan pacíficamente. Y que, adicional a ello, persisten dudas sobre la procedencia de las armas y la financiación de este tipo de agrupaciones que infiltran las protestas.

Entre tanto, las ciudades han sido militarizadas. Y los alcaldes y mandatarios locales empiezan a tomar partido. Claudia López en Bogotá rechazó la presencia del Ejército, mientras en Medellín los despachos de Juventud y No Violencia se suman a recibir denuncias y apoyar la búsqueda de desaparecidos. Ahora se teme una represión aún más feroz en medio de horas en las que los lives en redes sociales se hacen cada vez más difícil por supuestas fallas en los servidores, y en jornadas de protesta donde se corta la electricidad, incluso en las noches: momentos de horror cuando, al finalizar las marchas, los policías motorizados y particulares armados persiguen a los manifestantes a disparos y se los llevan en carros, patrullas y camiones.

Así las cosas, cada día se citan más y más vecinos en sus canchas, sedes sociales o balcones de sus casas para el cacerolazo cotidiano, y más y más colombianos en el país y el mundo se indignan por la sangre derramada ante las justas reinvindicaciones de la ciudadanía que se moviliza en las calles y la virtualidad. El llamado a la justicia, el rechazo a la derecha, a sus crímenes históricos y a las reformas del gobierno actual, así como el hastío ante la escasez de oportunidades y la estigmatización se multiplican con expresiones y demandas que esperan ser atendidas en vez de silenciadas con las armas.

Por Juan Manuel Boccacci

El presidente presentó en el Congreso un proyecto de reforma tributaria con dos ejes centrales: aumento del IVA y ampliación de la base impositiva sobre los salarios. La medida generó el rechazo de entidades sindicales, organizaciones sociales, estudiantiles. “Contra el paquetazo de Iván Duque”, sostiene la convocatoria al paro del «28A».

El presidente de Colombia Iván Duque presentó en el Congreso un proyecto de reforma tributaria con dos ejes centrales: aumento del IVA y ampliación de la base impositiva sobre los salarios. La medida no podría haber sido peor recibida por la sociedad. Duque logró unificar a un conglomerado de organizaciones sindicales, indígenas, estudiantiles, partidos políticos y de pymes, que organizaron un paro nacional este miércoles con movilizaciones en todo el país. Rechazan que el gobierno financie la crisis del covid-19 tocando los ingresos de la clase media y los sectores populares. Además, reclaman que se eliminen los beneficios a las grandes empresas. En suma, una crítica al modelo neoliberal, del cual Colombia es uno de sus grandes exponentes en Latinoamérica.

Contra el «paquetazo»

La noche anterior al 28A, como denominaron a este paro sus organizadores, la Justicia intentó frenar la medida de fuerza. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (departamento al que pertenece Bogotá) había ordenado suspender las marchas. Sin embargo, el Comité Nacional del Paro (CNP) que aglutina a más de 50 organizaciones sindicales y sociales, mantuvo la convocatoria. “Por la paz, por la vida, por la democracia y contra el paquetazo de Iván Duque”, es el lema con el que convocaron, pidiendo que se cumplan las medidas de bioseguridad, ya que Colombia se encuentra en plena tercera ola del coronavirus.

Desde temprano se vieron columnas de personas marchando por las calles de Bogotá, Cali y Medellín. Hubo cortes de rutas y movilizaciones que tuvieron como destino edificios gubernamentales. Mientras tanto el presidente habló durante un evento donde se conmemoró un año desde el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí se mostró dispuesto al diálogo. “Como Gobierno queremos construir consensos con el Congreso, sin líneas rojas, pensando en los ingresos que estabilicen finanzas y manteniendo la protección a los más vulnerables por el tiempo que sea necesario”, sostuvo el mandatario.

El tono parecía muy distinto al de día previos, cuando Duque defendió a ultranza el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, como denomina el gobierno a la reforma tributaria. El presidente había afirmado que el país necesitaba recaudar para paliar la crisis que trajo la pandemia. “Esta no es una reforma tributaria, se trata de una financiación al país por lo que ha sido la pandemia y las consecuencias económicas que ha traído”, sostuvo el mandatario. El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había explicado que con esta ley pretenden recaudar 23 billones de pesos (seis mil millones de dólares) para sanear las finanzas públicas. En concreto, la propuesta conformada por 163 artículos establece: ampliar la base del IVA, aumentar el impuesto al salario y al patrimonio de persona físicas y jurídicas.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la entidad gremial más importante del país que aglutina a 700 mil personas, catalogaron a la ley como un golpe a la clase media y los sectores más bajos. “La extensión del IVA va a recaer sobre productos de la canasta familiar que no estaban gravados. De ahí se recaudarán unos diez mil billones de pesos”, dijo el Secretario General de la CUT, Diógenes Orjuela, a Página/12. El dirigente también criticó la idea de ampliar la cantidad de trabajadores que paguen un impuesto al salario. “Tres millones más entrarían a tributar. El gobierno bajaría la base tributaria a 2.500.000 pesos colombianos, cuando antes estaba en 4.200.000”, señaló el dirigente sindical.

La pandemia golpeó fuerte a la economía colombiana. Durante el año pasado el desempleo aumentó cinco puntos según datos oficiales, alcanzando al 15,9 por ciento de la población. En tanto que la pobreza se ubica en torno al 38,9 por ciento, según datos de CEPAL, mientras que consultoras locales sostienen que estaría cerca del 50 por ciento del país. El gobierno lanzó en abril del año pasado el Ingreso Solidario que perciben unas tres millones de familias vulnerables. La suma que recibirán hasta junio de este año equivale a 43 dólares mensuales, cuando el salario mínimo es de 259 dólares.

Recorte hacia abajo

Desde el sector sindical reclaman que la reforma tributaria no toca a las grandes empresas. “Mantiene privilegios para las multinacionales por casi 40 billones de pesos colombianos anuales. Les hemos dicho al gobierno que elimine esos privilegios y tendrían dinero suficiente para resolver la crisis y mucho más”, sostuvo el líder de la CUT. Por su parte Jairo Estrada, doctor en Economía y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, criticó el supuesto “impuesto a las grandes fortunas” que contempla el proyecto gubernamental. “Lo que se espera recaudar de ahí no se compara con lo que se pretende obtener de los sectores medios y bajos de la población”, señaló Estrada. Este impuesto será del uno por ciento para los patrimonios líquidos de personas físicas mayores a 1.300.00 dólares, y de dos por ciento a partir de cuatro millones de dólares.

En sintonía con los reclamos sindicales y de organizaciones sociales, Estrada sostiene que es necesario gravar la renta financiera. “Se tienen que eliminar las exenciones impuestas en las últimas dos o tres décadas, en el marco de lógicas neoliberales, para incentivar la inversión de corporaciones transnacionales. Esas políticas no trajeron beneficios a la sociedad. Esta reforma deja quietos a quienes más renta y patrimonios tienen”, indicó el economista. A su vez criticó las políticas sociales del gobierno. “Son subsidios ridículos que pueden estar bordeando los 50 o 60 dólares al mes. Al mismo tiempo se habla de subsidiar a la pequeña y a mediana empresa, lo cual no está mal, pero en Colombia el mayor empleo está en el sector informal de la economía y no se ve favorecido por estas políticas”, sostuvo Estrada.

En este contexto se conoció que el gobierno colombiano renovaría su flota de aeronaves militares. Duque planearía comprar 24 aviones de guerra por un monto de cuatro mil millones de dólares. Estrada señaló que Colombia es el segundo país de la región con el mayor gasto militar, ubicado después de Brasil. “Gastamos 9.200 millones de dólares en seguridad y defensa. Estamos ante una política gubernamental que solo da una respuesta militar, represiva, a las necesidades de las regiones”, sostuvo el economista.

En este sentido, en las calles también se reclamó por la escalada de violencia contra líderes y lideresas sociales. El senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, señaló que durante 2020 más de 270 firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados. “Han vuelto las masacres, el desplazamiento forzado, la implantación de minas. Fenómenos que se había logrado desaparecer con el Acuerdo de Paz de 2016, y que con este gobierno está reapareciendo, no en los mismos índices, pero sí está logrando que se despierten esta clase de acciones violentas”, sostuvo Cepeda. Para el senador se trata de una política de Duque con fines electorales. “Las elecciones presidenciales son el año entrante. Está buscando que lleguemos a ese momento con una escalada de violencia que vuelva a poner en la agenda la necesidad de un gobierno autoritario y de mano dura”, sostuvo el político.

Fuente: HispanTv

Las protestas contra la reforma tributaria del Gobierno derechista de Colombia toman más fuerza, a pesar del enorme despliegue de policías y militares en el país.

Desde el pasado miércoles, en varias ciudades de Colombia se han realizado movilizaciones contra la reforma tributaria planteada por el Gobierno de Iván Duque. Una iniciativa, que, según sus detractores, castiga a los sectores más vulnerables del país ante los efectos económicos y sanitarios provocados por la pandemia del coronavirus.

Los sindicatos de trabajadores, docentes, organizaciones civiles, indígenas y más rechazan la reforma, pues, a su juicio, significa más hambre y más miseria para el pueblo, entretanto el Gobierno ha reprimido con mano dura y ha desplegado a las fuerzas del Ejército en las calles para sofocar las protestas.

Tal y como informó el viernes la agencia de noticias AFP, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de más efectivos y tropas. Solo en la suroccidental ciudad de Cali se han acumulado otros 2500 agentes.

El titular de Defensa, Diego Moleno, avisó que el Ejército Nacional tiene la decisión de militarizar la ciudad y alegó en una radio local que los disturbios están organizados por unos grupos de vándalos.

“Vamos a militarizar la ciudad, porque lamentablemente las personas que salieron a hacer la marcha pacífica (el miércoles y el jueves) ya no están en las calles, los que están son vándalos robando, atacando”, amenazó.

Informó también de la detención de unas 30 personas y la expulsión de unos 6 extranjeros, a quienes les acusó de incitar al caos y la violencia.

De acuerdo a los informes, las organizaciones locales han reportado 20 heridos entre civiles y miembros de la fuerza pública, así como afectaciones en más de 30 buses, ocho estaciones de servicio público y medio centenar de establecimientos, pese de que las marchas se desarrollaron de manera pacífica.