Por: Nepomuceno Marín 

En la perspectiva de la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia ha emprendido una operación de maquillaje para ofrecer otra imagen respecto de la implementación de los Acuerdos de paz sometidos a un plan deliberado con el objetivo de hacerlos trizas según la orden del jefe supremo de las hordas fascistas colombiana, el señor Uribe Vélez.

En días recientes hemos presenciada una gigantesca campaña publicitaria de la Consejería de la paz con legalidad gerenciada por el señor Emilio Archila para resaltar los avances de los Programas de desarrollo con enfoque territorial (Pdet) y sus Planes de acción territorial; campaña cargada de mentiras y falacias, pues las acciones ejecutadas, que son obras de cemento y hierro, nada tienen que ver con la reforma rural integral pactada en La Habana, cuyo ejecución debía hacerse con la organización de los Pdet[1].

Lo que esta ocurriendo es que Archila esta manipulando descaradamente los dineros de la cooperación internacional para entregar cupos millonarios a los políticos oficialistas que saquean estos dineros con contrataciones fraudulentas y tramposas, todo con el fin de aceitar las mayorías parlamentarias que le dan el visto bueno a las políticas y leyes de la Casa de Nariño.

De igual manera la Oficina de la ONU encargada de acompañar los pactos de paz ha salido a dar un parte de victoria que no corresponde a la realidad. En este caso se trata de un acto protocolario para amarrar los dineros que el gobierno de Duque aporta a dicho organismo multilateral en el que hay una frondosa burocracia vinculada al Centro Democrático[2].

Estos balances no pasan de ser unas listas de mercado y unas misceláneas que buscan encubrir el fracaso de los acuerdos de paz.

El tema de las reformas políticas y la ampliación de la democracia es un campo vital en la superación de la violencia y la construcción de la paz[3].

Son muchos los estudios hechos a lo largo de los últimos años que demuestran como la exclusión política y el cierre del régimen de poder son uno de los elementos que gravitan en el alzamiento armado y la resistencia agraria de millones de campesinos. También en la ejecución de la violencia por parte de las elites en todos los ámbitos del Estado para impedir la presencia en la vida pública de los partidos y movimientos de oposición y de las fuerzas sociales populares.

Entre los trabajos elaborados para la mesa de diálogos de La Habana, reunidos en el Documento “Contribución al entendimiento del conflicto armado colombiano”, de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, destacan tres reflexiones que son pertinentes para entender las dimensiones de las relaciones entre organización del Estado colombiano y la violencia[4].

Uno de ellos es el de Sergio de Zubiria “Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano”, en el que las “unidades de análisis para aproximarnos a las dimensiones políticas, ideológicas y culturales son las siguientes: construcción del Estado y sus relaciones con el conflicto; poder político, estructuras de participación política, partidos y emergencia de proyectos alternativos; carácter y actitud frente a las reformas sociales; concepciones y prácticas de la modernización capitalista; elementos de la cultura política; y, otros factores culturales del contexto del conflicto social armado”.

Los otros son el documento de Víctor Manuel Moncayo “Insurgencia guerrillera y orden social vigente”.

Y el tercero es el de Francisco Gutiérrez “¿Una historia simple?”.

Entre los tres escritos se encuentran abundantes tesis sobre la dimensión política del conflicto armado colombiano presente desde los años 50 del Siglo XX.

Sobre dichos análisis y los protocolos de la Secretaria General de la ONU, en la Mesa de la Habana, el gobierno del señor Santos y la camarilla desertora de Timochenko hicieron un pacto cargado de reformismo sin limite para impulsar unas reformas políticas y electorales con el fin dizque de ampliar la mentirosa democracia colombiana.

Dicho acuerdo político partía de la siguiente consideración: “La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz. La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todas las personas sin distinción y, por eso, es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la paz. Esto incluye el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que ese ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo, y para que vigorice y complemente la democracia. Tomando en consideración que las mujeres enfrentan mayores barreras sociales e institucionales para el ejercicio de la participación política como consecuencia de profundas discriminaciones y desigualdades, así como de condiciones estructurales de exclusión y subordinación, lo que genera mayores retos para garantizar su derecho a la participación, enfrentar y transformar estas condiciones históricas implica desarrollar medidas afirmativas que garanticen la participación de las mujeres en los diferentes espacios de representación política y social. Para esto es necesario que se reconozca la situación y condición de las mujeres en sus contextos y particularidades.

“La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación. Para consolidar la paz, es necesario garantizar el pluralismo facilitando la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático, y tengan suficientes garantías para el ejercicio de la oposición y ser verdaderas alternativas de poder. La democracia requiere, en un escenario de fin del conflicto, un fortalecimiento de las garantías de participación política.

“Para la consolidación de la paz se requiere así mismo la promoción de la convivencia, la tolerancia y no estigmatización, que aseguren unas condiciones de respeto a los valores democráticos y, por esa vía, se promueva el respeto por quienes ejercen la oposición política. Esas garantías suponen, por una parte, una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia del proceso electoral, que requiere de una serie de medidas inmediatas especialmente en las regiones donde aún persisten riesgos y amenazas, así como de una revisión integral del régimen electoral y de la conformación y las funciones de las autoridades electorales. Y por otra parte, el establecimiento de unas mayores garantías para el ejercicio de la oposición política. La revisión y modernización de la organización y del régimen electoral debe propiciar una mayor participación de la ciudadanía en el proceso electoral. Una mayor participación electoral requiere adicionalmente de medidas incluyentes que faciliten el ejercicio de ese derecho, en especial en zonas apartadas o afectadas por el conflicto y el abandono, teniendo en cuenta las dificultades específicas de las mujeres que habitan dichas zonas para el ejercicio de este derecho. La construcción de la paz requiere además de la movilización y participación ciudadana en los asuntos de interés público, y en particular en la implementación del presente Acuerdo. Eso supone, por una parte, el fortalecimiento de las garantías y las capacidades para que los ciudadanos y ciudadanas, asociados en diferentes organizaciones y movimientos sociales y políticos, desarrollen sus actividades y de esa manera contribuyan a la expresión de los intereses de una sociedad pluralista y multicultural por diferentes medios, incluyendo la protesta social. Para fortalecer la participación ciudadana de las mujeres es necesario valorar sus agendas sociales y reconocer su aporte como sujetos políticos en la vida pública, en especial cuando se trata de la promoción y defensa de sus derechos. Por otra parte que se asegure que la participación ciudadana, en la discusión de los planes de desarrollo, de las políticas públicas y en general de los asuntos que atañen a la comunidad, incida efectivamente en las decisiones de las autoridades y corporaciones públicas correspondientes. De esa manera la participación ciudadana se convierte en un verdadero complemento y al mismo tiempo en un mecanismo de control del sistema de representación política y de la administración pública. La promoción tanto del pluralismo político como de las organizaciones y movimientos sociales, particularmente de mujeres, jóvenes y demás sectores excluidos del ejercicio de la política y, en general, del debate democrático, requiere de nuevos espacios de difusión para que los partidos, organizaciones y las comunidades que participan en la construcción de la paz, tengan acceso a espacios en canales y emisoras en los niveles nacional, regional y local. Adicionalmente, la construcción de la paz requiere que los territorios más afectados por el conflicto y el abandono, en una fase de transición, tengan una mayor representación en el Congreso de la República para asegurar la inclusión política de esos territorios y sus poblaciones, así como la representación de sus intereses. De igual manera, es necesario crear las condiciones y dar las garantías para que las organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos o movimientos políticos, que participen activamente en la conformación, ejercicio y control del poder político, para que sus propuestas y sus proyectos puedan constituirse en alternativa de poder.

“Para cumplir con todo lo anterior, se harán las revisiones y los ajustes institucionales necesarios que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, y de esa manera, hacer frente a los retos de la construcción de la paz”[5].

Tal como están planteadas estas reformas son apenas obvias en un proceso de modernización de un sistema político tan aberrante como el que tienen montadas las elites oligárquicas colombianas.

Pero al día de hoy esas reformas han sido un completo fracaso, aun si incluimos el flamante Estatuto de la Oposición[6] expedido y convertido en papel mojado, toda vez que las fuerzas de la oposición colombiana son sometidas al asesinato, la represión y el atropello.

Las 16 circunscripciones electorales para las victimas han sido bloqueadas por la maquinaria uribista[7]; la reforma electoral derivo en un nuevo código electoral plagado de clientelismo[8]; el nuevo Estatuto de participación jamás ha sido considerado y la presencia de la rosca de Timochenko en el hemiciclo legislativo es una vergüenza para el movimiento popular dado su aplauso repetido a los generales que encontraron en esta facción su más firme aliado.

Así que la reforma política para la paz resulto un gran fracaso, explicando así la conformación de un Nuevo ciclo de violencia y guerra en Colombia, en el que los frentes de las Farc EP (los de la primera Marquetalia) que se marginaron de tal pacto (1, 7, 3, 62,Carolina Ramírez, Comando Coordinador de Occidente, 43, 36, 33, 18), con la autoridad y legitimidad que les da esa consecuente posición revolucionaria, convocan y lideran la histórica resistencia agraria colombiana contra el régimen oligárquico y su modelo neoliberal de explotación de los trabajadores.

[1] Ver el siguiente enlace electronico consultado el 12 de enero del 2021 https:// www.eltiempo. com/politica/gobierno/proceso-de-paz-las-cuentas-del-gobierno-en-el-balance-de-los-acuerdos-de-paz-559637

[2] Ver en el siguiente enlace electronico del 12 de enero del 2021 https:// colombia.unmissions.org/nota- de-prensa-del-informe-trimestral-del-secretario-general- de-naciones-unidas-ante-el-consejo-de-0

[3] Ver el siguiente enlace electronico consultado el 12 de enero del 2021 http://www.indepaz.org.co/wp-content /uploads/2018/08/Punto-de-Encuentro-65-Participacion-en-las-reformas-politicas.pdf

[4] Ver en el siguiente enlace electronico consultado el 12 de enero del 201 http://www.humanas.unal.edu.co/ observapazyconflicto/files/5714/6911/9376/Version_final_informes_CHCV.pdf

[5] Ver el siguiente enlace electronico consultado el 12 de enero del 2021 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/ descargas/finAcuerdoPazAgosto2016/12-11-2016-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf

[6] Ver el siguiente enlace electronico consultado el 12 de enero del 2021 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87302

[7] Ver el siguiente enlace electronico consultado el 12 de enero del 2021 http:/ /leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/ proyectos%20de%20ley/2017%20-%202018/PAL%20016-18%2016%20Circunscripciones.pdf

[8] Ver en el siguiente enlace electronico consultado el 12 de enero del 2021 https:// www.elespectador.com/noticias/politica/reforma-electoral- para-la-paz/Zona de los archivos adjuntos

Fuente: TeleSur

Suman ya 1.126 activistas sociales y defensores de los derechos humanos asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.

En el contexto de la violencia sistemática en Colombia, este viernes fueron asesinados al menos tres líderes sociales en distintos puntos del territorio del país suramericano, con lo que sumarían 10 los activistas ultimados en los primeros 15 días de 2021.

En horas de la mañana, la Policía del departamento de Córdoba, en el norte del país, informó que dos sicarios ingresaron a un restaurante en el municipio de La Apartada, y mataron al líder cultural y comunitario de Palenque, Fredman Herazo Padilla.

Herazo Padilla, de 43 años de edad, también era un defensor de los derechos de la comunidad afro y contaba con una maestría en Educación y Lingüística.

La policía, luego de condenar el crimen, anunció la creación de un grupo especial para investigar el hecho y dar con el paradero de los autores del homicidio.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó en su cuenta de Twitter que Fermiliano Meneses, concejal del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, fue asesinado en el corregimiento de El Plateado, “presuntamente por el ELN (Ejército de Liberación Nacional) luego de ser raptado”.

Más tarde, Indepaz dio cuenta del asesinato del líder comunitario Robinson Quino en Yondó, departamento de Antioquia. “Sería el tercer líder asesinado el día de hoy y el décimo en lo corrido del 2021”, anotó la ONG, al precisar que suman ya 1.126 los activistas sociales y defensores de los derechos humanos asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.

Fuente: TeleSur

Entre las personas asesinadas se encuentra un excombatiente de las FARC-EP.

Una  nueva masacre se registró en Colombia para sumar 89 durante 2020, luego que tres personas fueron asesinadas, entre ellos un excombatiente de la FARC-EP, en la zona rural del corregimiento del Chapinero, en el municipio de Neiva.

El caso, del que se desconoce su autoría, ocurrió en la vereda Bajo Horizonte, del corregimiento de Chapinero, del departamento de Huila, en el sur de Colombia, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Una de las víctimas fue identificada como Mesías Pajoy Sabogal, exrebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP),  quien era desmovilizado desde hacía varios años, precisó el comandante de la Novena Brigada del Ejército, coronel Hernando Bautista.

Pajoy Sabogal se había desmovilizado en 2010, y se había dedicado a trabajar la tierra en una finca desde entonces, según el mismo informe.

“Tuvimos conocimiento del hecho porque un hijo de esta víctima hizo el reporte correspondiente, aunque aún no se conocen las identidades de las otras dos personas asesinadas”, indicó el coronel Bautista.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Neiva, Faiver Hoyos, este jueves habrá una evaluación del hecho en un consejo de seguridad.

“Hemos coordinado además la presencia de Policía, Ejército y Fiscalía en la zona para verificar los hechos y determinar con precisión lo sucedido”, indicó Hoyos.

Estos homicidios se dan después de la visita a la ciudad de Neiva del Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y del director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), Andrés Stapper.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) las masacres que se perpetraron este año en el país, se muestran como “método de sometimiento, mediante el terror, en zonas de interés para grupos armados ilegales y alianzas múltiples para disputar riquezas».

«En 2020 se llega a niveles similares a los que se dieron en el 2005 (134 masacres), en especial en 40 municipios del Bajo Cauca Antioqueño, Norte y suroccidente del Cauca, pacífico nariñense, Putumayo y Catatumbo”, indicó.

Por Andrés Figueroa Cornejo

Dirigentes de agrupaciones sociales campesinas denunciaron que este 15 de diciembre, los líderes Teófilo Acuña y Adelso Gallo fueron detenidos arbitrariamente por agentes del Estado, mientras el dirigente Robert Daza corrió la misma suerte el 16 de diciembre en la madrugada.

Las detenciones se inscriben en el largo y doloroso proceso de muerte, represión, genocidio y crisis humanitaria en el que está sumido el pueblo colombiano. El mismo pueblo que se organiza, se expresa y emprende acciones directas concretas con el fin de conquistar una vida digna.

El vocero nacional del Congreso de los Pueblos, Jimmy Moreno, informó que Adelso Gallo es dirigente campesino y líder social de la región del centro oriente colombiano, “miembro y expresidente de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCA-, impulsor de la Cooperativa Agropecuaria del Sarare, y en la actualidad hace parte de la Junta Nacional del Coordinador Nacional Agrario, CNA. Además, ha participado en espacios de interlocución con el gobierno nacional, como la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, gobiernos regionales y locales. Fue detenido este 15 de diciembre de 2020, sobre las 5:00 pm, en la ciudad de Villavicencio, Meta”.

Moreno indicó que, por su parte, Teófilo Acuña, “es dirigente campesino y líder social; vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, proceso organizativo que hace parte del CNA y reúne a comunidades campesinas sin tierra, de pescadores, agromineras y otras organizaciones sociales en Bolívar, Cesar, los Santanderes y el Magdalena”, y agregó que, “Por más de 20 años Teófilo Acuña ha hecho parte del CNA en defensa de la vida, los derechos humanos y el territorio, y ha participado en espacios de interlocución con el gobierno nacional, como la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, gobiernos regionales y locales. Fue detenido el 15 de diciembre de 2020, sobre las 4:45 pm, en el municipio de Barranco de Loba en Bolívar”.

El vocero del Congreso de los Pueblos añadió que Robert Daza, “es dirigente campesino y líder social del norte de Nariño, expresidente del CNA, miembro del Comité de Integración del Macizo colombiano CIMA, impulsor de los Territorios Campesinos Agroalimentarios; es parte de la Junta Nacional y de la secretaría de Tierras, Territorios y Territorialidad del CNA, y ha impulsado la defensa del agua y de la vida como parte de la junta de gobierno campesino del TECAM del norte de Nariño y sur del Cauca, además de haber participado en espacios de interlocución con el gobierno nacional, como la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, gobiernos regionales y locales. Fue detenido el 16 de diciembre, sobre las 3:00 am, en Pasto, Nariño”.

En el mismo ámbito, Franklyn Castañeda, miembro del Comité de Solidaridad de las y los Presos Políticos, recordó que, “en 2018 visitó el país el relator de la ONU, Michael Forst, para analizar la situación de las y los defensores de DDHH. Pues este año, Forst, a la hora de entregar su informe al Consejo de DDHH de la ONU, expresó las tres preocupaciones principales de su relatoría: el homicidio de los líderes sociales; la estigmatización que sufren; y, finalmente, su judicialización”.

Franklyn Castañeda manifestó que, “precisamente la judicialización de liderazgos sociales, estos últimos años se ha convertido en la estrategia predilecta de la Fiscalía Nacional, llegando a poner en alto riesgo las garantías de la lucha por los DDHH. Los últimos 7 años, casi 250 dirigentes de DDHH han sido judicializados en Colombia. Y desde el 2017, esta política se ha agravado contra personas del Congreso de los Pueblos”.

-¿Qué tienen en común las judicializaciones?

“Se trata de líderes campesinos y medioambientales que luchan contra los megaproyectos extractivistas que castigan a las comunidades, y por los derechos territoriales que les afectan directamente. Otro sector de personas judicializadas son ex combatientes de las Farc. También existen dirigentes que participaron en las mesas temáticas que abrió el Estado cuando se realizaban las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, proceso que fue truncado durante el gobierno de Iván Duque. Y también son víctimas de la judicialización los representantes comunitarios que han impulsado escenarios de protesta social.”

Castañeda sumó que los líderes detenidos por la justicia, “padecen las consecuencias de la sobre exposición mediática, el alejamiento de sus territorios y familias, e incluso la privación de libertad, como es el caso del dirigente del Congreso de los Pueblos, Julián Gil, quien fue liberado de la cárcel y absuelto de cargos, luego de 30 meses de cautiverio”.

Por otro lado, Diana Sánchez, que hace parte de la Asociación Minga, calificó de “perversa la persecución contra el pueblo, organizaciones y movilizaciones que enfrentan a diario los intereses privados que buscan hacerse para sí de las tierras, y donde el Estado y el Gobierno tienen todo que ver con lo que sucede”.

Sánchez dijo que, “la violencia y la criminalidad en las comunidades provienen del Estado. El programa Somos Defensores, entre enero y septiembre de 2020, logró documentar 135 asesinatos de líderes y lideresas. Sin embargo, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, ha registrado alrededor de 287 crímenes. Pero la propia Fiscalía Nacional acaba de evacuar un informe que habla de 581 víctimas de masacres. Esa entidad le achaca un 30 % de responsabilidad al paramilitarismo narcotraficante, pero del otro 70 % no dice nada, cuando la inmensa mayoría de los asesinatos ocurren en territorios con alta presencia de fuerza pública del Estado”.

El Congreso de los Pueblos, el Coordinador Nacional Agrario, y demás agrupaciones, aseguraron que están realizando un seguimiento integral de las últimas tres detenciones contra el movimiento popular, y demandaron el auxilio y la solidaridad de los trabajadores y pueblos del mundo frente a la incesante embestida antisocial e inhumana que ha convertido a Colombia en un territorio roto, suelo de sangre de pobres en lucha.

Fuente: TeleSur

Un grupo armado abrió fuego de forma indiscriminada contra un establecimiento público en El Mango, en el departamento de Cauca, acabando con la vida de al menos 5 personas.

La violencia no cesa en el departamento colombiano de Cauca. Un grupo paramilitar ha cometido una nueva masacre este sábado, en un ataque que habría dejado al menos cinco personas asesinadas en el corregimiento El Mango.

El líder comunitario campesino Andrés Mosquera informó en su cuenta de Twitter que presuntamente hombres fuertemente armados dispararon indiscriminadamente en un establecimiento público en el corregimiento El Mango, ubicado en la zona rural de Argelia, Cauca.

De acuerdo con medios locales de comunicación, la masacre sucedió alrededor de las 22:30 hora local del sábado.

Los agresores dispararon de manera indiscriminada contra la gente reunida en el establecimiento, dejando un saldo de entre cinco y siete personas asesinadas, y un número indeterminado de heridos, según los medios, aunque las autoridades aún no confirman el dato.

El secretario de Gobierno del Cauca, Luis Angulo, citado por Caracol Radio, dijo que desconoce el hecho, pero adelantó que las autoridades se movilizaron a la zona para verificar las denuncias.

En redes sociales se informó de manera extraoficial que entre las víctimas se encontraría el líder Libio Chilito.

Por: Luis Alfonso Mena S.

Los acontecimientos que sacuden las tierras de nuestra América por estos días parece que estuvieran transcurriendo de soslayo para las élites que tienen hoy en el Gobierno de Colombia a un régimen neoliberal fantoche y despótico, representativo del bloque más rancio de la oligarquía bicéfala que compone el sistema de burgueses y terratenientes dueños del poder, enemigos de las resistencias populares.

Ideal para las élites y su régimen que esos acontecimientos sean mirados de reojo por la mayoría, sin detectar su enorme significado para los pueblos y, particularmente, sin evaluar el mentís que para las políticas estratégicas de las clases dirigentes del continente significan.

Por lo menos cinco acontecimientos recientes ponen en evidencia los anteriores enunciados: la multitudinaria protesta ciudadana del 9 y el 10 de septiembre en Bogotá y otras ciudades del país; la contundente minga de las comunidades indígenas entre el 14 y el 21 de octubre, en conjunto con la jornada nacional sindical y popular de este día en Colombia; el arrollador triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) en la elección presidencial cumplida en Bolivia el 18 de octubre; la apabullante votación por una nueva Constitución en Chile el 25 del mismo mes, y la consolidación del proceso comicial para la renovación de la Asamblea Nacional en Venezuela, que se cumplirá el 6 de diciembre de este 2020.

Aunque las miradas imperantes en Colombia los muestran como hechos completamente aislados, unos de acá y otros de allá, lo pertinente es verlos en sus concatenaciones para la sociedad y los poderes en Colombia y en América.

El régimen uribista de Iván Duque se caracteriza, entre otras posiciones, por su desembozado odio hacia los procesos políticos independientes, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua y hacia las resistencias antioligárquicas donde se den, empezando por las que están en marcha en Colombia desde el portentoso Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 y continuando con las de Chile y Bolivia.

En correspondencia con lo anterior, el régimen de Duque ejecuta una política exterior de absoluta sumisión a los intereses de la Casa Blanca y, de manera especial, a los de su regente actual, el ignorante y ultragodo Donald Trump.

Política al servicio del imperio

Esa línea ha conducido a que la política exterior del Estado colombiano sea totalmente dependiente de la del imperio estadounidense y a participar de manera directa en la conspiración y la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela.

Para ello entrega la soberanía nacional permitiendo la presencia de tropas norteamericanas en nuestro territorio, incluso saltando tramposamente lo ordenado por la Constitución Política; arropa a centenares de mercenarios de la extrema derecha venezolana comandados por contratistas gringos; facilita burocracia y recursos del Estado para mantener en el país a los cabecillas de la conspiración, y se hace el de la vista gorda con los terroristas que incursionaron desde Colombia en las costas venezolanas de Macuto y Chuao en la llamada Operación Gedeón y fueron derrotados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a principios de mayo de 2020.

En esa tarea Duque, el Ministerio de Defensa, la Cancillería y el aparataje de Migración Colombia han estado al servicio de lo peor de la extrema derecha venezolana, y han participado de manera obsecuente en el llamado Grupo de Lima, al lado de Sebastián Piñera y de otros de su especie. El desastroso andamiaje intervencionista montado en la frontera colombo-venezolana el 22 y 23 de febrero de 2019 por el dúo Duque-Piñera así lo demuestra.

Esa hermandad conspiradora explica el hecho de que el Gobierno colombiano jamás condenó la espantosa violación de los derechos humanos por parte de Piñera contra las diarias y multitudinarias manifestaciones del pueblo chileno que reclamaba desde octubre de 2019 condiciones dignas de vida, represión que dejó más de 40 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos por los herederos del dictador Augusto Pinochet.

Y explica también el porqué, en cambio, Duque fue el primero en reconocer la dictadura de Jeanine Áñez, puesta en la Presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, mediante una maniobra burda, por Luis Almagro, el tirano de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por los golpistas internos financiados por el Gobierno norteamericano, en medio de otra represión brutal.

Paralelamente, a medida que avanza el tiempo de su oscuro mandato, Duque cierra cada vez con mayor cinismo los resquicios de “democracia”, desvertebra la hipotética “separación” de poderes, emula con una de las peores épocas del autoritarismo post Frente Nacional en Colombia, el Gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) y su nefasto Estatuto de Seguridad, al tiempo que busca implementar las políticas de su patrón, Álvaro Uribe, y su violenta Seguridad Democrática, eufemismo con el que se encubrió lo que realmente ocurrió en el mandato uribista (2002-2010): crímenes de Estado.

En desarrollo de esa política, Duque se negó a atender los reclamos de las movilizaciones sociales prominentes de 2019, las enfrentó con la maquinaria más avezada en la violación de los derechos humanos y ciudadanos, el Esmad de la Policía, y no dudó, sin ninguna vergüenza, en excusar las brutales acciones de esa fuerza en la represión de la indignación popular del 9 y el 10 de septiembre de 2020, desatada luego del asesinato vil a manos de dos agentes del régimen de un indefenso abogado en Bogotá. La masacre oficial dejó 13 jóvenes asesinados.

Su política de arrogancia y exclusión frente a los sectores populares ha quedado en evidencia con la estigmatización descarada contra la minga indígena, a la que sus funcionarios le hicieron todo tipo de señalamientos y a la cual, con evidente racismo y odio de clase, se negó a atender no solo en el Cauca y Cali, sino en Bogotá.

Las derrotas de Duque

Pero la demostración de organización dada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) que dirigió la Minga, y la clara confrontación política que ella significó contra y frente al régimen constituyó la primera derrota para Duque.

El triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca, candidatos del MAS, con una votación mayor en las presidenciales de Bolivia de 2020 (54 por ciento) en comparación con la obtenida por Evo Morales en 2019, echó por tierra la ardid tramposa del cabecilla de la OEA en el sentido de que había fraude hace un año, y puso sobre la palestra la derrota de todos los que se solazaron con el golpe de Estado de extrema derecha que derrocó a Evo, empezando por el Gobierno de Duque.

Ocho días después vino el demoledor triunfo del pueblo chileno contra el gran aliado sureño de Duque en la conspiración contra Venezuela, Sebastián Piñera: una votación de casi el 80 por ciento de los participantes en el plebiscito contra la pétrea Constitución heredada de la dictadura de Pinochet dejó la tercera gran derrota a la derecha continental, incluidos en ella Duque y su jefe, Donald Trump.

Ahora se avecina la cuarta derrota para el régimen uribista, la de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela, que se cumplirán a pesar del sabotaje, los montajes y las maniobras injerencistas del cerco orbital impuesto por Estados Unidos, con la participación en primera línea del servil Gobierno de Duque. Ninguna de las acciones contra este ejercicio democrático, que dejará totalmente sin piso político al monigote montado por Trump (Guaidó), ha fructificado.

Así, pues, el injerencismo exterior del régimen colombiano está sufriendo derrota tras derrota a manos de los pueblos latinoamericanos contra los cuales se ha confabulado con Estados Unidos, como fiel mandadero suyo, más en estos días en los que esperaba ayudar a Trump a permanecer en la Presidencia a pesar de su desastroso mandato, y todo indica que fracasará de nuevo.

Y en el plano interno, subrayo, la Minga también derrotó a Duque retándolo en su propio terreno, así éste haya huido a dar una vuelta por el malecón de Quibdó, en el Chocó, para eludir el eco del reclamo indígena, a 50 metros de la Casa de Nariño. Un reclamo que sigue retumbando y se multiplicará este 21 de noviembre de 2020.

Fuente: TeleSur

Indepaz reportó este sábado la nueva masacre, que ya suman 70 en lo que va el año 2020 en el país suramericano.
Las primeras informaciones apuntan a que se trata de dos mujeres y un hombre / Movimiento Comunal Catatumbo
Dos mujeres y un hombre fueron asesinados en una zona rural del municipio de Mercaderes, departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, donde hace seis meses mataron al líder comunal Álvaro Daza y a tres de sus familiares.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó este sábado la nueva masacre, que ya suman 70 en lo que va el año 2020 en el país suramericano.Las víctimas fueron encontradas por habitantes de la vereda El Vado, en el corregimiento de Mojarra, que dieron aviso a las autoridades. Una comisión conjunta se desplazó al lugar para adelantar los actos urgentes de inspección a la escena y los cadáveres.

El alcalde de Mercaderes, Fernando Díaz Salamanca, adelantó que organismos judiciales acudieron a lugar de la matanza para iniciar las investigaciones correspondientes.

El pasado 29 de abril, en la vereda El Vado, corregimiento de Mojarras, zona rural del municipio de Mercaderes, se registró una masacre luego que sujetos armados asesinaran al presidente de la Junta de Acción Comunal y tres integrantes de su familia.

En aquella ocasión, las víctimas fueron identificadas como: Álvaro Narváez Daza, líder comunal; su esposa María Delia Daza Rodríguez; su hijo Cristian Narváez Daza y la nieta del dirigente, Jenny Katherine López Narváez de 15 años de edad.

Fuente: TeleSur

Oliverio Conejo junto a su hija Emily durante la graduación de esta / ONIC

Fuente: TeleSur

La mayoría de las víctimas de la oleada de masacres son jóvenes e incluso menores de edad / Imágenes extraídas de las RRSS / ET