Colombia

Fuente: TeleSur

Con el crimen denunciado este viernes, el país suramericano llega a la escalofriante cifra de 30 masacres en 2021.

El Instituto de estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este viernes la perpetración de una masacre suscitada en el municipio de Quibdó, situado en el departamento del Chocó.

De acuerdo a Indepaz, el hecho se produjo en el barrio Buenos Aires de Quibdó donde tres menores de 11, 12 y 17 años fueron asesinados, las autoridades aún desconocen el grupo autor de la masacre.

«El menor de 11 años quedó herido con múltiples puñaladas, disparos y la amputación de su mano izquierda, hoy 23 de abril se confirma su muerte por la gravedad de las heridas que presentaba», denuncia Indepaz.

El Instituto enfatiza que en el Chocó operan grupos irrgulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM) y otro conocido como «Los Locos Yam».

Con la denuncia de este viernes, el país suramericano llega a 30 masacres en menos de cuatro meses del año, siendo los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, donde más se suscitan crimenes contra la población.

Además de las masacres perpetradas, en lo corrido del año Colombia suma 52 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos (DD.HH.) y 21 excombatientes firmantes de Paz asesinados.

De seguir así, Colombia se encamina a superar la cifra de 2020 donde se perpetraron 91 masacres en los territorios.

Fuente: TeleSur

Las autoridades en el departamento del Quindío, en el suroeste de Colombia, reportaron una nueva masacre.

Las autoridades en el departamento del Quindío, en el suroeste de Colombia, confirmaron este domingo una nueva masacre de cuatro personas en el barrio La Esmeralda del municipio de Circasia.

Según el reporte, otras tres personas resultaron heridas tras este ataque sicarial perpetrado por un grupo de hombres armados que llegaron hasta el lugar y dispararon de forma indiscriminada contra las personas allí presentes.

La situación se presentó hacia la 01HOO horas locales cuando hombres armados llegaron a la zona y dispararon indiscriminadamente, reportó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), que señaló que Colombia ahora suma 25 matanzas.

En información aparte, Indepaz indicó que otros dos asesinatos se reportaron horas antes en Circasia y en el municipio Montenegro en el mismo departamento, sumando así a seis personas asesinadas en menos de 48 horas.

Indepaz reportó este sábado una nueva masacre en el país suramericano, la número 24 en lo que va del año, luego que tres personas de una misma familia fueron asesinados en el departamento sureño de Huila. Respecto a la masacre de este domingo, el secretario del Interior del Quindío Jaime Andrés Pérez quien se movilizó hasta el municipio, reveló que los hechos se registraron en la madrugada del 4 de abril.

«Realizaremos un consejo de seguridad extraordinario en el que participará el Ministro de Defensa Diego Molano, el Gobernador del departamento del Quindío Roberto Jairo Jaramillo y el Director Nacional de la Policía general Jorge Luis Vargas», adelantó Andrés Pérez.

También manifestó que: «se van a adoptar las medidas necesarias para que este tipo de hechos violentos no se vuelvan a repetir».

Por su parte, el comandante operativo del Departamento de policía Quindío, coronel Carlos Valencia, señaló que la masacre se perpetró sobre la media noche del domingo y confirmó el saldo de cuatro personas asesinadas y otras tres heridas en el municipio de Circasia.

Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez 

El número 6402 sintetiza la cifra del más reciente fracaso del estado en la defensa de la vida, a causa de una política que le hizo creer a la sociedad de que solo podía ser salvada del terror exterminando a los terroristas. Los dueños del capital acogieron el espíritu de la tesis para poner a salvo sus inversiones presentes y futuras. Derechos y libertades pasaron a la periferia. La fuerza armada tomó el control, declaró su lealtad al gobierno y los otros poderes cedieron independencia.

 Hizo eco que nada ni nadie podía detener la palabra del presidente ni la acción militar del estado. “Frente al terrorismo solo puede haber una respuesta: derrotarlo” (Política de Seguridad y Defensa, 2003). La oposición y la crítica quedaron en desventaja. Oponerse era enfrentarse al señalamiento o la humillación que podía convertir a cualquiera en enemigo y volverlo una cifra sin historia humana. “Más que pelear una “guerra” en el sentido convencional de la palabra, es importante -y así lo considera la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez-, la puesta en marcha de una estrategia nacional de seguridad, con metas a lograr en el corto y en el mediano plazo, que contemple los mecanismos y la financiación requerida para alcanzarlas, e incorpore un conjunto de elementos extra-militares” (Caballero Argaez, estrategia de seguridad).

La política de defensa y seguridad democrática debía garantizar el control del territorio y la soberanía nacional como elementos fundamentales para la plena vigencia del estado de derecho. Esa era la misión, imperativa e inobjetable. La palabra “guerra”, fue vetada del lenguaje oficial para evitar reconocer la existencia de una confrontación entre el estado y grupos rebeldes, bajo el precepto de poder incumplir reglas universales y del DIH y hacer lo “necesario” (todo vale) para exterminar al enemigo. La orden no era pelear, era ganar, derrotar. La protesta y la movilización recibían acusaciones de estar apoyando el terrorismo, lo que valió para judicializar y perseguir. Al tiempo que se debilitaba la acción social, se promocionaba la creación de mecanismos paralelos de representación (sindical, indígena, estudiantil, de víctimas, entre otros), útiles para poner al margen a la sociedad y bloquearle su voluntad soberana. Se impuso el principio de que “el fin soberano supremo y único bien común de la patria era la seguridad” de la que se encargaba directamente el presidente y la lealtad de tropas y seguidores sería con él. Se instaló la idea de que “la lucha es de todos”, porque los males los originaba el implacable enemigo terrorista, que debía ser enfrentado sin compasión hasta ser “exterminado” porque solo de los terroristas procedía todo daño a la sociedad y a la economía y lo correcto era eliminar a ese depredador.

La red de comunicación y propaganda resaltaba “sus logros” con cifras. Positivas para el gobierno y negativas para reforzar la aterradora imagen del “enemigo” común. Se  anuncio al comienzo que en 2001 “los terroristas” habían ejecutado 368 voladuras de torres de energía con costos de reparación superiores a 388 millones de dólares; 170 atentados al oleoducto caño limòn-coveñas en 2000 y 2001, con costos superiores a 120 millones de dólares; 96 voladuras de puentes entre 2000 y 2002, con costos cercanos a 10 millones de dólares y decenas de acciones bélicas de alta capacidad de destrucción que impedían el crecimiento de la economía, afectaban la gobernabilidad y tenían al borde del abismo al país. Quedaba claro que la única salida era acabar con los “enemigos difusos” (lenguaje de la Ley Patriot Act americana de lucha contra el terrorismo), en particular de las FARC y el ELN que eran la fuerza “depredadora”. Esa fue la orden expresa, el credo y objetivo a conseguir, de lo demás cada quien sabría como encargarse.

Librar esa misión era la tarea común, que no requería ninguna orden adicional, ni documentos que lo repitieran. Cada parte de la estrategia y los apartaos de la seguridad participaba de la logística de exterminio hasta convertir al estado en homicida, cada uno cumplía su propia misión para alcanzar la meta colectiva que era exterminar al enemigo terrorista, borrar su historia, destruir toda evidencia. De la gestión dependería el cómo, la metodología particular, los recursos, los planes y operaciones. La misión exigía incuestionables gastos militares y de policía que se justificaron indicando que el gasto militar era inferior al de “otros países en guerra” como Sri Lanka, Ruanda, Burundi, Lesoto, Myanmar, que en la década 90-99, habían dedicado un PIB promedio superior al 3% y Colombia apenas un 2.42%. Fue suficiente para multiplicar los gastos orientados a mejorar las capacidades en inteligencia, militares y de unidades especializadas en operaciones rápidas y especiales y de tecnologías, para cubrir todo el territorio nacional y con mayor énfasis en 165 poblaciones. Se amplio el pie de fuerza y se trató de vincular estrechamente a toda la población civil con su propia defensa, mediante fuerzas locales de seguridad, ad portas de un proceso de desmovilización de paramilitares y de querer tener un millón de informantes como base para que la patria toda actuara como un ejército de 45 millones de colombianos.

La estrategia fijó los fines y la gestión los medios. Las ordenes se cumplieron. El gasto militar pasó a 3.7% del PIB en 2002 y según la contraloría se estabilizó en el 4.7% entre 2001 y 2007, lo que valió titulares de prensa como “Gasto militar en Colombia, el más alto del continente” (elespectador.com, abril 2008; informe del presidente al congreso, 2008). El pie de fuerza creció. De un militar por 175 habitantes se pasó a uno por cada 145, creció la fuerza policial y el costo medio anual por cada militar activo se elevó a 12.600 dólares (Ramírez, J.M, Nota sobre gasto militar). Hubo invasión total de la vida ciudadana en sus emociones. Vitores al líder, exaltación con las cifras de bajas enemigas contadas por decenas. Hubo alcaldes que declararon días de júbilo, rectores de universidades que entregaron listas de sus enemigos, funcionarios ascendidos y crecimiento de la tasa de hacinamiento carcelario. El crecimiento económico superó la barrera del 5%, la inversión extranjera se multiplicó por 4, el desempleo bajo 6 puntos (17, 8% en 2002 a 11.7% en 2007), se multiplicaron por 5 las zonas francas. Socialmente la realidad se movía entre el miedo y la esperanza, se organizaron falsedades y mentiras y la lógica de destruir para construir se convertía en la obsesión de quienes estaban asentados en el poder. La ocupación militar abarcó todas las actividades y territorios y sin mayor control las tropas actuaron como si ellas mismas fueran la ley poniendo en riesgo real la democracia y el orden constitucional.

La política de seguridad fue preparada por el alto gobierno, dirigido por un presidente investido de poder total y al mando de un plan de exterminio del enemigo terrorista. De ahí como una consecuencia salió la orden que llevó a las ejecuciones extrajudiciales de los 6402 jóvenes inocentes asesinados convertidos con humillación en cifras, frías cifras sin historia humana; la gestión orientó el cumplimiento de la misión, proveyó las herramientas, los recursos y las reglas, en cuyo nombre los victimarios recibieron honores y se proclamaron héroes, el gobierno accedió a empréstitos internacionales, fue aclamado, recibió aportes significativos en dólares americanos dedicados a seguir la muerte y una calle de Miami fue bautizada con el nombre del líder; los poderosos ajustaron sus maquinarias de poder, se “reinventaron”, se camuflaron en nuevos grupos y pequeños partidos y siguen ahí, activos como si nunca hubiera ocurrido tanto horror.

P.D. La numerología, según quienes la estudian, señala que cada persona tiene su propio número. El de la seguridad democrática y su presidente será el 6402 (de falsos positivos: inocentes asesinados por el estado). El 6 es imperfección (vinculado a los enemigos de Dios); el 4 simetría (estrategia y gestión), los cuatro vientos de destrucción plena y total; el cero, anula, deja pasar y; el 2 pone en juego a los testigos que confirman “su” validez (falsos testigos, falsos positivos, falso de toda falsedad decía el presidente).

Por: Fernando Dorado

Diversos hechos nos llevan a plantear que se empieza a vivir un nuevo momento político en Colombia. En este escrito se identifican esas circunstancias con el objetivo de contribuir a liberar una serie de cargas (limitantes) que corresponden al período anterior (2012-2020) en donde el “eje” de la política nacional giró alrededor del llamado proceso de paz (paz formal o “paz perrata” como la definimos desde 2013). Petro la llama “paz pequeña”.

Trataremos de demostrar que hemos entrado en ese nuevo momento. Para hacerlo debemos comprender que la contradicción Uribe/Santos (guerra/paz) está básicamente resuelta (desarme de las Farc) y que el factor principal para avanzar hacia la verdadera paz o “paz grande” es el cambio de modelo económico-productivo para poder desencadenar y sustentar las transformaciones sociales, políticas y culturales que están en marcha.

Al precisarlo podremos ver –con absoluta claridad– que en las nuevas circunstancias el llamado “centro” (o sea, el “ni-ni”, la indefinición política o la “forma sin contenido”), no tiene nada que hacer frente a los urgentes problemas que exigen soluciones efectivas. Además, afirmamos que ahora no sólo se trata de generar una “esperanza” sino de lograr cambios consistentes, certeros y efectivos. Las “medias tintas” son cosa del pasado.

Factores que determinan ese nuevo momento (síntesis)

Entre los elementos que hemos identificado como determinantes para generar ese “nuevo momento” están los siguientes:

–  Hizo crisis el modelo económico-productivo dependiente de la exportación de materias primas. Colombia entró en la fase de transición energética que exige sustituir los combustibles fósiles con energías limpias y renovables. Las empresas carboneras abandonan el país, la industria del petróleo está de capa caída y la gente rechaza los proyectos extractivos que destruyen la naturaleza (¡No queremos oro, queremos agua!). Además, los pequeños y medianos productores de materias primas (cafeteros, paneleros, ganaderos, paperos, fruticultores, cacaoteros, etc.) requieren industrializar sus procesos productivos para enfrentar la nueva fase de globalización que vive el planeta.

–  El Estado colombiano está insolvente, fiscalmente quebrado, sobre endeudado, y la pandemia agudizó esa situación. El gobierno de Duque está obligado por el gran capital a apretarle las clavijas a las clases medias y al pueblo trabajador. Las reformas tributaria, laboral y pensional son más que necesarias para “cuadrar caja”. Van a gravar toda la canasta familiar con el IVA, reducir el salario mínimo y aprobar el pago de trabajo por horas. Todo ello tendrá costos políticos enormes que traerán protestas y movilizaciones populares, que van a tratar de mitigar con propuestas populistas.

–  El bloque de poder oligárquico está debilitado y fracturado en el terreno político. Su principal problema es que depende de un dirigente tóxico como Uribe y “los de arriba” no saben ni tienen las formas de reemplazarlo en lo inmediato. Es evidente que ante el avance de las fuerzas democráticas y progresistas, los grandes “cacaos” (Sarmiento Angulo, Santodomingo, Ardila Lulle, Gilinsky, GEA) se han asustado y han reculado nuevamente hacia el uribismo. La falsa “paz” ya les sirvió y el negocio (ilegal) debe continuar.

–  Las clases medias empiezan a girar hacia el progresismo. La actitud de las famosas actrices como Margarita Rosa de Francisco y Aura Cristina Geithner, y de los jóvenes artistas que encabezaron la rebelión juvenil del 21N, son una manifestación de esa tendencia.

–  La pandemia ayudó a desnudar todas las miserias de este país. Se ha hecho visible la escandalosa desigualdad económica y social; ha quedado expuesta la inmensa informalidad económica y laboral; el desempleo camuflado ha mostrado su cruel y mísero rostro; las consecuencias negativas de la mercantilización de la salud en manos de las EPS son palpadas y sufridas a diario por el grueso de la población; y otros problemas acumulados como la precariedad de la educación, la incapacidad del Estado para resolver las demandas sociales en servicios públicos y vivienda, etc., se convierten en motivo de protesta y movilización social.

–  La dualidad de la Constitución de 1991 ya no da más. Lo social y el bien común buscan romper la esencia neoliberal de esa carta política.

–  Todos los intentos del gobierno de Duque-Uribe por acabar con la Justicia Especial de Paz JEP y por sabotear el proceso de paz han fracasado.

–  El nuevo marco internacional con la elección de Biden en EE.UU. es favorable para darle continuidad al proceso de paz, aunque no podemos hacernos ilusiones “pacifistas”.

–  La crisis de los partidos políticos -de todos- está obligando a que surjan nuevas expresiones políticas. En lo inmediato están apareciendo nuevos tipos de coaliciones que van a reflejar con mayor nitidez los valores y posiciones políticas de las fuerzas comprometidas.

–  Existen importantes evidencias de cómo las mujeres y los jóvenes serán determinantes para que ese “nuevo momento” se concrete en cambios sustanciales en la dinámica política de nuestro país.

La materialización del nuevo momento político

Un factor que es desencadenante y resultado de ese nuevo momento político es el caso jurídico que compromete al expresidente Uribe. La carga de la prueba de su criminalidad ha logrado trascender hacia la sociedad. Aunque la Fiscalía General lo exonere usando artificios legales y trapisondas jurídicas, el solo hecho de que haya renunciado al Senado para esquivar el juicio de la Corte Suprema de Justicia, se convierte en la confirmación de su culpa. El “tapen-tapen” ya no le sirve, el rey está desnudo y todo su proyecto político está en franca decadencia.

Otros hechos relacionados con el nuevo momento político son:

– Las castas dominantes son conscientes que al juntarse la pandemia con un gobierno tan incapaz como el de Duque, está a la vista la oportunidad para que las fuerzas progresistas y de izquierda accedan al gobierno. Es por esa razón que aparecen por doquier candidatos y candidatas que aspiran a representar los intereses del establecimiento oficial y están buscando alguien con “excelentes capacidades” para enfrentar a Gustavo Petro, que a pesar de las descalificaciones consideran un candidato con experiencia, formado y difícil de batir.

– El candidato preferido del “centro” -Sergio Fajardo- desnudó su “corporativismo” en favor del Grupo Empresarial Antioqueño GEA en el caso que destapó el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que compromete a las Empresas Públicas de Medellín EPM y el proyecto de Hidroituango. Así, se colocó del lado de los empresarios y contratistas corruptos y giró definitivamente hacia la derecha. Su uribismo vergonzante ha salido a relucir.

– El senador Jorge Enrique Robledo (Moir-Dignidad) se entregó -dentro de esa misma línea- a los intereses de los grandes grupos económicos del sector agropecuario (Asocaña, Augura, Fedepalma, AsoExport, etc.) con la consigna de la “defensa de la producción nacional”. Dicha posición la asume sin discutir para nada la lógica rentística y gran terrateniente de esa producción, sin cuestionar la forma como usan el Estado para favorecer sus monopolios depredadores de los recursos naturales y súper-explotadores de los trabajadores, y ocultando que han sido sectores que estuvieron comprometidos con la estrategia paramilitar de Uribe.

– La Alianza Verde se divide entre fajardistas, peñalosistas y progresistas, y sus “fundadores” intentan vender ese espacio político (que se convirtió en una agencia de venta de avales) a los herederos “semi-rebeldes” de César Gaviria dentro del partido liberal (Galán, Lara, Cristo, etc.).

– Los partidos tradicionales (liberales, conservadores, la U y Cambio Radical) están en descomposición y algunos de sus miembros más honestos o, menos corruptos, se acercan a la propuesta progresista.

– Las izquierdas y los movimientos sociales empiezan a entender que hay una oportunidad de quebrar el monopolio oligárquico a nivel presidencial (nacional), y evalúan nuevas formas de alianzas democráticas. Y en esa tarea van comprendiendo que la fórmula para hacerlo requiere de la más amplia apertura hacia las bases sociales y la derrota de prácticas burocráticas que de una u otra forma han hecho carrera dentro de sus organizaciones.

– Todo indica que mientras Gustavo Petro se vuelve un “atractor positivo” que impulsa un “pacto histórico”, Álvaro Uribe se ha convertido en un “atractor negativo”, en un “detractor de sí mismo” y en un representante del pasado.

Los escenarios posibles y la reacción del bloque dominante

Para las clases dominantes colombianas, y en especial, para la oligarquía que se bañó las manos con sangre a lo largo de las últimas 7 décadas (que fue casi toda), es impensable perder la presidencia de la república, dado que el régimen político de este país es fuertemente presidencialista y centralista. No pueden imaginar en ese cargo a un dirigente proveniente de las izquierdas, y menos, a una persona como Gustavo Petro que ha demostrado que es un luchador nato y de principios, y que militó en un movimiento guerrillero (M19) que tuvo -desde el primer momento- un alto sentido de realidad y de responsabilidad histórica.

Para esas castas oligárquicas el mejor escenario sería la repetición de lo ocurrido en 2018. Sin embargo, todo lo que estamos observando apunta a que no se va a repetir dicha situación. El progresismo y las izquierdas ya están construyendo una coalición más amplia que la de hace 3 años, mientras que el bloque dominante no tiene una figura descollante para encabezar su proyecto político (que es regresivo, o mejor, no tienen proyecto). Tampoco pueden repetir la fórmula de construir de afán un candidato improvisado y sin experiencia (“el que diga Uribe”) porque mostró su ineficacia. Germán Vargas Lleras, que es el cuadro más preparado de la oligarquía, quemó sus cartuchos en la pasada contienda y no es opción actual.

Es por ello que actualmente el bloque dominante está en la tarea de construir tres (3) alternativas políticas para unificarlas al final, y así, enfrentar al candidato del progresismo y de las izquierdas, que ellos saben que va a ser Gustavo Petro. Dichas alternativas son:

a)    Una coalición “pura sangre” del uribismo con fuerzas del Centro Democrático, el partido conservador y algunas iglesias cristianas. Su principal candidata es Paloma Valencia, no descartan al hijo de Uribe (Tomás), pero todos saben que el escogido será su títere.

b)   Una convergencia de figuras políticas (exalcaldes y exgobernadores) y clanes mafiosos (como el de los Char de la Costa Caribe), en donde aspiran a juntar a los sectores más descompuestos y politiqueros del partido liberal, Cambio Radical, La U, y “conservadores no uribistas”. Allí están Enrique Peñalosa, Dilian Francisca Toro y demás precandidatos.

c)    El “centro”, encabezado por Fajardo que ahora está acompañado por algunos liberales “rebeldes” como los hermanos Galán, Juan Fernando Cristo, Humberto De la Calle, y aspiran a integrar a personajes como Alejandro Gaviria (exministro de Salud de Santos). Saben que el bloque de “centro” está mermado, que Fajardo está desgastado, Robledo ya no encabeza al Polo y los Verdes están divididos, pero están seguros que su “anti-petrismo” los convierte en aliados.

No podemos descartar que en la eventualidad que la candidatura de Gustavo Petro logre “conectar” con el grueso del electorado rebelde pero abstencionista, y se convierta en una avalancha política indetenible, la oligarquía intente otras respuestas “extrainstitucionales”. Si ellos perciben que ni siquiera juntando estas tres alternativas van a poder derrotar al candidato progresista, es muy posible que recurran al magnicidio del líder de izquierda, o que traten de utilizar un estallido social para provocar un caos artificial, o que utilicen (como ya lo han hecho) al ELN, al gobierno venezolano y a los grupos armados ilegales, para desestabilizar al país e implementar un plan violento y autoritario (golpe de Estado). Todo es posible en este país y mucho más frente a la posibilidad (cada vez más creciente) que las clases dominantes colombianas puedan perder el poder político.

Conclusión

No ser consciente del nuevo momento político es el gran problema para los dirigentes populares que hacen parte del movimiento social o de los partidos políticos alternativos, progresistas o de izquierda. Si se es consciente de que estamos frente a la enorme posibilidad de derrotar por primera vez, en el terreno electoral, a una oligarquía tan reaccionaria y cerrada como la colombiana, entonces, todo se aclara y se facilita no solo la unidad sino que las tareas prácticas tendrán un cauce claro y preciso: acudir a las bases sociales para construir el “Pacto Histórico” con todas las fuerzas y personas que deseen ser parte de él

Por: Pedro Santana Rodríguez

Estos crímenes se habrían presentado en 29 de los 32 departamentos del país y el 78% de ellos se habrían presentado en el período 2002-2008 en el que gobernó Álvaro Uribe Vélez.

La publicación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de un auto sobre “las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” este 18 de febrero vuelve a generar un amplio debate en el país por la magnitud del fenómeno y por los presuntos responsables, así como por la responsabilidad en la sistematicidad y cubrimiento geográfico de este crimen de lesa humanidad. De acuerdo con el auto 033 de 2021 dado a conocer por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas se habrían presentado en Colombia en el período 2002-2008, 6.402 crímenes de civiles indefensos por parte de unidades del Ejército Colombiano. Se trata de un auto que resume hasta ahora el trabajo de esta Sala sobre el asesinato de civiles indefensos por miembros del Ejército en el marco del conflicto armado interno. El auto toma como fuentes principales de información los informes presentados a la JEP por parte de la Fiscalía General de la Nación que había reportado 2.248 víctimas para el período 1998 y 2014, así mismo los informes remitidos por la Justicia Penal Militar, los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica y el informe de la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos, así como informes de diferentes organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

Estos crímenes se habrían presentado en 29 de los 32 departamentos del país y el 78% de los crímenes se habrían presentado en este periodo 2002-2008 en que el país fue gobernado por Álvaro Uribe Vélez. La metodología de priorización para la investigación por la Sala de la JEP estableció una primera fase centrada en seis subregiones del país: Antioquia, Costa Caribe (sur de la Guajira y norte del Cesar), Norte de Santander (región del Catatumbo), Huila, Casanare y Meta, en estas regiones se presentaron la mayoría de los asesinatos. En el Auto de 38 páginas se expone además por cada región cuáles fueron los batallones, las brigadas y las divisiones del ejército en los que se cometieron estos crímenes con mayor frecuencia y el número de víctimas lo que llevará a identificar a los responsables de estas unidades operativas del ejército en el momento en que se registraron los crímenes.

En una segunda fase de la investigación señala el auto de la Sala se encuentran en fase de análisis y sistematización los hechos ocurridos en otros departamentos del país, tales como Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Sucre. Estos hechos, así como otros de carácter representativo ocurridos en otros departamentos del país, se abordarán en la segunda fase de la investigación del caso 03 que, de acuerdo con la estrategia de investigación de “abajo hacia arriba”, se concentrará en la determinación de hechos, conductas, participes determinantes y máximos responsables en otros niveles de escala territorial y nacional.

El auto que es prolijo en información sobre las seis subregiones así como sobre la sistematicidad con la que se perpetraron estos crímenes vuelve a poner en primer plano el debate sobre la existencia de una política criminal al interior del Ejército colombiano y la teoría cada vez con menos credibilidad y con menos seguidores de que se trató de manzanas podridas, hechos aislados, o conductas desviadas por parte de unos cuantos comandantes y no de una política que contó con directivas, como la directiva ministerial 029 de 2005 del ministro de defensa de esa época, Camilo Ospina, que establecía los montos de recompensas por material incautado y por resultados operacionales que fue financiado con recursos públicos asignados al fondo de gastos reservados del ejército, una verdadera caja de corrupción. Hoy se sabe que a cambio de mostrar resultados operacionales que se medían en muertos o bajas propiciadas al enemigo interno, es decir, a las guerrillas, quienes fueron sus autores materiales gozaron de permisos, vacaciones remuneradas, viajes al exterior y hasta comidas.

Hoy a la luz de estas nuevas revelaciones y como parte del trabajo de la JEP se sabe que en casi todas las divisiones, brigadas y batallones del ejército se presentaron asesinatos de civiles inermes muchos de ellos con discapacidades que se hicieron pasar y se presentaron como bajas de guerrilleros muertos en combate. La JEP tiene ahora el reto de escalar las investigaciones pues si bien han sido condenados por estos hechos cerca de 1700 militares todos han sido de baja graduación. Apenas se ha llegado a algunos coroneles y a pesar de que 12 generales se han sometido a la JEP hasta ahora no han aceptado responsabilidad plena en estos asesinatos que deshonran al ejército que constitucionalmente deben proteger la vida de la población civil, sus bienes y su honra. Que fue precisamente lo que no hicieron.

El negacionismo del uribismo y de los mandos militares

La reacción de los máximos responsables del manejo de la política se seguridad durante los años en que ocurrió la mayor parte de estos crímenes es la negación de su responsabilidad y los intentos por minimizar los hechos. En primer lugar, tratan de disminuir las cifras y de señalar que solo son creíbles para ellos las cifras de la Fiscalía y de los organismos oficiales. Pero los hechos son tozudos y en medio de la desinformación propiciada entre otros por los grandes medios de comunicación, los listados y el trabajo riguroso de la JEP van mostrando la real magnitud de esta tragedia. Como parte del proceso de investigación la publicación de este auto llama a la comprobación rigurosa de los listados y por supuesto que pende sobre los máximos responsables la amenaza que si no ofrecen verdad plena sean condenados dentro de la propia JEP a penas privativas de la libertad hasta por un máximo de 20 años de reclusión carcelaria. Es un verdadero pulso entre la JEP que sabe que de la rigurosidad de sus investigaciones dependerá que los altos mandos militares decidan colaborar efectivamente con la justicia. Hasta ahora no lo han hecho y por ello me parece correcto que la estrategia de la investigación criminal haya escogido el método “de abajo hacia arriba” que le permita allegar al proceso acervo probatorio en contra de los altos mandos que ante la evidencia tengan que decidir si van a un proceso adversarial o brindan colaboración efectiva entregando verdad plena sobre la responsabilidad en la cadena de mando en relación con este abominable crimen de lesa humanidad.

En segundo lugar, la JEP tendrá que avanzar en lo que ya la Fiscalía General de la Nación y otros organismos judiciales en el país han señalado alrededor de estos crímenes. Estos organismos en sus condenas y acusaciones han señalado que los mal llamados falsos positivos fueron “una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos”. Es decir que son crímenes de lesa humanidad. Es por ello que estos crímenes fueron considerados de competencia de la JEP. Pero la JEP tiene que ir más allá para establecer hasta dónde se trataron de crímenes de sistema, es decir, si se trató de desviaciones de unos cuantos comandantes o si por el contrario se trató de políticas implementadas con el consentimiento y con marcos normativos que permitieron la ocurrencia de estos crímenes.

Finalmente debemos insistir en lo que en otras ocasiones hemos señalado. El auto lo que muestra es que la impunidad ha favorecido estas prácticas criminales. La ineficiencia de la Fiscalía General de la Nación muestra su fracaso. La JEP en dos años ha mostrado más resultados que la fiscalía en 20 años de investigaciones sobre estos crímenes, pero no solo la ineficiencia de la fiscalía, que solo registró un tercio de los crímenes sino de todo el aparato judicial penal del país desde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para abajo. Es un fracaso de la Justicia en su conjunto que debería ser reformada de fondo. La manera como se elige al Fiscal General de la Nación debe ser cambiada y se debe revisar de fondo la conformación de los más altos cargos de la justicia penal en el país. No debe extrañarnos que la manera autónoma como se nombró a los magistrados de la JEP nos señala un camino para ver cómo se reforma de fondo una justicia que no opera y que es la mayor fuente de impunidad en el país.

Bogotá 25 de febrero de 2021

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)

Por: Danna Urdaneta

El rapero Pablo Hasel está en prisión, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía. ¿Considera que este caso va en contra de la libertad de expresión?

La OMS alertó que el 75 por ciento de las vacunas ya administradas se concentran en solo 10 países. ¿Esta situación puede ser resuelta con la intervención directa de las Naciones Unidas?

A propósito de la liberación de dos soldados por parte del ELN en el Catatumbo y mi experiencia en la X Conferencia Nacional Guerrillera de las antiguas FARC-EP
El mes de febrero inició en Colombia con la discusión sobre el síndrome de Estocolmo en el conflicto social y armado. Esta discusión se dio a partir de la prueba de vida y posterior liberación que hizo el ELN de los soldados profesionales identificados como Jhony Andrés Ospino y Jesús Alberto Segovia adscritos al Batallón Energético Vial Número 10 General José Concha del departamento fronterizo de Norte de Santander.

Los medios de comunicación han reportado el hecho como “liberación de soldados secuestrados”, desconociendo así que en la guerra los combatientes de las partes en conflicto son capturados como prisioneros de guerra y están amparados en el Derecho Internacional Humanitario. Estos medios de comunicación corporativos son los llamados a hacer pedagogía por la paz de Colombia y son los que manipulan, niegan y tergiversan el conflicto social y armado en el vecino país.

Las capturas llamaron la atención porque los soldados son dos adolescentes, casi niños, evidentemente de origen humilde, empujados a la guerra por la ausencia de oportunidades. Sus declaraciones tuvieron un carácter revelador de sus declaraciones frente la doctrina de las Fuerza Militares: los guerrilleros son terroristas y masacran a sus “secuestrados”. Estos jóvenes dieron su testimonio al encontrarse con una realidad muy distinta a lo que siempre le inculcaron sobre el enemigo que combatían.

La prueba de vida y posterior liberación de los prisioneros de guerra dio pie a unas declaraciones de las partes en el conflicto que no han sido lo suficientemente valoradas en los medios de comunicación. Las evidencias de estos discursos al calor del combate son insumos para la promoción de los diálogos de paz con todos los actores políticos y militares en la sociedad colombiana. Sin embargo, los testimonios han dejado mucho qué decir en las redes sociales y han generado varias interrogantes alrededor del trato que les dan a los soldados del ejército dentro de los batallones, el tipo de alimentación que reciben y bajo cuáles códigos de valores realmente se relacionan.

Los hechos y los testimonios: dos prisioneros de guerra capturados por el ELN

La captura de estos soldados se dio el pasado 2 de febrero mientras recogían víveres para llevarlos a su unidad militar en el corregimiento Guamalito, municipio de El Carmen, Norte de Santander. El 12 de febrero salió a la luz pública un video como prueba de vida de los dos, este fue publicado por el medio de comunicación Canal CNC Valledupar1, el cual recogió las palabras de un comandante del ELN no identificado:

El Frente de Guerra Nororiental Comandante Manuel Pérez Martínez del Ejército de Liberación Nacional de Colombia entrega pruebas de supervivencia a los familiares de los soldados Jhony Andrés Ospino y Jesús Alberto Segovia adscritos al Batallón Energético Vial Número 10 detenidos el día 2 de febrero de 2021 en el corregimiento Guamalito, municipio de El Carmen, Norte de Santander. Informamos a la opinión pública que en los próximos días serán entregados a una comisión humanitaria con la cual se está en trámite.

Sobre estas palabras se generan diversas interrogantes: ¿Cuántos gestos humanitarios hacen falta para que el Estado colombiano decida reabrir los diálogos de paz congelados en La Habana con la delegación de paz del ELN? ¿Cuántos gestos humanitarios ha tenido el Estado aparte de las acciones de guerra al perseguir, estigmatizar y masacrar al movimiento social bajo la negación del conflicto social y armado y amparado en una supuesta “lucha contra el narcotráfico”?

En la prueba de vida también declararon los prisioneros de guerra. El primero afirmó:

Me presento, soy el soldado SL 18 Muñoz Segovia, hago parte del Batallón Energético Vial Número 10 General José Concha. Me encuentro aquí con mi lanza Castillo, fuimos capturados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el transcurso de nuestra captura nos han tratado bien, una buena alimentación. Nos sentimos en perfecto estado. Le queremos enviar un saludo a toda Colombia, que pronto estaremos en casa.

La declaración del soldado Jhony Andrés Ospino en el video fue objeto de censura por parte de RCN y sirvió de antesala a la discusión sobre el síndrome de Estocolmo en el desarrollo de estas capturas, el cual refiere al afecto que se puede producir entre captor-capturado y viceversa:

Le mandamos un saludo especialmente a nuestros cursos, que no se dejen meter ilusiones, malos cuentos, que el ELN son terroristas, que aquellos a los que captura el ELN los torturan, los masacran. Tal como nos han dicho nuestros comandantes, díganle ustedes mismos: ¿ustedes han vivido la experiencia para que vengan y hablen mal del ELN, de la guerrilla? Así, créannos por lo menos a nosotros, nosotros ya estamos viviendo la experiencia. Al principio sí fue aterradora, pero ya cuando estamos conviviendo con el mismo ELN ya se siente el ambiente como en casa. Y le mandamos un saludo a nuestra familia: a mi padre, a mi madre, a mis dos hermanitos, a mi abuela, que no se preocupen, que ya el ELN entró en proceso y al parecer nos han dicho que pronto saldremos.

Este 16 de febrero los soldados fueron liberados, ante lo cual el soldado Jhony Andrés Ospino declaró lo que sentía frente a su libertad con la voz quebrada:

La verdad desde el inicio me dieron buen trato, pa qué (sic). Ya me sentía como amañado con ellos. Y la verdad yo no tengo algo malo que decir así, algo malo que me hayan hecho, que me hayan dado mal trato. La verdad feliz pero a la vez triste porque ya me estaba encariñando con ellos.2

Estos relatos, estos rostros de confusión de los soldados, estas burlas contra su integridad bajo la estigmatización de que han sufrido el síndrome de Estocolmo me son bastante familiares.

Mi testimonio sobre “la ética periodística”, “el síndrome de Estocolmo” y la X Conferencia Nacional Guerrillera de las antiguas FARC-EP3

Fui la única reportera venezolana en la X Conferencia Nacional Guerrillera de las antiguas FARC-EP durante el mes de septiembre de 2016. Este fue el evento cumbre de máxima toma de decisiones de la guerrilla, allí se decidiría colectivamente si se le ponía fin al alzamiento armado. Este evento no tuvo conclusiones conocidas hasta ahora ni siquiera por los excombatientes, a pesar de que todos los días a las 7 am y a las 5 pm hubo rueda de prensa por parte de sus voceros y voceras principales.

Fui apenas una entre más de 900 periodistas de medios alternativos, colombianos e internacionales de todas partes del mundo. Conocí a un vecino de campamento que era corresponsal en América Latina para un medio japonés; residía en Brasil y había viajado a Colombia exclusivamente para cubrir este evento que marcaría un antes y un después en la historia del continente latinoamericano.

Este corresponsal conversaba angustiado con otro periodista y antropólogo que venía delegado por una universidad colombiana. El japonés le preguntaba al colombiano cómo iba a hacer su reportaje ya que él no encontraba la manera, no había podido escribir con certeza, había llegado con mucho miedo a Colombia porque iba directo a internarse en la región donde arreció la guerra y, para colmo, en un campamento de “terroristas”. El colombiano escuchó al japonés y le dijo, riéndose, que lo entendía perfectamente.El japonés insistía en que había llegado con mucho terror al lugar, sin saber si iba a salir vivo de ahí, porque en los medios de comunicación solo se decía de las FARC-EP que eran criminales, terroristas, secuestradores y todo lo peor del mundo. Sin embargo, al llegar al lugar y conocer a los guerrilleros y las guerrilleras, al verlos trabajar, él solo veía que eran campesinos pobres que no tuvieron opción de vida más que ser arrastrados a la guerra. Él no veía en ellos a los terroristas que pintaban en los medios internacionales.

El dilema del japonés radicaba en que el medio de comunicación para el cual trabajaba esperaba unas notas que dieran cuenta sobre los horrores y los crímenes cometidos por las FARC-EP, pero, al escuchar sus relatos y sus convicciones políticas se le cambió por completo la historia que conocía. Si él decía lo que realmente estaba viendo lo iban a despedir y le iban a tildar de propagandista del terrorismo.

Como este fueron muchos los casos que conocí, relatos que se quedaron como parte de los secretos que esconden hasta hoy los llanos del Yarí. Los dos casos que más me conmovieron sucedieron al finalizar la X Conferencia, donde un integrante del secretariado hizo una reunión con los más o menos 50 periodistas que quedaban en la zona para hacer algunas reflexiones y reconocimiento a los trabajadores de los medios de comunicación frente a sus explotadores. Se me conmueve el pecho y la garganta al recordarlo.

Un muchacho como yo hizo su intervención de pie y dijo que él y sus compañeros iban por un medio comunitario, que no tenían recursos ni los pasajes para llegar al lugar, pero no podían perderse la oportunidad de conocer a la guerrilla en este evento histórico. Se fueron de aventón en aventón y de cola en cola (como decimos en Venezuela) desde Antioquia y tardaron 5 días en llegar a los llanos del Yarí en el departamento del Caquetá. Atravesaron todo el país para llegar. Sobre el sacrificio y la incertidumbre del viaje en medio de la pobreza y la estigmatización dijo con orgullo y la voz quebrada: “vinimos a conocerlos, este es nuestro aporte a la paz y la reconciliación de Colombia”, el cual, evidentemente, consistía en mostrar la otra voz del conflicto.

Seguida a esta intervención se paró otra periodista de un medio nacional colombiano, una ancla hasta hoy reconocida. Ella dijo llorando que se arrepentía de no haber llevado a sus hijos consigo a la X Conferencia, que esta era una gran oportunidad que jamás se iba a repetir y que lamentaba que sus hijos no pudieran conocer a la guerrillerada para vivir en carne propia otra forma de ser, de actuar, otros valores como la solidaridad y el desprendimiento absoluto, el verdadero trabajo en equipo y el cuidado colectivo. Nunca olvido sus palabras: “yo no sabía que esto iba a ser así, me hubiera traído a mis hijos para que los conocieran”. En su intervención dijo que luego de muchos años podía darse cuenta de lo injusto que ha sido la estigmatización en la guerra por parte de los medios.

Como estos colegas muchas otras experiencias de la clase media universitaria colombiana, personas aterrorizadas por la estigmatización que iban a sufrir al volver con sus familias y amigos en las ciudades. A más de una ya le habían dejado de hablar por el solo hecho de haber ido a cubrir el evento y no poder contar todo lo que habían vivido, más que decir que estaban bien, que los trataban bien. Sin poder decir lo que realmente pensaban: “no son terroristas, son campesinos”.

La liberación de los adolescentes sirvió para abrir la discusión contra los medios de comunicación por su altísima responsabilidad al posicionarse como agentes del conflicto social y armado que deshumaniza al “enemigo interno”, en este caso, las insurgencias. Esta demonización de toda condición humana prepara las condiciones subjetivas para el accionar del terrorismo de Estado. De modo que da igual masacrar a civiles o bombardear a 18 niños en Caquetá4 porque son “terroristas”.

¿Estos periodistas colombianos e internacionales también padecieron de una versión del síndrome de Estocolmo durante la X Conferencia Nacional Guerrillera? Son las mismas caras de confusión y de alegría mezclada que se les ve a estos soldados adolescentes que fueron liberados por el ELN.

¡Paz para Colombia, para la guerra nada!

1 Canal CNC Valledupar. (12 de febrero de 2021). ELN ENTREGA PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA DE SOLDADO AGUACHIQUENSE SECUESTRADO. Colombia: YouTube. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Ud3J7iCHjKc

2 Roloco News. (16 de febrero de 2021). “Ya me estaba encariñando con ellos”: Soldado Liberado. Colombia: YouTube. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=nH7YOBLkvX8

3 Me reservo las identidades de colegas con quienes compartí la experiencia debido al incremento de la violencia y el terrorismo de Estado en Colombia que diariamente desplaza a académicas, sindicalistas, líderes y lideresas sociales principalmente a Venezuela y España. Al respecto recomiendo leer: https://www.telesurtv.net/opinion/Cristina-Bustillo-y-el-terrorismo-de-Estado-en-Colombia-contra-el-sindicalismo-20201217-0014.htm

4 Redacción W Radio. (12 de noviembre de 2019). Cifra de menores que murieron tras bombardeo en Caquetá ascendería a 18, según testigos. Colombia: W Radio. Recuperado de https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cifra-de-menores-que-murieron-tras-bombardeo-en-caqueta-ascenderia-a-18-segun-testigos/20191112/nota/3977643.aspx

Fuente: TeleSur

La alcaldesa de Inzá, Geidy Ortega Trujillo, informó que un grupo entre 12 a 15 hombres armados llegaron a la vivienda de la familia y los torturaron hasta acabar con sus vidas.

Indepaz asegura que en el 2021 se han asesinado 21 líderes sociales y siete excombatientes / Colprensa

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó este sábado una masacre suscitada en el municipio de Inzá, departamento colombiano del Cauca.

De acuerdo al reporte de Indepaz el hecho dejó tres víctimas mortales, quienes respondían a los nombres de Octavio Muñoz Salazar (padre), Octavio Muñoz Montoya y Bertulfo Muñoz Montoya (hijos).

La alcaldesa de Inzá, Geidy Ortega Trujillo, informó que un grupo entre 12 a 15 hombres armados llegaron a la vivienda de la familia y los torturaron hasta acabar con sus vidas.

En tan solo 37 días del presente año, en Colombia se han perpetrado 12 masacres, de las cuales tres han suscitado en el departamento del Cauca.

Indepaz asegura que en el 2021 se han asesinado 21 líderes sociales y siete excombatientes acogidos al Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Fuente: TeleSur

Este hecho se trata de la octava masacre en lo que va del año en el país suramericano.

Hombres armados ingresaron a varios caseríos, lo que ocasionó un desplazamiento masivo de sus pobladores / 24sietenews
Al menos tres campesinos fueron asesinados el viernes en una masacre ocurrida en el municipio de Tibú, en el departamento del Norte de Santander, en el nororiente de Colombia, informaron fuentes humanitarias.

Este hecho, que ocasionó además el desplazamiento de unas 400 personas, se trata de la octava masacre en lo que va del año en el país suramericano.

El crimen de los labriegos ocurrió en el caserío Totumito-Carboneras, perteneciente al municipio de Tibú, denunció en un comunicado la Fundación Progresar, con sede en Cúcuta, capital de Norte de Santander.

De acuerdo con medios de comunicación locales, hombres armados, presuntamente de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llegaron a una finca en donde trabajaban 10 personas, «tres de las cuales fueron asesinadas y los demás lograron huir del lugar».

Según las versiones, paramilitares también ingresaron a los caseríos El Socorro y El Seis, en Tibú, y «desencadenando otro desplazamiento masivo hacia este municipio».

La Defensoría del Pueblo publicó varios mensajes en su cuenta de Twitter para rechazar “tajantemente” la masacre, perpetrada “al parecer por grupos armados ilegales que hacen presencia en ese sector”.

“El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ordenó la intervención inmediata del Defensor Regional para hacer seguimiento a la situación y activar la ruta de protección de derechos para las personas afectadas”, agregó el organismo humanitario.

Fuente: TeleSur

Es el quinto exguerrillero asesinado durante el presente año en el país, y el segundo en el departamento de Antioquia.

El partido colombiano Comunes (antiguo FARC) denunció este lunes el asesinato del excombatiente Juan Carlos Correa, ocurrido este sábado en San Andrés de Cuerquia, departamento de Antioquia.

Según el congresista de Comunes, Omar Restrepo, Correa fue secuestrado por hombres armados mientras transitaba por la mencionada localidad, siendo encontrados sus restos mortales horas más tarde.

Sin embargo, el comandante del Departamento de Policía de Antioquia, coronel Jorge Cabra, negó que el cuerpo hubiera sido hallado, por lo que, para la fuerza pública, el excombatiente se encuentra desaparecido, evidenciando la falta de claridad en cuanto a los detalles del hecho.

«A esta hora del medio día (de este domingo) no se tiene evidencia de la aparición con vida de la persona, ni tampoco se ha encontrado ningún cuerpo que nos haga suponer que la persona está muerta», expuso Cabra.

De acuerdo a las declaraciones del oficial, se adelantan acciones de búsqueda en todo el territorio de la municipalidad, con la participación de varias dependencias de la policía. También aseguró que están asegurados cuatro sospechosos de haber participado en el hecho.

Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2021 ya han muerto violentamente cinco firmantes de los Acuerdos de Paz, dos de ellos en el Departamento de Antioquia.

A ello se suman los 14 líderes sociales asesinados y las seis masacres computadas en el país, ambas cifras durante 2021, como muestra de que la espiral ascendente de violencia experimentada en 2020, se mantiene latente.