Colombia

Fuente: TeleSur

 

La víctima, María del Carmen Molina, fue asesinada por un grupo armado que la extrajo de su casa y la tiroteo frente a una multitud de familiares y vecinos en la noche del 31 de diciembre, en el municipio San Pedro.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este sábado el asesinato de otra lideresa comunal en Colombia, específicamente en el departamento Valle del Cauca (suroeste).

En el comunicado publicado en su cuenta de la red social Twitter, el Instituto indicó que la víctima fue identificada como María del Carmen Molina Imbachi, de 31 años de edad.

Según Indepaz, Molina fue asesinada por un grupo armado en la noche del 31 de diciembre, en el municipio San Pedro.

«Hasta su vivienda llegó un grupo de hombres quienes la sacaron abruptamente de su residencia y la asesinaron en presencia de sus familiares y comunidad», detalló.

Molina era una lideresa comunal reelegida como secretaria de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Buenos Aires en el referido municipio.

Por su parte, la Administración Municipal de San Pedro expresó su rechazo por el crimen e instó a las autoridades correspondientes a realizar las acciones pertinentes para capturar a los responsables.

Con Molina, Colombia cerró el 2021 registrando 171 líderes y lideresas asesinadas, mientras que la cifra de víctimas desde la firma de los Acuerdos de Paz en La Habana (Cuba) ascendió a 1.286, de acuerdo con cifras de Indepaz.

Por: Camilo Rengifo Marín 
 

Gustavo Petro, el candidato presidencial por el centroizquierdista Pacto Histórico, tendió su mano a la centrista Coalición Centro Esperanza para trabajar juntos en una sola propuesta de unidad para desalojar al neoliberalismo uribista, de cara a las próximas elecciones presidenciales de mayo de 2022.

Petro señaló que hay que plantear un encuentro, que “no representa una ruptura sino la necesidad de unir a todo el sector de la población colombiana que se siente liberal y se pueda mantener la propuesta de consolidar una fuerza política que se transforme en gobierno”, y puso como ejemplo el reciente triunfo de Gabriel Boric en Chile.

A la espera de que se confirmen los candidatos de cada una de las cinco propuestas que se presentarán a las elecciones presidenciales, hasta ahora solo se conoce al representante del oficialista Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien ya fue ministro de Hacienda entre 2007 y 2010 durante el gobierno del genocida Álvaro Uribe.

El líder político del ultraderechista Centro Democrático, Álvaro Uribe publicó en sus redes sociales una lista de insultos en contra de Gustavo Petro; “Dr. Petro le duele que trabajo en el agro y nada tengo en el extranjero ni escondido. Entendible en un vago, enredador, fantoche de mansiones y atuendos, que no ha producido más que crímenes, incitación a la violencia, y contratos corruptos pagados con bolsas de billetes”, escribió el exmandatario, tratando de polarizar el debate presidencial.

Mientras, el exalcalde de Bogotá destacó que ya no haya una polarización social tan marcada alrededor de su nombre en ciertas regiones, como pudo haber en las anteriores elecciones presidenciales, donde salió derrotado frente al actual presidente de Colombia, el uribista Iván Duque, en segunda vuelta.

Petro confía en ganar en mayo en primera vuelta, luego de que un sondeo mostrara que se consolida como favorito y que la imagen del mandatario conservador, Iván Duque, sigue en caída, con apenas el 21% de apoyo y casi 70% de desaprobación. En todas las regiones del país el desempeño del gobernante es mal calificado, incluso en zonas donde obtuvo grades caudales de votos en 2018 para llegar al poder.

Cuando restan poco más de cinco meses para los comicios, en todas las encuestas Petro aumenta su favoritismo entre los electores, venciendo a todos sus rivales en cualquier escenario posible. Las elecciones para renovar presidente y vicepresidente por un período de cuatro años se celebrarán el 29 de mayo y la fórmula ganadora deberá obtener la mitad más uno del total de los votos. De lo contrario, se realizará un balotaje el 19 de junio entre los dos candidatos con más sufragios.

«El objetivo es ganar en primera vuelta, sin caer en soberbias», aseguró.  Eso dependerá de «reducir» los «miedos innecesarios» que se han creado alrededor de su figura, toda vez que Petro encarna un sector político que nunca antes ha gobernado el país.

Más allá de los partidos,  hoy se han conformado varias coaliciones integradas por diversas tendencias afines en el campo de las ideas y de los intereses electorales, algunas impulsadas desde la derecha como forma de dividir el voto de la oposición.  En el área progresista está el Pacto Histórico impulsado por Petro, antaño integrante de la guerrilla urbana del M-19, en una convergencia bastante similar a la que se conformó en 1991 para obtener la mayoría en la Constituyente.

En el Centro del espectro electoral hay una alianza de varios personajes con notoriedad como Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Ingrid Betancur y Jorge Robledo. Fajardo, ex gobernador de Antioquia, es el más conocido y cuenta con antecedentes divisionistas en el campo popular: ya su posición antiunitaria en 2018 facilito el triunfo del abanderado de la ultraderecha, Iván Duque.

En la derecha, con ribetes muy regresivos y corruptos, está el Equipo Colombia que reúne a Federico Gutiérrez (Opus Dei), Alejandro Char (mafia caribeña), Barguil (ganadero, terrateniente y paramilitar), Dilian Toro (exgobernadora de Cali, de la mafia caleña) y Echeverry (ex ministro de hacienda, neoliberal fanático), señala Horacio Duque.

Hay otros candidatos sin coalición como Oscar Iván Zuluaga, el candidato de Uribe; Rodolfo Hernández, un outsider regional con ascendiente dada su gestualidad trumpiana y su protagonismo populista lleno de ramplonería; y Luis Pérez, un influyente dirigente de la región antioqueña, con mucho peso en el mosaico de las regiones colombianas.

Mientras, el gobierno del ultraderechista Duque aprobó la polémica Ley de Seguridsd. La oposición señala que viola el derecho a la vida, criminaliza las protestas, legaliza el paramilitarismo urbano y permite disparar a jóvenes e indígenas.

Petro no triunfó en el 2018, pero –y pese a la despiadada campaña de terror mediático-  es el primer dirigente en la historia colombiana que reúne la más alta votación de la izquierda popular, con cifras cercanas a los nueve millones de votos.  Para los analistas, la violencia será promovida desde el poder y la ultraderecha paramilitar para impedir el acceso de Pero y un bloque progresista al gobierno para desalojar la dominación de una oligarquía sangrienta y corrupta que tiene secuestrado el Estado desde hace décadas.

El ejemplo chileno

Para el senador colombiano, el triunfo del joven Boric en las presidenciales chilenas, una victoria con la que espera “un cambio de era en América Latina en muchos sentidos, sobre todo en la superación de un sistema que ha gobernado permanentemente en regiones como Chile y Colombia como es el neoliberalismo”, ha explicado.

Petro sostiene que esa “es la base que explica reconocer ese cambio” y por lo cual ha estado “más o menos cinco años” invitando “al diálogo” e insistiendo en “generar una unidad democrática, tan necesaria en el país. ¿Por qué en Chile sí puede haber diálogo y en Colombia no?”, preguntó.

Petro habla del reparto y cultivo de tierras, tomando en cuenta que tres mil personas tienen el 80 por ciento de la tierra fértil del país, “una de las desigualdades más grandes que existen porque no se producen, ningún país comete el error de volver potrero (dedicarlo al ganado) sus tierras fértiles, es por eso que no nos podemos industrializar”.

“Estamos hablando de cinco grandes contratistas del Estado, 200 o 500 que no han dado dinero de paraísos fiscales, cinco portadores que están tirándose las exportaciones a través del lavado de dólares por lo que debemos trabajar en que paguen impuestos”,  enfatizó Petro.

* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

https://estrategia.la/2021/12/23/petro-extiende-la-mano-al-centrismo-para-desalojar-al-uribismo-en-primera-vuelta/

Fuente: Tercera

De acuerdo a Indepaz, Uber Velásquez perdió la vida tras el ataque de «hombres armados que llegaron hasta su vivienda ubicada en la vereda La Balsa, en Apartadó».

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó este sábado el asesinato del líder social Uber Velásquez, que pertenecía a la veeduría Campesina del corregimiento de San José del municipio colombiano de Apartadó, departamento de Antioquia.

De acuerdo a Indepaz, el hombre perdió la vida tras el ataque de «hombres armados que llegaron hasta su vivienda ubicada en la vereda La Balsa, en Apartadó». Asimismo, el organismo advirtió a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, «sobre la posibilidad de una violación sistemática de los derechos humanos e infracciones al DIH [Derecho Internacional Humanitario], que además genera el riesgo para la vida de los habitantes e impacta directamente en su desarrollo social, productivo y comunitario».

La institución precisa que las agresiones y asesinatos se deben a la presencia en la zona de grupos armados que se guían por los intereses de «fortalecimiento y consolidación del control territorial«. Los reportes apuntan a que en este departamento están desplegadas las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y bandas sicariales tercerizadas.

La muerte de Velásquez también fue confirmada por el defensor de derechos humanos Jorge Zapata y el diputado de la Asamblea de Antioquia Camilo Calle, quienes detallaron que el hombre inspeccionaba un proyecto destinado al mejoramiento de una vía terciaria, la cual se ejecutaba con recursos destinados a los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

«No hay prueba, por el momento, que relacione el control político de Huber sobre la vía con el homicidio. Pero estos hechos deben llamar la atención sobre cómo los líderes de causas colectivas están siendo asesinados», comunicó Calle.

Con la muerte de Velásquez, ya se cuentan 165 asesinatos perpetrados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia durante el 2021 y se convierte en la víctima 1.280 desde que se firmó el acuerdo de paz, en 2016. Este crimen se suma a los 22 asesinatos que se ha contabilizado en el departamento este año.

Fuente: HispanTv

 

El grupo paramilitar Águilas Negras ha amenazado al candidato izquierdista de las elecciones presidenciales de Colombia, Gustavo Petro, con hacer “rodar su cabeza”.

Un panfleto con el logotipo del grupo narcoparamilitar Águilas Negras ha sido hallado con amenazas flagrantes de que “rodarán cabezas” contra dos candidatos izquierdistas para las elecciones presidenciales en Colombia: Francia Márquez y Gustavo Petro, entre otros políticos de corte izquierdista.

En el texto, revelado por la congresista de la oposición colombiana María José Pizarro, cuyo nombre se encuentra entre las demás figuras amenazadas, los paramilitares han declarado que evitarán que “terroristas y narcotraficantes disfrazados con corbatas” lleguen a ocupar cargos públicos.

La misiva del grupo narcotraficante, además, ha reprochado a los “periodistas al servicio de la guerra sucia” alertando de que “sepan que les ha llegado su hora”. Asimismo, ha lanzado ataques contra expresidente de Colombia Juan Manuel Santos (2010-2018) y el acuerdo de paz que firmó en 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La misiva amenazadora contra Petro y las demás figuras izquierdistas ha sido publicada en víspera de las elecciones de este domingo a los Consejos de Juventud, en las que jóvenes de 14 a 28 años podrán elegir a sus representantes y en precampaña para las elecciones presidenciales del próximo mayo de 2022.

¿Qué hay detrás de la amenaza a Petro?

Las Águilas Negras es una organización narcoparamilitar, asociada con los carteles de la droga y envuelta en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, secuestro, asesinato de civiles, ataques con arma de fuego, reclutamiento de menores, el robo y el terrorismo.

Gustavo Petro, el ahora líder del partido Colombia Humana, siempre ha estado en contra de la violencia y a favor de establecer la paz con los guerrilleros, es un duro crítico de las políticas del actual mandatario, Iván Duque, ya que a su juicio, lo que actualmente necesita su país, es la democracia y la paz.

De hecho, conforme a los analistas, si Petro, la persona más firme en las encuestas de Colombia por gran número de los votos, gana las elecciones de 2022, cambiará totalmente la geopolítica del continente de América latina.

Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez 
 

Ser, decir, invocar, simbolizar o jugar a ser nazi no es un insulto, es un delito. “Nazi” significa horror, crueldad, inhumanidad, exterminio, sistematicidad para derrotar la dignidad humana de la humanidad. Invocar, formar o acudir a la doctrina nazi es abominable, y si es aplicada por agentes estatales constituye ética y judicialmente un crimen internacional, de lesa humanidad, políticamente es un despropósito del estado, y técnicamente un síntoma de autoritarismo en grado sumo.

En Colombia podrían encontrarse evidencias de la que hay formación y aplicación de la doctrina nazi en los asesinatos ocurridos en la protesta social, en los ojos reventados de los jóvenes ocasionados por disparos certeros aprendidos, en los juicios a jóvenes sindicados de ser de la primera línea heredada de sus madres para defender derechos. Las hay también en los cuerpos violados y violentados como botín de barbarie, en los mutilados excombatientes asesinados por haber preferido la paz que los convirtió en indefensos, en los lideres, lideresas, indígenas, afro y ambientalistas ejecutados como en ningún otro lugar del mundo por defender la vida, la tierra, la decencia para habitar un territorio y promover la armonía humano-naturaleza. Y las hay allí donde se desprecia a sus víctimas, se produce burla sobre su existencia y se les vuelve a maltratar.

Los Nazis le arrebataron al ser humano su dignidad, libertades y derechos, pero siempre dijeron lo contrario, acusaron a sus víctimas de su tragedia, responsabilizaron al más débil de la desgracia de la patria y convirtieron al humano en una cosa, en un objeto. Formaron niños y jóvenes nazis, que aprendieron a comportarse como superiores, leales al líder, y crueles y perversos sin límite alguno, aunque hayan tenido en sus primeras lecciones con armas de madera. Nazi es equivalente a odio, contra derecho, infamia. La humanidad, condena toda lección de “educación”, aprendizaje, o exaltación a la doctrina nazi y reclama responsabilidades políticas del más alto nivel donde ocurran.

Donde hay practicas nazis ni hay derecho basado en la justicia, ni hay estado de derecho. El derecho nazi fue ilegal, inmoral e ilegitimo, aunque los nazis y sus neoseguidores crean que su odio era derecho puro, para justificar los crímenes. El partido en el poder nacionalsocialista y su líder el Furher, crearon confusión entre el derecho y la voluntad del líder y desfiguraron conceptos jurídicos clave, que permitieron hacer creer que torturar o matar era higiene para limpiar imperfecciones. Los jueces nazis actuaron con “discrecionalidad para salvar la patria”. Las leyes estaban del lado de los SS, los funcionarios y miembros del partido Nazi, cuyo fuero de total impunidad los mantuvo seguros hasta que llegaron, aunque tarde y después del horror padecido, los juicios de Nuremberg.

Nada faltó en el ámbito legal del partido en el poder, ni siquiera un recibo en el cobro de los pasajes a quienes eran amontonados en los trenes rumbo a los campos de concentración. Hasta el último pasaje estuvo en regla, la contabilidad del sistema era precisa, los trenes eran puntuales, rigurosos con sus cargas humanas rumbo al horror, algunos “pasajeros” se “beneficiaron” con promociones y descuentos. La sevicia estaba legalizada. “Todo estaba en regla y era por el bienestar del pueblo”, para ganar la guerra. Todo estaba en perfecto orden, ni un error cometido, ni una dimisión de un cargo, cada nazi cumplía la misión jurada en lealtad al líder. Los invitados visitaban ghettos, campos, instituciones, fábricas, incluso las de jabón hecho con la grasa humana de sus víctimas y todo era perfecto, legal, correcto, ningún observador encontró algo incorrecto o fuera de control. Todo el mundo sin embargo se sentía espiado, sin libertad personal, ni prensa libre. La propaganda nazi fijaba la matriz de información que repetían de mentira en mentira los periodistas del Reich, hasta volverlas verdad. Todo el mundo sentía miedo de las SS, de Himmler, de Goebbels, “desde el mariscal del Reich hasta el último soldado”, pero todo era correcto, perfecto, le hicieron creer al mundo por casi dos décadas que eran un estado de derecho y el Furher su gran conductor.

A Hitler le importaba amasar más y más victorias personales, era un ególatra, con alguna anomalía mental que le permitía tener fanáticos dispuestos a ganar la guerra y evitar la derrota, de si mismos porque ellos eran los criminales. Algunos se justificaban después diciendo “¿qué otra cosa iba a hacer un alemán leal y ansioso de que su patria se alzara con la victoria?”. La esclavitud en los campos era presentada como una medida estratégica de política económica que encontró respaldo y felicitación de otros gobiernos y; las ejecuciones eran apenas acciones necesarias de “legítima defensa” del capataz del campo cuando un extranjero encadenado y débil le gritaba sin fuerza que le iba a cortar el cuello. Las ejecuciones en las fábricas quedaban en actas, porque respondían al cumplimiento de decretos y se llevaba a los presos a ver la ejecución y a que entendieran que para ellos todo era legal y permitido. Rudolf Mildner que fue un alto mando de la Gestapo, jefe de un campo y responsable de enviar a miles de judíos a su muerte en Auschwitz reconoció que pese a haber constituido tribunales y sentenciado a muerte, “los juicios fueron mera formalidad”, dijo que tanto las sentencias como las condenas estaban amañadas, dictadas de antemano, sin que se le consultara, por parte del administrador del distrito nombrado por el partido. Dijo como todo Nazi puesto al descubierto que se limitó a obedecer órdenes, incluso cuando asesinó por fechorías de poca monta como robos, que eran necesarios para mantener el orden e impedir sabotajes.

Tantas coincidencias con Colombia anuncian cosas, respecto del estado de derecho y de las prácticas dictadas por el partido en el poder cercanas a la formación del Reich. A la luz del mínimo indispensable de condiciones para ser un estado de derecho, no se cumplen ni el imperio de la ley justa e igual para todos; ni la independencia y separación de poderes, con cortes imparciales y a salvo de los demás poderes y; la defensa, protección y garantías a los derechos humanos y la paz. El panorama pone en evidencia que hay más similitudes con la formación del Reich a cargo del partido en el poder, que, con un estado de derecho de la OCDE como Dinamarca, Noruega o Finlandia, donde matar es impensable y solo promover la guerra la peor derrota. De colofón el desorden institucional como estrategia para controlarlo todo, es orientada por el partido en el poder, cuyo símbolo es la imagen del líder del que el presidente y el gobierno son su principal y leal exponente.

Por: Felipe Pineda Ruiz 
 

Han pasado más de dos décadas desde que el escritor argentino Ricardo Piglia acuñara la frase “La historia la escriben los vencedores y la narran los vencidos”[2] que alude a cómo todo el conjunto de sectores subalternos, excluidos y vencidos por el Estado, siempre construye una narrativa que responde en paralelo a la oficialista. El Pacto Histórico, coalición de partidos y movimientos de izquierda liderados por el candidato presidencial Gustavo Petro, recoge parte de ese acervo y esas luchas que probablemente se traduzcan en una victoria en los comicios de 2022.

Sin embargo, dicha estrategia pensada únicamente en clave electoral difícilmente se traduzca en el corto plazo en una propuesta nacional-popular hegemónica que dispute al establecimiento la cotidianidad, el imaginario, y el sentido común de la sociedad.

En ese sentido es necesario resaltar que muchos de los electores que ahora se identifican con el Pacto Histórico (PH), y con la candidatura de Gustavo Petro, impugnan el pasado y se sienten defraudados con las promesas de los anteriores gobiernos. También que en su momento, como comerciantes y microempresarios, lograron beneficios económicos tangibles de la bonanza de los commodities -petróleo, minerales- que jalonaron el crecimiento sostenido del PIB nacional durante una década, durante los Gobiernos de Uribe y Santos. Esa impugnación al pasado es reformista y no necesariamente es radicalmente rupturista contra el status quo y el orden existente. Es coyuntural.

De otra parte, sigue siendo contradictorio que aunque Gustavo Petro logró 8 millones de votos en la segunda vuelta presidencial de 2018 defendiendo una agenda “antiuribista”, y a favor de la paz, sus nuevos electores sean un amplio sector de opinión que votó con el uribismo en el plebiscito de 2016, y por Duque a la presidencia en 2018.

Dicho conglomerado está conformado por millones de defraudados con el slogan de Álvaro Uribe “seguridad democrática y confianza inversionista”, los cuales perciben que la promesa de «prosperidad económica» del proyecto uribista fue incumplida, y que el ciclo en el Gobierno de ese proyecto de “Estado Comunitario” ha llegado a su fin.

De otro lado, y a pesar que el núcleo duro de votantes del PH proceden de nuevos y antiguos votantes de la izquierda, no deja de ser paradójico que la mayoría de electores del PH, no solo ahora sino desde antes de 2018, esté más a la derecha que los militantes y candidatos de dicha coalición. Lo anterior está relacionado con el sentido común que domina a Colombia, la historia de violencia acumulada del país, y la posición antinacionalista de la clase política tradicional.

De ahí la importancia para el Pacto Histórico de las formas, los nuevos símbolos, la manera de dirigirse a esta ciudadanía despolitizada, atomizada, e influenciada por esa lógica del “sálvese quien pueda” que ha dominado a Colombia desde el auge del narcotráfico en los años ochenta. Como bien lo expresó Fernando Dorado en artículo reciente “el verdadero problema es clarificar qué imaginario estamos construyendo para “enamorar” a las mayorías de la sociedad y cómo nos va “leyendo” la gente del común”[3]

Sin lugar a dudas el fenómeno de esta alianza supra partidista, nacional y popular, desborda a la izquierda misma sin socavar sus principios y sus luchas históricas. Reconocer al Pacto Histórico como una nueva versión de agrupamientos de izquierda tradicional es repetir los errores de los momentos de mayor ascenso del Frente Social y Político (1997-2002) del Polo Democrático (2005-2015), y la Unión Patriótica (1985-1996).

Pacto Histórico: la trampa del “antiuribismo” y la disputa con Coalición de la Esperanza.

Es innegable que el país vive un auge democrático que recoge el acumulado de luchas sociales de la última década: el Paro Agrario de 2013, la firma del acuerdo de paz con las Farc (2016), las movilizaciones ciudadanas de 2019 y el gran paro nacional de 2021. No es redundante volver a repetir que el PH alberga una simbología que va mucho más allá de los ejes discursivos de la izquierda. Es más: a la deriva antidemocrática de los 8 años del Gobierno Uribe ha venido creciendo un movimiento supra-ideológico que busca radicalizar la democracia destituyendo del poder al denominado uribismo.

Gran parte de ese “antiuribismo” lo conforma electoralmente un nicho de opinión que se autodenomina de “centro”, el cuál votó por Sergio Fajardo y Humberto de la Calle en 2018. Dicha corriente de centro podría definirse como “reformismo liberal de nuevo tipo” que ha emergido con fuerza ante la inminente crisis de liderazgo de toda la derecha tradicional desprestigiada. Este sector, que apela a la meritocracia, y a la tecnocracia, fue bastión principal del Gobierno de Juan Manuel Santos durante sus 8 años en el poder.

Este bloque político está conformado por el Partido Verde y las demás agrupaciones que conforman la denominada Coalición de la Esperanza: los liberales disidentes de En Marcha -encabezados por Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera-, el “Nuevo Liberalismo” de Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, Dignidad de Jorge Enrique Robledo, y Compromiso Ciudadano del ex Alcalde de Medellín Sergio Fajardo.

Alinderado a la centro-derecha del espectro político el “centro” ha ganado en las últimas dos décadas incidencia ante la creciente polarización y agudización de las contradicciones resultantes del proceso de paz y la supremacía política del uribismo. El centro se sitúa como una opción “decente”, antiradical, que defiende el statu quo, los derechos individuales,  las instituciones y la lucha contra la corrupción. Este último punto permitió que uno de sus referentes, la actual alcaldesa de Bogotá Claudia López, liderara una consulta nacional con más de 11 millones de votos que le permitieron la visibilidad y credibilidad suficientes para ganar en la capital de Colombia.

Este bloque, con amplia sintonía con los intereses y anhelos de la clase media de las ciudades principales e intermedias del país, encuentra en la apatía ciudadana y la antipolítica factores de adherencia a su proyecto.

El “centro”, liderado por el Partido Alianza Verde en 2019, fue el gran ganador de las elecciones regionales de ese año al lograr las Alcaldías de Bogotá, Cali, Manizales, Cúcuta, Florencia y Popayán, así como la Gobernación de Boyacá.

El modelo socio-económico sí está en juego: el deslinde entre el Pacto Histórico (PH) y la Coalición de la Esperanza (CE).

Aunque a ambos sectores los une la regeneración democrática, representada por la defensa de la constitución de 1991 y la salvaguarda de los derechos humanos, la diferencia de fondo entre Coalición de la Esperanza (CE) y el Pacto Histórico (PH) radica en la impugnación continua del PH al modelo económico y social que ha regido a Colombia durante las últimas 4 décadas, que se expresa en la mercantilización de los derechos sociales y colectivos, la firma de múltiples tratados de libre comercio que han desequilibrado desfavorablemente la balanza comercial nacional, y a en la privatización gradual del Estado, con la cual la CE está parcialmente de acuerdo.

Lo que más temen los sectores moderados y radicales del establecimiento, ligados a los sectores que convirtieron en commodities a la salud, la educación, la vivienda, y los servicios públicos,  es que aparezca un agente público eficiente que desprivatice, gestione exitosamente y logre buenos resultados.

También teme que el Pacto Histórico, más allá de sus veleidades internas, y las contradicciones de Gustavo Petro, su referente principal, logre movilizar a millones de personas empobrecidas con necesidades más reales e inmediatas que las de la clase media.

Muy bien caracterizó esta frontera material y de clase Yezid Arteta en su última columna al decir que “La gente del medio no tienen estos problemas. Razón para no comprender a los de abajo. Se duchan con abundante agua caliente, desayunan frutas y cereales, trabajan con el computador desde casa y sólo salen a la calle para llevar al perro a cagar. Convencer, organizar y movilizar a los pobres tiene más valor político y moral que sumergirse en una polémica sobre una fotografía en la que aparece Petro con un charlatán de iglesia”[4].

Pacto Histórico, posneoliberalismo y transición democrática

La impugnación continua al fracaso de tres décadas en Colombia del capitalismo en fase de libre mercado, mejor conocido como “neoliberalismo” entre el común de las personas, deslinda radicalmente la agenda del PH de los demás proyectos políticos en disputa por la Presidencia de la República.

Indudablemente la ruptura del PH con el consenso entre las élites por la continuidad de este modelo neoliberal establece en el mapa político un único límite entre un nosotros popular y cotidiano, antepuesto a un ellos representado por los sectores de poder que siempre han controlado el país.

De hecho el término “posneoliberalismo”, como bien lo señala el economista ecuatoriano Pablo Dávalos “Fue una expresión utilizada por Emir Sader, Atilio Borón, Carlos Figueroa Ibarra, entre otros, para marcar una distancia con aquellos gobiernos neoliberales adscritos a la agenda del Consenso de Washington. Con el concepto de “posneoliberalismo” se trataba de ubicar en la nueva geopolítica a los regímenes latinoamericanos que surgían en disputa con EEUU y fuertemente críticos con el modelo neoliberal”[5].

Procesos postneoliberales o superadores del neoliberalismo, implementados con éxito en los últimos 20 años, permitieron que países como Brasil sacaran de la pobreza a 30 millones de personas mediante la ampliación presupuestal de la política social (Bolsa Familia).

En Ecuador, Uruguay, Argentina, y el mismo Brasil, la llegada de gobiernos progresistas, permitió que estos países renegociaran la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), decisión política que facilitó el cambio de prioridades presupuestales, lo que se tradujo en bienestar y aumento de calidad de vida para millones de personas.

De lograrse dicho viraje político en Colombia esto se traduciría en disminución de los índices de pobreza y pobreza extrema, reducción de las tasas de desempleo, aumento del gasto en educación, salud y vivienda pública e infraestructura para el desarrollo y competitividad del país.

De otra parte necesario precisar que parte de la financiación de dicha política social fue posible debido al boom de los precios de los commodities (petróleo, gas, minerales) entre 2005 y 2013. Dicha caída, sumada a la pandemia de la COVID-19, revirtió desmedidamente los avances de este periodo de prosperidad social. Según la Cepal, la emergencia sanitaria hizo retroceder esas conquistas sociales 10 años.

En suma, las condiciones objetivas marcadas por el flujo ascendente de una década de descontento y movilización social nacional (2011-2021), el desgaste sufrido por los Gobiernos regionales elegidos en 2019 y liderados por la Coalición de la Esperanza (CE), la emergencia sanitaria, el descrédito de la política tradicional, el declive del proyecto político hegemónico en Colombia durante dos décadas, encabezado por Álvaro Uribe (2002-2022), y el agotamiento del modelo neoliberal en el país plantean un escenario único para romper con el escepticismo sobre una eventual victoria del Pacto Histórico en los comicios generales de 2022 y dar al traste con aquella célebre frase que Humberto De la Calle hizo popular durante el proceso de paz con las Farc “El modelo económico no es materia de discusión en La Habana”[6] .

[1] Felipe Pineda Ruiz, Investigador social del Centro de Estudios Sindicales y Populares (Cesipor), publicista, director del Laboratorio de Innovación Política Somos Ciudadanos.

[2] PIGLIA, Ricardo: Respiración artificial, Barcelona, Anagrama, 2001b.

[3] Dorado, Fernando. Las elecciones de 2022 en Colombia serán un reflejo del estallido social. Website personal del autor, agosto 11 de 2021. Fuente: https://aranandoelcieloyarandolatierra.blogspot.com/2021/08/las-elecciones-de-2022-en-colombia.html

[4] Arteta Yezid. Los de arriba, los del medio y los de abajo. Website El Comején, octubre 22 de 2021. Fuente: https://elcomejen.com/2021/10/22/los-de-arriba-los-del-medio-y-los-de-abajo/

[5] Dávalos, Pablo. El posneoliberalismo: Apuntes para una discusión. Website Alainet, mayo 20 de 2016. Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/177592

[6] “El modelo económico no es materia de discusión en La Habana”. Website Revista Semana,  septiembre 4 de 2014. Fuente: https://www.semana.com/nacion/articulo/humberto-de-la-calle-el-modelo-economico-no-es-materia-de-discusion-en-la-habana/401664-3/

Por: Carlos Meneses Reyes 

La captura del narco paramilitar Otoniel (Daniel Antonio Úsuga David) ha generado toda clase se suspicacias. Se ha formado una idea generalizada que todo obedeció a un montaje de la inteligencia militar, basándose en un juicio negativo acerca de la credibilidad que genera el gobierno del sub-presidente Duque, entre otras situaciones creadas, por el absurdo esfuerzo de lanzar una campaña dizque contra las falsas noticias que al gobierno afectan, sembrando, a la vez, una noticia falsa, para contrarrestarlas. Simula lo de ciberataques a sus páginas oficiales para paliar o neutralizar la oleada de conceptos, apreciaciones y documentales, contra la violencia oficial de las fuerzas armadas, no solo en lo referente a la represión a la protesta social durante el desarrollo del Paro Nacional; como a todas las manifestaciones de rechazo del movimiento popular a las políticas de contra insurgencia, que traen consigo incrementar la guerra y el espiral de los múltiples conflictos que asolan a la nación colombiana.

En el plano de la llamada “lucha contra las drogas”, ante su fracaso real, se acude a la mentira y el engaño. Una aplicación de entramado contradictorio, entrecruzado en ideas y opiniones que dejan mal librado al ejecutivo nacional, por el recelo, sospecha y desconfianza que generan tan particular forma de presentación de la “captura” de un capo, aliado del régimen narco paramilitar, en un Narco Estado imperante.

 A la figura presidencial de sub y marioneta, de hilos de influencia en su actuar gubernamental; se agrega la escena de la mentira, como un acto propio de un comportamiento de ingenuidad e inmadurez, haciendo aparecer siempre lo que desea y quiere como quiere que sea, en manifestación contraria a la verdad, al ocultar la realidad. Sobre ello es abrumador el contenido de análisis sobre la calificación de la gestión gubernamental y su secta partidaria, como la caracterización de un ideario infundado. Pero esto no incide en la concepción del imaginario popular, por cuanto más bien estimula las ficciones en las respuestas de creatividad popular, por la consideración que las ficciones, aunque falsas, no se consideran mentiras y que presagia una debida atención al analista de la situación para no caer en su redacción en esos avernos.

El malogrado uso de la comunicación, cuando busca engañar con las palabras; unido al de las actuaciones, fingiendo algo contrario a lo que es en realidad; refleja el contenido de una dictadura mediática, como instrumental utilizado en lo contra insurgente en Colombia. No hay noticia valida, ni redacción alguna que refleje ajuste a las realidades.

De las familias rojas

Los grupos paramilitares son baluartes del régimen narco para estatal colombiano. No existe una política contra insurgente que no avale el uso de ese instrumento ilegal y consecuencia de ello, en vez de representar eficacia ha convergido en un atractivo juego con la corrupción y el relajo moral por parte de la oficialidad de las fuerzas armadas.

El caso de Otoniel resulta emblemático. En desarrollo del prolongado conflicto armado interno en Colombia, el trabajo de inteligencia militar del ejército al interior de las organizaciones guerrilleras con las que se enfrenta ha sido múltiple y variado. Si Otoniel entró a las filas del Ejército Popular de Liberación (EPL), desde los 19 años- tal lo difunden los medios- lo hizo junto con sus hermanos y miembros de la familia. Su caso es de infiltrado del ejército en esa organización guerrillera desde ab initio. Al darse la desmovilización del EPL en 1990, se unió a las bandas paramilitares bajo las órdenes de los narcotraficantes Don Mario y Carlos Castaño. Por lo indiscutible del vínculo paramilitar con las fuerzas armadas colombianas; resulta deducible que Daniel Antonio Úsuga David, conocido como Otoniel, conservó el mismo alias, tanto en las nóminas del ejército, como en el EPL. Tan significativo, como representativo, puesto que él constituyo la cabeza de una familia de facinerosos, como quiera que en su prontuario resulta la vinculación de sus hermanos, primos y una hermana, actualmente registrada y con antecedentes al respecto. No lo incluyo en el parangón de “núcleo familiar”; que como es sabido incidieron en la formación y consolidación del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ni semejanza; puesto que el ejercicio de los llamados “núcleos familiares” del ELN, resulto un inexpugnable recurso insurgente que impedía el acceso o infiltración de la contra insurgencia. En esa consideración de análisis, destaca la iniciativa de jefes o tronco de familia campesinos; por lo general de tradición católica y de sanas costumbres. En ensayos sobre el desempeño generacional surtido en un conflicto armado tan prolongado en el tiempo, dedico un aparte a la conformación de “familias rojas”, sobre todo en el campo, con el aliciente de la formación ideológica, de una concepción marxista-leninista y revolucionaria; como también de influencia de la Teología de la Liberación cristiana. Huelga reconocer que esa dinámica de concepción ideológica ha mermado; en el sentido que los cuadros revolucionarios obedecían a una formación política de “primero armarse ideológicamente y luego tomar el fusil”. El llamado cambio ideológico interno, bajo la concepción de un “hombre nuevo”. Al parecer, hoy no opera una cualificación dialéctica al respecto, como si la inmediatez de una participación en el movimiento insurgente signado por el atroz, grave y terrible efecto del negocio del narcotrafico en todos los niveles de la sociedad colombiana y la acelerada disminución de la población campesina. La juventud campesina sucumbe, tanto como la de “los chicos plásticos” de las ciudades. Y en el caso de los tales Úsuga, jama corresponden a una familia roja del campo colombiano.

De campañas y fracasos

Adjudican la captura de Otoniel al resultado de la denominada operación Agamenón.

En la Iliada aparece el pasaje de Agamenón y Menelao, expulsados del trono de Micenas. Esos dos hermanos errantes volvieron a conquistar el trono, extendiendo sus dominios. Homero relata que Agamenón se casó con Clitmenestra, y Menelao con Helena y ambos inician la guerra de Troya. De manera que los “ilustrados” de la inteligencia militar del ejército Made in usa, atribuyen a la campaña de un imbatible, la suerte de una creación a imagen y semejanza de ellos. Lo cierto fue que la campaña Agamenón, luego de 7 años de iniciada, con un costo de millón y medio de dólares al mes, no dio resultado. Para el 23 de febrero de 2.021, el buró del generalato corrupto, manipulador de bienes y hacienda del Estado, sin ningún órgano de control, ponen en ejecución la operación Osiris: un dios egipcio mártir, cuyo cuerpo fue desmembrado; traído de los cabellos por los representantes de la espada, que maltratan la literatura y letras clásicas; siendo que Osiris fue vuelto a la vida convirtiéndose en jefe supremo de conquistas.

La mediática dictatorial, atribuye que la Operación Agamenón fue la operación de las fuerzas armadas de Colombia, más grande de la historia, tendiente a desmantelar a la banda de “los Urabeños”( ojo: no confundir con la de los “Uribeños”, que es parte de otro, por no decir del mismo cuento). Banda, que aun con la aplicación de la campaña inicial de búsqueda, logró convertirse en el cartel del Golfo y también engranar con el narco para militarismo de las Autodefensas Gaitanistas (AGC); cual imperios mafiosos dirigido por un elemento desde la clandestinidad y al que le atribuyen la presencia en 220 municipios y más de 3.500 hombres armados. Alucinante, por demás. Dizque tardaron más de 7 años, tras la pista de Otoniel. No se requiere conocer de manejos de estructuras y redes de apoyo, máxime si el colaboracionismo para estatal va de la mano con lo ilegal. La tal operación Osiris se reduce a una decisión tomada desde un escritorio en Bogotá, en consonancia o acorde con los dictados de las fuerzas de invasión USA, cual consejeros de almohada al generalato. Refuerzan que controlaron ocho anillos de seguridad del capo, ubicado en el Nudo de Paramillo, en zona rural del municipio de Necoclí, Urabá; con la pulcritud que no se presentaron enfrentamientos y la participación de 500 soldados, en una región cercada de 24 kilómetros cuadrados; más 150 funcionarios de inteligencia desplegados en zonas pobladas y veredas, sin que fueran avistadas. Las reacciones en las redes sociales al embuste de la captura, no se dejaron esperar, resaltando la forma en que estaba vestido el capturado, hasta con botas no enlodadas y vistosa sudadera; sumado al cambuche donde descansaba el prófugo; la toma de fotografías con y de agentes “encubiertos”; la inconsecuencia de un hilo de relato oficial generador de toda clase de recelo y sospecha y la enigmática sonrisa, como aislado del mundo; en ocasión grave que le rodea. El sí concentrado en sus propios pensamientos; o como dice la expresión popular: “sabiendo cómo va el agua al molino”.

Fue tal la embestida de opinión, que en forma tardía los manipuladores de la información destacan que un día antes, mientras los oficiales rodeaban uno de los anillos de seguridad del objetivo, un francotirador le quitó la vida al intendente Edwin Blanco. La parafernalia de los honores no se hizo esperar; así como los registros de ataques al ejercito, supuestamente por hombres del Golfo, enmarcados en la sorna de las respuestas, como represalias, por los “golpes” asestados…

La maltrecha imagen de hazmerreír del sub-presidente, caló al afirmar que la caída de Otoniel era superior o comparable a la de Pablo Escobar. Olvida que en en el imaginario colombiano está esculpido que Pablo Escobar resulta un pigmeo, ante la actual clase política, con reconocido cacique pluma blanca y secta partidaria en el poder.

En menos de seis meses han pasado por Colombia, cual centuriones y virreyes, escuderos de paga malvada, pillos, truhanes y ladrones, generadores de engaños y la inquietante pregunta ¿a qué han venido?, tiene sus respuestas en todos estos aconteceres. Desfilaron por la degradada casa presidencial el jefe del comando sur de EEUU; el jefe del Departamento de Estado; el jefe de la CIA. Explicable, por cuanto que Colombia está invadida por tropas norteamericanas, con presencia en todas las instalaciones, cual bases militares, a lo largo y ancho del país, controladas por las misiones de acompañamiento o asesoría Usa y en particular las que están en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela. Siendo que el principal factor de exportación y de ingresos de divisas en Colombia es la cocaína, sus usufructuarios son los banqueros, los importadores y dueños de tierras y ganados y el desgarrador efecto de los beneficios a esas mafias, de la aplicación de los Tratados de Libre Comercio Internacionales. He ahí la existencia de un ejército al servicio de esa oligarquía caduca colombiana.

Por la no extradición de Otoniel

Son muchas las voces que claman porque Otoniel no sea extraditado a hacia los EEUU. No se trata de una prueba de fuego, como resaltar que la extradición de nacionales colombianos, para que no sean juzgados por los jueces naturales, resulta la mayor bofetada asestada a la soberanía jurídica de un Estado que pregona ser independiente. Contra Otoniel existen 6 sentencias condenatorias en firme. Enfrenta, al menos, 122 órdenes de captura. Debe pagar en Colombia el máximo de la pena de 40 años de prisión. Los delitos por los que se le condena y procesa son superiores al referente de 5 kilogramos de cocaína enviada a los Estados Unidos. Un envió de este sujeto determina que los bienes incautados sean entregados a la DEA y no a las víctimas. Sin excepción, toda la información, pruebas, evidencias de vínculos con la clase politiquera y el militarismo colombiano caerán en el olvido y se burlará las evidencias que se logren con declaraciones y exposiciones de grave contenido y efecto que como tal posee. La complejidad jurídica de la extradición como medida a aplicarse, requiere de la intervención del gobierno y de la Corte Suprema de Justicia. La determinante de responsabilidad y carga histórica recae sobre la institucionalidad judicial. En USA las Fiscalías y cortes de decisión son propensas a inclinarse sobre la negociabilidad de penas; cambios de personalidad e identidad y no retorno. Sobre el prurito de alegatos de la defensa de los implicados que sus vidas corren peligro al regresar a Colombia, conceden el beneficio del no retorno y se produce la impunidad cantada a favor de sujetos como Otoniel. El promedio de penas aplicada a los narcos paramilitares colombianos en USA no pasa de diez años de prisión. Luego viene el goce y disfrute de las astronómicas fortunas acumuladas. La Corte colombiana debe sopesar que el delito de narcotráfico es un delito leve frente a las graves acusaciones de violación de los derechos humanos implicados a Otoniel.

Se dan los presupuestos en un juicio de valor, para decidir que no sea extraditado. Además, cárceles de máxima seguridad existen en Colombia. Es la oportunidad para que la burla de los conmilones preparadores de todo el montaje de su “captura” fracase y se revindique la procedencia de la Verdad, cerrando al menos con dignidad nacional, este pasaje oscuro del conflicto armado interno en Colombia.

Por: Carlos Meneses Reyes 
 

El conflicto armado interno colombiano, presenta visos de incremento e intensidad. Se yergue enhiesto, cuál retador desafiante, por más que la política de bloque oligárquico contra insurgente lo desconozca e intente acallarlo; haciendo cada día más difícil el entorno gobernable al cual se enfrenta un gobierno títere, del amo imperial.

En el lenguaje político destacase la tenacidad y persistencia, aún sea de gestión individual, para la obtención de un objetivo; pero resulta de eficacia relativa y por ende errónea, cuando se alista como un recurso sectario, no se admite al contrario, ni el libre juego de las contradicciones; imponiéndose la cero tolerancia, entronizándolo en la verdad sabida y la buena fe guardada, pese a la notoria secuencia de errores. Así, se puede calificar a un gobernante de contumaz o sobre todo a una política a aplicar, degradada en contumacia; es decir, perseverante en el error y la ineficacia. A eso también se conoce como una habilidad ciega para gobernar. Es tal cual sucede con la negación del conflicto armado interno en Colombia y la obcecada, oscura y testaruda posición oligárquica, nublando la capacidad analítica y reflexiva, que conlleva a la inexistencia de un objetivo al cual confluyen, inexorablemente, la dinámica de la actuación política, por algo tan burdamente negado.

Para el corriente año en curso de 2021, el desplazamiento masivo de víctimas que huyen por los enfrentamientos en el campo, por parte de insurgentes contra las tropas gubernamentales, llegó a 57.100 personas; lo cual significó un incremento del 135% , en relación con el año anterior.

En Puerto Berrio, ubicado en el río Magdalena, a 335 kilómetros de Bogotá. DC, contabilizan el número de cadáveres, que han flotado, producto del conflicto armado y que reposan en tumbas como NN; en lo dado en llamar la adopción de muertos recogidos que tira el río, como a los “pobres de solemnidad”. La mayoría de esos cuerpos fueron recogidos y a la fecha, en labor de identificación, por actuaciones de la JEP, se encuentran con signos de violencia, impacto de bala, amarradas sus manos y pies. Corresponde a la incansable labor de hallar entre 80.000 y 120.000 desaparecidos, que ha dejado el conflicto armado interno en Colombia, en más de cincuenta años y que pese a la desmovilización de las antiguas FARC, continúa creciendo.

En Ituango, Antioquia, sumaban 3.500 campesinos que tuvieron que abandonar sus viviendas, animales y cosechas, ante los crecientes combates de guerrilleros con tropas del ejército.

El diario El Espectador en edición del 27 de julio de 2.021, destacó que “El de Ituango es el desplazamiento más grande en la historia de Antioquia”. En total 3.7321 campesinos, de 1.548 núcleos familiares, han tenido que abandonar sus viviendas, recientemente, ante el aumento de los enfrentamientos armados en sus lugares de habitación. Están siendo afectadas 28 veredas, de ese municipio. No existe acceso a la cabecera municipal, tanto por los enfrentamientos, como por el fuerte invierno.

Según Harold Cadena Vidal, representante de la Oficina para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Colombia (OCHA), la cifra de desplazados en la región de río San Juan asciende a 4.608 y la de confinados a 33.280. El Río San Juan es el más importante de los ríos de la vertiente del Pacífico colombiano y recorre el sur occidente de El Chocó, pasa por territorio vallecaucano y desemboca en el océano Pacifico.

Destacando solamente algunos sucesos, al 21-10, se recrudece el conflicto en el Departamento del Cauca, Colombia. En lo que va del año 2021, han sido asesinados 23 líderes y defensores de Derechos Humanos (DD.HH.) y han ocurrido 14 masacres, las cuales se han saldado con la muerte de 43 personas.

Según Indepaz, un total de 293 líderes sociales y defensores de DD.HH. han sido asesinados en ese departamento desde la firma del Acuerdo de Paz (noviembre de 2016) hasta la fecha. En total de 229 murieron víctimas de asesinatos selectivos, durante el mandato del sub presidente Iván Duque, iniciado en agosto de 2.018.

Se registra en Colombia la masacre número 78, con el asesinato de los hermanos José Norbeý, Jose Javier y edison Reyes Mosquera, en el municipio de Cajibio, Corregimento Casas Bajas. Vereda Puerto Alto, el 15 de octubre.

Grupos armados provocan el desplazamiento de 3.700 campesinos en el municipio colombiano de Ituango. Luego se agrava el desplazamiento en Ituango, con mas de 40.000 personas…La ONU advierte que el desplazamiento en Colombia va en aumento del 193% al 235%, en los Departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño. Se registran 67.000 desplazados, 10.000 más confinados; hasta una cifra de 30.052 personas en esa situación. Mas de 1.000 niños desplazados y con hambre, tras diez días de combate ininterrumpidos del ejercito contra las guerrillas insurgentes. La explicación o posición oficial habla de disputa territoriales entre grupos armados y no de enfrentamientos con el ejército, manipulando lo de recompensas, entregas etc. Pura falsi media.

En el Departamento fronterizo de Nariño, aumenta a 40.000 el número de desplazados y sobrepasan los 21.000 desplazados en el Triángulo de Telembi, en el presente año.

El lunes 11 de octubre, con explosivo atentaron contra gobernador del Meta., a su paso por una carretera. Y, el gobernador del Magdalena, hubo de abandonar el país, al ser informado de un inminente atentado en su contra.

Desde la firma de los Acuerdos con las desmovilizadas farc, en 2016, han sido asesinados 1.218 líderes sociales. En el Departamento del Cauca, en lo que va del año 2.021, han sido asesinados 23 líderes y defensores de derechos humanos y ocurrido 14 masacres, para un total de 43 personas asesinadas.

El recrudecimiento de las acciones contra el ejército y la policía no merma. Hasta la naturaleza pareciere estar en su contra, luego que un rayo cayó y afectó a cinco soldados en zona rural del norte del Cauca, vereda La Venta, municipio de Cajibio. A ello se agrega, un suicidio y el asesinato de un soldado por su compañero de guardia.

En ese rosario de afectaciones, se registra que ladrones entraron al batallón Pichincha, sede de la tercera brigada del ejército en Cali, golpearon a un soldado de guardia y le robaron el fusil. El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 21 de octubre. El ejercito admite que no ha podido recuperar el fusil. Sin lugar a dudas no se trata de un simple pasaje de ladronzuelos, que en número indeterminado asaltaron esas instalaciones super resguardadas y protegidas. Para la inteligencia popular, más bien obedece a una acción de comando, realizado por los llamados “pisa suave”, milicianos entrenados en combate para acciones de comando. Eso, obvio, que lo oculta el generalato, con sus barbas en reposo. De paso indicar que la actividad de la Minga indígena, el 9-09, en Caldono, Cauca, decidieron expulsar de su territorio a miembros del ejército. Anuncian que no permitirán ni erradicación y menos aspersión con glifosato de la coca.

ACCIONES MILITARES.

Sujetos armados atacan a soldados que se dirigían a su batallón, en el Departamento del Meta, el pasado 27 de septiembre. También hubo ataque en el Putumayo.

El 21-09, 5 soldados resultaron muertos y 7 heridos tras atentado en Puerto Libertador, Córdoba, a un Batallón de Operaciones Terrestres.

Los Departamentos de Bolívar, Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca, Vaupes, Guinia, Arauca, siguen azotadas por fuertes combates en sus territorios.

En lo corrido del año 2.021, van 124 líderes sociales asesinados.

Conmoción causó en el Guainia la retención de un médico el día 05 de octubre del presente año, llevado a un campamento guerrillero para atender heridos y aparece muerto, 11 días después, luego de un bombardeo del ejército a ese campamento guerrillero, en inmediaciones de los Departamentos de Guainia y Vaupes. El Doctor Leonel Martínez Mendoza, cofundador de la Asociación de Médicos Internos Residentes Extranjeros (AMIREX), Capitulo Colombia, ejercía la profesión y era graduado en la Universidad de La Habana.

EL 16-09, ocurrió ataque a la Policía en San Vicente del Caguan, en Caquetá, con resultado de dos policías muertos.

El 18-09, EL ELN libera a dos militares que tenía retenidos en Arauca. Participo la CRIC y la iglesia. El ejército se negó a desmilitarizar o cesar acciones, para atender a la liberación de estos…En este Departamento son frecuentes los ataques al ejército y a la policía, por parte de insurrectos. Como respuesta reforzaron con 380 unidades a las fuerzas existentes; mas 60 infantes de marina para el río… No obstante, el 22 de octubre, se dio otro violento ataque contra integrantes del ejercito: las imágenes de vídeo muestran cómo se bajan de un un vehículo, dos comandos, quienes la emprenden a tiros contra los soldados de guarda de la vigilancia, los cuales salen pies en polvorosa. En tanto, los atacantes se suben a su carro y alejan. Los hechos relatados se presentaron en la base militar Selva de Lipa, en Arauca.

El 20-10, una patrulla del ejército es atacada, en zona rural de Puerto Inirida, Guainia, dejando como resultado, 5 soldados heridos de gravedad y un soldado muerto.

Ataque contra soldados del Batallón Especial Energético y Vial Numero 1, en el sector de Caño Verde, Arauquita, en la mañana del martes 12 de octubre, deja como resultado un soldado muerto y otro herido.

Hacia el 22-10, el Ejército confirma la muerte de diez guerrilleros de las Nuevas Farc, tras fuertes combates en el Cañón del Micay, Cauca. Lo presentan como enfrentamientos entre esas nuevas guerrillas y el ELN, conforme al desempeño de la guerra, que los asesores norteamericanos les dictan. El comandante de la Tercera División del Ejército, brigadier general Jonh Rojas, confirmó que este jueves 28 están ingresando otros cinco pelotones del Ejército por los corregimientos del Sinaí y El Plateado, en el municipio de Argelia, para apoyar a las tropas… No pueden ocultar que estos hechos bélicos, han provocado nuevos desplazamientos forzados de unas 400 personas, en Argelia. Cientos de campesinos, como consecuencia de los constantes enfrentamientos están viéndose obligadas a desplazarse hacia el Caquetá. El alcalde de Argelia se refirió a un desplazamiento de mil personas.

También en Argelia y Cajibio, Cauca, se registra ataque con misiles artesanales, por parte de milicianos, a estaciones de la policía y puestos del ejército.

27-10 . Crisis humanitaria y confinamiento en el Pacífico colombiano. En Chocó, el 16 de septiembre, el ejército colombiano mató a cuatro niños en un bombardeo, para eliminar al máximo jefe del ELN. Fabián (Ogli Ángel Padilla). El ruido ensordecedor de las ciento de bombas lanzadas y el temblor del suelo, causaron gran conmoción en los niños y vecinos del territorio. Luego de los intensos y desproporcionados bombardeos, vecinos de las comunidades afectadas se dirigieron a los lugares destrozados por las bombas, para buscar a vecinos desaparecidos. Denuncian que la aviación del ejercito disparó al agua, cerca de algunos botes en el que se desplazaban civiles, huyendo de los bombardeos en une escalonado incremento de violación de los derechos humanos y del principio de distinción, que se que se incrementa por la continuación del conflicto armado interno.

Todas esas comunidades están viviendo en un contexto de guerra muy fuerte, debido a la militarización de sus territorios por parte del Ejército Nacional, el avance paramilitar de quienes se llaman a sí mismas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). La simbiosis de estas dos fuerzas estatales y para estatales, se enfrentan al ELN, de presencia histórica en esos territorios. Estos combates en ocasiones conllevan que estos grupos se enfrenten, incluso, al interior de las comunidades. El resultado es el desplazamiento y confinamiento. Las fuerzas armadas del Estado colombiano están realizando bombardeos en donde hay presencia de menores de edad, lo cual es una violación al Derecho Internacional Humanitario y a la Convención sobre los Derechos de los Niños. “Estas comunidades están sometidas a un genocidio, un etnocidio”. De igual manera denuncian que esos efectivos para estatales, han portado brazaletes del ELN para amenazarles. Al ser requeridos esos forajidos por la comunidad, denuncian que llegó un helicóptero del ejército y se los llevó… “Dentro de las comunidades, la fuerza pública utiliza a los niños para sacarles información” y a todo eso se suma el hambre por las condiciones de guerra en la región.

De tal manera que baste la presente sucinta relación de hechos de solo un mes del corriente año de 2.021, para destacar que la perfidia gubernamental de desconocer la existencia del conflicto armado interno obedece a engaños en el análisis concreto de la situación concreta colombiana y por ende una estafa a la opinión pública nacional e internacional sobre la conducción del país y la solución a tan álgido problema.

El presente artículo fue concebido, luego de la lectura del libro EL PODER OBCECADO del autor Rene Balestra y Prologo de Hugo Caigares, el cual recomiendo a mis lectores.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente: Resumen Latinoamericano

Los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz siguen padeciendo la violencia por el incumplimiento del Acuerdo de Paz. En lo que va de estos primeros días del mes octubre ya han sido asesinado dos de ellos. Este 11 de octubre, se conoció el asesinato de Ruber Herney Dorado, quien habría sido atacado el pasado sábado 9 de octubre en horas de la mañana.

Aunque aún se desconocen mayores detalles del crimen, se sabe que el hecho se presentó en el municipio de Balboa, en cercanías a la zona conocida como Olaya en el departamento del Cauca. Ruber Erney Dorado se encontraba actualmente en proceso de reincorporación y participaba de una cooperativa perteneciente al municipio del Bordo en el departamento del Cauca.

De acuerdo al registro que lleva el partido político surgido del Acuerdo de Paz, Comunes, ya son 287 excombatientes asesinados desde 2016. Congresistas firmantes de paz, rechazaron la muerte de Dorado y exigieron al Gobierno de Iván Duque garantías de protección inmediatas.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz, INDEPAZ, denunció que anexan 288 muertes desde 2016, 39 de ellos a menos de un trimestre de terminar el año 2021.

La organización también registro el asesinato de Duberney Gómez Rodríguez, se encontraba actualmente realizando su proceso de reincorporación en el departamento de Nariño. El hombre estaba desaparecido desde septiembre tras haber recibido amenazas. El pasado 5 de octubre fue asesinado en Leiva.

En ambos casos la Defensoría del Pueblo alertaba sobre el riesgo de los excombatientes que se acogieron a la paz y denunciaba el control territorial de grupos armados como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Los responsables del hecho aún son desconocidos como en la mayoría de estos acontecimientos. Comunidades, excombatientes, organizaciones sociales y sectores políticos, continúan alzando su voz para exigir el cese de hostilidades en contra de los territorios campesinos, afro e indígenas y en contra de los firmantes de paz.

Fuente original: https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/11/colombia-asesinan-a-ruber-herney-dorado-y-duberney-gomez-rodriguez-firmantes-de-paz/

Fuente: TeleSur

 

Indepaz alerta sobre la situación humanitaria en el país, producto de la presencia de grupos armados en los territorios.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia denunció este viernes el asesinato de un líder social y de un excombatiente en un mismo día, hechos perpetrados en los departamentos de La Guajira y Nariño, respectivamente.

Indepaz señala que el líder social respondía al nombre de Osvaldo Enrique Hernández Zúñiga, de 38 años y funcionario de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Maicao, además era delegado de la Junta de Acción Comunal del barrio Erika Beatriz en el propio municipio.

De acuerdo a informes, en horas de la tarde del pasado día 5 fue Hernández Zúñiga fue asesinado en el barrio de Villa Amelia, dos sujetos en motocicleta le dispararon y se dieron a la fuga sin mediar palabra.

Con el homicidio de Osvaldo suman 136 los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos ultimados en Colombia en lo que va de año, y 1.251 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta donde advertía el riesgo que corrían aquellas personas con roles de liderazgo producto de la presencia de grupos armados ilegales en la zona, entre los reseñados están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Pranes, La Cortica, Los Mercenarios y Los Zona.

Por su parte, Indepaz también registró el asesinato de Duberney Gómez Rodríguez, quien actualmente estaba realizando su proceso de reincorporación en el departamento de Nariño; el excombatiente había sido reportado como desaparecido desde el pasado mes de septiembre, sin poder denunciar las amenazas que pesaban contra su persona, antes de ser hallado muerto el propio día 5 del mismo mes.

Con su fallecimiento suman 38 los firmantes del Acuerdo de Paz asesinados en el 2021, mientras ascienden a 287 desde la firma de dicho pacto en 2016 a la fecha.

En tanto, la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas por las violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, por lo cual se requerían medidas de protección especialmente para líderes y firmantes del Acuerdo.

Las autoridades colombianas acotaron que en Nariño se movilizan las facciones armadas de las AGC, el ELN, y Columna Móvil Franco Benavides del Comando Coordinador de Occidente.