Colombia

Por: Álvaro Verzi Rangel

 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le informó este jueves a su homólogo colombiano Iván Duque su intención de convertir a Colombia en aliado principal no OTAN (MNNA, por sus siglas en inglés) un estatus especial que conlleva privilegios económicos y militares para Colombia y la posibilidad y amenaza de intervenir en cualquier incidente fronterizo con Venezuela.

Con esta designación oficial, Colombia, socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde 2017 y principal aliado de Estados Unidos en la América Latina, reforzará su asociación bilateral y multilateral con Washington. En Colombia, principal productor mundial de coca, operan ocho bases militares estadounidenses. De acuerdo con una ley de mediados de los años 80, el presidente debe informar al Congreso 30 días antes de formalizar la decisión.

La presencia en Bogotá de Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos -junto a los altos funcionarios del Pentágono y de la Dirección Nacional Inteligencia, Daniel Erikson y Jon Stainbrook-, reveló pocos días atrás la preocupación de Washington por el anunciado triunfo de la centroizquierda.

Un triunfo de la coalición  que lidera Gustavo Petro, en las sucesivas elecciones legislativas y presidenciales pondría en problemas el apoyo recibido hasta ahora por los gobiernos derechistas y ultraderechistas a las políticas y planes de Washington en América Latina.

“Estamos preocupados donde quiera que Rusia apoye a regímenes autoritarios y lo están haciendo en muchas partes de este hemisferio, no solo en Venezuela, sino también en Cuba y Nicaragua. Estamos particularmente preocupados por el aumento de la influencia rusa a lo largo de la frontera y el potencial que podría estar alimentando a actores malignos y otros que no solo están activos en Venezuela, sino que tal vez intentan socavar la soberanía e independencia de Colombia”, dijo Nuland en Bogotá..

¿Qué está haciendo exactamente Rusia allí y, lo que es más importante, qué puede hacer Estados Unidos junto con Colombia para endurecer esas fronteras y garantizar que cualquier actividad negativa permanezca del lado venezolano?”, enfatizó.

El ultraderechista presidente Iván Duque –que perdió toda popularidad pero no la vergüenza- anunció entonces que compartirán con el gobierno estadounidense la información de seguridad nacional “donde se pueda identificar cualquier influencia o intento de influencia extranjera en el proceso electoral».

Bogotá es una pieza clave en la política diseñada durante la administración de Donald Trump para el cambio de gobierno en Venezuela, que conjuga sanciones, poder dual y presión militar desde el flanco fronterizo.

En medio del eventual inicio de una nueva guerra fría y la amenaza permanente de una tercera guerra mundial se vio como la injerencia de la OTAN fue aumentando a medida que los términos iniciales del ingreso eran ampliados en 2021 para el entrenamiento militar, la interoperabilidad y la seguridad marítima, mientras Colombia ofrecía su experiencia en “contrainsurgencia” y desminado, vínculos que han permitido que en el país sudamericano prosperen las empresas privadas militares y de mercenarios..

Aunque el MNNA no contempla una cláusula de defensa mutua como sucede con los miembros de la OTAN, sí otorga al país designado una serie de ventajas militares y financieras que no poseen otros países. Pero, sobre todo, representa un claro signo de cercanía en las relaciones bilaterales y de dependencia en lo militar.

“Me enorgullece anunciar que vamos a declarar a Colombia como uno de los principales aliados no miembros de la OTAN. Este es el reconocimiento de la estrecha relación que existe entre nuestros países y somos muy afortunados de estar aquí reunidos hablando de diferentes temas”, dijo Biden al cierre del primer encuentro formal que sostuvo con Duque.

“Es histórico para nosotros la declaratoria de Colombia como país aliado estratégico no miembro de la OTAN. Esto significa celebrar este bicentenario de relación bilateral llevándola al punto más alto de nuestra historia”, comentó el aún presidente colombiano.

Duque se abstuvo de opinar sobre la reciente reunión entre alto funcionarios de Estados Unidos y Venezuela, y solo dijo que la posición de Colombia es la de apoyar la transición democrática del país vecino, una reafirmación, entre líneas, del rompimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela.

Pero afirmó que Colombia actualmente tiene más capacidad de suministrar hidrocarburos a los Estados Unidos, de lo que tiene hoy Venezuela. Hoy nosotros estamos produciendo más de 890.000 barriles y podemos -muy prontamente- llegar a un millón de barriles día”, manifestó el mandatario.

Explicó que el país ha logrado desarrollar nuevos proyectos off shore  “donde hay una inversión importante con Occidental Petroleum Corporation, en la cuenca Permian (Texas), donde estamos produciendo un cerca de los 50,000 barriles al día y lo podemos elevar a 150,000; todo esto para decir que Colombia es un actor que puede contribuir mucho más y puede estar representando el 3% del petróleo que importan los Estados Unidos y lo que se pueda aumentar, lo mataremos”.

Queremos reiterar que la próxima Cumbre de las Américas será una oportunidad para celebrar la iniciativa de construir un mundo mejor, para generar mayor inversión y empleo que ayude a disuadir las presiones migratorias en el hemisferio. Nosotros queremos ser una referencia para otros países de América Latina”, añadió Duque.

El miércoles los senadores demócratas Bob Menéndez y Tim Kaine presentaron un proyecto de ley para designar a Colombia como aliado principal no OTAN. Hasta ahora, Estados Unidos contaba con 17 países considerados aliados principales no OTAN, entre los que figuran Brasil y Argentina.

Durante el encuentro también hablaron de los retos migratorios, un asunto que Biden consideró que no puede resolver una sola nación ni solucionarse en una sola frontera: “Tenemos que trabajar juntos”. EEUU quiere firmar una declaración regional sobre protección de la migración el próximo mes de junio en Los Ángeles durante la Cumbre de las Américas.

Sobre dicha cumbre, Duque consideró que va a ser “una gran oportunidad para abrazar la causa ‘Reconstruir un mundo mejor”, parafraseando el lema de la agenda doméstica de Biden, Build back better (Reconstruir mejor). Duque recordó que esa causa está diseñada para “aumentar la inversión, las oportunidades de trabajo y para permitir el comercio y la inversión para generar empleos”.

En cuanto a la relación entre Colombia y los países miembros de la OTAN, comentó que se ofreció para prestar asesoría, especialmente a las naciones fronterizas con Ucrania, sobre gestión de migración, teniendo como base la experiencia para atender a los más de 1.8 millones de venezolanos.

Respecto a la pandemia, Duque agradeció la donación por parte de EEUU de dos  millones de vacunas adicionales a su país, que “serán empleadas para responder a las necesidades de muchos de los migrantes en su país”.

¿Qué significa ser aliado no miembro?

Son 17 países en el mundo que han obtenido el estatus de aliado-no miembro, lo que muestra la solidez en las relaciones de esas naciones con las políticas e intereses de Estados Unidos. Los aliados extra-OTAN, como Israel, han sido beneficiarios del acceso privilegiado al material bélico estadounidense y a la transferencia de tecnología. Catar fue el decimosexto país incluido a comienzos de este año por el presidente Biden.

Los aliados extra-OTAN pueden participar de los proyectos cooperativos del Departamento de Defensa de Estados Unidos como los programas antiterrorismo, acceder al material bélicoestadounidense, obtener préstamos de equipos y materiales para investigación, contar con privilegios en los trámites de compra de tecnología espacial y de equipos de defensa.

Asímismo, la participación en programas antiterrorismo, prioridad en la entrega de excedentes militares de EE. UU. que adquiera el país, préstamos de equipos y materiales para proyectos de investigación acceso a tecnología aéreo espacial y entrenamiento recíproco. Da la potestad, además, para que el país pueda almacenar elementos militares de EEUU, que son parte de su reserva de guerra.

Además pueden acceder a permisos para que las corporaciones nacionales oferten en determinados contratos del Departamento de Defensa de para la reparación y mantenimiento de equipos estadounidenses fuera del territorio estadounidense.

*Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Por: Luis Alfonso Mena S.

Perfiles analíticos de los 23 candidatos y precandidatos en 2022.

Colombia se debate por estos días en medio de un complejo panorama político electoral, en el que confluyen centenares de aspirantes al Congreso de la República, pero, también, 23 candidatos presidenciales, 15 de los cuales son precandidatos inscritos dentro de las consultas de tres coaliciones de partidos, que obran a manera de primarias para seleccionar, este domingo 13 de marzo de 2022, el aspirante definitivo de cada una de ellas.

Las coaliciones son Pacto Histórico (progresismo e izquierda), Centro Esperanza y Equipo por Colombia (derecha). Los otros 8 aspirantes, varios de ellos de extrema derecha, no participan en las consultas.

Luego del 13 de marzo, la puja electoral empezará a decantarse. Pero todo indica que serán diez candidatos del centro, la derecha y la extrema derecha contra la posibilidad del cambio que anhela la mayoría del pueblo colombiano representada por Gustavo Petro y el Cambio Histórico.

De esa magnitud es el reto que le esperan a Petro y al Pacto.

Los partidos y facciones del establecimiento oligárquico entraron hace rato en pánico por el cambio histórico que se avecina, en tanto que el entusiasmo y las expectativas del campo alternativo y de izquierda se multiplican e inundan el ambiente político nacional e, incluso, el internacional.

Es indudable que la figura de Petro y la experiencia política que se expresa en el Pacto Histórico constituyen un factor subjetivo de enorme significación, que puede empezar a voltear la historia de nuestra martirizada Colombia e iniciar el camino de las transformaciones represadas por más de 200 años de regímenes oligárquicos promotores de la desigualdad y la violencia.

Uno por uno

Haremos a continuación una rápida radiografía del espectro de las 15 precandidaturas y de las 8 candidaturas presidenciales, a manera de diccionario, en orden alfabético y con breves caracterizaciones de los participantes:

Amaya, Carlos (37 años). Opaca figura de los tibios, ex gobernador de Boyacá, inscrito con el aval del partido Dignidad, flotador de última hora lanzado por el senador Jorge Robledo luego de que, de un momento a otro, se lo quitara la francesa Ingrid Betancur en uno de sus arranques de ira. Nada que mostrar, a no ser la bicicleta que le regaló Nairo Quintana, el ciclista, que se le adhirió contrarreloj. Estuvo enfrascado en peleas internas con sus compañeros de alianza, cuestionando sus amistades políticas y sus entramados burocráticos (como los que le develó a los hermanos Galán), pero sin mostrar los suyos.

Barguil, David (40 años). Joven fósil del Partido Conservador en el Congreso de la República, experto en excusas médicas, aunque el Consejo de Estado, alto tribunal tan godo como él, dijo para absolverlo que no se habían demostrado sus ya famosas y notables inasistencias a las sesiones del Senado. Fue uno de los defensores de la brutal represión con la que el régimen de Iván Duque respondió a los justos reclamos de la juventud en el Paro Nacional. Su designación como precandidato azul se produjo por decisión de un reducido cónclave de directivos anacrónicos del partido que ha parasitado en burocracia, clientelismo y contratos desde los albores de la República, en el Siglo XIX, hasta hoy. Uno de sus propulsores es Andrés Pastrana, expresidente venido a menos desde hace rato, dedicado en los últimos años a construir con lo más rancio de los partidos monárquicos y conservadores de España y de EE.UU. una alianza anticomunista como las que se fraguaban en la época de la Guerra Fría, soñador él del regreso al pasado.

Betancourt, Ingrid (60 años). Rayo descendiente del olimpo francés que cada cuatro años cae sobre Colombia a dar lecciones de moral y a juzgar, con su vara de hada ponzoñosa, a todo aquel que identifica como adversario en el voto de opinión para la Presidencia. Gran paradigma del oportunismo, ni corta ni perezosa dejó su poltrona en París tan pronto le dieron respiración legal a Oxígeno Verde, su grupo de los años noventa, y aterrizó para implosionar la coalición de centro a la que había prometido fidelidad. En verdad, su Santa Inquisición solo la utilizó contra Gustavo Petro y Alejandro Gaviria, pues, en un muy televisado acto de ridículo y cinismo ya memorable, ante su desconocimiento de lo que pasa en el país, recurrió nada menos que a RCN para que le dijera si los candidatos del uribismo, Cambio Radical y la U tenían maquinarias politiqueras o no. ¡Qué tal esto! Su fórmula presidencial es un coronel del Ejército colombiano.

Char, Alejandro (55 años). Magnate de la cadena de tiendas y droguerías Olímpica, con cadena de radio propia, banco y equipo de fútbol, entre otros haberes del Clan familiar. En la Alcaldía de Barranquilla y en su carrera política siempre ha estado al mando en la Costa Atlántica de Cambio Radical, uno de los partidos políticos más desprestigiados de Colombia. Sin embargo, no se inscribió por esta colectividad, sino que recaudó en tiempo récord miles de firmas con el fin de inscribirse por un grupo que bautizó País de Oportunidades. Lo hizo en la consulta de la derecha, Coalición Equipo por Colombia. Su estrategia ha consistido en esconderse de los debates y de las entrevistas cuestionadoras. Y ello, no solo por su falta de propuestas de fondo, sino por miedo a tener que responder por las gravísimas denuncias de presuntos aportes multimillonarios hechos a la campaña al Senado de su socia Aida Merlano con destino a la compra de votos. Por efectos de estas revelaciones, su candidatura está en picada dentro de la coalición a la que pertenece, muy a pesar del uribismo, que lo veía como su carta bajo la manga. Muchos dicen que ni las contrataciones fabulosas para el Atlético Junior lo salvarán de la derrota. Pero hay también quienes creen que el poder económico de su familia da para todo, pues no es la primera denuncia que pesa sobre él. Muchos hoy preguntan por el famoso contrato del tanque de agua de Barranquilla… Y, para completar, se avizora el lanzamiento de su antiguo jefe, Germán Vargas Lleras. Así que todo indica que la aspiración de Alejandro Char se quedó en veremos. Aunque los cuestionados candidatos de Cambio Radical en el Atlántico a Cámara y Senado, corporación a la que aspira de nuevo su hermano, el salsero, se dan por reelegidos…

Córdoba, Germán. Presidente del partido Cambio Radical, como dijimos arriba, uno de los grupos políticos con mayores índices de desprestigio a nivel nacional y que fue la última colectividad en anunciar la inscripción de candidato a la Presidencia de la República. En realidad, se da por un hecho que la inscripción de Córdoba, con fórmula vicepresidencial incluida, es solo una “separación de cupos” para cambiarlo después de los resultados del 13 de marzo por el verdadero candidato, el godo GERMÁN VARGAS LLERAS, quien, aunque casi le da de coscorrones (como suele hacer) a uno de sus áulicos (David Luna) por haber adelantado hace semanas la intención de su jefe, todo indica que reemplazará el nombre de Córdoba por el suyo. Vargas Lleras, nieto de Carlos Lleras Restrepo, el tercer presidente del excluyente Frente Nacional (1958-1974), es en realidad la nueva carta de la derecha bogotana para tratar de contener el avance impetuoso de Gustavo Petro. Y para ello, este experto burócrata de las élites, de 60 años de edad, se cree con el recorrido para hacerlo, y seguramente se apresta a enrostrarle a la gente, como ya lo hizo en dos costosas cuñas publicitarias por televisión, que tiene “las ejecutorias” para ello, pero, obviamente, sin mencionar sus estruendosos fracasos con varios de los puentes de la costosísima infraestructura vial que tuvo a cargo en el gobierno de Juan Manuel Santos, del que fue vicepresidente, y varios de los cuales se cayeron, sin que hasta el momento los daños económicos derivados de esos hechos hayan sido resarcidos. Ya en los comicios presidenciales de 2014 Vargas Lleras fue estruendosamente derrotado por Petro. Y aunque en este 2022 esperará seguramente ser el punto de unión de toda la derecha en segunda vuelta, no la tiene nada fácil, porque la correlación de fuerzas ha cambiado sustancialmente, y la división del centro y la derecha en nueve candidatos le hará más difícil su propósito y podría contribuir al triunfo de Petro en primera vuelta, como lo ha trazado ya la Coalición Pacto Histórico.

Fajardo, Sergio (65 años). Monotemático político recitador de ideas sobre la educación, discurso con el que responde todo lo que preguntan, una ardid que esconde su falta de estudio a fondo de los problemas del país. Por el lío de Hidroituango perdió la batalla frente al alcalde de Medellín. Se inscribió en la consulta de la Coalición Centro Esperanza con el aval de la Alianza Social Independiente, ASI, un grupo muy cuestionado por sus procederes clientelistas y politiqueros, que desdicen de la prédica de Fajardo, quien, igual que otros, se presenta como el impoluto y único honesto de la clase política criolla.

Galán, Juan Manuel (49 años). Beneficiario del legado de Luis Carlos Galán Sarmiento, hace parte también de la Coalición Centro Esperanza. En un rápido pugilato intergrupal, maniobró con innegables dotes de manzanillo para sacar del ring al senador Rodrigo Lara y, aprovechando el restablecimiento de la personería jurídica del partido fundado por su padre, el Nuevo Liberalismo, inscribir su precandidatura presidencial. Ha sido senador del famélico Partido Liberal Colombiano y su hermano Carlos Fernando, concejal de Bogotá y dirigente nacional del descompuesto partido Cambio Radical. Los dos jóvenes políticos medran a la sombra de la memoria de Galán. Y en su momento no se les dio nada hacer parte de camarillas politiqueras que nada tenían que ver con la lucha de su padre, como las de Germán Vargas Lleras y César Gaviria. En la campaña, Juan Manuel Galán ha sido megáfono de las mismas mentiras propaladas por otros candidatos presidenciales de la derecha contra Gustavo Petro, y cree que un triunfo de la izquierda en las elecciones es una amenaza contra la democracia. Tan joven y tan reaccionario, don Juan Manuel…

Gaviria, Alejandro (55 años). Exministro de Salud de Juan Manuel Santos y ex rector de la elitista Universidad de los Andes, comenzó como posible candidato del Partido Liberal de César Gaviria, pero decidió sumarse a la Coalición Centro Esperanza y se inscribió con el aval del movimiento Colombia Tiene Futuro en esa alianza, en la que ahora los otros cuatro precandidatos le hacen el feo porque regresó a los contactos con el liberalismo y recibe adhesiones de la clase política tradicional. Entre sus propuestas se encuentra el incremento de la edad para pensionarse (¿más?) y es de los que cree que la Colombia de hoy es una “democracia”, sin decir ni mu sobre el régimen represivo imperante en Colombia, autoritario y antidemocrático.

Gómez Martínez, Enrique (52 años). Heredero de la personería jurídica del Movimiento de Salvación Nacional, fundado por su tío, el senador Álvaro Gómez Hurtado. Aprovecha la oportunidad para irrigar el veneno típico de la ultraderecha goda, esa que lideró su abuelo, el tristemente recordado Laureano Gómez Castro, uno de los actores impunes de la oscura y tenebrosa época de La Violencia en Colombia (años cuarenta y cincuenta del Siglo XX). Se suma a la lista de los candidatos de derecha y extrema derecha cuya única misión estratégica es oponerse a la urgente necesidad de cambios estructurales en Colombia. No participa en coaliciones.

Gutiérrez, Federico (47 años). Ex alcalde de Medellín al que le apuestan no pocos sectores de la derecha y la extrema derecha uribista en la consulta presidencial, pues lo ven como su carta para los comicios del 29 de mayo. Quiere aparecer como tecnócrata, aunque ni para eso le alcanza. Conocedor del lastre terrible del uribismo, se inscribió en la coalición de la derecha (Equipo por Colombia) con el aval de Creemos Colombia, aunque se sabe que añora el respaldo del señor del Ubérrimo. Su campaña se ha limitado a atacar a Gustavo Petro, sin responder por su gestión en la Alcaldía de Medellín. Gris personaje del establecimiento, que puede resultar otro fusible si emerge la urgencia de nuevos acuerdos de la derecha para evitar el desastre electoral que se prevé para el campo del establecimiento oligárquico.

Hernández Rodolfo (76 años). Grotesco personaje de la ultraderecha colombiana, admirador del criminal Adolfo Hitler, basa su campaña en críticas a la corrupción, aunque él mismo tiene investigaciones encima derivadas del tiempo en que fue alcalde de Bucaramanga. Se fundamenta en la ramplonería y en el trato soez frente a cualquier crítica ciudadana. Pero es ese comportamiento amenazante, de insultos y bofetadas el que más les gusta a algunos sectores atrasados de la población, inmersos en la subcultura de “la ley del más fuerte y el más macho”. Su desconocimiento del país es abrumador, hasta el punto de que no sabe cuáles son los departamentos de la Colombia que aspira a gobernar. Dice que no irá a plaza pública y que se limitará a las redes sociales. Aparte de Hitler, al parecer se mira en los espejos de personajes como Trump, Bolsonaro, Bukele y Uribe, a quien le agradece su amistad, porque cree que el autoritarismo dictatorial será su norte. Se inscribió como aspirante de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción y no participa de coaliciones.

Lizarazo, Aydee (57 años). Desconocida pastora del movimiento cristiano Mira, partido político religioso que instrumentaliza las lealtades de iglesia y que se ha convertido en otra estructura del partidismo oligárquico colombiano. Hace parte del oscuro gobierno de Iván Duque y votó a favor de la represión que éste desató contra el pueblo en el Paro Nacional de 2021. Compite sin ninguna opción en la Coalición Equipo por Colombia.

Márquez, Francia (39 años). Premio nobel alternativo del medio ambiente (Premio Goldman Prize de 2018) por sus luchas en contra de la minería ilegal y en defensa de las comunidades ancestrales del departamento del Cauca, de donde es oriunda (municipio de Suárez). Fue representante del Consejo Comunitario de La Toma. En la campaña electoral su aceptación ha crecido entre sectores alternativos y juveniles por sus posiciones críticas frente al establecimiento y en relación con reclamos de equidad de género y étnico. Coincide con Petro en la necesidad de sacar al país de la economía dependiente de la explotación del carbón y del petróleo. Inscribió su candidatura en la Consulta del Pacto Histórico con el aval del Polo Democrático Alternativo, partido que se ha mostrado muy activo en el respaldo a su campaña.

Murillo, Luis Gilberto (55 años). Ex ministro del Medio Ambiente de Juan Manuel Santos, fue también gobernador del departamento del Chocó en dos ocasiones, la segunda de ellas con el aval de nadie menos que del partido Cambio Radical… Inscribió su candidatura a la Presidencia de la República en 2022 con aval del movimiento Colombia Renaciente, luego de que en la Coalición Centro Esperanza le interpusieran obstáculos para su inclusión en esa consulta, como fue su solicitud en primera instancia. Es ingeniero de Minas con estudios cursados en Moscú. No se le augura una votación promisoria, y probablemente termine del lado del candidato que surja de la consulta del centro político, a pesar de todo lo ocurrido.

Peñalosa, Enrique (67 años). Ex alcalde de Bogotá que en vez de dar continuidad a los estudios del metro para una metrópoli de casi diez millones de habitantes como es la capital del país, engavetó los estudios del sistema subterráneo y se la jugó por llenar de buses y terminales la ciudad. Satisfacía así el meganegocio de los monopolios del transporte y los neumáticos y contribuía a romper la arquitectura vial de la ciudad. Además, enamorado del cemento, convirtió parques llenos de frondosos árboles en plazas de adoquines y piedras. Hace parte de la rancia oligarquía santafereña que se cree de “mejor familia” y posa de adalid de la anticorrupción. Pero eso sí, ante la falta de seguidores y de voluntad política, en vez de recoger firmas para inscribir su candidatura, recurrió a otro de los partidos politiqueros y clientelistas más desprestigiados del país, el Partido de la U. Ahí le quedó la coherencia… Del discurso a los hechos hay mucho trecho. Hace parte de la Coalición Equipo por Colombia, en la que guardó total silencio frente a las graves denuncias formuladas por Aída Merlano contra su compañero de alianza, Alejandro Char. Peñalosa es otro político de la élite que mangonea al país que llega al final de su carrera política untado de lo que tanto criticaba.

Pérez, Luis (70 años). Alcalde de Medellín en 2002, cuando se llevó a cabo por parte del gobierno de Álvaro Uribe la nefasta Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, que derivó en una masacre y en violación masiva de derechos humanos, hechos que permanecen en la impunidad. Pérez hace parte de las viejas estructuras politiqueras y clientelistas del Partido Liberal que se han turnado los mandatos con otros toldos de la oligarquía tradicional, sin afectar el mangoneo del uribismo en Medellín y en Antioquia, departamento del cual Pérez fue también gobernador. Además, siempre ha fungido como mandadero de César Gaviria Trujillo, el jefe del viejo liberalismo. Inscribió su candidatura por firmas.

Petro, Gustavo (61 años). Luchador contra el paramilitarismo y la corrupción en Colombia. A él se debe, en gran medida, el destape en el Congreso de la República, cuando fue representante a la Cámara, de las más importantes denuncias por la connivencia de políticos, agentes del Estado y Álvaro Uribe con el paramilitarismo. Son memorables sus debates sobre estos fenómenos, especialmente el del caso de Eudaldo Díaz, alcalde de El Roble, Sucre (perteneciente al movimiento Vía Alterna, el movimiento político de Petro en la época), asesinado luego de que denunciara en un consejo comunitario presidido por Uribe las amenazas recibidas de los paramilitares de la zona. Otro caso memorable es el de sus denuncias contra el Cartel de la Contratación en Bogotá. Economista, amplio conocedor y difusor de la historia de Colombia, la que explica en las plazas que colma con multitudes, Petro formula propuestas audaces, innovadoras en procura de su objetivo estratégico: que Colombia sea potencia mundial de la vida, lo cual implica descarbonizar la economía, frenar la dependencia del petróleo, conservar el medio ambiente y efectuar reformas fundamentales en salud, educación y empleo, para lo cual se la jugó con listas cerradas al Congreso en todo el país, pues solo con mayoría en el Legislativo podría llevar adelante sus iniciativas. Llama la atención su propuesta de construcción de una gigantesca red férrea para unir a Buenaventura con los puertos del Atlántico, y su ataque frontal al hambre que ensombrece hoy la coyuntura de Colombia. Se le critica su acercamiento con personajes de la política liberal como César Gaviria y sus desenfoques en la caracterización negativa de los procesos políticos de la República Bolivariana de Venezuela y de Nicaragua, aunque ha anticipado que en su mandato reanudará relaciones con la patria de Bolívar. Sus denuncias sobre el robo por parte del títere de EE.UU. Juan Guaidó de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, regalada por Iván Duque al agente del imperio gringo en desarrollo de la nefasta política exterior del régimen uribista, ha sido esclarecedora. Petro lidera todas las encuestas, empezando por las de su Coalición Pacto Histórico. Se inscribió con el aval de Colombia Humana-UP.

Robledo, Jorge (72 años). Durante varios períodos, congresista del Moir, un partido de origen maoísta que nació en 1960 y que a lo largo de los tiempos se ha ido desplazando hacia la centro-derecha y se ha caracterizado por su obsesión de dividir todo espacio político en el que participa. Así ocurrió en los años setenta del Siglo XX con la Unión Nacional de Oposición, UNO, y con la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, Cstc, organizaciones a las que dividió con encono, comportamiento que se refleja en la actualidad como su sino histórico. Robledo fue elegido congresista en representación del Polo Democrático Alternativo, federación de partidos y grupos de izquierda y de centro fundado en 2005 que fue escindido por petición, de nuevo, del Moir, que procedió a fundar el partido Dignidad, con el aval del cual Robledo inscribió su precandidatura en la Coalición Centro Esperanza. La división, pues, ha sido la norma de conducta de este extraño agrupamiento que antes se creía de izquierda, y ahora se limita a defender al empresariado nacional y a cuestionar los TLC, abriendo espacio a algunas pocas figuras de lo que denominan “la burguesía nacional” con las cuales diseña alianzas, que presenta como si fueran pomposos frentes amplios. Recientemente, Robledo sorprendió respondiendo en un debate televisivo que en Colombia si había democracia. Olvidó el congresista los más de 80 jóvenes asesinados por la represión ordenada por el régimen de Iván Duque en el Paro Nacional, o los 6.402 falsos positivos (crímenes de Estado) cometidos por el régimen uribista, o la protuberante antidemocracia derivada de la corrupción electoral que llevó al gobierno a Duque, y un largo rosario de ejemplos. Todo indica que las elecciones del 13 de marzo marcarán un punto de inflexión para Robledo y su grupo, el otrora Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, Moir.

Rodríguez, Jhon Milton (52 años). Aunque su candidatura fue revocada por un fallo del Consejo Nacional Electoral, luego de demanda interpuesta por un directivo del partido Colombia Justa Libres, quien argumentó procedimientos antidemocráticos en su escogencia, Rodríguez ha insistido en que su aspiración presidencial continúa. Es uno de los candidatos cristianos de extrema derecha en esta lid electoral. Su trabajo legislativo no se conoce y siempre ha estado del lado del régimen de Iván Duque. Fue de los senadores que respaldó la brutal represión del gobierno contra los manifestantes en el Paro Nacional de 2021 al negar la moción de censura al Ministro del Interior, una decisión que fue repudiada por la juventud del barrio Siloé en Cali, uno de los más golpeados por las actuaciones del gobierno entre abril y junio del año pasado. En redes circularon de manera profusa las expresiones de rechazo de jóvenes cuando Rodríguez estuvo en ese barrio haciendo proselitismo, ante lo cual fue increpado y expulsado del sector. No participa de ninguna coalición.

Romero, Camilo (45 años). Recordado por haber impulsado en Cali, en su época de estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, el movimiento contestatario Tienen Huevo, y por haber liderado tal vez las únicas protestas de alumnos de esa institución privada en Cali levantando reivindicaciones estudiantiles en la década de los años noventa y principios de dos mil. Fue uno de los primeros periodistas colombianos en hacer parte del cuerpo de redactores del Canal Multiestatal Telesur, con sede central en Caracas, donde orientó su Unidad Investigativa en 2006. Fue también gobernador del departamento de Nariño. En el marco de la Coalición Pacto Histórico se ha destacado por el énfasis en los asuntos relacionados con el medio ambiente y la defensa de los animales. Llegó con el aval de Verdes por el Cambio.

Saade, Alfredo. Representante de un sector importante de la población, el de los cristianos, y quien contribuye también a dejar en evidencia dentro de la Coalición Pacto Histórico la participación de la diversidad en materia de creencias. Saade ha sorprendido porque, aunque muchas de sus concepciones no compaginan con las que profesa la mayoría dentro del Pacto (en relación con asuntos como el aborto, la eutanasia, la creencia en un ser superior, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción monoparental, etc.), se ha ganado el respeto de sus competidores intra coalición y ha aportado en los debates en la perspectiva de la pluralidad conceptual, con una identidad estratégica: la lucha por el cambio de sociedad. Saade se inscribió con el aval de Alianza Democrática Amplia, ADA, y en su lucha política impulsa el Movimiento Cristiano Progresista Levántate.

Uriana, Arelis (46 años). Una de las pocas mujeres en la campaña presidencial, representa a las comunidades indígenas, pues pertenece al pueblo wayú, en el marco de la diversidad que caracteriza a la Coalición Pacto Histórico. Fue inscrita con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais. En los debates ha puesto de relieve la terrible discriminación a la que el Estado colombiano somete a las comunidades originarias, de manera especial las del departamento de La Guajira, de donde ella es oriunda.

Zuluaga, Óscar Iván (63 años). Disminuido personaje de reciclaje del uribismo, en la lid por la presidencia desde 2014, fracasado en su candidatura frente a Juan Manuel Santos. Aspirante de la extrema derecha que se ganó la candidatura del denominado Centro Democrático en una muy cuestionada encuesta, elaborada luego de que en la Coalición Equipo por Colombia lo rechazaron, no porque no se identifiquen con sus tesis neoliberales, sino por oportunismo electoral, ante el enorme desprestigio del expresidente de los falsos positivos, jefe de Zuluaga. En realidad, el pobre Zuluaga no es más que un fusible que seguramente se fundirá en los procesos de negociación entre los partidos de la derecha en la búsqueda de enfrentar a Gustavo Petro. Además, aunque lo absolvieron, la sombra de Odebrecht no lo abandona.

Cali, viernes 11 de marzo de 2022.

Fuente: HispanTv

 

En Colombia, el precandidato presidencial, Gustavo Petro, sigue consolidando su inminente victoria de cara a las Presidenciales de marzo.

Las encuestas, le dan como ganador en todos los escenarios posibles con más del 15 por ciento de ventaja.

Colombia, va rumbo a las elecciones presidenciales. El próximo 13 de marzo será la primera cita electoral del 2022, en la cual se definirán a los miembros del Congreso. Ese mismo día se podrá votar por tres coaliciones para escoger a los tres candidatos que representarán los distintos sectores políticos que se agruparon para la contienda. Las opciones son Centro Esperanza, Equipo por Colombia y Pacto Histórico, pero es precisamente esa última la que ha liderado todas las encuestas y el actual precandidato, Gustavo Petro, es quien ganaría la consulta, tanto en primera como en segunda vuelta sería el ganador absoluto con más de 15 % de ventaja en casi todos los escenarios y superando a todos los rivales.

Petro, asegura que de llegar a la Casa de Nariño, su primer decreto sería anunciar la emergencia económica. El candidato de la izquierda, además, critica la violencia que está azotando su país.

Sin embargo, el partido oficialista de Centro Democrático, ha decidido ir sin formar coaliciones a la primera vuelta. Su precandidato, Óscar Iván Zuluaga, formalizó a la economista Alicia Eugenia Silva, como su compañera en la fórmula a la Vicepresidencia.

La primera vuelta de las presidenciales será el 29 de mayo. Y en caso de ser necesaria, una segunda ronda se celebraría el 19 de junio.

Fuente: TeleSur

La JEP detalló que en el 2021 se cometieron 93 masacres, siendo el año con mayor número de incidentes de este tipo en Colombia.

La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) indicó el viernes que el 2021 ha sido el año más violento en el país suramericano desde la firma del acuerdo de paz en 2016.

Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP el pasado año se registraron 329 muertes violentas en el marco del conflicto armado en el país. Del total 24 corresponden a civiles y 89 a miembros de la fuerza pública.

La UAI detalló que en el 2021 se cometieron 93 masacres, siendo el año con mayor número de incidentes de este tipo en Colombia.

De acuerdo a la Unidad adscrita a la JEP para el 2017 contabilizaron 19 masacres; en 2018 fueron 26; en 2019 la cifra llegó a 21 y 2020 representó un crecimiento crítico hasta sumar 71.

En cuanto a enfrentamientos entre fuerza pública y grupos armados ilegales, la JEP detalló que el pasado año se reportaron 228 combates y 134 hostigamientos a militares y policías. Además, los grupos armados ilegales reclutaron 89 niños para incorporarlos a sus filas.

Los lugares más afectados por la violencia en Colombia son el departamento de Bolívar y Córdoba en el norte del país; Antioquia, Chocó, Valle del Cauca.

Otras de las entidades afectadas por la violencia son los departamentos del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca, Caquetá, Meta y Putumayo.

La UIA detalla en su información que actualmente existen tres grupos armados ilegales en Colombia entre los que se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país de origen paramilitar.

25 líderes sociales asesinados en lo que va de 2022

En medio de la situación de violencia que atraviesa Colombia, el país reportó en la noche del viernes un nuevo asesinato de un líder social, para sumar 25 desde el inicio del 2022.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó el asesinato del lider social Estiven Loaiza Córdoba en el puerto colombiano de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.

Al momento de su asesinato Loaiza pertenecía a la Asociación de Comerciantes de Buenaventura y era uno de los organizadores una marcha contra la violencia para el próximo 24 de febrero en el puerto colombiano.

Según Indepaz, Estiven Loaiza fue asesinado por desconocidos momentos antes de ingresar a su vivienda en una zona de la ciudad de Buenaventura.

Loaiza era reconocido en Buenaventura por hacer parta de algunas organizaciones sociales, políticas y empresariales.

Los familiares del activista pidieron a las autoridades que se adelanten las investigaciones y que puedan conocer quiénes fueron los responsables del asesinato y cuáles fueron los motivos que los llevaron a quitarle la vida.

La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta para el municipio de Buenaventura en relación a la continuidad e incremento de la violación a los Derechos Humanos mediante la consumación de varios hechos victimizantes como amenazas y reclutamientos de menores de edad.

De acuerdo a Indepaz desde la firma del acuerdo de paz en 2016 han sido asesinados 1.311 líderes y defensores de derechos humanos.

Fuente: Tercera

 

 

En lo que va de 2022 Indepaz ha identificado 21 asesinatos de líderes sociales, cuatro a excombatientes y 19 masacres.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó ayer jueves sobre el asesinato de cuatro personas en el municipio de Arauquita, departamento colombiano de Arauca, lo que constituye la decimonovena masacre del año en esa nación.

Hasta el momento, las autoridades locales pertinentes no han podido identificar a las víctimas, las cuales fueron interceptadas por un grupo armado en el momento en el que se transportaban en camioneta.

La Defensoría del Pueblo de Colombia había emitido una alerta temprana para los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame.

Indepaz también señaló que esta alerta temprana tiene un seguimiento de actualización del riesgo publicado en diciembre del 2020, por el cual se suscribe que “las medidas tomadas en protección de los derechos de las comunidades y sus líderes son insuficientes y no obedecen a las particularidades de su territorio”.

La organización aseguró que, por este insuficiente accionar de las autoridades pertinentes, los líderes sociales de la región han reafirmado que se mantiene la sensación de inseguridad.

En lo que va de 2022, Indepaz ha identificado 21 asesinatos de líderes sociales, 19 masacres, cuatro excombatientes muertos, más de 210 homicidios selectivos, cerca de cien amenazas de muerte, más de medio centenar de intentos de homicidio, y cerca de 30 episodios de hostigamiento, entre otros flagelos de este tipo.

Por: Luis Alfonso Mena S.

Sin pedir permiso, el pueblo derrota al uribismo en las calles.

¿“Construir democracia” con César Gaviria? ¿El que apoyó la elección de Iván Duque?, ¿el que abrió el camino del neoliberalismo en su presidencia de 1990?, ¿el que dirige un partido que en el Congreso respaldó la infame represión del régimen uribista contra el pueblo en el Paro Nacional?, ¿el que preside un partido de corruptos y burócratas parasitarios?

La lista de interrogantes es larga. Una cosa son las bases liberales, y otra, personajes de la oligarquía violenta y corrupta que se han robado el país a lo largo de toda la historia nacional.

En Cali vivimos la más brutal represión contra el pueblo que participaba en el Paro Nacional, la misma que les costó la vida a 48 personas, muchachos y muchachas de las barriadas populares. En los demás municipios del Valle del Cauca fueron 18 los jóvenes asesinados. Y en todo el país, más de 80. Miles fueron heridos, torturados, desaparecidos y detenidos.

¿Alguno de esos “jerarcas liberales”, tipo César Gaviria, se pronunció contra la masacre?, ¿alguna vez levantaron su voz contra el genocidio que cometía a la vista de todo el mundo el régimen de Duque que Gaviria y muchos “jefes liberales” ayudaron a elegir?

Resulta vergonzoso que ahora algunos desenfocados pidan “la llegada” de César Gaviria al Pacto Histórico, sólo porque este desacreditado negociante de la política criolla dirige un partido que supuestamente tiene dos millones de votos “determinantes”.

¿La misma historia de Hernando Echeverri Mejía en 1974, que luego traicionó a la Unión Nacional de Oposición, UNO? ¿La misma historia de “líderes liberales” a la cola de los cuales siempre ha estado la izquierda? Si nos encontramos en una nueva coyuntura histórica, a la ofensiva, ¿por qué reciclar sujetos nefastos para la cultura política del país como Gaviria, quien llegaría con su banda de secuaces, encabezados por Luis Pérez, el alcalde de Medellín cuando ocurrió la espantosa masacre uribista en la Comuna 13 de la capital de Antioquia? Definitivamente, algunos no aprenden de la historia.

¿Para derrotar al uribismo y al neofascismo en Colombia necesitamos de “la llegada” de César Gaviria? ¡Qué absurdo! ¿Es que no se han dado cuenta de que el pueblo ya lo está derrotando en las calles? En cada municipio al que el sátrapa Uribe Vélez llega recibe la sanción moral, ética y popular de la gente que, de manera espontánea, consciente y masiva, sigue sus recorridos al grito de: “¡Asesino, asesino, asesino! ¡Fuera, fuera, fuera!”.

Y para ese ejercicio de justicia social ante la impunidad reinante en el armario de la “justicia” del Estado oligárquico, el pueblo no ha necesitado del permiso de nadie, y mucho menos del de César Gaviria. Al neofascismo lo enfrentó el pueblo en las calles de Cali, del Valle del Cauca, de Colombia en el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021. Y lo seguirá haciendo sin que tenga que recurrir a cómplices de la tragedia patria, como el mercachifle de Pereira.

Con todo el respeto por los osos: recibir el respaldo de César Gaviria sería un terrible y fatal abrazo de oso.

Fuente: TeleSur

 

Con los dos nuevos asesinatos, Colombia llega a 19 homicidios de lideres y lideresas sociales en lo corrido del 2022.

La espiral de violencia y asesinatos en Colombia no cesa, en la noche del viernes el el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó el homicidio de dos líderes sociales en el país suramericano.

Indepaz señaló que el líder social Víctor Manuel Pacheco, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bruselas, municipio de Fortul, en el departamento de Arauca, fue ultimado por presuntos sicarios que llegaron a su finca.

La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta para el departamento de Arauca y los municipios de Saravena, Arauquita y Fortul, en la cual señala constantes ataques contra miembros de la fuerza pública, sus instalaciones.

También advirtió de operaciones policiales y del Ejército que en la mayoría de casos afecta a la población civil en el marco de la lucha contra bandas criminales y grupos armados, que generan graves afectaciones a los derechos humanos.

Horas antes Indepaz reportó el asesinato del líder social Efrén Ramos, quien era fiscal de la Junta de Acción comunal de la zona conocida como El Basal en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo.

Indepaz reseñó que Ramos fue asesinado en medio de una masacre en esa área, en la cual murieron otros dos jóvenes que, según las autoridades, sus cuerpos presentaban signos de torturas.

Con el asesinato de Pacheco y Ramos, según cifras de Indepaz, en lo corrido de 2022 han asesinado 19 líderes y lideresas sociales en Colombia.

El instituto destacó que los departamentos de Arauca y Cauca han sido los donde más líderes han sido asesinados en tan solo un mes y tres días.

Con respecto al año pasado, Indepaz contabilizó 171 asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

Fuente: RT

 

La gran mayoría de los desplazados han sido víctimas de amenazas por parte de grupos armados irregulares.

Un total de 72.300 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en Colombia entre enero y noviembre de 2021, reseña la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en su más reciente informe de «Impacto y tendencias humanitarias».

De acuerdo con el estudio, los desplazamientos se dieron en el marco de 159 emergencias masivas. La cifra representa un incremento de 62 % en el número de eventos y de 196 % en la cantidad de personas desplazadas, en comparación con el mismo periodo de 2020, cuando fueron reportadas 24.469 víctimas, lo que al incluir diciembre de ese año totalizó 26.291.

El reporte de la OCHA indica que del total de personas afectadas por los desplazamientos, al menos 39.400 (54 %) son afrodescendientes, 12.848 (18 %) son niños y niñas, 11.113 (15 %) son indígenas y 5.200 (7 %) son mujeres.

Según el informe, las causas de los desplazamientos masivos se vinculan principalmente (33 %) a situaciones de amenaza por parte de Grupos Armados No Estatales (GANE), que recurren a panfletos, llamadas y otros métodos para atemorizar a la población.

Adicionalmente, los enfrentamientos entre los GANE generan 24 % de los desplazamientos, mientras otro 9 % se da por su hostigamiento. La situación se hace más crítica porque del total de afectados, apenas 26 % (19.229  personas) ha podido volver a sus lugares de origen, en su mayoría sin conseguir garantías de seguridad.

Esa coyuntura ha hecho que 53.159 personas se mantengan en condición de desplazados y con necesidades fundamentales, como falta de alojamiento, seguridad alimentaria, salud, agua, saneamiento, higiene y protección. Solo en noviembre, al menos 6.000 personas se vieron obligadas a desplazarse en 19 emergencias humanitarias. Nariño fue el departamento más afectado, con 3.000 casos.

Otra forma de agresión: amenazas y confinamientos forzados

De acuerdo a registros de la OCHA, en los 11 meses analizados de 2021, otras 57.700 personas fueron forzadas a confinarse ante la presencia y el accionar armado de los GANE. A este dato, además, deben sumarse diversas restricciones a la movilidad y de acceso a bienes y servicios básicos, impuestas por los grupos irregulares, que han afectado a otras 57.500 personas.

Según el informe, 32 % de las emergencias por confinamiento forzado fueron determinadas por amenazas directas de los GANE contra la población, que buscan imponer «control social» en zonas estratégicas para sus actividades económicas ilícitas. Otro 18 % se originó por enfrentamientos armados que dejan a la población civil en medio del fuego cruzado.

También influye la colocación y «contaminación» de los territorios con minas antipersonas y municiones sin explotar, sobre todo en comunidades de los departamentos de Antioquia y Chocó. Las poblaciones más afectadas por estos casos son la indígena, con 45.100 (78 % del total reportado); la afrodescendiente, con 10.400 víctimas (18 %); niños, con 1.373 (2 %); y mujeres, con 774 (1%).

Ataques y efectos de la violencia armada

La OCHA detalla en su estudio que entre enero y noviembre de 2021 recibió reportes de más de 2.200 ataques en contra de la población civil, y que en su mayoría los lugares afectados coinciden con los municipios con mayor ocurrencia de desplazamientos forzados. Además, durante el período analizado, los ataques en contra de la población han aumentado 36 % en comparación con 2020.

A esto se debe agregar que durante esos 11 meses se registraron al menos 99 incidentes (43 % más que en 2020) en los que la población sufrió restricciones de acceso a la ayuda humanitaria, incluyendo ataques directos contra misiones e infraestructura dedicas a esos fines.

El estudio señala que más de 239.000 personas han sido afectadas por eventos de violencia armada, 17.400 han recibido amenazas directas y más de 1.600 han sido blanco de «homicidios violentos, entre otros hechos victimizantes».

La violencia en Colombia, precisa el informe, tiene mayor incidencia en los departamentos ubicados en la región Pacífico y en las zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela.

En la lista destacan los departamentos de Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Caquetá y Meta, zonas que además concentran el 75 % de los homicidios perpetrados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por su parte, el Norte de Santander, Sucre y Magdalena puntean en amenazas contra la población.

Finalmente, y en comparación con 2020, la OCHA registró durante esos 11 meses de 2021 un incremento de 36 % en acciones armadas de las GANE que —concluye el análisis— «tienen un impacto humanitario directo sobre la población civil», a pesar de que no siempre causan emergencias de carácter masivo como son los desplazamientos y confinamientos forzados.

Fuente: Hispan Tv

 

El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, lamenta que Colombia sea ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) el portavoz de EE.UU. en defensa del golpismo.

Félix Plasencia saludó el sábado la participación del representante de Colombia en la XXII reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Celac, si bien deploró que solo haya acudido para defender los intereses de Estados Unidos.

“Entendemos que haya ido a ejercer su triste papel de portavoz de EEUU en defensa del golpismo reinante en la OEA [la Organización de los Estados Americanos]”, denunció el jefe de la Diplomacia venezolana, en una serie de mensajes emitidos en Twitter.

Plasencia llamó a Bogotá de denunciarse a sí misma en el lugar de atacar a sus vecinos por “tantas violaciones a los DD.HH. cometidas en 2021 por parte del desgobierno de Iván “masacre” Duque, cuyo único legado será haber torpedeado los Acuerdos de Paz”, aseveró.

De esa forma, el canciller venezolano reaccionó a las declaraciones de la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, María Carmelina Londoño, en las que criticó el viernes los “silencios oportunistas” de la Celac ante las violaciones de los derechos humanos en “tres países” integrantes de la organización.

Caracas denuncia los complots entre Washington y Bogotá para derrocar el Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, bajo el pretexto de “restaurar la democracia y el Estado de derecho” en Venezuela.

Colombia critica a Venezuela, mientras el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó 92 masacres en Colombia durante el 2021. En total, 168 líderes sociales han sido asesinados durante el año que se acerca a su fin.

Por Renán Vega Cantor

 

“¡Nos están matando, que lo sepa el mundo!” -Consigna coreada durante el Paro Nacional de 2021

 

El Estado y las clases dominantes de Colombia, que constituyen el bloque de poder contrainsurgente, se han valido de una serie de falacias para ocultar el carácter terroristadel Estado en este país, consolidado como tal desde hace décadas. La primera de las falacias, repetida hasta el cansancio, se autocomplace señalando que Colombia es una sociedad democrática donde existe un Estado social de derecho lo cual, además, estaría ratificado por la Constitución de 1991. En esa misma dirección se afirma que la democracia colombiana es estable, de vieja data, y no ha sufrido los embates antidemocráticos del “populismo” (léase de izquierda). Se sostiene que en este país existe una separación de poderes, libertad de prensa, respeto a las libertades individuales, todo posible por la preservación irrestricta de la propiedad privada.

En segundo lugar, se señala que las fuerzas militares han sido respetuosas del orden constitucional y han enfrentado múltiples guerras de las que han salido victoriosas. Esta falacia ha cobrado fuerza en los últimos cinco años a raíz de la firma del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. A esto se agrega que esas fuerzas armadas son pulcras y, como institución, están formadas por mártires que sacrifican su vida por preservar los bienes de los colombianos y, cuando mucho, en su interior han existido unas cuantas manzanas podridas que se han desviado y han cometido crímenes o se han aliado con paramilitares y asesinos, pero esas son acciones aisladas e individuales que no comprometen a la entidad castrense, que siempre ha respetado los derechos humanos. Incluso, de los miembros de esas fuerzas militares, en una campaña oficial que circula a lo largo y ancho del país, se dice que “los héroes si existen” y que son ellos.

Estas falacias, entre muchas otras, han sido la carta de presentación del Estado colombiano ante el resto del mundo y han sido efectivas, porque a nivel internacional se les asumía como ciertas. Y hablamos en pasado, porque si alguna importancia han tenido los acontecimientos de este 2021 que termina, radica en que este año se hizo visible ante la faz del mundo el terrorismo de Estado a la colombiana.

Una cosa es que se haya hecho visible y otra cosa es que no existiera. El terrorismo de Estado no surgió de repente en este 2021, puesto que ha sido una práctica recurrente en los últimos 75 años, como lo hemos soportado en forma directa o indirecta de múltiples maneras (asesinatos, desapariciones, torturas, bombardeos, expulsión de población, conversión de sectores sociales, étnicos y políticos en enemigos internos, anticomunismo abierto y disfrazado, persecución judicial, linchamiento mediático por los grandes poderes de la desinformación, exilio…), pero eso nunca adquirió relieve ante la retina de la mayoría de la sociedad colombiana y, mucho menos, fue visto fuera del país. Algunas de esas prácticas terroristas no solo han sido legitimadas por sectores de la sociedad colombiana (los “colombianos de bien”), sus intelectuales, sus periodistas a sueldo, sino que las denuncias que se hacían sobre ese terrorismo de Estado quedaban circunscritas a determinados activistas y militantes políticos, dentro y fuera del país.

En ciertas ocasiones de los últimos años algunas de esas prácticas terroristas (asesinato de sindicalistas, “falsos positivos” ‒denominación creada a propósito para ocultar la magnitud de los asesinatos de Estado) fueron denunciadas y sobre las mismas se ha adquirido cierto conocimiento entre sectores de la opinión pública de Europa. Pero estas prácticas genocidas no siempre han sido analizadas como la manifestación del terrorismo de Estado, considerado de manera estructural e inscritas en un conjunto de doctrinas y prácticas contrainsurgentes, que son permanentes, sistemáticas, propias de la lógica de la doctrina de la seguridad nacional, el anticomunismo y el enemigo interno, forjadas en Estados Unidos y asumidas plenamente por el bloque de poder contrainsurgente en Colombia.

El terrorismo de Estado en este país ha sido tan “exitoso” que se ha convertido en un servicio de exportación, porque la policía y el ejército colombianos capacitan (es decir, enseñan su experticia en prácticas terroristas encubiertas con la retórica de la seguridad) a más de quince estados en el mundo. También otra variable que indica el “éxito reconocido” de esas prácticas terroristas es la exportación de mercenarios (civiles y militares) a distintos lugares del mundo, algo que también se hizo visible en este 2021 con el asesinato del presidente de Haití, tema del que hablamos más abajo.

Lo que ha sucedido en este 2021 resquebraja las falacias erigidas y ha desnudado el carácter terrorista del Estado colombiano, como se muestra con dos acontecimientos que examinamos brevemente: el paro nacional y el asesinato del presidente de Haití.

El paro nacional

El 2021 ha sido el año del extraordinario paro nacional, la protesta social más importante en toda la historia colombiana por su duración, extensión geográfica y la diversidad de sectores sociales que participaron. Este paro estalló por razones de larga, mediana y corta duración. En lo inmediato fue resultado de la acumulación de agravios durante el 2020, por el confinamiento, la represión del régimen del subpresidente Iván Duque y porque el manejo de la pandemia mostró la dimensión de la desigualdad y la injusticia existentes en el país. Como factor represivo el antecedente inmediato fue la masacre del 9 y 10 de septiembre de 2020 en las calles de Bogotá y Soacha, cuando la policía masacró a 13 personas, entre ellas un ciudadano venezolano. Esa protesta se cerró brutalmente, con la legitimación que le proporcionó el subpresidente quien se disfrazó de policía y se hizo presente en uno de los CAI (Centro de Atención [Asesinato] Inmediato) que había sido atacado por la multitud enardecida.

En el mediano plazo el paro se inscribe en un ciclo amplio de protesta que se remite a lo acontecido en el país en los últimos diez años, y en el que han participado diversos sectores sociales, aunque con movilizaciones particulares en la mayor parte de los casos. Dentro de esas protestas se destacan la movilización de estudiantes (La Mane en 2011, 2017 y 2018), de campesinos (Paro Agrario de 2013), de indígenas (diversas mingas y paros regionales en el sur del país) y un primer intento general de paro (noviembre de 2019), que fue aplazado por la irrupción de la pandemia. Esta inconformidad, latente en diversos sectores de la población, ha estado relacionada con el impacto del neoliberalismo y la firma de tratados leoninos de libre comercio, cuyas consecuencias directas las vive y siente la población que ha soportado empeoramiento de sus condiciones de existencia. En el largo plazo, el paro se relaciona con grandes movimientos urbanos de protesta que se han dado en Colombia, y sobre los cuales puede tomarse como punto de partida ‒no porque haya sido el primero, sino el más significativo‒ la insurrección popular a nivel nacional el 9 de abril de 1948, Y señalamos este hito, porque el paro del 2021 ha sido predominantemente urbano, una característica que debe ser destacada, porque esa variable explica en gran medida la visibilización del terrorismo de Estado.

La brutal respuesta estatal a la justa y legitima protesta de sectores plebeyos del mundo urbano ha evidenciado dos cosas. De una parte, las miserias y desigualdades de las ciudades, grandes y pequeñas, de Colombia, en donde se reproduce la desigualdad estructural existente entre campo y ciudad, en la que una exigua minoría vive como es sus guetos urbanos invertidos (para ricos), como si habitara en los barrios opulentos de las ciudades del primer mundo, mientras millones de colombianos sobreviven en medio de la espantosa miseria, precarización laboral, desempleo, informalidad y rebusque diario. De otra parte, esa desigualdad se mantiene y reproduce, entre otras razones, con la fuerza bruta del Estado colombiano, cuya presencia en las zonas más pobres del país, incluyendo las ciudades, se reduce a los batallones militares, estaciones de policía, CAIs… sin que tenga presencia social, porque no hay ni hospitales, ni escuelas, ni parques, ni empresas estatales que brinden empleo y ayuden a la población.

La represión ha sido el pan cotidiano en las zonas pobres del país, incluyendo sus ciudades, que significa que, sobre todo, los jóvenes de ambos sexos sufran el acoso, la persecución, la estigmatización, la violencia sexual… No obstante, hasta el Paro predominaba una imagen dominante de esa violencia estatal y paraestatal (puesto que recurre a grupos y sicarios paramilitares para “limpiar” los barrios de “gentes indeseables”): era marginal y, en alguna medida, se justificaba entre las clases medias del mundo urbano como necesaria para contener la inseguridad, o para enfrentar al movimiento insurgente en las zonas agrarias.

Hasta antes del estallido del paro se pensaba que el Estado colombiano solo era represor de la insurgencia en el campo, pero se suponía que las fuerzas militares eran unas mansas palomas en las ciudades, donde no se vivía lo que soportan diariamente los campesinos, que están sometidos a la dictadura de las fuerzas militares y sus émulos paramilitares. Antes del paro, muchos colombianos de las clases medias urbanas pensaban que la violencia institucional era algo marginal y distante, porque se habían acostumbrado a ver nuestra guerra por televisión. Los bombardeos, masacres, torturas, violaciones, desapariciones… aparecían como lejanos y aceptables para muchos de esos sectores, como el costo que debían pagar los que se revelaban con las armas en la mano. Pero, ni en las curvas, imaginaban que algo de eso pudiera verse en las ciudades. Y repetimos, no es que eso no se viviera en las ciudades, sino que eso lo soportaban los pobres en sus barrios y eso tenía poco interés para los habitantes de barrios de clase media y para los ricos y poderosos sencillamente no existía y no importaba.

Pero hete aquí, que comienza el paro y de inmediato emerge nítida la represión estatal, utilizando los mismos mecanismos del terrorismo oficial que siempre ha usado en Colombia. Y esos mecanismos de represión se hacen más visibles en la medida en que el paro se radicaliza y profundiza. Al final, la represión deja un saldo de uno 80 colombianos asesinados a mansalva por las balas del Estado colombiano. Hay centenares de heridos, decenas de desaparecidos, fueron violadas una veintena de mujeres. En los barrios de ricos aparecen civiles armados que, protegidos por la policía, le disparan a la gente y esos mismos individuos se presentan como la expresión genuina de los “colombianos de bien” que actúan para defender sus intereses de esos intrusos, indios, negros y pobres, que osaron mancillar sus lujosos barrios.

Los medios de desinformación mienten, como es su costumbre, sobre lo que está sucediendo, pero esta vez a diferencia de lo ocurrido siempre, quedan en ridículo y se descubren sus mentiras, porque emergen canales de comunicación populares y, a través, de celulares y redes sociales se difunden fotos y videos sobre la criminalidad oficial y el genocidio en marcha.

Esos mensajes nos muestran que en nuestro país se replican los métodos israelitas de represión, con el uso de armas letales en manifestaciones, el empleo de helicópteros en los barrios de pueblos y ciudades para balear a la gente, el disparo a mansalva a la cara de quienes protestan (muy al estilo chileno e israelí) para causarles daño y dejarlos ciegos.

En Colombia sucedió un poco lo del célebre cuento del escritor guatemalteco Augusto Monterroso que dice “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. En efecto, gran parte del país despertó y el terrorismo de Estado seguía allí, nunca se había ido, lo que pasaba es que no se le había querido mirar, en una especie de disonancia cognitiva de tipo colectivo. Ahora, se le veía cara a cara, y no solo dentro de Colombia, sino fuera del país. Hasta el punto de que un organismo tan inane y parcializado a favor de los grandes poderes, como es la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en un estudio dado a conocer hace dos semanas declaró:

“entre el 28 de abril y el 31 de julio de este año recibió denuncias de 63 personas muertas durante las movilizaciones de protesta que comenzaron a finales de abril con el Paro Nacional. El 76% de las muertes se debieron a heridas de bala. […]  Además, hubo individuos armados que atacaron a los manifestantes, a veces con armas de fuego, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad.

A las muertes documentadas se suman reportes de 60 casos de violencia sexual presuntamente a manos de la policía. Hasta el momento, la ONU ha verificado 16.

El informe dedica un renglón aparte a la criminalización y estigmatización de los manifestantes, a menudo a través de los medios de comunicación, a quienes se relaciona con actos vandálicos o actos de terrorismo.

La Oficina también manifiesta preocupación por las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas que han documentado los acontecimientos”. [Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/12/1501462]

Qué hasta la Oficina dirigida por Michelle Bachelet, que antes había justificado el Terrorismo de Estado en Colombia, haya hecho este tipo de declaraciones pone de presente la manera como se ha erosionado a nivel internacional la imagen de la supuesta democracia colombiana. Y la imagen que va quedando es la que se ajusta a la realidad que sufrimos la mayor parte de los colombianos que habitamos en este país: un régimen terrorista, contrainsurgente, que recurre a todos los métodos (militares, judiciales, mediáticos…) para mantener las desigualdades y privilegios de una minoría insignificante, cuyos representantes son los mismos que en el ámbito político gobiernan a este país desde hace doscientos años.

Pero, como en el caso del Estado terrorista de Israel, el colombiano no se le queda atrás y no solo niega los señalamientos de la ONU, sino que, además, dice que esa instancia interviene en política y con su condena mancilla el honor de prestigiosas instituciones nacionales (como serían la policía, el Esmad y las fuerzas armadas) a las cuales exalta como ejemplo de patriotismo. Por esta vía de rechazo y negacionismo hay una confirmación del terrorismo de Estado que ha salido a la luz pública en este 2021.

“No están matando” fue el mensaje sintético con el que se denunció a nivel internacional el Terrorismo de Estado colombiano. Y ese mensaje, como no había sucedido en la historia reciente de nuestro país, caló en diversos ámbitos fuera de Colombia y fue amplificado en distintos escenarios deportivos, artísticos, diplomáticos durante el 2021. Una clara seña de que el terrorismo de Estado colombiano empezó a ser afrontado fuera de nuestras fronteras, lo cual puede considerarse como un importante avance, en términos de clarificación política.

Asesinato del presidente de Haití

El 7 de julio de 2021 fue asesinado en su residencia Jovenel Moïse, el presidente de Haití. Los asesinos materiales formaban parte de un comando transnacional de mercenarios. Inmediatamente se conoció del crimen comenzó a circular la noticia a nivel mundial, siendo el hecho más destacado el de la composición de ese grupo de mercenarios, la mayor parte de nacionalidad colombiana Esa era la primera sorpresa del hecho, y la segunda que no se trataba de cualquier tipo de mercenarios, sino que muchos de ellos habían pertenecido al Ejército Nacional de Colombia.

Desde luego, no fue la primera vez ni tampoco será la última en que militares colombianos se alistan para realizar una operación de terrorismo internacional, porque eso lo vienen haciendo desde hace varios años, en la medida en que la experticia contrainsurgente y criminal de los cuerpos armados del Estado colombiano ha sido valorado de manera positiva en el mercado internacional de los mercenarios, alentado por diversos países del mundo, empezando por los Estados Unidos.

A pesar de esos antecedentes de sicariato organizado, el caso de Haití mostró ante el mundo el carácter de las fuerzas represivas del Estado colombiano, porque eso mismo que ellos le hicieron al Presidente de Haití, con todo el sadismo del caso (recurriendo a la tortura, por ejemplo) es lo que realizan con absoluta impunidad en nuestro país desde hace 75 años en campos y ciudades, como se ratificó durante el Paro Nacional.

Unos cuantos datos son reveladores del comportamiento y características de esas fuerzas militares: algunos de los mercenarios que participaron en el crimen del presidente de Haití habían sido condecorados por sus grandes logros contrainsurgentes en Colombia, e incluso uno de los que fue abatido había recibido honores por sus hechos de guerra [Ver foto adjunta]. Otro de los milicos-mercenarios estaba siendo investigado por su responsabilidad directa en los crímenes estatales que se conocen como “falsos positivos” y otro es primo hermano de Rafael Guarín, Consejero de Seguridad del gobierno del subpresidente Iván Duque. Estos datos ponen de presente el nexo entre el Estado colombiano, sus fuerzas armadas, el mercenarismo internacional y el crimen de un presidente del continente. Todo ello es una puesta en escena del terrorismo internacional a la colombiana, que se hizo visible para ciertos sectores de nuestro continente y del mundo.

Esas dos características, que los mercenarios fueran colombianos y militares suscita preguntas de fondo: ¿Por qué militares colombianos participaron en el asesinato de un presidente en ejercicio? ¿Qué relación guarda la formación contrainsurgente del ejército colombiano con este tipo de crímenes? ¿Qué dice Estados Unidos de su participación en este crimen, si se tiene en cuenta que en la Escuela de las Américas se prepararon siete de los militares colombianos que asesinaron al presidente de Haití? ¿Entre las grandes cosas que enseñan los Estados Unidos en esa escuela del crimen oficial, acaso no se instruye en cómo dar golpes de Estado y matar presidentes? ¿Qué vínculos existen entre el Estado colombiano y los organizadores intelectuales de ese crimen, cuando se sabe que uno de ellos, residente en Miami, el venezolano Antonio Intriago, aparece en una foto con Iván Duque cuando este último estaba en campaña electoral?

Los nexos se hacen más sospechosos al tener conocimiento de los múltiples planes organizados desde Colombia (como el de la Operación Gedeón) para matar al presidente Venezolano y al saber que uno de los organizadores del magnicidio de Jovenel Moïse es un venezolano, radicado en Miami y dueño de CTU Security, una empresa de mercenarios. Para completar, existen muchas pruebas, incluyendo fotografías, que demuestra los nexos entre Antonio Enmanuel Intriago, propietario de la empresa radicada en Miami que contrató a los mercenarios que asesinaron al presidente de Haití, con altos mandos del uribismo, que controla al Estado colombiano.

Con todos estos elementos, y muchos otros que apenas se conocen, no queda duda de que el Terrorismo de Estado que se ha impuesto en Colombia ya no opera solamente a nivel interno, sino que se ha convertido en una exportación no tradicional del país, como lo atestigua el crimen del presidente de Haití, uno de los hechos más vergonzosos del 2021, donde fue clara la participación directa de mercenarios de las fuerzas armadas del Estado colombiano, adiestradas en los Estados Unidos. Eso ya no se puede ocultar, por mucho que la Revista Semana haya tratado de limpiar la cara de los sicarios del Ejército colombiano, a quienes incluso, como claro ejemplo de la manipulación mediática del mundo al revés del que hablaba Eduardo Galeano, presentan como “víctimas inocentes”, simples turistas.  ¡Sí, los sicarios del ejército colombiano disfrutaban de las playas del Caribe, mientras preparaban el crimen del presidente del país más pobre del continente!

Ni las peores manipulaciones mediáticas podrán negar jamás este crimen, al que está vinculado directamente el terrorismo de Estado Made in Colombia y ahora producto de exportación para desgracia de nuestro país y de nuestra América.