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Colombia

Santos: un problema dentro y fuera de Colombia

21/06/2010 by Vitalio Deja un comentario


Tal y como se esperaba, el candidato del Partido de la U, el oficialista y ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, obtuvo un amplio triunfo electoral sobre su antagonista en la segunda vuelta, el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus.

Santos ya anunció en la campaña electoral que se propone profundizar aun más la lucha contra la insurgencia de las FARC, ofreciendo también recomponer la relación con sus países vecinos, una campaña frontal contra el desempleo que afecta a cerca del 12 por ciento (%) de los colombianos en edad de trabajar, reducir la pobreza y mejorar la cobertura de salud, el acceso a la educación y no incrementar la carga tributaria.

¿Quién es Juan Manuel Santos?
Nacido el 10 de agosto de 1951, es parte de la influyente familia Santos, siendo nieto del prestigioso periodista Enrique Santos Montejo. Su tío abuelo, Eduardo Santos Montejo, quien fuera dueño del diario El Tiempo, ejerció la presidencia de Colombia entre 1938 y 1942. De igual manera, es primo hermano del hasta ahora vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón.

Estudió Economía en la Universidad de Kansas y en el London School of Economics, así como Periodismo en Harvard.

Su primera aparición en la vida pública fue cuando ingresó a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en 1972, representando a Colombia durante nueve años ante la Organización Internacional del Café en Londres. Posteriormente y tras desempeñarse como periodista, Juan Manuel Santos se enredó en las filas del Partido Liberal, pasando a ser ministro de Comercio Exterior durante el mandato de César Gaviria en 1991. En 1993 es elegido por el Senado como el último Designado a la Presidencia de la República, figura que fue transformada en la Constitución de 1991 como la de Vicepresidente. Entre 1995 y 1997, formó parte del triunvirato que gobernó el Partido Liberal, retirándose para presentar su pre candidatura a la presidencia de Colombia, hecho que no llegó a materializarse. En el año 2000, el presidente conservador Andrés Pastrana lo nombra ministro de Hacienda y Crédito Público.

En el 2004 se retira del Partido Liberal, lanzándose a apoyar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, siendo uno de los organizadores del Partido de la U en el 2005. En julio de 2006, Uribe lo designa ministro de Defensa Nacional, cartera de la que es titular hasta el año 2009, cuando abandona el cargo para asumir la candidatura a la Presidencia por el Partido de la U.

En su gestión como ministro de Defensa, Santos, con la ayuda de las agencias de seguridad estadounidenses, logra dar certeros golpes a las FARC, tales como las muertes del líder guerrillero Miltón Sierra Gómez, alías “Jota Jota“[1], en junio de 2007; el jefe guerrillero Tomás Medina Caracas, alías “el Negro Acacio“[2], en septiembre del 2007; del Comandante Gustavo Rueda, alías “Martín Caballero“[3], en octubre de 2007; el segundo comandante en rango de las FARC, el Comandante Luís Edgar Devia Silva, alías “Raúl Reyes“[4], en marzo de 2008; la desmovilización de la guerrillera Nelly Ávila Moreno, alías “Karina“[5], en mayo del 2008; y la liberación de Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y once militares y policías secuestrados en la llamada Operación Jaque[6], en julio del 2008.

En 2007, el líder paramilitar Salvatore Mancuso declaró en una audiencia que, en 1997, Santos había planeado derrocar al entonces presidente Ernesto Samper. Mancuso también dio datos sobre las vinculaciones del vicepresidente y Juan Manuel Santos con los grupos paramilitares. Ya iniciada la campaña electoral, Mancuso volvió a denunciar esto a través de un teleconferencia desde la cárcel de Washington, donde está desde 2008, cuando el gobierno colombiano lo extraditó a EE UU. Según Mancuso, Santos fue a los campamentos de los paramilitares para pedir respaldo al golpe contra Samper, y reunirse con el que en aquel momento era el líder máximo de los “paras”, Carlos Castaño.

¿Quién pasó durante la campaña?
La aparición en el escenario político del excéntrico filósofo y matemático Antanas Mockus, quien tuvo éxitos notables en su gestión como alcalde de Bogotá entre los años 1995-1998 y 2001-2004, acompañado como número dos por el también exitoso ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo (2004-2007), hizo que el escenario electoral colombiano diese un vuelco inesperado. Esta candidatura tomó fuerza tras el primer debate presidencial a finales del mes de abril, en el que el académico de origen lituano arrolló a sus dos principales oponentes, Juan Manuel Santos y Naomí Sanín, representante del Partido Conservador. En aquel momento se hablaba de empate técnico.

Sin embargo, Mockus no comprendió que para ganar al oficialismo debía convertirse en una alternativa clara al uribismo. Mockús, quien se disputaba una franja importante de votos en el electorado uribista, fue reacio a la confrontación total con el oficialismo y se mantuvo tibio en sus críticas tanto al modelo económico como al modelo militar y de seguridad interna desarrollado por Álvaro Uribe. Tal era el distanciamiento que Mockus y su Partido Verde querían plasmar con la izquierda, que ignoró el ofrecimiento de un acuerdo programático con el Polo Democrático Alternativo, situación que hubiese asegurado al aspirante presidencial, más de un millón de votos provenientes de la izquierda -el Polo tras la negativa de Mockus, llamó al voto en blanco-.

Durante la campaña, Mockus no cuestionó la estrategia de resolución militar del conflicto con la insurgencia desarrollada durante las dos últimas legislaturas con la política de seguridad democrática y tampoco el fortalecimiento de la llamada “confianza inversionista”, basada en seguir la senda de las privatizaciones y la continuidad económica de la política uribista, llegando incluso durante la campaña a exonerar de responsabilidades a Uribe y Santos sobre los “falsos positivos“[7].

En la práctica, Mockus ha sido el justificador de un proceso electoral con graves carencias democráticas, que ha permitido a Juan Manuel Santos, legitimarse como futuro presidente de Colombia.

Situación económica de Colombia
Desde el año 2002 hasta el 2006, Colombia entró en un ciclo expansivo de la economía debido a las favorables condiciones internacionales las cuales permitieron a su economía obtener un buen rendimiento en su balanza comercial, fruto del aumento de la demanda internacional por productos primarios, lo cual generó un incremento de los precios de las materias primas a nivel global. Aumentaron tanto la cantidad como el precio de sus exportaciones alcanzándose una buena tasa de crecimiento económico.

Paralelamente, el crecimiento económico desarrollado por los países receptores de migrantes colombianos permitió un aumento de las remesas enviadas a Colombia, lo que provocó a su vez, un aumento de la demanda agregada por vía del consumo y la inversión, lográndose así un mayor nivel en el PIB colombiano.

Sin embargo, la crisis hipotecaria en Estados Unidos, que ocasionó una crisis económica global, fue un importante factor de afectación a la economía colombiana.

Debido a la contracción económica de las potencias mundiales se generó un incremento masivo del desempleo en estos países, fenómeno que ocasionó la disminución de las remesas enviadas a Colombia, lo cual contrajo sustancialmente el consumo nacional. Otros de los efectos de la crisis internacional fue la reducción de las exportaciones colombianas ya que Estados Unidos y Venezuela que son dos de los principales socios comerciales de Colombia están experimentado una situación delicada a nivel económico. En el caso de Venezuela, la situación se vio agudizada por unas problemáticas relaciones diplomáticas entre ambos países y el cierre de fronteras. En 2008, el PIB colombiano se redujo el 1 %, mientras en el 2009, el país andino reportó un crecimiento de su economía de 0.4 %.

El déficit del gobierno central en Colombia para 2009 fue de 4,1 % del PIB, frente a 2,3 % del PIB registrado en 2008, según cifras oficiales. En tanto, el déficit del sector público consolidado fue de 2,7 % del PIB en 2009, frente a 0,1 % de 2008.

De igual manera, en el mercado laboral la oferta de trabajo continuó creciendo por encima de la demanda por empleo, hecho que se ha reflejado en un aumento continuo de la tasa de desempleo.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), indicó en el mes de abril que la tasa de desempleo llegó al 12,2 %, la más alta para ese mes desde 2004. Esto significa que hay 2.668.000 personas que están buscando trabajo y no lo encuentran.

Según el informe de la Misión de Empleo, Desigualdad y Pobreza en Colombia, el 45,5 % de los colombianos vive en la pobreza y el 16,4 % en la pobreza extrema. En Colombia se considera que un hogar está en condición de pobreza cuando, estando conformado por cuatro personas, tiene ingresos inferiores a un millón 100 mil pesos mensuales. En cuanto a la indigencia (pobreza extrema), se hace referencia a los hogares que no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos, que en el país se estima que cuesta 450 mil pesos para cuatro integrantes.

Para el PNUD, las metas del Gobierno, frente al tema, que eran de cifras de pobreza del 28 % en 2015, no será posible cumplirlas, considerando que 48 de cada 100 colombianos seguirán pobres en el 2011.

Santos se ha comprometido a crear más de 2,5 millones de empleos y formalizar otro millón. Para esto, según lo ha dicho, continuará con la política de subsidios y exenciones tributarias para los empresarios. En su criterio, esa es la única vía para disminuir la pobreza.

Sin embargo, el discurso de continuidad de Santos visualiza una paradoja, dado que en los años anteriores donde se refleja crecimiento de la pobreza, es precisamente cuando el Gobierno anunció crecimientos altos de la economía.

Comparada con 2005, la pobreza bajó 4,3 puntos, mientras que la pobreza extrema o indigencia aumentó 2,1 puntos, lo cual demuestra que dicho crecimiento no repercutió en los más pobres, dado que el crecimiento promedio de la economía en esos tres años fue de 5,6 %, con un pico excepcional de 7,5 % en 2007.

Si bien, aunque 48 de cada 100 colombianos siguen viviendo en la pobreza, si nos fijamos en los sectores rurales el cuadro es aún más inquietante: el 65 % de colombianos que habitan las zonas rurales viven en parámetros de pobreza, al paso que los pobres que viven en las ciudades son 39 de cada cien. Es decir, la brecha de pobreza entre lo urbano y lo rural sigue ampliándose.

Si bien ha habido alguna mejoría entre los indicadores de pobreza y de indigencia que prevalecían en 2002 y los que aparecen en 2008, no es menos cierto que la situación es preocupante. El país desaprovechó tristemente los años de vacas gordas (2002-2007), que fueron años de alto crecimiento económico, de abundante inversión nacional y extranjera, de comercio internacional robusto y de altos precios en los productos básicos, para haber construido una sociedad más justa y más equitativa. El crecimiento sólo se vio reflejado en los sectores más ricos, siendo la política económica uribista un claro ejemplo de cómo no hacer hecho nada por reducir la concentración de la riqueza en un país en vías de desarrollo.

La desaceleración de la economía, trajo consigo incremento de la desocupación y el deterioro de la calidad del trabajo, lo cual incidió negativamente en el comportamiento de la pobreza y de la pobreza extrema, y reforzó la concentración del ingreso.

El resultado de todo esto, es que más de 20 millones de personas viven en la pobreza en Colombia y más de 8 en la indigencia, lo que significa que 28 millones de personas no tienen los recursos suficientes para disfrutar de una viva digna en el país.

Desde que en el año 2002 el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, tomase el poder del Estado, la pobreza se ha mantenido entre el 53 y el 57 %, superando la tasa del 60 % en el último período.

La progresiva reducción del gasto social y el constante aumento del presupuesto militar, el cual ya supera el 14 % del presupuesto colombiano -triplicando lo destinado a la educación-, son algunas de las razones del aumento de la pobreza.

El futuro de los Derechos Humanos en Colombia
La crisis de los Derechos Humanos en Colombia no ha tenido las manifestaciones externas de las dictaduras militares existentes en la región en décadas pasadas; pero se ha alimentado de las mismas prácticas en la comisión de crímenes de lesa humanidad: torturas, ejecuciones extrajudicales, desapariciones forzadas y genocidio.

Según el Informe anual de la Alta Comisionada de las NNUU para los Derechos Humanos en su apartado Colombia (2009), viene a indicar un mejoramiento de la seguridad en los últimos años y la disminución en la tasa de homicidio en algunas ciudades, como por ejemplo Medellín. Sin embargo hace hincapié, en el aumento del número de intimidaciones y amenazas de muerte contra jóvenes y defensores de derechos humanos, entre otros, la expansión de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares y el incremento de la violencia que éstos ejercen contra la población.

En 2009 se hizo público que el DAS, entidad de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República, había estado desarrollando, por lo menos desde 2003 y de manera generalizada y sistemática, una serie de actividades ilegales dirigidas contra, entre otros, defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y altos funcionarios del Gobierno, como el vicepresidente. Además, según información publicada en los medios de comunicación, incluso los magistrados de la Corte Suprema fueron objeto de vigilancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un Relator Especial de las Naciones Unidas y la Oficina en Colombia fueron también objeto de vigilancia. Estas acciones, en muchos casos, tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas, a quienes se consideraba “blancos legítimos” por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales.

Las amenazas y asesinatos contra sindicalistas[8], periodistas, personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, y contra quienes promueven sus derechos, son motivo de especial preocupación. También preocupa la situación de quienes defienden derechos etnoterritoriales de comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas.

Los cánticos belicistas de Juan Manuel Santos, hacen prever un incremento del número de desplazados colombianos. Un informe presentado en mayo de 2009 por el Centro de Control de Desplazamientos Internos (IDMC, por su sigla en inglés) señala que la población desplazada en Colombia por la violencia alcanzó en 2008 los 4,3 millones de personas. A efectos de desplazamiento externo, se estima en el Ecuador un número entre 135 y 170 mil refugiados colombianos.

Relaciones con los países vecinos
En cuanto a su política exterior, el nuevo Gobierno promete convertir en su bandera la lucha por los derechos humanos y transformar las fronteras en polos de desarrollo económico y social.

Sin embargo, la política desarrollada por el uribismo hasta ahora ha sido todo lo contrario. En la parte colombiana de la frontera con Ecuador, carece de políticas adecuadas y controles fronterizos, dado que la lógica militar aplicada en la zona, se basa en incursiones desde posiciones militares más al interior, forzando de esta manera a que los grupos irregulares que operan en la zona, penetren en territorio ecuatoriano durante los escarceos con el Ejército. La fuerte campaña internacional provocada por la presidencia colombiana tras el bombardeo al campamento de Agostura[9], hizo que el gobierno de Rafael Correa reforzase el control fronterizo y rechazase las incursiones insurgentes sobre territorio ecuatoriano. En la práctica, Uribe logró que Ecuador aplicase la política del “yunque y el martillo“, término empleado para definir una estrategia militar basada en incursiones militares desde el interior a los territorios selváticos de la frontera con Ecuador, sin mantener posiciones fijas en el territorio y sin control fronterizo por parte colombiana, a la vez que desde las posiciones ecuatorianas se rechazan militarmente las penetraciones guerrilleras. A final, Uribe consiguió que Ecuador interviniese en el conflicto interno colombiano.

A pesar de esta situación y el proceso en curso de recomposición de relaciones diplomáticas entre los dos países, Juan Manuel Santos está imputado en un juicio por parte de las autoridades judiciales competentes en el Ecuador, por ser el autor intelectual de los sucesos de Angostura.

De igual manera, la República Bolivariana de Venezuela ha denunciado una infinidad de veces, la presencia de paramilitares colombianos en su territorio, así como determinadas operaciones del DAS dentro de su país. Los niveles de tensión vividos entre ambos países en diferentes momentos de estos últimos dos años, hacen presagiar que durante el mandato de Santos, sea difícil y compleja la relación entre ambos países.

La presencia de la siete bases estadounidenses en territorio Colombia, convirtiéndose la Base Aérea de Palanquero, en una plataforma desde donde poder situar unidades militares estadounidenses en cualquier rincón del territorio latinoamericano en apenas 72 horas, generan una enorme inquietud en los países de la UNASUR, y especialmente en Venezuela.

El mero hecho de que Juan Manuel Santos ha hecho gala de su orgullo, al ser declarada Colombia como el Israel de Latinoamérica por parte de algunos analistas latinoamericanos, siembra un duda y resquemores profundos en los países de su entorno, incluido Brasil.

Álvaro Uribe, el presidente saliente
El 7 de agosto Álvaro Uribe dejará de ser presidente de Colombia.

Su historia pública se remonta a 1977, cuando tras ser funcionario público y ocupar diversos cargos en su provincia de Antioquia, es nombrado secretario del Ministerio de Trabajo con el presidente Alfonso López Michelsen, y director del Departamento de Aeronáutica Civil entre 1980-1982, bajo la presidencia de Julio César Turbay Ayala.

Ya en el Departamento de Aeronáutica Civil (Aerocivil), aparecen las primeras vinculaciones de Uribe con el narcotráfico. El 1981, Uribe le concede una licencia a Jaime Cardona[10] con el fin que trabajara la ruta aérea Medellín-Turbo. De igual manera, otorgó licencias para la construcción de aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi y Urrao, y en la hacienda “El 90“, en Caucasia, propiedad, otra vez, de Jaime Cardona.

Un año después de que Uribe dejará su responsabilidad en la Aerocivil, el Consejo Nacional de Estupefacientes, ordenó a la esta institución “suspender los vuelos de naves de narcotraficantes” y señaló que en el pasado esa entidad había adolecido de una actitud pasiva y negligente. El 8 de septiembre de 1983, el diario El Tiempo[11] informaba sobre la medida: “El Consejo Nacional de Estupefacientes solicitó ayer a la Aeronáutica Civil suspender la operación aérea de la flota de aviones, helicópteros y avionetas de propiedad de Pablo Escobar[12] y Carlos Lehder[13]”.

El padre de Álvaro Uribe, Alberto Uribe, estuvo vinculado a Fabio Escobar -padre de Pablo Escobar- y Fabián Ochoa[14]. Alberto Uribe falleció en un enfrentamiento con las FARC, en su finca de Guacharacas. En ese enfrentamiento fue herido Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, al que se intentó transladar al hospital de Medellín en un helicóptero propiedad de Pablo Escobar, y para el cual el permiso de vuelo fue otorgado previa petición del aun actual presidente colombiano.

Elegido alcalde de Medellín en 1982, concejal en 1984 y 1988, ejerció como senador de 1986 a 1994 y fue vocero del sector del PL más inclinado al empleo de la fuerza para acabar con la guerrilla. En su época como gobernador de Antioquia (1995-1997), quedan documentados contactos con paramilitares que combatían en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Con su proyecto de “Estado comunitario“, defendió una estrategia de rearme e implicación de los civiles en la lucha antisubversiva. Promovió a las asociaciones privadas de seguridad, agrupadas en el programa Convivir, que cometieron innumerables violaciones de los derechos humanos antes de ser proscritas.

Posteriormente se sumó a la campaña del candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa, pero discrepó en cuanto a la estrategia antiguerrillera, rompiendo con el partido y presentando su candidatura a las elecciones como independiente.

Con un discurso enérgico y prometiendo una lucha implacable contra el terror, su proyecto de “seguridad democrática” y resistencia civil se impuso en la campaña electoral de 2002.

Su creciente popularidad se fraguó en el descrédito a cualquier intento de una solución política o negociada del conflicto y al dualismo tradicional y oligárquico de liberales y conservadores. Uribe se forjó una imagen de firmeza, insistiendo en la necesidad de restablecer la autoridad del Estado, y se distanció de los otros candidatos al no oponerse a la llegada de tropas extranjeras para combatir el narcotráfico, como corolario del multimillonario Plan Colombia y al permiso para la utilización de al menos siete bases militares en territorio colombiano por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

A pesar de los vínculos de Uribe con el narcotráfico, a pesar de los escándalos como los más de dos mil casos de “falsos positivos“, las decenas de denuncias presentadas por violación de derechos humanos, los más de medio centenar de parlamentarios uribistas en la cárcel o procesados por la parapolítica, el espionaje telefónico del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia colombiana), la compra de votos a la vista del público para cambiar la Constitución, la adjudicación de notarías a cambio de apoyo parlamentario y la “Yildis-política“, entre otros, el actual presidente colombiano llega al final de su mandado con el 70% de apoyo popular.

El futuro de Uribe, tras abandonar la presidencia de Colombia está por ver, pero la perdida de inmunidad, así como las diversas acusaciones que se vierten sobre él, tanto en el ámbito de sus relaciones con el paramilitarismo y la parapolítica, así como en lo referente a violaciones de Derechos Humanos, pueden hacer de este personaje un nuevo Noriega a la colombiana.

Notas:
[1] El jefe del Frente Urbano “Manuel Cepeda Vargas” de las FARC.

[2] Líder del Frente 16 de las FARC, fue considerado por la policía como el principal jefe del negocio de las drogas y la compra de armas de esa guerrilla. Estaba reclamado por jueces de los Estados Unidos y tenía 17 órdenes de captura pendientes.

[3] Uno de los mitos de las FARC. Durante más de 11 años dirigió el Frente 37 de las FARC y mantuvo secuestrado seis años al que posteriormente fue canciller colombiano, Fernando Araújo. 

[4] Asesinado junto a 21 guerrilleros más mientras dormían en un campamento clandestino en territorio ecuatoriano. La violación de soberanía a territorio ecuatoriano, conllevó la ruptura de relaciones entre ambos países.

[5] Considerada por la policía como la jefa del frente número 47 de las FARC, se acogió junto con su compañero y su hija a las medidas de reinserción para insurgentes.

[6] Las FARC fueron engañadas para que entregaran a sus 15 secuestrados con mayor significado político a agentes de inteligencia en lo que se especula fue el rescate de rehenes más “limpio” en la historia.

[7] El escándalo de los “falsos positivos” es como se conoce a las revelaciones hechas a finales del año 2008 que involucran a miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate.

[8] El Programa Presidencial para los Derechos Humanos registró de enero a octubre del 2009, 27 homicidios de sindicalistas, 14 de ellos maestros. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reportó 37 homicidios, que incluyeron 4 mujeres, durante el mismo período.

[9] En la madrugada del 1 de marzo de 2008, fuerzas militares y policiales colombianas invadieron territorio ecuatoriano para llevar a cabo la Operación Fénix, que conllevó el asesinato mientras dormían de 22 guerrilleros de las FARC, entre los que destacaba el Comandante Raúl Reyes. A pesar de la violación de la soberanía del Ecuador, el gobierno colombiano posicionó fuertemente en los medios internacionales una supuesta relación entre las FARC y el gobierno de Rafael Correa.

[10] Jaime Cardona tenía antecedentes por narcotráfico y lavado de activos desde el año de 1977 y era considerado en ese entonces como el segundo hombre de la organización de Medellín. Fue capturado en una finca situada en Cáceres, corregimiento del municipio de Caucasia, a dos horas de Medellín, y durante el operativo fueron encontrados 530 Kg. de cocaína que acababan de llegar a bordo de una avioneta procedente de San José del Guaviare.

[11] El Tiempo: Principal diario colombiano y el único de circulación nacional en Colombia, de propiedad mayoritaria de la familia Santos Calderón, dos de cuyos miembros, son Francisco “Pacho” y Juan Manuel Santos Calderón, primos entre sí, uno vicepresidente actual de Colombia, y el segundo presidente electo.

[12] Pablo Escobar Gaviria, “El Patrón“: Principal líder del crimen organizado colombiano asociado al narcotráfico, agrupado en el denominado “Cartel de Medellín“. Dado de baja en Medellín, durante un operativo de la Policía, el 2 de diciembre de 1993.

[13] Carlos Lehder Rivas: Narcotraficante colombo-alemán, nacido en Armenia (Quindío) y asociado al “Cartel de Medellín“. En 1987 fue capturado por las autoridades colombianas y de inmediato se le extraditó a los Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por narcotráfico y lavado de activos. Su condena inicial a cadena perpetua más 135 años, fue reducida a 55 años por su testimonio en contra del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega.

[14] Jefe del Clan Ochoa, asociado al Clan Medellín.

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Narcopolítica, el secreto de las elecciones colombianas

02/06/2010 by maestro Deja un comentario

El candidato del presidente, del Partido de la U, Juan Manuel Santos, a quien las encuestas daban un 37,5% de las preferencias, sacó casi diez puntos más. Y  Germán Vargas, de Cambio Radical, prácticamente triplicó el 3,8% que le daban las encuestas. Nada salió como preveían las encuestadoras más serias y los expertos multiplican las interpretaciones. Pero no he visto una que incluya lo que quizás sea la clave de los resultados inesperados: la narcopolítica.

Hace unos meses, Rafael García Torres, el exjefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el órgano de seguridad del gobierno colombiano, explicó en detalle como el narcotráfico y los paramilitares se adueñaron de la vida política en Colombia.

García Torres, parte de ese engranaje, huyó al sentir que su vida corría peligro. Pero, en su huída, habló largo y detalladamente.

Desde 1999 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que agrupa a paramilitares y grupos de narcotraficantes, “hicieron alianzas con políticos tradicionales de sus áreas de influencia, con el fin de apoderarse paulatinamente de la administración pública”, aseguró.

Los efectos de esa alianza se hicieron sentir rápidamente.

“Para la elecciones legislativas del año 2002, celebradas en marzo, las Autodefensas lograron apoderarse de aproximadamente 40% de las curules del congreso”, afirma García Torres. Y agrega: “De no haber sido por el apoyo paramilitar, Álvaro Uribe no habría obtenido esta victoria en primera vuelta”, en las elecciones de ese año.

La historia vuelve ahora a repetirse. En las elecciones parlamentarias de marzo, los sectores uribistas lograron un cómodo triunfo. El Partido de la U, de los seguidores del presidente Álvaro Uribe, alcnazaron 25% de los votos, y los conservadores, aliados suyos, casi 21%, en unas elecciones en las que participaron apenas 44% de los inscritos.

 “Las elecciones legislativas del pasado 14 de marzo son las más viciadas en una larga historia de fraudes y anomalías electorales en Colombia. Los resultados y el triunfo de la abstención, dejan importantes lecciones y alertas que no deben pasar desapercibida, dijo la escritora colombiana Maureén Maya.

Pero eso no es lo más grave. Citando a comentaristas colombianos, Maya agregó que, en esas elecciones “fueron elegidos 22 senadores que están en las investigaciones de la ‘parapolítica’ o son herederos de quienes están presos o condenados por estos delitos: 8 del partido de ‘la U’, 7 en el PIN, 5 en el Partido Conservador, 1 en Cambio Radical y 1 en el Partido Liberal. La influencia en la Cámara de Representantes es aún más grande…”

El PIN, un partido creado con reconocidos miembros de la narco y la parapolítica, logró un millón de votos en esas elecciones parlamentarias, lo que le valió 8 curules en el senado y 11 en la Cámara de Representantes.

Los nombres son bien conocidos y, en Colombia, cuando no hay quórum en el congreso, dice, en broma, que vayan a sesionar a la cárcel de La Picota. Ahí siempre hay quórum, porque senadores, diputados, ministros, embajadores, militares, los parientes más cercanos al presidente Uribe, incluyendo su hermano y un primo hermano, exsenador, están bajo investigación judicial o condenados por los crímenes de la parapolítca.

“En la primera administración de Álvaro Uribe (2002-2006) la burocracia, es decir los cargos y entidades, fueron distribuidos entre los congresistas recién elegidos que habían apoyado su candidatura. Esto dio como resultado que los cargos se distribuyeron entre los diferentes bloques de las autodefensas, puesto que esos congresistas, en su inmensa mayoría, le debían el haber conseguido esa curul en el congreso al apoyo paramilitar”, afirmó García Torres en sus declaraciones.

En ese escenario, se celebraron el pasado 30 de mayo las elecciones presidenciales. Uribe no pudo competir, porque la Corte Constitucional rechazó su pretensión de convocar un plebiscito que le permitiera aspirar a un tercer mandato.

Nuevamente, ganó su candidato. Nuevamente votó apenas la mitad de los electores. Y el resultado no dejó de sorprender. Las encuestas, todas, daban un virtual empate entre el uribista Juan Manuel Santos, exministro de Defensa, y Antanas Mockus, exrector universitario y exalcalde de Bogotá, pero los resultados le dieron a Santos más del 46% de los votos, y apenas 21% de Mockus. Ambos irán a una segunda vuelta, que confirmará el triunfo de Santos.

“El establecimiento creó  un candidato como Mockus para legitimar elecciones. Sabemos que fue ficticio y mediático su crecimiento”, dijo la senadora Piedad Córdoba, para explicar el resultado electoral.

Colombia seguirá sometida a la narcopolítica, en medio de escándalos que no terminan, del descubrimiento de fosas comunes con 2.000 y 3.000 cuerpos de campesinos asesinados por los militares y los paramilitares, con 100 mil (algunos hablan del doble) desaparecidos, con índices de desigualdades sociales y pobreza solo comprables a los peores de América Latina, con una policía acusada de corrupción, de vigilancia y seguimiento a magistrados, periodistas y opositores.

La narcopolítica ha salpicado a todo el gobierno. Ciertamente, por eso, en Colombia se oye, cada vez con mayor frecuencia, que el jefe de todos debería estar sentado en el Tribunal Penal Internacional, acusado de crímenes de genocidio.

Publicado en: Colombia Etiquetado como: Colombia, el secreto de las elecciones colombianasGilberto Lopes, Narcopolítica

En las elecciones del 30 de mayo hay un seguro perdedor: el pueblo colombiano

31/05/2010 by maestro Deja un comentario

Conflicto que ya lleva más de 50 años sin que haya visos de acabar con el mismo, por conveniencias de una burguesía, que es parte y representante de intereses del capitalismo internacional a la cabeza de los EE.UU. 

Conocedores hasta la saciedad de todos los tipos de atropellos y abusos en contra de los más elementales derechos del ser humano, por parte de toda  la serie de gobiernos sirvientes de la oligarquía y la burguesía Colombiana que se han venido perpetuando en el poder  hasta el presente, donde cada días salen a flote con más evidencia las denuncias de masacres y genocidios en masas, desaparecidos, y enterrados en fosas comunes, que pretextando la guerra en contra del “terrorismo” y el narcotráfico  y con  su alcahuete de marco legal, “la  seguridad democrática” de Uribe, imponen su política de terrorismo de estado sin contemplación alguna, en  contra de todo aquel que se atreve a denunciar, rechazar  o resistir, las políticas entreguistas de los gobiernos de turno.

En las próximas elecciones para Presidente y vicepresidente de la República de Colombia que se llevaran a cabo este 30 de mayo, están lidiando más de media docena de candidatos, por  lo que trasciende fuera de sus fronteras, ninguno de los presidenciables ha prometido ni siquiera ha mencionado revisar o acabar con el convenio fraudulento que firmara Uribe sobre la instalación de siete bases  militares norteamericanas en suelo colombiano, mellando  así la soberanía  y dignidad de Colombia. Tampoco ninguno de ellos se pronuncia que revisará la política de la llamada “seguridad democrática”, del narco estado paramilitar de Uribe que le sirve y la usa para implementar los “falsos positivos” en contra de cualquier opositor a su política de entreguismo de los recursos naturales y la dignidad de su pueblo.

No dicen nada sobre la necesidad de respetar la soberanía de otras naciones, especialmente las limítrofes, y más bien algunos de ellos se vanaglorian del acto criminal de haber invadido a Ecuador asesinando a colombianos, violentado todo principio de respeto a la soberanía de otros países, sin  importarles lo que reza el derecho internacional sobre la materia, por que contaron para esa masacre con el apoyo material de los EE.UU. 

Y los más grave aún es que ninguno, incluidos los que el Presidente Chávez los llamó  “la izquierda cobardona”, calificativo con el que me solidarizo plenamente, no solamente no prometen nada sobre los puntos anteriores, sino que no hablan de hacer lo imposible por acabar mediante el diálogo y acuerdos políticos con la guerra que desangra a Colombia menos con el narcotráfico, todos o casi todos prefieren mantener el statu quo, obedeciendo los intereses norteamericanos y de las capas dominantes de Colombia que ven en la guerra y el narcotráfico, un buen negocio y así mismo la continuidad del  fallido “Plan Colombia” ahora llamado “Plan Patriota”, que le sirve a la política imperial de expansión de EE.UU.  como su pista de aterrizaje para sus incursiones punitivas a este y más allá del continente.

No tengo dudas que el Presidente que salga electo de esta contienda electoral será más de lo mismo, no se puede esperar otra cosa en un país donde reina la falta de garantías políticas y se campea el chantaje, el  soborno como el pan de cada día.

Seguro será un gobierno de minorías, nada indica que haya cambiado algo a favor de mejores condiciones para que el pueblo colombiano pueda tener  opciones para elegir a verdaderos representantes de mayorías. Para muestra basta un botón, el año 2006, cuando fue “electo”, Uribe  conforme se demostró después en forma ilegal y fraudulenta, según el Registro Nacional del Estado Civil, los  registrados para esa elección fueron 26.731.700 de ciudadanos y sólo votaron 12.041.737, ciudadanos, cifra de votantes que corresponde al 45.05% de los registrados, o sea que una minoría “eligió” a Uribe, ya que entre otros 4 candidatos que obtuvieron votación Uribe saco el 62 por ciento de esa minoría, o sea algo más de 7.000.000  de votos. Esto  lo sabe el pueblo colombiano y no confía en que este tipo de elecciones vaya a solucionar los álgidos problemas de Colombia.

Los colombianos son conscientes que sólo con su lucha y resistencia y la solidaridad internacional y sin desechar ningún método de lucha, podrán cambiar las condiciones, para  hacer de Colombia una nación que vuelva por la dignidad, el progreso y desarrollo de todos sus ciudadanos, en paz y en consonancia con los tiempos que corren en América latina de cambios profundos, hacia una nueva sociedad.

Por ahora, nuevamente el pueblo colombiano será el principal perdedor en estas elecciones presidenciales en que todos los candidatos hacen lo imposible por demostrar su servilismo a los EE.UU. 

Los hermanos colombianos saben que esta historia no termina aquí, continuara y siempre con la solidaridad internacional, que sigue con mucho celo todos y cada uno de los acontecimientos que suceden en Colombia y que la prensa oficial ya no los puede ocultar. 

(*) José Justiniano Lijerón es ex-dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB)

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¡ Uy Colombia, quién te quitará esa U…!

31/05/2010 by maestro Deja un comentario

Otros votaron por terror,  otros porque les daba lo mismo. Algunos de los que se presentaron se tragaron el sapo que elegirían un presidente que habría de representarlos.

Mientras  se realizaban las votaciones muchos controlaban que las motosierras despedazadoras funcionen como corresponde para que la muerte y el horror mantengan su sitial casi sagrado.

Habrá mucha tarea por delante, ya fue anunciado durante la campaña de este nuevo casi presidente, Juan M. Santos, aliado incondicional de la obra comenzada por un genocida impulsado por otros genocidas con asiento en el norte.

En el día de hoy el mundo supo del nuevo golpe asestado al pueblo colombiano, una leve pero reivindicación al fin,  de la represión, el genocidio, la  tortura, los falsos positivos, los desplazamientos, las desapariciones y la persecución por mencionar algunos de los males que padece ese pueblo al norte del sur.

 

Y hablar de este nuevo casi presidente de Colombia, es mencionar al que proclamó en su campaña “porque apoyar a Chávez es indigno, vote Santos”; a quien se vio involucrado en un escándalo por escuchas ilegales. Quien se desempeñara como ministro de Defensa cuando salió a luz la locura de los Falsos Positivos, de las fosas comunes con cuerpos de desaparecidos previamente reportados como bajas en combates.

El que fuera miembro de la SIP y el que hoy saludó  al pueblo colombiano sintiéndose ya ganador de la segunda vuelta que será el 20 de junio, prometiendo combatir la corrupción y la injusticia, omitiendo que  se trata  de la ejercida por el gobierno del cual forma parte y al que no dejó de agradecerle “todo lo que hizo por el país”.

 

Juan M. Santos  basó su campaña en la continuidad de la política de seguridad democrática y  ostenta orgullo por haber ordenado la violación de Ecuador, el 1º de marzo de 2008, luego de atacar con bombas inteligentes apoyado por los EEUU en la llamada Operación Fénix, en Sucumbíos, causando la muerte de Raúl Reyes y otros guerrilleros, así como de estudiantes universitarios mexicanos y ecuatorianos.

 

Santos, miembro de la narco-para-política colombiana está a un paso de conducir los destinos de Colombia. ¡Qué destino patria hermana!

 

La “democracia” a la colombiana está en marcha, la U de ultraje, U de Uribe que se ufana de  uniformar la teoría del crimen mientras aceita la maquinaria del terror para continuar su tarea. Es indudable que resulta de altísima peligrosidad si en la segunda vuelta de esta farsa electorera la vergüenza se queda en su sitio como hoy estuvo.

 

El partido de la U, continuará siendo la úlcera más triste ungida en las entrañas de un país donde la vida no goza de respeto. Es de esperar que el mundo por fin se de cuenta que hay un aparato del terror que refuerza su atropello sobre un pueblo hermano y que resulta imperiosa la solidaridad internacional para detener tanto genocidio y el avance que llegará hacia pueblos hermanos.

No debemos olvidar que ese aparato representa un peligro para todo el continente, ya que las 7 bases gringas instaladas afilan sus garras contra los gobiernos de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y vendrán por más.

 

Unámonos a los reclamos y denuncias en favor de ese pueblo que históricamente luchó solo, que no se prestó a la farsa que implica la reedición del aparato macabro en funcionamiento y fortalecido por esos monstruos que cruzan en sus pechos bandas presidenciales con los colores patrios, como reafirmación de las bandas paramilitares legitimadas desde ese Estado Terrorista.

 

 

Ingrid Storgen

Mayo 30 de 2010

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Posición de la Consejería de la ACIN frente a las elecciones presidenciales en Colombia

29/05/2010 by maestro Deja un comentario

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN -Cxab Wala Kiwe- sabe lo importante que resulta para el país la próxima elección de presidente de la República. Varias comunidades han pedido a la Consejería Mayor de la ACIN que señalemos los elementos que deben ser tenidos en cuenta en esta coyuntura, marcada por la crisis que vive nuestro instrumento electoral, la ASI. Hemos respondido que se trata de tomar una decisión que nos permita a los sectores populares y a los pueblos indígenas -aunque sea en alguna medida– aproximarnos a nuestro sueño de un país sin dueños para unos pueblos dueños de sí mismos. La decisión no debe agravar nuestra desequilibrio interno, sino ayudar a resolverlo. 

Hemos propuesto a los colombianos y a las colombianas una plataforma de construcción de vida, resumida en la Agenda de la Minga Social y Comunitaria. Es una Agenda simple: echar atrás los TLC, derogar la legislación del despojo (que nos quita derechos y  territorios, y que niega el derecho de la libre determinación), derrotar la política de terror enmascarada de seguridad democrática, cumplir los acuerdos con los pueblos indígenas y el movimiento social. Nada del otro mundo, ni imposible de realizar. Sin embargo, ninguno de los candidatos o candidata presidenciales puede –ni quiere– representar estos planteamientos. No nos sorprende, porque nuestra Agenda de los Pueblos solo la podrán hacer realidad los propios pueblos (como dice uno de sus puntos). Ni lo esperábamos. Pero lo recordamos para que el agite electoral no genere confusión y errores en los mingueros que, como nosotros, se preocupan por el futuro del país. 

Tampoco se le puede pedir a lo electoral más de lo que puede dar. La mayoría de las veces las apuestas electorales son insuficientes, porque las condiciones políticas no permiten avanzar como esperan los pueblos. Eso lo hemos confirmado con las alcaldías indígenas, que casi siempre van por detrás del ritmo de la comunidad. Seguimos participando en esos espacios porque a pesar de lo lentas pueden significar un avance, aunque sea pequeño, y porque cuando se detienen, las propias comunidades las jalan o las empujan para que cumplan sus compromisos. Lo que sí tenemos claro es que no apoyamos ninguna propuesta electoral que signifique retrocesos políticos o desmonte de los derechos sociales conquistados, o que abiertamente se oponga a lo que queremos o necesitamos. 

Ese mismo criterio debemos aplicar en el caso de las próximas elecciones presidenciales. No nos sorprende que ninguno haya incorporado nuestra agenda. Nos extraña sí, que algunos llamen a votar por quienes sin ninguna duda desconocen nuestros derechos, rechazan nuestras decisiones, atacan nuestro proceso político-organizativo o prometen continuar con la guerra y el despojo neoliberal. 

Llamado 

En la actual coyuntura, a la hora de decidir cualquier apoyo a un candidato presidencial, la Consejería Mayor de la ACIN  llama a los comuneros indígenas que decidan participar, a valorar si la  propuesta electoral del respectivo candidato incluye puntos específicos que paren los retrocesos en materia de derechos y detengan la legislación del despojo que impuso Uribe Vélez. Señalamos los más relevantes temas de atención: 

1. ¿Continuidad de la guerra (llamada seguridad democrática) o búsqueda de la paz? Para desgracia del país, ninguno de los candidatos aboga por la paz; se han dejado contagiar del lenguaje y la actitud del actual gobierno, que gana puntos en las encuestas llamando a la guerra y a la muerte. Todos esquivan buscar una solución al conflicto armado; prefieren ganar votos antes que ganar la paz. 

Ningún indígena del Cauca debería votar por quien prometa seguir la guerra, o mantener “lo mejor” de la in-seguridad democrática: esa política nos ha costado en estos 8 años más de 200 indígenas nasa asesinados. 

Al revés, debemos exigir la suspensión -por lo menos– de los componentes más criminales de la seguridad democrática: Terminar la militarización de los territorios indígenas y la vinculación de civiles al conflicto;  desmontar los Centros de Coordinación de Acción Integral CCAIs en territorios indígenas; judicializar los “delitos de la seguridad democrática”, como las chuzadas, los falsos positivos, las amenazas y montajes desde el DAS; y adoptar una política nacional en derechos humanos claramente diferenciada de la política de criminalización de la movilización social y de la oposición. 

No debería haber ningún apoyo indígena para quien no se comprometa claramente con la búsqueda de una solución negociada del conflicto armado, con protagonismo de la sociedad civil.  

2. ¿Defensa de derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, o “legislación del despojo”? Pocos candidatos hablan de derechos sociales, económicos, ambientales y culturales; ninguno de derechos de la Madre Tierra. 

Consideramos que lo más urgente es impulsar una reforma a la legislación petrolera y minera que le devuelva al país y a la naturaleza sus derechos, adecuada a los principios de soberanía, derechos de los pueblos indígenas, derechos ambientales y derechos humanos; y la reversión de todas las concesiones a operadores privados de las funciones públicas en materia minera, de agua y forestal. La venta desenfrenada del subsuelo, del aire y del agua, no puede ser el destino de Colombia. 

Lo anterior, debe complementarse con una política de reforma agraria progresiva y la reactivación de la economía campesina y rural. En nuestro caso, sigue siendo ineludible culminar la devolución y saneamiento de los territorios indígenas; así como la expedición de una norma que garantice nuestra condición ya reconocida de entidades territoriales de la República, en sus componentes de competencias, recepción de transferencias, sistemas propios de gobierno y reemplazo de los actuales municipios.  

Todos los candidatos hablan de un acuerdo nacional para reestructurar el sistema de salud. Nuestra posición es que esto solo puede ser exitoso si el principio es transformar en derecho lo que el neoliberalismo -desde los liberales Gaviria y Samper, pasando por el conservador Pastrana, hasta el fascista Uribe- han convertido en mercancía. 

3. Suspensión de las negociaciones de los TLC con Estados Unidos y Unión Europea. Un par de candidatos se oponen a los TLC por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Colombia contra los sindicalistas y demás sectores populares. Compartimos esa posición, pero es totalmente insuficiente. Porque la principal violación a los derechos humanos son los propios TLCs, aunque no hubiera un solo sindicalista muerto o afrodescendiente desplazado o indígena asesinado. 

Los TLCs nos convierten en colonias de Estados Unidos o Europa, acaban la economía, entregan el territorio, destruyen la Madre Tierra, quitan la soberanía. No podemos apoyar una propuesta electoral que disfraza su apoyo a los TLC con el manto de exigir solamente que se cumplan los derechos humanos. 

4. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, debe ser adoptada como norma interna. Obviamente el Estado colombiano está obligado a acatar esta Declaración, que según la Corte Constitucional hace parte del “derecho internacional consuetudinario”. Pero un gesto de avance sería que el candidato o candidata incluyera el compromiso de adoptar esta disposición como parte del ordenamiento interno. 

Lamentablemente este punto ha sido totalmente eludido por todos los candidatos; por el contrario, parece haber una competencia entre ellos para señalar con más radicalidad que los territorios indígenas no están vedados a los militares y que los recursos naturales (que están en nuestros territorios) son para explotarlos, precisamente dos temas en que la Declaración nos protege. 

Los candidatos 

El proyecto de muerte tiene sus mejores exponentes en los candidatos uribistas (Santos, Sanín y Vargas Lleras): están por la guerra, por los TLC, por el despojo. En el campo de los no-uribistas, resulta simpático que Pardo, el que ordenó romper la tregua con las FARC en 1989, sea el único que hable de salida negociada al conflicto armado; que siendo miembro de un partido de terratenientes, abogue abiertamente por una reforma agraria; que impulsando la Ley 100 como ministro de Gaviria hoy proponga su desmonte. Pero su verdadero talante se conoce al confirmar su total apoyo a los TLC y a la continuidad del modelo de extracción de recursos naturales. 

Mockus, por su parte, ofrece, como diferencia esencial con el uribismo, “cumplir la ley y respetarla”. No es una diferencia pequeña comparada con un gobierno que ha actuado todo el tiempo por fuera de la ley, y que quiere permanecer a través de Santos. Pero nuestro problema son precisamente las leyes, impuestas por la política neoliberal; para nosotros no se trata de cumplirlas sino de cambiarlas. De resto, Mockus no hace ninguna diferencia con el modelo vigente. Su propuesta ambiental es irrelevante; su política rural es aumentar la productividad del campo con más capitalismo, como si no fuera el capitalismo el que produjo el modelo parásito de la propiedad agraria; no asume la importancia de sistemas económicos indígenas o campesinos, ni nuestro derecho a gobernarnos; está totalmente de acuerdo con los TLCs; promete seguir la guerra, la seguridad democrática y darle continuidad a las bases militares gringas. Aunque Antanas significa una derrota para el uribismo no es una victoria para el movimiento popular. A lo sumo es una victoria de un sector del Establecimiento que quiere volver a gobernar en la Casa de Nariño luego de la “ocupación paramilitar”. Mockus no asusta para nada a los empresarios ni a las transnacionales ni a los banqueros; por eso ya se han adherido a su campaña muchísimos representantes de ese sector. 

Petro, por su origen, es el candidato más cercano al movimiento indígena. Su afán electoral se expresó al principio en una campaña equivocada por parecerse al centro político y ocultar el programa del Polo Democrático. Eso lo llevó a afirmar que mantendría “lo mejor” de la “seguridad democrática” sin falsos positivos, desconociendo que se trata de una política totalmente fracasada, y a despreciar la urgencia de una negociación política centrando su estrategia de paz en realizar reformas estructurales, cerrando así la puerta a los necesarios diálogos de paz; su oposición al TLC se ha centrado demasiado en la problemática de derechos humanos antes que en los impactos económicos y territoriales. La vinculación de Carlos Gaviria a su campaña le ha dado un nuevo perfil, más consecuente con lo que representa la plataforma del Polo, y ha permitido ver con claridad diferencias sustanciales con el proyecto de muerte; particularmente en materia agraria, donde propone una intervención a gran escala para expropiar a los narco-terratenientes, y devolver las tierras a campesinos, indígenas y afrodescendientes y promover empresas productivas para desarrollar un gran plan por la soberanía alimentaria; también son relevantes propuestas como en el sistema de salud preventiva y su propuesta de derecho al agua. A pesar de que sus salidas en falso lo hacen merecedor de alguna desconfianza, consideramos que es quien más se aproxima a lo que queremos construir. 

Para nosotros es claro que la guerra, la industria minero-energética depredadora y los tratados de libre comercio son nuestros principales enemigos. Son los causantes de la muerte. Son el proyecto de muerte. Nadie que defienda este modelo en sus programas electorales merece nuestro apoyo. 

La Consejería de la ACIN no convoca a votar por ningún candidato en especial; pero sí advierte sobre los que no representan para nada nuestro proyecto. Y llama a sus comunidades para que al momento de votar, tengan en cuenta lo que consideramos “los mínimos” que debe cumplir cualquier candidato para merecer nuestro apoyo. 

Consejería Mayor 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN – Cxab Wala Kiwe

Tejido de Comunicación y de relaciones externas para la verdad y la vida
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN
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“Elecciones” en Colombia, función: Legitimar el Horror

27/05/2010 by maestro Deja un comentario

Pronto le van a asestar al pueblo colombiano otro golpe grandioso de propaganda: a saber hacerle creer que va a “elegir” a un presidente, cuando el aparato político está amarrado mediante mecanismos innegables que desglosaré a continuación: 5 mecanismos para amarrar las “elecciones” formales a una No-elección real, y de perpetuar en el poder político a candidatos que aseguren la continuidad del Status Quo de desigualdad social y su corolario de represión genocida.
1.    Genocidio político, exterminio físico.
El genocidio de los movimientos políticos que han reclamado realmente cambios estructurales que hubieran podido modificar la dramática situación de iniquidad en Colombia, madrastra de todos los males, determina de forma fundamental el “panorama electoral”.El caso de la Unión Patriótica (1) es ilustrativo de la falta de garantías de vida para el ejercicio de la política electoral en Colombia: 5000 militantes asesinados, entre ellos 2 candidatos presidenciales. La Unión Patriótica fue un partido político de izquierda, creado tras unos acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC en 1985: una propuesta política legal de varios actores sociales, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), El Partido Comunista Colombiano, otros movimientos sociales como la Coordinadora Obrera Campesina, Sindicatos, asociaciones campesinas, y personas de otros sectores. El partido agrupaba a mujeres y hombres que tenían en común la reivindicación por la justicia social.
La Unión Patriótica, pese a no contar con las millonarias campañas de los partidos tradicionales, logró gran simpatía y votación en la población colombiana, ya que su programa respondía a necesidades objetivas de la población, pues proponía las reformas estructurales necesarias a la consecución de la Justicia social, y por consiguiente la Paz con cimientos profundos. La UP logró sus mayores votaciones en las regiones del Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca y Área Metropolitana de Medellín: todas regiones que serían arrasadas por el ejército y la Herramienta paramilitar en los años siguientes. Dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de sus militantes fueron asesinados por las fuerzas del Estado colombiano. Ante el Exterminio, muchos militantes huyeron al exilio para preservar su vida, y otros ingresaron a la guerrilla, como fue el caso de Mariana Páez, de Iván Ríos o de Simón Trinidad.La Unión Patriótica no alcanzó a incidir de forma efectiva en cambios políticos, pues fue exterminada por el Estado colombiano, quien asesinó, mediante su herramienta paramilitar, sus policías y militares a más de 5.000 militantes. Muchos guerrilleros que habían depuesto las armas para entrar en la vida política-legal fueron masacrados por el Estado, así como innumerables militantes de la UP que no provenían de la guerrilla. En 1993 se interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado colombiano por genocidio contra la UP. El plan del Estado y de la CIA para exterminar a la UP, se denominó “Baile Rojo” (2).

El asesinato sistemático de sindicalistas es otra muestra de la arremetida contra el diálogo social y la posibilidad de hacer política en Colombia: Colombia es el país del mundo más peligroso para ejercer el sindicalismo. Miles de militantes del partido comunista han sido asesinados para impedir que hicieran política, que cambiaran las cosas mediante la argumentación y las ideas;  los asesinatos nunca han cesado, incluso han sido asesinados recientemente militantes del Polo que sí propugnaban cambios sustanciales. El Polo es una mezcla entre gente con conciencia social y humana en las bases, y politiqueros en la cúpula, salvo contadas excepciones como Robledo y otros más. Un partido que pretende ser de izquierda en el contexto colombiano: es decir un partido surrealista. Un partido que se mueve en las líneas permitidas por un régimen genocida: un conglomerado que oscila entre propuestas sociales, reclamadas por el ala izquierda en el interior del Polo, y a la vez un alineamiento con políticas de derecha. Lamentablemente las personas del Polo más consecuentes con un verdadero cambio social, son víctimas de una persecución intensiva por parte del Estado.

El genocidio político ha configurado un panorama político totalmente falseado en Colombia: la derecha es fieramente fascista, y lo que se reclama de “izquierda” está bastante a la derecha, con un fascismo y clasismo igualmente enquistado, pero con apariencia menos fiera.Al haber sido asesinados sistemáticamente todos aquellos que reclamaban y proponían cambios en la relación de desigualdad social, y haber inyectado pavor en los sobrevivientes, los comanditarios del aparato represivo y genocida han logrado obtener una pantomima de elecciones, una pantomima de partidos, pero con la garantía de que ninguno representa un peligro real al Status Quo de injusticia social.
2.    Reflejo de Pavlov y fascistización social.El genocidio político, el asesinato sistemático del que reclama contra la desigualdad social, del que reclama los únicos cambios que verdaderamente podrían tener una incidencia en el bienestar de la población, han inyectado un pánico social que ha paralizado a muchos en sus reivindicaciones: un pánico al estilo Reflejo de Pavlov que relaciona la reivindicación social con el castigo que se le ha dado desde los aparatos represivos: la muerte, la tortura, la desaparición, el encarcelamiento.La normalización del castigo a los “rojos”, o a los que busquen más equidad y menos desigualdad social, ha fascistizadola sociedad en su conjunto.Así han operado el Exterminio de las ideas. Tras décadas de genocidio político sólo hace falta accionar la palanca del miedo. Accionar esa palanca, accionar el Reflejo de Pavlov le garantiza a la gran oligarquía, a los señores del país, que son en realidad los verdaderos “señores de la guerra”, que todos los candidatos funcionen cómo obedientes marionetas, cuyas propuestas y planteamientos nunca hagan peligrar sus intereses económicos, y que por consiguiente mantengan la situación de expolio y de empobrecimiento contra las mayorías.Claramente se ve en estas elecciones que todos los candidatos piensan darle continuidad a la guerra, darle continuidad a ese expolio que son los impuestos para la guerra, darle continuidad a la represión, darle continuidad a las privatizaciones en todos los ámbitos: salud, educación, servicios, agua, etc… Darle continuidad al no diálogo con la insurgencia, darle continuidad  al agro industrial, a la minería, a las bases militares USA. Darle continuidad al Aparato de saqueo, que conlleva intrínsecas las correlaciones entre enriquecimiento para pocos y zozobra y muerte para las mayorías.Ya nadie, en el escenario de elecciones, osa adentrarse en el terreno de tratar con claridad las evidentes correlaciones que desangran a Colombia:Ø  enriquecimiento para pocos correlativo a saqueo y empobrecimiento para las mayorías.
Ø  La represión es correlativa al expolio. Represión contra la reivindicación de justicia social y demonización de las protestas sociales. Desapariciones, asesinatos, montajes judiciales.
Ø  El desplazamiento masivo de poblaciones es correlativo a un plan de saqueo: 4,5 millones de personas han sido desplazadas en Colombia. Para ello se implementa el horror: Asesinatos, bombardeos, fumigaciones, Estrategia Paramilitar.
Ø  A todo lo anterior son correlativas dos realidades: la resistencia popular, y en el lado opuesto la voluntad de negar dicha resistencia. Ignorar el descontento social, negar la guerra y sus raíces, pretender exterminar con un baño de sangre a las guerrillas, son una continuidad.
Ø  Ante el descontento social se implementa un correlativo aumento de las fuerzas represivas del Estado: el ejército colombiano es descomunal, el mayor del continente después del de Estados Unidos, y se le suma la Estrategia paramilitar. El Aparato represivo requiere sin cesar nuevos soldados; y merced al empobrecimiento generalizado, encuentra en la juventud desposeída de sus derechos de acceso a la educación, a la vivienda, a la salud, una cantera de carne de cañón, sin cesar renovada. Sin la Libreta Militar un joven en Colombia no puede graduarse, ni trabajar; y los jóvenes son sin cesar casados mediante redadas para ser enrolados en el ejército; también se ejerce sobre ellos un chantaje abyecto: al acceder a ser soldados pueden recibir algunas migajas de lo que deberían ser sus derechos (becas, operaciones médicas para un familiar…). Se les ofrece algo de sus derechos robados  a cambio de sus vidas, ofertadas para proteger el botín de los ladrones. Recuerdo el comentario que en una ocasión me hizo un joven de un barrio marginalizado: que su futuro era semejante a una morcilla… densos coágulos y amasijo de sangre que otros se comerán con deleite.
Ø  Al empobrecimiento generalizado y a la estructura paramilitar adelantada por los aparatos del Estado es correlativa la desintegración social en grados alarmantes. Sin embargo la constante es empujar a la indigencia y al sicariato a millones de niños y seguir negando la evidencia de que la raíz de la violencia y del conflicto social generalizado es el empobrecimiento.
Es obvio que se ha operado el exterminio de las ideas, porque pretender la continuidad de un Aparato de moler vidas tan horrendo, es de ciegos y sordos obedientes a un puñado de enriquecidos.Es que son muchos los asesinados y desaparecidos: 250.000 desaparecidos (3), otro tanto asesinados, dejan una huella de miedo innegable.Para accionar el Reflejo de Pavlov en un país como Colombia, los amos del país recurren a la estigmatización continua. Cualquiera que medio se atreva a cuestionar la desigualdad social, a evidenciar los crímenes de Estado y a plantear la urgente necesidad de reformas estructurales a nivel económico y social es declarado: “antipatriota”, “terrorista”, “guerrillero”… y es por consiguiente puesto en la mira de la policía política DAS (4) y de las hordas paramilitares de guerra sucia. También se abaten sobre el atrevido los montajes judiciales, como es el caso de Piedad Córdoba (5) que es víctima actualmente de montajes judiciales por haberse atrevido a plantear un necesario y humanitario canje de prisioneros en Colombia; por haberse atrevido a denunciar las torturas en las cárceles de Colombia; por haberse atrevido a poner en evidencia que la Lista de “Terrorismo” impide las negociaciones con los insurgentes, y que Colombia no puede seguir desangrándose merced a una Lista que es una directa imposición colonial desde E.E.U.U; por haberse atrevido a denunciar que el paramilitarismo es Estrategia Estatal; por haber planteado lo que es más que evidente pero que la cúpula del poder económico y político quiere negar: en Colombia hay una guerra fruto de la dramática desigualdad social. Y por consiguiente la única salida a esa guerra es mediante el diálogo social y las reformas estructurales.Pocos son los políticos valientes en Colombia, porque la cobardía les garantiza la libertad y la vida. Entonces lo que hay en realidad es un simulacro de democracia, ya que el genocidio y el miedo inyectado han eliminado físicamente a los opositores, y luego han provocado unos niveles de autocensura descomunales en los sobrevivientes.
3.    Campañas políticas que se basan en la falta de educación de la gente, el sentimentalismo patriotero al más puro estilo fascista, y la mentira.Para ilustrar este mecanismo de manipulación de las elecciones vamos a detenernos brevemente en los 2 candidatos que las encuestas dan como favoritos a las elecciones 2010:·         El privatizador guerrerista, que maneja la estafa del discurso de “la cultura de paz” mientras agudiza las causas de la guerra, es presentado como un Mesías.
En un país con 20 millones de pobres, 8 millones de indigentes y un bombardeo sistemático de valores clasistas, operado por los mass-media, la manipulación logra ejercerse de forma descomunal. Tanto es así que hoy el candidato Mockus, privatizador, padre del aumento en 60% de las matrículas universitarias, y de la penalización salarial contra los maestros en huelga (6); el mismo de la iniciativa de disminuir aún más los salarios mínimos es aclamado como “elSalvador”: “el profesor”, “el defensor de la inteligencia”, “el matemático filósofo”… y una serie de calificativos mesiánicos que solo pueden acatar los amnésicos, o los que no saben que el “defensor de la inteligencia” ha excluido a decenas de miles de personas de la educación, ha viabilizado reformas laborales lesivas para el profesorado, ha privatizado empresas públicas, y su “inteligencia” no es tal, pues no alcanza a comprender que Colombia necesita el diálogo y no más guerra a muerte, como lo ha prometido él (7) …O lo entiende muy bien, pero no le importa mantener al país en un baño de sangre, pretendiendo acabar con la insurgencia por la fuerza bruta, mientras las causas del surgimiento de dicha insurgencia siguen intactas… Representa el tipo de perversión que necesita la gran oligarquía.Da dolor ver cómo se le hace creer a una población que ha sido desposeída de su derecho a la educación, que “Mockus es el candidato que va  a educar a Colombia, porque él es un filósofo y matemático”…La propaganda se basa en un clasismo inyectado por años, que pretende ahora que los desposeídos de la educación beban las palabras de un privatizador convertido en Mesías: la imagen mediática no corresponde con lo que es la esencia clasista y guerrerista del personaje, pero sirve para engañar a una masa, haciéndole adular a un artífice del desmantelamiento de la educación pública, como si fuera un amante de la educación. Mockus ha sido un paladín de las privatizaciones, y por lo tanto de la exclusión social, y del recorte de los derechos más básicos del ser humano: más allá de su discurso estafador, el mismo Mockus se ha encargado de golpear al profesorado, precarizando sus condiciones de trabajo; se ha encargado de reprimir al estudiantado cuando reclamaba contra las privatizaciones. Y ese es el “Mesías” que los medios presentan como “el fin del Uribismo”, ese que no es otra cosa que la continuidad de lo mismo…Mockus basa su campaña en teorías que buscan ocultar las raíces del drama para perpetuarlo, perpetuando así el Status Quo. Incurre en el cinismo absoluto, al basar su discurso en una culpabilización del ciudadano, argumentando que “todo es cuestión de educación y buena voluntad” y manipula los deseos de paz de la población con nociones aberrantes de “cultura de paz que habría que inculcarle a los colombianos”, como si la paz sólo fuera cuestión de culturay no de evidentes desigualdades sociales, de saqueo, de destrucción de poblaciones y de medio ambiente para hacer viable la penetración económica… A los que habría que “enseñarles nociones de cultura de paz” son a los saqueadores, a los grandes empresarios, a las multinacionales, y no a la población colombiana… Todo esto forma parte de una gran guerra ideológica y mediática contra la capacidad de análisis y de percepción de la realidad: estas campañas que prostituyen la palabra PAZ suelen ser financiadas por imperios armamentistas, por la USAID, y encuentran siempre portavoces locales, que mientras hablan de “cultura de paz”, triplican los ejércitos y agreden a la población. Esto es como si para frenar las violaciones sexuales, alguien se atreviera a plantear  que a las mujeres hay que enseñarles nociones de “cultura de recato”, y planteara que la violación sexual no constituye por sí misma La Violencia, sino que la violencia empieza al momento en que la mujer se defiende.Vemos en el desastroso panorama electoral colombiano, las mentes más retorcidas. Los candidatos de la perfidia que adelantan un discurso de “civismo” mientras que paralelamente son ardientes promotores de la privatización y la correlativa agudización de la precariedad. Un sin sentido cuya perfidia sin embargo cala hondo en parte de la población, que cansada de delincuencia se aferra a las falsas soluciones sobre-mediatizadas,  mientras que se hace silencio acerca de las causas profundas de la dantesca situación que vive Colombia. La situación de desintegración social causada por la miseria se expresa en formas extremas en Colombia: con niños sicarios de 9 años, con barrios en los que la esperanza de vida de un muchacho no supera los 20 años… Es un drama cotidiano para millones de personas, y la farsa electoral se burla totalmente de estas realidades.·         Por otro lado está Santos, el rey de los asesinatos mal llamados “falsos positivos” (8)Solo daré un ejemplo de uno de sus lemas de campaña, para mostrar a qué nivel de manipulación se mueve, y se basa en el chantaje emocional y la ausencia de argumentos. En las vallas de su campaña, con la que ha tapizado Villavicencio, se puede leer: “Porque apoyar a Chávez es indigno, vote Santos” (9) Creo que no necesita comentarios…Ningún candidato ha mantenido que admiraba a Chávez, ya que en la fascistizada Colombia eso es casi una “herejía”… Pese a que Venezuela y Cuba han operado de la vista a miles de colombianos, que cruzan la frontera para poder acceder a la salud que les es negada por la oligarquía colombiana. Miles de colombianos han sido operados en la “Misión Milagro” en Venezuela, por especialistas cubanos: los mismos colombianos que en Colombia no tienen acceso a la salud, como lo expresa César Jérez: “Los espera la frontera entre un país que los destina a ser ciegos y otro país donde muchos han vuelto a ver claro, después de largos años de semi-obscuridad” (10).Está claro que ninguno de los candidatos favoritos, engendros del clasismo, desprovistos de empatía, cambiará algo para el bien de la maltratada Colombia.
4.    La compra de votos y el fraude en el conteo.El mecanismo cuarto consiste en comprar votos mediante el dinero público, y ejercer fraude en el conteo, por si todo lo anterior no fuera suficiente.5.    El voto con pistola.Y por si aún no basta, también están los militares y los paramilitares amedrentando a poblados enteros, amenazando a miles de personas que si no votan por tal, simplemente masacrarán a su familia.Esas son las “elecciones” en Colombia. El que crea que en Colombia hay “democracia”, debería revisar la definición de“democracia”.·         Legitimar lo ilegitimo, mediante mecanismos de legalidad amañadosEn definitiva, los que detentan el poder buscan legitimarse mediante la farsa electoral, buscan legitimar esto:El 68% de la población de Colombia vive en la pobreza e indigencia. La concentración de la riqueza es escandalosa: Colombia es el 11º país con más desigualdad social del mundo (número 11 de coeficiente GINI de desigualdad), y es el país más desigual del continente americano. Hablamos de que hay, según las cifras más clementes, 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres (11). Mueren anualmente más de 20 mil niños menores de 5 años por desnutrición aguda (cifras de UNICEF), de cada 100 madres desplazadas gestantes, 80 padecen desnutrición crónica (12).Simultáneamente, y correlativamente a esta miseria, un solo banquero, Sarmiento Angulo, controla el 42% del crédito nacional y declaró ganancias de 1.250 millones de dólares en el último bimestre de 2009. (13)___________

NOTAS: http://www.azalearobles.blogspot.com/

 

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“Pagaron 5 millones de pesos para que nos asesinaran porque somos la piedra en el zapato”

27/05/2010 by maestro Deja un comentario

Los hechos de violencia que ocurrieron en las cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó en Chocó y la posterior ocupación ilegal del territorio por empresas palmicultoras a finales de los 90 volvieron a ser noticia en los últimos días. 

Varios empresarios de la palma y ganaderos fueron capturados sindicados de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de tierras en esa región. La Corte Constitucional emitió un auto en el que suspendió la restitución de tierras en esa zona y pidió que se aclare quiénes son los dueños ancestrales del territorio que van a recibir los títulos. 
También los campesinos Enrique Petro y Ligia María Chaverra estuvieron en Costa Rica denunciando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las amenazas, las persecuciones y los actos de violencia de que han sido víctimas en los últimos meses. El presidente Álvaro Uribe, en declaraciones a los medios, señaló a las ONG que trabajan en ese territorio chocoano de ser “neocolonizadores” que quieren quedarse con la tierra. 

¿Qué está pasando en esa región que ha despertado tanto interés últimamente? Ligia María Chaverra, en diálogo conSemana.com, narró los trágicos momentos de su desplazamiento y de la usurpación de su finca y cómo el Gobierno estuvo a punto de titular las tierras a quienes considera que fueron sus victimarios. Este es el testimonio de una mujer que sufrió el devastador matrimonio entre paramilitares y empresarios que llevó a la Fiscalía a tomar decisiones en los últimos días.  

Ligia María Chaverra y Enrique Petro, desplazados de Curvaradó, Chocó, por el proyecto paramilitar de la palma africana.

“Llegué a Curbaradó en el 59. Ahí tuve con mi esposo ocho hijos y esos hijos han tenido 36 más. Salí de mi casa en el 97, cuando nos sacaron a punta de plomo y tuvimos que huir a las montañas. 

“El ejército llegó con la Operación Génesis diciendo que querían sacar a la guerrilla. También apareció la violencia de los paramilitares y nos tocó salir corriendo a todos. En esa incursión mataron a 130 campesinos. La guerra no era contra la guerrilla, porque sacaron fue a quienes vivíamos y trabajábamos allí. 

“Algunos se fueron para otros municipios, pero un grupo de familias no quisimos salir del territorio y nos quedamos en las montañas. Nos desplazábamos dentro de Curbaradó, escondidos en la selva, durante seis meses. Huíamos de donde sonaban los tiros. Aguantamos hambre, a pesar de que las casas estaban llenas de arroz, gallinas y cultivos, pero no podíamos ir hasta allá. Pasábamos trabajos, comíamos sin sal y cuando lavábamos la ropa, se demoraba tres o cuatro días en secar. 

“Después de eso, una organización llamada el PTM y la Iglesia de Riosucio, en cabeza del padre Armando Valencia, nos sacaron de las montañas, de la selva. Cuando esas organizaciones nos sacaron y nos fueron ayudando con unos mercados, fuimos saliendo varias familias y fuimos llegando a la cuenca de Jiguamiandó, a un pueblito llamado Bella Flor Remacho. Ahí sembramos arroz y a los cinco meses, cuando ya estaba listo para recoger, se metió otro operativo a los caseríos de Puerto Lleras, Pueblo Nuevo, Nueva esperanza y Bella Flor Remacho. Todo eso lo quemaron y mataron gente. De ahí nos tocó salir nuevamente a otro sitio que se llama Caño Seco. 

“Ahí también nos quedamos un rato y sembramos. Cuando estábamos recogiendo la cosecha, vino un nuevo operativo más duro que los anteriores. Las personas de mayor edad y los que teníamos muchos hijos tuvimos que irnos para la cabecera de Murindó, a un punto llamado Bartolo. 

“Después de un año, en el 2004, decidimos regresar al territorio. Por medio de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, instalamos unas zonas humanitarias donde hemos sobrevivido hasta hoy. Cuando regresamos al territorio no había un pedacito de tierra que no tuviera palma. Estaba todo cubierto de palma aceitera y todo destruido. No había ni un árbol frutal, ni de los que sacábamos la madera. 

“Vivimos intimidados porque el territorio está controlado por el paramilitarismo desde el 96 hasta hoy. A nosotros nos dicen que somos guerrilleros, pero yo le pregunto: ¿un guerrillero o un comandante sí tiene una estabilidad en una región y ha levantado una familia en un solo lugar? Yo creo que no porque ellos se mueven siempre. Nunca he sido guerrillera, ni lo seré porque he sido una campesina trabajadora. Nunca he tenido nada qué ver con ningún grupo insurgente. Todo ese terror ha sido por reclamar nuestro territorio y reclamar la verdad. Y en Colombia, el que habla la verdad, se muere. 

“Me amenazaron hace dos años porque por esa época fui a declarar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me amenazaron a mí y a otro compañero de Jiguamiandó que se llama Manuel Blandón. Los empresarios pagaron cinco millones de pesos para que nos asesinaran porque somos la piedra en el zapato. Sé que fueron ellos porque nosotros denunciamos nacional e internacionalmente el robo de nuestro territorio y todo el daño que nos han hecho. Todo lo que hemos dicho es la verdad. Pagaron el dinero para que nos asesinaran. 

“Con los empresarios, empezaron a llegar personas de otras partes y se dio un repoblamiento en nuestro territorio, donde muchas personas hemos vivido desde hace bastante tiempo. No le puedo decir exactamente cuántos somos porque tenemos que hacer un censo, pero nos conocemos bien entre nosotros y sabemos cuál pedazo de tierra era de quién. 

“Para recuperar el territorio, tuvimos que organizarnos en un Consejo Comunitario y elegir un representante legal. El 26 de septiembre de 2008, elegimos a Luis Alberto Rentería. Pero usted sabe que en las comunidades se presentan conflictos normales y eso nos pasó con Luis Alberto. 

“Con el tiempo, notamos que él no nos estaba teniendo en cuenta a todos los del Consejo Comunitario para consultar sus decisiones. Las comunidades tienen que estar consultadas. Si va a ir a una reunión, las comunidades tienen que saberlo y darle el aval a ese representante. Pero el compañero no lo hacía así. Si lo llamábamos porque lo necesitábamos para reunirnos, decía que no estaba o que estaba ocupado. Y así vimos que el representante como que ya no quería seguirnos los pasos.  
  El cementerio fue profanado por quienes usurparon las tierras de la gente de Curvaradó, y hasta sobre los muertos sembraron palma. A los campesinos les dio la razón la justicia y el gobierno. Pero los usurpadores tienen un poder de facto que impera en la región. 

“Los empresarios aprovecharon esa situación para decir que estábamos divididos. En abril del año pasado, patrocinaron una reunión donde repobladores, trabajadores de los palmeros y personas que no hacen parte de nuestro territorio eligieron como representante a Germán Marmolejo, alguien que no conocemos. Yo llevo 51 años viviendo en Curbaradó y nunca lo he visto. No lo conozco. 

“Días después, (el ministro del Interior) Fabio Valencia Cossio viajó a Carmen del Darién y ratificó la elección de Marmolejo, a pesar de que quienes lo eligieron no podían hacerlo, porque no hacen parte del territorio. 

“En esa reunión con el Ministro, había personas de 19 comunidades y todos se levantaron y dijeron que no querían a ese representante porque no había sido elegido por los verdaderos propietarios de la tierra. 

“Como las comunidades somos autónomas, convocamos a una asamblea e hicimos una nueva elección el 25 de abril de este año en la que participaron como 200 personas. Consultamos gente de 12 de las 22 comunidades que conforman el Consejo Comunitario y elegimos un representante afro llamado Raúl Palacios Salas. Al otro día, bajamos al Carmen del Darién a registrar al nuevo representante en la Alcaldía, pero nos negaron el registro. Nos dijeron que ellos habían aprobado a Marmolejo, pero ese es el que nosotros no reconocemos. 

“El pasado 19 de mayo, el Gobierno iba a iniciar la entrega de nuestras tierras usurpadas. Se las iban a dar a ese señor elegido de los empresarios, que fueron quienes nos sacaron del territorio, nos asesinaron, nos masacraron, nos capturaron y todavía nos siguen amenazando. Entonces el trabajo que hemos hecho durante 11 años que llevamos en esta lucha por nuestro territorio es una burla. 
    Ramón Salinas fue uno de los campesinos que en 1997 salió desplazado de Curvaradó, en Chocó. Cuando regresó, encontró la tierra sembrada de palma. A la derecha, los cambuches de los peones de la agroindustria.  
“Supimos que los planes que tenía Marmolejo eran darnos un poquito de las hectáreas que tenemos para dejarles el resto a los empresarios para que siembren plátano, banano, esos cultivos grandes y para llevar ganado. Querían darnos a cada uno apenas cinco hectáreas, sabiendo que cada quien es dueño de 50, 100 o más hectáreas. El que no quisiera eso, lo iban a mandar para afuera, a aguantar hambre. 

“A los empresarios les tocó cambiar los proyectos porque toda la palma se ha muerto. Las plantas se enfermaron y nunca encontraron el remedio para curarla. Eso les pasó porque esa palma era ilegal. 

“No me siento segura con la protección que nos brinda el Gobierno, sé que no cumple ni años. Nos protege para él mismo destruirnos. Siento medio confianza en Dios, en las denuncias nacionales e internacionales, en el acompañamiento de la Comisión de Justicia y Paz y de las organizaciones que nos acompañan y nos apoyan. 

“Al ver que el Gobierno iba a hacer la entrega definitiva de las tierras al representante elegido por los empresarios, le pedimos a la Corte Constitucional que se pronunciara para suspender la entrega. Por eso, emitieron el auto del pasado 18 de mayo, en el que pidió que se reconociera la legitimidad de las decisiones que tomamos los habitantes ancestrales de Curbaradó y Jiguamiandó“.

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El conflicto ataca y la dignidad resiste. Nuestra Palabra

20/05/2010 by maestro Deja un comentario

Eran apenas las 8:30 de la mañana del  domingo 9 de mayo cuando las ráfagas y las metrallas interrumpieron el desayuno de los habitantes de la  vereda El Pajarito, ubicada en el resguardo indígena de Huellas – Caloto, al norte del departamento del Cauca.

 

“La gente salió como pudo de sus casas y llegamos hasta la escuela  para concentrarnos. Algunas personas llegaron con ropa de dormir y apenas hasta el otro día logramos  traer ropa para que se cambiaran” afirmó Germán Mestizo, profesor de esta comunidad.

 

Para subir al resguardo indígena de Tacueyo hay que cruzar varias comunidades indígenas y campesinas. Es por esta  vía que transitan las personas para llegar a Caloto, Corinto, Florida y Santander de Quilichao, lugares a los que acude la gente para comercializar sus productos. La gente teme transitar por esta vía porque está ocupada por fuerza pública y guerrilla y en repetidas ocasiones los habitantes han quedado atrapados entre el fuego cruzado.

 

“Tenemos miedo de volver a nuestras casas y así queramos ir a la  finca no podemos porque no sabemos a que hora una pipa de gas o una ráfaga nos quite el sombrero” son las palabras de un comunero. 

 

Son ya tres semanas que los habitantes han soportado con mayor intensidad el sonido de las metrallas, el eco de las explosiones  y el ruido de los helicópteros. En los cafetales la cosecha de café se cae, lo que conlleva a  pérdidas cuantiosas de recursos económicos. El miedo que acompaña a numerosas madres de familia no han dejado que sus hijos vuelvan a recibir clases en las escuelas y a los animales que hacen parte de su pequeña economía los matan las bombas.

 

Bombas que le arrebataron la vida al niño Juan Pablo Chicangana en Caldono y a Patricia Noscue y Luz Edit Taquinaz, comuneras del resguardo indígena de Tacueyo. Las mismas que dejaron varios heridos graves, y muchas familias en condición de desplazamiento. Pero pareciera que la vida no importara para los señores de la guerra, es la disputa por el territorio lo que les interesa.  Según la guerrilla y el ejército gana esta  guerra quien mas  bajas produzca.

 

“La guerrilla mata la gente,  porque ellos mataron a mi tía Bety y ahora no la puedo volver a ver más” fueron las palabras de un niño de apenas cuatro años del resguardo indígena de Tacueyo.

 

“Bety”, era una joven habitante de  Tacueyo  con apenas 16 años de edad que se encontraba  cursando séptimo de bachillerato, pero hace seis meses la guerra le truncó su vida. Desde ese entonces su familia  busca respuesta a su muerte,  pero el argumento de los victimarios fue que la asesinaron porque  ella pertenecía a la red de informantes.

 

Situaciones como estas son las que deben afrontar muchas  familias que son víctimas de este conflicto que vive Colombia. Aunque en varias ocasiones las comunidades  indígenas  han dicho que no las involucren en esta guerra, su voz no ha sido escuchada pues los actores armados involucran a los niños utilizándolos como informantes y mandaderos. También hacen campañas ideológicas para convencer y reclutar a los menores.

 

Son estos los territorios convertidos en campos de batalla, pero asimismo son sitios estratégicos para el desarrollo del país. El norte del Cauca representa gran interés para los grupos armados en conflicto y para el narcotráfico por ser una zona  de comunicación fácil entre el interior del país, la región de los llanos y el puerto sobre la costa pacífica.

 

De la misma manera  es un lugar donde nacen grandes fuentes hídricas que riegan la producción de caña para el agrocombustible  que exporta el país. Además  se encuentran grandes reservas naturales vírgenes, yacimientos de oro y grandiosas minas de mármol y de calizas. Por todo esto  el norte del Cauca es una zona  de gran interés para el desarrollo de la gran empresa y la agroindustria regional.

 

Hace un año el gobierno nacional entregó la pavimentación de la vía El Palo – Toribio. Estos proyectos que suenan bondadosos para el pueblo, resultan siendo estrategias que el gobierno entrega en concesión al capital transnacional para abrir carreteras en el país, saquear los recursos naturales y obligar al pueblo a pagar su financiación a través de los peajes. Este proyecto vial corresponde a la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana -IIRSA.

 

El IIRSA surge de una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el FONPLATA.Estos organismos fueron los que años atrás defendieron con más fuerza el ALCA. Tratados comerciales que lo único que buscan es entregar las riquezas del país a manos extranjeras.

 

y campesinos que durante años construyen día tras día sus proyectos de vida. Con su ejemplo de organización y dignidad han liderado diversas acciones importantes en el país como la “consulta popular frente al Tratado de Libre Comercio”, la “cumbre itinerante de los pueblos”,  la “visita por el país que queremos”, la “minga social y comunitaria” y diferentes movilizaciones con sectores populares en donde se ha rechazado las  políticas neoliberales que atentan  contra la vida y el territorio.

 

Para los indígenas la tierra hace parte de su existencia, por eso la defienden hasta con su propia vida. El pasado 7 de mayo la comunidad del resguardo de Tacueyo decidió enfrentar a los grupos armados que azotaban con sus combates a toda la población. Subieron a la parte alta de la montaña donde estaba ubicada la guerrilla disparando y le quitaron los cañones que permitían  lanzar los tatucos y el material bélico que tenían en su poder. Del mismo modo  al siguiente día, mujeres, niños, mayores, guardias indígenas y jóvenes cogieron sus azadones y sus palas para rellenar de tierra los huecos  que servían de trincheras al ejército. Estas murallas estaban ubicadas a 15 metros de las casas de los habitantes de la vereda Buenavista del mismo resguardo  y junto al acueducto que abastece a tres veredas.

 

“Nos vamos a tomar los sitios de recreación que nos han invadido los actores armados, ellos dicen que son fuertes porque luchan con armas, pero nosotros estamos armados de valor y con nuestro pensamiento defenderemos lo que es de nosotros, el territorio” dijo un comunero del resguardo de Toribio.

 

Su organización y su lucha por la autonomía estorban cada vez más a este sistema que quiere exterminar  los procesos de resistencia. Por eso es importante fortalecer los espacios de organización ciudadana como las asambleas y los encuentros comunitarios para generar propuestas que respondan a los intereses de los pueblos.

 

Si una comunidad aislada y olvidada es capaz por sus propios medios de sacar a los violentos que invaden sus territorios, de decirle al mundo que no quieren tratados de libre comercio y de proponer al país una nueva forma de apropiarse de sus derechos constitucionales, entonces todos podemos hacerlo. Lo que hace falta entonces es aprender a escuchar las voces de quienes están resistiendo para compartir y construir el camino juntos. Aprender a sentir y compartir los dolores de todos para comenzar a edificar el país que se origine desde y para todos los pueblos.

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Los desaparecidos a manos del Estado y paramilitares podrían superar los cien mil.

20/05/2010 by maestro Deja un comentario

En 2007 el Instituto de Medicina Legal (organismo oficial) contabilizó 4.232 desaparecidos; en 2008 la cifra ascendió a 15.696 y en 2009 escaló a 18.236 casos.

En Colombia se registraron 38.255 personas desaparecidas en los últimos tres años, según el último informe ofrecido por Medicina Legal. Organizaciones de víctimas aseguran que el problema obedece a grupos paramilitares y agentes estatales que ven en esta práctica una oportunidad de callar a la oposición.  

El informe de Medicina Legal señala que en Colombia durante 2009 se reportaron 18.236 casos de personas desaparecidas, cifra que evidenció un progresivo incremento de estos casos, puesto que para el 2008 la cantidad fue de 15.696 personas, 11.000 más que el año inmediatamente anterior, cuando se contabilizaron 4.323 desaparecidos.  

La madre de cuatro desaparecidos entrevistada por TeleSUR, y que pidió no ser identificada por motivos de seguridad, afirmó que desconoce el paradero sus hijos al tiempo que teme por alguna represión por parte de grupos paramilitares. 

“Con esa incertidumbre que nos invade cada día, cada mañana me despierto pensando en mis hijos, que ya llegan, que donde estarán, que qué les habrán hecho”, expresó la madre de las víctimas.  

El presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia (Codhes), Marcos Romero, quien aseguró que “ya superamos el nivel de desapariciones de Argentina que estuvo cerca de las 30.000 personas y esto puede pasar de unas 100.000 en las últimas décadas en el conflicto colombiano”.  

La desaparición en Colombia se convirtió en una herramienta de lucha política contra sectores de oposición, resultado de este fenómeno son los más de tres mil cuerpos que actualmente están en poder la Fiscalía sin ser identificados, además de las casi tres mil fosas comunes repartidas en todo el territorio colombiano y cuya autoría se atribuye a grupos paramilitares y al propio ejército colombiano.  

De igual forma, la directora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asafaddes),  Gloria Gómez, sostuvo que estos hechos “necesariamente tienen que ver con funcionarios estatales que participaban directamente en las desapariciones, luego fueron operativos conjuntos combinados y ahora se sigue tolerando que desaparezcan personas a manos de grupos paramilitares o emergentes como ahora se llaman y que es lo mismo”. 

Los más de 38.000 desaparecido son sólo el número de casos denunciados a Medicina Legal, por lo que este mismo departamento manifestó que la cantidad real es muy superior.  

El conteo y su divulgación formal, se inició luego de las apariciones de numerosas fosas comunes, cementerios y crematorios clandestinos de paramilitares en varios puntos de la nación. 

La Agencia Púlsar relata que con los “falsos positivos” (denominación que se le dio a los casos de asesinatos de civiles por parte del Ejército Colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate), el Gobierno y las fuerzas militares esconden parte de las desapariciones forzadas.  

Fuente: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/71765/ colombia-registra-mas-de-38-mil-personas-desaparecidas-en-tres-anos/

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Mockus-Fajardo, un fenómeno que cambia drásticamente el panorama electoral en Colombia

11/04/2010 by maestro Deja un comentario

Ya estaba establecido que pasarían a la segunda vuelta -en una muestra surrealista de lo que es la narcodemocracia- dos candidatos del régimen. El resto de colombianos no existían, no había oposición, disenso, todo era armonía y unanimismo.

No obstante, un ex Rector y ex Alcalde de Bogotá: Antanas Mockus, apareció en escena y comenzó a trepar vertiginosamente en las encuestas; en unas tres semanas subió de un humilde 9% al 24.8%, según la última encuesta de Datexco (El Tiempo, 09-04-2010). Es decir, subió 16 puntos, en un hecho sin precedentes. Juan Manuel Santos obtuvo, en un claro descenso, el 29.5%. Mockus le está respirando en la nuca. Se atribuye este éxito a la alianza realizada por Mockus con Sergio Fajardo, académico y ex Alcalde de Medellín, ambos con doctorado en matemáticas y según el escritor Héctor Abad Faciolince, capaces de desempeñarse con sobrados méritos en cualquier Universidad del mundo. Ha dicho Sergio Fajardo que cualquiera que llegue a la segunda vuelta tumbará a Santos.

Pero, ¿cómo explicarse racionalmente este fenómeno, en un país degradado a límites intolerables en la práctica de la democracia liberal? Habría que acudir a un artículo del columnista Manuel Guzmán Hennesy:

” Interpreto como una señal a favor del país la coincidencia afortunada de dos profesores en la contienda presidencial. Una señal que proviene más del azar que de la racionalidad y que permite una lectura del siguiente tenor: una sociedad a punto de tocar fondo acude a cierta forma de autoorganización instintiva y escoge a la dupla Mockus-Fajardo para depositar en ella su esperanza.

“La teoría del caos sostiene que un nuevo orden es posible a partir del caos, que algunos, en el contexto actual, bien podrían asimilar al viraje de una sociedad que puede pasar de una elección mediocre para Congreso a una histórica para Presidente. Que modifique la dinámica de la política y entregue las riendas de un país a quienes se han dedicado a pensarlo desde la academia y desde el ejercicio de una ética política…” (El Tiempo, 09-04-2010).

De las entrañas de un país envilecido por la mafia surge como un grito de liberación la necesidad de apoyar a la antinomia del crimen organizado: la academia. Esto por un lado, por el otro cierta complacencia de un sector importante del establecimiento y sus medios (que incluye a Washington) con la dupla Mockus- Fajardo que no representa ningún peligro para sus intereses, dada la naturaleza de centro-derecha de ambos, y que los libera de la ingesta repugnante de Uribe y el uribismo, a más de deshacerse de Santos que es una verdadera bomba en el vecindario y con el cual no podrían recuperar los más de 10 mil millones de dólares anuales que han perdido con Venezuela y Ecuador por la torpeza, abyección y ordinariez diplomática de Uribe.

Pero nada importa, excepto recuperar el marco de decencia que Colombia perdió por el asalto al poder de la mafia. Con rescatar la “normalidad” de una democracia burguesa es suficiente, por ahora. Librarse de los capos, de los paracos, de los parapolíticos, de los ‘traquetos’, de los ‘lavaperros’, de las ‘prepagos’ (prostitutas finas de los narcos) y el resto de la fauna malandra que no deja respirar. Salir del reino del lumpen. Solo quien vive en Colombia puede entender este infierno.

Es posible que Mockus sea elegido. Es aventurado lanzar hipótesis, predecir en el marco de la racionalidad eventos políticos futuros so peligro de quedar en ridículo. Cualquier cosa puede suceder en el Nuevo Reino de Macondo. Pero ojalá sea elegido Presidente y Fajardo Vicepresidente, ambos tienen algo en común, que es lo más importante: son decentes y practican la ética política.

Pero al margen de quien gane, lo único cierto fue que la izquierda perdió estruendosamente. En las encuestas Petro, el candidato del Polo Democrático, bajó del 6% al 3%. Petro se equivocó por completo. Intentó pescar votos en el redil de la derecha uribista disfrazándose de cordero pero no lo logró. La derecha es experta en mimetismo y camuflaje. Fue repudiado por la derecha a tiempo que se echaba encima a la mayor parte de la izquierda que asombrada miraba la desfiguración política del líder. En otra ocasión será. Por el momento el deber revolucionario es contribuir a tumbar al fascismo ordinario. Todavía el peligro acecha, la fiera herida es capaz de cualquier cosa, en especial cuando sabe que le espera largos años de condena.

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Don Juan
Don Juan

Este podcast tiene la intención de reproducir interpretaciones personales de algunos clásicos de la poesía universal. Entiendo, al igual que Octavio Paz, que la poesía es una actividad emocional revolucionaria, un ejercicio espiritual, un medio de liberación interior y una búsqueda de transfiguración. Adonis, Ali Ahmad Said y Octavio paz son mis favoritos. Dos clásicos modernos.

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Este poema, como tantos otros, tiene que ver con los límites de la vida. Es un poema profundo y desconcertante, pero como todos en los poemas de Adonis nunca sabemos a dónde nos lleva sus impresionantes versos, es como no saber en qué puerto este barco llegará anclar.

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