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Partidos políticos latinoamericanos condenan la inhabilitación de la Senadora Piedad Córdoba

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La senadora colombiana Piedad Córdoba, vicepresidenta de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), inhabilitada ilegal y arbitrariamente por el procurador general de su país, Alejandro Ordoñez, para ejercer el cargo y participar en política por 18 años, según señalaron en Buenos Aires varios legisladores locales, recibió el respaldo de esa organización parlamentaria, del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y de todos los organismos de derechos humanos, durante una breve estadía en esa capital. 

El presidente de la Copppal, senador peronista Antonio Cafiero, advirtió que la acción contra Córdoba es un grave hecho de criminalización de una larga lucha por los derechos humanos, la democracia y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos que afectan la región. 

Pérez Esquivel sostuvo que comenzó una campaña de respaldo a Córdoba y varios premios Nobel asistirán a un encuentro en Buenos Aires, a mediados de diciembre próximo, para respaldar a la senadora en su derecho de mantenerse en el cargo para el cual fue elegida por voluntad popular. 

Los organismos humanitarios deploraron que en el mismo país en el cual funcionarios gubernamentales y militares crearon los llamados falsos positivos -eufemismo para reclutar jóvenes pobres con ofertas de trabajo y luego asesinarlos y ponerles ropas de guerrilleros, cobrar altas recompensas y lograr ascensos, en una de las acciones más perversas y dramáticas de una forma de terrorismo de Estado encubierto-, hayan actuado de esta manera con una senadora de la república. Además se mencionaron los asesinatos de políticos, sindicalistas, alcaldes, candidatos presidenciales, campesinos, indígenas y otros para los que no ha habido justicia. 

En la reunión que luego realizó la Copppal en su sede local, se destacó la larga lucha de la senadora Córdoba por la paz, las minorías, las mujeres, los pobres y por la democracia auténtica. Ahí estuvieron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otros organismos humanitarios y sociales junto a legisladores de la Copppal y otros representantes de diversos sectores políticos. Ernesto Moreau, integrante de la Asociación Americana de Juristas, dijo a La Jornada que ese organismo había detectado fallas graves en la resolución publicada por el procurador, quien además no puede resolver en esta situación sin violar la propia Constitución colombiana y la legislación regional en aspectos parlamentarios. 

En charla con La Jornada, la senadora colombiana resaltó el apoyo recibido por diversos sectores en su país, América Latina y el resto del mundo, y expresó su decisión inclaudicable de seguir luchando por la paz en Colombia, por el diálogo y una solución negociada a un largo conflicto que ha dejado miles de muertes. También dijo que estaba de acuerdo en que esta decisión en su país significa obstaculizar el camino de la paz verdadera y duradera, y que a pesar de todas las amenazas que la rodean continuará en su misión pacificadora. He recibido una solidaridad emocionante y hay juristas en todo el mundo que estudian este caso porque es una lamentable afrenta a todo proceso de democratización. Nunca se ha llegado a la paz con muerte y más muerte. 

La Copppal también decidió mantener su apoyo al diálogo y la negociación en Colombia como la única iniciativa real para la solución a un conflicto que dura ya casi medio siglo. Es lamentable que se interrumpan los procesos de paz que pueden salvar miles de vidas para que los guerreristas justifiquen sus políticas de dominación y control sobre nuestros pueblos. Vamos a hacer una campaña en todo el mundo. No podemos dejar pasar este momento histórico, en que podemos ayudar a la paz y a la vida en un pueblo que ha sufrido tanto como el colombiano, dijo Pérez Esquivel. 

COMUNICADO COPPPAL

La compañera Piedad Córdoba es vicepresidenta de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL). Como congresista, ha estado comprometida desde hace 20 años con la defensa de la democracia, la justicia, el diálogo como mecanismo de solución de los conflictos y la política puesta al servicio del bien colectivo. Es integrante del grupo colombianos y colombianas por La Paz, el cual ha impulsado la propuesta del intercambio humanitario con las FARC como primer paso para establecer un diálogo y una salida pacífica que ponga fin al conflicto armado que vive la nación suramericana desde hace casi medio siglo. Asimismo, ha sido artífice de las misiones para llevar a cabo las liberaciones de varios rehenes a través del diálogo y bajo la autorización del Gobierno colombiano desde 2008. 

Llamamos al Gobierno de Colombia y demás fuerzas políticas a velar por al respeto del voto popular por el cual la COPPPAL ha luchado a lo largo de su historia, con la convicción de que no existe democracia posible sin el justo respeto a las libres decisiones y a la voluntad del pueblo.

Expresamos nuestra solidaridad con la compañera Piedad Córdoba y exigimos el respeto a su libertad personal, a su integridad física y la seguridad de su familia. 

Reflexiones de Fidel. Piedad Córdoba y su lucha por la paz

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Frente a una medida tan inusual y drástica, contra la titular de un cargo electivo de la más alta institución legislativa del Estado, ésta no tiene otra alternativa que recurrir ante el propio Procurador que engendró la medida.

Era lógico que tal arbitrariedad provocara un fuerte rechazo, expresado por las más diversas personalidades políticas, entre ellas, ex prisioneros de las FARC y familiares de los que fueron liberados por gestiones de la senadora, ex candidatos a la presidencia, personas que ocuparon ese alto cargo, otros que fueron, o son, senadores o miembros del poder legislativo.

Piedad Córdoba es una persona inteligente y valiente, expositora brillante, de pensamiento bien articulado. Hace pocas semanas nos visitó acompañada de otras personalidades destacadas, entre ellas, un sacerdote jesuita de notable honestidad. Venían animados por un profundo deseo de buscar la paz para su país y solicitaban la colaboración de Cuba, recordando que durante años, y a solicitud del propio gobierno de Colombia, prestamos nuestro territorio y nuestra colaboración para las reuniones que tuvieron lugar en la capital de nuestro país entre representantes del Gobierno de Colombia y el ELN.

No me sorprende, sin embargo, la decisión tomada por el Procurador General, que obedece a la política oficial de ese país virtualmente ocupado por las tropas yankis.

No me gusta hablar a medias tintas, y diré lo que pienso. Hace sólo una semana, estaba a punto de iniciarse el debate general del 65 Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante tres días, se habían discutido las penosas metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el jueves 23 de septiembre se iniciaba la Asamblea General, con la participación de los Jefes de Estado o de altos representantes de cada país. El primero en hacer uso de la palabra sería, como es costumbre, el Secretario General de la ONU y, de inmediato, el Presidente de Estados Unidos, país sede de la Organización y presunto amo del mundo. La sesión comenzaba a las 9 de la mañana. Como es lógico, estaba interesado en conocer qué diría el ilustre Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, tan pronto concluyera Ban Ki-moon. Imaginé ingenuamente que la CNN en español o en inglés trasmitiría el discurso, generalmente breve, de Obama. Por esa vía escuché los debates entre aspirantes a ese cargo en la ciudad de Las Vegas, dos años antes.

Llegó la hora, pasaban los minutos y CNN ofrecía noticias aparentemente espectaculares sobre la muerte de un jefe guerrillero colombiano. Estas eran importantes, pero no de especial trascendencia. Continuaba yo interesado por saber qué decía Obama de los gravísimos problemas que sufre el mundo.

¿Acaso la situación del planeta está para que ambos estén bobeando y haciendo esperar a la Asamblea? Pedí que pusieran en otro televisor la CNN en inglés y tampoco una palabra sobre la Asamblea. Entonces, ¿de qué hablaba la CNN? Daba noticias, y esperaba que concluyera las que emitía sobre Colombia. Pero pasaron 10, 20, 30 minutos y seguía en lo mismo. Narraba incidencias de un colosal combate que se estaba librando, o se había librado, en Colombia, los destinos del continente iban a depender de eso, según se deducía de las palabras y el estilo de la narración del locutor. Se mostraban fotos y filmes en todos los colores de la muerte de Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño Suárez o “Mono Jojoy”. Es el golpe más fuerte recibido por las FARC, afirmaba el locutor, supera la caída de Manuel Marulanda y la de Raúl Reyes juntos. Acción demoledora, afirmaba. Según se deducía, había tenido lugar un espectacular combate con la participación de 30 aviones de bombardeo, 27 helicópteros, batallones completos de tropas selectas empeñados en feroz acción bélica.

Realmente, algo más que las batallas de Carabobo, Pichincha y Ayacucho juntas. Con la vieja experiencia en estas lides, no concebía semejante batalla en una región boscosa y apartada de Colombia. La descomunal acción estaba condimentada con imágenes de todo tipo, viejas y nuevas, del comandante rebelde. Para el redactor de noticias de CNN, Alfonso Cano, quien sustituyó a Marulanda, era un intelectual universitario que no gozaba de apoyo entre los combatientes; el verdadero jefe había muerto. Las FARC tendrían que rendirse.

Hablemos claro. Las noticias referidas a la famosa batalla en la que murió el comandante de las FARC -un movimiento revolucionario colombiano que surgió hace más de 50 años, después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, asesinado por la oligarquía- y la destitución de Piedad Córdoba, están muy lejos de llevar la paz a Colombia; por el contrario, podrían acelerar los cambios revolucionarios en ese país.

Imagino que no pocos militares colombianos estén abochornados por las grotescas versiones de la supuesta batalla en que murió el Comandante Jorge Briceño Suárez. En primer lugar, no hubo combate alguno. Fue un burdo y bochornoso asesinato. El almirante Edgar Cely, tal vez embarazado con el parte de guerra con que la autoridad oficial informó la noticia y otras versiones oscuras, declaró que: “Jorge Briceño, alias ‘Mono Jojoy’, murió por ‘aplastamiento’ cuando […] la construcción en la que estaba escondido en la selva se le vino encima.” “‘Lo que sabemos es que murió por aplastamiento, su búnker le cayó encima’, […] ‘no es verdad que tuviera un tiro en la cabeza’.” Así lo declaró a la emisora Caracol Radio, según la agencia de noticias norteamericana AP.

A la operación le pusieron un nombre bíblico “Sodoma”, una de las dos ciudades castigadas por sus pecados, sobre ella cayó una lluvia de fuego y azufre.

Lo más grave es lo que falta por contar, que ya hasta el gato lo sabe, porque los propios yankis lo han publicado.

El gobierno de Estados Unidos le suministró a su aliado más de 30 bombas inteligentes. En las botas que le suministraron al jefe guerrillero, le instalaron un GPS. Guiadas por ese instrumento, las bombas programadas estallaron en el campamento donde estaba Jorge Briceño.

¿Por qué no se explica al mundo la verdad? ¿Por qué sugieren una batalla que nunca tuvo lugar?

Otros hechos bochornosos observé a través de la televisión. El Presidente de Estados Unidos recibió efusivamente a Uribe en Washington, y lo respaldó para ofrecer clases sobre “democracia” en una universidad estadounidense.

Uribe, fue uno de los principales creadores del paramilitarismo, sobre cuyos miembros cae la responsabilidad del auge del narcotráfico y la muerte de decenas de miles de personas. Fue con Barack Obama que Uribe suscribió la entrega de siete bases militares y virtualmente, de cualquier parte del territorio de Colombia, para la instalación de hombres y equipos de las fuerzas armadas yankis. De cementerios clandestinos está lleno el país. Obama, a través de Ban Ki-moon, concedió a Uribe la inmunidad, asignándole nada menos que la vicepresidencia de la comisión que investiga el ataque a la flotilla que llevaba ayuda a los palestinos sitiados en Gaza.

Uribe en los últimos días de su presidencia tenía ya organizada la operación utilizando el GPS en las botas nuevas que necesitaba el guerrillero colombiano.

Cuando el nuevo presidente de Colombia viajó a Estados Unidos para hablar en la Asamblea General, conocía que la operación estaba en marcha, y al conocer Obama la noticia del asesinato del guerrillero, abrazó efusivamente a Santos.

Me pregunto si en esa ocasión se habló algo del acatamiento de la decisión emitida por el Senado de Colombia, declarando ilegal la autorización de Uribe para establecer las bases militares yankis. En ellas se apoyó el grosero asesinato.

He criticado a las FARC. Expresé públicamente en una Reflexión mi desacuerdo con la retención de los prisioneros de guerra y los sacrificios que para estos implicaban las duras condiciones de la vida en la selva. Expliqué las razones y la experiencia adquirida en nuestra lucha.

Fui crítico de las concepciones estratégicas del movimiento guerrillero colombiano. Pero jamás negué el carácter revolucionario de las FARC.

Consideré y considero que Marulanda fue uno de los más destacados guerrilleros colombianos y latinoamericanos. Cuando muchos nombres de políticos mediocres sean olvidados, el de Marulanda será reconocido como uno de los más dignos y firmes luchadores por el bienestar de los campesinos, los trabajadores y los pobres de América Latina.

El prestigio y la autoridad moral de Piedad Córdoba se han multiplicado. 

Fidel Castro Ruz

Septiembre 30 de 2010

 

 

La fosa de la Macarena, un testigo que grita en medio de la selva colombiana

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Nada ha cambiado, al menos a mejor, para los habitantes de la localidad de La Macarena -departamento del Meta, al sur de Colombia-, desde que a finales de julio presentaran al mundo la mayor fosa común de América Latina, que alberga los restos de al menos 2.000 personas.

 

Aunque se había hablado de ello anteriormente, el pasado 21 de julio -apenas dos semanas antes de que Álvaro Uribe dejara la Presidencia-, unas 500 personas, encabezadas por parlamentarios colombianos y europeos, así como organizaciones de derechos humanos y familiares de ejecutados y desaparecidos en la región, tomaron parte en una audiencia pública que pretendía dar a conocer la fosa situada junto al cementerio y ofrecer sus testimonios.

Los asistentes trataron de poner palabras al sufrimiento del que vienen siendo víctimas desde que las tropas de élite del Ejército colombiano -Fuerza de Tarea Conjunta Omega, FUTCO- entraron a sangre y fuego en esta región, en aplicación del Plan Colombia que, con la bendición y la asesoría de EEUU, siguió a la ruptura de las negociaciones con el Gobierno de Andrés Pastrana. Este plan, que buscaba sojuzgar lo que tradicionalmente había sido bastión de la insurgencia, arreció durante los 8 años del uribismo.

«Fue aberrante», relata a GARA Felipe Cantera, integrante de la Plataforma No Más Bases que se desplazó hasta el lugar para elaborar un documental sobre La Macarena, con el objetivo de «visibilizar y dar difusión a los testimonios de las víctimas». «Un hombre contó que el Ejército no le dejó acceder a su casa y la bombardeó con su mujer dentro, a la que luego presentaron como una guerrillera muerta en combate», recuerda.

Es sólo un caso. Hay miles. La mayoría de testimonios apuntaba como responsables de las desapariciones a la FUTCO: «los campesinos sospechaban que sus familiares estaban en La Macarena porque habían sido presentados como guerrilleros caídos en combate».

Estas ejecuciones extrajudiciales, apunta Cantera, se dispararon en 2006, a partir de una circular del Ministerio de Defensa -cuyo titular era el actual presidente, Juan Manuel Santos- en la que se decretaba el pago de alguna recompensa económica o de méritos de cara a un ascenso por cada baja enemiga. «Son los mal llamados `falsos positivos’, pero no son más que ejecuciones extrajudiciales», aclara.

Según narra, este tipo de prácticas se extendió a amplias zonas del país, «pero la punta del iceberg» fue esta región, «donde nunca ha habido presencia paramilitar».

«Aquí hubo arrasamiento»

El senador del Polo Democrático y fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, denunció, en declaraciones a La Jornada durante la audiencia pública que «La Macarena nos fue presentada como el laboratorio más exitoso de la [política gubernamental de] Seguridad Democrática, como una zona plenamente recuperada y consolidada por el Estado. Ahora tenemos claro que aquí no hubo recuperación del territorio sino arrasamiento».

Ante las denuncias de familiares y organizaciones sociales y, a pesar del intento de silenciamiento por parte de los grandes medios de comunicación en el país, la Fiscalía se vio obligada en agosto a comenzar con las inhumaciones y a investigar esos cadáveres. La ONU, por su parte, también elaboró un informe al respecto, cuyos resultados se dieron a conocer el pasado 7 de setiembre.

En él, pese a que hacía serias advertencias sobre la actitud que debería tomar el Estado para evitar este tipo de hechos, se descartaba que en La Macarena haya una fosa común con 2.000 cadáveres. Confirmó sin embargo la existencia de 446 cuerpos sin identificar (los conocidos como NN, Nomen Nescio) que fueron reportadas como muertos por la fuerza pública. La noticia fue aplaudida por el Gobierno, que pareció obviar el resto del informe, en el que se «urge» a la Fiscalía a «analizar cuidadosamente las posibilidades a su alcance para atender de manera pronta y efectiva la identificación de los fallecidos».

A pesar de todo, Cantera alerta de que «lo importante no es si hay o no una fosa común. Lo importante es que hay 2.000 cadáveres sin identificar y habrá que investigar qué ha pasado con ellos», ya que «el Gobierno habla de 446 cuerpos, porque ni siquiera exhumaron todos los cadáveres que hay».

Además, se mostró tremendamente preocupado porque la denuncia del caso de La Macarena no ha sido gratuita. Cantera apunta que Iván Cepeda ha recibido correos amenazándole por este tema, pero hay otro caso aún más grave. Norma Irene Pérez, defensora de los derechos humanos y una de las caras visibles en la denuncia de la fosa común, desapareció el 7 de agosto, y apareció muerta seis días más tarde con varios disparos.

Datos preocupantes para un país que tiene un índice de impunidad del 98%.

 

 

Hay mayoría en la Corte Constitucional para tumbar el acuerdo de las bases con EE.UU.

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Aunque todavía falta la intervención de dos magistrados, tres fuentes de despachos diferentes dijeron a La Silla Vacía que ya existe una clara mayoría para tumbar este acuerdo entre Colombia y Estados Unidos.

La mayoría de magistrados votarían a favor de la ponencia de Jorge Iván Palacio, que propone declarar inexequible el acuerdo y diferir los efectos de esa declaratoria hasta junio del próximo año. Palacio coincide con los argumentos esgrimidos en un concepto no obligatorio del Consejo de Estado.

Como lo explicó en su momento este medio, el acuerdo firmado entre ambos países es bastante elástico y deja varios temas para desarrollar posteriormente. A diferencia del Acuerdo de Manta (que cuando se venció dio origen al de Colombia) que específicaba exactamente por dónde podían volar los aviones, este acuerdo no dice nada al respecto. Tampoco dice el Acuerdo nada sobre los topes de los militares estadounidenses con presencia en Colombia. Y frente a la inmunidad, los estadounidenses lograron su cometido, que era proteger a todo su personal -civil y militar- frente a cualquier falla disciplinaria o crimen cometido en Colombia, sin importar que estos no hayan sido cometidos como parte del servicio. Los únicos que podrán ser juzgados por la justicia colombiana son los contratistas militares. En materia tributaria, quedaron exentos incluso los cónyuges. Y también en materia de visas, incluidos los civiles. Hasta, de hacer cola en los aeropuertos, que además podrán ser utilizados en el futuro según acuerden las partes.

Los ejes del debate

El debate en la sala plena ha girado alrededor de dos puntos. El primero, es si el Acuerdo suscrito el 30 de octubre de 2009 entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos es un tratado internacional o es simplemente un ‘acuerdo simplificado’ que desarrolla un tratado internacional.

La diferencia es importante porque si se considera que es un tratado internacional, entonces ha debido presentarse al Congreso para su aprobación, un paso que el gobierno de Álvaro Uribe se ahorró. Si es un ‘acuerdo simplificado’, que se limita a desarrollar un tratado internacional como un decreto desarrolla una ley, este procedimiento no sería necesario.

La jurisprudencia de la Corte es clara en que no importa cómo se llame al acuerdo, si incorpora nuevas y trascendentales obligaciones para el Estado se trata de un tratado internacional. Y se considera que son nuevas si no están contempladas en el Tratado Internacional ‘madre’ o si exceden las obligaciones establecidas allí.

El gobierno de Uribe argumentó ante la Corte que este acuerdo es simplificado porque desarrolla múltiples acuerdos de cooperación con Estados Unidos.

El problema es que esos acuerdos previos invocados por el Gobierno que tendrían algo que ver con el uso de las bases militares tampoco pasaron por el Congreso, es decir, tampoco eran tratados internacionales. Y hay un consenso en que no se puede suscribir un acuerdo simplificado con base en otro acuerdo simplificado.

El Plan Colombia II, firmado durante el gobierno de Uribe, por ejemplo, fue ‘un memorando de entendimiento para una relación estratégica de seguridad’. Se trató de un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Defensa y el Pentágono, firmado por el ex Canciller Fernando Araújo y el ex Ministro de Defensa Juan Manuel Santos con el ex embajador de Estados Unidos William Wood.

Aprovechando que hacia menos de seis meses había ocurrido el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, y en plena efervescencia de la guerra contra el terrorismo, Uribe logró que Estados Unidos ampliara el Plan Colombia firmado por Andrés Pastrana como un convenio administrativo binacional. En el nuevo acuerdo, se levantaron las restricciones que tenía el inicial en cuanto a sólo realizar operaciones antinarcóticos para ampliarlo a la lucha anti-insurgente. Es decir, que se podía atacar a la guerrilla así no estuviera cuidando un cultivo de coca.

En un principio, se entendió que el acuerdo para permitir el uso de las bases militares era un ‘desarrollo’ del Plan Colombia. Pero el Plan Colombia nunca fue un tratado internacional ni pasó por el Congreso.

El argumento de la minoría

Colombia y Estados Unidos sí han firmado convenios internacionales y tratados multilaterales antidrogas pero la mayoría de magistrados -Mauricio González y Jorge Pretelt son parte de la excepción- han considerado que son demasiado genéricos y que no contemplan obligaciones de tal trascendencia para el Estado colombiano relacionadas con el ejercicio de la soberanía, exenciones ficales, inmunidades penales, incluso a familiares de los militares, como el nuevo acuerdo de las bases.

La minoría alega que la ‘práctica de los Estados’ en la aplicación de los acuerdos de cooperación militar previos los validan como tratados así no hayan pasado por el Congreso. Además, han propuesto interpretar este acuerdo -que para ellos es simplificado- a la luz de los objetivos macro de una relación de cooperación militar de vieja data entre ambos países. Su punto de vista también es que en un mundo globalizado es normal que los tratados sean genéricos y que se desarrollen mediante acuerdos simplificados para ajustarse a las condiciones cambiantes.

Otras aristas

El otro punto sobre el que ha girado la discusión es sobre el alcance de la competencia de la Corte para estudiar la demanda: en un extremo, se propuso inhibirse mientras que en el otro se defendió la idea de que la Corte -por eficacia procesal- debería entrar a estudiar la constitucionalidad del contenido del acuerdo, que una vez sea aprobado por el Congreso llegará a la Corte. Pero ninguno de los dos argumentos logró convencer a la mayoría.

Así las cosas, lo que los magistrados tendrán que decidir hoy es si tumban el acuerdo llanamente. O si, como propone el magistrado ponente, lo tumban pero difieren la ejecución de la sentencia hasta junio del próximo año para darle tiempo al nuevo gobierno de renegociar el tratado, presentarlo al Congreso para su aprobación o abstenerse de hacerlo y denunciarlo para que cesen sus efectos.

En cualquiera de los dos casos, el acuerdo de las bases militares, con el que Uribe le mostró los dientes a Chávez y a las Farc, tiene sus horas contadas.

http://www.lasillavacia.com/historia/17303

 

La oposición política en Colombia

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Seguramente neofascista ese país, por fortuna apenas imaginado, recibiría ipso facto el rechazo, ese sí justificadamente unánime, de la comunidad internacional. Por ello, pues, da grima ver a ciertos politicastros ansiosos por inspirar un gobierno como el próximo de Santos libre de oposición, sin estorbos en frente ni de lado, es decir, sin delanteros, ni mediocampistas, ni carrileros y menos defensas o porteros en el equipo oponente que le puedan ofrecer resistencia a las antojadizas y eventualmente arbitrarias ejecutorias gubernamentales.

Sin embargo, para iniciar con sensatez una discusión respecto de la urgencia de defender la existencia de una oposición política en Colombia, es necesario remontarnos al origen de la legalidad del Presidente electo a quien, según algunos de sus amigos y colaboradores, se le va a “montar” dicha oposición. El doctor Santos fue elegido como Presidente de Colombia por la expresa voluntad de 9.004.221 electores, lo que dentro de las leyes electorales vigentes le da pleno derecho a ejercer legítimamente el cargo. Pero de igual manera, debe tenerse en cuenta que, dado el censo electoral de 30 millones de ciudadanos aptos para votar, fueron cerca de 21 millones los que se abstuvieron de hacerlo por él, lo que en cifras redondas y para conceptos puntuales, quiere decir que los 9 millones que por él votaron tendrán por un periodo de 4 años el derecho a gobernar este país por sobre el deseo o la voluntad claramente mayoritaria de 21 millones de colombianos.

En consecuencia, ¿a quién podría ocurrírsele insinuar que las grandes mayorías nacionales no están en pleno derecho constitucional -y matemático- a formar corrientes opositoras al gobierno, sabiendo que es esta oposición mayoritaria -y así lo fuera minoritaria- la que precisamente le da validez y legitima dentro del marco de una democracia formal como la nuestra procesos electorales cuya finalidad no es otra que la de seleccionar a legisladores y gobernantes?

Y es que, hay que decirlo, la oposición no solamente es legítima en una Estado de Derecho, sino que es aquella expresión política que con mayor rigor legitimaría a un gobierno democrático.

¿Cómo, entonces, interpretar a un régimen minoritario, cualquiera que éste sea, que no propicie el desarrollo de una oposición que todos entendemos que no nace por generación espontánea, sino que proviene de las mismas irrebatibles leyes de la dialéctica?

Insólitos gajes de la democracia: las minorías manejando los asuntos del Estado en contravía del querer mayoritario. De tal suerte que, con este elemental argumento, podemos decir que la oposición al gobierno que se instala el próximo 7 de agosto no alcanza su legalidad y su derecho por voluntad del Presidente -que de pronto así lo quisiere-, o por la vía de la generosidad de quienes lo eligieron, o de quienes accedieron al Congreso o, en fin, de su equipo de gobierno.

Toda oposición, lo sabemos bien, es la que en una democracia hace la diferencia con los regímenes totalitarios. Además, le es consustancial al sistema democrático como quiera que le da la razón al equilibrio y a la equidad -electoral, en este caso- y sirve en beneficio del progreso y la justicia social si permite y protege un control político independiente y eficaz por parte de los perdedores en una contienda.

Estoy de acuerdo con Natalia Springer cuando dice que en Colombia, “al que cuestiona lo gradúan de mamerto”, o cuando señala que le preocupa oír que mencionan a la oposición como algo a lo que en “un acto de bondad, las mayorías otorgan licencia”. Y, claro, porque es al revés. Al menos para el caso actual, son unas enormes mayorías las que le están permitiendo a las minorías apropiarse del poder político y gobernar a sus anchas. Y son estas minorías, casualmente, las que ahora se extrañan de que el país esté reclamando y requiriendo de una oposición legítima.

Mockus, el farragoso profesor, critica a la oposición porque para ella, según su fino olfato político, “todo es malo”; él no quiere ser oposición, prefiere ser “deliberante e independiente” y al mismo tiempo una alternativa de poder (?). ¡Pobre Partido Verde! Muy otro hubiera sido su destino si Fajardo, Peñalosa o Lucho hubiesen sido sus candidatos.

Petro, afectado aún por su irremediable mal diagnosticado como “síndrome del converso”, que por querer tirarse a Carlos Gaviria y a Robledo terminó fue tirándose al Polo, resolvió inventarse el vergonzoso sainete de “cambio una oposición por una foto”.

Y el liberalismo, el conservatismo, Cambio Radical, y la U, todos a una ayudando a consolidar la Unidad Nacional porque “¿para qué la oposición?”

En fin, doctor Santos, así las cosas, duerma usted tranquilo.

Arranca en Bogotá la Marcha Patriótica y el Cabildo Abierto por la Independencia

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En conmemoración de los doscientos años de lucha por la independencia y la soberanía, las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles y populares vienen convocando a celebrar el bicentenario con un carácter de clase y diferente al que impulsa el Gobierno Nacional. Por eso, se viene promoviendo a nivel nacional y regional una programación especial con actividades educativas, culturales y de movilización, en especial la Marcha Patriótica y el Cabildo Abierto por la Independencia, a realizarse el 19, 20 y 21 de julio de 2010 en la ciudad de Bogotá.

Este evento se convoca en el contexto de la invasión militar estadounidense a territorio colombiano, y en medio de la usurpación oficial de la conmemoración por los herederos de aquellos que precisamente dejaron inconcluso nuestro proceso emancipatorio iniciado hace más de doscientos años.

En el marco de la conmemoración del bicentenario, América Latina es escenario de procesos de lucha, con experiencias de cambio democrático, con diferentes logros y alcances de progreso social. El imperio pretende, no obstante, obstaculizar los nuevos rumbos soberanos y estimular confrontaciones entre pueblos hermanos. Medidas como el establecimiento de bases militares en territorio nacional y de otros estados, la creación de la Cuarta Flota naval con arsenal atómico, y los planes para prolongar la guerra contrainsurgente en Colombia negando las vías del diálogo y negociación, agravan la carrera armamentista, amenazan la paz y la seguridad en la región y afectan seriamente la hermandad de los países latinoamericanos.

Dos siglos después, nuestros pueblos se miran en el espejo de su historia para procesar sus luchas y proyectar nuevos desafíos, así como ayer, con un profundo sentido latinoamericano.

Alrededor de 5 mil personas de todos los rincones del país arribaron en la mañana de hoy, lunes 19 de julio, al Parque Nacional de la capital colombiana, en donde fue instalada la marcha patriótica y el cabildo abierto por la independencia, evento de organizaciones sociales para conmemorar el bicentenario desde la perspectiva de los pueblos.

La presentación estuvo a cargo de voceros de organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y comunales. A continuación se organizó la procesión de las diferentes delegaciones, provenientes de la Amazonía, Antioquia, la Costa Caribe, el Eje Cafetero, los Llanos Orientales, el Nororiente, el Suroccidente y el Tolima grande, que se unieron a las organizaciones sociales con sede en Bogotá y el centro del país.

Las diferentes delegaciones partieron a la una de la tarde hacia el campus de la Universidad Nacional de Colombia. Columnas de hombres y mujeres atiborraron la carrera séptima y la calle 45. Durante más de tres horas, el tráfico de norte a sur y viceversa fue interrumpido entre las carreras séptima y 30.

Luego de la instalación de los marchantes en la ciudad universitaria, el evento proseguirá el martes 20 de julio con los cabildos temáticos que debatirán durante la mañana, mientras que en la tarde sesionará el cabildo abierto por la independencia y la soberanía.

Indígenas colombianos marchan hacia Bogotá para protestar contra festejos del Bicentenario

Cientos de indígenas colombiano se movilizan hacia Bogotá para protestar en contra de la celebración del Bicentenario de la Independencia en ese país porque aseguran que no son verdaderamente libres al ser violados sus derechos y ser víctimas de la violencia.

Los nativos provenientes de los departamentos del Cauca, Caquetá, Huila y Nariño, desean llegar a la capital para decirle al país que no son autónomos y que sus comunidades siguen violentadas como antes.

“Vamos a Bogotá a decirle al mundo entero que los pueblos originarios padecemos la violencia, no somos autónomos ni realmente libres, y nuestros derechos son pisoteados, por lo que no tenemos nada que celebrar”, declaró Luis Calambás, promotor de la movilización.

Esta domingo los más de mil 500 indígenas llegaron a Calí, donde se manifestaron en contra de la fecha con actos artísticos y culturales.

También hicieron un recorrido pacífico que estuvo acompañado por canciones y pancartas con mensajes a favor de la naturaleza y de la libertad de las comunidades indígenas de Colombia.

Los nativos, que se movilizan en autobuses y camiones, esperan llegar a Bogotá el 20 de Julio, Día de la Independencia Nacional, para expresar sus puntos de vista.

El objetivo es realizar una marcha pacífica por las calles de la ciudad con el fin de contrarrestar los festejos que prepara el gobierno nacional con un desfile militar en Bogotá y varios conciertos musicales.

La movilización arrancará en el parque Nacional, pasará por la plaza de San Victorino y continuará hacia la Media Torta, donde los indígenas harán diferentes actividades culturales.

Este mes el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (Unpfii) consideró  que es “sumamente grave, crítica y profundamente preocupante” la situación de los derechos humanos de los indígenas colombianos, a pesar del reconocimiento constitucional de estas garantías.

Las declaraciones fueron emitidas tras una visita de cuatro días que realizó el organismo a Colombia, y señaló que dará seguimiento cercano a este hecho e implementará un plan de salvaguarda. 

El organismo advirtió además que la etnia Awá, que habita en el departamento de Nariño (suroeste), vive una situación de “extrema vulnerabilidad” porque su territorio está invadido por grupos armados. 

En su informe final del Unpfii también indica que existe una situación de abusos contra las mujeres, niñas y niños de los pueblos indígenas colombianos.

http://prensarural.org/spip/spip.php?article4343

 

“La impunidad frente a la represión es una de las grandes medallas del estado colombiano”

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En el estado español están presentes diferentes colectivos colombianos de izquierda que pretenden, desde la perspectiva de los movimientos sociales, difundir los aspectos menos visibles de la realidad colombiana: violación de los derechos humanos, luchas antiimperialistas, implantación del neoliberalismo, entre otros.

Fernando Prieto forma parte del colectivo radicado en Valencia. Existen otros de características similares en Asturias, Zaragoza, Madrid, Barcelona o el País Vasco. Trabajan en la “Red Europea de Solidaridad con Colombia”, formada por organizaciones sociales europeas y colombianas, que defienden la soberanía alimentaria, el territorio y los recursos naturales. Uno de sus principales objetivos es acercar al estado español a líderes colombianos de las organizaciones populares, para que ofrezcan un testimonio directo de los conflictos por la defensa de la tierra.

Las elecciones presidenciales del pasado domingo han concluido con la victoria del uribista Santos. ¿Considera que había diferencias sustanciales con Mockus, la candidatura alternativa?

Se trata del mismo monstruo pero con dos cabezas. Los dos defienden las privatizaciones, el neoliberalismo y en ningún caso van a la raíz de las injusticias sociales. Todo ello aderezado con una considerable ayuda mediática. No existen, por tanto, diferencias aunque a veces puedan presentarse con estilos diferentes. Ambos coinciden, asimismo, en vincular el Polo Democrático Alternativo a la guerrilla con el único fin de manipular a la opinión pública. 

¿En qué situación queda el Polo Democrático Alternativo, que consiguió un 9% en la primera vuelta? ¿Constituye una alternativa desde la izquierda?

El Polo es una opción similar a lo que podría ser Izquierda Unida en España. Tuvo un auge notable en las elecciones de 2006, cuando se convirtió en la segunda fuerza electoral de Colombia. Hoy es la cuarta, sobre todo por dos razones: la incapacidad en ocasiones de dar respuestas a la velocidad que requiere la coyuntura; y las luchas intestinas entre las facciones de Petro y Gaviria, los dos principales dirigentes del Polo. Estas disputas, habitualmente poco operativas, se han producido a la hora de establecer alianzas, las relaciones con Venezuela o fijar una posición respecto a la guerrilla.

Además de la izquierda política, ¿qué perspectivas se les presentan a los movimientos sociales?

En este punto existe un panorama complejo. Hay un primer sector dentro de los movimientos sociales que tiene como referencia al Polo Democrático Alternativo; por ejemplo, organizaciones indígenas, de campesinos, de la clase obrera y estudiantes. Sin embargo, otra parte de los movimientos sociales mantiene su autonomía y elabora sus propios proyectos políticos. En este apartado podemos incluir a las guerrillas y a un sector de los colectivos indígenas, entre otros.

La represión se ceba con las organizaciones populares. Uno de los ejemplos más notorios es el de los sindicatos. De hecho, Colombia fue el país con más sindicalistas asesinados en 2009, un total de 48. ¿No permiten estos datos cuestionarse la democracia realmente existente?

Por supuesto. Una de las grandes medallas que puede colgarse el estado colombiano es la de la impunidad frente a la represión. La mayoría de los asesinatos que citas se debe a la entrada de transnacionales en el país vinculada a la explotación de recursos naturales. Coca-Cola, Nestlé, Chiquita Brands o Drumond son compañías implicadas en los homicidios. Los asesinatos perpetrados contra líderes sindicales constituyen tal escándalo que hasta Estados Unidos, de manera sumamente hipócrita, los ha utilizado como excusa para no firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia.

El final de la campaña electoral y de las votaciones deja sobre la mesa el escándalo de los “falsos positivos” (cerca de 2.000 campesinos ejecutados por parte de las fuerzas militares, que los hicieron pasar por guerrilleros). ¿Confía en que se produzca algún tipo de investigación?

En absoluto, porque la muerte de los “falsos positivos” responde a una política de estado que a buen seguro continuará desarrollándose. Se trata de ejecuciones extrajudiciales de civiles, algo desgraciadamente muy habitual en Colombia. Estos crímenes se explican por la necesidad de vender a la opinión pública que el estado se está imponiendo en el conflicto con la guerrilla. Por si fuera poco, se han producido ascensos y remuneraciones de militares, en ocasiones pagadas con fondos de la cooperación internacional. El caso de los “falsos positivos” no es, por tanto, ninguna excepción y si ha salido a la luz, ha sido sólo por el esfuerzo de los familiares de las víctimas.

 

Ante este escenario de impunidad, que el Relator Especial de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales ha cifrado en un 98,5%, ¿deberíamos poner entre comillas o en cursiva la idea de democracia en Colombia?

En Colombia se da un concepto muy particular de democracia. La corrupción, las desigualdades y la violación de los derechos humanos campan a sus anchas. La justicia es burocrática e injusta y desemboca en la impunidad. Está claro que cuando hay denuncias contra dirigentes políticos, militares, o grupos paramilitares, comienzan las amenazas a las familias de los denunciantes. De este modo consiguen que desistan en el procedimiento. Además, cuando algún luchador social muere asesinado, la versión oficial siempre achaca su muerte a “fuerzas oscuras”. Así no se investiga el crimen, hasta que finalmente prescribe. Pero nos queda un atisbo de esperanza. La firma de determinados protocolos internacionales ha forzado al gobierno colombiano a investigar algunos de estos asesinatos.

 

Otro baldón que tizna el sistema político colombiano es la “Narcopolítica”. Senadores, diputados, ministros, embajadores, militares, parientes cercanos a Uribe están bajo investigación judicial o condenados por crímenes.

Hay una larga histórica detrás de la “Narcopolítica”, que nos remite al mundo de las élites, su apropiación del poder, y la exclusión política de la mayoría de la población. Desde la fundación de la república, hace aproximadamente 200 años, una élite detenta la hegemonía en Colombia. Son las grandes familias de notables y terratenientes. A esta élite pertenece Santos. Sin embargo, hace más o menos una década surge otro grupo dentro de la oligarquía, ligado al narcotráfico, del que forma parte Uribe. Estas dos facciones de la clase dominante se hallan actualmente en conflicto.

 

Oficialmente el Gobierno reconoce que existen 20,5 millones de pobres y 8 millones de indigentes entre los 44,5 millones de habitantes del país. ¿Padece especialmente Colombia las consecuencias del neoliberalismo?

No particularmente. El neoliberalismo es al fin y al cabo una política imperialista que no sólo afecta a Colombia, sino a los países débiles de todo el mundo. Estas políticas penetran en Colombia en la década de los 80 y se materializan en la privatización de la sanidad y la educación o en cuestiones tan básicas como que mucha gente quede sin acceso a los alimentos. Las cifras que apuntas no son sólo un problema de Uribe sino de las consecuencias del neoliberalismo sobre toda la humanidad.

 

Mientras, crecen las partidas del gasto militar…

En Colombia el gasto militar es un absoluto desafuero. Tanto si lo ubicamos en el contexto latinoamericano como en el de un país con tantos problemas económicos y sociales. Un ejemplo de todo esto son las siete bases militares que Estados Unidos pretende implantar en territorio colombiano. Con acierto Chávez ha denominado a Uribe como un “cachorro del imperio”. No en vano la élite colombiana se jacta de que somos el “Israel latinoamericano”. Entre otras posibilidades, los acuerdos de las bases permitirán el desplazamiento de grandes contingentes militares y garantizarán la inmunidad diplomática a los soldados estadounidenses, a los que no se podrá juzgar con las leyes colombianas. Por si fuera poco, Uribe ha firmado estos acuerdos sin pasar por el parlamento, en un evidente ejemplo de autoritarismo.

 

¿Qué papel juega Chávez en relación con el “establishment” político colombiano?

Chávez es el chivo expiatorio de los políticos del sistema para promocionar dentro de los aparatos del estado y también para frenar cualquier posibilidad de crecimiento de la izquierda. Constituye un recurso habitual para el “establishment” asimilar interesadamente la izquierda a Chávez y a la guerrilla. Este es el marco que imponen en sus discursos.

 

Grandes grupos de comunicación y editoriales españoles como PRISA y Planeta han desembarcado con fuerza en Colombia. ¿Cómo observa el panorama mediático?

PRISA es propietario de Caracol radio, un medio con gran penetración. Planeta ha desembarcado recientemente en “El Tiempo”, un periódico progubernamental, el único con tirada nacional, asociado tradicionalmente a la familia Santos. Dos claros ejemplos del discurso único impuesto por los medio los hallamos en el conflicto armado y el campo de la economía. Así, el gobierno colombiano elabora determinados protocolos que cumplen medios de comunicación como “El Tiempo” así como la prensa extranjera. Por eso nunca se habla de “conflicto armado” sino de “terrorismo”. También se habla de bonanza económica cuando son rentables las inversiones para las transnacionales. Por el contrario, las violaciones de los derechos humanos parece que no existan. Todo esto hace mucho más compleja la labor de los medios alternativos.

 

¿Cuál es su opinión acerca del conflicto armado que vive Colombia y la posibilidad de un proceso de negociación?

Las élites políticas y los militares no están interesados en el diálogo. Santos habla, por el contrario, de “política de seguridad nacional” y de “derrota militar”. Estas consignas las ha asumido buena pare de la población colombiana, que sufre una creciente derechización. Los movimientos sociales apuestan, por el contrario, por la vía del diálogo y la negociación, dos presupuestos sin los cuales no existe la democracia y es imposible resolver el conflicto. Pero abrir el cauce de la participación popular podría socavar el poder de la oligarquía y la utilización que hace del conflicto armado como negocio. Por eso no se admite una oposición crítica. A todo el que se cuestiona el discurso oficial se le tacha de guerrillero o izquierdista.

El jefe de los escuadrones de la muerte gana las elecciones colombianas

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Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez

 Los principales medios electrónicos e impresos, CNN, FOX News, The Washington Post, The New York Times,The Wall Street Journal y el otrora liberal The Financial Times (FT), han celebrado la elecciónn de Santos como un gran triunfo para la democracia. Según The Financial Times, «Colombia, y no Venezuela, es (el) mejor modelo para América Latina» (FT, 23/06/2010, p. 8). Aludiendo a la «abrumadora» ventaja obtenida por Santos (acumuló el 69% de los votos), The Financial Times proclamó que se ha hecho acreedor de «un mandato sólido» (FT, 22/06/2010). En lo que tiene que convertirse en una de las maniobras más flagrantes para ocultar la historia reciente, las explicaciones de los medios de comunicación excluyen los hechos atroces de las elecciones y las políticas profundamente autoritarias llevadas a cabo por Santos durante la última década.

Las elecciones: Armas, élites y terrorismo

Las elecciones son un proceso (no un mero acontecimiento) cuyo resultado determinan las condiciones políticas previas. Durante los ocho años anteriores de gobierno del saliente presidente Uribe y el ministro de Defensa Santos fueron trasladados a la fuerza más de 2 millones de habitantes, en su mayoría, habitantes pobres de zonas rurales, y alejados de sus hogares y sus tierras para expulsarlos al otro lado de las fronteras con países vecinos o a suburbios urbanos. El régimen de Uribe y Santos recurrió tanto al Ejército como a los 30.000 miembros de los escuadrones de la muerte para matar y aterrorizar núcleos de población enteros a los que se consideraba «simpatizantes» de la insurgencia armada, lo que afectó a varios millones de habitantes pobres de zonas rurales y urbanas. Más de 20.000 personas fueron asesinadas, muchas de ellas, según la principal organización colombiana de derechos humanos, acusadas en falso de «guerrilleros». Cuando Santos era ministro de Defensa los tribunales lo implicaron directamente en lo que se ha dado en llamar «falsos positivos». El ejército capturaba al azar a docenas de jóvenes pobres de núcleos urbanos, los fusilaba y proclamaba una victoria sonora sobre la guerrilla de las FARC.

Algunos de los dirigentes más importantes de escuadrones de la muerte paramilitares a quienes se apresó han testificado que unos 60 congresistas de los que respaldaban a Uribe y Santos estaban en su nómina y «han garantizado» los votos de regiones que se encuentran bajo su control. Ante el daño causado por estos testimonios, Uribe y Santos han traicionado a sus camaradas de los narco-escuadrones de la muerte y los han «extraditado» a Estados Unidos, donde el proceso judicial excluyó las pruebas que los vinculan con los asesinatos masivos realizados a instancias de Uribe y Santos.

Más de dos mil sindicalistas, activistas de derechos humanos, periodistas y congresistas críticos con Uribe y Santos han sido asesinados por sicarios de escuadrones de la muerte al servicio del régimen. Las confederaciones sindicales más importantes del mundo han enviado misiones y publicado informes que condenan a Colombia por ser el país más peligroso para los representantes de los trabajadores.

En otras palabras: todos los sectores sociales que manifiestan quejas sociales y políticas contra el régimen han sido objeto de campañas de terror y muchos de sus líderes de opinión locales han sido asesinados, desplazados o exiliados… lo que socava toda posibilidad de existencia de alguna organización sociopolítica independiente estable.

El terrorismo de Estado dominante ha supuesto que muy pocos líderes locales sobrevivan, lo que merma la capacidad del electorado de sustentar una organización libre e independiente.

El día de las elecciones, el régimen movilizó a más de 350.000 soldados y agentes de policía, muchos de ellos implicados en toda una década de represión, para que «supervisaran» las elecciones y recordaran a los votantes la fuerza que ampara al «candidato oficial» (La Jornada, 30/05/2010).

El resultado electoral ha distado mucho de ser el «mandato» del pueblo colombiano tal como lo proclaman los medios de comunicación de masas. Los «ganadores», que representan a un 56 por ciento del electorado, han sido los «abstencionistas», la posición defendida por las FARC. Ahora bien, sin duda, la mayoría del voto abstencionista no era reflejo del apoyo o la simpatía por las FARC; más bien reflejaba la desafección con la represión y la violencia, la expropiación masiva de millones de personas y el fracaso absoluto de un régimen a la hora de abordar el desempleo y el empleo precario que afectan al 40 por ciento de la población económicamente activa.

En realidad, Santos obtuvo el 30 por ciento de los votos del electorado, apenas un respaldo autorizado. Si analizamos el perfil social y ecológico de los votantes, se trata a todas luces del respaldo de la élite. Los niveles más elevados de abstención se dieron en varios grupos muy concretos. En las barriadas de chabolas y las zonas rurales que padecen la represión y el abandono la abstención ascendió a más del 80 por ciento. Por el contrario, en los sectores de clase media y alta de las principales ciudades más del 60 por ciento votó al candidato del régimen. Uribe y Santos han tratado de buscar una explicación a la abstención generalizada recurriendo al clima (de lluvia) y a los partidos del Campeonato del Mundo de fútbol. Sin embargo, la poca participación fue generalizada en todo el país, tanto en las zonas de clima seco como en las que sufrieron inclemencias. Y los partidos no duraron todo el día de las elecciones. Los medios de comunicación de masas han pasado por alto de forma sistemática los atroces crímenes cometidos bajo el mandato del ministro de Defensa Santos y los cargos de los que se le acusa en el asesinato de «falsos positivos», así como su vinculación prolongada y generalizada con los escuadrones de la muerte y el apoyo de los gobiernos de Uribe al tráfico de drogas. Han pasado por alto el apoyo que ha prestado a la desregulación del sistema financiero, que se ha traducido en la estafa sufrida por centenares de miles de pequeños inversores colombianos.

Comparar Colombia con Venezuela

Sin embargo, The Financial Times (23/06/2010) salda a favor de Colombia la comparación del régimen de Uribe y Santos con la Venezuela de Chavez en «Crackers about Caracas? Latin American should be bonkers about Bogota instead» [«¿Petardos por Caracas? Más bien, los latinoamericanos deberían perder la cabeza por Bogotá»]. Según The Financial Times, Venezuela es poco segura, autoritaria y está en declive económico con Chavez. Haciéndose eco del resto de los medios de comunicación, los redactores de The Financial Times afirman que Colombia es una democracia próspera, provista de un sistema de controles y contrapesos; con unos barrios seguros y pacíficos… salvo cuando los barrios pobres se quejan del desempleo o los habitantes de las zonas rurales se manifiestan contra la expropiación de tierras a manos de pistoleros a sueldo de los terratenientes. The Financial Times no menciona la reaparición de las bandas de paramilitares que siembran el pánico en las zonas rurales colombianas (La Jornada, 28/05/2010), sino que se centra en los delitos callejeros de Caracas.

El gobierno de Venezuela, contrario a los medios de comunicación estadounidenses, promueve las comunidades basadas en movimientos sociales que serían blanco de los asaltos del ejército en Bogotá.

Los únicos grupos «paramilitares» de Venezuela son los que cruzan la frontera desde Colombia, a los que persigue y castiga la Guardia Nacional Venezolana. En Venezuela, los sindicatos participan en la dirección de las principales factorías e industrias, a diferencia de lo que sucede en Colombia, donde se les asesina, incluidos los trabajadores de las industrias fundamentales del carbón, el petróleo, los plátanos o la Coca Cola.

A las mentiras y falsificaciones de los medios de comunicación en torno a las elecciones de Colombia y sus dirigentes políticos subyacen varias consideraciones elementales.

    1.) Uribe y Santos son fervientes defensores del libre mercado y buscan con impaciencia alcanzar un acuerdo de libre comercio, entorpecido en el Congreso de Estados Unidos a causa de sus campos de la muerte.

    2.) Uribe y Santos son clientes incondicionales del Pentágono, del que reciben 6.000 millones de dólares en concepto de ayuda y al que han entregado 7 bases militares, bajo jurisdicción estadounidense, para amenazar a Venezuela, Ecuador y cualquier otro país que el régimen de Obama considere hostil al dominio de Estados Unidos.

    3.) Uribe y Santos han reconocido el régimen de Honduras, fruto de un golpe militar respaldado por Estados Unidos a mediados de 2009… al contrario que el resto de América Latina.

El hecho de que los medios de comunicación de masas hayan acogido de tan buena gana a un régimen que ostenta el peor registro de respeto a los derechos humanos desde la caída de los dictadores de las décadas de 1970 y 1980 (La Jornada, 17/06/2010) es indicativo del giro a la derecha imprimido por el régimen de Obama y Wall Street. Según la Casa Blanca y los medios de comunicación, las democracias de los escuadrones de la muerte como la de Colombia acreditan su condición de «modélicas» para América Latina. El problema es que ni la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de América Latina, ni casi ninguno de los partidos políticos democráticos de la región, se lo tragan: prefieren democracias sin escuadrones de la muerte, sin bases militares extranjeras y sin presidentes que trafiquen con drogas. En la actualidad, los tres principales aliados de la Casa Blanca en la región (Colombia, Perú y México) producen y venden el 80 por ciento de la cocaína de la zona. ¿Aparecerá esto en las salutaciones de los medios de comunicación a los presidentes recién elegidos?