Fuente: Terc3ra

La periodista canadiense Eva Bartlett afirma que, pese a los múltiples intentos norteamericanos de cambiar régimenes en diferentes países, todavía hay quienes creen que esta vez las intenciones de Washington son diferentes.

Partidarios de Nicolás Maduro en la ventana de la Embajada venezolana en Washington, EE.UU., el 13 de mayo de 2019. Carlos Barria / Reuters

Desde que Juan Guaidó se autoproclamó en enero como “presidente interino” de Venezuela, la retórica que emana de Washington se ha vuelto cada vez más familiar. De acuerdo con Eva Bartlett, periodista independiente y activista de derechos humanos canadiense, esta se hace eco del tipo de propaganda de guerra que ha utilizado repetidamente en naciones ricas en recursos, desde Irak hasta Libia y Siria.

Una receta para golpe de Estado

Según escribe Bartlett en un artículo de opiniónn para RT, “la receta para el cambio de régimen es sencilla”: demonizar a los que defienden el país; apoyar a una oposición violenta y blanquear sus crímenes; imponer sanciones y atacar las infraestructuras nacionales para crear condiciones insoportables; crear noticias falsas sobre asuntos humanitarios; e insistir en que la intervención es necesaria.

Asimismo, la activista muestra su sorpresa porque, a pesar de los múltiples intentos de Washington en el pasado por cambiar el régimen en diferentes países de América Latina, todavía hay quienes insisten en que esta vez las tácticas e intenciones de EE.UU. son diferentes.

“Venezuela no es Siria, dicen. Esta vez, argumentan, se trata realmente de un ‘régimen corrupto’ y de ‘derechos humanos’ o, en el caso de Venezuela, de una ‘crisis humanitaria’… como si EE.UU. alguna vez se hubiera preocupado por los intereses de algún pueblo“, critica Bartlett.

“Ignoran las sanciones asesinas de Occidente contra Venezuela y el apoyo a la ‘oposición’ violenta… que ha quemado a civiles vivos.

Los colectivos venezolanos, los nuevos ‘shabiha’

Antes de 2011, los medios corporativos occidentales tenían muchas cosas positivas que decir sobre el liderazgo de Siria, “elogiando al presidente Assad como un reformador de mentalidad abierta”, recuerda la periodista. “Pero cuando se inició la operación de cambio de régimen, el mandatario y sus aliados se convirtieron en los enemigos número uno”, recuerda Bartlett, que vivió varios años en Siria y la Franja de Gaza.

Tanto en Venezuela como en Siria, los presidentes Maduro y Assad fueron elegidos legítimamente y mantienen un amplio apoyo entre la población. Sin embargo, los medios y los occidentales consideran a ambos países como “dictaduras” y a sus mandatarios electos como ilegítimos, al mismo tiempo que “respaldan a títeres impopulares”.

Manifestantes protestan contra una intervención liderada por EE.UU. en Venezuela frente a la Casa Blanca, el 16 de marzo de 2019. / Eric Bardat / AFP

“Pero demonizar al Gobierno no es suficiente. Los partidarios del Gobierno también son convertidos en objetivos, o simplemente les hacen desaparecer”, asegura Bartlett, que también es autora de un blog titulado ‘In Gaza’. Asimismo, la periodista recuerda que en Siria los llamados ‘shabiha’ (milicianos progubernamentales) fueron a menudo representados por los medios occidentales como matones a sueldo de Assad.  

“Los ‘shabiha’ de Venezuela son los colectivos, que son igualmente descritos como matones respaldados por el Gobierno y calificados como ‘terroristas’ por los matones reales de Estados Unidos. Estos colectivos son grupos de base de gente como educadores, feministas, pensionistas, agricultores o ambientalistas que se unen para brindar atención médica en sus comunidades, entre otras cosas, o en defensa de su nación”, resalta Bartlett. 

Cualquier intervención de un país que no sea EE.UU. es “ilegal” en Siria o Venezuela

La periodista asegura que EE.UU. cree que solo “ellos tienen el derecho de intervenir en naciones soberanas, a pesar de que su intervención no invitada sea ilegal”.

Por este motivo, Washington ha amenazado a los aliados de Venezuela, entre ellos Cuba y Rusia, alegando sorprendentemente que Moscú estaba interviniendo en los asuntos del país bolivariano sin el consentimiento del Gobierno de Caracas, una afirmación que resulta desmentida por el acuerdo bilateral vigente entre Rusia y Venezuela.

Sin embargo, la hipócrita postura de EE.UU. no ha afectado la alianza entre estas dos naciones, según Bartlett, y Moscú ya ha anunciado su intención de crear una coalición de países en la ONU para contrarrestar una eventual invasión de Venezuela por parte de Washington.

Este es el primer acercamiento entre las partes desde la autoproclamación del diputado opositor Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela.

Jorge Rodríguez, en una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, 12 de marzo de 2019. Federico Parra / AFP

Una delegación del Gobierno venezolano y dirigentes de la oposición política del país suramericano iniciaron acercamientos para un diálogo en Oslo, Noruega.

Según informa el portal ALNavío, en representación del gobierno de Nicolás Maduroo están Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, y Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación.

Mientras, los representantes de la oposición son el exdiputado Gerardo Blyde, y Fernando Martínez Mottola, exministro del fallecido exmandatario venezolano Carlos Andrés Pérez; y también se incorporará el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Stalin González.

Según ese mismo medio, las negociaciones tienen como intermediarios a cuatro parlamentarios y dirigentes europeos.

Noruega fue un importante actor en el proceso de diálogo, realizado en La Habana, entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano, que derivó en un acuerdo de paz entre las partes.

Primer acercamiento tras autoproclamación

Ninguna de las partes ha confirmado oficialmente esta apertura de diálogo, que sería el primer acercamiento entre la oposición y el Gobierno de Venezuela desde la autoproclamación del diputado Juan Guaidóó como “presidente encargado” del país suramericano, ocurrida en enero pasado.

Desde que se desató la crisis política en Venezuela, tras esa autojuramentación, México y Uruguay han propuesto abrir un diálogo que permita zanjar las diferencias, por lo que presentaron a las partes el Mecanismo de Montevideoo.

Guaidó, que lidera la oposición actualmente, se negó a ese diálogo; mientras, el presidente Maduro siempre se ha mostrado abierto a participar en un proceso de negociación.

En paralelo a este acercamiento, el sector más radical de la oposición, encabezada por el partido de derecha Voluntad Popular (VP), mantiene sus planes de derrocar al Gobierno venezolano. El martes, Guaidó confirmó una reunión entre su ‘enviado’ y el personal del Comando Sur en el Departamento de Estado estadounidense, que se efectuará el próximo lunes, para “comenzar las conversaciones respectivas a la cooperación” militar que ha sido ofrecida por EE.UU.

F

• Fuente: Terc3ra
• Venezuela responderá a la invasión de su delegación en el marco del derecho internacional.
• El Colectivo de Protección de la Embajada está integrado por David Paul, Kevin Zeese, Margaret Flowers y Adrienne Pine.

Un enorme despliegue policial y equipados para una guerra. No se trata de un operativo en Afganistán, sino de la invasión ilegal de la embajada venezolana en Washington, para arrestar a cuatro activistas estadounidenses, armados solo con pancartas.

La irrupción en la embajada viola la Convención de Viena y los derechos humanos de los activistas, quienes protegían la sede diplomática desde el pasado 24 de abril, con autorización del Gobierno de Venezuela, para evitar la toma ilegal del edificio por parte de políticos opositores venezolanos en el marco del golpe de Estado apoyado por EE.UU.

Los activistas estaban dentro de la embajada con autorización del Gobierno venezolano. | Foto: Code Pink

«Esta es una orden ilegal», dijo Adrienne Pine, una de las cuatro activistas arrestadas mientras se la llevaban en una furgoneta policial.

La abogada del Colectivo de protección de la embajada, Mara V, confirmó el arresto de los cuatro activistas y detalló que la operación la realizó el Departamento de Estado estadounidense.

Asimismo, advirtió que la invasión de la embajada sienta un peligroso precedente debido a la flagrante violación del derecho internacional. «Esta acción envía un mensaje de que ninguna embajada, personal o sede está segura».

Venezuela responderá a invasión de su embajada en el marco del derecho internacional

El canciller recordó que los activistas estaban dentro de la embajada con autorización del Gobierno venezolano, por lo tanto su desalojo es ilegal. | Foto: teleSUR

«Una vez más la Administración Trump demuestra que le duele la verdad y reacciona con soberbia violando el Derecho Internacional», dijo el canciller venezolano.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó este jueves que su país evalúa respuesta a la invasión ilegal de su embajada en Washington, Estados Unidos (EE.UU.), en el marco del derecho internacional, amparada en el principio de reciprocidad.

Desde su cuenta en Twitter, Arreaza repudió la toma ilegal de la sede diplomática por parte de la Policía de Washington. Enfatizó que con esta acción el Gobierno de EE.UU. incumple sus obligaciones de la Convención de Viena.

Asimismo, el canciller aseveró que el desalojo forzado de los activistas, quienes estaban dentro de la embajada con autorización del Gobierno venezolano, viola sus derechos humanos.

«La moral de los 4 activistas es más poderosa que la fuerza represiva de las decenas de policías armados desplegados», resaltó Arreaza.

Además, el viceministro venezolano para América del Norte, Carlos Ron, recordó que el Gobierno Bolivariano no autorizó la entrada de fuerzas policiales estadounidenses en su embajada en Washington. Por lo tanto, la irrupción de este jueves es una violación a la Convención de Viena.

La Policía Metropolitana de Washington ingresó este jueves ilegalmente a las instalaciones de la embajada de Venezuela en esa ciudad estadounidense, violando la inmunidad de jurisdicción de la sede diplomática y los documentos y archivos que allí reposan.

Analistas internacionales han criticado la invasión a la embajada por constituir una violación a la Convención de Viena. Además, con esta acción EE.UU. sienta un precedente peligroso, pues envía un mensaje al mundo sobre la futura agresión y ocupación ilegal de otras sedes diplomáticas.

Por: Alfonso Murillo P.

Se declara la Guerra de Quinta Generación: la neurológica. Al contrario de la guerra de cuarta generación, se invoca ya no a los sentimientos del orgullo local, nacional, de clase o reivindicaciones regionales, sindicales, etc., sino al factor psicológico, al subconsciente, a lo subyacente como una emoción mucha más extrema: el miedo, el que nos inculcaron contra el socialismo.

¿Pero quién es María Anelín Suárez? Muy poco se encuentra en internet respecto a ella. Dato curioso, algunos medios, no muy conocidos, le han dado cobertura aunque de ella no se sabe lo suficiente. En su perfil se indica que vive en Washington; sin embargo en sus videos menciona que ‘retorna a casa’ refiriéndose a Santa Cruz, que es en realidad la ciudad donde opera y/o vive. Se nota que posee una posición económica aventajada, lo que le permite hacer múltiples viajes alrededor del mundo, aun así se ignora su fuente de ingresos o situación laboral. En fin, lo que se sabe también es que forma parte de un proyecto llamado Nasruas. Lo demás lo dicen sus propias declaraciones: “En un futuro vamos a vivir en libertad, entre quienes de nosotros vamos a luchar por la libertad, porque no es contra el Gobierno sino una lucha contra el socialismo y contra el comunismo que está atacando a nuestros países”.

De acuerdo a sus propias publicaciones en Facebook es posible que hubiera recibido adiestramiento militar, o de otro tipo, en Israel. Es la misma mujer que es premiada con una medalla del Estado judío como ‘activista de la paz’. Siendo más bien portadora de un discurso cargado de odio e incendiario que llama directamente a la confrontación con arengas tales como: ‘con los cruceños más unidos que nunca vayamos al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a echar a estos ‘indeseables de los collas’, tipificándolos como ‘zepes (hormigas) que depredan suelo cruceño para sembrar coca’. En general sataniza a los migrantes indígenas del altiplano y valles (tal como se lo hizo en Sucre el año 2008).

En esa dirección, su mentalidad de rechazo al indio es afín al discurso de su más férreo portador: Jair Bolsonaro, quien se ha declarado abiertamente enemigo de los indígenas y del socialismo. Uno de sus diputados, Rodrigo Amorim declaró recientemente “que el que quiera a los indios que se vaya a Bolivia”. Coincidente mentalidad con la de María Anelín Suárez, quien se entrevistó sumisa, incluso se fotografió, con el fascista Bolsonaro, cuando ni siquiera los propios brasileños tienen acceso directo con alguien que no hace mucho fue víctima de un atentado. En ese sentido aquel encuentro no sino producto de un solapado lobby (¿judío?) en la misma línea de Trump, quien sataniza igualmente a los migrantes centroamericanos tipificándolos de narcotraficantes y violadores. Para estar a tono con Trump, Bolsonaro pronto trasladará su embajada a Jerusalén.

Esta “embajadora de la paz”, en sus discursos de odio, expresado sobre todo en redes sociales, muestra como ejemplo ideológico a Pinochet. Lo cita: ‘en Chile no hay una dictadura sino una ‘dictablanda’. En realidad es un país dividido por los miles de muertos y desaparecidos en aras del sacrosanto mercado global, representado ahora por Piñera.

En su labor de agitadora y lideresa de los amorfos colectivos ciudadanos Anelín les presta su rostro a los resentidos contra un Estado Plurinacional. Usa, como herramienta heredada de Carlos Valverde, sin ninguna vergüenza, fakenews, cuando acusa ‘al infiltrado masista que lleva el tatuaje del rostro del Che, que fue quien provocó el incendio del Tribunal Electoral en Santa Cruz. Algo que fue públicamente desmentido: porque el agitador de marras resultó que no era ni masista ni tenía un tatuaje del Che, sino el de su madre. En todo caso se trata del trillado y mecánico libreto de acusar sin pruebas e inventar falacias para que el nivel de odio suba. Otra de sus mentiras es que Bolivia compra gasolina chilena (siendo que Chile no es productor de Gasolina). Este hervidero de engaños es lo que intenta hacer creer a una sociedad anestesiada por sus prejuicios.

Algo muy importante que debería llamarnos la atención -el motivo del presente artículo- es la máscara que usan estos actores-agentes como María Anelín Suárez para camuflarse en las “plataformas ciudadanas”. Lo cierto es que esta actriz-agente no está reconocida por ninguna institución, es casi desconocida en el país, aunque en el exterior use sus fake news como que, según ella, representa al 70% de los bolivianos. ¡Sí de los bolivianos! proclamándolo en actividades públicas oficiales y militares, tal como se la puede ver en sus videos en su cuenta de Facebook en Israel.

Se sabe que el sionismo es ‘un movimiento político que busca el exterminio del pueblo palestino apropiándose de su territorio. Es una ideología basada en la supremacía de la raza judía sobre las demás por ser, como dicen ellos, los elegidos de Dios y reinar ‘donde quiera que estén’. Actualmente está digitada por grupos ultra ortodoxos, nacionalistas y de la extrema derecha israelí como Kulanu, Shas, Judaísmo Unido de la Torá, para apuntalar a Benjamín Netanyahu, a quien la misma Mossad califica como belicista, muy dispuesto a un ataque nuclear contra Irán. En su reciente visita a Brasil – en una fortaleza militar de Rio de Janeiro- Netanyahu acordó con Jair Bolsonaro, ‘como buenos hermanos y aliados’, crear una asociación estratégica en áreas tan sensibles como defensa y seguridad, además de definir una agenda política y diplomática común.

El Mossad operaba ya en México, con asesoría de fuerzas militares israelíes, que socavaron su soberanía nacional. “Oficialmente, los acuerdos de seguridad entre México y el régimen de Israel son para combatir el narcotráfico, pero organismos de derechos humanos sostienen que empresas de seguridad israelíes trabajan con grupos paramilitares que atentan contra la población civil indígena, como lo ocurrido en la comunidad de Copala, en el Estado mexicano de Oaxaca, con métodos análogos a las muertes del pueblo triqui, procedimientos similares en relación a los palestinos, donde hubo asesinatos de activistas que intentaban llevarles ayuda humanitaria”. (Ramsés Ancira). El experto en Seguridad Cibernética, Armando Soto confirmaba que agentes de la Mossad en México estuvieron coludidos con la venta de armas y de represión interna: gases lacrimógenos de tecnología israelí. De igual manera llama la atención que el gobierno de Peña Nieto no condenara el atentado contra Evo Morales.

Con AMLO en la presidencia de México, obliga al sionismo a mover sus fichas más al sur, en contra de gobiernos abiertamente pro-palestinos, que son el objetivo del Mossad (incluso se da el lujo de adiestrar a agentes de la CIA y del FBI). Para ello emplea a agentes internos para desprestigiar al progresismo acusándolos de ‘terroristas globales’ o ‘narcos’, etc. En principio, libraron una guerra mediática, muy hábil, con la que logró reemplazar los proyectos políticos de vanguardia sustituyéndolos con conservadores como Macri y Bolsonaro para, finalmente, hacer abortar UNASUR, evitando así una América latina independiente de Washington. Hoy, la geopolítica imperial ha recuperado terreno (el hijo de Bolsonaro en su visita a Washington tenía puesto un gorro con la leyenda ‘Trump 2020’), ya no usa estrategias judiciales como lo hizo con Lula da Silva; sino usa hasta a ex presidentes derechistas (Álvaro Uribe, Tuto Quiroga, José María Aznar, etc.) con el fin de ‘internacionalizar’ los conflictos domésticos y defenestrar a líderes pro-palestinos como Evo Morales. O ahora, abiertamente en Venezuela con el reconocimiento de un gobierno espurio.

En general, Washington & Tel Aviv, a través de la Mossad, utilizan una estrategia a pequeña escala, un trabajo de hormiga disfrazado de activismo, lo que es más útil como camuflaje. Ahí se inscribe María Anelín Suárez, ante el riesgo de que los dinosaurios conservadores (como Carlos Mesa, Óscar Ortiz) reviertan el rechazo a los partidos políticos tradicionales a partir de la crisis surgida en2003. Lo cierto es que como no hay un líder opositor que haga contrapeso real, menos se avizora el nacimiento de líderes jóvenes hay que crearlos.

“No nos importa lo que hayas hecho, nos importa quién eres”. Parece una novela negra pero es lo que busca el Mossad: reclutar mujeres jóvenes a lo largo y ancho del mundo. En ese sentido, el perfil de María Anelín Suárez se encuadra perfectamente como agente potencial: alguien que moviliza y puede convocar a asambleas de vecinos, jóvenes, mujeres y activistas de toda laya, con el fin de impulsarlos hacia la causa imperialista. Sus nexos con el sionismo son oscuros por ‘evidentes’: en RRSS se la ve retratada con militares judíos, ora ante el Muro de los Lamentos, etc. En toda esta parafernalia psicológica, precisamente para mantenerse en la sombra, ella exacerba los miedos de la gente, tal como lo haría una agente en la guerra de Quinta Generación, o la guerra santa israelí.

Alfonso Murillo Patiño es licenciado en Literatura, antiestadounidense y militante evista del proceso de cambio.

Por: Danay Galletti Hernándeza

Una ley sancionada en 2003 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva exige que no se utilicen contaminantes intencionales en el proceso de producción.

Según una pesquisa revelada el año pasado, cerca de 40 mil personas fueron atendidas en el sistema de salud brasileño de 2007 a 2017, luego de su exposición a agrotóxicos.

Brasil ocupa los primeros puestos del ranking mundial en el consumo de agrotóxicos. En las dos últimas décadas, el país aumentó el empleo, principalmente del glifosato, tras la adopción de cultivos transgénicos a gran escala.

En el gigante sudamericano, la utilización de estos productos se incrementó 190 por ciento en diez años. Sumado a lo anterior, el gobierno de Jair Bolsonaro, con poco más de cien días en el poder, confiere ataques sistemáticos al medio ambiente.

En menos de cuatro meses, la Ministra de Agricultura, Tereza Cristina Correa, concedió 152 licencias para el registro de nuevos agrotóxicos en el territorio, algunos de ellos considerados dañinos por la comunidad científica internacional y prohibidos en mercados consumidores como el europeo y el norteamericano.

Los especialistas indican que, bajo el argumento de incrementar la producción, el ejecutivo patrocina el envenenamiento de los productos dirigidos al pueblo brasileño. A largo plazo, eso contribuye también a la pérdida de compradores foráneos pues la tendencia global es a reducir los químicos.

 “Alrededor de 70 por ciento de los alimentos están contaminados. Lamentablemente, ese fenómeno ocurre igual en la agricultura familiar, pues en los últimos 30 o 40 años, los agricultores no tuvieron más opción, asistencia técnica o alternativa que el uso de agroquímicos o fertilizantes”, considera Nilto Tatto, Diputado Federal por el Partido de los Trabajadores en Sao Paulo, en declaraciones exclusivas a Telesur.

De ahí que, a juicio del parlamentario, la mayoría de los alimentos en supermercados y ferias posean esos venenos. Según la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, cada habitante consume un promedio anual de 7,3 litros de esas sustancias.

En Brasil, el proceso de aprobación de un agrotóxico incluía su evaluación por el Ministerio de Agricultura, el de Salud y el de Medio Ambiente representados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.

No obstante, desde el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016, ha ocurrido un desmonte de las dos últimas carteras y el Ministerio de Agricultura, tradicionalmente volcado al agronegocio y al lucro, atiende los intereses de las grandes corporaciones agroquímicas—  Bayer, Basf, Syngenta y Monsanto— flexibiliza la legislación y libera el uso de más venenos.

“Precisamos de un trabajo profundo con la población. Ella debe tomar conciencia de los males que causan los agrotóxicos al medio ambiente, el segundo factor de contaminación del agua en Brasil. Un estudio reciente asegura que uno de cada cuatro ríos en el país posee 27 tipos de agrotóxicos diferentes.”, advierte Nilto Tatto.

Agrotóxicos: enemigos silenciosos  

Según una pesquisa revelada el año pasado, cerca de 40 mil personas fueron atendidas en el sistema de salud brasileño de 2007 a 2017, luego de su exposición a agrotóxicos. La mayoría de los afectados eran hombres. 

Los médicos confirmaron que, de esa cifra, 26 mil pacientes sufrieron de intoxicación a partir de síntomas clínicos como: náuseas, diarreas y problemas respiratorios. Los exámenes determinaron también la presencia de alteraciones bioquímicas en la sangre y la orina. El número confirma que, al menos, siete personas son intoxicadas por día.

“En la ciudad de Teresina, al extremo noreste del país, se detectó leche materna contaminada con glifosato; con una gravedad aún mayor porque estas señoras investigadas no son trabajadoras rurales pero ¿dónde adquirieron el glifosato? Por el agua. Es decir, el agua que estamos tomando ya está contaminada por el veneno”, informa Joao Pedro Stédile, de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra, en entrevista exclusiva a Telesur.

Joao Daniel, Diputado y Coordinador del Núcleo Agrario del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados afirma que la pulverización aérea  y la matanza de las abejas ocasionaron el fin de la producción de miel en varias regiones.

“Tenemos 8 millares de personas con cáncer. Sin embargo, la medicina brasileña rara vez dice que esos problemas de salud son causados por los agrotóxicos. Las empresas no permiten que el Ministerio de Salud, los municipios, estados o el ciudadano les exija que pague la cura de la enfermedad de los venenos que ellas venden”, explica a Telesur el parlamentario.

Para Joao Daniel es muy difícil la lucha contra la fuerza conservadora del agronegocio, las grandes transnacionales y el capital, fundamentalmente, porque ellas también impulsan la industria farmacéutica. “Además de producir los venenos, fabrican remedios, la cura de las enfermedades y así el capital se alimenta de ese ciclo”

A juicio de Stédile, las únicas cifras que el Ministerio de Salud de Brasil acompaña son de aquellos trabajadores del campo que, afectados por alguna pulverización del veneno se desmayan y fallecen. “Esos son alrededor de 200 o 300 trabajadores por año, un número más pequeño que el real”, apunta. 

“Los más graves son los efectos que esos alimentos contaminados causan despacio y a largo plazo en las personas. El glifosato, como principal materia prima de todos esos venenos, causa cáncer. Está comprobado por varios estudios en Europa, Estados Unidos y aquí en Brasil en el Instituto Nacional del Cáncer”, asevera.

Agroecología y Movimiento Sin Tierra

Una ley sancionada en 2003 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva exige que no se utilicen contaminantes intencionales en el proceso de producción; la conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas; el uso saludable del suelo, el agua y el aire; así como el reciclaje de los residuos orgánicos y la reducción al mínimo del empleo de recursos no renovables.

El Movimiento Sin Tierra de Brasil defiende el producto agroecológico. En su concepción, rescata las técnicas preindustriales utilizadas en la agricultura familiar: menos agresivas con el ecosistema, relacionadas con el conocimiento científico moderno de análisis de las aguas y del suelo, y de los hábitos y necesidades de la fauna local.

“Nosotros debatimos con la sociedad acerca del consumo agroecológico como alternativa al veneno. El pueblo precisa despertar sobre la urgencia de la reforma agraria y el combate a las enfermedades causadas por el modelo de agricultura capitalista”, recuerda Alexandre Conceicao, de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra en declaraciones a Telesur.

Stédile explica que es preciso realizar una campaña de información masiva sobre ese fenómeno. “Logramos que en el rótulo de las mercancías constara si es transgénico y lo aprobamos en la época de Lula, pero todavía no hay una identificación en los productos con el rótulo del agrotóxico, para que la persona cuando va al supermercado tenga la opción de recusarlo”.

Otro de los beneficios de la agroecología es que la rotación de cultivos, cumple con la lógica de la alimentación de la familia productora y no la planificación financiera de los hacendados, lo cual permite una producción más diversificada.

“Algunos artistas y personajes conocidos en la sociedad brasileña se han sumado a nuestra lucha. Existe una preocupación en los formadores de opinión pero todavía el pueblo trabajador es víctima, no tiene opción, tiene que comprar lo que le ofrecen, en este caso, la mercadería afectada por los agrotóxicos”, concluye Stédile. 

Por: Luis Taveraa

No es ningún secreto que desde hace un año la AN no llega al quórum ni con los suplentes, por todos los diputados que se han rendido y migrado.

Ya no es Guaidó, se quemó como era el plan (del gobierno). EEUU decide rescatar al payaso anterior, que también estaba carbonizado, y como los muertos no reviven para variar todo les sale mal, y termina en la residencia del embajador chileno, donde le dicen que ya con el “huésped terrible” de Freddy Guevara tienen más que suficiente, y además el embajador odia a los jóvenes y tampoco el personal quiere que la poco confiable de Lilian ronde por allí. Y resulta que como ya no tienen embajador aquí ni EEUU, ni Colombia, ni Perú, ni Costa Rica, ni Panamá, ni Canadá porque reconocieron en los respectivos países a residentes de allá como “embajadores de Guaidó”, no les quedaban muchas opciones.

EEUU le ordena entonces reportarse a la embajada española (cuyo embajador es del PP) para crearle problemas a Pedro Sánchez, que ya andaba lamentándose de haber reconocido a Guaidó, con quejas de los otros países europeos a los que arrastró (Merkel no está divertida). La UE sigue reconociendo a los embajadores del gobierno legítimo de Nicolás Maduro, y eso es algo que Trump, Bolton, Pence y Pompeo consideran intolerable. La única manera reventar esta situación se les ocurre después de la decepción en la embajada chilena, y es provocar al gobierno venezolano para romper relaciones con España por albergar a López. Además, apunta a evitar que el PSOE no forme gobierno con Unidas Podemos sino con Ciudadanos, dada la posición de denuncia de UP sobre la manera como el PP y el PSOE han supeditado la política exterior de España a los intereses imperiales de EEUU.

Una medida que ha pasado desapercibida es el cierre aéreo sobre para aerolíneas estadounidenses, que ya no pueden operar ni sobrevolar a menos de 8 km de altura sobre Venezuela. Esto afecta mayormente a los opositores, porque ocasiona fuerte de reducción de vuelos al imperio un incremento en el costo de los pasajes. Supongo para crearles más frustración.

También se espera medidas disuasivas en la frontera con Colombia y restringir vuelos y paso a los países vecinos, porque si todos los escuálidos pican los cabos, Maduro gana por (forfeit) No hay huestes para dar una pelea interna. No es ningún secreto que en la oposición, desde hace un año la AN no llega al quórum ni con los suplentes, por todos los diputados que se han rendido y migrado.

Legalmente España no le puede dar asilo a López, así que el plan es convertir una calle aislada del exclusivo Este de Caracas en un foco de insurrección “popular”. Otro ejercicio fútil de neuronas chamuscadas. Tampoco le puede dar la nacionalidad española como a su padre, porque mataría sus aspiraciones presidenciales.

Total, lo que queda es seguir con pretensión de que esta guerra de espectro múltiple se siga peleando a través de mentiras en las redes sociales, en contra de la realidad en el terreno de que Nicolás Maduro y la revolución bolivariana son la única opción posible para Venezuela. Sólo les queda intentar sembrar discordia y crear fisuras en los militares y el chavismo, y hasta ahora no han tenido éxito. Porque la opción de invasión directa, ya sea por tropas de EEUJ o los 5.000 mercenarios de Erik Prince (Blackwater-Xe-Academi) es muy costosa, insuficiente e incierta.

Por:  Pablo Siris Seadee

El objetivo es sin duda asediar al pueblo y Gobierno de Venezuela para someterlos por hambre y privaciones.

El descaro y el robo llevado al rango de política de Estado.

La información volaba en las redacciones. ¿Viste lo que encontró GrayZone? El Departamento de Estado reconocía -y se ufanaba de ello- su responsabilidad en la crisis que hoy vive el pueblo venezolano. Nadie podía creerlo. El descaro convertido en relaciones exteriores y el robo llevado al rango de política de Estado.

La publicación original de este fact sheet -como se denomina en inglés a un boletín- fue realizada por el State Department en su portal pero rápidamente retirado, hasta que la periodista Anya Parampil lo ubicó y lo publicó en el periódico digital Grayzone (puede leer la nota en https://thegrayzone.com/2019/05/06/us-state-department-publishes-then-deletes-sadistic-venezuela-hit-list-boasting-of-economic-ruin/ y puede descargar el documento original en https://thegrayzone.com/wp-content/uploads/2019/05/US-Department-of-State-Venezuela-actions.pdf).

“El 24 de abril, seis días antes de que el autoproclamado “presidente interino” venezolano, Juan Guaidó, intentara derrocar violentamente al gobierno electo democráticamente de Venezuela junto con un puñado de desertores militares, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un boletín que mostraba el papel central de Washington en el intento de golpe de Estado en curso. Después de darse cuenta de la naturaleza incriminatoria de su error, el Departamento de Estado actuó rápidamente para eliminar la página”, escribe Parampil.

Consultado Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre este informe, respondió el diplomático que el boletín era “una lista de confesiones”.

“Imagínese si cualquier otro país dice (que) está orgulloso de decir que estamos destruyendo la economía de nuestro vecino; estamos orgullosos de haber destruido el sistema político de nuestro vecino; estamos orgullosos de que estén sufriendo. Dicen que estamos librando una guerra contra Venezuela”, enfatizó Moncada.

El embajador acusó a Estados Unidos de participar en un “acoso” contra Venezuela en lugar de dar espacio a la diplomacia internacional, publicó Parampil.

“Ellos dicen que son nuestros logros “clave”, comentó Moncada. “Están diciendo que están causando problemas en nuestro ejército e induciendo un golpe militar, que hasta ahora no han logrado, pero están trabajando para lograrlo”.

“Si cualquier otra persona lo dice”, concluyó el embajador, “y si usted realiza esa confesión en la corte, irá a prisión”.

El boletín publicado y luego retirado dice que “la política de los Estados Unidos sobre Venezuela se enfoca en garantizar elecciones libres, justas y transparentes que traigan prosperidad y democracia al pueblo de Venezuela. Para cumplir con este objetivo, los Estados Unidos han emprendido una serie de acciones políticas firmes desde 2017 con el fin de presionar al antiguo régimen de Maduro (sic) y apoyar a los actores democráticos”.

Señala también las acciones adoptadas por el Departamento de Estado que incluirían “más de USD 213 millones en respuesta humanitaria” y “USD 43 millones en asistencia económica y para el desarrollo”. “El 24 de enero, el Secretario Pompeo anunció que Estados Unidos está listo para proporcionar $ 20 millones adicionales en asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela”, cierra el documento, que no destina más que unas pocas líneas a señalar lo que habrían hecho para responder a la crisis humanitaria.

Es de destacar que los 256 millones de dólares no habrían sido entregados en Venezuela, sino a gobiernos y entidades fuera del país. La “asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela” no supera los 20 millones. Nada en comparación con la guerra y el expolio al que ha sido sometido el pueblo venezolano a raíz de la postura injerencista de los Estados Unidos.

El capítulo más extenso del boletín son sin duda las sanciones, entre las que se destacan organismos y personas venezolanas. “Tales acciones aseguran que el régimen de Maduro no puede contar con el sistema financiero de los Estados Unidos para sus prácticas destructivas”, dice el documento.

Si eso no es un bloqueo financiero, es algo muy parecido, porque además se sanciona a entidades y personas de terceros países que hagan negocios con Venezuela. El objetivo es sin duda asediar al pueblo y Gobierno de Venezuela para someterlos por hambre y privaciones.

Mientras tanto, se ofrecen esos milloncitos como “ayuda humanitaria”.

Las sanciones tienen justificaciones como que se dirigen “a quienes participan en socavar procesos o instituciones democráticas, actos de violencia o violaciones de derechos humanos, acciones contra la libertad de expresión o reunión pacífica, corrupción pública por parte de altos funcionarios del gobierno” (actuales o antiguos), pero no hacen sino impedir las normales operaciones económicas y financieras de cualquier gobierno a lo largo y ancho del planeta entero.

“Sanciones que niegan la financiación del régimen y protegen al sistema financiero de los Estados Unidos de la complicidad en la corrupción”, que es un eufemismo para decir que bloquean los fondos que Venezuela tenga en cualquier lugar del mundo, incluyendo organismos internacionales de los que participe Estados Unidos.

“El objetivo son las personas que operan en cualquier sector de la economía venezolana en el que el régimen de Maduro saquea la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos”. Según lo que ellos mismos sostienen, todo. O sea que el bloqueo es indiscriminado.

En el boletín, el Departamento de Estado se apropia de las maniobras que se realizaron en contra de Venezuela en algunos organismos internacionales, particularmente la OEA y el Grupo de Lima, que aunque es vox populi y explícito en sus resoluciones que responden a los intereses de Estados Unidos, el texto deja claro qué tanto.

Quizás lo más interesante sea la sección dedicada a lo que el Departamento de Estado considera “resultados claves” de sus propias acciones.

Entre estos “resultados claves” del accionar de la organización dirigida por Mike Pompeo están: la autoproclamación de Guaidó, el reconocimiento de 54 países (de los 198 que tiene la ONU) a la misma, la designación de representantes de ese “gobierno” en 36 países y tres organismos y la deserción de “más de 1.000 miembros del Ejército” que huyeron a Colombia.

También se ufana de que ahora “la refinería estadounidense Citgo (propiedad de la venezolana PDVSA) está ahora bajo el control del gobierno interino (sic)”, “aproximadamente 3.2 mil millones (de dólares) de los activos de Venezuela en el extranjero están congelados” y “en marzo, la producción de petróleo de Venezuela cayó a
736.000 barriles por día (bpd), menos de la mitad de la producción en marzo de 2018, y redujo sustancialmente los ingresos para el régimen de Maduro. Dos de los cuatro mejoradores se reiniciaron, luego de que los cortes de energía en todo el país dejaran a los mejoradores inoperables”. “Se estima que 25 petroleros de crudo con 12 millones de barriles permanecen varados frente a las costas de Venezuela, debido a las dificultades para encontrar compradores”.

“La presión diplomática resultó en menos mercados para el oro venezolano. Un banco de los Emiratos Árabes Unidos canceló la compra de oro de Venezuela y hay indicios de que las exportaciones de oro a Turquía han disminuido”, concluye sin más el boletín.

Lo que esto no dice es cuánta leche se hubiera podido comprar con esos fondos, o cuánto arroz, o cuánta carne.

Tampoco dice cuántos antirretrovirales, o tratamientos para el cáncer, o material quirúrgico para el sistema de salud dejaron de adquirirse.

Por supuesto que el boletín tampoco menciona los repuestos e insumos para el transporte y la industria que no se pudieron comprar.

No señala el documento cuál ha sido el costo en derechos económicos, sociales y culturales afectados para todas las venezolanas y venezolanos.

Y mucho menos indica quién se está enriqueciendo con todo esto

Por: Martin Pastorr

V

El Ministerio de Economía y Finanzas publicó la carta de intención con las propuestas que emprendería el régimen. Esta nueva declaración de voluntad se convierte en la décima séptima (17) ocasión que el Ecuador emprenderá reformas estructurales para satisfacer las condicionalidades del FMI.

Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Sin importar quien lo haya dicho, la ortodoxia económica ecuatoriana parece no entender el enunciado. Así que nuevamente ha permitido el retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI), que trae consigo la misma receta con la que ha condicionado al país en 16 ocasiones anteriores (1983 – 2003).

El 11 de marzo de 2019, el gobierno de Lenín Moreno anunció que había llegado a un acuerdo de Servicio Ampliado por USD 4.200 millones a tres años con la multilateral, en una burda violación a la Constitución de 2008. Según el artículo 419 y 438, la ratificación de un tratado internacional requiere la aprobación de la Asamblea Nacional y Corte Constitucional, en caso de que este comprometa, “la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales.”

A pesar de ello, y aproximadamente dos semanas después, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó la carta de intenciónn con las propuestas que emprendería el régimen. Esta nueva declaración de voluntad se convierte en la décima séptima (17) ocasión que el Ecuador emprenderá reformas estructurales para satisfacer las condicionalidades del FMI, que en el pasado han demostrado tener un costo altísimo a nivel de estabilidad macroeconómica, derechos y avances sociales.

Y en esta ocasión las proyecciones tampoco son prometedoras, el FMI en su reportee (Artículo IV) 2019 para la nación andina, espera un decrecimiento del PIB de -0.5% en 2019 y un incipiente crecimiento del 0.2% para 2020, cantidad menor incluso a las registrada en el 2000. En contraste, según la información del Banco Mundial, y sin reformas estructurales neoliberales, el crecimiento anual del PIB en promedio entre 2006 y 2017 fue de 3.3%.

A pesar de ello, el equipo económico de Richard Martínez, Ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, con el beneplácito de Lenín Moreno, ha optado por el camino de la austeridad. En la carta de intención detallan que el objetivo principal del gobierno será el de reducir el déficit primario no petrolero del sector público no financiero, en un 5% del PIB durante los próximo tres años. Es decir, el Estado ecuatoriano dejará de gastar en Ecuador.

La receta “tradicional” incluirá: reducir el tamaño del Estado (Estado mínimo), achicar el gasto fiscal, flexibilizar y desregularizar las relaciones laborales, reformas tributarias para satisfacer intereses de élites económicas y corporativas, privatizar bienes públicos, desregularizar controles estatales – especialmente independencia del Banco Central -, y liberalizar el sector externo.

Para ello se proponen cuatro categorías de intervención: la primera será el reajuste de la masa salarial del sector público, lo cual implicará despidos masivos – se renovará solamente el 50% de contratos que expiren en sectores no sociales -, reducción de salarios, y no renovación para contratos ocasionales. La segunda área será la reducción de subsidios a combustibles, especialmente diésel industrial. La tercera una reforma tributaria con mayores beneficios para los deciles más altos de la sociedad; y para terminar una reducción del gasto público de capital, bienes y servicios.

El presente análisis se centra, primordialmente, en la propuesta de austeridad expansiva que propone el gobierno, ya que en sí es el eje de todo el acuerdo con el FMI. Esta medida inicia viciada ya que en sí ha demostrado ser una no-solución, basada en muchos supuestos ortodoxos sin fundamentos en la economía real. Un caso de estudio es la comparación de las políticas de austeridad aplicadas en Portugal.

Para 2011, la nación ibérica estaba al borde de un colapso económico, así que acudió al FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo por aproximadamente USD 91.000 millones. Cumpliendo con la receta, un paquete de medidas de austeridad fueron condicionadas e inmediatamente y aplicadas entre 2011 y 2014. Sin embargo, la medicina terminó siendo aún peor que la enfermedad, para 2014 el crecimiento del PIB era negativo y el desempleo llegaba al 15%.

El descontento social resultó en el triunfo parlamentario de una mayoría conformada por la coalición de izquierdas, liderada por Antonio Costa. En 2015, iniciaron a revertir las medidas más duras de austeridad: aumentaron los salarios del sector público, el salario mínimo y las pensiones, e incluso volvieron brindar ciertos derechos adquiridos por los trabajadores. El resultado sorprendió, incluso al FMI, quienes no tuvieron otra salida que aceptar su error.

“El caso de Portugal demuestra que, si se exageran las medidas de austeridad, terminan por agravar la recesión y crean un círculo vicioso”, enfatizó Costa en una entrevista al New York Times. A pesar del resultado, la presión de las multilaterales es evidente ya que Costa ha continuado con medidas de austeridad más leves pero nuevamente afectando al bienestar y derechos de la clase trabajadora portuguesa.
 
Pero, ¿por qué la austeridad no funciona? Para responder, es necesario alejarse de cualquier determinante ideológico y político, y recurrir a una identidad contable, que parte desde un indicador primordial: el Producto Nacional Bruto (PNB, y que siempre se cumple expost. Este modelo, conocido como de las tres brechas se lee así: (Sp – Ip) + (Sg – Ig) + (M + R – X)= 0, y expresa la correspondencia entre la demanda global y la oferta global en una economía nacional[1]
 
Este modelo nos permite entender los balances sectoriales, es decir, las relaciones entre el sector público, el sector privado y el sector externo. Debido a que histórica y estructuralmente, el sector externo en Ecuador es deficitario (se importa más que exporta), significa que si el sector público deja de ser deficitario, el contrapeso de ese desbalance terminará asumiendo el ahorro privado, es decir los hogares y empresas, ergo un desahorro en este sector.
 
Esto implica menos demanda (consumo) y un estancamiento de la economía, si no es un retroceso progresivo. El FMI estima que para 2020 la inflación se colocará en 1,2% (tres veces más que en 2017) y el desempleo incrementará a 4,7% (más que en 2018).
 
Para suplir este desfase contable, el Estado, como lo advierte la carta de intención de Ecuador al FMI tendrá que recurrir por un lado al bolsillo del ciudadano común y también obtener más deuda en un ciclo vicioso insostenible. Esto se debe a que al liberalizar el sector externo, la relación deficitaria incrementará, ya que no hay razón por la cual creer que el Ecuador se convertirá, en tres años, en un exportador de bienes y servicios (aparte de recursos primarios).
 
Al Estado entonces le quedarán dos opciones para ingresar capital a la economía: incrementar recaudación tributaria y/o adquirir deuda – una tercera sería emitir moneda pero Ecuador carece de esta opción -. Para el primer cometido, la carta de intención prevé ampliar la base impositiva, pero en vez de incrementar impuestos a los que más tienen, el orden será más impuestos a toda la población, en la que relacionalmente se verán afectados los deciles más bajos de los ecuatorianos.
 
Esto se realizará a través al revertir el sistema impositivo ecuatoriano de mayor tributación directa a indirecta, violando el art. 300 de la Constitución. Para entenderse, el impuesto a la renta, que grava la riqueza correlativamente, es un impuesto directo, mientras que el impuesto al valor agregado (IVA), que grava el consumo, es indirecto ya que sin importar si se es pobre o rico se paga el mismo porcentaje, aunque para el que menos tiene este termina representando una carga mayor en su finanzas. Por ende, un enfoque hacia tributación indirecta, implica más impuestos para todos los ecuatorianos.
 
Además la carta prevé eliminar exenciones tributarias y regímenes especiales en los cuales se pueden insertar: educación, áreas específicas de la producción agrícola, entre otros. Todo esto se verá agravado por la decisión de eliminar el impuesto a la salida de divisas (ISD), que en 2018 representó USD 1.200 millones para las arcas del Estado.
 
Al liberalizar y desregularizar el flujo de capitales, las transnacionales y élites económicas especialmente podrán sacar su dinero de Ecuador para colocarlo en paraísos fiscales o cuentas extranjeras. El FMI prevé que esta decisión le costará al Ecuador 0,2% del PIB al finalizar los tres años.
 
La otra opción para balancear la economía será más deuda. Para ello, el Ecuador, bajo doctrina neoliberal, impondrá la independencia del Banco Central. Esto, como pretende el acuerdo, finaliza y prohíbe la financiación del presupuesto del Estado por parte del Banco Central, lo que limita la capacidad de toma de decisiones con respecto a las políticas públicas y distribución del presupuesto, resultando en la consolidación de la dependencia a acreedores internacionales.
 
En otras palabras, el Estado no podrá financiar al sector público. Los proyectos de infraestructura, el gasto social y el gasto público deberán provenir de afuera, lo que crea una dependencia poco saludable con la deuda externa. Según el reporte del FMI, la deuda como porcentaje del PIB se incrementará a 46,8% y la deuda externa se incrementará 6% en comparación con 2016.  Para compensar los pagos de intereses que crea la deuda inicial, será necesario que el Estado aumente el número de nuevos préstamos y créditos, generando un proceso de endeudamiento acumulado. Este proceso, tarde o temprano, terminará en una nueva crisis en la balanza de pagos, que fue la situación supuestamente impulsó la necesidad del acuerdo con el FMI en primer lugar.
 
En contraste a Portugal, desde finales de 2014, se le permitió al Banco de Portugal comprar bonos de deuda pública portuguesa directamente, en una forma de flexibilización cuantitativa. Esto tuvo dos resultados positivos: redujo las tasas de interés de la deuda y, por lo tanto, una parte de las tasas de interés pagadas por el gobierno portugués se pagan al Banco de Portugal. Lo cual significa una reinyección de dinero en la economía portuguesa. Mientras que la propuesta de Ecuador será llevar este dinero a bancos privados en el exterior, muy similar a como las instituciones europeas nunca permitieron que el gobierno liderado por Syriza en Grecia recurriera a este modelo de flexibilización cuantitativa. 
 
Otro factor que la ortodoxia neoliberal ignora es que al reducir la inversión pública, se reducirá el efecto de los multiplicadores fiscales, que es el efecto de la inversión pública en la economía real.
 
Sobre el tema en Portugal, la Directora del FMI, Christine Lagarde, aceptó que “hemos reconocido un error, en lo que tenía que ver con los multiplicadores fiscales”, pero parece haberlo olvidado nuevamente para Ecuador.  Estos factores claves en el crecimiento económico son subestimados. En 2012, el FMI admitió que durante décadas habían estimado el promedio del multiplicador en 0,5, para luego llegar a la conclusión en base a investigaciones que estos “han estado realmente en el rango de 0,9 y 1,7 desde la Gran Recesión”.

Con menos demanda e inversión desde el sector privado, una respuesta a corto plazo para rellenar los baches surgidos por la falta de capital será privatizar (monetizar en palabras del FMI) bienes públicos. Sin embargo, no serán puestos en concesión aquellas empresas públicas deficientes o inoperantes (que sin duda existen) sino las más eficientes y rentables, como las hidroeléctricas, las empresas de telecomunicaciones y suministro eléctrico. Según el FMI se prevé obtener 0,8 % del PIB en 2019 con esta medida, pero la misma cantidad se perderá en 2021, dejando una balanza final de 0 para los ecuatorianos. Mientras que las ganancias se las llevará la empresa privada que haya concesionado el servicio.
 
Advirtiendo las afectaciones a corto y mediano plazo al nivel de vida de los ecuatorianos que todas estas medidas surtirá, la carta ya asegura que se “requeriría un esfuerzo de la ciudadanía”.  Sin embargo, gracias a un trabajo coordinado entre medios de comunicación alineados y “académicos” han construido un “sentido común” impermeable a la crítica en la que las medidas y el FMI son la supuesta única solución. El mismo reporte del FMI advierte, como prioridad, generar una estrategia comunicacional.
 
Esta estrategia y constante empuje hacia la austeridad como respuesta para los problemas macroeconómicos, como Paul Krugman (2004) explica en el ‘Gran Engaño’, tiende a “formularse en términos morales: los países tienen problemas porque han pecado, y ahora tienen que redimirse a través del sufrimiento”. Lo cual se inserta en una lógica y herencia religiosa occidental de ‘pagar por los pecados’ con sacrificio y una acción completamente contraria a la realizada. Si pecas de gula, la respuesta es ayunar; lujuria, castidad; y los ejemplos continúan. Es por esta razón que esta ‘solución” resuena, especialmente para los ecuatorianos. Pero como la historia ha demostrado, justos pagarán por pecadores. 

1 Donde Sp representa el ahorro privado, derivado del PNB menos impuestos (T) y menos consumo privado (C) y menos inversión privada (Ip); Sg representa el ahorro del sector público, derivado de ingresos tributarios (T) menos gasto público (G) y menos la inversión pública (Ig); y por último el sector externo derivado de importaciones (M), menos las exportaciones (X) más las rentas netas (R) pagadas a los factores de producción extranjeros.

Fuente: Red Voltaire

Venezuela enfrentó un intento de golpe de Estado el 30 de abril y el 1º de mayo de 2019 [1]. El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, director del ‎Servicio de Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), estaba conspirando con la CIA desde ‎hace un año y, sabiendo que estaba a punto de ser arrestado, decidió apostar todo a la carta del ‎golpe militar. ‎

Posteriormente, este general, actualmente prófugo de la justicia venezolana, ha emitido una serie ‎de declaraciones donde afirma que sigue siendo fiel al presidente constitucional de Venezuela, ‎Nicolás Maduro, y que quiso “salvar” al país de la influencia del círculo dirigente que rodea al ‎presidente y que, según él, está dispuesto a traicionarlo. Fue este mismo general Cristopher ‎Figuera quien afirmó falsamente que varios altos funcionarios bolivarianos se habían vuelto ‎contra el gobierno y el presidente constitucionales. ‎

En realidad, unos 50 oficiales, principalmente oficiales subalternos, traicionaron al gobierno ‎bolivariano y han sido arrestados o están actualmente prófugos de la justicia. ‎

El fiasco de la intentona golpista en Venezuela ha provocado una grave tensión entre el consejero ‎de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton –metido hasta el cuello en la fracasada ‎intentona–, y el presidente Donald Trump, quien acaba de expresar su oposición a una acción ‎susceptible de arrastrar Estados Unidos a una guerra. ‎

El único análisis que sigue en pie es el que formulara, hace 2 años, Thierry Meyssan en una ‎entrevista a Russia Today: el Pentágono ha iniciado una operación tendiente a destruir las ‎estructuras de los Estados en los países de la Cuenca del Caribe, independientemente de la ‎naturaleza de sus relaciones con los gobiernos de esa región. Y para lograr sus objetivos, ‎necesita desatar una guerra entre latinoamericanos, pero sin involucrar ‎directamente a Estados Unidos en el conflicto que espera provocar. ‎

Por otro parte, dos análisis erróneos sobre los acontecimientos registrados el 30 de abril ‎en Venezuela fueron publicados en varios idiomas en nuestro sitio, pero no en español. ‎Contrariamente a lo que se indicaba en esos dos análisis, los servicios de inteligencia de la ‎Federación Rusa se limitan a aportar a sus homólogos de Venezuela una contribución en materia de ‎formación sin desempeñar ningún papel en cuanto a la adopción de decisiones. ‎

Según nuestras informaciones, todas las decisiones están siendo tomadas personalmente por el ‎presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, a pesar de no tener este último ‎ningún tipo de formación especializada en tareas de inteligencia. ‎

[1] «Golpe ‎de Estado hollywoodense en Venezuela», ‎‎Red Voltaire, 1º de mayo de 2019.

enezuela — Erratum

RED VOLTAIRE | 12 DE MAYO DE 2019 FRANÇAISTÜRKÇEITALIANODEUTSCH

Venezuela enfrentó un intento de golpe de Estado el 30 de abril y el 1º de mayo de 2019 [1]. El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, director del ‎Servicio de Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), estaba conspirando con la CIA desde ‎hace un año y, sabiendo que estaba a punto de ser arrestado, decidió apostar todo a la carta del ‎golpe militar. ‎

Posteriormente, este general, actualmente prófugo de la justicia venezolana, ha emitido una serie ‎de declaraciones donde afirma que sigue siendo fiel al presidente constitucional de Venezuela, ‎Nicolás Maduro, y que quiso “salvar” al país de la influencia del círculo dirigente que rodea al ‎presidente y que, según él, está dispuesto a traicionarlo. Fue este mismo general Cristopher ‎Figuera quien afirmó falsamente que varios altos funcionarios bolivarianos se habían vuelto ‎contra el gobierno y el presidente constitucionales. ‎

En realidad, unos 50 oficiales, principalmente oficiales subalternos, traicionaron al gobierno ‎bolivariano y han sido arrestados o están actualmente prófugos de la justicia. ‎

El fiasco de la intentona golpista en Venezuela ha provocado una grave tensión entre el consejero ‎de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton –metido hasta el cuello en la fracasada ‎intentona–, y el presidente Donald Trump, quien acaba de expresar su oposición a una acción ‎susceptible de arrastrar Estados Unidos a una guerra. ‎

El único análisis que sigue en pie es el que formulara, hace 2 años, Thierry Meyssan en una ‎entrevista a Russia Today: el Pentágono ha iniciado una operación tendiente a destruir las ‎estructuras de los Estados en los países de la Cuenca del Caribe, independientemente de la ‎naturaleza de sus relaciones con los gobiernos de esa región. Y para lograr sus objetivos, ‎necesita desatar una guerra entre latinoamericanos, pero sin involucrar ‎directamente a Estados Unidos en el conflicto que espera provocar. ‎

Por otro parte, dos análisis erróneos sobre los acontecimientos registrados el 30 de abril ‎en Venezuela fueron publicados en varios idiomas en nuestro sitio, pero no en español. ‎Contrariamente a lo que se indicaba en esos dos análisis, los servicios de inteligencia de la ‎Federación Rusa se limitan a aportar a sus homólogos de Venezuela una contribución en materia de ‎formación sin desempeñar ningún papel en cuanto a la adopción de decisiones. ‎

Según nuestras informaciones, todas las decisiones están siendo tomadas personalmente por el ‎presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, a pesar de no tener este último ‎ningún tipo de formación especializada en tareas de inteligencia. ‎

[1] «Golpe ‎de Estado hollywoodense en Venezuela», ‎‎Red Voltaire, 1º de mayo de 2019.