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Ecuador

Marta Harnecker exhorta a la unidad de la izquierda ecuatoriana

13/09/2011 by maestro Deja un comentario

…… de una nueva izquierda latinoamericana. Por eso, cuando habla del actual proceso político ecuatoriano habla de “nosotros” y observa muy preocupada las tensiones entre los diferentes sectores de la izquierda.

En Quito, durante la presentación de su más reciente libro “Ecuador: una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud” se mostró especialmente conmovida entorno a las profundas diferencias entre el gobierno y el movimiento indígena. La exposición de Harnecker acabó, súbitamente al borde las lágrimas, con una invocación a deponer las diferencias, “unámonos porque el proyecto es mucho más importante que todo”, exhortó con voz entrecortada.

Previamente, la autora de origen chileno, había rememorado la experiencia que le tocó vivir en su país natal. Desde su punto de vista, en la experiencia chilena con Allende “perdimos no solo porque hubo un golpe militar”, sino porque se rompió la gran base popular. Hubo “una estrategia del enemigo y una incapacidad nuestra, de la izquierda, de no entender que estos procesos solo van adelante si tenemos un amplio apoyo popular”. Es más, considera que sin un quiebre de la base popular el golpe no se hubiera producido.

En el caso ecuatoriano Harnecker observa un debilitamiento del proceso especialmente con motivo de la consulta popular que enfrentó a las izquierdas entre sí con posturas casi irreconciliables. Pero la intelectual, que se considera optimista y utópica, pensaba que después del referéndum vendría el momento para la recomposición. Sin embargo, hasta el momento no se ve una rearticulación de la izquierda ecuatoriana.

En ese sentido la activista política guarda esperanzas que su libro, especialmente el capítulo Gobierno y Movimientos Sociales, ayude a la reconciliación porque ha tratado de recoger distintas opiniones sobre esa relación. En el mencionado capítulo se pueden apreciar “las críticas que se hacen desde los movimientos al gobierno, las críticas del propio Alberto Acosta que estaba dolido por el asunto de la Constituyente, y los errores del movimiento indígena”, explica la autora.

Harnecker señala que en estos enfrentamientos generalmente construyen estereotipos de un supuesto enemigo, pero analizando los diferentes puntos de vista de los actores nos damos cuenta que hay más puntos de coincidencia que divergencia, pero muchas veces “no somos capaces de oír al otro”.

La investigadora chilena remarca que todo proceso de transición es largo y difícil, “porque no estamos transitando al poder como en las revoluciones pasadas con todo el aparato del Estado. Ahora los poderes fácticos están ahí, los poderes económicos, los poderes mediáticos, etc. Poco a poco vamos conquistando espacios de institucionalidad pero tenemos estos grandes poderes que se oponen. Por ello, la fortaleza de nuestros gobiernos debe ser la organización popular, es la gente que construye la nueva sociedad. No puede ser el Estado el que construya el socialismo. Por eso apostamos y creemos en la organización popular”

Publicado en: Ecuador Etiquetado como: Marta Harnecker exhorta a la unidad de la izquierda ecuatoriana

Ecuador y Bolivia: Estado, gobierno y campo popular en la transición

13/09/2011 by maestro Deja un comentario

uiso traducir esta explosión en un nuevo orden. Hay que romper el ciclo de las explosiones revolucionarias ocasionales y a las que inevitablemente sigue una vuelta al antiguo orden.

No es que yo sea ambiguo sobre la democracia, sino que la democracia como tal es ambigua.

Lo que la mantiene viva es el momento «terrorista» de negatividad abstracta.

Y tendremos que reinventarlo porque hoy día está absolutamente excluido de la postpolítica administrativa contemporánea. Ahora sólo lo experimentamos en tanto que explosiones irracionales.

Slavoj Zizek

Vivimos tiempos paradójicos. Varios países de América Latina han cambiado la matriz dominante del modelo neoliberal1 mediante gobiernos que giran hacia la izquierda2 y con procesos de cambio que han supuesto transformaciones sociales y estatales que apuntan a un horizonte de emancipación. Sin embargo, nos encontramos en estos procesos con enormes dificultades para salir de un modelo extractivista, o para generar políticas públicas que desarrollen nuestras nuevas constituciones de acuerdo al proyecto político que históricamente han venido construyendo los organizaciones sociales y pueblos indígenas, movimientos que han posibilitado estos momentos de transición mediante sus luchas históricas.

La reciente victoria del nacionalista Ollanta Humala en Perú3, así como la continuación del lulismo en Brasil por medio de Dilma Roussef, nos lleva a evaluar los procesos en Ecuador y Bolivia, procesos de cambio desde donde hablamos y en los que militamos, con una perspectiva geopolítica regional e inserta en el debate latinoamericano.

Las crisis y contradicciones que viven nuestros procesos de cambio se encuentran inmersas en un complejo proceso de dependencia de nuestras economías extractivistas respecto de la dinámica mundial del capitalismo, del sistema-mundo, de un contexto donde se intenta superar el neoliberalismo pero sin lograr resolver el problema entre redistribución y justicia social, y mucho menos una resolución en clave post extractivista. Las herencias estructurales coloniales, patriarcales y capitalistas forman parte de las contradicciones y de los procesos dentro de estos marcos de transición. En este artículo ahondaremos en la reflexión, crítica, interpelación y propuesta en lo concerniente al Estado, los gobiernos y el campo popular.

Partimos de la base de que las contradicciones inherentes a nuestros procesos nos han conducido a una coyuntura de crisis de los mismos, pero también que estas contradicciones no son sino resultado de los límites con los que comenzaron. Esos límites que quizás no veíamos en un primer momento debido al estado de transformaciones políticas pero también subjetivas de los primeros años, incluido todo el potencial y energía de las asambleas constituyentes, han cristalizado, se han solidificado presentándonos el aspecto más terrenal de nuestras revoluciones.

Bolivia y Ecuador

Los últimos acontecimientos en Bolivia y Ecuador demuestran el alcance de la crisis, de los límites y contradicciones de nuestros procesos.

El decreto de nivelación de precios del 26 de diciembre del 2010, conocido comúnmente como gasolinazo, el posicionamiento de sectores de la derecha provenientes de la tecnocracia y el neoliberalismo en puestos de responsabilidad al interior del ejecutivo, la corrupción política de algunos dirigentes en el manejo legislativo, o los conflictos sectoriales y territoriales con el movimiento indígena, son expresiones de las contradicciones que vivimos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Probablemente el actual conflicto por la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que si no se modifica su trazado atravesaría el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro-Secure (TIPNIS) es la clara demostración de las contradicciones, pero también límites del actual proceso de cambio en Bolivia. Mientras los sindicatos campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) defienden la construcción de la carretera, como reclamo histórico de una conexión del oriente boliviano y amazónico con el altiplano y La Paz que no tenga que dar un rodeo de cientos de kilómetros pasando por Santa Cruz, las organizaciones ambientalistas y los pueblos indígenas del oriente (CIDOB) defienden la no construcción de la carretera o la modificación del trazado. A todo ello se le suma que el gobierno boliviano ha denunciado que algunos de los dirigentes indígenas mantienen conversaciones telefónicas con la embajada estadounidense mientras la marcha se desarrolla, algo que la propia embajada ha reconocido, mientras que las propias ONGs ambientalistas reciben a su vez fondos de USAID. En cualquier caso la confrontación de modelos de desarrollo y alternativas al mismo es palpable, como también es cierto que se utiliza el Vivir Bien como parapeto de algunos sectores intelectuales y dirigentes indígenas para no enfrentar un debate urgente y necesario como es que las bases, las comunidades rurales en Bolivia, demandan al Estado electricidad, escuelas y carreteras.

Sin embargo, con la nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo del 2006, o la convocatoria a una Asamblea Constituyente que dio a luz una nueva Constitución Política del Estado, se cumplió la Agenda de Octubre, conjunto de reivindicaciones con el que el Movimiento al Socialismo llegó al gobierno en diciembre de 2005. Asimismo se ha avanzado en cuanto a transformación estatal en áreas claves como el reparto de la tierra, donde entre los años 2006 y 2010 se han saneado y titulado más de 45 millones de hectáreas4, un 389% más que en los diez años anteriores, o el empleo urbano donde la tasa de desempleo ha bajado del 8,15% del 2005 al 5,7 del 20105. Asimismo se ha producido una redistribución de la riqueza, principalmente proveniente de la renta hidrocarburífera, en la que 3 de cada 10 bolivianos y bolivianas son beneficiadas con políticas de transferencias directas condicionadas (bonos) como el Bono Juancito Pinto (15,6% de la población), que ha conseguido bajar la tasa de deserción escolar del 5,8% del 2005 al 2,5%, o la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy, percibidos por el 8,1% y 6,1% de la población respectivamente. Todo ello acompañado de un salario mínimo nacional que ha visto duplicado su monto (de 440 bolivianos en 2005 a 815 bs en 2011).

En lo que respecta a la pobreza, en el periodo del 2005 al 2009 se ha pasado del 51,1% del 2005 al 41,3% en el área urbana, y del 77,6% al 68,6% en el área rural mientras que la pobreza extrema ha pasado del 24,3% 14,8% en el área urbana y del 62,9% al 48,1% en el área rural.

Todo esto acompañado de un retorno y fortalecimiento del Estado en áreas estratégicas, en el que un incremento del PIB per cápita de los 1.010 USD del 2005 a los 1.871 USD de 2010 se ha traducido en que la inversión pública ha pasado de 629 millones de USD a 1.521 millones de USD6 mientras que la deuda pública externa caía un 39% hasta los 3.013 millones de USD7.

En cualquier caso todo lo anterior no se ha conseguido traducir hasta ahora en una reducción de la desigualdad, manteniendo Bolivia un desgraciado liderazgo en América Latina (la región a su vez más desigual del mundo) con un índice de desigualdad Gini en torno a 0,58.

En Ecuador la situación no es mejor, aunque debemos comenzar este análisis reconociendo también los significativos avances del actual gobierno en materia de inversión social, superación de la pobreza y subida de los salarios. En los cuatro años de gobierno de Correa y Alianza País, el presupuesto ha subido de 6 mil millones de dólares en 2006 a 21 mil millones en 2011, se ha ampliado la redistribución en el cobro de impuestos: los impuestos directos como el impuesto a la renta de ser el 26% de la recaudación en el año 2002 han pasado a constituirse en el 40,7% en el 2010, y el gasto público social se ha incrementado del 4,85 del PIB en 2006 al 8,1% en 20098. Como sostiene Ospina esto ha permitido pagar a tiempo los sueldos de los maestros, policías y funcionarios, comprar equipamiento, útiles escolares y uniformes en la educación pública. Además “eliminó pagos de los usuarios en los hospitales y centros de salud del estado”9.

Si bien la pobreza se redujo entre el 2006 y el 2010, de 37,4% a 35,8%, el índice Gini nos muestra que Ecuador se mantiene en un 0,56. Este es uno de los límites más grandes que encontramos en la Revolución Ciudadana, la incapacidad del gobierno para transformar los elementos estructurales que producen desigualdad. La aplicación de políticas y programas como los bonos de desarrollo humano, que constituyen el 42% del Banco Nacional de Fomento, en efecto han servido para bajar la pobreza fundamentalmente concentrada en zonas rurales y de la costa, pero no se han logrado modificar las brechas de desigualdad producto del neoliberalismo ni tampoco las desigualdades históricas del país. Si tomamos por ejemplo el plan para la redistribución de la tierra vemos que no solamente hay un recorte en el presupuesto asignado sino que además las políticas para el agro están concentradas en negocios inclusivos o en asignación de bonos, y no en políticas de redistribución10.

Uno de los mayores límites tanto en Ecuador como en Bolivia es que a pesar de que nuestras Constituciones y los planes nacionales de desarrollo cuestionan el propio término “desarrollo” y se plantean el paso a un nuevo paradigma denominado Buen Vivir o Vivir Bien, el modelo de desarrollo sigue siendo extractivista, dependiente de la renta petrolera, gasífera o minera. A esto se suma en Ecuador la acusación de terrorismo y sabotaje a más de 200 dirigentes indígenas y campesinos, acusación vinculada con el avance de los proyectos mineros y la movilización social por una ley de aguas que determine una desprivatización de los sistemas y canales, así como una nueva institucionalidad plurinacional en la gestión del agua.

La transición de un mandato constitucional surgido de las asambleas constituyentes en Ecuador y Bolivia a la creación de leyes, políticas públicas, planes y programas, revelan las tensiones presentes en la composición de quienes hacen gobierno, y muestran los distintos proyectos que coexisten en una estructura en construcción, que hereda patrones capitalistas periférico, coloniales-neoliberales y patriarcales de cómo hacer política pública. Así mismo, la composición de los gabinetes ministeriales actuales muestra la presencia de sectores de derecha en áreas claves. En el caso del Ecuador el actual ministro de Agricultura, Stanley Vera vinculado a sectores agroexportadores11 o la ministra coordinadora de la Producción, Nathaly Celi, antigua colaboradora de Jamil Mahuad12 y una de las mayores impulsadoras de la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea, que como sostiene el Viceministro de Relaciones Exteriores, Kintto Lucas, es en realidad un tratado de libre comercio que forma parte de un modelo de dependencia neocolonial del norte13. En el caso boliviano, la principal exponente de esta argumentación es la Ministra de Planificación del Desarrollo Viviana Caro Hinojosa, que ya ejercía como subdirectora de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) del propio Ministerio de Planificación durante la época neoliberal.

Existe además en los dos países una comprensión y ejercicio de la política con criterios neoliberales y coloniales de tecnocracia reinventada bajo el llamado a la meritocracia que se plasma en una serie de mecanismos para limitar la participación organizada y determinar la ocupación de cargos según grados de titularidad académica14.

Todo lo anterior nos lleva a proponer una serie de debates conjuntos que debamos encarar sin caer en la trampa que expertos analistas o supuestos asesores de los movimientos sociales nos quieren plantear.

Falsos debates y dilemas sobre nuestras crisis

Desde diversos espacios políticos y académicos se ha intentado dar respuesta a lo que definimos como una crisis de nuestros procesos, llegando estas voces incluso a hablar de una derechización de los procesos de cambio, o anunciando el fin del socialismo, bajo una mirada que homogeniza los procesos de Bolivia, Ecuador, y también Venezuela, y que no se plantea los límites y contradicciones de éstos, mucho menos sus actores concretos y las condiciones posibles de éstos en la dinámica política.

Retomando la pregunta sobre cómo entender la crisis de nuestros procesos, es preciso cuestionar los planteamientos que sostienen que lo que estamos viviendo es la reproducción del neoliberalismo. Raúl Zibechi, en el reciente “Encuentro de los Pueblos por el Agua y la Pachamama”, celebrado en junio en Cuenca, Ecuador, calificaba el modelo extractivista como la segunda fase del neoliberalismo15. Y en un artículo publicado en mayo de este año16, siguiendo el esquema de análisis de Pablo Dávalos17, sostiene que el modelo impulsado por los gobiernos de Ecuador y Bolivia en la recuperación del Estado es netamente neoliberal y que las muestras más claras de esto son por ejemplo en Ecuador, el silencio del partido de gobierno Alianza País frente a la dolarización, la reiterada declaración de estado de emergencia económica que marcó los años neoliberales para gobernar con políticas de ajuste estructural y que aparentemente ahora sigue siendo el mecanismo de hacer política económica, y la dependencia de las exportaciones del petróleo y el extractivismo.

Sin embargo, ambos autores olvidan que tanto el gobierno ecuatoriano como el boliviano, son parte de una serie de iniciativas para la conformación de plataformas e institucionalidad regional que justamente se enmarcan en la creación de una nueva arquitectura financiera post neoliberal. Arquitectura financiera que avanza en la conformación de un Banco del Sur que sirva para el financiamiento de proyectos públicos (por ejemplo de organizaciones campesinas o de mujeres de sectores populares) que los Estados no puedan financiar, una moneda regional (SUCRE) que no caiga en los errores y las limitaciones neoliberales del euro sino que permita articular sistemas de trueque e intercambio ya existentes en un nuevo entendimiento de las finanzas y la economía popular como solución alternativa a los ataques especulativos neoliberales, y que además está trabajando en otro tipo de soberanías, energética, alimentaria y de salud18.

Por otra parte, tanto la dependencia de la renta petrolera en el caso ecuatoriano como de la renta gasífera y minera en el boliviano, constituyen un problema porque consolidan un modelo extractivista, primario exportador y periférico, y un tipo de Estado rentista19. Pero esta dependencia y la existencia de un modelo extractivista han sido problemas históricos de nuestros países, encontrándose ya en el momento del surgimiento de los estados, en periodos populistas nacionalistas, dictaduras y también evidentemente fueron parte de la imposición neoliberal. Es decir, no es ahí donde podemos determinar si el modelo es o no neoliberal, sino en la propiedad de las empresas, en cómo se negocian estas rentas, cuáles son los porcentajes que le corresponden al Estado, en qué son utilizadas estas rentas, en el marco jurídico diferenciado para empresas nacionales y cualquier empresa transnacional, etc.

Caracterizar nuestros procesos como neoliberales y más desde “la asesoría a la izquierda” impide dotar a las organizaciones de una mirada histórica, con claridad estratégica y capacidad de disputa. Pero además conduce el debate a tal nivel de confusión e imprecisión que se cae en el juego falso de poner a la izquierda más allá de las condiciones posibles e históricas, enterrando nuestras constituciones, herramientas de disputa y transición producto de nuestras movilizaciones, sin plantearnos por otra parte propuestas o una alternativa real, una posibilidad de construir hegemonía, dejando a su vez listo el camino para gobernar a la derecha, tanto la que está en los gobiernos como la que está fuera de estos.

A su vez, en el reciente artículo “Fin del socialismo estatal en América Latina”20, Heinz Dieterich nos plantea que la Nueva Clase Política Criolla (NCPC), en la que estarían insertos nuestros procesos, se ha negado ya a crear cualquier tipo de economía post capitalista, adoptando el modelo de desarrollismo burgués. Por un lado el planteamiento de Dieterich es inmovilizador, obviando la posibilidad de disputar el sentido actual de la historia a través de nuestros mandatos constitucionales, que reconocen un cambio en el modelo de desarrollo, un modelo de Estado Plurinacional y el horizonte del Buen Vivir o Vivir Bien. Por otro lado la escueta caracterización que señala el autor, no resulta suficiente para afirmar que se han cerrado todas las posibilidades para la transición.

Estado, gobierno y campo popular

No estoy diciendo que el estado haya de ser nuestro horizonte último, sino que su poder no puede ser simplemente ignorado o «resistido». No acepto la idea –que el propio Badiou a veces defiende– de que la política verdadera tiene lugar fuera del estado. ¿Qué significa tal cosa? ¿Significa fuera del estado en el sentido de que debemos transformarlo o en el sentido de que tenemos nuestro pequeño espacio desde el que «resistimos», al tiempo que todavía dependemos del trabajo sucio del estado?

Slavoj Zizek

Los llamados a la rebelión sin más o a declararse en oposición a los “gobiernos neoliberales” de Ecuador y Bolivia21 por un lado, y las propuestas de ciertos dilemas como “llegar al gobierno o transformar al Estado”22 o la proclamación del “fin del socialismo estatal” por otro lado, muestran de manera diferenciada una concepción tanto del Estado como del campo popular, que consideramos incompleta. En primer lugar, hay que dejar sentado que el momento histórico por el que atraviesan nuestros procesos nos muestra las constituciones como herramientas para disputar el Estado y el proyecto político, es decir que o bien como es el caso de Bolivia, este es un momento donde los movimientos sociales y pueblos indígenas asumen este gobierno como suyo23, o como en el caso ecuatoriano, la Constitución ha concretado demandas históricas del campo popular. Por lo tanto, gobernar o concretar demandas en el proceso constituyente implica el enorme reto de proponer políticas públicas y contenidos que radicalicen, o permitan elementos centrales de transición.

Proponemos entonces comprender el Estado en dos perspectivas, como anhelo histórico de las organizaciones populares y los pueblos indígenas de nuestros países, y como espacio de disputa política y por lo tanto como posibilidad de construcción del interés colectivo, es decir, como universalización de un proyecto político. Cómo lograr que un proyecto político se vuelva sentido común, articulación y referencia, es finalmente el debate sobre la hegemonía en su concepción gramsciana, central en la dinámica política de ambos procesos, tanto para los gobiernos como para el campo popular. En ese sentido, la construcción de hegemonía nace en la sociedad civil pero logra reproducirse en el Estado.

Quizás sea útil recuperar dos términos acuñados por Gramsci en el contexto de los debates que el movimiento obrero y el Partido Comunista Italiano tuvieron en los años 20 del siglo pasado, revolución pasiva y hegemonía expansiva24. La revolución pasiva hace referencia a la forma política que adquiere la burguesía en tiempos de crisis. Gramsci sostenía que la existencia de una crisis orgánica en la burguesía y la clase dominante pero también una debilidad de las clases subalternas, tenía como resultado una dinámica política en donde la burguesía expropiaba ciertas demandas y cumplía parcialmente las reivindicaciones populares. Esta forma implica que el Estado absorbe y domina a la sociedad civil y paralelamente se sustituye momentáneamente al grupo dominante que se encuentra en crisis. El segundo término es la hegemonía expansiva, que se entiende como la ofensiva popular articulada en un proyecto político con capacidad de generar voluntad colectiva, generalmente asumida como Revolución, para transformar el orden imperante.

Pero si la forma política que adquiere la burguesía en tiempos de crisis es la revolución pasiva ¿cuál es la forma que se configura en tiempos complejos que articulan cambio, transición y crisis? Esta pregunta se vuelve central porque nos permite pensar en las condiciones concretas e históricas por las que atraviesan nuestros procesos, pero además articula la necesidad de interpretación del proyecto político tanto de los actuales gobiernos, como de los sujetos políticos del campo popular.

La crisis orgánica por la que atravesaron Bolivia y Ecuador durante los años 90 y 2000 se caracterizó por una crisis de representación política del conjunto de partidos políticos pero sobretodo de la forma política que adquirieron las élites que controlaron los gobiernos en las décadas neoliberales que se tradujeron en la caída de varios presidentes producto de movilizaciones populares. Asimismo se produjo una crisis económica entendida como la instauración del neoliberalismo y el reforzamiento de las desigualdades para las mayorías, que desembocaron en un enorme descontento popular y en reiteradas movilizaciones y levantamientos de los movimientos sociales y los pueblos indígenas. Esta crisis orgánica de los sectores dominantes en su incapacidad de articular lo popular en un proyecto nacional, también estuvo marcada por una crisis de representación y de proyecto programático de las izquierdas tradicionales de ambos países y por el surgimiento como actor político de los movimientos indígenas. Son estos actores, y su capacidad de articulación y representación de los sectores populares, los que en las últimas décadas plantean la necesidad de no solo recuperar el Estado, sino transformar su carácter colonial y capitalista periférico para construir un Estado plurinacional.

La llegada de los gobiernos encabezados por Evo Morales en 2005 y Rafael Correa en 2006, significó en un primer momento la posibilidad de cristalizar las demandas populares y de las organizaciones sociales en la elaboración de las constituciones. Ambas asambleas constituyentes plasmaron la correlación de fuerzas de ese momento y adquirieron un definido corte antineoliberal. Las constituciones aprobadas mayoritariamente, determinaron avances “revolucionarios” con la enunciación de ambos Estados como plurinacionales, el Vivir Bien o Buen Vivir como horizonte de cambio del modelo de desarrollo y la naturaleza como sujeta de derechos.

Sin embargo, luego de la aprobación de las constituciones pasamos a otro momento, el de la concreción y traducción de estos principios constitucionales en políticas públicas, leyes y reglamentos.

Es importante dejar en claro, que las contradicciones que ahora encontramos en nuestros procesos, son en general, las mismas contradicciones que estuvieron presentes al inicio. Algunas de estas contradicciones actualizadas y otras profundizadas, pero son las mismas tensiones que ya se evidenciaban con la llegada de los actuales gobiernos. La tensión entre cómo superar la brecha de desigualdades, a través de la redistribución y la inversión social, y el cuestionamiento al modelo extractivista como reproductor de nuestra condición periférica y los incuestionables daños ambientales y sociales, se perfilaba ya en la pregunta de cómo resolver la desigualdad y al mismo tiempo cambiar el modelo de desarrollo al que nuestros países habían sido confinados históricamente; la discusión de qué tipo de prioridad regiría la economía, si un proceso de industrialización para ciertas áreas, nacionalización para otras y cambio en la lógica de acumulación como parte del camino hacia el Buen Vivir o Vivir Bien, estuvo ya plasmado en los planes de desarrollo; el papel de los movimientos sociales en la conducción de los procesos, su demanda y presencia en la estructura y cargos de los gobiernos, y al mismo tiempo la denuncia de cooptación y debilitamiento por parte de los gobiernos actuales, mostraron desde el inicio el complejo proceso de “ser gobierno” en el caso boliviano, y de “haber permitido la llegada de la Revolución Ciudadana, luego de décadas de movilización social” en Ecuador; en el caso ecuatoriano además, el discurso de la descorporativización del Estado y la reducción de ciertos derechos sindicales, indígenas y de mujeres para supuestamente avanzar en una identidad universal y ciudadana dio sus primeros signos en el mismo texto constitucional aprobado.

No podemos negar que existen avances en términos de aumento de la inversión social, en la reducción de la pobreza, en la instauración de institucionalidad y fortalecimiento del rol del Estado en la planificación, redistribución y regidor de las políticas publicas, en la política internacional y regional para apostar por líneas anti militaristas, de defensa de los procesos democráticamente elegidos por voluntad popular, además de apuestas como el ALBA, el Banco del Sur y el SUCRE. Pero también es necesario señalar que ambos procesos en claves y condiciones distintas, atraviesan por una combinación de un nuevo tipo de hegemonía expansiva y revolución pasiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestros procesos, tanto los gobiernos como los movimientos sociales, están marcados por un lado por un reacomodo de ciertas élites, mientras aparecen y se fortalecen otras, además de un repliegue parcial de las demandas populares y de las organizaciones sociales, sumado a un cambio en la matriz dominante neoliberal y por otra, muestra ahora claros intentos de un capitalismo periférico estatal. Procesos donde también encontramos, como en el caso boliviano, avances significativos en la descolonización del Estado y un intento explícito por despatriarcalizarlo. Es decir, que ambos procesos están cargados de elementos que obstaculizan demandas de transformación estructural, pero que al mismo tiempo avanzan en el desmontaje del neoliberalismo e inclusive como Bolivia, se propone la construcción de un Estado plurinacional en donde los movimientos sociales siguen siendo actores fundamentales.

En cuanto al campo popular, la situación no es menos compleja, evidenciándose por un lado la debilidad de los sectores subalternos para construir un proyecto programático que le devuelva su protagonismo en el proceso de transformación y de disputa del Estado y los gobiernos actuales, y por otro lado la dificultad por generar una claridad orgánica en su definición ideológica.

Horizontes para la transición

No es suficiente entonces como hacen algunos, proclamar que nuestra salida es resistir y caminar hacia “la rebelión de los de abajo”25. El contexto actual de nuestros procesos exige de nosotras y nosotros salir de la demagogia y plantear mayores definiciones programáticas y estratégicas. Los movimientos sociales que durante dos décadas encabezaron importantes movilizaciones contra el neoliberalismo y por un Estado Plurinacional, requieren caminar hacia la construcción de una estructura de cohesión programática, donde se articulen diversos actores sociales y se superen intereses prebendalistas, particulares y gremialistas, en un proyecto anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial que vaya más allá de la lógica electoral y que además supere el momento de la resistencia y lo dispute desde las propuestas concretas.

Si bien la coyuntura electoral marca los tiempos políticos, nuestras izquierdas requieren de un proceso, estructura y proyecto, que les permita pelear el sentido común, interpelar al conjunto de la sociedad y ganar adhesiones. Pero además para un gobierno como el de Bolivia, que cuenta con cinco organizaciones articuladas en el Pacto de Unidad, y en donde a pesar de las críticas y las contradicciones siguen asumiendo el gobierno encabezado por Evo Morales como suyo, es fundamental la construcción de una institucionalidad y de políticas públicas que cuenten con los planteamientos de las organizaciones en esa disputa. No hacerlo significaría dejarle a la derecha afuera y adentro, cancha libre.

Pero para disputar un proyecto desde la izquierda y desde el campo popular no podemos caer en las lógicas actuales de cercanía y negociación con la derecha. Los movimientos sociales y pueblos indígenas, así como sus estructuras de representación política, requieren configurarse como referentes éticos. Negociar o siquiera dialogar con la derecha en nombre de declararse en oposición a los actuales gobiernos es algo que no podemos permitirnos. Sólo si logramos legitimarnos en la conducción moral y política de un proyecto de transformación, podremos concretarlo. En el caso de Ecuador nos repugna ver como los compañeros y compañeras de MPD y Pachakutik en la Asamblea Legislativa transan con Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez o los socialcristianos de Jaime Nebot, bajo el común denominador del enfrentamiento con Rafael Correa y Alianza País. En el caso de Bolivia, la apuesta debe ser firme en favor de los movimientos sociales y pueblos indígenas, planteando posiciones críticas, pero sin aliarnos con ninguna otra opción político-electoral, teniendo claro que si no es con este gobierno, ni con el MSM u otras opciones más a la derecha se va a profundizar y mucho menos radicalizar el proceso de cambio.

En ese sentido, consideramos primordial recuperar el debate sobre la intelectualidad orgánica. Nuestros procesos y nuestras organizaciones requieren entrar en un fuerte proceso de evaluación interna, dos décadas de neoliberalismo y de crisis de la izquierda tradicional significaron no solo subjetividades y relaciones políticas de resistencia y movilización, sino también un conjunto de dinámicas, que al ser estructurales y naturalizadas, se volvieron también parte de nuestras propias lógicas. Es necesario partir de un cuestionamiento profundo a las relaciones de poder coloniales y patriarcales enquistadas en nuestras organizaciones, que por seguir lógicas “gremialistas”, no han conseguido articular y construir hegemonía. Tampoco es posible que sigamos reproduciendo la división intelectual del trabajo, la tarea de reflexionar política y colectivamente nuestros procesos y el momento histórico debe ser asumida como un elemento central en la estrategia de articulación y construcción hegemónica. Mucho menos factible es naturalizar las lógicas impuestas por dos décadas de cooperación. Por ejemplo, la relación entre organizaciones no puede estar supeditada a la mediación de éstas, ni a la representación que las ONGs asumen a nombre de los movimientos sociales.

Queremos dar la razón a Alan Badiou y Slavoj Zizek cuando nos plantean que el enemigo fundamental (también para nuestros procesos) no es el capitalismo ni el imperialismo, sino la democracia, concretamente la “ilusión democrática”. Esto es, la aceptación de los mecanismos democráticos como marco final o definitivo de todo cambio, lo que evita el cambio radical de las relaciones capitalistas. Por lo tanto desde la radicalidad y para tratar de romper con la ilusión democrática que las lógicas coloniales heredaras nos imponen, proponemos profundizar en la construcción del Estado Plurinacional y dotar de contenidos políticos, programas y propuestas de políticas públicas a ese horizonte del Buen Vivir o Vivir Bien que define nuestras constituciones, en cuanto a horizontes que desde una óptica de descolonización y despatriarcalización, nos permiten profundizar en alternativas al capitalismo y la modernidad.

Katu Arkonada es investigador social diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Publicas, Alejandra Santillana es socióloga y militante feminista de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador.

  • Artículo publicado originalmente en las ediciones en papel de Le Monde Diplomatique en Bolivia y La Tendencia en Ecuador

Notas:

1 Partimos de la hipótesis de que el modelo por el que atraviesan los llamados procesos de cambio de la región, Ecuador, Bolivia y también Venezuela, no es hegemónicamente neoliberal, y asumiendo que nos encontramos en periodos de transición, consideramos que persisten rezagos, relaciones, dinámicas e imaginarios neoliberales.

2 Entendemos el giro hacia la izquierda como: 1. El regreso del Estado, que en épocas neoliberales constituyó una demanda central de la izquierda; 2. Una primera etapa constituyente donde se posicionan propuestas de transformación del Estado de las organizaciones sociales y gran parte del proyecto programático de la izquierda antineoliberal, de ahí la definición de Estado Plurinacional.

3 Arkonada, Katu junio 2011. “Ollanta Humala y Gana Perú, nacionalismo reformista bajo el horizonte de la transformación estatal” en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=130316

4 Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Estado Plurinacional de Bolivia.

5 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).

6 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).

7 Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).

8 Acosta, Alberto y Ponce, Juan 2010. “La pobreza en la ‘revolución ciudadana’ o la pobreza de revolución?” en Ecuador Debate, No. 81. Quito: CAAP.

9 Ospina, Pablo julio 2011. “Promesas temporales. El cambio del régimen de acumulación, propuestas y realizaciones de la revolución ciudadana”, inédito.

10 Carrión, Diego; Flores, Judith; Herrera, Stalin; Rodríguez; María de Lourdes; Rodríguez, Javier 2010. “Análisis de la inversión y la política pública para la agricultura en el Ecuador”, IEE/Oxfam, inédito.

11 Entrevista a Rafael Quintero, Subsecretario de Relaciones Exteriores para Asia, África y Oceanía, y Presidente del Partido Socialista Frente Amplio en http://psfaecuador.org/articulos/196-entrevista-a-rafael-quintero.html

12 Ex Presidente ecuatoriano derrocado, que impuso la crisis neoliberal y la dolarización en el país, en Cevallos, Dimitri 2011. “Ecuador: Extraños y nuevos compañeros de viaje para lo que fue una revolución” en http://www.librered.net/?p=9332

13 http://contrainjerencia.com/index.php/?p=15096

14 Ospina, Pablo 2010. “Corporativismo, Estado y Revolución Ciudadana. El Ecuador de Rafael Correa” en http://www.flacsoandes.org/web/imagesFTP/1263401619.Corporativismp.pdf

15Zibechi, Raúl 2011. “Crisis civilizatoria” en http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=413:raul-zibechi-extractivismos-segunda-fase-del-neoliberalismo&catid=73:ddhh-ecuador&Itemid=144

16 Zibechi, Raúl 2011. “La construcción de un nuevo modelo dominación” en http://www.vientosur.info/articulosabiertos/VS116_Zibechi_Ecuador.pdf

17 Dávalos, Pablo 2011. “Alianza País o la reinvención de la derecha” en http://alainet.org/active/29776

18 Onofre, Carlos 2011. “La nueva arquitectura financiera regional : propuesta ecuatoriana” en http://www.rosalux.org.ec/es/analisis/regional/item/212-la-nueva-arquitectura-financiera-regional-propuesta-ecuatoriana

19 Acosta, Alberto 2009. La maldición de la abundancia, Quito: Abya Yala.

20 Dieterich, Heinz 2011. “Fin del socialismo estatal en América Latina” en http://www.larepublica.com.uy/editorial/466500-fin-del-socialismo-estatal-en-america-latina

21 Zibechi, Raúl, idem; y Dávalos, Pablo, idem.

22 Machado, Decio agosto 2011. “Llegar al gobierno o transformar el Estado” en http://deciomachado.blogspot.com/2011/08/llegar-al-gobierno-o-transformar-el.html

23 Arkonada, Katu julio 2011. “Tensiones y contradicciones del proceso de cambio en Bolivia” en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131899

24 Para profundizar en la discusión en torno a estos dos conceptos, ver referencia en el capítulo primero de la Tesis Doctoral elaborada por Iñigo Errejón, “La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): Un análisis discursivo” (2011), de próxima publicación

25 Zibechi, Raúl, idem.

Publicado en: Ecuador Etiquetado como: Ecuador y Bolivia: Estado, gobierno y campo popular en la transición

Neoliberalismo y revolución ciudadana

25/07/2011 by maestro Deja un comentario

 Para llegar a una conclusión primero se realizará una brevísima introducción a la problemática (bastante difusa a los ojos de la Historia del Pensamiento Económico) del neoliberalismo como concepto, encontrando en uno de sus orígenes (quizá imputados) una doble alternativa que puede brindar una especial concordancia con las políticas e ideas del “socialismo” que se viven Ecuador.

Neoliberalismo, ¿un nuevo liberalismo o una crítica a los socialistas?

Los orígenes de la categoría Neoliberalismo no podrían ser identificados de forma tajante, a diferencia de pensamientos claramente marcados (al menos en su origen) como lo son el Keynesianismo o el Marxismo, al margen de lo cuestionable que el uso de estos términos puede resultar1.

Una de las primeras alusiones al término Neoliberal (o una traducción que podría acercarse a este término) se remonta a los escritos del economista austrohúngaro Friedrich Von Mises, más específicamente a dos de estos, uno publicado en 1922 llamado Socialismo y otro de 1927 denominado Liberalismo.

La idea de Neoliberalismo que de cierta forma corresponde a lo que en la actualidad se puede denominar como criterio “socialmente” aceptado de la esencia de este concepto, es la idea presentada en Socialismo, donde el autor señala que:

“El liberalismo antiguo, basado en la economía política clásica, afirmaba que la situación material de todas las clases asalariadas sólo se podía elevar en forma sostenida mediante un aumento del capital, y éste únicamente puede garantizarlo la sociedad capitalista basada en la propiedad privada de los medios de producción. La economía subjetiva moderna ha fortalecido y confirmado los cimientos de esa visión mediante su teoría de los salarios. Aquí el liberalismo moderno concuerda plenamente con la vieja escuela.” (Citado en Ghersi; pg. 296)

En cambio, en Liberalismo, Von Mises busca expresar la diferencia entre el pensamiento liberal del siglo dieciocho, en donde se proclamaba (bajo la influencia de la idea de una ley natural junto con la visión impulsada por el Iluminismo) la igualdad de los hombres ante la ley, y los socialistas o neoliberales quienes no solamente buscaban la igualdad ante la ley como mecanismo que garantice el orden social, sino que, según Von Mises, buscaban iguales ingresos y terminar con las diferencias provocadas por la propiedad privada (Von Mises; pg. 29)

De hecho, al comienzo del apartado Equidad, Von Mises escribe:

“Nowhere is the difference between the reasoning of the older liberalism and that of neoliberalism clearer and easier to demonstrate than in their treatment of the problem of equality” (Von Mises; pg. 27) 

Entonces, hay una doble significación del término Neoliberalismo bajo el enfoque de Mises2, en donde por un lado se cataloga de Neoliberales a los “socialistas encubiertos” bajo políticas liberales y por otro lado se busca designar al liberalismo asociado a la teoría subjetiva del valor (Ghersi; pg. 297). Si bien para nuestro caso es la segunda idea nuestra base para analizar al gobierno de Correa, es interesante la alusión a los socialistas, que quizá se apegue más al gobierno de la revolución ciudadana que la definición “socialmente aceptada”.

El fin de la “larga noche neoliberal” y el comienzo del “corto amanecer socialista”

El 15 de enero del 2007, el economista Rafael Correa  Delgado asume la Presidencia de la República afirmando en su discurso que se convocará a “consulta popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue esa Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político y social en el que el país se encuentra sumergido” junto con otras ideas tales como la “renegociación soberana y firme de la deuda externa” (El Universo; 15/enero/2007)  , dos puntos que sin duda se contraponen a las políticas neoliberales (la disminución de la participación de las masas a nivel interno y el pago de la deuda).

El cumplimiento de estas cuestiones es un tanto discutible en términos de praxis, pues si bien se formó la Asamblea Constituyente, la manera como la “premura de los tiempos” hizo que la posición “de no sacrificar el debate” no haya sido compartida por la mayoría de la cúpula de Acuerdo País, lo que promovió la salida de Alberto Acosta de la Asamblea, no muestra un alejamiento a los lineamientos de pensamiento único, bastante característicos al esquema neoliberal3.

En cuanto a la renegociación de la deuda externa, si bien se señaló como “un éxito total” la recompra de bonos Global con vencimiento 2012 y 2030 (por 3.375 millones de dólares) con un descuento del 65 por ciento, el juego de lo legítimo e ilegítimo no se ha resuelto en realidad, pues una renegociación hasta cierto punto es mantenerse dentro del esquema del mercado y aceptar sus reglas4, aunque, esta vez sí en términos de praxis, el gobierno es contrario a una política neoliberal a favor de un pago de la deuda externa que limite la soberanía nacional5.

Respecto al Gasto Público, una visión a priori nos dice que no hay duda en negar la postura neoliberal del gobierno en este punto, aunque la efectividad de ese gasto es (y quizá siempre ha sido y será) cuestionable. Al menos aquí sería más fácil asociar al gobierno de Correa con un Estado de Bienestar antes que como un estado neoliberal.

Pasando breve vista ahora a la situación de la fuerza de trabajo en este gobierno, las políticas encaminadas a terminar con la precarización laboral como la eliminación de la tercerización o la tipificación como delito la no afiliación al IESS de trabajadores en relación de dependencia, son políticas que no pueden ser asociadas al Neoliberalismo en tanto no vuelven más “fluido” al mercado laboral, sino que le colocan más “trabas” (en un modelo neoclásico todo aquello que dificulte contratar y despedir fuerza de trabajo es una traba, así los derechos mínimos también son trabas, a menos que estos coincidan con la voluntad “equilibrada” del mercado).

La situación de las renegociaciones petroleras es interesantemente contraria a la explotación de los recursos que en el neoliberalismo era bendecida bajo la tutela de la eficiencia y la actividad privada, pero habría que pensar hasta qué punto las renegociaciones están bien encaminadas, y no terminen en situaciones similares a la que actualmente se discute en el CIADI.

Finalmente, un gobierno que en vez de fomentar las contradicciones de clase, propone que tanto trabajadores como empleadores buscan un mismo fin6, donde si bien ha existido un aumento tremendo del sector estatal, no se han hecho cuestionamientos de fondo al modo de producción vigente, y más bien se ha hecho explícita la implementación de metodologías e incluso métodos y paradigmas vinculados a la escuela neoclásica entremezclada con keynesianismo.

Finalmente no queda mal una pequeña mirada al Socialismo del Siglo XXI al cual Rafael Correa dice coincidir. Esta visión en donde se afirma que “Tenemos […] una especie de socialismo experimental o aplicado, pero no el socialismo teórico ni su “matemática” y lógica pura. En consecuencia, carecemos de una teoría socialista para el siglo XXI que pueda guiar las luchas de transición hacia el triunfo de las mayorías” (Dieterich; pg. 38)  parece bastante similar a los esquemas revisionistas que al final fueran aceptados por sectores como la Socialdemocracia, lo cual si bien no es para nada neoliberal, no es muy fácil aceptarlos como socialistas en su sentido original.

CONCLUSION

Como puede verse, el gobierno de Correa no se expresa fenomenológicamente como neoliberal, aunque una visión a detalle puede encontrar bastante cercanía a los esquemas neoliberales, por ejemplo en una posible aceptación de la legitimidad del endeudamiento durante los 90, el uso de mecanismos no tan democráticos para la promover la agilidad del proceso oficialista, una promoción a la estabilidad del sistema, y otras cuestiones que son bastante similares al neoliberalismo en la medida que en la praxis pueden oponerse a las libertades individuales7.

Sin embargo así también pueden encontrarse similitudes con un Estado de Bienestar y en general con “híbridos del pensamiento socialista” que en última instancia dan al gobierno un sentido de izquierda.

Esta apariencia que en el fondo encierra la promoción de nuevos grupos de poder y de nuevas realidades en la sociedad ecuatoriana guarda similitud un tanto con la definición de neoliberal otorgado por Von Mises en Liberalismo, en donde en realidad se tiene a un gobierno que pretende mostrarse de una forma pero que en realidad está bastante vinculado con esquemas contrarios a la libertad. Este no es un gobierno socialista auténtico, sino una esquematización que se viste de socialista, pero que en verdad responde a aquellos intereses que le permiten mantenerse en el poder, muchos de estos aun interesados en la libertad de mercado y la teoría subjetiva del valor, ingredientes importantes del neoliberalismo.

REFERENCIAS

  • Acosta Alberto, CARTA DE RENUNCIA A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, citado en Peripecias.com, 25 de junio del 2008.
  • Carella Alfredo, LA AUDITORÍA DE LA DEUDA EXTERNA DEL ECUADOR, publicado en CADTM.org, 2009
  • Dieterich Heinz, EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI, Fundación para la Investigación y la Cultura, 2007
  • El Universo, CORREA CONVOCA A CONSULTA POPULAR EL 18 DE MARZO, publicado el 15 de enero del 2007.
  • Galeano Eduardo, ESPEJOS, Siglo XXI editores, Madrid, 2008
  • Ghersi Enrique, EL MITO DEL NEOLIBERALISMO, publicado en
  • Von Mises Friedrich, LIBERALISM, traducción al inglés de Ralph Railco, The Foundation for Economic Education Inc. 1985 y Mises.org, 2002
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    Publicado en: Ecuador Etiquetado como: Neoliberalismo y revolución ciudadana

    Rafael Correa tendrá que revisar el rumbo de su gobierno en Ecuador

    20/05/2011 by maestro Deja un comentario

    El resultado definitivo aún se demora pero habría un apretado triunfo de Correa. La Revolución Ciudadana en Ecuador tenía muchas esperanzas de una amplia victoria en la consulta popular del 7 de mayo.

    Harto de que el parlamento demorara y pusiera en el freezer varias iniciativas enviadas por el Ejecutivo, se convocó a esa votación. El padrón de más de 11 millones de ecuatorianos diría su palabra. Las elecciones democráticas son la forma normal como se conduce Rafael Correa. Ganó siete desde las presidenciales de 2006 y su reválida de 2009, luego que en 2008 se aprobara una nueva Constitución previos comicios para Asamblea Constituyente.
    No está de más consignar esos antecedentes democráticos del economista atacado de “autoritario”, “enemigo de la prensa libre”, “chavista”, etc, por la prensa monopólica, el establishment empresarial y la embajada norteamericana. Cualquier parecido con Argentina no es casualidad…
    La elección de mayo tenía 10 preguntas a responder con un Sí o un No; cinco de las cuales tendrían impacto en la letra de siete artículos de la Constitución, sobre un total de 444.

    Las propuestas del gobierno no eran irrelevantes. Una de las preguntas -la número 4- aludía a una reforma judicial, cambiando el Consejo de la Magistratura para una transición que terminara con la sospecha de corrupción que sigue como sombra a la justicia. Otra pregunta -la número 9- apuntaba sobre los dueños de medios de comunicación, auspiciando un Consejo que regule los contenidos de lo que publican. En ese tema mediático, otra pregunta giraba sobre la prohibición a las empresas periodísticas a tener inversiones en otros rubros de la economía.

    Volviendo a los tópicos de la justicia, otro punto de la compulsa fueron ciertas excarcelaciones. El gobierno propuso que en delitos graves no se aceptara sumas de dinero para autorizarlas. La denuncia presidencial fue que jueces corruptos habían liberado de ese modo a 11.000 delincuentes. No habría habido en esos casos solamente fianzas sino también coimas.

    Discutible o no, la consulta también incluyó la prohibición de juegos de azar y corridas de toros cuando éstas incluyeran la muerte de los animales. Muy posiblemente había otros asuntos más importantes sobre los que expedirse, omitidos, y aquéllos fueron de relleno.

    La sensación que había en la previa es que el Sí ganaría con un 60 por ciento de los votos. Los sondeos indicaban eso. Hasta los diarios de la oposición más conservadora -entre ellos El Comercio, del Grupo de Diarios de América, colateral de la SIP- estaban resignados a la séptima paliza desde el 26 de noviembre de 2006.

    Euforia, tristeza y recuperación

    Por esos tres estados de ánimo tan diferentes pasaron el presidente y su oficialista Alianza País, luego del cierre de la votación. En base a los sondeos de boca de urna de la empresa Santiago Pérez, única autorizada por el Consejo Electoral Nacional (CNE), los medios difundieron un resultado que a la postre se demostró exagerado. La opción por el Sí habría ganado con entre el 61 y el 64 por ciento de los sufragios.

    Fue el momento de euforia de Correa, quien dio por cierto que había ganado por más de 20 puntos. Esto se correspondía con su objetivo previo, de ganar en las 10 preguntas, en por lo menos 18 de las 24 provincias y hacerlo en forma contundente. El 60 por ciento más era el objetivo cumplido. Llegaron las felicitaciones de Hugo Chávez y Evo Morales.

    Sin embargo, cuando el escrutinio oficial comenzó a tomar los datos de las 24 provincias, ese panorama comenzó a virar. Las diferencias entre el Sí y el No se redujeron a tres o cuatro puntos. Incluso en las preguntas que más importaban a gobierno (las citadas número 4 y número 9), el No obtenía una leve diferencia a su favor.

    Fueron tres días de tristeza para el oficialismo, cuando de golpe se había esfumado su amplia victoria. ¿Tanto había cambiado la realidad? Sí y no, para jugar con las opciones en pugna. Sí había cambiado, porque ese sondeo a boca de urna estuvo mal hecho y dio una pésima idea de los resultados, pecando de un optimismo que no se correspondía con la realidad. Pero a la vez no había cambiado tanto, pues el gobierno alertó primero y denunció más tarde que el escrutinio oficial cargaba los datos de las provincias de la Sierra y zonas indígenas donde tenía preponderancia el No, en tanto demoraba los de las provincias más pobladas, donde el Sí era mayoría.

    Esas provincias con mayor población y electores son Guayas, Pichincha (donde está la capital, Quito), Azuay y Manabí. En Guayas había más padrón de votantes que en siete de las otras provincias más pequeñas o menos pobladas. Y en esos mayores distritos se demoraba ex profeso el escrutinio, con la participación de los fiscales de los partidos opositores, para que los guarismos no favorecieran al gobierno. En cambio, por el mismo motivo, se aceleraba el conteo en las otras provincias, para dar la impresión -por los medios de comunicación- de que se estaba ante una derrota gubernamental.

    Fueron tres días de tristeza y decepción.

    Desde el 11 de mayo en adelante, cuando avanzó el escrutinio en territorios demorados, la estadística volvió a sonreír a Alianza País. Aún no terminó el conteo pero los números oficiales dan la delantera al Sí en las 10 preguntas, aunque con un margen muy estrecho de 2 a 4 puntos. Según el presidente, que prefiere ver el vaso medio lleno, la diferencia será de 4 puntos sobre la oposición, esto es medio millón de votos en cada pregunta.

    Medio vacío, medio lleno

    Desde que recuperó el habla, Correa hizo dos ruedas de prensa en el Palacio de Carondelet. Dijo que el gobierno estaba feliz porque había ganado y que la oposición debía estar también feliz porque había perdido por menor margen. Entonces unos y otros, felices, debían ponerse a trabajar por un país mejor. Todo un lugar común que tiene escasas posibilidades de hacerse realidad porque las diferencias políticas y económicas entre Alianza País y los partidos de oposición, que generalmente no logran ponerse de acuerdo entre sí, no van a desaparecer así nomás. Esta de la oposición es otra coincidencia no casual con Argentina…

    Un periodista crítico del gobierno, Marco Lara Guzmán, del diario Hoy, escribió ayer: “¿hay realmente oposición orgánica, coherente, funcional, eficaz, o se trata solamente de un conjunto de opinantes de mayor o menor estatura, incapaces de actuar con un mínimo sentido de unidad, sabiéndose, como se sabe, que la insuperable diversidad doctrinaria o personalista bien podía someterse a un inteligente accionar colectivo?”.

    Aún con esos límites políticos, ese amontonamiento tan contradictorio de partidos de derecha, de centro y parte de la izquierda (Movimiento Popular Democrático), con la mayoría de la dirigencia indígena (Conaie), todos opuestos a Correa, se dieron un gusto. Ganaron con el No en 10 provincias, que no es poca cosa. Si ese hecho político alumbrará una oposición mejor conformada, parece muy dudoso, por lo recién expuesto en Hoy.

    Otro diario, El Comercio, más oligárquico, atiza a esa oposición a que se pinte la cara para la guerra que se viene. Carlos Larreategui escribió el 11 de mayo una nota titulada “La derrota política de un modelo autoritario”: “debemos saber que lo peor aún está por venir y que es necesario defender como nunca nuestros derechos y libertades”.
    Correa sufrió un intento de golpe de Estado policial el 30 de septiembre del año pasado, estuvo preso de los amotinados y su vida corrió serio peligro. Ese dato ilustra que la situación ecuatoriana está lejos de ser completamente estable y pacífica, sobre todo por acciones de la oposición, que echa todas las culpas sobre el gobierno.

    ¿Qué hará ahora Correa, luego de una victoria ajustada e importante? Ya cambió tres ministros, lo que da una idea de que está mirando al frente interno para superar errores. Pero esa movida es insuficiente. ¿Cómo reaccionará en política? ¿Profundizará la Revolución Ciudadana, que enervará a la oposición, o suavizará las aristas más bolivarianas de su gestión?

    Uno de los caminos posibles lo expuso el vicecanciller, Kinto Luccas. En suma, planteó profundizar el contenido antiimperialista de la gestión, trabajar para una nueva alianza con el movimiento indígena y la Conaie, y enfatizar en la militancia con más organización partidaria y social en vez de confiar tanto en la propaganda. Sin el movimiento indígena no se puede avanzar en Ecuador, dijo. Parecen buenas reflexiones luego del 7 de mayo y se pueden leer entrelíneas como una primera autocrítica.

    http://www.argenpress.info/2011/05/rafael-correa-tendra-que-revisar-el.html

    Publicado en: Ecuador

    Triunfalismo oficial contra disidencia crítica

    13/05/2011 by maestro Deja un comentario

    proselitismo en lugar de periodismo. “Ecuador respalda masivamente las tesis de Correa” es el titular de El Telégrafo del 8 de mayo, día siguiente de la consulta popular. Y más abajo, con enormes letras amarillas sobre fondo negro: “62% SÍ. 38% NO”, como marcador electrónico en partido de básquet.  El mensaje triunfalista del diario estatal se completa con una foto de media página del presidente Correa con el pulgar arriba en señal de triunfo.

     
    El Telégrafo hace desde el lado oficial exactamente lo mismo que hacen los medios privados desde la oposición: proselitismo en lugar de periodismo. De otra manera no se explica que sustentara su afirmación en un “exit poll” de una firma contratada por el oficialismo sin prever que, pocas horas después, el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE) proyectaría un apretado triunfo del SÍ sobre el NO por alrededor del 5%.
     
    El papelón del que en otro momento fue un buen proyecto de diario público remarca el alineamiento y la militancia de algunos de sus jefes con el movimiento oficialista. Pero lo realmente lamentable de este tipo de titulares celebratorios, más cercanos al adulo que a la información, es que le niegan a la población mensajes periodísticamente más honestos y políticamente más útiles. 
     
    De todas maneras, el proselitismo de los medios estatales a favor de un jefe, y el de los medios privados a favor de un dueño, resultan a estas alturas apenas otro asunto molestoso y cotidiano, como el mal aliento. Mejor pasemos a otro nivel de análisis, pues los resultados de la consulta permiten una lectura en términos de comunicación política, es decir, del efecto de las acciones y de los mensajes en la vida democrática.
     
    Lo primero que salta a la vista es una considerable pérdida del capital político del gobierno y del presidente Correa. Al mismo tiempo, es notable el incremento de las posiciones críticas que, en este caso, no necesariamente corresponden a la oposición, ni a los medios privados, ni a la derecha tradicional. Todo lo contrario, el alto nivel de votación negativa (las proyecciones hablan de un 45%) provienen de una corriente disidente de las mismas fuerzas que ayudaron a plantear hace casi cinco años el proyecto de la revolución ciudadana.
     
    Esto significa que la tendencia gubernamental de ganar las batallas electorales de manera arrolladora se ha eclipsado. En las seis jornadas electorales anteriores, las tesis del oficialismo ganaron por márgenes de alrededor del 40% ¿De dónde proviene ese 25 a 30 por ciento que pudo votar por el SÍ pero esta vez escogió el NO? Con toda certeza no proviene de los cadáveres políticos de la llamada partidocracia, tampoco del periodismo proselitista de los medios tradicionales. Que no se crean ganadores los que nada han hecho para mejorar la cultura política de este país. Que los Gutiérrez, Hurtado, Vera, Páez, Montúfar no se emocionen porque no han ganado nada. Es Correa el que ha perdido.
     
    Más bien hay que pensar en las causas de ese alto nivel de disidencia de quienes alguna vez creyeron en el proyecto de la revolución ciudadana y ahora no pueden avalar un modo autista de ejercer el poder. La elevada opción por el NO deja en claro que el déficit de comunicación política del gobierno comienza a pasarle factura y que el ejercicio crítico de la población se manifiesta más allá de las refriegas cotidianas. La tesis gobiernista de que “el que no está conmigo está en mi contra” comienza a demostrar su falacia. Disparar contra los del mismo bando y denigrar a los aliados naturales tiene efectos devastadores.
     
    Recordemos un caso reciente. Cuando el ecologista Luis Corral, en medio de un acto político en el coliseo de Zamora, exige al presidente Correa respuestas acerca de los proyectos mineros en esa zona, la reacción del mandatario es tremebunda. En lugar de ofrecer respuestas, decide arengar a los asistentes y construir una atmósfera emocional y violenta en contra del ecologista. Predispone a todo el coliseo y manda a todo su aparataje de seguridad en contra de una sola persona. Corral termina expulsado y golpeado por los simpatizantes de un mandatario que afirma reconocer los derechos de la naturaleza. Esa falta de generosidad y de compasión con el otro en el ejercicio del poder es lo que realmente asusta.
     
    Lo ocurrido en Zamora es parte de una cadena de acciones y mensajes que minan el capital político de un líder que algún día ofreció cambios profundos en esta sociedad necesitada de ellos. Pero no de esa manera. Descalificación de las voces disidentes (Alberto Acosta y decenas de pensadores de alto nivel, excluidos del proyecto por pensar distinto); criminalización de la protesta social (cerca de doscientos dirigentes indígenas enjuiciados por terrorismo); aniquilamiento del proyecto de medios públicos (subsumidos por el aparato de propaganda oficial); adelanto de trabajos para la explotación petrolera en el Yasuní (el proyecto de mantener el petróleo en tierra cada vez es más lejano) solo para mencionar los casos más evidentes, donde el discurso de cambio queda anulado por las acciones y los mensajes políticos.
     
    El castigo en las urnas no es oposición tradicional sino disidencia crítica.

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    Los conflictos de la “revolución ciudadana”

    01/04/2011 by maestro Deja un comentario

    Del año 1 al año 4
    En los primeros días de 2011 se cumplieron ya cuatro años de la “revolución ciudadana”, el período de mayor estabilidad política desde 1996. Cada uno de ellos ha ido marcando el recorrido del proceso iniciado en enero de 2007 con la posesión presidencial de Rafael Correa (o incluso antes: en noviembre de 2006, cuando Correa ganó la segunda vuelta presidencial).
    2007 fue el año de la Constituyente, año de expectativas y de conflictos con las derechas; detrás de unas y de otros se obscurecieron para muchos las contradicciones que comenzaban a manifestarse con los movimientos sociales (por ejemplo, alrededor de la minería y de la respuesta represiva del gobierno a las movilizaciones). 2008 fue el año de la aprobación de la nueva Constitución, cuando las expectativas comenzaron a mezclarse con las realizaciones y parecía lícito dejar en segundo plano aspiraciones de reformas más profundas para cuidar “lo que se había alcanzado” y tolerar el sacrificio de algunos en aras del interés general (por ejemplo, la proscripción de la organización y de la lucha de los trabajadores públicos). 2009 fue el año de la ratificación, la segunda elección de Correa y la promesa de “radicalización de la revolución ciudadana”; pero fue también el año en que la crisis del capitalismo mundial inspiró al gobierno políticas que fueron el inicio de los rumbos por donde iba a caminar la radicalización: por la vera de los intereses generales del capital. 2010 fue el año en que quedaron evidenciados los distintos componentes de su propuesta y su verdadero sentido: un proyecto de modernización capitalista enfrentado a los movimientos sociales; pero también fue el año en que quedaron evidenciadas sus debilidades: los límites políticos de la vía conservadora de modernización, y las debilidades sociales, pues, a pesar de todo, no ha logrado movilizar más que un consenso pasivo en respaldo a su gestión.

    2010: el balance del gobierno y algo más
    En reunión con su gabinete ampliado, el presidente hizo un balance de los cuatro años de su gestión[1]. Lo considera positivo básicamente por tres razones: a) por haber logrado estabilidad política (vinculada a los altos índices de popularidad del gobierno y a una mayor participación del pueblo en continuadas elecciones), b) por haber “recuperado el Estado” (en concreto: sus capacidades de “rectoría”, planificación y control, y la coordinación y coherencia de la acción del Ejecutivo), y c) por haber multiplicado la inversión social.
    Pero hay un elemento adicional, que no es visible en la autoimagen del gobierno ni en su discurso: durante el año 2010 ha reordenado su campo de alianzas, sobre todo las alianzas sociales. Lo más significativo es el acercamiento con los gremios empresariales, lo que ha podido hacer con ocasión del Código de la Producción, a través del cual el gobierno quiere presentarse como el representante de los intereses generales del capital, ofreciéndole unas adecuadas condiciones para la acumulación. Del otro lado, los gremios empresariales también han comenzado a cambiar su discurso frente al gobierno: de la confrontación inicial, han pasado a señalar que existen diferencias, pero que hay una importante apertura a raíz de la discusión del mencionado Código (vale la pena recordar que el gobierno tuvo siempre cerca a grupos empresariales[2], incluso de los más grandes del país, pero las Cámaras empresariales, hasta mediados del año 2010, se habían ubicado en la oposición, incluso beligerante). Aunque la coyuntura de la consulta popular genere un distanciamiento ahora, el trayecto de las aproximaciones ya ha sido marcado.
    En cambio, respecto a los movimientos sociales, la confrontación se mantiene, si bien, después del 30 de septiembre, el gobierno ha “bajado el tono” en los discursos; al mismo tiempo, ha comenzado a tratar de organizar su propia base social, pero siempre tratando de atraerse organizaciones con poca capacidad política, incluso creando algunas desde el propio Estado.
    El modelo económico sigue en la misma línea: utilizar al Estado y a la inversión pública como motor de la economía; pero esto se combina ahora con la mano extendida al gran capital, lo que finalmente es lógico dentro de la perspectiva de modernización capitalista que propone. La transformación de la base productiva sigue esperando: queda claro que, para el gobierno, la vía para salir de la economía extractiva (petrolera) es la misma economía extractiva (petróleo + minería). Hay quienes sostienen que la economía podría traerle sobresaltos este año, pues todo sigue dependiendo aún del precio del petróleo, lo que es un imponderable de siempre para economías dependientes. El gobierno intenta enfrentar esa dificultad por la vía del endeudamiento (sobre todo con China), de la inversión pública (con herramientas que no se habían utilizado hasta ahora: el ingreso del IESS al financiamiento de las inversiones públicas ha sumado ya cerca de 6.000 millones de dólares, que, comparativamente, significa algo así como un 25% del presupuesto general del Estado) y de la imposición de mayores cargas impositivas. Pero, además, comienza a mostrar algunos retrocesos, como el empeño puesto a la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea (poco importa que ahora se los bautice como “acuerdos comerciales”).
    Al mismo tiempo, continúa avanzando la reforma jurídica, aprobándose una serie de leyes que, en principio, se desprenderían de la nueva Constitución. Sólo que la tendencia en todas las leyes sigue siendo fortalecer el control por parte del Estado; dentro del Estado, por parte del Ejecutivo; y dentro del Ejecutivo, todo termina recayendo en las manos del presidente. El gobierno de Alianza País refuerza y extrema la tendencia presidencialista que ha marcado tradicionalmente la política ecuatoriana. Al mismo tiempo, y en consecuencia, la participación se ve desvalorizada. Mencionada tantas veces en la constitución, ahora es apenas un apéndice de la política pública, buena para la consulta y para la “socialización”, pero ni un gramo de capacidad de decisión. El gobierno se justifica diciendo que la democracia participativa no reemplaza a la democracia representativa, sino que la complementa. Y el complemento, como se ve, es desde un rol por entero subordinado.
    Hay otros “agujeros negros” en la puesta en práctica de la constitución: los derechos de la naturaleza (subordinados a la visión desarrollista que predomina en el gobierno) y la plurinacionalidad, que se reconoce sólo en tanto se subordinen a la visión cultural occidental (o mestiza).
    En fin: año de conflictos y de sobresaltos, 2010 ha sido igualmente un año de definiciones o, por lo menos, de clarificaciones. A lo largo de estos 12 meses hemos visto cómo se desplegaban, afinaban y afirmaban las líneas de alianzas establecidas por el gobierno y, con ellas, el propio proyecto de la así llamada “revolución ciudadana”. Pero también han quedado de manifiesto las debilidades y limitaciones que lo acompañan.

    Los conflictos y las alianzas
    Aun cuando el período de Correa no ha sido precisamente calmo, el 2010 puede considerarse como uno de los años más conflictivos. Dos conflictos, sobre todo, fueron reveladores, a su turno, de la línea de despliegue de las tensiones desatadas. El primero, en abril, el conflicto de la ley de aguas; el segundo, en septiembre, la sublevación policial que fue interpretada por el gobierno como un proceso de golpe de Estado. El conflicto de la ley de aguas (o ley de Recursos Hídricos, su nombre oficial) mostró límites políticos de la propuesta gubernamental en tanto propuesta de reforma, y reveló, igualmente, que el límite está situado en su relación con los movimientos sociales, en la medida en que estos tengan capacidad de avanzar así sea lineamientos de un proyecto propio para el conjunto de la sociedad. Por su parte, el 30 de septiembre mostró límites internos del proyecto: por un lado, límites de la reforma estatal; por otro lado, límites en la construcción de su base social. Pero fue también la ocasión para transparentar las modificaciones en la política de alianzas del régimen, un proceso que había venido produciéndose de modo más callado desde noviembre del año anterior, y que ahora pudo salir a la luz.
    Los conflictos que se han desplegado en el 2010 han continuado por los andariveles en que habían transcurrido durante los años anteriores. Por lo demás, el campo continúa marcado por la relación entre tres actores centrales: por un lado, el gobierno (que ocupa el centro y, por lo general, impone las iniciativas);por otro lado, la derecha (en sus dos caras: la derecha política: los partidos y movimientos políticos, y la derecha económica; los gremios empresariales); y, en tercer lugar, los movimientos sociales.

    a) Los conflictos con la derecha
    Dividimos en dos segmentos los conflictos del gobierno con la derecha: los conflictos con la derecha política (los partidos y movimientos de derechas, igual los antiguos que los nuevos, igual los “orgánicos” que aquellos que, sin serlo, se postulan como sus mejores defensores[3].

    ¿Con la derecha política o con la “oposición partidista”?
    Al centrarse este conflicto en la Asamblea, el motivo visible está en las leyes y códigos: de Comunicación, de Aguas, de Educación Superior, Cootad (Código de Ordenamiento Territorial). Pero esto, que no es sino una de las manifestaciones de la conflictividad, parece en ocasiones ocupar el lugar central dada la importancia que el proyecto de Alianza País le ha dado a las reformas legales[4].
    Por otro lado, al tocar temas que interesan a diversos grupos sociales, el conflicto legislativo suele combinarse con la oposición fuera de la Asamblea, mezclándose o superponiéndose, sea con la acción de los medios de comunicación (empresarios, gremios periodísticos en cuanto a la ley de Comunicación), sea con las movilizaciones indígenas y campesinas (en cuanto a ley de Aguas), sea con las manifestaciones universitarias (respecto a la ley de Educación Superior), etc. La oposición de derecha ha tratado de aprovechar estas superposiciones para fingir una oposición unificada de todos los sectores políticos y sociales que no concuerdan con el proyecto oficialista.
    Aunque en cada ley hay aspectos particulares que se disputan, en general el contenido del conflicto se desdobla en dos direcciones: por una parte, en torno al papel del Estado (del Ejecutivo en particular). Por otra parte, una disputa ideológica que, en la Asamblea, se ha batido entre el neoliberalismo que sostienen las oposiciones de derecha y las diversas ideologías que alimentan la propuesta modernizadora que adelanta el gobierno. Las posiciones de izquierda muchas veces no han logrado mostrarse con claridad y autonomía.

    Con los gremios empresariales
    Las oposiciones con la derecha partidista reflejan, en cierto sentido, las oposiciones con un sector de las clases dominantes que hasta ahora se había representado más o menos homogéneamente en ellas. Como se sabe, una vez que se afirmó el modelo neoliberal, la derecha partidista y la derecha económica coincidían en el sentido general de sus propuestas. No obstante, se perciben ahora ciertos cambios, de modo que conviene analizarlas por separado, sin descuidar los vínculos que las unen. En estos meses, la burguesía como clase (o como fracciones de clase) tuvo dos momentos de conflictividad con el gobierno: la ley de Aguas y el Código de la Producción. Durante la discusión de la ley de Aguas el conflicto se presentó con sectores específicos de la burguesía: embotelladores de agua y camaroneros; se pronunciaron también empresarios florícolas y bananeros. El contenido de la disputa se centraba en los artículos del proyecto de ley que podrían limitar el campo de acción de empresas privadas de embotellamiento de agua y ponían un impuesto al uso del agua de mar. El proyecto era defendido en la Asamblea Nacional y ante el público por la Senagua (Secretaría Nacional del Agua). Pero todo fue hasta que Rafael Correa, primero en una entrevista radial en Guayaquil y, a renglón seguido en uno de sus acostumbrados “enlaces ciudadanos” de los sábados, puso las cosas en su sitio: desautorizó públicamente al secretario del Agua y respaldó el punto de vista de los empresarios. En consecuencia, se retiraron los artículos polémicos del proyecto de ley y se retiró también el secretario del Agua. De todas formas, el proyecto fue congelado al calor de la movilización indígena.
    Y si las vicisitudes de la ley de Aguas mostraron y reafirmaron el rumbo de los desplazamientos de la “revolución ciudadana”, el tratamiento del Código de la producción muestra que los desplazamientos son simétricos. El proyecto fue negociado durante tres meses por el ministerio coordinador de la Producción con los gremios empresariales. Tras el envío del proyecto del Código a la Asamblea, los dirigentes empresariales lo criticaron, afirmando que el gobierno les daba incentivos con una mano y condicionamientos con la otra, y lo achacaron a la existencia de dos tendencias existentes dentro del gobierno. Pero, sobre todo, resaltan la apertura del régimen a sus planteamientos y la actitud de la ministra Nathalie Cely. Aunque encuentran que el texto enviado no responde plenamente a sus expectativas, delinean una posición menos confrontativa, y se decantan por el lobby parlamentario, sobre todo ante Alianza País. Estos indicios de una nueva conducta política de los gremios empresariales resultan importantes para este análisis porque se hicieron públicos durante e inmediatamente después de los acontecimientos del 30 de septiembre, y muy probablemente guiaron su posición en la coyuntura.
    Si miramos estos conflictos en la perspectiva del acercamiento iniciado por el gobierno desde noviembre de 2008 con las políticas anticrisis, se verá que se afirman las aproximaciones entre el régimen y los empresarios hacia un terreno de negociación que vele por las condiciones generales que asegure la buena salud de los negocios: seguridad jurídica –es decir, reglas claras y condiciones estables– y ventajas tributarias son las demandas explícitas de los empresarios.
    Así que estamos ante dos caras de las derechas, y, por primera vez durante el gobierno de Correa, no coinciden las expresiones de sus representantes políticos y de sus representantes económicos, oscilando entre la ideología y el pragmatismo.

    b) Los conflictos con los movimientos sociales Podemos distinguir las confrontaciones del gobierno con los movimientos sociales según su intensidad en el período. Desde esta perspectiva, los conflictos de mayor intensidad opusieron al gobierno con el movimiento indígena y con los trabajadores públicos; mientras que conflictos secundarios mantuvo con maestros, trabajadores de la salud, jubilados y pescadores. En este análisis nos centraremos en los primeros.

    Con el movimiento indígena se han producido dos momentos de alta conflictividad, seguido uno del otro y relacionados por los motivos políticos esgrimidos por el gobierno: la ley de aguas y la justicia indígena.
    El conflicto en torno a la ley de aguas opuso al gobierno con el conjunto del movimiento indígena y campesino. Se desarrolló en abril y mayo, como una secuencia de los enfrentamientos que se habían dado en septiembre de 2009, y que terminó en violentos enfrentamientos en los cuales murió un profesor indígena a causa de disparos de perdigón. En esta ocasión se produjo, por primera vez desde el inicio del gobierno de Correa la unidad de la Conaie, la Feine, la Fenocin y las Juntas de Aguas. El contenido del conflicto se centró en el control, el uso y la distribución del agua. El gobierno y las organizaciones indígenas concordaban en la necesidad de establecer una “autoridad única del agua” (establecida en la Constitución), pero divergían en cuanto a la instancia estatal que debía tener primacía: para el gobierno, debía ser el Ejecutivo y, en última instancia, el propio presidente. Los indígenas planteaban que ese rol debía jugarlo el Consejo Plurinacional de Agua (previsto también en el proyecto de ley). Una discusión conexa se refirió, entonces, a la participación, que debía ser decisoria para el movimiento indígena, y apenas consultiva para el gobierno. Entre otras cosas, el conflicto reafirmó la tendencia del gobierno a la concentración de las decisiones en el Estado, en el Ejecutivo, en el presidente.
    La resolución misma fue conflictiva: por una parte, el movimiento indígena quedó relativamente fortalecido, pues logró la unidad de sus principales organizaciones y detuvo el trámite de la ley (Rafael Correa mismo declaró entonces que la ley “no era prioritaria” para el proyecto de la “revolución ciudadana”). Pero, por otra parte, se ensancharon las brechas que lo separaban de los sectores sociales urbanos debido, sobre todo, a la intensa campaña de deslegitimación y desprestigio emprendida por el gobierno (y, en primer lugar, por Correa); esto se tradujo en un rebrote de sentimientos racistas entre la población. Al mismo tiempo, el gobierno enviaba a la policía y al ejército a reprimir fuertemente las movilizaciones. Acusaciones de terrorismo y sabotaje, indagaciones fiscales e inicios de juicios penales fueron armas utilizadas por Correa contra el movimiento indígena.
    El conflicto alrededor de la justicia indígena siguió cronológica y políticamente al conflicto sobre la ley de aguas. Cronológicamente, porque se desarrolló prácticamente a continuación, en junio y julio. Políticamente, porque fue desatado por el gobierno buscando revertir la posición ventajosa en que había quedado el movimiento indígena tras el enfrentamiento del agua. Para el efecto utilizó un caso de enjuiciamiento indígena del asesinato de un joven comunero en La Cocha (provincia de Cotopaxi); en un determinado momento, la asamblea de la comunidad dijo que podría ajusticiar a los asesinos, y esa fue la ocasión aprovechada por Correa, que acusó a los comuneros de delincuentes y torturadores, y pidió su enjuiciamiento.
    El contenido del conflicto, por lo menos el contenido aparente, fue la legitimidad de la justicia indígena. La Constitución del 2008, al declarar al Ecuador una nación intercultural y plurinacional, reconoció la legitimidad de formas de gobierno y de justicia ancestrales. No obstante, en medio de su conflicto con el movimiento indígena, el gobierno demuestra las limitaciones de su comprensión de la plurinacionalidad: un reconocimiento monocultural[5]. Las otras culturas, sus formas de autoorganización, su justicia, sus saberes en educación y salud, todo puede ser reconocido, siempre y cuando se sometan a los criterios y parámetros de la cultura dominante. De este modo, el gobierno presiona para que la justicia indígena se subordine a la “justicia ordinaria”, mientras que el movimiento indígena lucha para que sean reconocidas de igual jerarquía. El gobierno, iniciador de la confrontación, lanzó una nueva campaña de desprestigio contra el movimiento indígena, rayando en expresiones racistas, presentando a los indígenas como salvajes e incivilizados. Nuevas indagaciones fiscales y juicios cayeron sobre dirigentes comuneros.
    En ambos casos, el gobierno emprendió una campaña que pretendía separar a las organizaciones y sus dirigentes de las bases: Correa llamaba en sus enlaces radiales a que los indígenas desconozcan a su dirigencia. Y, por otro lado, pretendía separar a la población urbana y mestiza del conjunto del movimiento indígena, con sus reiterados llamados a “defender la revolución ciudadana” contra el movimiento indígena.

    Con los trabajadores públicos hubieron dos conflictos fundamentales, que se combinaron: la aprobación de la LOSP (Ley Orgánica de Servicio Público), que generó malestar en amplios sectores de trabajadores del Estado, y el despido de varios centenares de trabajadores petroleros, ambos muy cerca del 30 de septiembre, casi superponiéndose.
    Respecto a la LOSP –debe recordarse que el veto de Correa a los acuerdos a que se habían llegado en la Asamblea Nacional sobre esta ley fue el detonante visible de la crisis se septiembre–, los puntos de debate centrales se situaron en torno a las “renuncias forzosas” de los trabajadores que hubieran sobrepasado los 70 años de edad, renuncias que serían pagadas hasta en un 50% con bonos del Estado; pero, detrás de esto, los trabajadores miraban con temor anunciados despidos masivos para “racionalizar” el aparato estatal.
    En cuanto al despido de más de 600 trabajadores petroleros, se trata del más reciente episodio de una relación tensa que ha incluido posturas muy críticas de la dirigencia sindical frente al manejo de la empresa petrolera estatal y de varios contratos que ella ha firmado. En este caso, el origen fue una denuncia presentada por el entonces secretario de Transparencia de la Gestión, Juan Sebastián Roldán, que los acusó de “falta de probidad moral” por ser accionistas de Gaspetsa, una empresa constituida en 1999 por los socios de la Corporación de Ayuda Mutua de los Trabajadores de Petroecuador, y que, desde 2002 mantiene contratos por servicios con Petroecuador para producir combustible destinado a los pescadores artesanales de Esmeraldas. No obstante, al momento de constituirse la empresa y firmarse el contrato estaba vigente la ley de modernización y la constitución de 1998 que expresamente animaban este tipo de contrataciones como el componente “participativo” de las privatizaciones: “Los trabajadores o servidores públicos que presten sus servicios en las correspondientes entidades u organismos tendrán derecho a participar en las distintas modalidades de desmonopolización y privatización”, decía el artículo 50 de la ley de modernización[6]. Dicho de otro modo, se trataba de convertir a los trabajadores en propietarios accionistas de “sus” empresas…, más o menos lo mismo que ahora propone la “revolución ciudadana”, dicho sea de paso. Los trabajadores, además, reclamaban por el distinto trato que se les da: a los banqueros se les dio un plazo de dos años para que se deshagan de sus acciones en los medios de comunicación; a ellos, “ni un solo día”. Los despidos se tramitaron casi sumariamente en medio de un discurso más o menos escandaloso que achacaba a los trabajadores de corruptos y que se sumó a la campaña de deslegitimación social de organizaciones y dirigentes sindicales, que no han sido pocas durante este gobierno.
    ¿Lograron expresión política todas esas luchas? Si por política entendemos la presencia parlamentaria, los resultados son modestos y más bien ambiguos. Fue evidente la incapacidad de la izquierda parlamentaria de presentar una posición definida y diferenciada, que la ha dejado muchas veces a la sombra de la hegemonía de la oposición de derechas (donde confluyen desde socialcristianos hasta socialdemócratas). El intento de constituir una suerte de bloque de izquierdas entre Pachakutik y el MPD, diferenciado de la posición de derechas, logró cierta presencia al momento del conflicto en torno a la ley de Aguas, pero fue desdibujándose posteriormente, a medida que la conflictividad se agudizaba. Su posición frente a los hechos del 30 de septiembre fue también bastante triste, hablando de demandas sociales, dejando de lado efectos políticos y juntándose a parlamentarios de la oposición de derecha en declaraciones desafortunadas.
    Pero si por política entendemos la construcción de un campo de lucha que tiene la capacidad de disputar sentidos de un proyecto de sociedad a nivel (más o menos) general, el balance es diferente. La lucha de los trabajadores públicos no ha rebasado el horizonte de los conflictos particulares; si bien, tanto en el caso de los maestros como en el de los funcionarios, se presentaban aristas del conflicto que podrían poner en cuestión al menos algunos elementos de la propuesta gubernamental (por ejemplo: en el ámbito educativo, una visión tecnicista de la educación y una comprensión administrativa de la relación entre los actores –la lectura burocrática de la evaluación–; o, en el caso de los funcionarios, el sentido del derecho al trabajo y a la organización, la discriminación jurídica de los trabajadores públicos, etc.), lo cierto es que las respuestas de unos y otros se movieron únicamente en el marco del propio discurso gubernamental.
    En cambio, en el caso de las luchas indígenas el panorama fue diferente. Tanto en el tema del agua cuanto en el de la justicia indígena se encuentra en cuestión el sentido de la posible realización de algunos preceptos constitucionales: la plurinacionalidad, la defensa de la pachamama, los derechos de la naturaleza, el Sumak Kawsay; pero también está en juego el sentido de la participación y de la democracia. Sin embargo, el movimiento indígena ha mostrado debilidades: los modos del debate muchas veces se han quedado en un duelo verbal con Correa, y eso no permite visualizar adecuadamente los contenidos más profundos del conflicto.
    En síntesis, los movimientos sociales, sobre todo el movimiento indígena, no han visto su lucha social acompañada por una nítida representación política formal, marcándose una distancia que, en cualquier caso, no es de ahora.
    c) Los conflictos pluriclasistas
    Entre los conflictos del período se encuentran también algunos que podríamos calificar de pluriclasistas. En ellos, el gobierno aparece opuesto a una concurrencia de actores de diverso origen y situación.
    Con las Universidades el conflicto se relacionó con la ley de Educación Superior (agosto y septiembre) y produjo un acercamiento de las universidades públicas con las universidades privadas (que, por lo demás, expresan por lo general posiciones divergentes). El punto nodal del conflicto se situó en la concepción de autonomía, visiblemente recortada en la versión gubernamental, que somete el quehacer universitario del país al plan nacional de desarrollo y al control directo del Ejecutivo, que domina las instancias que regirán a las universidades. No obstante, en el trayecto el bloque de Alianza País llegó a acuerdos con los bloques de oposición y con las autoridades universitarias para flexibilizar la posición inicial del gobierno, y el proyecto fue aprobado con algunos cambios en la composición de los organismos rectores. Sin embargo, Correa responde vetando parcialmente la ley y dando reversa a los acuerdos. La mayoría de AP no se sostiene en su posición inicial y se allana al veto sin presentarse a discutirlo, de manera que la ley de Educación Superior entró en vigencia “por el ministerio de la ley”. Después, continuaron las movilizaciones de protesta de los universitarios hasta las inmediaciones del 30 de septiembre.

    d) Los conflictos de la minería
    Los conflictos de la minería deben tomarse muy en cuenta. Si bien su presencia fue de algún modo secundaria durante 2010, han sido recurrentes durante el gobierno de Correa, sobre todo con comunidades indígenas y campesinas opuestas a la actividad minera en sus territorios, y son una suerte de conflictos “endémicos”: es que, para el régimen, el desarrollo de la gran minería es estratégico, pues supone que de ella pueden provenir los recursos para financiar la transformación productiva que se plantea. En esta ocasión, el enfrentamiento fue con empresarios mineros ilegales, pequeños mineros y trabajadores de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (15 y16 de septiembre). En el discurso, el gobierno se presenta como defensor de la naturaleza contra los destrozos ambientales causados por la minería ilegal (Correa ha sostenido siempre que la pequeña minería es más contaminante que la gran minería). El conflicto se resuelve de modo violento: el gobierno envía miles de efectivos militares y policiales que ocupan la zona de explotación, desalojan a los trabajadores y confiscan maquinarias y herramientas. Además, se inician juicios contra los mineros que resistieron la ocupación militar y policial. La violencia y la excesiva demostración de fuerza represiva han sido una constante en el modo en que el gobierno ha enfrentado estos conflictos. Así que, tomando en cuenta la línea central de la conflictividad minera, podría decirse que el contenido latente es el control de los territorios con potencial minero.
    e) Los conflictos al interior de AP
    Alianza País no se ha caracterizado precisamente por su fuerza organizativa y por su claridad política; y ha sido evidente, desde aquellos tiempos de la Asamblea Constituyente, que las decisiones son tomadas en el círculo inmediato de la presidencia de la república, restándole poder a todos los demás espacios, tanto de Alianza País como del Estado. En este marco, las discrepancias internas han sido deslegitimadas por Correa desde el inicio de su gestión, calificándolas como “agendas ocultas”. Aparte de la disputa con Alberto Acosta al final de la Asamblea Constituyente, no parecen haber jugado un papel importante en la correlación de fuerzas general; sin embargo, han tenido un rol significativo en la correlación de fuerzas al interior de Alianza País: se han saldado con la derrota de las corrientes más progresistas y democráticas, que han terminado por quedar excluidas, primero de las instancias de dirección real, y finalmente del propio movimiento y del gobierno.
    Durante el 2010 y lo que va de 2011 se hicieron más visibles los conflictos internos, las vías antidemocráticas de resolución y sus efectos políticos. Han salido a la luz conflictos en torno al accionar de la Asamblea Nacional y de las dos funciones que, se supone, le competen: la legislación y la fiscalización. En abril de 2010, un grupo de cuatro asambleístas de AP planteó un juicio político al fiscal general. En un principio, Correa pareció dejar el asunto en manos del bloque parlamentario, aun expresando que se trataba de algo inconveniente. Pero pronto, cuando los interpelantes no desistieron de su empeño, Correa se pronunció abiertamente a favor del fiscal y utilizó contra los interpelantes el mismo tono que acostumbra usar contra los opositores. Desautorizados y deslegitimados por el presidente los contradictores del fiscal, el juicio político naufragó sin llegar a comenzar.
    En los meses siguientes, las tensiones entre la presidencia y la bancada oficialista tuvieron ocasión de mostrarse con motivo de la discusión de las leyes de Educación Superior y de Servicio Público. Encabezado por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el bloque de Alianza País logró llegar a acuerdos con otras fuerzas parlamentarias en algunos puntos polémicos de ambas leyes. No obstante, mientras todavía se realizaban las negociaciones en busca de acuerdos, Rafael Correa las desautorizó públicamente y anunció que vetaría lo que no se ajustara a sus propuestas, como en efecto hizo. El fracaso de la capacidad negociadora de AP se revela finalmente en el hecho de que los asambleístas que aprobaron las leyes se doblegaron ante el veto de Correa.
    A inicios de 2011 se vuelven nuevamente visibles los conflictos al interior de Alianza País. El motivo fue ahora la consulta popular con la que Correa y su círculo íntimo pretenden relegitimar al régimen tras las fisuras y debilidades evidenciadas el 30 de septiembre. Las preguntas no fueron consultadas en ninguna instancia orgánica del movimiento de gobierno, ni siquiera en su dirección recién electa el 15 de noviembre pasado, menos aún con el bloque de asambleístas, lo que ponía al descubierto -¡otra vez!– su funcionamiento casi nada democrático. Por lo demás, las preguntas sobre violencia e inseguridad recurrían a los tópicos de la derecha, y aquellas otras referidas a la reorganización de la justicia mostraban claramente los apetitos de concentración del poder en el Ejecutivo. En uno y otro caso, ciertos aspectos de la constitución eran pasados alegremente por alto. La falta de espacios para la discusión interna de temas de esta trascendencia llevó al alejamiento, primero de un par de asambleístas y, luego, a la salida en bloque de Ruptura de los 25.
    ¿Cuáles han sido las vías de resolución de estos conflictos? Los díscolos son llamados al orden, son deslegitimados por “la voz del amo”, que los tacha de traidores, desleales y oportunistas y amenaza por igual a todo su bloque con la pérdida de la representación (la amenaza, en su momento, de la “muerte cruzada”); pierden presencia en la Asamblea, en el gobierno y en AP. En consecuencia, se refuerza el dominio de Correa y del círculo de gobierno. A partir del 30 de septiembre todos cierran filas alrededor del régimen, es decir, alrededor de la hegemonía de Correa; las discrepancias desaparecen de la escena, y los críticos se autolimitan. El nuevo viraje derechista de la consulta muestra los límites y la debilidad de acuerdos basados en la sumisión: a los críticos no les queda más opción de marginarse. Se consolida la vía conservadora de la modernización dejando de lado toda veleidad reformista.
    Así se presenta, hoy, la línea de conflictividad; y ella atraviesa cada vez con más nitidez: y lo que está en juego son proyectos políticos. Por un lado, dos proyectos de gestión del capital: la neoliberal y la modernizadora. Por otro lado, el proyecto de modernización capitalista enfrentándose a la posibilidad de un proyecto popular.
    Como dice Luis Macas:
    “La resistencia y la vigencia del Sumak Kawsay, al no ser adaptable al sistema actual, es una propuesta para superar este modelo nefasto, y posibilitarnos construir el sistema comunitario. Creemos que no puede incrustarse o incorporarse al modelo de desarrollo actual, ni puede ser un apéndice de este sistema ni de este modelo en crisis. Es la posibilidad de transformar este modelo agresivo, las viejas estructuras del Estado vigente y de construir uno nuevo, desde nuestras manos, del pueblo. Por lo que no se trata de una propuesta para indígenas; es más, consideramos que es una construcción de una opción de vida para todas y para todos, no es una propuesta indígena para los pueblos indígenas, sino para toda la humanidad”[7].

    Conclusiones a la luz opaca del 30 de septiembre
    Aún se discute si fue un intento de golpe o un movimiento reivindicativo. Como ocurre siempre, es más fácil descubrir los indicios después de que los hechos han ocurrido: existía un descontento entre los policías y los militares por algunas medidas tomadas por el gobierno (como la presencia de ministros de defensa civiles, incluso, al principio, ministras; la unificación de los servicios de inteligencia bajo comando del gobierno; las demoras en la “homologación salarial”, que significa incrementos de salarios, sobre todo para los segmentos de menores ingresos; el “destape” de las violaciones a los derechos humanos en acciones policiales, etc.). De todos modos, el gobierno había tratado de acercarse a los militares y policías, incluso desde el inicio del gobierno: aumentos salariales, mejora de equipos y armamento, entrega del manejo de la compañía petrolera estatal a la marina, entrega de la reconstrucción de vialidad al cuerpo de ingenieros del Ejército, etc. Por otra parte, también es cierto que, según se sabía, gente cercana a Sociedad Patriótica andaba cerca de la policía y de los militares haciendo circular rumores, entre otros, sobre una posible desaparición del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).
    ¿Fue un intento de golpe, un proceso de golpe, un “golpe premoderno, posmoderno y transgénico”[8]? Aunque a algunos les hubiera gustado que lo sea, lo cierto es que no obtuvo el respaldo del alto mando de la policía ni obtuvo el respaldo prácticamente de ninguna unidad importante de las Fuerzas Armadas, más allá de un pequeño grupo en la base aérea de Quito y, finalmente, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, aun con cierto retraso, expresó su respaldo “incondicional” a Correa; es decir, en términos militares no tenía posibilidades de provocar un cambio de gobierno. Tampoco obtuvo el respaldo conjunto de la derecha (aunque la mayor parte de su expresión parlamentaria respaldó a la policía, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la figura más importante de esa tendencia, tomó pronto distancias con la medida de los policías). No obtuvo tampoco el respaldo de los grandes grupos de poder económico, que se manifestaron contra cualquier intento de “desestabilizar” la democracia. Y tampoco hubo respaldo en las calles.
    Pero, por otro lado, el gobierno tampoco logró atraer un respaldo ciudadano masivo, a pesar de las movilizaciones que se reunieron frente a la casa de gobierno y en las cercanías del hospital de la policía, donde estaba Correa “retenido” por los policías. Por eso la crisis se resolvió, de nuevo, por la decisión de las Fuerzas Armadas, que volvieron a ser el actor finalmente dirimente, como en las crisis políticas anteriores (1997, 2000, 2005).
    El 30 de septiembre reveló, sobre todo, más limitaciones y debilidades de las que se reconocían hasta entonces.
    La derecha se mostró dividida, desconcertada, escindida entre los aguijonazos de Sociedad Patriótica para forzarla a caminar detrás de sus iniciativas, por un lado, y, por otro lado, las dificultades para dotarse de una representación política orgánica que, al mismo tiempo, sea capaz de desarrollar capacidad hegemónica hacia el conjunto de la sociedad.
    Por su lado, los movimientos sociales mostraron la profundidad de su crisis política y lo que viene siendo su gran debilidad frente al proyecto modernizador de la “revolución ciudadana”: sometidos a constantes ataques desestructuradores por parte del gobierno, no logran enfrentarlo políticamente, es decir, mostrando a la sociedad el conflicto entre proyectos distintos. De modo que, a veces, algunas organizaciones han cedido a la tentación de aliarse con todos los opositores perdiendo de vista la necesidad de independencia de la propuesta popular. Otras organizaciones, en cambio, se han subsumido en el proyecto del gobierno y han perdido toda capacidad de adelantar una posición aunque sea mínimamente independiente. Pero, detrás de esta manifestación de crisis política, lo que se ventila es la readecuación de los movimientos frente a las transformaciones socioeconómicas de su base y una nueva disputa política a su interior entre una tendencia de derechas, procapitalista, y una tendencia de izquierdas que busca mantener un horizonte autónomo y de transformación social profunda.
    Las debilidades de los movimientos sociales se han visto amplificadas por la pérdida de rumbo de sus presuntas representaciones políticas en la izquierda, incapaces de articular, ni siquiera a nivel parlamentario, al menos la sombra de una posición que se diferencie al mismo tiempo del gobierno y de la derecha.
    Pero si las debilidades de las derechas y de los movimientos sociales eran hasta cierto punto visibles, lo novedoso fue la evidencia de las flaquezas del gobierno. El gobierno se mostró sin capacidad política de reacción y de iniciativas para enfrentar la crisis y quedaron en evidencia las debilidades del equipo gubernativo. Pero, sobre todo, se mostró que el respaldo de que goza el presidente es, sobre todo, un respaldo pasivo, no movilizable fácilmente. En estas circunstancias, se comprende que el gobierno haga esfuerzos por acercarse cada vez más a los grupos empresariales, reformule explícitamente su marco de alianzas, y procure reafirmar su legitimidad social con lo que ha sido su mejor arma desde un inicio: una nueva elección, es decir, la consulta popular. Y, con todo eso, afirmar el desplazamiento del proyecto político hacia su derecha.

    Notas

    [1] Pedro Rioseco: Ecuador: estabilidad política, rectoría estatal e inversión social, 13 de enero de 2011; en http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id= 254737 [2] Al respecto, véase nuestro trabajo “Burguesía «ciudadana», nueva hegemonía, nueva alianza de clases”, en R, número 3 enero-febrero de 2010, pp. 17-29.
    [3] Los partidos orgánicos de la derecha son aquellos que han surgido, durante el período abierto con el retorno a la constitucionalidad en 1978, como representación política “natural” de las clases dominantes: el partido Socialcristiano, la Democracia Cristiana, la Izquierda Democrática, el Partido Renovador Institucionalista de Acción nacional (PRIAN), etc., y aquellos que ahora se quieren presentar como “nuevos rostros” ante la crisis de los partidos tradicionales: UNO, Concertación Nacional, Madera de Guerrero, etc. El que se postula como defensor de las clases dominantes sin ser su representante orgánico es, sobre todo, el partido Sociedad Patriótica (PSP)
    [4] En el discurso (y a lo mejor en las creencias) del gobierno las leyes son la vía para reformar el país. Claro que, cuando no ha podido imponerlas, Correa ha descubierto de repente que “no son prioritarias” para su proyecto.
    [5] Recogemos acá una observación de Boaventura de Souza Santos durante una conferencia brindada en el auditorio de la Senplades en enero de 2010.
    [6]http://www.gaspetsa.com/proyectos.html.
    [7] Luis Macas: El Sumak Kawsay, 2011.
    [8] Tal la curiosa definición adelantada por Mario Ramos y Alexei Páez en “El magnicidio perfecto”, Cenae, Quito, octubre de 2010.

     

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    El uso de la justicia como mecanismo de terror

    06/02/2011 by maestro Deja un comentario

    En estos últimos dos años se ha vuelto a esgrimir esta acusación para enfrentar la protesta popular, en este caso de los líderes shuar expresada en contra de la todavía pendientes ley de agua. Esa era la práctica de los años neoliberales. A los luchadores por la vida se les perseguía como terroristas, para que las transnacionales puedan saquear los recursos naturales atentando, además, en contra de la Naturaleza y de las comunidades. 

    Para dar la vuelta la página, en la Asamblea Constituyente, en Montecristi, ciudad en donde nació el líder de la mayor y quizás única revolución ecuatoriana, Eloy Alfaro, resolvimos vía amnistía, unos 600 casos de acusaciones de terrorismo. El 14 de marzo del 2008 se reconoció “que las personas enjuiciadas se han visto en la necesidad de ejercer el derecho al reclamo en defensa de los recursos naturales y por alcanzar una vida digna dentro de un ambiente ecológicamente sano y libre de contaminación, (….) y que las acciones de movilización y reclamo de las comunidades son de naturaleza esencialmente política y de reivindicación social”.

    El tiempo ha pasado y ese espíritu autoritario ha vuelto a aparecer. Hoy se reprime y persigue nuevamente a los líderes populares que luchan por la vida. A nadie le debe caber duda alguna que la nacionalidad Shuar tiene reivindicaciones de carácter social, cultural y económico.

    Sus territorios han sido y son amenazados por grandes proyectos petroleros y mineros. La mano del neoextractivismo del siglo XXI, igualmente desaforado como el de épocas anteriores, no se detiene ante nada. Frente a tanto atropello esta nacionalidad interpuso su rechazo por desconfianza o certeza ante los daños que generarían estas actividades. La respuesta fue la represión o el mismo irrespeto a la Constitución de Montecristi, cuando se intentó aprobar una ley de agua que no abre la puerta a la desprivatización de este recurso estratégico y que privilegia actividades como la minería por sobre aquellas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, entre otros puntos débiles de dicha ley.

    Los derechos establecidos en dicha Constitución no han sido transformados aún en herramientas legales que erradiquen todas aquellas prácticas represivas con las que se chantajea y siembra el terror en las comunidades, en este caso en las comunidades shuar. Tenemos un código penal en donde se configura el delito de terrorismo de manera tan general, que no se compadece con los verdaderos delitos de terrorismo. Así el artículo 160,1 del código penal se considera como terroristas a quienes individualmente o formando asociaciones, (…) armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes:….y a quienes construyeran barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc., con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas.

    De lo anterior se desprende que el tipo penal de terrorismo, como está redactado en dicho código, es inconstitucional. Tiene palabras ambiguas que se prestan a una antojadiza interpretación. Viola el principio de legalidad, que exige palabras que denoten claramente las conductas ilícitas. En esta figura penal cabe tanto el verdadero terrorista que pone una bomba y mata personas para generar miedo, como quien ejerce el derecho a la resistencia -establecido en el artículo 98 de nuestra Constitución- y que protesta para reclamar derechos.

    La ambigüedad en el derecho penal es inconstitucional. Entendámoslo, quien usa de forma abusiva el poder penal del Estado hace actos de terrorismo de Estado porque infunde temor injustificado en la sociedad, no quien protesta contra el Estado por los derechos de su comunidad, por supuesto bajo los principios de la no violencia. El Estado debe impedir que se asiente y acreciente la violencia, menos aún puede provocarla al interponer acciones represivas por sobre el diálogo y el respeto a los derechos. La credibilidad social en la justicia es elemento fundamental de la democracia. El control de la justicia no puede obedecer a la política. La Constitución fijó una ruta para garantizar la independencia de la justicia, ruta en la que apenas se ha avanzado y que ahora está siendo severamente amenazada con dos preguntas de la consulta popular propuesta por el presidente de la República, las preguntas 4 y 5 del posible referéndum, que afectan la autonomía e independencia de la función judicial. Estamos frente a un escenario muy complejo. Si en la decisión de detener a los líderes shuar intervino de alguna manera el ejecutivo, sería muy grave. Ya de por si el desmedido despliegue de la fuerza pública revela un abuso de la fuerza. Además, el hecho de que estos líderes no hayan sido encarcelados en su lugar de residencia y que, sin autorización del juez competente, hayan sido llevados a la capital, demuestra otro peligroso abuso. Esto revela un total descontrol de las instancias del Estado que tienen a su cargo velar por la seguridad ciudadana. 

    Una vez más se utiliza el viejo recurso de marcar precedentes y sembrar el miedo para desmovilizar y silenciar a los detractores. Estas prácticas represivas constituyen una herencia de la vieja política, orientada a desconocer, descalificar e inclusive castigar a los movimientos sociales y a sus líderes. Además, lamentablemente se consolida una equivocada noción de seguridad, contraria a las garantías y derechos establecidos en la Constitución de Montecristi, en tanto incluye el abuso del estado de excepción y el empleo de militares para fines policiales. 

    Por todo eso, hoy más que nunca, requerimos construir una nueva justicia que no esté contaminada con ninguna forma de injerencia de las otras funciones del Estado. Y por eso mismo también hay que rechazar toda forma de terrorismo de Estado.-

     

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    Un tratado de libre comercio con EEUU nos arruinaría

    13/01/2011 by maestro Deja un comentario

    Destacó que Ecuador también está a la espera de una respuesta de la Unión Europea para retomar la negociación de un acuerdo comercial, en similares términos que con el gobierno de Washington.

    En declaraciones a la red de televisión Ecuavisa, señaló que a Estados Unidos le “estamos planteando que lleguemos a un acuerdo de comercio para el desarrollo, no un tratado de libre comercio, (porque) un tratado de libre comercio nos arruinaría”.

    Patiño volvió a reclamar a Estados Unidos que prorrogue la aplicación de las preferencias arancelarias que permiten la exportación de cientos de productos ecuatorianos.

    “Esperamos y suponemos que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno amigo de Ecuador y respetuoso de los acuerdos que tenemos, debe seguir aplicando las preferencias arancelarias andinas que nos corresponden por el acuerdo que tenemos”, dijo el canciller.

    El gobierno estadounidense mantiene tales preferencias para Ecuador, Perú y Colombia como retribución a su lucha contra el narcotráfico.

    Desde su llegada al poder en enero de 2007 el presidente Rafael Correa se ha opuesto a un tratado de libre comercio con Estados Unidos aduciendo que no era conveniente para Ecuador, pese a que sus vecinos Colombia y Perú suscribieron sendos acuerdos.

    Al ser consultado sobre las negociaciones con la Unión Europea, Patiño expresó que “estamos esperando la respuesta y hemos dicho que tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo” pero remarcó que cada una de las partes ha puesto condiciones. Existen diferencias sobre la contratación pública y la biodiversidad, para los que los europeos reclaman libertad y los sudamericanos han puesto restricciones.

    Añadió que “no son aspectos insalvables” pero el gobierno busca proteger “la producción nacional, cuidamos nuestra biodiversidad”.

     

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    ¿Qué democracia es la que queremos l@s ecuatorian@s?

    02/11/2010 by Vitalio Deja un comentario

    También decir que esta ha estado acompañada de graves errores y niveles de violencia militar, policial y civil, desde el inicio hasta el término de la noche, ocho muertos y más de 50 heridos, en una situación que tiene tantas ambigüedades y cuestiones oscuras.

    Es preciso partir realizando el análisis de la correlación de fuerzas que venía en curso, para observar cómo han quedado esas mismas fuerzas después del 30 de septiembre. Se puede decir con claridad que esas posibilidades como fuerzas direccionales de la sociedad están en micro y en macro en conflicto en los hechos ocurrido. Los actores y la lucha social se re-genera, se acomoda o se producen en el acto mismo en ese contexto.

    También es cierto que los conflictos sociales muestran las tendencias y la lógica con la que los actores sociales y políticos operan antes del mismo conflicto, evidenciando las tendencias y racionalidades de la misma política.

    De manera general, la correlación de fuerzas, antes del conflicto mostraba al gobierno como fuerza política principal llevando adelante el neo-desarrollismo, por otro lado, la derecha intentando rearmar su bloque político, aún en crisis política, recibiendo ventajas y asumiendo coincidencias con Correa, y, una tercera posición debilitada pero que se ha sostenido, con ciertos niveles de movilización expresadas sobre todo desde la Conaie y otras organizaciones que se han juntado a estas luchas y otras veces han mantenido su descontento de manera más particular.

    Estas tendencias se han ratificado en menor o mayor grado en el conflicto y después del conflicto propiciado entre el gobierno de Correa, los policías sublevados y militares de las FFAA, en que impacta el nivel de violencia a que pueden llegar los aparatos de represión del Estado cuando se confrontan entre sí y a la vez deja una gran interrogante de la democracia que se construyendo en el Ecuador desde el poder.

     Qué tenemos ahora?, un Estado llevando adelante las reformas neodesarrollistas, cada vez más dirigidas por las Fuerzas Armadas detrás un gobierno debilitado aunque legitimado, en medio de una crisis política, y un campo popular muy fragmentado y con muy poca capacidad de influir en el actual gobierno.

    Podemos recordar el modelo de sustitución de importaciones, el desarrollismo de los 60 y 70`, solo que en esa ocasión fueron en gran medida las fuerzas armadas- las dictablandas(dictaduras 70 en Ecuador) las que impulsaban el modelo, fueron el actor principal del desarrollismo, esto de otra manera es lo que se ha configurado y ha expresado el 30 de septiembre.

    En ese juego de tendencias, han surgido diversos aspectos que confluyen de manera directa e indirecta en el amotinamiento y/o intento de asesinato al presidente Correa e intento de golpe del grupo de policías en contra de Rafael Correa, de quienes se presume hay un vínculo estrecho con Lucio Gutiérrez y la derecha.

    Es evidente que como resultado general, Rafael Correa sale fortalecido, a decir de la encuestadora CMS el gobierno escalo del 64% al 69,38% en aceptación ciudadana.

    Por su lado, queda un profundo resentimiento entre la sociedad y la policía, una simpatía contradictoria hacia las Fuerzas Armadas y un gobierno que se legitima, sin que el conflicto haya permitido resolver los problemas políticos que trajeron este escenario a la política ecuatoriana.

    Cabe decir además que hacer una lectura precisa es un poco difícil por la falta de información de seguridad, pero también porque si se identifica el análisis desde que hubo intento de golpe se queda en la visión de los otros, como si se apoyara a Correa y si es lo contrario, como si se estuviera de lado del Gutiérrez, sin embargo hay que hacer ese esfuerzo por construir una posición los más independientemente posible, aunque por ahora simplemente no hay una tercera fuerza política representativa nacional que permita separar aguas con claridad frente a lo que está ocurriendo

    Antecedentes

    Vale recordar que cuando fueron las elecciones de abril del 2009 se configuró un panorama nacional que de otra forma termina configurándose y nuevamente se expresa en los hechos del 30 de septiembre, incluso en la ganancia relativa que Correa acaba de tener frente a la desestabilización política, intento de asesinato y de golpe en contra del gobierno.

    Recordemos varias cuestiones para plantear el análisis frente a los hechos del 30 de septiembre de 2010, en el 2008 el modelo aprobado de constitución es de reforma capitalista [i] , con una serie de demandas democráticas incluidas desde diversos sectores sociales y organizaciones; luego en abril del 2009 los resultados de las elecciones presidenciales con la victoria de Rafael Correa y Alianza País y en segundo puesto un crecimiento de la votación de la derecha que le daba a Lucio Gutiérrez el 28,24, le seguía en votación Alvaro Noboa(oligarca guayaquileño), era evidente que Alianza y Sociedad Patriótica serían las dos fuerzas políticas de disputa de la política nacional.

    La derecha más conservadora finalizó en esas elecciones sin mucha desventaja, y Lucio Gutiérrez acusaba de haber sufrido un fraude por el partido de gobierno, discursos amenazantes y con un lenguaje de rechazo rotundo a Correa, llamando luego de las elecciones del 2009, casi siempre a desestabilizar el régimen.

    Además, no hay que olvidar que tanto Alianza País como Sociedad Patriótica llevaron a sus causes vínculos electorales con personajes que antes pertenecían a los partidos de la derecha tradicional en crisis. En Guayaquil y en otras provincias, Lucio Gutiérrez se alió con socialcristianos, prinianistas, madero de guerrero. Tampoco hay que olvidar que la votación de ese entonces indicaba que los sectores más pobres votaron por Correa y que las clases pudientes y ciertos sectores populares votaron por Lucio Gutiérrez, aunque a regañadientes, porque encontraban el representante más o menos idóneo para enfrentar a Correa.

    Esto para indicar que lo ocurrido el 30 de septiembre tiene un primer telón de fondo la reproducción viva de la disputa política de éstas fuerzas, la disputa por quien gobierna se ha venido profundizando, en un ambiente en que la ideología de la “revolución ciudadana” crea la idea de que no hay crisis política, cuando si la hay, no es un crisis letal ni mucho menos.. Lo ocurrido el 30 de septiembre no solo muestra el enfrentamiento entre “machos alfas y machos betas”, muestra que cada vez la disputa de fuerzas políticas, se ha concentrando y se ha hecho más evidente en el espacio de la política. Tendencias que esta vez acaban de disputarse el poder en el campo de lo civil, de lo militar de lo policial, pero sobre todo esta vez, evidenciada en el choque entre fuerzas dentro del Estado, que componen el gobierno y que están como superestructuras de la sociedad.

    Al final, el gobierno y la policía sublevada, solo han develado lo que está en el centro de la bronca y del enfrentamiento.

    1. 30 de septiembre: sublevación, intento de asesinato al Presidente de la República y/o intento de golpe de estado..

    Acerca de lo ocurrido el 30 de septiembre es importante revisar, por ejemplo el artículo de Alejandra Santillana y Stalin Herrera. [ii]

    El detonante fue la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Servidores Públicos, que pasó por la aprobación de la ley vía ejecutivo, al igual que la Ley de educación Superior, que incluía además un art. polémico en el que se les quitaría una serie de beneficios económicos y se establecían nuevas regulaciones para la jubilación, el 25 % en el caso de los trabajadores entre los 65 y los 70 años se pagaría en bonos.

    Tal y como terminaron los hechos del 30 de septiembre, parecen señalar y con todas las pistas que nos dan los sucesos de ese día, quienes estuvieron en la confrontación directa tanto Rafael Correa contra el grupo de policías amotinados, sublevados, tenían motivos para enfrentarse más allá de los temas de la ley para los servidores públicos.

    Luego hay argumentos para afirmar que fue un intento de secuestro y asesinato al Presidente Correa, así como para afirmas que había una tentativa de golpe de estado. Así como también hay argumentos para afirma que no era posible pensar en un golpe de estado.

    De lo ocurrido se barajan varias hipótesis, por un lado que fue una sublevación y que no había intento de golpe de estado y que más bien esto fue aprovechado por Correa para plantear que fue golpe de estado y salir fortalecido, y la otra, hipótesis, es que si hubo sublevación, que hubo intento de golpe de estado e intento de asesinato del Presidente Rafael Correa y que fueron las Fuerzas Armadas las que definieron el conflicto, con presencia de la movilización social y que también Correa a aprovechado de la coyuntura para salir fortalecido.

    Se pregunta ¿hubo movimientos anteriores al jueves 30 dentro de la Policía?

    Al parecer hay ciertos indicios que la tropa empezó a conspirar e idear la sublevación desde el martes, Además, el día jueves 30 de septiembre, a las 9h00 los asambleístas fueron impedidos de ingresar por la guardia del Congreso, y se produjeron enfrentamientos entre los Asambleístas de País y la Policía.

    Los trabajadores del sector público se iban a movilizar el viernes.

    Es preciso señalar que Rafael Correa va de forma irresponsable al Regimiento Quito, así como el intercambio con los policías se da entre verbalizaciones, reclamos y discursos autoritarios. La respuesta del presidente de mátenme!, mezcla el discurso de heroísmo con el autoritarismo, que han sido características permanente de Rafael Correa. Y se acelera aún más la respuesta que venía del lado de la policía.

    Parece ser que esto fue conspirado y no conspirado, como también es cierto que la mayoría no se esperaba que un acontecimiento que empezó como una protesta de la policía por una demanda gremial llegara a tal nivel de confrontación y terminara de la forma que terminó.

    Cabe mencionar que Rafael Correa había afirmado que fue un intento de golpe de Estado cuando estuvo secuestrado en el Hospital de la Policía y Lucio Gutiérrez, por su lado, dijo que no hubo intento de golpe y menos planeado por él, luego de decir que Correa caería en pocas horas.

    Conforme pasaban las horas, los grupos de policías se repliegan con la declaración del estado de excepción pero a la vez se atrincheran en el Hospital de la Policía en Quito, sin que ello signifique que los niveles de enfrentamiento hubieren bajado, entre sociedad movilizada, policías, medios de comunicación, etc.

    Ese día se barajaba entre las organizaciones sociales, posibles hipótesis de resolución del conflicto, no había mucho para donde caminar, por un lado, era posible la desestabilización al gobierno que podía ampliarse hasta tener realmente hechos de mayores consecuencias, como la muerte de Correa o su sustitución y un golpe de estado, que no fue lo que ocurrió, y la otra posibilidad era que Rafael Correa saliera pactando con las FFAA y la Policía Nacional con y sin los policías sublevados, que es lo que ocurrió. Dada la debilidad de los movimientos sociales, pensar en y una tercera alternativa, que permitiera otra salida al conflicto era más que improbable.

    La respuesta tardía de los militares respecto de la situación de Correa, las declaraciones de Lucio Gutiérrez, el silencio cómplice de la derecha jugándose a todos los lados y el desenlace con el enfrentamiento entre militares y policías, ratifica que no solo había una protesta por demandas sociales de la policía.

    Los videos en que se muestra el nivel de violencia al que llegó ese día el país, expresan que los niveles de enfrentamiento cada vez eran mayores y que en la policía también se evidencia una mezcla de conflictos, por un lado, sociales, pero por otro, era evidentemente políticos y sea que se tramó con meses de anticipación o sea que detonaron y fueron tomando cuerpo, los acontecimientos devinieron en la tentativa de asesinato de Rafael Correa y en la intención de desestabilizar al gobierno.

    Es posible ver el video presentado el sábado http://www.youtube.com/watch?v=ber9gWqQPmg, para constatar que los policías amotinados a esas alturas de la noche no pedían sus demandas sino es muy presumible que estaban procesando un plan directo para asesinar a Correa.

    Es cierto, también hay criterios muy ciertos para demostrar que Rafael Correa lo que más ha hecho es contentar a la FFAA y a la policía Nacional, como el muy bien lo afirma, así como que al ser un gobierno que cada vez es más grato para la derecha no había motivos para emprender un golpe de estado.

    Sin embargo hay también otros argumentos que entran en juego en ese acontecimiento, por decir:

    –La histórica capacidad conspirativa en las FFAA y la policía.

    Como datos históricos, en los últimos 20 años de Política Nacional y los militares, se han demostrado varias veces y la expresión menos improvisada fue con Lucio Gutiérrez de desestabilización de gobiernos anteriores. Cuando fue apresado en la Base de Manta León Febres Cordero, cuando Lucio Gutiérrez en alianza con la Conaie derrocaron a Jamil Mahuad y esta vez, el 30 de septiembre del 2010.

    Es decir por varias ocasiones en el Ecuador se ha visto así como distintos momentos hay conflictos que se salen incluso de la lógica de control del Estado y a la vez reproducen la lógica que va generando el Estado y las instituciones, al punto que se abren situaciones que pueden traer gravísimas consecuencias y desenlaces profundamente violentos de los conflictos.

    Las FFAA es el actor que más ha quedado legitimado, casi se les agradece por salvar a la democracia de los “málditos chapas”. Y han ganado mucho espacio en la dirección misma de la economía. Están gobernando detrás de las FFAA. Y las FFAA, en esta ocasión no han conspirado también?.

    -La crisis política entre el Ejecutivo y el Congreso y la disputa interna en la Asamblea Nacional por la política nacional

    Este año es donde más se han complejizado estás disputas expresadas en la Asamblea Nacional Constituyente, había ya un entrampamiento de las leyes que lleva a niveles de cierta incapacidad de gobernar a Correa y a Alianza País en la Asamblea Nacional, dado que las leyes que se deciden en este tiempo son sumamente importantes.

    Este si es un escenario de fondo para explicar que los hechos del 30 de septiembre tiene también su raíz en la disputa política no solo por las leyes y el estancamiento que vive la Asamblea en cuanto a la aprobación de las leyes más importantes. Al punto que Rafael Correa apruébala ley.

    Uno de los detonantes de lo ocurrido el 30 de septiembre de 2001 en el Ecuador, es la crisis política entre el ejecutivo y el legislativo, la incapacidad de la dos instancias para llevar a efecto el modelo neo-desarrollista aprobado en la constitución a través de las leyes y de Alianza País de llevar a la consolidación de la segunda fase de la revolución ciudadana. [iii]

    Se han encontrado en riñas de imposibilidad legislativa el bloque de Alianza País que no conformar los suficientes votos para hacer los cambios que se han propuesto, el bloque de derecha formado por Lucio Gutiérrez, Social-Cristianos, Prian, Madera de Guerrero, El bloque ADE conformado por el PRE e independientes, y por su lado, El Movimiento PachakutiK y el MPD-Movimiento Popular Democrático que han fluctuado en diferentes leyes por momentos en alianza con cada uno de los bloques mencionados.

    Estos bloques están confrontados en la Asamblea, podría decirse que para el caso, han tenido un éxito los bloqueos de la derecha más conservadora y la resistencia de otras agrupaciones políticas como el movimiento Pachakutik y el MPD a ciertas leyes y los autogoles de Alianza País..

    Por otro lado, la crisis política que atravesaba en Ecuador luego de las caídas de gobiernos, aún no se ha resuelto, si bien se han restituido, el nivel gubernamental: institucional; las políticas económicas; el marco normativo nacional con la Nueva Constitución que ha golpeado al neoliberalismo; la vía electoral como política para retomar la representatividad nacional, local; pero el marco legal, la legitimidad social y política la orientación política y la política en sus conjunto están en juego y por recomponerse como en todo proceso social, se busca desde el Estado en disputa y aceptación con el mercado liberal abrir un proceso de conciliación y confrontación de clases para imponer la hegemonía del gobierno.

    En el país, está en juego el cambio de orden de poderes entre la derecha neoliberal y Alianza País, aunque estas fuerzas cada vez van pareciéndose más, por decirlo más directo el Estado es lo que está en el centro mismo de la disputa política en el conjunto de la sociedad, se tenga o no conciencia de que ello esté ocurriendo, ¿quién dirige el estado y además qué modelo económico?, sí, entonces lo que está relacionado con estos temas, la crisis política en la Asamblea Nacional y los conflictos en torno a las leyes, no son secundarios, al contrario son muy sustanciales.

    Cuando dos grupos que hacen parte de los aparatos represivos del Estado, llegan a este nivel de enfrentamiento, con muertos y heridos de por medio, a partir de un malestar y rechazo por una demanda social, es que hay más tela por cortar.

    Aunque está disputa social heredada cuando existía el modelo neoliberal pudo haber sido menguada por las victorias electorales de Correa y la nueva constitución, no se ha plasmado definitivamente, en sí mismo el modelo de estado, de democracia y de economía propuesto en la constitución, se ha avanzado en ello, además con la evidencia de que una Constitución por más importante que sea no es toda la política. Eso es Correa llama la profundización de la “revolución ciudadana” y ello es lo que ha entrado en conflictividad política y la crisis política en la que se ha hecho evidente los juegos políticos, en los cuales Alianza País no ha encontrado ni sus propios consensos y Sociedad Patriótica y otras organizaciones han corchado el paso de las leyes.

    Si es cierto, aunque el discurso del gobierno y su modelo esté en marcha y revestido de todo un discurso ideológico muy bien posicionado por Correa, eso no ha evitado la crisis política que existe dentro de Alianza País y de la Asamblea y entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una crisis que parece superficial cuando en realidad, dejan la gran interrogante si ahora que hay que aplicar proyectos concretos que criterios de diferencia realmente son solventables, y si serán capaces de llevar la reforma que pretenden hasta las últimas consecuencias bajo un criterio unificado.

    A esto también se agrega el hecho de la incapacidad que la Asamblea Nacional ha tenido para tramitar las demandas más democráticas contenidas en la constitución con una participación activa de la sociedad. Hay un descontento creciente en la población hacia la Asamblea.

    -Las disputas por la cambio del modelo neoliberal a modelo neodesarrollista

    Es evidente que toda propuestas económica necesita tomar cuerpo en la política y en el marco jurídico, y justamente ellos eso es lo que no está completamente definido en el proceso de reforma del Estado: -quien decide, -quien instituye el marco legal que debería sostener a la Constitución y a la vez que modelo de desarrollo finalmente se imponga.

    Es cierto, el nivel del profundidad de las reformas al Estado llevados por Correa y Alianza Pa{is, están como lo resume Mario Unda, “ Un ánimo ecléctico le da su hálito a la propuesta: en la economía, sin afectar a la gran propiedad capitalista, abrir un poco más de espacio a la economía popular, aunque un plan mínimamente serio al respecto sigue aún esperando, cuando entramos ya al tercer año de “revolución ciudadana”. En la política, sin cuestionar a fondo la democracia representativa, introducirle algunos elementos de “democracia participativa”. Pero entre una cosa y otra la reforma parece diluirse en una serie de “programas mínimos”: la reforma económica puede centrarse en reducir el control que sobre ella mantiene el gran capital financiero; la reforma política puede quedarse en dar coherencia al Ejecutivo. Y las metas del “plan nacional del buen vivir” pueden limitarse a una reducción no mayor de las inequidades y resumirse sobre todo en la reforma tributaria”. [iv]

    De hecho las modificaciones al anterior modelo neoliberal, se están realizando por varías vías, no solo por la Asamblea Nacional y es bien cierto que aunque estas modificaciones no han terminado de realizarse a nivel económico, se sabía que iba a implicar disputas en esa transición del neoliberalismo al neodesarrollismo. La pregunta es el nivel de profundidad de los conflictos, para concretar la propuesta el gobierno ha sido diverso y el paso de un modelo a otro ha generado mucha conflictividad a todo nivel, entre el gobierno y la derecha, entre el gobierno y las organizaciones sociales, dentro del mismo gobierno, dentro de Alianza País, con gobiernos como el de Colombia y también con la Policía, aunque Correa haya preferido salir de forma cada vez más pactada con la derecha.

    Y la forma económica propuesta no acaba de encontrar la forma política que la sustente. Por ello es que el Estado se ha convertido en un campo de tensiones y forcejeos, a veces más y menos evidentes. Políticamente hablando no es cualquier poder el que está en disputa, es nada más y nada menos la reformas que modificaría estructural y coyunturalmente al Estado.

    En ese contexto, estallan las contradicciones que los actores que sobretodo hacen parte del Estado, a veces contra la sociedad y esta vez entre ellos mismos.

    Gobernar, es como lograr el orden político en que la propuesta económica se materialice en lo político y en la política y para Rafael Correa el Estado ha pasado a ser esa prioridad, pero también está colocada esta prioridad para la sociedad. Tal vez por eso también a la población el cuesta tanto aceptar que el gobierno, las FFAA y los policías, haya terminado en un enfrentamiento militar, policial y civil.

    Visto por el lado de la campaña emprendida por la derecha y por Lucio Gutiérrez de que con este gobierno cabalga el fantasma del comunismo y de que el socialismo de la “revolución ciudadana” no es sino una calco y copia de lo que ocurre en Venezuela, el sector de la policía y quién sabe si también de los militares que asumen esto, son lo que han aprovechado el descontento de un sector de la policía nacional y estaban buscando el momento propicio para golpear a Correa y se presentó la coyuntura del 30 de septiembre.

    -Situación de las demandas democráticas

    Pareciera que este tema nada tiene que ver con los hechos del jueves, sin embargo, tiene mucho que ver, porque las leyes y las reformas en cuanto demandas sociales están modificándose como eje estructural de la política del Estado y además porque por medio de su aplicación el Estado está recomponiendo su base social. Ese es parte del discurso antineoliberal “cautivador” del gobierno.

    El gobierno lo que menos se ha apostado es a profundizar las demandas democráticas contenidas en la constitución y más bien, sin dejar la política social que conlleva el proceso impulsado por Correa, luego de la aprobación de la constitución, ahora mismo la situación de avances logrados en la Nueva Constitución de las demandas democráticas están en una situación muy conflictiva, tanto a nivel de la Asamblea Nacional, tanto en la relación de ataque que el gobierno tiene hacia varios sectores sociales y organizaciones sociales que han planteado la radicalización de las demandas.

    Pero la situación al respecto de las demandas democráticas sigue siendo dual, porque el modelo neo-desarrollista de Correa, propone incorporar las demandas sociales subordinadas al Estado, mientras que la propuesta sobre todo de la Conaie es incorporar las demandas con participación directa, si bien incorporadas no solo en el Estado, dirigidas por la misma población y radicalizarlas pero no en el sentido de un nuevo modelo capitalista redistributivo, mientras que el gobierno apunta hacia allí.

    También es evidente que el modelo neo-desarrollista y la propuesta de democracia con ciertos niveles de participación que conlleva esa propuesta, al estar en una forma transitoria, al momento de abrirse del modelo neoliberal se ve obligado a hacer cuando ha sido previsible consensos cada vez más forzados con la conciencia de la cuidadanía que exige esas demandas democráticas, tanto como que el mismo modelo neodesarrollista al estar revestido de un discurso social y de democracia y de ayuda a los más pobres, también ha dejado abierta la brecha para radicalizar demandas desde los mismos sectores sociales.

    Esa estrategia es la que ha permitido también la resistencia desde la Conaie y la Fenocin y ciertas organizaciones sociales, entre ellos los ecologistas acusados por el gobierno de infantiles y las propias organizaciones de mujeres, han sabido buscar esos espacios para radicalizar sus demandas frente al gobierno, eso por ejemplo es posible ver cuando ocurrió la movilización en defensa del agua, o con lo ocurrido con el mismo Yasuní.

    Por el lado del gobierno finalmente aunque promueva acuerdos que pueden ser gratos para la derecha, al revertir el modelo anterior no solo que se ve obligado a afectar a los anteriores grupos de la derecha oligárquica, sino que a su vez tiene que desactivar los procesos de izquierda que impidan el paso de ese modelo, sin embargo tiene que agradar y lograr ciertos acuerdos con esos mismos sectores activos de la sociedad civil. Le gusté o no, son actores que están en la política y que hacen parte del juego de fuerzas. Así como de ha puesto de tarea disciplinarlos y subordinarlos a la lógica actual del Estado desde un discurso someramente radical.

    Para el 2010, la balanza del agrado y el consenso que el gobierno ha ido creando desde estas políticas hacia sectores de la burguesía y sectores sociales cada vez se inclina hacia sectores de la burguesía, acompañado de una des-radicalización de la dirección de la lucha social que asumía la direccionalidad de esas demandas en tiempos del modelo neoliberal.

    Es cierto el gobierno ha tenido que combinar entre gusto y regañadientes, las políticas sociales con ciertas demandas democráticas que le ha tocado impulsar, a regañadientes como fue en caso del Yasuní.

    Bajo ese concepto la direccionalidad de las demandas sociales también están en disputa y en estas sobre todo quien ha llevado la batuta frente al gobierno ha sido la Conaie y organizaciones que mantiene la autonomía hacia Correa, en medio de una conflictividad latente y profunda dentro del mismo movimiento indígena, no solo por la posición frente al gobierno, como veremos más abajo. Así como al respecto en el país mensualmente se registra conflictos particulares diversos, de estudiantes, trabajadores, etc.

    Es bien cierto que la conflictividad política de cara a las demandas sociales, sus modificaciones y orientaciones también se evidencian en el último conflicto entre sublevados policías y Correa. De hecho parece que había un sector de los policías sublevados al hablar de condecoraciones y de bonos, etc, están hablando de sus beneficios sociales, independientemente que se esté o no de acuerdo que sean justos o no esos beneficios sociales, parte del motivo del conflicto y la expresión que detona es la lucha por el sentido de estas demandas sociales.

    Tampoco hay que olvidar que Lucio Gutiérrez ha calado en varios sectores cuestionando al gobierno de no cumplir con esas demandas sociales y que cada vez que se aprueba una ley, Sociedad Patriótica saca a relucir que en su gobierno había muchísima preocupación por satisfacer las demandas a los sectores sociales. Y además también es cierto que hay sectores de la derecha como los socialcristianos que han acusado al gobierno de lo mismo. Cuánto de este discurso caló o no en sectores de la policía nacional y de las FFAA a pesar de los beneficios recibidos por el gobierno de Correa, es una gran interrogante. Sin embargo por lo ocurrido parece que de esto había. La demanda de los policías en parte es relación a sus bonos y condecoraciones, no es que desde ellos había una llamado a defender las conquistas sociales o a defender a quienes están siendo afectados por el modelo actual o algo así. Es más cuando otros sectores del pueblo han exigido sus demandas más bien los han reprimido.

    Y al parecer para el momento posterior a lo ocurrido el 30 de septiembre, será unos de los puntos más sensibles y claves que va a definir la política del gobierno y su relación con los procesos sociales. En todo caso seguirá siendo un espacio de fuerte disputa a pesar de que Correa sale fortalecido.

    También va siendo evidente que hay que hacer una serie de re-lecturas de que demandas sociales, pues no todas las demandas sociales son reivindicaciones sociales que en este tiempo se han manifestado a la izquierda y a los justos derechos de las organizaciones, cuestionando el modelo que Correa está implementando. Hay muchos grupos que salen uno que otro día, como el de Carlos vera, o grupos antichavistas, etc., y también plantean su demanda social, desde el sentido básico del criterio son demandas que no se deben apoyar.

    2- Los Actores Políticos del conflicto

    -Alianza país

    Es un movimiento que hasta ahora no alcanza el nivel de una organización estructurada tipo partido político pese a que Alianza País ha dicho que esta es una de sus debilidades, eso lo han señalado partidarios de AP y el mismo Rafael Correa, que conforman un entramado de relaciones de ciertos sectores que estuvieron en la izquierda antineroliberal, gente que se ha desprendido de la antigua ID y gente que viene de la derecha tradicional, así como nuevos cuadros de sectores que lo que se llama aquí la burguesía emergente.

    Ha sido evidente que con lo ocurrido en el Congreso, Alianza País muestra cada vez más sus diferencias y sus imposibilidades de poder ponerse de acuerdo casa adentro, y que a pesar de que se mantenga una unidad política, a partir de Correa y los triunfos electorales, los puestos de poder, etc, hay debilidades y diferencias que van siendo difíciles de conciliar.

    Producto de esta imposibilidad de poder encontrar acuerdos más comunes han salidos varias figuras políticas claves que representaban una posibilidad de alianza con la izquierda social y política. Cada vez más en el gobierno se habla de la consolidación de una capa de tecnócratas haciendo la política que tiene casi o ningún vínculo con el proceso de lucha anterior.

    No olvidemos además que Alianza País se asienta sobre a base de lo que aquí en Ecuador llamamos movimiento cuidadano y que a la vez se disputa las bases del movimiento indígena, de la misma Sociedad patriótica y de los procesos que tradicionalmente constituían la izquierda.

    Y claro la coyuntura ha sido muy conveniente para fortalecer no solo al régimen sino a Alianza País. Pero eso tampoco significa que los conflictos internos están resueltos, como la incapacidad legislativa que tienen los Asambleistas de Ap, así como tampoco significa que el bloque esté ya dispuesto a aceptar la muerte cruzada propuesta por Correa.

    -Sociedad Patriótica

    Y bueno, siempre escribir este nombre es recordar traición, desmantelamiento de la lucha social, espacio de lo más esquirol de la lucha política, es recordar la conspiración militar y la conspiración en contra de los movimientos organizados, es recordar el ataque y ofensiva por el desmantelamiento del movimiento indígena, es recordar, sobornos, violencia, etc. hablar de Sociedad Patriótica es hablar de lazos con Uribe y sospechas ciertas de vínculos con la Cia. Sociedad Patriótica representa de los populismos de derecha más manipuladores y reaccionarios del país.

    Sin embargo es reconocer también que este tipo de procesos subsisten en la política nacional y que además se han ido convirtiendo en el lugar desde donde se apertrecha la derecha conservadora para golpear al movimiento indígena por su lado y por otro para confrontar a Correa, por eso este partido sigue siendo atractivo y está en la Asamblea Nacional abanderándose de la confrontación en contra de Alianza País.

    Si participaron o no dentro de la sublevación?, se sospecha sobre todo que detrás de esto está Lucio Gutiérrez, sea que estuvo en la conspiración, sea que monitoreo la misma o se involucró en la marcha de la misma.

    Las razones expuestas arriba hacen pensar que tiene sentido vincular a L Gutiérrez y Sociedad Patriótica con los hechos del 30 de septiembre, ese día los Asambleístas de Sociedad Patriótica pedías la destitución de Correa. Al menos con una parte de lo ocurrido si. Porque es evidente que dentro de los policías habían varios intereses, no solo el de las condecoraciones, y además porque el hecho que empezó con un tema de reclamos sociales tomo un cause político muy conflictivo, de manera no explicita ya tenía un cause político retenido.

    Lucio Gutiérrez declaraba a inicios del conflicto que Correa pronto caerá, llamando a los policías a profundizar políticamente el conflicto. Difusión en los medios, gente de Sociedad Patriótica que planteaba movilizarse y que ha tenido contactos con Lucio, por ejemplo ciertos sectores indígenas de la amazonia, el abogado de Lucio en las protestas del MPD, era evidente que si Lucio no conspiraba bien, bien antes del 30 septiembre, ya estaba sobre la marcha. Pero tampoco se descarta que en realidad no haya estado en la conspiración desde el principio.

    Luego en otras declaraciones realizadas en Brasil dice: “En otra ocasión Correa se metió en otro problema con ciudadanos que le dijeron al presidente: “Presidente, estamos sin trabajo”. Paró la caravana motorizada, se bajó a perseguirles, a pegarles. Es decir, el presidente Correa no se ubica, no hace que se respete la majestad de la presidencia de la república. Y lo que hubo ayer fue simplemente una protesta de policías rasos, de policías de la jerarquía más baja dentro de la policía nacional”.

    Como nos vamos a olvidar cuando en el 2006, el movilizó sectores del pueblo y armo grupos paramilitares y sacó a la policía para enfrentarse a la movilización que pedía saliera del gobierno.

    -La Derecha y los medios de comunicación.

    Los acontecimientos del 30 de septiembre ponen en evidencia ese juego de fuerzas, de ahí se explica el silencio y la ambigüedad de la derecha en sus casi silenciosos pronunciamientos para pedir amnistía para los policías amotinados y apoyar el orden democrático

    Haciendo el juego a los dos lados, Correa no es que les es grato, aún con todas las nuevas simpatías que el gobierno ha tenido hacia ellos, y a la vez tampoco les es totalmente grato Lucio Gutiérrez, y tampoco les ha parecido mal que hubiera esta confrontación con los policías sublevados, intentando matar a Correa, así como festejarían si hubiera llegado a morir Correa.

    Hay dos datos interesante, expuestos por el mismo Lucio Gutíérrez, que Carlos Vera, antiguo representador del canal Ecuavisa, estaba levantando una recolección de firmas para pedir la revocatoria del mandato a Correa.

    Así como la declaratoria de Nebot fueron para afirmar el régimen “democrático”, tanto como para dejar abierta la posibilidad de amnistía a los sublevados.

    Así como los medios de comunicación contrarios al gobierno, impulsaban aún más el conflicto y el ensañamiento social.

    -Las FFAA y la Policía Nacional

    Además de que existe una cierta histórica y lógica conspirativa presente en las FFAA y la Policía Nacional y si aceptamos que lo ocurrido es un detonante de varios conflictos y que pudiera ser que a partir de una demanda social, el secuestro, la tentativa de asesinato y un intento de golpe que se iba armando cuya la cabeza de los Policías llegó a expresar los descontentos por sus demandas en riesgo, policías conspirando, policías defendiendo a Correa, policías agrediendo a pobladores en las calles y policías en las calles en varias provincias del país, podríamos decir además que:

    En el 2009 “ En el mismo plano, se pugna por coordinar bajo el mando civil a las fuerzas armadas y policiales. En mayo se crea la secretaría de Inteligencia, a cuya cabeza se coloca en julio a un civil de reciente pasado socialdemócrata (y de paso más lejano ya por las izquierdas), y en junio se sustituye la UIES (unidad de inteligencia policial, cuyos vínculos con la CIA y la embajada norteamericana se hicieron evidentes en meses pasados) por la ULCO (Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado)” [v] . Esto sucedió a partir de los hechos en Angostura y la trágica muerte del guerrillero Reyes de la Farc, y los procesos de reestructuración al interior de las FFAA y la policía más aun cuando se había detectado que la policía estaba infiltrada por la Cia [vi] . Pregunta lógica, ¿donde estivo la Secretaría de Inteligencia el 30 de septiembre si ya esta avisada de la infiltración de la Cia?

    Es evidente que Correa como bien ha señalado en su discurso matutino del sábado 2 de octubre después de todo el revuelo de acontecimiento terribles del jueves 30 de septiembre, ha sido un gobierno supremamente generoso con las FFAA y la Policía y es cierto lo que él afirma que la ley servidores públicos reorganizaba los beneficios de la policía y que no se les iba a quitar los beneficios y es cierto la lógica redistributiva opera de otra forma y es cierto que la policía no perdería casi ninguno de sus privilegios y que algunas cuestiones del estatus-quo de la policía se iban a quitar, entonces podría parecer cierto que fue solamente la ignorancia de los chapas lo que les llevó a provocar semejante turba, pero no es así como todo lo demás y el estado es actor sustancial y es el estado el que está concentrando el poder, las FFAA y la Policía y los cuerpos especiales, todo ello está en disputa y en conflicto.

    Hay fisuras anteriores aún no resueltas, y nuevamente aparece la figura de Lucio Gutiérrez, cuando fue la caída de Mahuad, Lucio Gutiérrez, con un grupo de coroneles provocó una fisura en las FFAA y en la policía, que es evidente no se ha acabado de resolver, luego cuando fue presidente, benefició a las FFAA y a la Policía y siempre ha mantenido vínculos con ciertos militares y policías retirados que son militantes de Sociedad Patriótica.

    Es evidente que el gobierno ha logrado operar en las FFAA y lograr consensos por medio de compartir el poder de dirección del nuevo modelo de desarrollo, pero con la Policía menos y hay descontento en ese reparto de poder, eso sumado a las disputas de poder que existen entre las policía y los militares como a su vez la injerencia de Lucio Gutiérrez hace posible pensar que la confrontación también se deriva en quienes controlan y quienes mandan dentro de las FFAA y de la policía y a asumir que el estado ahora será el que controle la capacidad de las fuerzas especiales y de los cuerpos de seguridad.

    A la derecha siempre le convendrá que las FFAA y la Policía sean la base del estado, pero eso no significa que este poder, el poder de la represión no esté en disputa.

    Es evidente que estos cambios propuestos por la política de seguridad de los gobiernos tampoco eran gratos a sectores de la policía, así como siempre quedó en suspenso saber si existían grupos de la policía o de las FFAA aliados a grupos paramilitares de Colombia, luego del ataque de Angostura. Y no solo del lado de los policías y militares cercanos a Lucio Gutiérrez, sino en general.

    Todo esto orquestados por la CIA? Y en fin, eso es lo que debería explicarnos el presidente y la secretaría de Inteligencia.

    Las investigaciones que inicio Washington Pesantes de que había sospechas que la DAS estaba realizando espionaje a Rafael Correa, por lo que se pide ayuda a Venezuela en dicha investigación, también está presente. Por otro lado se declaró el Ministerio del interior anterior Ministerio de Defensa como quien se haría cargo de la Policía Nacional y también era preciso que se abra este proceso de manera pública y transparente porque es justo saber que hay detrás de todo esto.

    En el enfrentamiento entre militares y policías, vemos reflejadas estas contradicciones, un presidente secuestrado que hace uso de las fuerzas militares por sobre la movilización que le respaldaba, sobre otros grupos de policías que es evidente parece no tenía solo un descontento con la ley de servidores públicos, sino con la autoridad a quien debían subordinarse.

    Aunque se quiera reducir el problema, y se cambien los mandos policiales a cargo y salgan los hechos a la luz, es evidente que se ha creado una nueva fisura al interior del la policía que no se va a solventar así nos más, aunque la Policía se haya vuelto a subordinar, así como la fisura entre las FFAA y la policía dado que los muertos sobre todo son militares y porque además esta vez el enfrentamiento trajo muertos de lado y lado, este conflicto es evidente no se va solventar estrictamente porque se suban los sueldos de la policía.

    Además queda presente que la policía ha sido disciplinada a la fuerza por las FFAA, eso prevé consecuencias a futuro que hay que ver como el gobierno las va a solventar.

    No es el retorno del presidente al palacio de gobierno lo que ha parado el acontecimiento, ha sido sobre todo la intervención de las FFAA, que en nuestro país han actuado cuando hubieron caídas de gobierno, pero en dos ocasiones no han estado solos como dirimentes, sino actores de la “democracia”, cuando fue la caída de Jamil Mahuad y esta ocasión.

    Entonces si bien es cierto Correa parece el gran vencedor de lo que pudo ser una hecho muchísimo más grave y en la que incluso el presidente pudo haber perdido la vida, está abierto otro frente de crisis política, esta vez dentro de las Policía Nacional y de éstas con las FFAA. Dentro de los aparatos represivos del Estado. Es ese sentido podemos decir que Correa se ha metido un autogol al ir al regimiento Quito?…

    Ahora bien si la hipótesis es que la Cía pudo haber infiltrado tanto sectores de las FFAA y de la policía, y aun con todos los argumentos hay piezas que no terminan de calzar si se mantiene la pregunta: ¿pues de dónde salió este gran problema?…

    Correa ha recurrido a hacer intervenir a las FFAA en la resolución de este conflictos políticos, eso que podría significar, y bueno en cuanto al conflicto, “reestablecieron” hasta cierto punto el juego de fuerzas políticas a favor de Correa, este hecho también a futuro podría implicar que cada vez que Correa no pueda hacer uso de su poder por la vía institucional, podría intervenir con las FFAA, en contra las organizaciones sociales, por sobre la Asamblea Nacional, la propia Alianza País y otras estructuras de decisión política que figuran como las representantes de la sociedad.

    Queda abierto el debate de la conformación de estados democráticos otra vez basados en superestructuras represivas que intervienen en el andamiaje de la democracia pero a la vez en la represión de esa misma democracia. Estamos hablando bajo el concepto gramnsciano de la reproducción de un Estado bajo la coersión y el consenso, que cuando no funciona el consenso impone la coersión como una la forma que ahora va adoptar el Estado, como si devolviéndole el carácter al Estado y a la vez pincelar la democracia restringuida combinada con la democracia participativa.

    Todo lo ocurrido muestra como se puede salir de control del estado y de las mismas FFAA y Policiales también sectores que están subordinado porque hay descontentos varios represados y se puede tornar sumamente violentos y expresar su rostros represivo de forma flagrante, pero luego vuelven a ser disciplinados o a “autodisciplinarse”.

    Así como es evidente que los conflictos entre el gobierno que pone en marcha otro modelo de desarrollo también ha entrado en conflicto con la hegemonía de los Estados Unidos, sin romper definitivamente con ella, en ese sentido hay varios aspectos de conflictividad entre el gobierno a los ojos de EU que sin dejar de tener agrados con este gobierno, tampoco se ajusta a sus expectativas de dominación regional, por decir, su sola cercanía a Venezuela y Bolivia, y de fuerzas que acusan a estos gobiernos de socialistas, comunistas. Acusación que también ha sido usada por Gutierristas y sectores de la derecha

    A ello se suma los acontecimientos de la política internacional, No hay como olvidar que en Honduras por menos de lo que ha ocurrido en Ecuador hubo golpe de estado con sin orquesta y el permiso de los EU.

    Hay una hipótesis planteada por Pedro Brieger [vii] de que estamos antes otra forma de golpe de estado, no de los tradicionales golpes de estado como en los 60 y 70, sino otra forma, en que los mecanismos y las formas son otras, militares en confrontación, no dictadores si nos civiles orquestando y asumiendo la cara de los golpes de estado, la Cia desde lo oculto y Eu legitimando y no siempre “interviniendo directamente”, [viii]

    Luego de los hechos queda el sabor de que a futuro se puede radicalizar la violencia como método de resolución de los conflictos y eso es tenaz.

    3- el llamado de la CONAIE: criticas a Correa y “no al golpe”

    Parte de ese proceso democrático que existe en el país, ha sido impulsado por la Conaie, por eso se explica su posición y su pronunciamiento, no es que son una tira de ingenuos que no saben cómo está funcionando el país.

    La Conaie [ix] , El Ecuarunari y otras organizaciones sociales manifestaron su resistencia crítica al gobierno sin apoyar el intento de golpe ni la resolución violenta de los acontecimientos entre las FFAA y la policía, otros también manifestaron posición similar como el caso de Alberto Acosta, la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas [x] , etc.

    Es preciso señalar que la Conaie ha sobrevivido a la intervención de este gobierno y a varios procesos de criminalización de la protestas e inclusive ha logrado colocar varias movilizaciones importantes, así mismo se ha distanciado lo más posible de Lucio Gutiérrez situación que viene sosteniendo sobre todo desde el 2003, desde cuando vive una crisis política muy fuerte y perdió representatividad nacional, también por la emergencia de Alianza País, aunque no termina de lograrlo.

    Si, sus posiciones frente al 30 de septiembre fueron ambiguas y otros momentos más radicales, lo muestran los distintos pronunciamientos de la CONAIE y el Ecuarunari.

    En situaciones graves como la que vivimos el 30 de septiembre, todo puede pasar, y lo cierto es que el choque político provocado entre el gobierno y un sector de la policía, podía no solo ir más allá si hubieran atraído a sectores de las FFAA, o con y sin Fuerzas Armadas provocar la sucesión presidencial acompañada de una ruptura y mayor división de las organizaciones sociales que la que ya existe.

    Desde el punto de vista de quien escribe, la situación desde las organizaciones se mantiene más o menos igual a lo que venía ocurriendo, la Conaie no se ha fracturado, la Fenocin se mantuvo en su posición de apoyo crítico al gobierno y se movilizó, pero tampoco fue posible construir una posición unitaria entre estas organizaciones.

    Lo que sí es cierto es que hay una diversidad de posiciones democráticas que se han manifestado con quienes se puede construir un proceso de cambio mucho más profundo.

    Por otro lado, la exigencia a las organizaciones más fuertes era evidente, es desde estas que sería posible un avance hacia una profundización de la democracia en Ecuador, me refiero a la Conaie y a la Fenocin [xi] y a otras organizaciones que aún si ser movimiento tiene posibilidad de tener posiciones críticas y de una u otra forma, por ejemplo han renovado dirigencias, han expresado criticismo frente al gobierno, frente a la Asamblea Nacional, de hecho ha sido la Conaie la que ha liderado, con errores, divisiones internas y aciertos el cuestionamiento al gobierno, desde el campo popular, pero también en medio de un aislamiento político muy fuerte. Si comparamos los pronunciamientos de estos dos sectores del movimiento indígena vemos que tiene coincidencias muy importantes frente a lo ocurrido el 30 de septiembre del 2010.

    La consigna de Democracia Plurinacional, ha sido importante, porque como se ha dicho en juego está qué democracia se construye y qué modelo de economía y qué estado, como aspectos estructurales, así como está en juego leyes y demandas justas, llamar a la democracia plurinacional fue importante, solo que la Conaie no encuentra el canal de sintonía con sectores del pueblo descontentos con el gobierno que tiene una posición similar, parte de esa situación se debe a que para mantener su cohesión interna tiene que actuar en independencia del gobierno, de sociedad patriótica, de su propio movimiento político Pachakutik, con el MPD y con los grupos sindicalistas que salieron a movilizarse a favor de un golpe de estado.

    Si se puede hablar de un saldo favorable, es que la Conaie no se haya fracturado en medio de un movida de este tipo y de las presiones bestiales que sufrió ese día, desde dentro y desde fuera.

    La propuesta de democracia plurinacional de la Conaie no logra un cause nacional y es en ello que deben trabajar muchísimos sus dirigentes.

    En tal caso queda muy pendiente el debate de como logrará la Conaie, avanzar hacia un proceso de reformulación de la democracia desde sus propuestas abierta a esos espacios sociales desorganizados y a sus propias organizaciones de base, desde el planteamiento del estado plurinacional, de la democracia plurinacional. Eso es preciso que conozca la sociedad ecuatoriana, y sigue pendiente como lograr la unidad ecuatoriana desde el estado plurinacional.

    La relación entre la Conaie y la Fenocin siempre ha sido conflictiva, y los encuentros han sido difíciles, las distintas posiciones frente a la coyuntura podrían afectar los encuentros puntuales que han ido teniendo en torno a la ley de aguas, de tierras, etc., pero a la vez, en ciertos momentos han tenido que confluir guste o no.

    Por ello, para posibilitar esos espacios de encuentro a futuro, en la medida de lo posible, es preciso ubicar bien las posiciones que se produjeron, y defenderlas con claridad.

    4- El movimiento Pachakutik, el MPD y sectores sindicales

    Es cierto también hubo ciertos grupos de la izquierda que pedían la salida del presidente Correa y también hubo reacción desde sectores de derecha de la población cruzando los dedos porque boten a Correa. Discursos que parecen coincidentes, sin embargo expresan contenidos distintos.

    Lo cierto es que mucha gente a nivel nacional e internacional ha cuestionado la posición de la izquierda ecuatoriana, con razón y sin razón, de hecho hubieron voces desde el mismo pueblo organizado que cuestionaba que hubieren sectores de izquierda que apoyaran un posible golpe.

    Pachakutik y le MPD se equivocaron en su posición, no solo en su análisis político, tuvieron una lectura errada desde estos procesos en términos de los sentimientos de democracia que hay en el pueblo ecuatoriano, es un absurdo exigir golpe de estado y asumir consignas de la derecha por estar en contra de otra derecha, confundida entre los oportunismos políticos, los juegos extraños llevados a cabo en la Asamblea, y la incapacidad de construir respuestas frente a los ataques que también ha hecho el gobierno contra estos sectores.

    Izquierda que por cierto necesita una renovación urgente y que tiene una carencia muy fuerte de propuesta y de legitimidad ante la población.

    Es muy difícil construir una tercera posición, sin embargo, hay ocasiones como está en que queda la duda si estas agrupaciones de izquierda realmente están construyendo una tercera posición.

    5-Los sentidos de la movilización

    Es totalmente democrático y justo que existan diversas expresiones desde el pueblo, así como que una mayoría de la población se haya pronunciado en contra del intento de golpe, hacerlo no es solo un tema sociológico o de análisis de la coyuntura, sea que fuera planeado o no, sea que hubiere una correlación de fuerzas para efectivizarlo o no, sea que pudo terminar o no en algo así, es importante que un pueblo se niegue a aceptar un intento de golpe siquiera la sospecha de ello, venido desde los militares y los policías.

    Pero como se observa, casi todo el pueblo, estuvo en contra de la confrontación entre policías y militares, así como hubo un altísimo desacuerdo en que una confrontación entre el presidente Correa y sectores levantados de la policía, pudiera devenir en un golpe de estado, hubieren o no condiciones para que se realice, así como quienes mantuvieron una posición crítica frente a los acontecimientos finalmente apoyaban la continuidad de la democracia

    Las manifestaciones organizadas desde la sociedad frente al hecho aunque estas han sido diferentes, por un lado una gran parte del pueblo decidió hacer un apoyo pasivo a Correa, el hecho no se entendía bien, fue sorpresivo, además el peso paternalista de la participación posicionado por el gobierno y a la vez, porque había sectores de la sociedad que de manera silenciada y sin saberlo también tenían la posición de la Conaie y la Fenocin, así como otros sectores de la población apoyó posiciones de la derecha.

    Ciertos sectores sociales se movilizaron en apoyo al gobierno en varias provincias del país, y era evidente que si el conflicto no terminaba el jueves se preveía que la movilización podría crecer mucho más y no solos la movilización del lado del gobierno sino también del lado de Lucio Gutiérrez

    Es decir el sentido de la movilización y las visiones de democracia no fueron únicas.

    La posición de defensa de la democracia, en el pueblo existe no solo por el llamado de Correa a salvarlo y estar contra el intento de golpe, sino porque desde hace varios años, las organizaciones han exigido democracia, y han incluido sus luchas de resistencia en el rostro del país, además porque recientemente se ha vivido, hace dos años el proceso de la Asamblea Constituyente, todo eso ha dejado una conciencia de que el pueblo prefiere la democracia.

    Como también es cierto que muchísimos de los que se movilizaron salieron por defender a Correa y responder a su llamado, la mayoría militantes de Alianza País.

    Sin embargo, desde mi punto de visto todo esto es lo que la gente siente frente a la democracia, son miradas contradictorias se evidencian cuando hablamos de estado y democracia, y más aún con lo ocurrido. Y de eso hay que hablar públicamente.

    Por qué? Hay un pueblo pasivo, es cierto no solo esto ocurre en el gobierno de Correa, porque antes cuando el neoliberalismo también había la dificultad de que la gente no respondía con mayor ímpetu a las convocatorias de la lucha social, y aún así han ocurrido episodios políticos por todos conocidos desde hace más de 20 años en que la lucha social ecuatoriana se ha visto abocada a responder en esas condiciones, pero es bien cierto que el paternalismo político y económico que Correa impone por medio de la política social muestra que se acentúa la pasividad social, la espera de que otros den resolviendo los problemas.

    Entonces a este nivel la pregunta es, se necesitan organizaciones para ¿defender la “revolución ciudadana”?, o se necesitan generar nuevas formas de organización que debatan y hagan carne el sentido de las demandas democráticas. Quienes de la ciudadanía están discutiendo acerca de la democracia?, eso justamente el pueblo experimentó la contradicción que deja la opinión de la gente en las calles, es que “hay varios responsables en lo que ha ocurrido, si el presidente por su autoritarismo e irresponsabilidad, los policías porque ellos quieren mantener sus privilegios y otros como Lucio Gutiérrez y los políticos” . Esta suerte de contradicción y pasividad es la que la gente vive en Ecuador.

    Con el pueblo en estas condiciones políticas precarias, claro que es posible pensar no solo en debatir la democracia que queremos.

    Por ello, pienso que mucha gente en el silencio, sin decirlo también comulgó con la posición de la Conaie, me refiero gente del mismo pueblo, es bastante probable y seguro que no solo fue la opinión de la Conaie y de algunas organizaciones, eso significa que la dirigencia logró sortear con su independencia política frente de su propio movimiento político Pachakutik y de hecho mostrar una posición diferente de no al golpe, posición que se fue radicalizando con el pronunciamiento del Ecuarunari [xii] , e hizo una clara diferencia con ciertos sectores de la izquierda –el Pachakutik y el MPD que asumieron una política errada a favor del golpe, a la vez que lograron mantener la independencia y nuevamente ratificaron su ruptura con el Gutierrismo y los brotes que internamente algunas organizaciones indígenas pudieran aún tener con Lucio Gutiérrez, y lograron sostenerse frente a la influencia del mismo gobierno es sus organizaciones de base, además de la independencia frente a los sectores de derecha, tipo socialcristianos.

    Además que estas expresiones no solo existen porque existe un proceso que conlleva ciertas demandas democráticas para la gente, sino porque el paso del neoliberalismo a lo que ahora se vive fue en base a un proceso de lucha desde las organizaciones y ahora es evidente que el pueblo también encuentra en la luchas por esas demandas sociales una ratificación de posiciones democráticas. La constitución ecuatoriana fue expresión de la voluntad de esas demandas presionadas ante el gobierno y también desde un sentid amplio la salida coyuntura al conflicto militar, civil y policial del jueves 30 de septiembre.

    Me preguntaba si esto significa que en el pueblo existe una posición ciega a los planteamientos que hace Correa y a las posiciones del gobierno?. De todo hay, sin embargo en el pueblo también se expresan una serie de voluntades democráticas que necesitan encontrar su propio espacio. Eso es lo que los oídos del presidente Correa y el gobierno no quieren defender. Hay un acumulado de experiencias de lucha del pueblo ecuatoriano capaces de decir, verbalizar y construir lo que entienden por democracia.

    Así como también queda la pregunta ¿la situación actual significa un alejamiento mayor entre las organizaciones nuevamente a partir de la relación con el gobierno?. Por un lado sí, porque algunas organizaciones van ser acusadas de traidoras y de golpistas, esto puede justificar que los discursos de terrorismo se acentúen.

    6-Contexto Internacional, la Unasur y la solidaridad internacional

    La respuesta internacional a lo sucedido también ha tenido varios significados. Después de lo ocurrido con Honduras, ha quedado un sentimiento amargo, es cierto que eso ha hecho que la voluntad de lo que no se pudo revertir con Honduras se haya hecho presente en la manifestación masiva de no al intento de golpe en Ecuador.

    Es cierto que el gobierno ha manejado muy bien la política internacional y ha conseguido un fuerte respaldo, de Unasur, de organizaciones internacionales, de la Oea.

    Sin embargo también es preciso clarificar que ha pasado en Ecuador, para ubicar que distancias y qué diferencias hay qué poner en el apoyo internacional.

    Es evidente el acercamiento político que hay entre Venezuela, Bolivia y Ecuador. Esa presión ha sido muy pertinente. Nuevamente TeveSur ha tomado posición, apoyando a Correa, porque hay una cierta condición política similar frente a los temas neo-desarrollistas, además Venezuela tiene conflictos recientes con Colombia y esta vez experimenta un crecimiento electoral de la derecha en su propio país

    Lula ha sido de l s primeros en pronunciarse porque hay intereses comunes con Ecuador, la apertura que el gobierno ha hecho a capitales brasileños así como a lo ocurrido con la represa San francisco-Odebrech.

    En tal caso, nuevamente las ambigüedades a flote, es preciso aclarar que la democracia claro que hay que defender y que no queremos injerencia gringa, solo que no queremos injerencia china ni brasileña ni de ningún tipo que represente otra vez poner en cuestión los procesos de resistencia al capitalismo y el gobierno de Correa esto no lo entiende bien.

    Implica aclarar a la solidaridad internacional que es lo que pasa realmente en el Ecuador,

    7-La Democracia qué queremos y hacia un nuevo reagrupamiento de izquierda

    La idea que queda pensar que se precisa una nuevo reagrupamiento desde el campo popular, desde los sectores que han venido haciendo una resistencia a la extracción de recursos naturales, y que tenga capacidad de radicalizar las demandas democráticas, es evidente que las organizaciones del campo popular reencontrar su espacio de diálogo y repensar las resistencias, solo como idea a pensar, tal vez es el momento de pensar en un `proceso que no confluya ni en Pachakutik ni en Alianza Pais, en lo que pudo ser el proceso de reagrupamientos cuando el neoliberalismo, y sería interesante debatir la perspectiva general y de pronto aglutinarnos en un gran frente o movimiento político ecologista de izquierda, en que sectores del ahora movimiento indígena y otros actores han logrado hacer de las demandas democráticas un espacio de unificación en el que incluso el gobierno ha tenido que asumir esta lucha para la sociedad ecuatoriana. Me refiero al Yasuní y a la lucha en defensa del Agua.

    Es cierto, finalmente es el mismo pueblo el que ha vuelto a ratificar que quiere la democracia, en las condiciones que está y eso es importante.

    Si el gobierno plantea que defiende la democracia, y que estuvo en contra de un posible golpe de estado, es hora que haga eco de la ampliación democrática que necesita su acción. Es evidente que uno de los ejes que quedan como centrales en la vida del Ecuador, después de los acontecimientos del 30 de septiembre son, que democracia construimos para el Ecuador.

    Si Correa es lo suficientemente inteligente, y si leen con justeza las contradicciones de la coyuntura, deberá hacer cambios profundos y asumir un giro hacia la izquierda y hacia la radicalización de la “revolución cuidadana” asumiendo las demandas democráticas como la nueva vía para este gobierno.

    Es preciso que se abra el diálogo entre el gobierno y las organizaciones, lo ocurrido si fue expresión de la falta de diálogo entre el gobierno y la ciudadanía, incluido el sector de policías sublevados. Todo lo ocurrido se podía evitar.

    Es muy cuestionable que se entablen diálogos como dice una compañera de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas, que los conflictos se resuelvan entre los machos alfa y los machos beta, y esta se vaya instituyendo como cultura política de patrono o patriarca. Quien pone más balas y más agresiones a la hora de definir las orientaciones del estado.

    Qué democracia construimos en el Ecuador?, Justa eso es lo que queda con pregunta, qué democracia, con quienes y para qué?. Y eso es lo que debemos concretar en el más amplio debate social y político en que le pueblo sea el principal actor.

    Y luego, la democracia participativa, bajo conceptos de democracia representativa muestra ya sus límites. Quedan evidencias de que a pesar de la coyuntura vivida si es posible aún, radicalizar los procesos democráticos y ampliar la democracia participativa, desde varios sectores políticos que han tenido coherencia frente al gobierno. Hacerlo tal vez pudo haber evitado este conjunto de absurdos y de correlaciones de fuerza impuesta a tiros, conspiraciones, riesgos inútiles, intento de golpes, discursos autoritarios y repetición de lo que ya vivimos con el neoliberalismo.

    La muerte cruzada es el reconocimiento de Correa de la incapacidad política de al AN, pero también de su propia incapacidad para poder construir consensos con las distintas posiciones políticas y la incapacidad de ampliar los procesos de representación política a la sociedad civil. Si defiende la democracia es absurdo luego de lo ocurrido que siga imponiendo la política desde arriba y ahora con la FFAA cada vez que existan desacuerdos desde las organizaciones sociales hacia él.

    Y la propuesta de Democracia Plurinacional propuesta para la Conaie necesita probarse y constituirse como una tercera fuerza si quiere realmente hacer modificaciones a la correlación de fuerzas que se impone a veces a riesgo de fracturar su lucha histórica.

     

     


    NOTAS

    [i] Informe de Coyuntura, 2009, Mario Unda, Osal- Clacso.

    Pablo Ospina: “El fin de la transición”, CEP, Quito, mayo de 2009. Las elecciones del 26 de abril cierran con un nuevo y amplio triunfo el período abierto con la victoria de Rafael Correa en la segunda vuelta de 2006: se afirma entonces la nueva hegemonía de reforma capitalista expresada en el gobierno de Alianza País –la alianza de una nueva “tecnocracia ilustrada” con sectores modernos de la burguesía: grandes grupos económicos que controlan importantes segmentos del mercado interno y que, al mismo tiempo, se encuentran fuertemente vinculados con el mercado mundial–; y, con ello, se configura y se revela el nuevo marco de relaciones de fuerzas. Se cierra con esto la primera fase de la “revolución ciudadana”.

    [ii] Alejandra Santillana Y Stalin Herrera en ¿QUÉ HACER?: “Lecciones” del golpe en el ECUADOR de la revolución ciudadana pensaramericalatina.blogspot.com., expone de una manera bastante extensa, vivencial y política los hechos ocurrido.

    [iii] Informe de coyuntura de Ecuador. Mario Unda. Enero a abril del 2009. Hacia la segunda fase de la “revolución ciudadana”, pag 14. http://www.clacso.org.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-academica/osal/produccion-academica/analisis-de coyuntura/ecuador/2009/informe-de-coyuntura-de-ecuador-enero-a-abril-de-2009/view

    [iv] Mario Unda. Informe de Coyuntura mayo a agosto 2009. Pag 9 http://www.clacso.org.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-academica/osal/produccion-academica/analisis-de-coyuntura/ecuador

    [v] Informe de coyuntura mayo-agosto 2009. Osal

    [vi]  ECUADOR: INFORME DE PENETRACIÓN DE LA CIA EN FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL

    INFORME COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA MILITARES Y

    POLICIALES  http://www.azogue.net/Arch2008/Informe%20CIA%20Ecuador.pdf

    [vii] Pedro Brieger. Visión Siete Internacional, Programa sábado 2 de octubre del 2010. Periodista, Analista de Politica Internacional-Argentina.

    [viii] Pedro Brieger. Visión Siete Internacional, Programa sábado 2 de octubre del 2010.

    [ix] http://www.conaie.org/component/content/article/21-noticas-portal/249-llamamos-a-la-unidad-de-las-organizaciones-sociales-por-una-democracia-plurinacional-de-los-pueblos . Pronunciamiento CONAIE jueves 2010

    [x] http://www.facebook.com/alejandra.s.ortiz2?ref=ts#!/note.php?note_id=427646283638&id=632201386&ref=mf . Pronunciamiento de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, jueves 2010

    [xi] La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, frente a los abominables hechos que vive el país: Aclaramos que como organización hemos tenido diferencias con el Gobierno constitucionalmente electo de Rafael Correa, por no cumplir los acuerdos a los que se comprometió formalmente cuando era candidato, con respecto a la injusta distribución de la tierra que afecta a cientos de miles de familias campesinas ecuatorianas, · Sin embargo, condenamos frontalmente cualquier acción que atente a la democracia, por lo cual, exigimos respeto al orden constitucional. Recalcamos que la FENOCIN jamás participará, ni apoyará a ningún movimiento que atente alterar en lo más mínimo, lo que los ecuatorianos ganaron en las urnas, en el orden constitucional y un proceso democrático de cambio. Reprochamos cualquier intento de golpe de Estado y convocamos a las diversas organizaciones a pronunciarse a favor de la democracia. Creemos firmemente que los acontecimientos que vivimos en Ecuador son acciones desesperadas de la derecha con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, cuyo objetivo es preservar los intereses del capital, que a largo de la historia han perjudicado a la clase campesina e indígena del Ecuador. En este sentido, consideramos que el contexto en el que vivimos debe llevar al gobierno a establecer alianzas y abrir espacios de diálogos que vigorice la relación del gobierno y los sectores progresistas. Finalmente, llamamos a nuestras organizaciones y a los movimientos sociales del país a mantenerse alerta, como FENOCIN estamos evaluando iniciar un proceso de movilización en las próximas horas.

    [xii] No más Dictaduras en América Latina. Agencia de Noticias Plurinacional del Ecuador , emitido el jueves 30 de septiembre de 2010

    Publicado en: Ecuador, Varios Etiquetado como: ¿Qué democracia es la que queremos l@s ecuatorian@s?

    Desde el centro del mundo: la palabra campesina

    24/10/2010 by maestro Deja un comentario

    Más de un millar de participantes, mujeres, hombres y jóvenes de cientos de organizaciones de base de todo el continente, compartieron y enriquecieron durante una semana sus miradas, experiencias, conocimientos y propuestas. El resultado es una radiografía vasta y compleja de la realidad actual del continente y el mundo, con enorme complejidad y riqueza de detalles. Como si fuera poco, acompañada de la prefiguración de una sociedad distinta, con diversidad de culturas, visiones y herramientas para construirla y la determinación de caminar hacia ella con el resto de los oprimidos.

    El quinto Congreso de la CLOC fue precedido, como ya es usual, por una asamblea latinoamericana de mujeres campesinas, y otra de jóvenes, grupos que en conjunto, conformaron la mayoría de los delegados. Se decidió convocar en el marco de su próximo congreso, también a una asamblea continental de pueblos originarios y afrodescendientes, ya que muchos de los integrantes de CLOC, además de campesinos, son de estos pueblos y comunidades.

    Las mujeres aportan en cada congreso de la CLOC y de la Vía Campesina, nuevos elementos a la complejidad de las luchas campesinas: ahora el énfasis de que sin feminismo no hay socialismo, un planteo que dará para pensar y alimentar al movimiento, tanto por el planteo de feminismo, como de qué socialismo. El desafío es un cuestionamiento profundo al patriarcado, desde la invisibilización del trabajo de las mujeres en el campo a la sujeción de modelos culturales, emocionales, políticos, económicos.

    El Congreso se pronunció contra todas la formas de concentración de la tierra incluyendo despojo por megaproyectos y acaparamiento de tierra, así como contra las hipócritas políticas de Inversión Responsable en Agricultura, promovidas por el Banco Mundial para frenar las críticas a los nuevos acaparamientos de tierra. Al mismo tiempo se comprometió a seguir luchando por reforma agraria integral y por una agricultura campesina y de los pueblos originarios y afrodescendientes que alimente a la humanidad y proteja a la Madre Tierra.

    Rechazan y denuncian al agronegocio y las grandes corporaciones y megaproyectos que ocupan, destruyen y amenazan, en forma permanente, a nuestros pueblos y comunidades, nuestros territorios, nuestras formas de vida y culturas, reiterando que las trasnacionales son, particularmente en el momento actual del capitalismo, su enemigo principal.

    Denuncian también la manipulación de la crisis climática, rechazando las falsas soluciones de gobiernos y transnacionales, los transgénicos y grandes monocultivos de árboles y de agrocombustibles, así como las nuevas tecnologías comobiochar, biología sintética y geoingeniería, los mercados de carbono y los programas REDD sobre bosques, como una nueva ola de privatizaciones de los recursos naturales y despojo de sus tierras y territorios.

    Reafirman que los campesinos y campesinas son quienes alimentan a la mayoría de la humanidad y quienes realmente están haciendo frente a la crisis climática, ya que las formas agrícolas campesinas, de pueblos originarios, de pesca artesanal y otras de comunidades locales, son las que están enfriando el planeta. Al mismo tiempo, entienden que no pueden enfrentar sólos las imposiciones de las transnacionales, por lo que el V Congreso reafirmó la decisión de trabajar para fortalecer alianzas con trabajadores rurales y urbanos, así como con otros movimientos de población urbana, para acumular fuerzas, y porque los problemas son comunes, incluyendo la enorme crisis de salud debido al modelo agroalimentario industrial y a la contaminación y concentración urbanas, contracara de las migraciones rurales.

    Una forma para promover estas alianzas, fue el llamado a una campaña mundial contra los agrotóxicos, que son un ejemplo de como el modelo agro-alimentario industrial envenena y destruye a la población junto con el ambiente, en campos y ciudades. Un ejemplo en marcha de este tipo de alianzas, es la convergencia entre la Vía Campesina y la Asamblea Nacional de Alternativas y Afectados Ambientales (ANAA) de México, quienes también estuvieron presentes en el Congreso de CLOC.

    Entre otros puntos de su plan de acción, la CLOC reafirmó el apoyo al llamado de la Vía Campesina, en conjunto con la ANAA, ante la cumbre climática en Cancún, participando en las caravanas que se realizan previamente y promoviendo protestas locales (miles de Cancún) desde todo el mundo el 7 de diciembre. También se decidió dar nuevo impulso a la campaña de semillas de la Vía Campesina, para recuperar y proteger las semillas en manos campesinas, al tiempo que combatir las leyes que privatizan las semillas.

    La CLOC -Vía Campesina no solamente tiene un análisis y un mapa de la realidad impuesta por el capitalismo y las transnacionales -cuyo reflejo excede esta nota-, además, tiene propuestas de resistencia y construcción, como la reforma agraria integral y la soberanía alimentaria. También mútiples proyectos en marcha de educación y formación propia y permanente, en aspectos políticos y técnicos, en escuelas nacionales y regionales. El Congreso decidió también retomar sus propios órganos de comunicación, basados en las experiencias colectivas que ya existen dentro del movimiento y con aliados.

    Aunque hay líderes y lideresas históricos de este movimiento, con razón reconocidos y valorados, la fuerza está sin duda en que todo esto no es simplemente declarativo, emana de una construcción colectiva permanente y como diría un sabiowixarika, en el reconocimiento profundo de que sólo entre todos sabemos todo.

     

     

    Publicado en: Ecuador Etiquetado como: Desde el centro del mundo: la palabra campesinaSilvia Ribeiro. La Jornada, Ecuador

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    Don Juan
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    Este podcast tiene la intención de reproducir interpretaciones personales de algunos clásicos de la poesía universal. Entiendo, al igual que Octavio Paz, que la poesía es una actividad emocional revolucionaria, un ejercicio espiritual, un medio de liberación interior y una búsqueda de transfiguración. Adonis, Ali Ahmad Said y Octavio paz son mis favoritos. Dos clásicos modernos.

    LÍMITES de Adonis (Ali Ahmad Said)
    byjuan

    Este poema, como tantos otros, tiene que ver con los límites de la vida. Es un poema profundo y desconcertante, pero como todos en los poemas de Adonis nunca sabemos a dónde nos lleva sus impresionantes versos, es como no saber en qué puerto este barco llegará anclar.

    LÍMITES de Adonis (Ali Ahmad Said)
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