Ecuador

…….la tragedia social —provocadas por el neoliberalismo— son el mejor entorno para el desarrollo humano. Como si el ejemplo de Grecia no fuera suficiente. Este tipo de “analistas” lo dejan claro: nos proponen que reivindiquemos la destrucción de lo público, la migración masiva, la violencia financiera y  la inestabilidad política como la mejor propuesta para “superar” la pobreza.
Ya lo sabemos, ninguna “guerra social” —contra los más pobres, como  la que instauró el neoliberalismo— puede ser un modelo recomendable a seguir. Entonces, redefinamos la discusión.

La reconstrucción del Estado y de lo público se ha vuelto un bien fundamental para modificar la condición de la pobreza. Es verdad: la pobreza, medida por ingresos, se redujo en 9 puntos entre  2007 y 2011 en el Ecuador. Es un gran logro. Su disminución fue sustantiva, con elementos multiplicadores en dimensiones no siempre cuantificables.
Tal resultado proviene de una medición de ingreso per cápita —para efectos ilustrativos es necesaria—, pero que reduce la pobreza a una única dimensión: la económica. Dicha medición parcial no considera los cambios radicales en la concepción de lo público.

Esto constituye un avance en la construcción de una ciudadanía plena. Veámoslo: el crecimiento económico (la tasa de crecimiento del PIB real, en  2011, fue 7,8%, la tercera más alta de América Latina) se logró  a partir de ampliar el bienestar social y las capacidades de los ecuatorianos: el ingreso promedio familiar ya cubre casi la totalidad del valor de la canasta básica. Ahora bien, tampoco debemos desconocer el contexto internacional.

El Gobierno tuvo que enfrentar una de las crisis más profundas del capitalismo (la debacle financiera de Estados Unidos y sus repercusiones en Europa y América Latina en  2008) y, pese a ello, mantuvo la inversión, la protección social y controló la tasa inflacionaria (debemos recordar que  la tasa de inflación promedio del período 2001-2006 fue de 7,7%, mientras que entre  2007 y  2011 fue de 5%, pese al pico inflacionario de 2008 provocado por dicha crisis).

Entonces, podemos declarar que se ha recuperado una reflexión y una práctica sustantivas en el problema de la pobreza, ya no solo entendida como “ausencia de bienes materiales”, apenas una dimensión más del tema. 
En suma, la política asume, por fin, la solución al drama de las vidas ciudadanas y rechaza cualquier propuesta corporativa, que atente contra el bien común, medida, cómo no,  solo en monedas.

Estos movimientos surgen como una respuesta desde la sociedad civil ante la vulneración de derechos y fracturas estructurales y son consecuencia de tensiones sociopolíticas, que no han sido asumidas como áreas de intervención por parte de las organizaciones políticas de perfil clásico. En este sentido, las organizaciones sociales representan una alternativa de acción política frente a las carencias existentes en las organizaciones de corte convencional.
La Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos que arrancó desde el cantón El Pangui (Zamora Chinchipe) el pasado 8 de marzo y terminó en una multitudinaria movilización el 22 del mismo mes en Quito, muestra que más allá del apoyo recibido por las organizaciones políticas a la izquierda del oficialismo, los movimientos sociales se encuentran en una fase de recomposición tras varios años de crisis.

El 22 de marzo marca un punto de inflexión en la política ecuatoriana. El llamado gobierno de la revolución ciudadana ha dejado de tener el dominio total de la iniciativa en el escenario político nacional, reposicionándose la movilización social como un factor insoslayable, a pesar de su relativa ausencia desde la llegada de Rafael Correa al Palacio de Carondelet. Dicha movilización vuelve a emerger reeditando fórmulas de conducción colectiva en las que están fuertemente implicados los movimientos sociales progresistas y combativos existentes.
Esta nueva realidad actúa en contraposición a las lógicas desarrolladas por el frente político del gobierno, el cual se han caracterizado desde el inicio de su gestión por intentar captar ideológica y clientelarmente a todo tipo de tejido social existente en el país.

 
Antecedentes inmediatos

Los movimientos sociales han marcado la historia del Ecuador durante la segunda mitad del pasado siglo, disputando su espacio de influencia política en las transformaciones socioeconómicas e institucionales que se han ido dando en el país. Son identificables diferentes momentos o etapas en función del protagonismo de los actores sociales: movimientos campesinos en la década de los 50 y 60; movimientos estudiantiles en los años 70; movimiento obrero en las décadas de los 70 y 80; y el surgimiento de los nuevos movimientos sociales a partir de los 90, con el protagonismo indiscutible del movimiento indígena.

El protagonismo político y social del movimiento indígena como paradigma de los nuevos movimientos sociales que se reproducían por otras áreas del planeta, les llevó incluso al acceso al poder en el año 2003 y a su correspondiente contradicción consecuencia de la crisis de legitimidad del sistema político ecuatoriano. Lo indicado con anterioridad generó la pérdida de centralidad política del movimiento indígena e impacto a lo interno de la organización, provocando una crisis en el movimiento de la cual aun se está en fase de superación.

La metodología aplicada para la elaboración de la Constitución permitió que las organizaciones sociales introdujeran gran parte de sus postulados en los debates constituyentes, satisfaciendo las pretensiones de la mayoría de estas .Así, se plasmaron en la Constitución de 2008 gran parte de las agendas de lucha de las organizaciones sociales en el ámbito ambiental, económico, sociopolítico, laboral, ciudadano, cuestiones de género, participación social o la reivindicación de plurinacionalidad.

Esto significó que en la campaña por la aprobación de la Constitución, referéndum que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2008, coincidieran la mayoría de movimientos sociales junto a organizaciones políticas como Izquierda Democrática, Partido Socialista – Frente Amplio, Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Partido Comunista y el oficialista Alianza PAIS.

La subsidiaridad de los movimientos sociales a la lógica política que se desarrollaba en ese entonces no ayudó a la reconstrucción y empoderamiento de estos, dejándolos en una posición subalterna respecto a la política institucional.
El operativo represivo en Dayuma y todo lo referente al tema ambiental y la gestión de recursos naturales, incluyendo el debate sobre la consulta previa, fueron los temas más conflictivos en la relación entre los movimientos sociales y la nueva institucionalidad correísta durante ese período.

Revitalización de los movimientos sociales en la coyuntura actual

La recomposición y reempoderamiento de los movimientos sociales toma fuerza a partir de que deja de ser creíble para la izquierda organizada, tanto política como social, el proceso de transformación; visibilizándose que el posneoliberalismo ecuatoriano es en la práctica el proceso de modernización más serio que ha tenido el Capital y el Estado en toda la historia del país. En ese proceso tiene un rol fundamental lo Público, de igual manera que lo tuvo en el periodo de postguerra en Europa, cosa que desconcierta a cierta intelectualidad autodefinida como progresista que aun mantiene postulados afines al régimen.

Sin embargo y citando a Touraine, “para que se originen esos movimientos no basta con que se opongan a determinada forma de dominación; es necesario, por el contrario, que reivindiquen también determinados atributos positivos”[1]. Es en ese sentido en el que retoma toda su actualidad el concepto del Buen Vivir -formulado en las constituciones de Bolivia y Ecuador-, el cual más allá de sus debates teóricos, articula su fuerza en las prácticas de los pueblos indígenas y movimientos sociales, así como en la construcción política de alternativas al desarrollo entendido como progreso o el reclamo de otra relación con la Naturaleza (Acosta y Gudynas, 2012).

A partir de 1995, de manera particular desde las mujeres indígenas y campesinas empobrecidas, toma fuerza la idea de la Defensa de la Tierra, el cuidado de la semilla, la defensa de los mercados locales y la exigencia de no firmar el TLC con EEUU.

A finales de los 90 se incorporan a la lucha feminista mujeres provenientes del movimiento indígena y los sectores populares. Esta situación hace que se conjuguen tres factores diferentes que tendrán afectación en este ámbito: movimiento de mujeres, movimiento indígena y defensa de la Naturaleza (encuentro entre clase, género, étnia y ecología).
Esta situación es fruto de la confrontación entre dos perspectivas encontradas en la cuestión de género: por un lado el feminismo institucional de entonces y por otro, un nuevo feminismo radical anti-neoliberal. Con la llegada al gobierno del correísmo, se vuelve a reconfigurar el escenario político feminista, saliendo del Estado el feminismo liberal y entrando sectores populares de mujeres al gobierno. La nueva institucionalidad conformada en torno al correísmo busca desarrollar entonces su crítica al neoliberalismo desde la afirmación de la necesidad de que las mujeres accedan a mayores condiciones de equidad en la esfera del desarrollo económico y se empoderen en el sistema político económico dominante.
De esta manera el Estado incorpora en su dialéctica institucional discursos importantes desde la perspectiva de género: economía del cuidado, reconocimiento de las mujeres en sus esferas de opresión, división del trabajo, equilibrio de cuotas, etc. Las instituciones públicas hacen suya una parte importante de la retórica feminista, las cuales se plasman en leyes y documentos institucionales, dándose cabida a la visión de género desde el ámbito institucional. Esta nueva práctica institucional, permite que las mujeres se vean favorecidas en ciertos espacios, aunque es visible también que el trasfondo de dichas políticas se limita a la búsqueda de una mayor capacidad de consumo -empoderamiento económico- dentro del sistema.

El discurso del nuevo oficialismo en materia de genero, se articula sobre la lógica del desarrollismo y los derechos de la mujer, legitimándose contradictoriamente sobre la reafirmación del Estado patriarcal y capitalista, en este caso, con pretensión de que tenga un rostro más humano. Así, asistimos a un modelo que impulsa la reactivación intensiva de la fuerza de trabajo femenina hacia áreas de la economía que van ganando preponderancia de acuerdo al modelo de desarrollo, cuyos incentivos serían el trabajo y ciertas medidas de protección del Estado, las cuales no van a poder detener las derivas estructurales propias del capitalismo patriarcal, ni eliminar el empobrecimiento y la sobre-explotación de las mujeres y de la Pachamama.

Esta situación sigue generando una fuerte tensión entre mujeres y hombres, mujeres y Estado, mujeres y Pachamama; dando pie a la conformación de organizaciones de mujeres y feministas que posicionan su lucha por el Sumak Kawsay y una Economía para la Vida, en confrontación con el neo-extractivismo y por la defensa de la Naturaleza; contexto en el cual se denuncia el empobrecimiento de la población, la contaminación y la destrucción de los recursos naturales de los territorios (Aguiñaga y Flores, 2011).
Es en ese contexto donde se empoderan organizaciones de mujeres que podríamos definir como feminismo radical fuera del Estado, en confrontación con el feminismo social redistributivo con amplias vinculaciones con el Estado o formando parte de este. Destacan en la línea radical organizaciones como Luna Creciente, CONFEMEC, Asamblea de Mujeres Populares y Diversas o las secciones de mujeres organizadas dentro de las estructuras indígenas.

Movimiento obrero 

En la actualidad el Ministerio de Relaciones Laborales desarrolla roles que históricamente fueron destinados al sindicalismo. A través de los funcionarios públicos se resuelven conflictos laborales en los cuales la función del Estado no es la defensa de los puestos de empleo, sino que los trabajadores cobren adecuadamente sus indemnizaciones en caso de despido. Esta situación es perniciosa para las y los trabajadores dado que ha dejado sin defensa adecuada los puestos de empleo.

Reconociendo que el Mandato 8 sobre Tercerización, desarrollado por la Asamblea Constituyente, ha permitido el establecimiento de aproximadamente 500.000 puestos de trabajo que anteriormente estaban tercerizados; y que los incrementos salariales en la era Correa han sido sustancialmente superiores a los de otras épocas, el menosprecio institucional hacia las organizaciones de trabajadores ha derivado en que el respeto al derecho a la Negociación Colectiva brille por su ausencia.
Por su parte, los sindicatos se ven incapaces de afrontar la nueva forma de intervención institucional, mostrándose inútiles a la hora de aplicar estrategias de intervención que les permita recuperar lo que debería ser su rol protagónico en el mundo laboral.

La nueva institucionalidad vigente desprecia el rol organizativo de los sindicatos, considerándolos innecesarios así como herramientas de un mundo que consideran ya superado, el cual se articulaba en el ámbito del conflicto de clases.
Si bien el movimiento obrero ecuatoriano ya había perdido su protagonismo político en el transcurso de los años 80, la ruptura de determinadas centrales sindicales con el régimen ha hecho que en varios sectores haya organizaciones de trabajadores que han retomado cierto dinamismo y protagonismo social.

En la actualidad, fruto de las agresiones gubernamentales sobre los funcionarios públicos, hay acciones dirigidas a construir en el ámbito del sindicalismo crítico una Unión Sindical del Sector Público. Esta nueva estructura sindical pretende agrupar a los sindicados de la administración pública sin discriminación y hacerle frente a la ofensiva de los despidos masivos y la conformación de un nuevo sindicalismo oficialista y no combativo. Por otro lado se desarrollan acciones también dirigidas a unificar sindicatos con el fin de construir una Central Unitaria de Trabajadores. Los sindicatos que mayor incidencia están teniendo en esta propuesta son CEDOCUT y UGTE.

Movimiento ambientalista

Históricamente el modelo de desarrollo dirigido a la explotación de los recursos naturales se ha convirtió en generador de conflictos socio-ambientales. Esta realidad tiene como característica común la degeneración de dinámicas y tejidos sociales locales dado el tipo relación impuesta entre empresa y comunidad, con marcada ausencia del Estado en los territorios afectados, así como los problemas ambientales derivados de la actividad extractiva en dichos territorios, los cuales son sufridos por las poblaciones locales.

Los conflictos socio-ambientales involucran a compañías extractivas, Estado y actores sociales. Entre estos últimos cabe distinguir tres grupos: indígenas, campesinos colonos y organizaciones ambientalistas. A medida que se fortalece la capacidad de organización y movilización de estos actores, se conforma un complejo sistema de alianzas que desde la ética política cumple con la función de legitimación social de la lucha.
De esta manera, mientras el Estado valoriza el derecho público nacional a través de interpretaciones forzadas de los contenidos normativos de la Constitución y las leyes de protección del ambiente; la acción de las empresas valoriza el derecho privado y el libre mercado;y las organizaciones sociales –comunitarias, ambientalistas e indígenas- valorizan el derecho internacional, los derechos colectivos y el Buen Vivir.

En este tablero de juego encontramos dos tipos de alianzas entre los actores implicados. Por un lado, el Estado y las empresas extractivas, buscando el primero sacar provecho de sus recursos, mientras los segundos buscan la obtención de ganancias y ampliación de su área de influencia. Por otro, las organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas, articulan lógicas de protección ambiental, respeto a las comunidades y autodeterminación.
Citando a Marx y haciendo alusión a la histórica extractiva del Ecuador, cabe recordar que “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”.[2]

En todo caso, no podemos definir la existencia de un movimiento social organizado en torno a la temática ambiental en el Ecuador. Sin embargo, la conflictividad socio-ambiental cada vez es más relevante a nivel nacional consecuencia de las políticas neo-desarrollistas del régimen correísta.
Las luchas sociales entorno a la problemática ambiental en los diferentes territorios del país son cada vez mayores. Sin embargo, es necesario señalar, que hasta ahora no existe más conexión entre ellas que la presencia generalizada de la CONAIE en estos conflictos y de alguna que otra organización ambientalista, careciéndose de una coordinadora que agrupe a las organizaciones sociales y políticas de carácter nacional y local que pelean por la defensa de los derechos de la Naturaleza.

El hecho de que hasta ahora la mayor parte de los conflictos socio-ambientales se dan en territorio amazónico, responde a que es en la Amazonía donde se encuentran la mayoría de los recursos naturales que están siendo extraídos por transnacionales y compañías estatales, y que en este territorio se da la existencia de alto índice de población indígena, biodiversidad y ecosistemas altamente sensibles y actores políticos no favorables a las posiciones gubernamentales.
El gobierno nacional ha ido desarrollando en los últimos cinco años estrategias con el fin de doblegar a las poblaciones locales a sus intereses, generando clientelismo en territorios y comunidades donde esta práctica política ha formado parte de su historia. De igual manera el Estado ha impulsado políticas rupturistas al interior de las resistencias al proyecto neo-desarrollista, bajo la promesa de brindar apoyos para el desarrollo territorial y repartir los excedentes. Los excedentes petroleros se calculan en este momento sobre los 318 millones de dólares y en el caso del Proyecto Mirador –explotación minera recientemente concesionada a la transnacional ECSA bajo control chino- se ha negociado el anticipo de regalías por un valor de 100 millones de dólares, las cuales serán utilizados con idéntico fin.

Movimiento estudiantil

Aunque su protagonismo social se da en la década de los 70, en la actualidad se mantienen dos estructuras de notable potencialidad: la FESE como representante de los estudiantes de secundaria y la FEUE en el ámbito universitario.
Ambas estructuras estudiantiles han sido fuertemente golpeadas por el oficialismo en los últimos años, aunque mantienen una importante capacidad de movilización, estando sus organizaciones más importantes en la órbita política del MPD.

En términos generales, los movimientos juveniles, ya sean de estudiantes o no, se mantienen como la base para el reclutamiento de militantes activos, con capacidad de articulación común y manejo de Tecnologías Información y Comunicación, y relaciones con movimientos antiglobalización de otras partes del planeta.
El actual proceso de reformas en el sistema educativo y la enseñanza superior hace que esté por verse como se reformulará la capacidad de acción de estas organizaciones. Sin embargo, aun es constatable su capacidad de acción y visibilización, tanto en las temáticas que abarcan estrictamente a su sector como en otro tipo de reivindicaciones de carácter más general.

Movimiento indígena

Partimos de la premisa que a pesar de la crisis que atraviesan las organizaciones indígenas, este sigue siendo el movimiento social más importante del país, y su centralidad es claramente identificable como eje sobre el cual orbitan otras múltiples organizaciones sociales de índole diversa.

El desencuentro entre el régimen correísta y la CONAIE (principal organización del movimiento indígena) se agudizó a partir de la aprobación de la Ley de Minería, lo cual sumado al conflicto en torno a la Ley del Agua, supuso el desenlace de múltiples movilizaciones sociales en los últimos tres años.
En la Sierra Central se visualiza con claridad la existencia de movimientos impulsados desde el gobierno que buscan la división en la ECUARUNARI, columna vertebral de la CONAIE, a través de la captación de líderes históricos y políticas clientelares aplicadas sobre determinadas comunidades.
De forma paralela, la firma de conflictivos convenios de pax social entre el Ministerio Coordinador de la Política y determinadas organizaciones amazónicas muestran la capacidad de incidencia gubernamental sobre algunos dirigentes locales. La gravedad del asunto gira en torno al distanciamiento entre determinadas dirigencias y sus bases, lo cual genera un problema serio para la debida articulación del movimiento indígena en la Amazonía.
Por su parte, la CONAICE (organización indígena de la Costa) posicionada a favor del diálogo con el Gobierno, plantea los Planes de Vida de sus comunidades como la base para el diálogo institucional. Sin embargo hasta la fecha las cuatro nacionalidades (Awas, Eperas,Tsachilas y Chachis) al igual que los tres pueblos (Manta, Huancavilcas y Pucros) que componen la organización no tienen desarrollados dichos planes de vida, limitándose estos hasta el momento al esbozos de líneas teóricas.
A pesar de lo anteriormente descrito, algunos elementos han de considerarse como fortalecedores del momento actual que atraviesa la CONAIE.

Por un lado, la CONAIE se ha involucrado de forma activa en la reconstrucción de una coordinación a nivel nacional de las diferentes luchas emprendidas desde los sectores sociales, condición que dio origen a la exitosa movilización desarrollada entre el 8 y el 22 del pasado mes de marzo. También es destacable la involucración de esta organización en elementos de naturaleza diversa vinculados a aspectos que van más allá de lo que estrictamente podríamos considerar problemáticas del mundo indígena. Un posicionamiento fuerte ante la Onceava Ronda de Negociación Petrolera, la cual tendrá afectación sobre el 100% del territorio de los Andoas, 100% del territorio de los Záparas, 100% del territorio de los Shivias, 93% del territorio de los Achuar, 73% del territorio de los kichwas amazónicos y el 38% del territorio de los Shuar.
La elaboración de una propuesta coherente de Ley de Tierras, contemplando en ella no solo el acceso a esta, sino también el derecho territorial. La reconstitución de los territorios de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, lo que colateralmente significa también recuperar la iniciativa en materia de Circunscripciones Territoriales Indígenas, iniciativa actualmente en manos del ECORAE con escasos avances hasta el momento -a esta iniciativa se incorpora también la CONAICE, posicionando el tema de los CTI también en la Costa-. Reposicionamiento desde los territorios de las reivindicaciones en materia de lengua, cultura y demás derechos asociados. Planteamiento de la nacionalización de las tierras, hay mucho capital extranjero en las tierras ecuatorianas, debate que hasta el momento brillaba por su ausencia. Y recuperación de la iniciativa en torno a Ley de Aguas, situación quedó paralizada tras las movilizaciones del 2009.
La incorporación de organizaciones como la FEINE a la movilización del pasado 22 de marzo en Quito y generación de una agenda común con la CONAIE, así como el descontento generalizado en la FENOCIN consecuencia de la inacción gubernamental en materia de reforma agraria, permiten un panorama alentador para la rearticulación ya en marcha del principal movimiento social ecuatoriano.

Conclusiones

La movilización social es un proceso de organización social que se realiza a través de formas múltiples y mecanismos varios, que busca objetivos plurales, resignificando socialmente las instituciones, los sujetos y la democracia participativa. La movilización en la práctica es la única forma efectiva de participación para diversos sectores sociales, ciudadanía y sus representaciones sociales. Sin movilización estos sectores carecen de mecanismos efectivos para intervenir en aquellos asuntos de los cuales venían siendo excluidos.
Desde esa perspectiva, para un gobierno revolucionario, propiciar condiciones para la movilización social y política de los sectores organizados de la sociedad, debería ser un objetivo institucional en la búsqueda de conformar mayores niveles de autonomía, organización y participación de la población.
Lejos de esta visión, el correísmo se ha caracterizado por domesticar organizaciones sociales, anulando su capacidad de movilización, entendiendo esta como un elemento de desestabilización política.
El resurgimiento de la movilización social aparece como un elemento de presión política a la izquierda del gobierno, lo cual es una novedad en la actual etapa política ecuatoriana. Los movimientos sociales, en especial la CONAIE, han hecho una relectura del contexto político nacional, reformulando sus estrategias de intervención. Se pasa del corte de carreteras y de las acciones locales ha protagonizar movilizaciones en la capital del país, desarrollando estrategias que tienen como objetivo posicionar en el debate nacional los ejes de lucha.
La construcción de una agenda conjunta por parte de los movimientos sociales, tal como es el mandato plurinacional nacido de la Marcha por la Vida, 19 puntos que abarcan desde la oposición a la megamineria hasta el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, hace que estos actores recuperen la esencia de su rol social.
Que el polo político de izquierdas que se está construyendo en torno a la Coordinadora Plurinacional entienda adecuadamente cual es el rol de los movimientos sociales, con la finalidad de no repetir errores del pasado y superar los recelos que puedan existir en estos espacios a ser nuevamente instrumentalizados por poder político, es también fundamental. Esta condición toma especial importancia en un momento político que es coincidente con un período pre-electoral.

La construcción de contrapoder es fundamental para impedir las consecuencias históricas que para el Ecuador ha constituido el uso y abuso del poder. El objetivo central del proyecto político correísta es el monopolio de la vida política, lo cual le ha llevado a pasar de la utilización instrumental de lo popular al desprecio y control sobre todo tipo de articulación social. Para Gramsci, hegemonía es una composición de dominación y dirección, lo cual significa presencia ideológica en la sociedad y el Estado, así como el control sobre la dirección económica (control de los medios de producción). Sin embargo, el correísmo confundió hegemonía con el monopolio de la vida política, si en algún momento se logró lo segundo, está lejos de construir una nueva hegemonía.
En la medida en que Alianza PAIS se ha constituido en máquina electoral y agencia de colocación para sus afiliados en las estructuras del Estado, la organización dejó de ser un espacio de elaboración de un proyecto político en el seno de la sociedad, careciendo de espacios de debate y generación de participación política. En la actualidad el correísmo más que generar debates importantes en la sociedad, los intenta obstruir, tal y como es el caso de la minería a gran escala o el Buen Vivir como elemento de superación del concepto convencional de desarrollo.

El actual momento político que se vive en el planeta ha abierto un debate acerca de la necesidad de transformar las estructuras políticas en organizaciones programáticas, realmente democráticas y no meramente en instituciones cuyo objetivo fundamental es la perpetuación en el poder como un fin en sí mismo. En ese sentido retoma actualidad, si es que alguna vez la perdió, las estructuras sociales como elementos superadores de los partidos políticos estrictamente electorales.

Bajo este criterio, se puede afirmar que sin movilización social no habrá profundización y radicalización en los procesos de cambio, esto se demuestra claramente en la falta de transformaciones estructurales en el modelo de acumulación: en la actualidad, los grupos económicos poderosos nunca estuvieron mejor, y en todo caso los sectores más excluidos nunca estuvieron menos mal.
El rol de los movimientos sociales en la actualidad es constituir contrapesos ideológicos a un modelo socioeconómico que a pesar de sus logros sociales, reproduce y expande un modelo ideológico lesivo respecto al principio del Buen Vivir, los derechos de la Naturaleza y la democracia radical.

…la terminal de Balao en la provincia de Esmeraldas. Poco después, trasladó en un blindado el primer barril de petróleo por las calles de Quito, desde la Plaza Grande hasta el Templete de los Héroes del Colegio Militar Eloy Alfaro. [1] Fue, sin lugar a dudas, una alegoría pintoresca de la inauguración de una nueva época de prosperidad y desarrollo. El petróleo fue presentado así como la promesa del fin de las tribulaciones para un país que históricamente había dependido casi exclusivamente de la producción agroexportadora.

Hoy el gobierno del presidente Rafael Correa se apresta a inaugurar la megaminería en Ecuador. Este lunes 5 de marzo firmará el primer contrato para explotación de minería metálica a gran escala en la historia del Ecuador. Lo hará luego de llegar a un acuerdo con la compañía de capital chino ECSA, que explotará cobre en el proyecto Mirador a pesar de la oposición mayoritaria de la población del cantón El Pangui en la provincia de Zamora Chinchipe. Según el ministro de recursos naturales Wilson Pastor, el Estado ecuatoriano recibirá de un seis a ocho por ciento de las regalías de la producción, dependiendo del precio del cobre en el mercado mundial.

En la antevíspera de la firma, durante la cadena sabatina del día sábado 3 de marzo el presidente Rafael Correa afirmó que para el país “tener petróleo no es una maldición.” Desconociendo que incluso el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, habla de “la maldición de los recursos” [2] , arremetió -sin nombrarlos-, en contra de “algunos intelectuales que dicen que el petróleo es una maldición”. Para concluir sabiamente que “cualquier cosa mal utilizada es una maldición. […] Si vienen los turistas a corromper a nuestra gente, a juegos de azar, a transmitir malas costumbres a nuestra gente, el turismo sería una maldición”. [3]

Con esta afir mación, Correa reiteró su vocación extractivista formulada una y otr a vez a lo largo de su gobierno. En junio del 2010 ya había manifestado algo similar en una cita presidencial del ALBA (a la que asistieron sus homólogos de Venezuela, Hugo Chávez, y de Bolivia, Evo Morales) [4] : “No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro porque nos mantiene en la pobreza, el retraso y nos inmoviliza. Hay que desarrollar el potencial extractivo.”

El petróleo preparó la “larga noche neoliberal” [5]  

Para impulsar esta nueva etapa de la larga historia extractivista del país, el gobierno de la “revolución ciudadana” cuenta con el apoyo del capitalismo global chino del cual espera mucho. Algunas semanas antes, el 16 de febrero, en entrevista con la prensa extranjera, el presidente Correa declaró que no existe límite para el endeudamiento con China: “mientras más nos puedan prestar, mejor. Lo que necesitamos para el desarrollo es financiamiento y lo que más tenemos son proyectos rentables. Lo importante son las tasas y el plazo, si me prestan a largo plazo el límite es inexistente, a corto plazo es otra cosa (…) Somos complementarios con China, ellos tienen exceso de liquidez y escases de hidrocarburos, nosotros tenemos exceso de hidrocarburos y escases en liquidez. China financia a Estados Unidos, y pudieran sacar del subdesarrollo a Ecuador”. [6]

Son palabras que nos remiten de manera ineludible a los inicios de la etapa petrolera. Desde la segunda mitad de la década de los años setenta del siglo XX y en plena dictadura militar, la gran disponibilidad de recursos financieros en el mercado mundial (hoy existentes particularmente en China), incentivó un proceso de “endeudamiento agresivo”. Este proceso sentó las bases para la posterior crisis de deuda externa, sobre la que construyó “la larga noche neoliberal.” Entonces también se creía que las posibilidades de endeudarse no tenían límites.

Ni cortos ni perezosos, los organismos internacionales de crédito y la banca transnacional vieron que gracias al petróleo, el Ecuador podía ser un excelente sujeto de préstamos. Ofertaron préstamos a intereses bajos en medio de una fuerte crisis del sistema económico mundial capitalista. La dictadura militar endeudó alegre e indiscriminadamente al país, al mismo tiempo que, en la Amazonía norte, la actividad de empresas petroleras como la Texaco y la Gulf, destruían el medio natural, la salud y la vida de miles de indígenas y colonos.

Para 1981 las condiciones habían cambiado sustancialmente. La deuda externa había crecido exponencialmente desde mediados de la década de los setenta, a más de seis mil millones de dólares. Los intereses de los créditos internacionales se habían, así mismo, cuadriplicado por diversos factores. Paradójicamente, el Ecuador comenzó a requerir créditos para pagar los intereses de los préstamos previos. Iniciaba así, en plena transición a la democracia, “la crisis de la deuda”.

Como médicos sorprendidos por una enfermedad inexplicable, para contrarrestar los efectos de la crisis los organismos internacionales de crédito impusieron a la mayoría de países latinoamericanos un cumulo de medidas de ajuste estructural, recetario que luego se conoció como El Consenso de Washington. De esta manera el Ecuador pasó de las dictaduras militares a la dictadura económica del neoliberalismo. El resto, como dicen, es historia.

Del jurásico petrolero a la megaminería a gran escala

El petróleo no logró transformar la matriz económica nacional. Por el contrario, la sumió en la más abyecta dependencia. Desde que en 1972 se iniciara el boom y la promesa de desarrollo, han transitado por el poder más de 14 gobiernos diferentes incluido el actual. Todos y cada uno de aquellos gobiernos, militares, demócrata populares, social cristianos, social demócratas, conservadores, populistas, tecnocrático neoliberales y correista, han coincidido de manera casi exacta en el mismo discurso sobre el uso de los recursos naturales.

De hecho, el actual ministro de recursos naturales del gobierno de Correa tiene una larguísima trayectoria y experiencia petrolera, desde finales de los setenta y a lo largo de todo el periodo neoliberal. Ha sido director técnico del Instituto Nacional de Energía en 1978; subgerente de Planificación de la extinta CEPE (hoy Petroecuador) entre 1979-1980 ; asesor en el Congreso Nacional, en Petróleo y Minería, 1981-1983; asesor del contralor general el Estado en Contratación Petrolera y Comercialización externa, 1983-1984; coordinador general de la Unidad de Contratación Petrolera, 1984-1987.

Cansa, por lo extenso, leer el currículum color negro petróleo del ministro de recursos naturales de la “revolución ciudadana”: fue consultor del Banco Mundial 1987-1988 ; gerente financiero de Texaco, Operadora del Consorcio CEPE-TEXACO 1988-1990; gerente general de PETROAMAZONAS, operadora que heredó el puesto del consorcio CEPE-TEXACO, 1990-1992; coordinador general de la Unidad de Contratación Petrolera de la Séptima Ronda de Licitaciones, 01/10/93-31/02/95; presidente ejecutivo de Petroecuador 08/12/99 – 27/02/2000; gerente de Operaciones de CPEB, filial de China Nacional Petroleum Corporation (CNPC), 09/01/2001 – hasta 13/01/2007. Y antes de asumir el Ministerio, gerente de la estatal Petroamazonas, que heredó el Bloque de la Oxy.

¿Por qué la revolución de las mentes lúcidas, las manos limpias y los corazones ardientes no podía prescindir de los servicios de tan experimentada figura?

Se ha colocado en las manos del ministro Pastor la firma del acuerdo que dará inició a un nuevo boom minero, bajo la misma promesa sempiterna de desarrollo. Esta vez prometen que no será igual, que a diferencia de los 13 gobiernos anteriores de la dictadura y la partidocracia que decían lo mismo, ahora los recursos naturales si están en buenas manos. En las manos de dinosaurios del jurásico, vertebrados saurópsidos de cráneo diápsido, que han sido vistos para curiosidad de la ciencia moderna, anidando en las altas cumbres del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y del Palacio de Carondelet.

Como consecuencia de su primitiva naturaleza extractivo capitalista, aquellos especímenes de fauna terrestre no quieren aceptar que la dependencia de combustibles fósiles y la explotación de minerales, no representan ninguna alternativa sostenible de desarrollo para la mayoría de primates sapiens del mundo ni para aquellos ecuatorianos que tuvimos la gentileza de entregarles el voto, pensando que esta vez sí iban a realizarse transformaciones estructurales.

Sin embargo, la llegada de la megaminería ha despertado el entusiasmo en círculos empresariales. El banquero Guillermo Lasso –potencial candidato de la otra facción de la derecha que no está en el gobierno-, reaccionó con pre cámbrico júbilo en su cuenta de Twitter este primero de marzo, diciendo que la firma del contrato es una buena noticia para el país.

A los saurios, indiferentes y prepotentes como son, poco les ha importado esto o que la minería a gran escala, por ejemplo, esté catalogada como la actividad más contaminante del mundo. O que el proyecto Mirador en concreto generará al menos 326 millones de toneladas de desechos, el equivalente a cuatro cerros como El Panecillo de Quito, y un volumen cercano a la recolección de basura de Guayaquil durante 405 años [7] .

Albert Einstein afirmaba que la locura es “hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”. El presidente Correa no está loco. De eso estamos seguros. Pero también sabemos que no es una simple coincidencia que entre los sectores más complacidos con el inicio de la minería a gran escala impulsada por su gobierno, estén las élites económicas.

En cualquier caso desde este ocho de marzo indígenas, campesinos, mujeres, estudiantes y trabajadores, iniciarán la marcha de la lucha por el agua, por la tierra, por la vida. Seres humanos que se fundirán lentamente como gotas de agua de lluvia a un largo y hermoso río, cuyo rumor anuncia ya la superación de la inviable era prehistórica del desarrollismo capitalista post neoliberal, así como la presencia, cada vez mayor, de una nueva modernidad alternativa consciente, post capitalista y post autoritaria.

[1] Se puede ver el video en http://www.youtube.com/watch?v=6Ydam6r7–4

[2] Stiglitz, Joseph, Cómo hacer que funcione la globalización, Taurus, Madrid, 2006.

[3] http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=168344&umt=tener_petroleo_no_es_una_maldicion_para_pais_asegura_primer_mandatario

[4] http://noticias.terra.com/noticias/correa_critica_al_movimiento_indigena_de_ecuador_en_cumbre_del_alba/act2392787

[5] En el año 1993, se publicó un libro con este título en la editorial ICARIA, Barcelona: La larga noche neoliberal – Políticas económicas de los 80.

[6] http://www.ecuadorenvivo.com/2012021786631/economia/el_endeudamiento_con_china_no_tiene_limite_y_es_necesario_para_el_pais_dice_correa.html

[7] William Sacher y Alberto Acosta, ¿Puede ser sustentable la minería?, Observatorio de conflictos mineros de América Latina, (agosto de 2011), www.conflictosmineros.net/contenidos/12-ecuador/8199-ipuede-ser-sustentable-la-mineria

Autor: Doctorante en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del seminario permanente de investigación “Anclajes prefigurativos de una modernidad post-capitalista” de la misma universidad. Ex articulista invitado de diario El Telégrafo, autor de “El Cascabel del Gatopardo. El gobierno de la revolución ciudadana y el movimiento indígena”, tesis de maestría publicada por Flacso-Ecuador y miembro del consejo editorial de www.vamosacambiarelmundo.org. El autor desea agradecer a David Jarrín y Alberto Acosta por los comentarios a este texto.

Coordinación de la serie Los perversos versos de la minería: Carlos Zorrilla, William Sacher, Pocho Alvarez, Alberto Acosta

Responsabilidad de los textos: cada autor o autora

Aunque quiero señalar también que en mi opinión este libro queda inconcluso. Los acontecimientos de los últimos meses exigen que al autor ampliar y actualizar los contenidos de su obra, ahora sí, libre de corsets universitarios y dogmas académicos.

El conflicto en las relaciones entre la llamada “revolución ciudadana” y el movimiento indígena ecuatoriano esta lejos de terminarse y su resolución si es que la tiene, lamentablemente también está lejos de llegar.

En mi intervención me voy a limitar a hacer referencia a los orígenes de los procesos “progresistas” existentes hoy en América Latina, señalando cuál es la esencia de su desencuentro con el movimiento indígena más allá de lo que sucede estrictamente en el Ecuador.

Partimos de que la propuesta para la construcción del Socialismo del Siglo XXI proviene del presidente Hugo Chávez, quien auspicio desde finales de los 90 un proceso confuso que poco a poco fue tomando forma y radicalizándose, especialmente a partir del intento de golpe de Estado de 2002, bajo el término de “Revolución Bolivariana”.

Concretamente el término de Socialismo del Siglo XXI adquiere difusión en 2005 en el V Foro Social Mundial por boca del propio presidente Chávez, quien en ese evento desarrollado en Porto Alegre -que ya empezaba a ser muy cuestionado por el control del PT brasileño sobre un espacio construido originariamente desde los movimientos sociales- lanzó las consignas para avanzar en su construcción en América Latina.

Esta cosa del Socialismo del Siglo XXI, que nadie sabe muy bien lo que es, había sido puesto en circulación por el sociólogo y analista político alemán Heinz Dieterich. Él, por cierto, pasó de ser considerado como una de las figuras más sobresalientes de la Nueva Escuela de Bremen de sociología y pensador con incidencia en Venezuela a ser vapuleado posteriormente por el proceso bolivariano a mediados de la pasada década por sus contradicciones y desencuentros con el chavismo. Es de recordar en este aspecto que fue el hoy encarcelado ex-general y ex-ministro Raúl Baduel quien escribiera el prefacio del libro de Dieterich “El socialismo del siglo XXI”, titulándolo “Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI”.

Dieterich había elaborado unos esbozos ya 1996 sobre esta cosa del Socialismo del Siglo XXI, definiendo que se basaba en cuatro ejes o principios fundamentales:

– Desarrollismo democrático regional

– La economía de equivalencias

– La democracia participativa

– Y el desarrollo de organizaciones de base

Sin entrar a valorar los contenidos de este ideólogo venido a menos, la cosa es que al final, las lógicas de Dieterich posicionan para el Socialismo del Siglo XXI la necesidad de un reforzamiento radical del poder estatal el cual debe ser democráticamente controlado por la sociedad para avanzar hacia el desarrollo. Dieterich no se planteó que modelo de desarrollo ni que opciones diferenciadas al desarrollo convencional deberían plantearse desde una visión alternativa al capitalismo neoliberal. Olvidó de hecho que los modelos de desarrollo establecidos en la práctica por el “socialismo real” durante la Guerra Fría significaron entre otras cosas que las capitales europeas más contaminadas en Europa se encontraran al otro lado del Telón de Acero, caso de Bucarest entre otras.

Volviendo a la Revolución Bolivariana, el presidente Chávez había señalado a mediados del 2006 que para llegar al Socialismo del Siglo XXI había que pasar por una etapa de transición que denominó “Democracia Revolucionaria”. El presidente Hugo Chávez diría en esas fechas: “Hemos asumido el compromiso de dirigir la Revolución Bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad”. Para el comandante en jefe del proceso bolivariano ese socialismo no estaba predefinido, carecía de hoja de ruta: “debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada día”.

Años antes, en un Aló Presidente en el 2003, el mandatario venezolano presentaba una propuesta de Socialismo del Siglo XXI bajo la directriz de Guilio Santosuosso, el autor del libro “Socialismo en un paradigma liberal”. Para Santosuosso, el mundo se encuentra en curso de una extensa realineación ideológica, consecuencia del cambio de paradigma en la economía mundial; el viejo modelo estaba moribundo, pero que todavía no habían aparecido los nuevos criterios que permitirán la realineación conceptual.

En resumen, Santosuosso había llegado 70 años después que Gramsci a la misma convicción: “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”.

Para contribuir a la búsqueda de esta “necesaria” realineación conceptual, Santosuosso se proponía releer la historia de la economía política con el fin de superar una suerte de confusiones conceptuales existentes en los ámbitos de la disciplina económica y política: la primera, desarrollada en el transcurso de los últimos doscientos, por la cual se identificó al capitalismo con el liberalismo; la segunda, ocurrida en los últimos cien años, por la cual se identificó al socialismo con el estatismo.

Su tesis, asumida y expuesta en el Alo Presidente, indicaba entonces que el camino más directo para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria pasaba por una alianza entre el socialismo y el liberalismo, una vez que el socialismo dejase atrás al estatismo y el liberalismo hiciera lo mismo con el capitalismo.

Esta “empanada mental” o “tuttifrutti” ideológico, evidenciaba al fin y al cabo, sencillamente el hecho de que el 9 de noviembre de 1989 a toda la izquierda tradicional y en gran parte a la no tan tradicional, le había caído en la cabeza alguna de las múltiples piedras desprendidas del derrumbe del Muro de Berlín. Esta circunstancia implicaba la necesidad de que la izquierda se reinventase política e ideológicamente, y es en ese contexto en el cual se inaugura un nuevo ciclo político en el continente.

Como indicaba con anterioridad, Hugo Chávez gana las elecciones en 1998 en Venezuela con el Movimiento Quinta República asumiendo la Presidencia en 1999. El exdirigente sindical Lula da Silva las gana en Brasil en 2002 con el Partido de los Trabajadores -el partido de izquierdas más importante de América Latina- invistiéndose como presidente del país más importante de Sudamérica en 2003, no sin antes haber moderado paulatinamente su programa electoral elección tras elección desde 1989 cuando perdió ante el corrupto Fernando Collor de Melo. Nestor Kirchner quien lideraba el Partido Justicialista asume la presidencia argentina en 2003 TavaréVazquez hace lo mismo en Uruguay en marzo de 2005 tras la victoria electoral del Frente Amplio. Evo Morales ganaba las elecciones presidenciales con el MAS en diciembre de 2005 asumiendo la presidencia de Bolivia en 2006. Michelle Bachelet se posicionaba como presidenta de Chile con la Concertación Nacional (aliada con la derecha demócrata cristiana de antecedentes golpistas) en marzo de 2006,.Rafael Correa con Alianza PAIS ganaba en Ecuador en 2006 y asumía la presidencia de la República en enero del 2007. Daniel Ortega procedía de igual manera ya avanzado el 2007 tras ganar con un, políticamente desconocido, Frente Sandinista de Liberación Nacional, el cual poco tenía ya que ver con el FSLN que lideró el proceso revolucionario de los 80. Fernando Lugo se posicionaba como primer mandatario en Paraguay en 2008. La última estrella de este firmamento llegaría con Ollanta Humala, quien ganaba con Gana Perú las elecciones en abril del año pasado.

En resumen, en poco más de diez años la Periferia más cercana al Centro se transformaba políticamente en el referente mundial para una izquierda tradicional en “coma profundo” en los países del Primer Mundo.

Son varios, aunque cada vez menos, los presidentes y regímenes políticos latinoamericanos que asumen como discurso político el referente del Socialismo del Siglo XXI. En el caso del Ecuador en concreto, el presidente Correa no solo lo asume, sino que pretende erigirse como uno de sus máximos precursores a nivel mundial. A pesar de ello, todos y cada uno de los funcionarios públicos con rango de ministros que son preguntados en el Ecuador por esto del Socialismo del Siglo XXI son incapaces de definir políticamente de que se trata el invento, y el propio mandatario ecuatoriano utiliza el término solo de forma habitual cuando entra en campañas electorales pretendiendo con ello “ganar la posición”, utilizando un término deportivo, en el campo de la izquierda ecuatoriana.

Hoy, a cuenta de que se quiere construir el “Socialismo del Siglo XXI”, se pretende echar por la borda algunos de sus elementos básicos. El presidente Correa incluso ha llegado a afirmar que el socialismo del siglo XXI ya no tiene nada que ver con la lucha de clases… Qué diríamos si un meteorólogo quiere predecir el tiempo sin tomar en consideración el viento.

¿Pero qué son al fin y al cabo estos gobiernos? No más que los hijos de la lucha contra el ALCA y los hijos de la lucha contra el neoliberalismo en América Latina.

Nacen en el marco de una crisis multifacética, donde se combinan como diría el sociólogo valenciano José María Tortosa, cinco crisis: la alimentaria, la económica financiera, la ambiental o ecológica, la energética y la crisis política. Son el fruto de una herida de muerte del neoliberalismo en el continente, son el fruto de una crisis sistémica.

¿Pero quiénes son los actores que dan el “jaque mate” al neoliberalismo? Una vez más la respuesta es sencilla, son los movimientos sociales latinoamericanos expresados en las luchas por el agua en Cochabamba en Bolivia, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, el movimiento indígena en Ecuador desde el levantamiento del Inti Raymi en 1990 o el movimiento piquetero en Argentina que nace en los 90 cuando desarrollaron sus primeros piquetes como protesta a los despidos de trabajadores de YPF en la ciudad neuquina de Cutral-Có, donde la casi totalidad de la población dependía de esta extractiva para su supervivencia, por citar tan solo algunos episodios de lucha y resistencia popular en el subcontinente.

¿Qué se ignoró entonces desde los nuevos gobiernos progresistas latinoamericanos para que hayamos vivido un fenómeno de distanciamiento tan rápido entre la izquierda burocratizada en el poder gubernamental y los movimientos sociales en general, en especial con respecto al movimiento indígena?

Se ignoró de forma intencionada que el surgimiento del movimiento indígena latinoamericano es quizás uno de los elementos más transformadores de la realidad latinoamericana contemporánea. Que dicho movimiento indígena asumió una dimensión regional y se dotó de un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos a escala internacional. Y que dicho movimiento explica, en muchos casos, por ejemplo en Ecuador, que se haya podido configurar los gobiernos considerados como progresistas.

En el caso andino, además, el movimiento indígena pasó hace años de ser un movimiento de resistencia a desarrollar estrategias de lucha por el poder, situación que en el caso ecuatoriano recoge en parte el libro de Mateo Martínez y que en el caso boliviano es una evidencia que no necesita más comentarios, a pesar de las rupturas que se viven en dicho país.

Desde la crítica y ruptura con la visión eurocéntrica, sus lógicas y modelo de modernidad, el movimiento indígena latinoamericano se posicionó como fenómeno de matriz civilizatoria, recuperando los legados de civilizaciones originarias para reelaborar las parte de las diferentes identidades existentes en el subcontinente. Desde el movimiento indígena, con sus correspondientes crisis internas, expresadas de diferentes maneras en cada uno de los países donde tienen realidad, se plantea el rescate de todas las formas de conocimiento y producción de saberes que han convivido y resistido a la larga noche colonial vigente hasta nuestros días y posteriormente al Imperialismo en la Región. Sus organizaciones se extienden a través de la Cordillera de los Andes y aledaños por territorios y países como Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador o Perú; con singular importancia política en varios de ellos.

Pero mas allá del fenómeno andino, un elemento fundamental en la reconfiguración de las izquierdas alternativas al post-stalinismo en todo el planeta, fue surgimiento el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (que aparece públicamente en 1 de enero de 1994 con la toma de San Cristobal en Chiapas, el mismo día por cierto que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Ese reactualizado zapatismo, que se configuraba con inspiración política en la vieja lucha de Emiliano Zapata por la Tierra y la Libertad, el marxismo y el socialismo libertario, se constituyó bajo el objetivo de subvertir el orden hegemónico y construir una sociedad más justa en México. En resumen, se planteaba una forma diferente de llegar al “socialismo”, la que ha sido despreciado por la izquierda institucional una vez más de manera intencionada y posiblemente por temor a un proceso que aunque se configuraba como más auténtico era de difícil control por parte de las élites políticas de la izquierda –que “haberlas haylas”-.

¿Entonces cuál es el problema fundamental entre el Socialismo del Siglo XXI o los gobiernos “progresistas” latinoamericanos y el movimiento indígena en general?

Básicamente tres:

– La demanda por parte del movimiento indígena de un Estado plurinacional. Frente a este reclamo histórico la izquierda tradicional evidenciasu incapacidad para entenderlo y construirlo más allá de lo que expresen algunas de nuestras más jóvenes constituciones. Hablar de Estado plurinacional es hablar de poner en cuestión el Estado-nación y con ello la tradición política occidental en América Latina. La izquierda convencional e institucional está muy lejos de ni siquiera “olfatear” de qué se trata esto.

– El posicionamiento del movimiento indígena en defensa de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra. Esto genera un conflicto de raíz con la izquierda convencional latinoamericana dado que estos gobiernos “progresistas” basan su desarrollo sobre lógicas extractivistas -ese es precisamente el punto de encuentro con el capitalismo y el neoliberalismo-.

– Las demandas del movimiento indígena sobre los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de los pueblos como principio fundamental; algo que ni entendió el modelo soviético, ahí están los ejemplos de Chechenia y otras ex repúblicas de la extinta URSS. Y por acercarnos a la realidad latinoamericana, tampoco se entendió por el sandinismo en los 80, de ahí sus conflictos con los indios miskitos de la Costa Atlántica de Nicaragua, situación que permitió que la “Contra” generará bases de apoyo en ese territorio.

A parte de éstas, otras demandas indígenas también son de difícil comprensión para las políticas neodesarrollistas de los gobiernos “progresistas” latinoamericanos. Entre ellas destacan: la reivindicación del respeto a las diversas espiritualidades desde lo cotidiano y lo diverso; la extinción de toda dominación o discriminación racista o etnicista; las decisiones colectivas sobre la producción, los mercados y la economía; la descolonialidad de las ciencias y las tecnologías; y la reivindicación de una nueva ética social alternativa a la del mercado.

En suma, los gobiernos “progresistas” terminan siendo neodesarrollistas. Con lo que, más allá de las declaraciones constitucionales, en Ecuador y en Bolivia, están en esencia en contra del Buen Vivir o sumak kawsay. Propuesta civilizatoria que emerge desde la periferia de la periferia, no como una alternativa de desarrollo, sino como una alternativa al desarrollo. De plano el Buen Vivir cuestiona “el tradicional concepto del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento económico, así como sus múltiples sinónimos”, como afirma el académico ecuatoriano Alberto Acosta, compañero de panel esta tarde en FLACSO.

La gravedad de este asunto se basa en que todos estos principios son fundamentales para la convivencia humana; el respeto a las diferentes culturas, pueblos y nacionalidades; y conceptos fundamentales a la hora de construir una nueva forma de hacer política que inevitablemente pasa por una redefinición o por decir refundación de la izquierda política y social.

A todo esto debe añadirse que es precisamente el movimiento indígena el mayor defensor de algo que a Karl Marx se le olvidó cuando definió la Ley del Valor hace más de 160 años…, la destrucción del planeta a la que estamos abocados bajo el actual modelo de desarrollo. Aunque más que un modelo de desarrollo, mejor sería hablar de una civilización en esencia depredadora y explotadora: el sistema capitalista. Un sistema que, como indica Bolívar Echeverría, “vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida”.

Es por ello que hoy los defensores de la Naturaleza, fundamentalmente indígenas en América Latina, son considerados terroristas en países como Chile o Ecuador, al igual que siguen siendo asesinados con cierto nivel de impunidad en Perú, Brasil o en Colombia.

Si entendemos por REVOLUCIÓN el cambio o la transformación radical y profunda respecto al pasado inmediato, no podemos definir bajo ese concepto el modelo político actualmente existente en los países de regímenes progresistas en el Continente. Ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos, está planteando una alternativa real al capitalismo.

Dado que defender lo anterior enunciado en el Ecuador puede ser motivo para ser acusado de izquierdismo infantil o de ser el clásico europeo que cree en la mística revolucionaria indígena, cierro esta intervención rememorando a mi paisano Glauber Rocha, sin duda el director de cine más emblemático que dio el movimiento cultural que se denominó CINEMA NOVO en las décadas de los 50 y 60 en Brasil: “La razón dominadora clasifica el misticismo de irracionalista y lo reprime a bala. (…) Sin embargo, el irracionalismo liberador es la más fuerte arma de lo revolucionario”.

Muchas gracias Mateo por tu trabajo y profundízalo en la medida de tus posibilidades y tiempos.

El pasado 26 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) denunció a Rafael Correa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desprotección de los pueblos aislados de Tagaeri y Taromenane, en la Amazonía ecuatoriana y por la persecución legal a casi 200 de sus líderes.

El divorcio entre el movimiento indígena y Correa es total y ha venido profundizándose en los últimos años. La trinchera donde se libra esta batalla política y social es la de los megaproyectos económicos relacionados con la extracción petrolera, maderera y minera.

Las dos últimas detenciones que preocuparon a la comunidad nacional e internacional se produjeron el 25 de octubre. Marco Guatemal, presidente de la Federación Indígena Campesina de Imbabura (FICI), y Leonardo López, presidente de la federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA) eran detenidos acusados de sabotaje. La CONAIE ha dicho al respecto que “en el Gobierno de Rafael Correa es cada vez más visible la implementación de una política capitalista y extractivista en nuestro país y claros están sus acciones recientes como es la brutal represión en el caso de las comunidades campesinas y montubias de Río Grande (Chone- Manabi), la militarización en Intag, el desconocimiento de la consulta en Quimsacoha y la última detención del compañero Marco Guatemal” [que fue liberado poco después].

Estos dos casos se suman a los 197 documentados por Comité Ecuménico de Derechos Humanos (CEDEHU) y Acción Ecológica. Según un informe de estas organizaciones en este momento hay 42 juicios abiertos contra líderes campesinos e indígenas: 31 procesos penales contra 158 activistas; 10 administrativos contra otros 28 y uno civil que involucra a un líder.

Correa ha criticado abiertamente a los líderes indígenas, que fueron claves para su llegada al poder. Ha llamado a los pueblos a descartar a “los malos dirigentes que fomentan el odio y llaman a la resistencia” y ha acusado a la CONAIE de ir en contra del progreso del país y de sembrar el odio. Sin embargo, Acción Ecológica considera que “a criminalización a los movimientos sociales, al ecologismo popular que pone su vida y su integridad por delante para defender la tierra, el agua, los cultivos, ha sido constante en las últimas semanas. Sin embargo, no marca el inicio de la política de intimidación social sino su profundización”.

Amnistía, no soluciones

De nada parece haber servido la amnistía decretada por la Asamblea Constitutyente en 2008 y que, aunque no garantizó ni precisó el derecho a la protesta –como bien denuncia Daniela Salazar en el libro “¿Es legítima la criminialización de la protesta social?”-, si permitió la liberación de cientos de personas que, según la resolución habían sido “reprimidos y luego enjuiciados por delitos políticos y comunes conexos con los políticos, en algunos casos por compañías nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por funcionarios públicos” (tercer Considerando, Resolución de 14 de marzo de 2008).

El artículo 98 de la Constitución sí insiste en que “los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistenciafrente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”. Y eso es lo que han hecho los movimientos indígenas y campesinos.

La militarización de esos conflictos, los casos de represión como la de Río Grande (18 de octubre) o la sordera del órgano judicial a la hora de aplicar la amnistía de 2008 están llevando al extremo la tensión social en Ecuador. La propia Defensoría del Pueblo ha vuelto a solicitar amnistías para líderes sociales, como es el caso de los 7 pobladores de Nabón, en Azuay, que viven en la clandestinidad y en muy precarias condiciones para evitar una condena de 8 años.

Tal y como explica Matthieu Le Quang en Rebelión, la estrategia inicial de Correa fue la de incluir en su Gobierno a líderes indígenas y de otros movimientos sociales para así comprar su silencio. Además, “el presidente no duda en tener discursos en los cuales fustiga a las personas o a las organizaciones que lo contradicen: o están por Correa y las reformas que pone en marcha, o están en contra y se exponen a la furia del presidente, particularmente en su programa de radio semanal. El movimiento indígena lo experimentó numerosas veces sobre todo a partir de marzo de 2008, momento en que la CONAIE amenazaba con hacer grandes manifestaciones, y hasta un levantamiento, si su principal reivindicación, el Estado plurinacional, no era adoptada en la Constitución que se estaba preparando”.

Pero está siendo en el terreno, en la defensa de la naturaleza y de los territorios indígenas donde el movimiento indígena está retomando la fuerza que pareció perder cuando Correa “se hizo con su discurso y con una parte de su dirigencia”, tal y como explicaba a Otramérica Edizon León, del Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos.

Los análisis de coyuntura del CEP cuentan con el auspicio del EED-Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo, Pan para el Mundo de Alemania e Hivos de Holanda. En su primera edición del mes de octubre de 2010, la revista  Vanguardia señaló que Rafael Correa emergió de las cenizas del incendio del 30 de septiembre con su “armadura abollada”. Desde entonces los golpes no han dejado de añadir arrugas al manto que cubre sus abolladuras. Puesto contra las cuerdas al final del año 2010 por el tema de la delincuencia, salió del paso con la convocatoria a la Consulta Popular de mayo de 2011. Alianza País ganó la Consulta, pero la victoria tuvo el sabor amargo de una doble derrota: Ver doc.completo aqui

…. que nos ha otorgado desde la colonia y el surgimiento de los Estados incompletos y fallidos, el trágico papel de exportadores de materias primas.

Extractivismo y colonialidad

Como sabemos el capitalismo funciona históricamente y de manera diferenciada tanto en lo territorial como en la configuración de relaciones sociales y en la existencia de una exterioridad, que corresponde a lo que Marx denominó una acumulación originaria del capital. Pero esto no estuvo presente solo en una primera fase de constitución del capitalismo, sino que se volvió parte de la expansión y construcción de hegemonía del mismo. El capitalismo por lo tanto coexiste tanto con ciclos de acumulación originaria y producción de exterioridad como con ciclos de acumulación ampliada. La producción de exterioridad significó para nuestros países el anclaje entre capitalismo y colonialidad, porque fueron nuestros territorios los que en la división internacional del trabajo constituyeron las colonias de donde se extraían recursos naturales y se transfería valor hacia el Norte. En efecto, el capitalismo construye y agudiza en forma de progreso y desarrollo, la necesidad de una exterioridad, un afuera que se refiere a la formulación de la naturaleza como esfera de explotación que se articula a la lógica de acumulación.

Los actuales procesos por los que atraviesan Ecuador y Bolivia se encuentran marcados por este sentido histórico, cuya matriz extractivista adquiere nuevos revestimientos y matices en un contexto de crisis de los países del Norte y arremetida del capitalismo para mercantilizar lo que queda del mundo de la vida y poder someterlo a los mercados especulativos.

Capitalismo verde

Este nuevo pacto ha significado el regreso a un principio ideológico del capitalismo, la creencia de que es dentro del mismo sistema que se pueden perfeccionar y reducir los costos y la coexistencia con la crisis. El producto más prolífico y perverso de este pacto es sin duda el capitalismo o economía verde que aparece como respuesta a la crisis climática, pero que constituye una nueva estrategia de acumulación y ampliación de mercados esta vez, verdes. El capitalismo verde se asienta sobre un nuevo pacto colonial, que pretende transferir la responsabilidad de la crisis climática a los países del Sur, bajo la intención de imponernos mecanismos como la Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal (REDD) y otras estrategias vinculadas con el mercado del carbono, los agrocombustibles y los organismos genéticamente modificados (OGM)¹, a la par que las empresas y los países del Norte pagan ínfimas cantidades de dinero para que los países del Sur reduzcan sus emisiones, mientras ellos siguen emitiendo gases de efecto invernadero que contaminan al mundo.

No es sólo que la exterioridad colonial del capitalismo ha significado que sea con nuestros recursos y mano de obra que los países del Norte puedan crecer e industrializarse en un primer momento de acumulación originaria, sino que durante más de 500 años hemos ido actualizando esa injusta división internacional del trabajo. En el actual momento histórico y a nombre de que nuestro camino al desarrollo genera contaminación, el Norte ha decidido negarnos la posibilidad de que soberanamente podamos alcanzar lo que en 200 años de Estados incompletos jamás pudimos, justicia social. Los mecanismos del capitalismo verde niegan derechos legítimos de los sectores subalternos en el Sur, asignando un precio a los servicios del ecosistema y desarrollando mercados para estos servicios, como el agua, las tierras o el carbono de nuestros bosques y tierras comunales, así como iniciando una nueva fase de privatización de la naturaleza que relega al Estado a una función de regulador del mercado y que reduce los problemas de la degradación medioambiental a un plano de soluciones tecnológicas, creando nuevos mercados orientados a vender la tecnología de los países del Norte a nuestros países en el Sur.

La economía verde antepone el principio del negocio y del lucro por encima de cualquier consideración social. No hay más que ver las propuestas sobre agua que propone el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP por sus siglas en inglés,

“(…) además de satisfacer necesidades humanas básicas de agua potable, la inversión en el sector del agua es también un buen negocio. A nivel mundial, el mercado de la eficiencia del suministro de agua y saneamiento se estima en 253 mil millones de dólares y aumentará a 658 mil millones en 2020. La inversión estimada de 15 mil millones de dólares americanos por año para alcanzar la meta de los ODM de reducir a la mitad paria el año 2015 el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y saneamiento básico, podría generar beneficios económicos por un valor de 38 mil millones de dólares al año, en donde los beneficios solamente para el África subsahariana serían de 15 mil millones”².

Otro argumento para rechazar la economía verde es que reemplaza el concepto de cooperación internacional por el de inversiones, así como el de países donantes por países inversionistas, y promueve la prevalencia de los partnerships basados en criterios de negocios por encima de la cooperación Norte y Sur. Esto tiene una implicación en los recursos para la financiación del desarrollo de los países del Sur, porque los recursos financieros para la economía verde vendrán de mecanismos financieros que movilizarán recursos del mercado de capital internacional emitiendo bonos de largo plazo que serán pagados por los países donantes en 20 o 30 años; recursos destinados ya no a la cooperación sino a inversiones inmediatas en los países en desarrollo en campos como agua “cuyas tasas de retorno son extremadamente favorables y rápidas”³.

Ecuador y Bolivia

El capitalismo verde es parte fundamental del nuevo ciclo del capitalismo, un ciclo en el que se utilizan procesos de acumulación originaria para mantener el sistema capitalista, lo que David Harvey denomina acumulación por desposesión. Es la forma territorial y espacial que el sistema capitalista desarrolló para volver mercancía toda esfera de la vida, y es el mecanismo para configurar nuevos territorios, procesos de desterritorialización y reterritorialización cuyo objetivo central es la acumulación y la ganancia y no la reproducción de la vida.

En ese contexto, los procesos que se plantean la superación del neoliberalismo como transición hacia el Buen Vivir o Vivir Bien en cuanto a horizonte de descolonización alternativo al capitalismo, están marcados por un enorme reto. Ecuador y Bolivia tienen varias responsabilidades históricas para dar respuesta a este nuevo imperialismo financiero terrorista para con el Sur.

En primer lugar, en el ámbito internacional, y como miembros destacados del ALBA, deben liderar una respuesta en clave de justicia ecológica, social e histórica, ante la cita de la XVII Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Durban (Sudáfrica) del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2011. En Durban debemos ratificarnos en el Acuerdo de los Pueblos de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra de Tiquipaya.

En segundo lugar, y ya en un ámbito nacional y de políticas públicas, se deben adoptar una serie de acciones destinadas a destapar el disfraz verde del capitalismo. Medidas como el fomento de la agroecología a la vez que se destierran las subvenciones al agro negocio, prohibiendo además los organismos genéticamente modificados y los agroquímicos. Se deben impulsar asimismo otras formas de organización económica no capitalista, bajo lógicas comunales y comunitarias, y con el horizonte de la soberanía alimentaria. Todo ello enmarcado en procesos de reforma agraria, que promuevan una redistribución de tierras que beneficie al movimiento campesino y a los pueblos indígenas.

Tampoco podemos olvidarnos de Rio+20, la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, a realizarse en Rio de Janeiro entre el 4 y el 6 de junio de 2012. Debemos ir a Rio con el objetivo de superar la pobreza y las desigualdades en clave de justicia social, pero también con el objetivo de restablecer el equilibrio con la Madre Tierra. El capitalismo verde será la apuesta fundamental del Norte en Rio+20, y como respuesta debe haber una articulación Sur Sur que rechace la mercantilización de la naturaleza. Es un error pretender descomponer la naturaleza en servicios ambientales sujetos a valoración monetaria e intercambio mercantil. No se debe poner precio a la función de almacenamiento de carbono que cumplen los bosques y menos promover su mercantilización como sostiene la iniciativa REDD.

En ese sentido debemos ratificar y profundizar la apuesta que hicieron Ecuador y Bolivia por una nueva arquitectura financiera, que desde la soberanía, la solidaridad y la cooperación, haga frente a la mercantilización y privatización. Se vuelve urgente y necesario consolidar un mecanismo tan útil para nuestros procesos como el Banco del Sur. Tampoco debemos olvidarnos de impulsar el Tribunal Internacional de Justicia Ecológica y Climática que persiga las violaciones a los derechos de la naturaleza.

Sabemos que el capitalismo verde nos va a llevar a un nuevo colonialismo moderno bajo la lógica de adaptación capitalista, donde se elimina la lógica de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, buscando traspasar cada vez mayor responsabilidad a los países del Sur, promoviendo la lógica de que las responsabilidades tienen que ser cada vez más comunes y menos diferenciadas. Todo esto nos lleva a pensar que el capitalismo verde es una de las nuevas estrategias que tiene este sistema para construir ideológicamente hegemonía.

Ecuador y Bolivia se encuentran inmersos en procesos constituyentes, de desarrollo legislativo de nuestras Constituciones, que marcan el horizonte del Buen Vivir o Vivir Bien como paradigma alternativo de desarrollo, y en ese sentido oponerse al capitalismo verde supone pequeños pasos, tanto en el camino de la descolonización, como de la construcción de una sociedad postcapitalista.

Katu Arkonada es investigador social diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Publicas, Alejandra Santillana es socióloga y militante feminista de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador.

Artículo publicado originalmente en el número especial sobre capitalismo verde de la revista de la agencia Latinoamericana de Información (ALAI)

Notas:

1 Vía Campesina, llamamiento a Durban

2 UNEP, Global Green New Deal (2009), en: http://www.unep.org/pdf/A_Global_Green_New_Deal_Policy_Brief.pdf

3 UNEP, Global Green New Deal (2009)