….dramático derramamiento de sangre tiene lugar más al sur. Las naciones mucho más pequeñas de Guatemala y El Salvador viven su peor violencia desde las guerras civiles de los años ochenta, mientras Honduras es actualmente la capital del mundo en asesinatos con 86 homicidios por cada 100.000 habitantes; una tasa de asesinatos cinco veces mayor que la de México.

Incluso la relativamente pacífica Costa Rica, que se enorgullece del mejor estándar de vida de Centroamérica, ha sufrido una duplicación de su tasa de asesinatos desde 2004 en una ola de violencia que las autoridades atribuyen en gran parte al narcotráfico. Como resultado, Washington alienta a sus aliados, sobre todo derechistas, en la región a seguir las mismas políticas de militarización que han devastado Colombia y México.

Centroamérica se incluyó originalmente en el paquete de seguridad de la Iniciativa Mérida firmado por el gobierno de Bush en 2008, que prometió 1.600 millones dólares a la región durante dos años; la gran mayoría destinados a México. Desde 2010, la ayuda a la región ha aumentado siguiendo la Iniciativa Centroamericana de Seguridad Regional (CARSI), un retoño del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Como en el caso de México, la mayor parte de la ayuda vuelve directamente a EE.UU. en pago por el suministro de equipamiento y entrenamiento a las fuerzas militares y policiales de la región. El año pasado, la secretaria de Estado Hillary Clinton anunció un presupuesto de 1.000 millones de dólares para CARSI, incluida una contribución de EE.UU. de 300 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) aflojará gran parte del resto en préstamos.

Es un negocio lucrativo, por cierto. Uno de los personajes más derechistas de Latinoamérica, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, viaja actualmente por Centroamérica por cuenta de la firma de seguridad Continental Security & Interactive Solutions (CIS) con base en Virginia. Uribe, quien sigue recompensando a Washington por su apoyo acrítico de su duro régimen, promueve el uso de compañías privadas de seguridad al estilo de Blackwater para combatir el crimen.

EE.UU. y Colombia entrenarán conjuntamente unidades policiales centroamericanas en una nueva base en Panamá, donde antaño estuvo ubicada la infame Escuela de las Américas. El objetivo declarado de la academia, que todavía no tiene nombre, es entrenar a las fuerzas policiales de la región en el patrullaje fronterizo, operaciones antinarcóticos y “el combate contra personas indocumentadas”.

CARSI viene naturalmente envuelta en la retórica magnánima sobre la “seguridad ciudadana” y los “gobiernos fuertes, capaces y responsables”. Pero Centroamérica es una región desolada por la pobreza, empeorada por la reciente liberalización de sus economías hacia un “libre comercio” al estilo del NAFTA. Veinte años después de los sangrientos conflictos de la era de la Guerra Fría, la resistencia civil sigue siendo reprimida con violencia por las mismas fuerzas militares, policiales y de seguridad privada que el gobierno de Obama quiere reforzar.

La “Guerra de la Droga” renovada

Sin ninguna duda el reciente aumento de la violencia en Centroamérica está vinculado al narcotráfico. Según Washington, un 84% de la cocaína traficada de Suramérica a EE.UU. pasa ahora por el corredor centroamericano, en comparación con solo un 23% en 2006. En mayo pasado, la masacre y decapitación de 27 personas en una granja en Peten, Guatemala, se realacinó con la banda mexicana de la droga Los Zetas, que ha perpetrado atrocidades semejantes en su propio país.

A estas alturas, está bien documentado que las “guerras de la droga” en México y Colombia han fracasado estrpitosamente, tanto en términos de la derrota del narcotráfico como en el aumento de la seguridad en esos países. México ha sufrido por lo menos 50.000 asesinatos relacionados con las bandas desde que el presidente Felipe Calderón militarizó la guerra contra las drogas en 2006. Con la ayuda de una cultura política de corrupción e impunidad, las propias bandas se han militarizado y el flujo de drogas es constante.

Como tal, la represión contra el crimen organizado tiene raíces más profundas en la política de EE.UU. en Latinoamérica. Aunque Washington ha perdido gran parte de su influencia en Suramérica durante la última década gracias a una ola de gobiernos progresistas e independientes, México, Centroamérica y las naciones del Caribe (menos Cuba) están trabados en lucrativos acuerdos de libre comercio por un valor de miles de millones de dólares para los inversionistas de EE.UU.

El Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano (CAFTA) se implementó en la mayor parte de la región en 2006 (Panamá firmó un acuerdo de libre comercio separado con EE.UU. el año pasado). Un vástago del modelo del NAFTA, que ha dejado en ruinas la agricultura mexicana mediante importaciones subvencionadas, CAFTA fue, de muchas maneras, un premio de consuelo para Washington después de que una propuesta Área de Libre Comercio de las Américas fuera bloqueada por países de tendencia izquierdista en 2003. Como en el caso del NAFTA, los medios dominantes de EE.UU. informan poco sobre las protestas generalizadas y la oposición política al CAFTA.

No es una coincidencia que una reunión de representantes de México, Colombia y Centroamérica para discutir la integración regional se haya celebrado unos días después de la cumbre inaugural de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) en Venezuela; un nuevo bloque regional que trata de contapesar la dominación de EE.UU. en el hemisferio.

Ha habido numerosos estudios que vinculan las políticas neoliberales como NAFTA y CAFTA con el crecimiento del narcotráfico, desde el caso de agricultores mexicanos que recurren al cultivo de marihuana ante la competencia estadounidense a los barcos costarricenses dedicados a la pesca de arrastre a los que les quedan pocas alternativas aparte del contrabando de cocaína.

Las mismas políticas han llevado también a un desplazamiento generalizado de personas de las áreas rurales a merced de grandes corporaciones mineras, energéticas y de la agroindustria. En México, Colombia y Centroamérica organizaciones sociales y sindicales que exigen opinar sobre el asunto han sido víctimas de violentos ataques de las fuerzas de seguridad, paramilitares y bandas criminales.

“Nuestros bastardos”

Honduras es en la actualidad el caso más obvio de gobiernos centroamericanos “fuertes, responsables” que realizan una violenta represión contra sus ciudadanos. El país ha vivido una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad desde que el presidente Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado apoyado por el gobierno de Obama en junio de 2009. Después de que Porfirio Lobo, respaldado por EE.UU., asumió la presidencia en 2010, las violaciones de los derechos humanos aumentaron considerablemente junto al intento de la derecha de purgar el disenso.

Junto a su estratosférica tasa de homicidios, Honduras tiene la calificación de país más peligroso del mundo para los periodistas, según Reporteros sin Fronteras, y ha sufrido la muerte de unos 120 activistas políticos, sociales y sindicales asesinados en los dos últimos años. Para asombro de los defensores de los derechos humanos, Washington ha elogiado repetidamente al gobierno de Lobo por su “administración democrática” y su “compromiso con la reconciliación”.

Como en la era de la Guerra Fría, el derrocamiento de Manuel Zelaya por parte de las elites hondureñas fue el resultado de políticas que afectaban a los intereses de grandes terratenientes e inversionistas estadounidenses. Aparte de proponer un referéndum para modificar la constitución (mostrado como un intento de aferrarse indefinidamente al poder), el gobierno de Zelaya quería aumentar el salario mínimo, redistribuir la tierra en una región dominada por el lucrativo negocio del aceite de palma, y se opuso a la privatización masiva de los servicios públicos.

El modelo puede verse en toda la región. El nuevo presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, llamó inmediatamente a los militares a tomar poderes policiales, afirmando que las fuerzas policiales en todo el país han sido infiltradas por bandas de la droga como los Zetas. Exgeneral y graduado de la Escuela de las Américas, Pérez Molina jugó un papel destacado en la violenta represión y tortura de ciudadanos en los años ochenta, cuando la sangrienta guerra civil del país llegaba a su clímax.

El presidente saliente Álvaro Colom llegó a afirmar que los Zetas controlan “siete u ocho provincias [o] entre el 35% y el 40% de nuestro territorio”. Después de la masacre de Peten en la primavera pasada, sin embargo, el Secretariado de Seguridad Pública de México, citó vínculos entre la organización y miembros pasados o actuales de loa Kaibiles, las Fuerzas Especiales de Guatemala entrenadas en EE.UU. No debería ser una sorpresa en vista de que los Zetas fueron fundados por mercenarios de la propia unidad de Fuerzas Especiales de México.

Pérez Molina y otros personajes que están a punto de sumarse a su gabinete también han servido para obstaculizar el progreso del Comité Internacional contra la Impunidad (CICIG) patrocinado por las Naciones Unidas, formado para combatir la corrupción y finalmente llevar ante la justicia a los violadores de los derechos humanos del período de la Guerra Civil. El nuevo presidente ha afirmado increíblemente que no hubo masacres, violaciones de los derechos humanos ni genocidio durante el conflicto de treinta años que causó 200.000 guatemaltecos muertos o desaparecidos.

En El Salvador, Washington se negó a entregar fondos del CARSI al país hasta que el presidente Mauricio Funes encontrara un nuevo ministro de seguridad. El saliente, Manuel Melgar, es un ex comandante del FMLN, el grupo guerrillero convertido en partido político que dirigió la lucha de la nación contra la dictadura durante su propia guerra civil. Washington prefería a otro exgeneral, David Munguia Payes, para esa tarea; el primer oficial militar nombrado a una alta posición civil desde los acuerdos de paz del país de 1992.

Parece que EE.UU. tiene la intención de restaurar en el poder a los mismos actores militares que realizaron atrocidades ampliamente documentadas en Centroamérica durante la Guerra Fría. Esta vez la excusa no es la expansión soviética sino el narcotráfico, pero el verdadero enemigo sigue siendo el mismo, los gobiernos independientes, socialdemócratas que quieren poner las necesidades de sus ciudadanos por sobre los intereses de los inversores extranjeros.

La política de la “Guerra contra la Droga” no resiste si se considera el desastre impuesto a México desde que salieron los soldados a las calles en 2006. Pero ha sido extremadamente lucrativa para la industria del armamento de EE.UU., así como para volver a consolidar la influencia de Washington en lo que siempre ha considerado su “patio trasero”.

Paul Imison vive en Ciudad de México. Contacto: [email protected] 

….dos firmas estadounidenses para la construcción de Ciudades Modelos (Charter Cities) en el territorio nacional, sin que hasta la fecha se hubiera notificado al pueblo hondureño sobre las pretendidas transacciones.

La actitud asumida por el actual régimen de mantener “sus negocios” en el mayor sigilo, es parte del desprecio que tiene la élite de poder del país por sus súbditos, situación que se agravó con el golpe jurídico-militar del año 2009 y el subsecuente estado fallido que prevalece en Honduras.

Las compañías bajo el nombre de Future Cities Development Corporation conocida antes como Seasteading Institute, y Grupo Ciudades Libres (Free Cities Group), aparentemente estarán construyendo ciudades modelos, enmarcadas en la ideología “libertaria”.

La Future Cities Development Corporation, fue fundada por Patri Friedman, nieto del economista Milton Friedman, conocido en América latina como el padre del neoliberalismo, teoría económica asociada con el empobrecimiento de la gran mayoría de la población del continente y con régimenes autoritarios que se han prestado para potenciar el enriquecimiento acelerado de la élite de poder.

Patri Friedeman ha señalado en un artículo publicado por el ultraderechista Instituto Cato, su repudio a la democracia como forma de gobierno, y ve un gran potencial en las ciudades modelos, bajo un régimen libertario, que pretende construir en un estado fallido llamado Honduras.

Paul Thiel (fundador de Paypal), otro de los involucrados en la construcción de ciudades libertarias en Honduras, manifestó en artículo escrito para el portal Cato Unbound, que democracia y libertad no eran compatibles.

A partir del golpe de estado del año 2009, Honduras ha padecido a manos del actual Congreso Nacional – compuesto en su gran mayoría por los mismos elementos que participaron en la defenestración de la democracia – la aprobación de una serie de leyes de corte neoliberal que aniquilaron  completamente los magros logros sociales obtenidos en el siglo XX.  Conceptos como soberanía nacional, seguridad alimentaria, y derechos humanos; se han convertido en términos obsoletos para los “legisladores” locales.

De hecho, el retroceso político y social que se viene dando en el país, lo convierte en el paraíso de aventureros económicos y políticos reaccionarios, que fundamentan sus ideologías en el individualismo y en el darwanismo económico.

De la Falange Americana de los Inmortales al Banana Coast

A mediados del siglo XIX, el filibustero William Walker invadió  Centroamérica con una banda auto denominada La falange americana de los inmortales, quienes lograron apoderarse de Nicaragua, nación donde ‘Walker fungió como presidente de 1856 al 57.  En su última incursión fue atrapado por los ingleses que se lo entregaron a las autoridades hondureñas, los que procedieron a fusilarlos en la Ciudad de Trujillo en el año de 1860. En una editorial del periódico el New York Times de ese mismo año, menciona como  el filibustero sentenció que de su sangre surgirían otros  Walker.

Medio siglo después, Sam Zemurray financió una invasión y golpe de estado en Honduras (1911), perpetrada por Manuel Bonilla, quien tocó tierra firme en el país, casualmente en el lugar donde fusilaron a Walker. A partir de esa invasión, se reafirma la República Bananera, termino acuñado por el escritor O’Henry siete años antes de la felonía cometida por Bonilla.

Días antes del golpe de estado, el inversionista canadiense conocido como “el rey del porno”, comenzó una serie de compras de tierras ilegales en la bahía de Trujillo, destinadas a crear un emporio turístico de enclave conocido como Banana Coast. Durante el mandato del sátrapa Roberto Micheletti, el rey del porno consolidó la apropiación de la comunidad Garífuna de río Negro, localizada en la ciudad de Trujillo, demoliendo gran parte de la comunidad con el pretexto de la construcción de un muelle para crucero panamex.

El estado fallido y el paraíso de los libertarios

Según el Washington Post, Honduras se ha convertido en el país más peligroso del planeta además de ser el epicentro del trasiego de drogas entre Sudamérica y los Estados Unidos. El colapso de pilares institucionales como el ministerio de Seguridad y el aparato judicial, han convertido el país en un verdadero estado fallido.

Peter Thiel y su secuaz Patri Friedman, parece ser que quieren aprovechar el estado fallido existente en Honduras para recrear las paginas de la novela Atlas Shrugged (Rebelión en el Atlas, 1957) en donde la escritora rusa estadounidense Ayn Rand, ídolo de los libertarios, crea una novela de ciencia ficción, que el escritor Gore Vidal describió su filosofía, como”casi perfecta en su inmoralidad”.

Los libertarios se han convertido en sinónimo de grupúsculos de enorme poder económico en los Estados Unidos que descartan la supuesta exagerada intervención del Estado, exaltando las libertades individuales sobre la supuesta coerción gubernamental.  Aunque algunos anarquistas del siglo XIX se autodenominaron libertarios, el actual movimiento en los Estados Unidos se encuentra vinculados con grupos de ultraderecha  como el Tea Party, Cato Institute y el Free State Proyect, entre otros.

Da la casualidad que en la primera semana del mes de diciembre, el Congreso Nacional seleccionó la Junta de Notables encargados de la Ciaudades Modelo: George Akerlof, Ong Boon Hwee , Harry Strachan, Nancy Birdsall, y por supuesto el artífice de la maniobra neocolonial Paul Romer. Pero lamentablemente en Honduras los medios de comunicación, han optado por un discreto silencio al respecto, mientras sus noticias se dedican a destilar  la sangre que corre y la impunidad que reina en el país.

Es de esperar que los notables libertarios y sus millones de dólares lograrán imponer sus condiciones al Congreso del estado fallido. Nada raro que calcando las  ideas de la biblia libertaria Atlas Shrugged se implemente del delirante libro el rayo refractor, una sofisticada arma de tortura, la cual probablemente será utilizado contra las hordas de indeseables que tratarán de cruzar las cerca electrificadas del paraíso en medio del infierno que nos han impuesto.

La Ceiba Atlántida 4 de Enero del 2012

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Según publicó la versión digital del diario El Heraldo, el dirigente de Conadeh reaccionó de esa forma ante la denuncia del director de la Policía Nacional, José Ramírez, acerca de la presunta intención de miembros de ese cuerpo armado de asesinarlo.

Custodio recordó que recibió varias intimidaciones contra su vida y pidió que estas sean investigadas oportunamente porque de lo contrario prevalecerá “un terrorismo de otra naturaleza y los terroristas parecen ser otros”.

Dijo que la población hondureña se encuentra en una constante zozobra ante la ola de violencia en el país, que cierra el 2011 con una tasa de homicidios superior a los 82 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas.

En ese contexto, el defensor de los derechos humanos había alertado sobre la implicación de policías en delitos de distinta naturaleza, lo cual se refleja en las nueve mil 216 denuncias recibidas en contra de efectivos, entre enero de 2005 y julio de 2011.

El ejercicio indebido del servidor público, malos tratos, negligencia, detenciones ilegales y torturas son algunas de las faltas por las cuales los ciudadanos critican a las autoridades del orden, señaló un informe de Conadeh, divulgado a finales de noviembre último.

Custodio afirmó que los policías hondureños tienen licencia para robar, matar y extorsionar y no se puede hacer nada porque en su opinión los mandos superiores practican la impunidad, encubrimiento y otros delitos.

De otra parte, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, aseguró que el presidente Porfirio Lobo y otros funcionarios están defraudados al conocer las verdaderas cifras sobre la violencia en la nación centroamericana.

Castellanos pidió hace varias semanas la intervención de la Policía Nacional con ayuda internacional al considerar que la institución castrense se halla en un estado de calamidad, por lo cual urgió la aplicación de reformas en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

El clímax de la situación se alcanzó el 22 de octubre, cuando dos jóvenes universitarios (uno de ellos, hijo de Castellanos) fueron asesinados en Tegucigalpa, un hecho que consternó a la sociedad hondureña, y en el cual están implicados ocho uniformados.

Feminista y activista política. Formó parte de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (también llamada Las Dignas) desde su inicio, en 1990, y pasó a dirigirla entre 2002 y 2004. Su compromiso por los derechos humanos y la justicia la llevó a fundar en 1996 el Comité Pro Monumento de las Víctimas Civiles de violaciones de los Derechos Humanos; un Memorial que para los familiares significa verdad, justicia, dignificación y en parte reparación. Actualmente vive en Bilbao y trabaja en el área de investigación del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional Hegoa.

El 6 de diciembre del 2003 es una fecha imborrable en la memoria de Gloria Guzmán. Es difícil expresar la amalgama de sentimientos que tantos salvadoreños y salvadoreñas compartieron ese día al celebrar colectivamente el fruto de su determinación por la verdad y la justicia. Ese día se inauguraba en el Parque Cuscatlán de San Salvador el Monumento a la Memoria y la Verdad, un memorial para las víctimas civiles —personas asesinadas y desaparecidas— durante conflicto armado en El Salvador (1980-1992).

“Desde un sentido racional, sentía la certeza de que estábamos haciendo uno de los actos simbólicos más importantes en el posconflicto, un acto de resistencia y rebeldía frente a la impunidad, dejando constancia física de que detrás de cada nombre grabado en las placas hay una historia de violación de derechos a la que no se ha hecho justicia”. Pero las palabras son aún más difíciles de escoger cuando se piensa en el significado personal de ese acto: “Por mi propia condición de hija de padres desaparecidos y familia asesinada, me sentía muy aliviada porque estábamos construyendo un espacio para elaborar los duelos que tanto postergamos durante la época del conflicto”.

Gloria estuvo desde niña vinculada a la organización popular. Siendo la hija pequeña de una familia que participaba activamente en las comunidades eclesiales de base, en los movimientos estudiantiles y en los grupos barriales, su compromiso político y su sentido de comunidad y de justicia social se desarrollaron pronto en su espíritu. “Había mucha vida barrial, mucha vida organizativa comunitaria: si había que mejorar una calle, preparar actos culturales o hacer actividades para la Navidad, se vinculaba mucha gente, adultos y jóvenes. Fueron las semillas organizativas de muchas personas que posteriormente se sumaron a la lucha de las diferentes organizaciones del Frente, cuando la represión se hizo más cruda y cualquier protesta o demanda social era respondida con una acción del ejército. Mi propio padre tuvo que dejar el sindicato (era el secretario general) ante reiteradas amenazas de muerte”. Al recordar esta época, es inevitable el trágico añadido: “Recuerdo que muchísimos de los y las jóvenes que estuvieron en esa época posteriormente fueron asesinados…”.

Como muchas otras mujeres salvadoreñas, durante la guerra se enfrentó a la agresión, al militarismo y al autoritarismo del Estado desde las bases de apoyo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Y, como muchas otras mujeres salvadoreñas, fue consciente en ese tiempo de la situación de especial discriminación que sufren las mujeres en El Salvador y de la necesidad de abordar la lucha por los derechos de las mujeres desde la organización autónoma y la reflexión feminista. Esta inquietud la llevó a sumarse en 1990 a la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas, colectivo desde el que Gloria trabajó activamente por el reconocimiento de las mujeres de su país como ciudadanas con plenos derechos y por su ejercicio en todos los ámbitos de la sociedad.

Como desde el feminismo no se concibe la paz sin el respeto de los derechos de las mujeres, pero tampoco sin el derecho a la verdad y la reparación, las mujeres de la organización Las Dignas como Gloria dieron forma a la idea, junto con personas de otras nueve organizaciones sociales, de construir un Memorial para las víctimas civiles del conflicto armado. Se trataba de hacer realidad la recomendación contenida en el Informe de la Comisión de la Verdad, auspiciada por Naciones Unidas, de levantar un Monumento Nacional en memoria de las víctimas de la violencia. Allá donde el Gobierno ignoró ésta y otras recomendaciones, la sociedad civil, y en particular las mujeres, mantenían viva la llama de la justicia para las víctimas y sus familiares. “Fue una iniciativa promovida y protagonizada en su mayoría por mujeres, y eso no es casual. Mujeres de muy diversas edades, procedencias y experiencias logramos construir una estructura de trabajo convencidas de que lo que hacíamos era necesario no sólo por el pasado, sino para el presente y futuro de las personas que formamos esta sociedad”.

Después de siete largos años de trabajo, el 6 de diciembre del 2003 se celebró la inauguración del Monumento a la Memoria y la Verdad, un muro de casi 90 metros lineales cubierto por placas de granito que contienen los nombres de 25.626 víctimas civiles de la violencia armada. “Por estar frente a la organización del acto, por garantizar que todo concluyera como lo habíamos trabajado, tuve que distanciarme de mi propio dolor. Aunque no fue fácil, fue posible porque sabía que la gente necesitaba tener un espacio simbólico y de dignificación donde trabajar el duelo. Obviamente, me vi reflejada en la gente que colocaba una flor en un nombre o en varios de ellos, en el sentimiento de fortaleza de cada uno y cada una de las que estábamos allí. Pero, aparte de estar organizando ese día, el trabajo de esos años fue ya reparador para mí. Sabía que eso lo hacía por mi familia, por cada una de sus vidas y por todas juntas. Estoy convencida de que continuar con el camino de la justicia -y no de la paralización- es tremendamente reparador y vital para las personas que tenemos la vida rota por la magnitud de la violencia que ejerció el Estado salvadoreño”.

Posteriormente, el 15 de marzo de 2008 se inauguraron nuevas placas en las que quedaron registrados los nombres de otras 3.169 personas. “Cada paso que hemos dado en contra del olvido es un mínimo para dignificarles desde nosotros y nosotras mismas, desde nuestra condición de familiares”. Aun cuando sea posible realizar grabaciones de nuevos nombres, Gloria sabe que los cuerpos de muchas personas que fueron asesinadas no pudieron ser reconocidos. “Por eso es importante que haya placas con alguna referencia a las miles de personas sin reconocer, sin nombres; así como también dejar constancia de los cientos de masacres ejercidas contra la población civil como parte de las políticas del momento, donde la mayoría de las víctimas fueron mujeres con hijos e hijas. En eso se sigue trabajando”.

Además del sentido reparador y de justicia del proyecto, Gloria resalta también la perspectiva educativa con la que se trabajó: “Las generaciones más jóvenes no han vivido la dureza de un conflicto como en el pasado reciente salvadoreño, pero es necesario conocer lo que ello implicó y trabajar por que no vuelva a ocurrir”.

Con el corazón algo más reconfortado que antes del 6 de diciembre de 2003, Gloria tomó la decisión de continuar por un tiempo su camino fuera del propio país. En 2005 emprende un viaje de aprendizaje y formación personal, pero sobre todo de búsqueda de nuevas formas de activismo por la justicia, en un contexto que necesita muchas personas con su capacidad de compromiso.

Fuente: http://periodismohumano.com/mujer/gloria-guzman-orellana.html

Tzalbal es una micro-región que abarca 14 comunidades. Localizada en las estribaciones de la sierra de los Cuchumatanes, Tzalbal se ubica en el municipio de Nebaj, en el departamento del Quiché. Aquí, y en los municipios vecinos de Cotzal y Chajul, vive el pueblo originario ixil. Sus habitantes no sabían que su tierra había sido nacionalizada en 1984, un secreto oculto durante 28 años. Ahora están indignados.

 

El genocidio de la población maya-ixil

Durante los 36 años de guerra contra-insurgente en Guatemala, y especialmente entre los años 1978 y 1983, cerca del 98% de las 7.000 personas que fueron asesinadas en esta región pertenecían al pueblo ixil. El Ejército arrasó su territorio: al menos el 70% de sus comunidades fueron destruidas. La mayoría de la población huyo a las montañas, muchos murieron de hambre, frío y de distintas enfermedades.

La región ixil fue una de las regiones más afectadas de un conflicto que alcanzó en Guatemala dimensiones de un genocidio. Según las investigaciones de la Iglesia Católica guatemalteca (Nunca Más) y de la ONU (Memoria del Silencio) el Estado fue responsable del 93% de las atrocidades y de 626 masacres. Hasta 1996 más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. De ellas más del 83% pertenecía a pueblos indígenas. El 12% de la población fue desplazado.

 

Una población desplazada de sus tierras

No se puede entender el genocidio sin tomar en cuenta el factor de la tierra. Los habitantes de Tzalbal comprenden muy bien esta íntima relación entre tierra y conflicto.
Patricio Rodriguez, un hombre de 66 años con la sabiduría de los años escrita en su cara, explica el origen de la situación actual: “Durante muchos años quemaron nuestras casas, mataron nuestros animales, robaron y cortaron nuestras milpas [huertos de maíz, el alimento básico de los mayas]. Mataron a tanta gente que nos desplazamos a las montañas para salvar nuestras vidas. El ejército entonces pensó que era tierra abandonada, baldía. Pero abandonamos nuestras tierras por causa de la represión”.

Gregorio, el responsable del agua potable de Tzalbal, ofrece su versión: “Ahora nos estamos dando cuenta de lo que nos robaron en el conflicto armado. Y para legalizar el robo hicieron un ley”.  La desigual distribución de la tierra es una de las principales causas de la pobreza en Guatemala y del conflicto armado. Según el censo de 1964, el 62% de la tierra estaba en manos del 2% de los propietarios mientras el 87% de los campesinos carecía de tierra suficiente para sobrevivir.

 

Una asamblea para informar al pueblo

Si se superpone la sucesión de decretos-leyes sobre la tenencia de la tierra emitidos por los gobiernos militares y la violencia que arrasó la región resulta más sencillo entender cómo el Estado se apropió de las tierras indígenas. También para los comunitarios se volvió todo más claro cuando empezaron a investigar su propio caso.

Una vez que el ingeniero de Fondo de Tierras abandonó el municipio, el joven alcalde indígena de Tzalbal, Ronaldo Gutiérrez, citó a los representantes de las demás comunidades del sector de Tzalbal. Con la chaqueta típica de los ixiles, rojo bordado con rizos negros y simples, explica cómo se empezó a investigar qué había pasado con sus tierras. Para el 6 de octubre organizaron una asamblea general para informar a toda la comunidad.

La sala comunitaria, con un mural que recordaba las atrocidades del conflicto, se llenó con música de marimbas. Unos 700 ixiles vinieron de Tzalbal y las 13 aldeas cercanas. La mayoría de los hombres llevaban su gorro de paja, algunos su chaqueta tradicional. También llegaron muchas mujeres, todas con sus blusas bordadas o huipiles y trajes rojos. Las mujeres mayores estaban peinadas con trenzas coloradas.

 

Los leyes de la guerra

El licenciado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, es una de los personas que ayudó en la investigación del caso de Tzalbal. En la asamblea, Cadena explica que la raíz de este conflicto es el Decreto Nº 60-70. Esta ley, aprobada en 1970 por el general Osorio, declara de Interés Público y Urgencia Nacional el establecimiento de Zonas de Desarrollo Agraria en varios municipios de los departamentos norteños del país.

Este “interés publico” era el establecimiento del gran proyecto de la Franja Transversal del Norte, convirtiendo en grandes terratenientes a un grupo de generales y sus aliados. Junto con los siguientes Planes Nacionales de Desarrollo de 1971 hasta 1982, estos proyectos buscaban promover la producción y exportación de petróleo, minerales, energía eléctrica, monocultivos y maderas preciosas en el norte del país. No parece casualidad que en los departamentos calificados de “interés publico” fuera donde se produjeron la mayor cantidad de masacres.

Un relator informa en la asamblea que “estos acuerdos establecieron las bases para la usurpación de la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas. También establecieron la raíz de la guerra de los años ’80 desatada por el ejército en contra de los pueblos de Guatemala”. Las leyes indican que hubo un interés económico previo en algunos territorios que después resultaron los más afectados por la violencia. La represión del Estado se emprendió paralelamente a los “Planes de Desarrollo”.

Otro decreto que signó el destino de Tzalbal es el Nº 134-83, emitido en 1983 por el presidente de facto Mejía Victores. Con esta ley el ejército reordena formalmente el territorio ixil para el establecimiento de las Aldeas Modelo, y legaliza el expolio de tierra.

Como muchas otras aldeas Tzalbal, se convirtió en un Aldea Modelo o Polo de Desarrollo, comunidades militarmente controlables. Las personas que no huyeron a las montañas o que volvieron porque no soportaron la vida en las montañas fueron asentados en estas Aldeas Modelo. Muchos habitantes las llamaron “campos de concentración”.

En las Aldeas Modelo también se desarrollaron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estructuras civiles militarizadas que implantó el ejército. En 1985 más de un millón de hombres colaboraban con el ejército. Negarse a participar en las PAC convertía a un indígena en sospechoso de colaborar con la guerrilla.

Como lo estipulo la ley Nº 134-83, las PAC de Tzalbal fueron obligados a medir la tierra en 1983, tal como cuenta un hombre en la asamblea. Explica en lengua ixil cómo el ejército les prometió tierras si acudían a medir las parcelas, pero fueron engañados. Los habitantes de la Aldea Modelo tuvieron que medir la tierra para que pudiera ser nacionalizada.

El licenciado Ramón Cadena relata que el día 11 de mayo de 1984 el Estado desmembró el titulo original de 1903 y alrededor de 1.495 hectáreas de Tzalbal pasaron a la propiedad del Estado. En un comunicado aprobado al final de la asamblea, las comunidades demandaron que se reinstale su derecho constitucional a poseer la tierra.

 

La historia se repite, la historia continua

Después tantos proyectos de desarrollo, leyes de desarrollo y polos de desarrollo resulta fácil entender por qué la población indígena de Guatemala sospeche de cualquier iniciativa que apele al “desarrollo”. La mina de oro Marlin en San Marcos dice traer desarrollo, al igual que la cementera en San Juan Sacatepéquez. Las comunidades de estos territorios han entendido que estos proyectos traen más beneficios a sus propietarios que a la población local.

Los decretos emitidos durante la guerra siguen vigentes. Otras leyes se suman a la lista abriendo nuevos territorios o fortaleciendo el control sobre las tierras ya usurpadas. Éste es el caso de la ley de alianzas publicas-privadas que habla de “interés publico” y legaliza el desalojo por ese motivo. Bajo el “Plan de Desarrollo” avanza la Franja Transversal del Norte, añadiendo el Peten y el litoral pacífico. Los desalojos continúan, como el del año pasado en Polochic, que afectó a cientos de familias.

La distribución desigual de la tierra continúa en Guatemala. Según el último censo de 2003 casi el 80% de la tierra productiva permanece en manos de menos de 8% de la población. Mientras tanto, el 45% no tiene tierra suficiente para sobrevivir. No sorprende entonces que la mitad de la población viva en la pobreza y el 17% en la extrema pobreza.

Hasta las mismas personas permanecen en el poder. “Fue Tito el que estaba enseñando a los ejércitos, fue el jefe o el comandante según dicen”, explica Lorena, la joven de 20 años, con una voz baja y preocupada. En la memoria colectiva de las comunidades permanece el recuerdo del militar que comandó el ejercito en Nebaj, Quiché, durante 1982 y 1983. Tito era el pseudónimo que utilizaba nada más y nada menos que Otto Pérez Molina, el candidato presidencial que ganó las elecciones del 6 noviembre de 2011 y el próximo presidente de Guatemala. Un aldeano recuerda que “fue él el que nos obligó a medir la tierra, él estaba al mando cuando nos robaron la tierra”. También el miedo sigue. Si uno habla de Otto Pérez lo hace de forma anónima.

Pero también los mismos pueblos indígenas siguen ahí, luchando por las mismas tierras. “Nosotros tenemos recursos naturales que defender, como pueblos indígenas tenemos derecho a defender nuestros aguas, nuestros bosques, los ríos”, afirma Lorena. “Que las empresas multinacionales regresen a sus tierras con sus trabajos y planes que han hecho o que piensan hacer”, dice Patricio Rodríguez, un hombre de edad avanzada.

Todos unidos: ¡la lucha sigue!

Tzalbal es la primera aldea que descubre que su tierra fue nacionalizada durante la guerra. También es la primera que denuncia públicamente este robo y que demanda que sus tierras sean devueltas sin condiciones. El caso de Tzalbal es ilustrativo del conflicto en Guatemala, un conflicto que tiene la tierra como telón de fondo. Los métodos usados para adquirir la tierra en Tzalbal también resultan familiares. El pueblo originario de Tzabal parece ser protagonista involuntario de un drama que siempre parece repetirse en Guatemala. Un drama de 500 años en el que los invasores, sean españoles, militares o “gobiernos representativos”, roban la tierra de los pueblos indígenas a través de leyes y violencia.

Pero también la lucha de las comunidades sigue. En la asamblea comunitaria se repetían palabras como “preocupación”, “robo” o “capitalismo”. Pero más que nada la sala comunitaria gozaba de una convicción combativa. Unidos todos los presentes gritaron: “No queremos otro patrón!”, “Que se devuelvan nuestras tierras”.

Preguntando cómo piensan recuperar sus tierras Patricio Rodríguez responde: “Con la unión, con manifestaciones, por medio de organizaciones nacionales e internacionales que velan sobre el derecho del pueblo. Vamos a ganar nuestras tierras otra vez. Poco a poco, paso a paso”.

Gregorio, el hombre responsable del agua potable, agrega: “Todos unidos y todos juntos  vamos a ir al Congreso, a los ministros, hasta que nos tomen en cuenta. Como ellos hicieron un robo a la comunidad tienen que devolver nuestro terreno, sin condiciones, a nombre de la comunidad. Porque es cierto que la tierra es de nuestros antepasados, de nuestros grandes abuelos que han pasado, ellos nos lo han dejado a nosotros porque somos sus hijos”.
Por razones de seguridad los nombres de los entrevistados en Tzalbal fueron cambiados.

Este articulo fue publicado en Inlgés el el 24 de octubre 2011.

Legitimidad del marco jurídico e institucional de las elecciones

Para comprender el significado histórico de las elecciones presidenciales y parlamentarias que acaban de realizarse en Nicaragua es necesario comenzar por conocer su contexto jurídico-político, que ha sido el primer blanco de los ataques de la derecha nicaragüense en su ya fallido empeño por descalificar ese proceso electoral, del que han cuestionado antes que nada, la legalidad de la candidatura presidencial del Comandante Daniel Ortega y de la investidura de los magistrados que integran el Consejo Supremo Electoral.

Para lo primero, la derecha antisandinista se basa en que la Constitución establece la prohibición de la reelección por dos períodos consecutivos. La otra prohibición constitucional, de ser electo más de dos veces en el cargo de Presidente de la República, no procede aquí porque la reforma que la estableció se hizo con posterioridad al primer período presidencial del también actual Presidente de Nicaragua, debido a lo cual en este caso, de aplicarse aplicarse esta norma se estaría violentando el principio jurídico y constitucional de irretroactividad de la ley.

La Corte Suprema de Justicia, ante un recurso interpuesto por el FSLN frente al rechazo inicial de la candidatura de Daniel Ortega por parte del Consejo Supremo Electoral en base a la primera prohibición señalada, dispuso que el artículo constitucional donde se establecen ambas prohibiciones es inaplicable, razón por la cual quedó legalizada la candidatura del actual Presidente reelecto de Nicaragua.

En reciente comparescencia ante acompañantes internacionales del proceso electoral nicaragüense, el magistrado Francisco Rosales planteaba que la inaplicabilidad de dicho artículo está basada doctrinariamente en el principio constitucional de la soberanía popular, según el cual una reforma legislativa que limite derechos constitucionales del soberano, que es el pueblo según la misma Constitución, solamente puede ser hecha directamente por éste mediante referéndum o en Asamblea Constituyente (es decir, electa con el mandato específico de hacer una nueva Constitución, debido a que tal reforma altera el cuerpo dogmático fundamental de la misma), esto tomando en cuenta que la prohibición de la reelección limita el derecho del pueblo a elegir representantes y gobernantes, y el derecho de los ciudadanos a ser elegidos para cargos públicos; y que tal prohibición no forma parte de la versión original de la Constitución elaborada en 1987, sino que fue incorporada en la reforma de 1995, la cual además, ni siquiera fue sometida a consulta con la ciudadanía, a diferencia de lo que ocurrió para la elaboración original de la Constitución en su primera versión, cuando se hicieron los llamados cabildos abiertos en los que fueron incorporados importantes aportes de las decenas de miles de ciudadanos que participaron.

La pertinencia en la aplicación del principio constitucional en el cual se basó la resolución de inaplicabilidad de las prohibiciones a la reelección, queda refrendada por el hecho de que al año siguiente de dicha reforma constitucional, en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de autoridades locales realizadas en 1996, todos los partidos que la promovieron y cuyos diputados la aprobaron, sacaron cada uno menos del 1% de los votos. Esto sucedió porque cuando se hicieron esas reformas, los partidos de derecha con menos apoyo popular hacían mayoría en el Poder Legislativo, mientras los dos partidos mayoritarios de entonces (el FSLN, de izquierda y el PLC, de derecha) tenían una escasa presencia en dicho poder del Estado, lo cual se debía a que la mayor parte de los diputados sandinistas habían renunciado al FSLN y a que cuando los diputados de entonces fueron elegidos en 1990, aún el PLC no se había convertido en la gran fuerza política que llegaría a ser pocos años después.

El otro señalamiento de la oposición antisandinista respecto a lo que es para ella la falta de legitimidad del proceso electoral, se basa en lo que considera como ilegalidad en el ejercicio de sus cargos, por parte de los magistrados que integran el Consejo Supremo Electoral, debido a que su período expiró en fecha reciente y por tanto, ya la Asamblea Nacional debía haber electo a sus sustitutos o a ellos mismos si fuera el caso, en los cargos que actualmente ocupan. Pero fue precisamente ante la negativa de la Asamblea a elegir magistrados que el Presidente Daniel Ortega decretó la prórroga en el ejercicio de sus cargos para los actuales magistrados, haciendo uso de facultades que la Constitución le confiere en aras de salvaguardar la estabilidad del país, amenazada con la no elección de magistrados y el consiguiente caos institucional, como forma de chantaje político ejercido por la oposición (con mayoría parlamentaria en la actualidad), cuyos diputados tenían como objetivo colocar como magistrados a personas políticamente afines y a sí mismos. Y los responsables evidentes y confesos de la no elección de magistrados que les corresponde llevar a cabo, no pueden hacer reclamo alguno basado en dicha situación claramente creada por ellos, tomando en cuenta además que el decreto presidencial prorrogando los cargos de los magistrados establece claramente que dicha prórroga es válida en tanto el Poder Legislativo, tal como corresponde, elija a los nuevos magistrados o reelija a los actuales.

Sin embargo, la deslegitimación de las elecciones que la derecha pretende con estos señalamientos (infundados, tal como se acaba aquí de demostrar) queda absolutamente en nada desde el momento en que inscribe a sus candidatos ante esas autoridades cuya legitimidad cuestiona como fundamento para señalar como anómalo el proceso electoral, y al competir en dicho proceso con el candidato al que ella acusa de ilegal como fundamento también de su cuestionamiento a la legalidad de esas elecciones en las que también participa.

Otro argumento de la derecha para descalificar el proceso electoral es la acusación al FSLN de utilizar la presencia de personas que le son afines en el Poder Electoral para manipular la entrega de las cédulas que sirven para poder votar, sólo que en este caso, de ser cierta la desventaja resultante de la situación mencionada la derecha no hubiese acudido a las elecciones, pues nadie va a una competencia sabiendo de antemano que va a perder. Es fácilmente verificable el hecho por tanto innegable, de que al comparar las elecciones presidenciales actuales con las anteriores, el aumento en la cantidad de ciudadanos que acudieron a votar se corresponde proporcionalmente con los índices históricos de crecimiento poblacional en nuestro país, esto sin mencionar la extrema flexibilidad legal que existe en el uso de la cédula para el voto en Nicaragua, siendo válidas para ejercerlo incluso, las que ya están vencidas. El carácter falaz de los señalamientos de la derecha en este sentido en contra del proceso electoral, quedó al descubierto cuando se comprobó que la inmensa mayoría de quienes se manifestaban en algunas ciudades del país reclamando sus cédulas, ya las tenían.

Fiabilidad y transparencia del proceso electoral

En lo que concierne al proceso electoral en sí, en primer lugar debe señalarse que con una diferencia superior a treinta puntos porcentuales en unas elecciones donde todos los contendientes tienen fiscales al menos en la gran mayoría de los lugares donde se ejerce el voto, es imposible que se proclame vencedor al que perdió y viceversa; lo cual fue, por cierto, claramente señalado por el Jefe de Misión de la Unión Europea al ser entrevistado poco después de saberse los resultados preliminares, ocasión en la cual agregaba dicho funcionario que por tal razón en estas elecciones, bajo ninguna circunstancia cabía el tan utilizado término de fraude.

En cuanto al porcentaje obtenido por el FSLN, que le otorga mayoría calificada en la Asamblea Nacional, tal circunstancia no se vería alterada ni aún en el caso de que se aceptaran como ciertos los señalamientos concretos de irregularidades (que son muy pocos, a diferencia de las quejas al aire de quienes han presentado esos señalamientos) hechos por quienes obtuvieron el segundo lugar tanto en la elección presidencial como en las parlamentarias; a pesar de que en ningún caso han presentado pruebas, y de que entre las poquísimas impugnaciones de Juntas Receptoras de Votos que hubo en estas elecciones, no fue impugnada casi ninguna de las Juntas por ellos señaladas (en buena parte de las cuales tuvieron fiscales para hacerlo).

Un argumento muy usado en contra del proceso electoral por los que quedaron en segundo lugar ha sido la ausencia de sus fiscales en algunas JRV, en todas las cuales sin embargo quedó claro, como consta en las correspondientes Actas de Constitución, que esos fiscales no se habían presentado a la hora en que se constituyó cada una de ellas, circunstancia en la cual las normas establecidas impiden su presencia durante el resto del proceso electoral, de lo cual a quien escribe le correspondió ser testigo junto a los acompañantes internacionales invitados por el FSLN.

Otro argumento contra el proceso electoral ha sido la entrega tardía de credenciales a los fiscales del PLI (el partido que quedó en segundo lugar), pero quienes usan este argumento no dicen que dicho partido cambió los nombres de miles de sus fiscales cuando ya las elecciones estaba a punto de realizarse, obligando con ello al Consejo Supremo Electoral a hacer esfuerzos extraordinarios, en un alarde de flexibilidad, para que los nuevos fiscales nombrados pudieran ser acreditados. En todo caso, esta situación no impidió que en la inmensa mayoría de JRV hubiera fiscales del partido en cuestión debidamente acreditados, razón por la cual no puede ser motivo para cuestionar los resultados electorales.

Por su parte, el informe de los organismos internacionales acompañantes del proceso no desmiente nada de lo dicho aquí, sino que por el contrario, confirma buena parte de lo ya planteado, independientemente de la manipulación mediática a través de la cual, cuando alguno de esos organismos afirma que no hubo fraude y que los resultados electorales oficialmente proclamados son confiables, pero a la par de ello señala lo que considera como irregularidades, los medios de la derecha usan esto último como titular de la noticia correspondiente, para dar la impresión al lector (que en muchos casos sólo lee los titulares) de que el organismo está calificando como fraudulento el proceso. Pero en todo caso, la legitimidad de las elecciones no proviene de organismo internacional alguno, sino de la participación popular, las autoridades competentes y la fiscalización de los partidos, cuya inconformidad genuina se manifiesta a través de las impugnaciones, que como ya se ha dicho fueron más escasas que nunca y por tanto, a todas luces insuficientes para considerar que el proceso electoral fue fraudulento o que sus resultados son dudosos.

El no reconocimiento de su derrota por parte del PLI ya estaba anunciado, pues recuérdese que para este partido el único resultado aceptable era su triunfo. Pero el no reconocimiento del resultado de las elecciones por el PLC resulta francamente ridículo, ya que al reclamar para sí el segundo lugar y adjudicar el tercero a los que quedaron en segundo (lo cual es ya de por sí descabellado debido a la diferencia abismal entre el 5.91% del PLC y el 31% del PLI), este partido está reconociendo tácitamente que el primer lugar corresponde al FSLN.

Por lo demás, sería verdaderamente extraño que además de haber fraude en las elecciones, todas las firmas encuestadoras se hubieran equivocado previamente de manera tal que sus resultados fueran confirmados por los de las elecciones fraudulentas, pues como sabe todo aquel que esté medianamente informado sobre estadística electoral, para que los resultados electorales confirmen los de las encuestas se hace una proyección de éstas en la cual el porcentaje electoral aumenta para todos los participantes en relación con el de las encuestas, aunque manteniendo las relaciones porcentuales entre los competidores; debido a que el porcentaje electoral no se refiere al total de la población votante – como sí lo es el respaldo a cada partido en las encuestas –, sino a los votos válidos que resultan de la diferencia entre el total de votos emitidos y los votos nulos, además de que siempre en las encuestas existe un margen de indecisos que disminuye (aunque no desaparezca en su totalidad) el día de la votación.

Significado histórico e impacto político del triunfo sandinista en el proceso revolucionario nicaragüense

Estas son las primeras elecciones en las que el sandinismo se enfrenta desde el gobierno a la extrema derecha en condiciones de paz, por lo cual sus resultados demuestran la potencia revolucionaria de la conciencia popular en Nicaragua. Desde el punto de vista práctico, son dos las razones que permitieron al sandinismo alcanzar ese espectacular 62.46% en esta contienda electoral:

En 1989, a punto de realizarse las elecciones presidenciales del año siguiente, el entonces Ejército Popular Sandinista puso los tanques frente a la embajada norteamericana en Nicaragua como correcta respuesta al cerco militar que las tropas interventoras en Panamá habían tendido sobre la embajada nicaragüense en ese país. Esto hizo que el FSLN bajara verticalmente (es decir, casi de inmediato) diez puntos porcentuales en las encuestas, debido al miedo a una intervención directa de Estados Unidos en Nicaragua. Este porcentaje de la población votante en Nicaragua es el mismo que en tres elecciones presidenciales continuas con cinco años de intervalo entre ellas, se manifestó como esa parte del pueblo nicaragüense que prefería votar por el FSLN y no lo hacía porque su respaldo al sandinismo no era tanto como para pagar el costo de una confrontación con Estados Unidos, a diferencia del 40% con que siempre ha contado (puntos más o puntos menos) el FSLN en lo que los encuestadores llaman el voto cautivo, que es en este caso el porcentaje del pueblo cuya identificación con el sandinismo es tal, que vota por el FSLN aún a riesgo de una guerra y un bloqueo económico.

Aquel 10% que a pesar de simpatizar con el FSLN no votaba por él, sino incluso en su contra, lo hacía porque tenía miedo debido a la campaña de la derecha en que se presentaba el triunfo sandinista como la posibilidad de que volviera la guerra, el servicio militar y el bloqueo económico al país. Ese miedo desapareció al no suceder esto luego de que el FSLN volviera al gobierno en 2006 con un 38% debido a la división de la derecha. La desaparición de ese miedo significó, por tanto, en estas elecciones de 2011 un aumento de diez puntos porcentuales a favor del sandinismo, los mismos que no había logrado recuperar desde 1990. Los otros diez puntos en que aumentó aproximadamente el voto a favor del FSLN, provienen en parte de quienes sin haber simpatizado nunca antes con el sandinismo, esta vez votaron a su favor al haber sido beneficiados por la política social del actual gobierno revolucionario, o porque esperan serlo en el futuro, pero más que un voto en pago por un beneficio ya recibido o que se quiere recibir, esto debe asumirse éticamente como un reconocimiento a la preocupación por el pueblo que ha demostrado este gobierno en contraste con la indiferencia de los anteriores, pues parte de ese aumento porcentual nace del voto de quienes, sin haber sido beneficiados y sin esperar serlo porque sus condiciones de vida no son las peores, se suman a este reconocimiento porque han podido ver la mejoría en las condiciones de vida de mucha gente y decidieron dar su voto a favor de que esta mejoría llegue a una cantidad mayor de nicaragüenses.

Carlos Fonseca decía que los revolucionarios deben ser implacables en el combate y generosos en la victoria. La humildad, que también debe caracterizar a los revolucionarios, contribuye a esa generosidad. Esto no solamente es ético, sino inteligente desde el punto de vista político, pues aunque jurídicamente con la mayoría calificada obtenida en el Poder Legislativo el FSLN no está obligado a consensuar nada con nadie, políticamente es necesario hacerlo en aras de la estabilidad política que el país necesita para continuar avanzando en su transformación revolucionaria con la efectividad mostrada hasta ahora, y el primero en hacer ver esto ha sido nada menos que el propio Presidente reelecto y principal líder del sandinismo, Comandante Daniel Ortega.

Los militantes del FSLN no irán ahora a burlarse de los que no son sandinistas o de los activistas de los otros partidos, sino a compartir con todos sus vecinos, compañeros de trabajo y amigos, independientemente de su color político, la alegría de saber que el pueblo nicaragüense ha decidido en libertad y de que cuando se consolida la democracia, tal como ha ocurrido en Nicaragua con estas elecciones, los únicos perdedores son aquellos cuyos intereses se contradicen con los derechos de los demás, con el bien común y con la felicidad de todos.

Es necesario reconocer, además, que seguramente muchos nicaragüenses (que para efectos estadísticos estarían dentro del 10% aproximado de los votos sumados por la política social de los últimos cinco años) votaron por el FSLN aún estando en desacuerdo (equivocadamente o no) con algunas cosas que está haciendo el sandinismo desde el gobierno o con cosas que hace el FSLN como partido (o con la manera en que algunas cosas se hacen; pudiendo ser o no correctas esas cosas y/o la manera de hacerlas), pero que consideraron una mejor opción votar por un gobierno que ha demostrado su capacidad de mejorar la vida de mucha gente, que no hacerlo o peor aún, hacerlo por tendencias políticas que habiendo gobernado antes, no han demostrado lo mismo, ni la intención de lograrlo. El FSLN debe establecer formas de trabajo que le permitan una comunicación con estos ciudadanos, a través de la cual pueda compartir su mensaje siendo capaz no solamente de persuadir, sino de escuchar y asumir errores, pero también debe ser suficientemente autocrítico para identificar fallas no necesariamente señaladas por aquellos que puedan tener desacuerdos con ciertas cosas o con la manera en que se hacen, y que puedan estar causando errores que sí son considerados como tales por ellos, o incluso otros errores que pueda estar cometiendo el FSLN y que sólo éste se encuentre en condiciones de detectar.

Y para terminar, una breve anécdota. El suscrito fue enviado recientemente, en razón del cargo que desempeña dentro del FSLN, a una actividad política en Santiago de Chile. En esa actividad se encontraba la madre de un combatiente internacionalista caído en combate defendiendo la Revolución Sandinista durante la guerra de los ochenta en Nicaragua; una anciana chilena que desde entonces había caído en depresión y no salía de su casa, razón por la cual no se le veía ni siquiera en los actos donde se recordaba a su hijo, pero participó en la actividad mencionada y cuando supo de la agradable sorpresa que ocasionó su presencia entre quienes la conocían y por primera vez la veían paticipando en algo así, explicó que sólo ahora, al saber que los sandinistas habían recibido el apoyo mayoritario del pueblo nicaragüense, le había vuelto a encontrar sentido a la muerte de su hijo.

Carlos Fonseca Terán. Secretario Adjunto de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

Hermanos y hermanas: Estamos profundamente preocupados y preocupadas por la gravedad que está alcanzando la situación del movimiento campesino del Bajo Aguan, en la región norte de Honduras. Día a día nos llegan nuevas denuncias –algunas desesperadas- sobre crímenes cometidos en su contra.

Con una presencia militar y policial además fuertemente intensificada en los últimos tiempos –la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión– estamos convencidos que es urgente actuar para evitar desenlaces peores. 
Especial preocupación nos agobia, por la situación de terror que viven los niños y niñas del Bajo Aguan, ya que sus traumas -generados por la represión y el miedo a los que están permanentemente sometidos- perdurarán y afectarán su vida de manera permanente. Hace algunos días, cuando se iniciaba precisamente el operativo militar Relámpago, un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos caídos en la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos asesinados y otros heridos. Los niños y las niñas que les acompañaban fueron testigos de ese brutal ataque. 

Por todo esto, levantamos nuestra voz de alerta y solicitamos una pronta y eficaz respuesta de parte de los pueblos, gobiernos e instituciones de nuestra América en defensa de la vida y para sentar las bases para una justa resolución de los conflictos de fondo. 

Algunos antecedentes 

La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos -iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros. 

Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo. 

En vez de responder por esta situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, el gobierno actual inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”. 

En ese contexto se generan graves y alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de la Operación Xatruch II en torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México. 

Irónicamente, mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado. 

La Policía Nacional, responsable de proteger a la población de los criminales, está siendo sacudida por la crisis más profunda de su historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el delito y los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen organizado, y al sicariato. 

En lugar de acabar con los crímenes que se multiplican por miles cada año -y que ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo según el Estudio Global sobre Homicidios (2011) de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)- la policía hondureña ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del Bajo Aguan algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha por la tierra. 

Respuestas desatinadas 

Ante este panorama, desde la comunidad internacional las respuestas tienden más al agravamiento de los conflictos que su resolución. Amén de la plena reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la indefensión jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia, entrenamientos y gastos militares en el país, abriendo incluso tres nuevas bases militares en el período posterior al golpe de 2009.

A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los EE.UU. y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de seguridad” incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguan y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos -“energía renovable”, “reforestación ecológica” y “turismo sustentable”- por sobre la resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas. 

Nuestra solicitud 

Por estas razones: 

– Nos dirigimos a los presidentes y presidentas latinoamericanos y caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el reingreso de Honduras a la OEA, para:

• Pedirles que sus gobiernos se hagan presentes en el Bajo Aguan, nombrando a un representante de sus embajadas para que se apersonen en la región, y hagan los esfuerzos que se requieran para detener la sistemática agresión y asesinatos contra los campesinos y campesinas.
• Pedirles que suspendan toda ayuda financiera al gobierno, especialmente la destinada a las Secretarías de Defensa y Seguridad Pública. Que se suspenda toda cooperación internacional dirigida a fortalecer al Ejército, la Policía Nacional y a sostener la intervención extranjera, sea ésta en calidad de préstamo o de donación.

– Nos dirigimos a la Organización de Estados Americanos, para pedir que proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
– Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de las poblaciones afectadas en el lugar de los hechos. 
– Nos dirigimos a las Instituciones Financieras Internacionales, a los inversores y llamados “donantes” internacionales, para que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas. 
-Nos dirigimos a las autoridades hondureñas, para exigir que respeten los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de: 

1) Velar por los derechos humanos:

• Dando protección a las personas y comunidades en riesgo.
• Investigando y sancionando los crímenes cometidos y castigando a sus responsables.
• Terminando con la criminalización de los movimientos campesinos y con la impunidad de la que gozan los grandes terratenientes.

2) Avanzar desde el Estado hacia la solución de la grave problemática agraria que afecta al campesinado hondureño:

• Deteniendo los desalojos forzosos.
• Garantizando el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la vivienda, de los y las campesinas organizadas.
• Impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y la concesión y entrega del territorio y del patrimonio natural sin la obligatoria consulta previa e informada de los afectados.

3) Desmilitarización de la región:

• Suspender los operativos militares.
• Poner fin a la presencia militar extranjera.

– Finalmente, nos dirigimos a los pueblos del continente para que se mantengan en alerta frente a la situación de grave peligro que se presenta en Honduras y especialmente en la zona del Bajo Aguan y activen la solidaridad, participando de las distintas iniciativas de las organizaciones populares de la región, como el Observatorio Internacional de Derechos Humanos para el Aguan y las brigadas solidarias. 

¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan! 

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Jubileo Sur/Américas – Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, COMPA – Espacio Refundacional-Honduras – Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH – Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH – Rights Action/Derechos en Acción – Colectivo Italia Centro America CICA – Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina (primeras firmas)

La reciente victoria electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional es la continuación del Sandinismo y la apertura hacia una nueva posibilidad de desarrollo de este país, consideró el Comandante Tomás Borge Martínez, fundador del FSLN.

El Comandante Tomás Borge fue abordado por los periodistas momentos después de depositar su ofrenda floral ante el mausoleo del que fue su gran amigo, fundador y Jefe de la Revolución Sandinista, Carlos Fonseca.

Al momento de entrar a depositar su ofrenda floral, el Comandante Tomás Borge, paró por un momento y se quedó absortó frente al mausoleo, como reflexionando sobre las cosas que han pasado entre el inicio de la lucha del FSLN y lo que significa la nueva victoria electoral del Frente Sandinista.

Explicó el actual embajador de Nicaragua en Perú, que el FSLN no podría existir sin ese hilo conductor que seguirá hoy, mañana y siempre uniendo a las generaciones de sandinistas y comentó que Carlos sigue soñando y el sueño de nosotros es del Carlos Fonseca.

Consideró que si alguien de los que ha muerto debe estar satisfecho, debe ser Carlos Fonseca, que estar feliz con la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Por otro lado apuntó, sobre la actitud de la dirigencia de los partidos de derecho de no reconocer los resultados de la pasada elección presidencial del seis de noviembre, es normal, previsible, “creo que no nos debemos ni sorprender, ni asustar que estén tratando de desconocer un hecho tan obvio, indiscutible como fue la victoria del FSLN.