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América Central

Abrumadora victoria electoral del FSLN. Nicaragua ratificó al sandinismo

07/11/2011 by maestro Deja un comentario

Entre entonces y ahora, el país centroamericano vivió un camino sinuoso lleno de zigzags políticos. Once años de Gobierno revolucionario. La inesperada derrota electoral de 1990 resultado de la guerra de agresión. Diecisiete años de sucesivos gobiernos neoliberales de derecha con retrocesos sociales evidentes. Desde inicios del 2007, la vuelta del FSLN al Gobierno por la vía electoral. Y ahora, la confirmación del actual presidente Daniel Ortega que seguirá gobernando el próximo lustro.

A pesar de críticas virulentas de la oposición de derecha -dividida en cuatro alianzas- basadas en el argumento de la “inconstitucionalidad” de la reelección de Ortega, la ciudadanía dio su veredicto. Que fue contundente: los datos preliminares del Consejo Supremo Electoral otorgan más del 66 % de los votos al sandinismo. La alianza derechista de liberales y sandinistas disidentes no llegarían al 25 %. 

Premiando con otro mandato una gestión política basada, entre otros, en abundantes proyectos sociales; la vuelta a un sistema de educación y salud gratuitas; el esfuerzo creciente por redistribuir la riqueza en medio de crecimiento económico sostenido; el fin de la profunda crisis energética casi permanente que padecía el país; la apuesta a una integración latinoamericana progresista y autónoma.

El sandinismo ganó en elecciones altamente participativas y transparentes. Una fiesta cívica verificada por miles de “acompañantes” (observadores) electorales europeos, latinoamericanos, redes sociales etc.

A la hora de la victoria contundente; al momento mismo del festejo popular que la celebra en todo el país; sin embargo, no faltan desafiantes temáticas presentes y futuras.

En primer lugar, el viraje que representa que Nicaragua haya abolido, el derecho histórico al aborto terapéutico. Precio caro de una nueva alianza reconstruida ya hace algunos años con las iglesias, principalmente con la jerarquía católica romana. 

En segundo lugar, el nuevo discurso profundamente religioso, casi carismático, del Presidente Ortega y su entorno. Tratando de superar su marxismo de antaño, para diseñar una nueva Nicaragua “cristiana, socialista y solidaria”, como lo expresa la principal consigna electoral del FSLN.

En tercer lugar, la necesaria preparación de un relevo, asignatura pendiente de la dirigencia sandinista. Daniel Ortega concluirá este nuevo mandato en 2016, con 71 años. En un país donde predominan generacionalmente los jóvenes de menos de 25 años y en una dinámica democrática que necesita nuevos rostros.

Estas cuestiones abiertas no menosprecian el impacto de esta abrumadora victoria electoral sandinista. De un FSLN que supo ganar el poder con las armas en 1979. Que no escondió a nadie su transformación posterior de guerrilla en partido electoral. Que supo aceptar y digerir la derrota en 1990. Que con madura dignidad asumió su rol de oposición entre esa fecha y el 2006. Y que hoy, revitalizado por su programa social y plebiscitado por la gran mayoría de la ciudadanía nicaragüense, merece seguir gobernando.

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FNRP presenta documentación para inscripción de Partido LIBRE ante el Tribunal Supremo Electoral

02/11/2011 by maestro Deja un comentario

 

Miles de simpatizantes y militantes del FNRP se dieron cita en los predios del Tribunal Supremo Electoral para acuerpar la presentación de los documentos, los que además de las firmas incluyen: la Declaración de Principios, Estatutos, Plan de Acción Política, Acta Constitutiva y estructuras municipales, departamentales y nacionales de LIBRE.

En el interior del TSE, la Coordinación Nacional de FNRP a través del Coordinador General, Manuel Zelaya, hizo formal entrega de la documentación, la que fue recibida por los Magistrados del organismo electoral, los que luego de un acto protocolario, dieron por recibidos los documentos.

En su intervención Zelaya expresó que “es mi deber informar a esta sociedad y a los representantes del Estado de Honduras aquí presentes, que el pueblo hondureño ha iniciado desde las bases un movimiento muy fuerte, democrático, amplio, participativo que no se va a detener, que no va a escatimar ningún esfuerzo hasta lograr la libertad de este país y la Refundación de Honduras que es uno de nuestros mejores propósitos, con el fin de alcanzar la justicia que merece y demanda todo el pueblo hondureño”, a la vez agregó que con ese acto se marca el fin del tradicionalismo político, ”estamos iniciando una nueva era, una nueva era de apertura democrática, de socialismo democrático abierto para el pueblo hondureño y esta nueva era tiene un nombre: Partido Libertad y Democracia, LIBRE”, culminó.

Por su parte Juan Barahona, Sub Coordinador del FNRP y LIBRE afirmó que éste “es la expresión del pueblo hondureño después del 28 de junio del 2009, fecha en que se dio el golpe de Estado, quedamos en espera de la respuesta positiva de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, dándonos el reconocimiento jurídico, porque hemos cumplido con todos los requisitos legales que la Ley nos exige”.

En tanto, el líder sindical y miembro de la Coordinación Nacional del FNRP, Carlos H. Reyes, apuntó que con este acto se da cumplimiento al mandato de la Asamblea del 26 de junio de este año, a la vez enfatizó que cualquier triunfo de LIBRE no servirá si no se fortalece el FNRP el que constituye la base de la transformación del país, “si el FNRP no es fuerte, LIBRE de nada servirá que gane, porque ya tenemos la experiencia, le dieron un golpe de Estado a un Presidente electo constitucionalmente y que tenía un Partido que lo respaldara”, cerrando su intervención con vivas para Morazán, Bolívar, Honduras y Latinoamérica.

A partir de este momento y según lo establece la Ley, el TSE tendrá 20 para el cotejamiento de las firmas con el Censo Nacional electoral y luego 60 días de exposición de las mismas en los municipios, con el objetivo de que los ciudadanos puedan revisarlos y si es el caso, reclamar el uso indebido de su nombre. Durante este tiempo el TSE revisará y calificará si la documentación presentada cumple con los requisitos de Ley, por lo que se espera que en un tiempo máximo de 100 días se tenga una resolución formal de si se acepta o no la inscripción del Partido LIBRE.

2.

Partido Libre es el nuevo instrumento de lucha de la resistencia hondureña

Zelaya entregó cerca de 80 mil firmas para la inscripción del partido

En Tegucigalpa, miles de personas acudieron a la sede del Tribunal Supremo Electoral, en la mañana del 30 de octubre, para acompañar la inscripción del partido Libertad y Refundación (Libre), el nuevo instrumento de lucha de la resistencia hondureña.  Manuel Zelaya Rosales, Presidente depuesto por un golpe de Estado en 2009, entregó cerca de 80.000 firmas – el doble de la cantidad requerida por el Tribunal.

“Bajo el lema ‘la revolución es inevitable en Honduras’, presentamos hoy los requisitos que exige la Ley Electoral y la Constitución de la República para la inscripción de una nueva fuerza política en Honduras. Es mi deber informar a la sociedad hondureña y a los representantes del Estado de Honduras, que el pueblo hondureño ha iniciado un movimiento desde las bases, fuerte, democrático, amplio y participativo que no se va a detener hasta lograr la libertad y la refundación de este país”, afirmó Zelaya en la ceremonia de inscripción del partido.

El ex presidente consideró la conformación del partido Libre como el fin del tradicionalismo político en el país, que está lidereado por el Partido Liberal (del cual Zelaya fue expulsado después de su regreso a Honduras) y el Nacional. “Iniciamos una nueva era de apertura democrática, un socialismo abierto. Y esta nueva era tiene un nombre: partido Libertad y Refundación”, afirmó.

Según el dirigente sindical Carlos Reyes, la base de la transformación del país debe ser el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) – organización que a partir del golpe de Estado agrupa a varios movimientos y organizaciones sociales -, ya que el partido Libre es un brazo político y una demanda del FNRP. 

“Nos alegra que estamos construyendo un partido, y nos alegra aún más de que el FNRP se constituya como una verdadera fuerza social y política, que es la base de cualquier triunfo de Libre”, dijo Reyes. “Si el FNRP no es fuerte, de nada sirviría la victoria del partido Libre”, concluyó.

Resultado de la diversidad ideológica que compone la resistencia hondureña, el partido Libre nació con cinco corrientes internas, siendo la principal de ellas la Fuerza de Refundación Popular (FRP), dirigida por la coordinación del FNRP. Las corrientes compitirán entre ellas  en elecciones internas en 2012 para definir las autoridades del partido.

En los comicios de 2013, Zelaya no podrá presentar su candidatura ya que la actual Constitución de Honduras no permite la reelección. Xiomara Castro, su esposa, es considerada por la Resistencia como una posible candidata de Libre.

El Tribunal Superior Electoral tiene 100 días para dar una respuesta definitiva sobre la  oficialización del partido Libre.

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WikiLeaks Honduras: EE.UU. vinculado a brutales empresarios

31/10/2011 by maestro Deja un comentario

Más de 46 campesinos han sido asesinados o han desaparecido. Los grupos de derechos humanos acusan de que muchos de los asesinatos han sido perpetrados por el ejército privado de guardias de seguridad empleados por Miguel Facussé, magnate de los biocombustibles. Los guardias de Facussé trabajan en estrecha colaboración con los militares y la policía hondureña, que reciben un generoso financiamiento de EE.UU. para librar la guerra contra la droga en la región.

Nuevos cables de WikiLeaks revelan ahora que la embajada de EE.UU. en Honduras –y por lo tanto el Departamento de Estado– ha sabido desde 2004 que Miguel Facussé es un importador de cocaína. En otras palabras, la “narcoguerra” de EE.UU. se utiliza para, entrenar y apoyar la guerra de un conocido narcotraficante contra los campesinos.

Miguel Facussé Barjum, es según la embajada “el empresario más rico y más poderoso del país”, uno de los “pesos pesados políticos” del país. El New York Times lo describió recientemente como “el octogenario patriarca de una del puñado de familias que controlan gran parte de la economía de Honduras”. El sobrino de Facussé, Carlos Flores Facussé, fue presidente de Honduras de 1998 a 2002. La corporación Dinant de Miguel Facussé es un importante productor de aceite de palma, comida chatarra, y otros productos agrícolas. Fue uno de los partidarios clave del golpe militar que derrocó al presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.

La base del poder de Miguel Facussé se encuentra en el bajo Valle del Aguán, donde los campesinos se establecieron originalmente en los años setenta como parte de una estrategia de reforma agraria del gobierno hondureño que alentó cientos de exitosas cooperativas y colectivos campesinos en la región. Desde 1992, sin embargo, los nuevos gobiernos neoliberales comenzaron a promover la transferencia de sus tierras a elites acaudaladas, que se apresuraron a aprovechar el apoyo estatal para intimidar y obligar a los campesinos a vender sus tierras, y en algunos casos para adquirir tierras mediante un fraude evidente. Facussé, de lejos el mayor beneficiario de esas políticas estatales, ahora reivindica por lo menos 8.900 hectáreas en el bajo Aguán, por lo menos un quinto de toda la zona, y en gran parte la ha plantado con palmas africanas para un imperio de biocombustible en plena expansión.

Mientras tanto, los niveles de vida de los campesinos de la región han bajado dramáticamente. En diciembre de 2009 miles de campesinos organizados comenzaron a realizar recuperaciones colectivas de tierras en el bajo Aguán que según ellos les fueron robadas, o prometidas legalmente por el gobierno a través de previos acuerdos o edictos.

Los esfuerzos de los campesinos han sido enfrentados con rápidas y brutales represalias. Según el Comité de Familias de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), un grupo independiente altamente respetado de derechos humanos, por lo menos 44 personas han sido asesinadas, 16 solo el verano pasado. Las víctimas incluyen a dirigentes de grupos como el Movimiento Unificado de Campesinos de Aguán (MUCA), que participa en tomas de tierras, pero también a miembros de comunidades estables que han estado en el lugar durante décadas, como Guadalupe Carney, Rigores o Prieta, cuyos residente creían que tenían títulos seguros de propiedad de sus tierras. Según una declaración de Human Rights Watch en la que pide una investigación, nadie ha sido arrestado o enjuiciado por alguno de esos asesinatos.

Muchos de estos asesinatos y ataques se han atribuido a guardias privados de seguridad de Miguel Facussé, así como a sus asociados. Los sicarios van de civil o con uniformes del Grupo Dinant y se dice que son entre 200 y 300. El propio Facussé admite que el 15 de noviembre de 2010 sus guardias mataron a tiros a cinco campesinos del MUCA en la comunidad El Tumbador. Un informe de julio de 2011 sobre las matanzas de campesinos en el Aguán de una misión investigadora del Consejo Mundial de Iglesias, Foodfirst Information and Action Network (FIAN) International, y otros grupos internacionales, señala: “En todos los casos, según testigos y miembros de los movimientos de campesinos, los guardias de seguridad que trabajan para Miguel Facussé y René Morales están considerados los protagonistas primordiales”, incluso en las muertes de tres miembros del MUCA el 17 de agosto de 2010.

Los supuestos asesinatos y ataques armados de guardias de Facussé continúan. El 5 de octubre, se informa de que los guardias de seguridad de Facussé atacaron a tiros e hirieron gravemente a dos miembros del MUCA en la comunidad campesina San Isidro, según FIAN. El 11 de octubre en La Aurora, informan FIAN y otros grupos de derechos humanos, por lo menos seis guardias de seguridad de tierras reivindicadas por la Corporación Dinant de Facussé, junto a policías y fuerzas militares, mataron a tiros a Santos Serfino Zelaya Ruiz, de 33 años, y abrieron fuego contra 15 mujeres que repartían sal, quienes se ocultaron durante horas entre las palmas.

El 8 de enero de 2011, el activista opositor y periodista Juan Chinchilla fue secuestrado en el valle Aguán, torturado e interrogado. Escapó después de dos días e informó en una entrevista que sus secuestradores “llevaban casi todos uniformes del ejército, la policía y de guardias privados de Miguel Facussé”.

Grupos de derechos humanos de todo el mundo han denunciado los ataques de Facussé a los campesinos hondureños. El 8 de abril, el banco alemán de desarrollo DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungselleschaft mbH), anuló un préstamo de 20 millones de dólares a Dinant después de investigar la situación. Una semana después EDF, una importante corporación energética francesa, anunció que anulaba sus planes de comprar créditos de carbono a Dinant.

Facussé ha respondido agresivamente en su defensa con anuncios de página completa. También demandó hace poco por difamación al obispo de Honduras Luis Alfonso Santos y a Andrés Pavon, presidente del conocido Comité para la Defensa de Los Derechos Humanos (CODEH).

En tándem con los asesinatos y desapariciones de activistas individuales, la policía y los militares hondureños han lanzado, durante el último año y medio, sucesivas olas de represión contra comunidades campesinas completas, tanto asentadas en nuevos sitios ocupados como en otras estables con un estatus legal a largo plazo. El 15 de diciembre de 2010, entre 500 y 1.000 policías y militares rodearon la pequeña localidad campesina de Guadalupe Carney con francotiradores y helicópteros y realizaron allanamientos casa por casa en busca de supuestas armas, que nunca encontraron. Los soldados se quedaron acampados en el centro del pueblo desde entonces. En abril de 2010, 2.000 policías y militares hondureños ocuparon todo Valle del bajo Aguán, controlando el acceso e intimidando a los residentes.

La situación ha empeorado desde mayo, y sigue escalando. Cinco guardias de seguridad, un policía, y otros cinco, además de 16 campesinos, han muerto. La región está nuevamente ocupada por 1.000 soldados en una operación militar llamada Xatruch II, que apunta a combatir guerrilleros armados, de cuya existencia no existe ninguna evidencia. Tampoco se ha presentado evidencia que vincule a los campesinos con las otras muertes.

En general, la ocupación y represión del bajo Aguán ha llegado a proporciones aterradoras. “Con la militarización Xatruch II tratan de convertir nuestra zona en Iraq”, acusan COFADEH y el MUCA. “Nuestros asentamientos están sometidos a un continuo estado de sitio”.

El 24 de junio, solo con una hora de advertencia, la policía quemó casi toda la comunidad de Rigores de más de 100 casas, de diez años de antigüedad, y aplanó sus tres iglesias y su escuela de siete aulas. Los residentes comenzaron a reconstruir sus casas con carpas y palos, pero entre el 16 y 18 de septiembre, como respuesta a la muerte de un policía cercano, la policía irrumpió en el pueblo, agarrando y deteniendo gente al azar, incluidos niños. Uno de ellos era un niño de 16 años que ha testificado que los policías le pusieron una bolsa sobre la cabeza, lo rociaron con gasolina y amenazaron con matarlo. El 20 de septiembre policías y militares desalojaron exitosamente a todos los que quedaban en la comunidad.

Numerosos testigos presenciales y grupos de derechos humanos informan de que los guardias privados de Facussé, policías y militares, participaron en conjunto en esos violentos desalojos y las muertes asociadas con ellos: en El Tumbador el 15 de noviembre de 2010; en Guadalupe Carney el 15 de diciembre de 2010; en Rigores el 24 de junio de 2011; y en La Aurora el 11 de octubre, donde las mujeres se ocultaron entre los árboles, así como en el secuestro de Chinchilla. El pasado 15 de agosto, informa COFADEH, los guardias de Facussé junto con policías y miembros de las fuerzas armadas atacaron brutalmente a los campesinos en la plantación de palmas africanas conocida como Finca Panamá.

Según Rights Action, un grupo de derechos humanos basado en Washington DC y Toronto, “informa de que militares, policías y fuerzas privadas de seguridad intercambiaron uniformes según el contexto, para movilizarse en conjunto en patrulleros policiales y coches que pertenecen a compañías privadas de seguridad empleadas por los dueños de plantaciones de palmas africanas”. COFADEH concluye diciendo: “La relación entre los militares y los guardias privados de seguridad demuestra claramente que los guardias de seguridad actúan como fuerzas paramilitares”.

En los últimos dos años desde el golpe, el financiamiento por EE.UU. de los militares y policías hondureños ha aumentado drásticamente. EE.UU. ha asignado 45 millones de dólares en nuevos fondos para la construcción militar, incluida la expansión de la Base Soto de la Fuerza Aérea en Palmerola, operada en conjunto (con suministro ahora dedrones estadounidenses) y ha abierto tres nuevas bases militares. El financiamiento de la policía y de los militares, casi 10 millones de dólares en 2011, aumentó drásticamente en junio con 40 millones más según la nueva Iniciativa Regional Centroamericana de 200 millones de dólares, supuestamente para combatir el narcotráfico en Centroamérica, que, ciertamente, es flagrante, peligroso y creciente en Honduras bajo el gobierno posterior al golpe de Lobos, especialmente en el Aguán.

Las operaciones militares hondureñas en el valle del bajo Aguán, incluidas operaciones conjuntas con guardias de Facussé, se benefician de estos fondos, así como de un entrenamiento especial. En verano de este año 70 miembros del Batallón Quince de Honduras recibieron un entrenamiento especial de 33 días de los rangers estadounidenses. Según la Red de Solidaridad con Honduras, miembros del grupo Xatruch de Fuerzas Especiales en el valle Aguán, confirmaron en una reunión en septiembre “que habían recibido entrenamiento en operaciones especiales de militares de EE.UU., que incluyó entrenamiento de francotiradores y antiterrorismo”. Testigos presenciales informaron a Rights Action de que también vieron a rangers estadounidenses entrenando a guardias de seguridad de Facussé.

Últimamente, el 6 de octubre, miembros de la Operación Xatruch II, capturaron, detuvieron sin acusaciones y torturaron a Walter Nelin Sabillón Yanos, miembro del MUCA, según informes de FIAN. Sabillón les declaró que mientras estaba detenido en la comisaría Tocoa, las autoridades lo golpearon, le colocaron repetidamente un capuchón en la cabeza y le aplicaron tres veces choques eléctricos en las manos, el abdomen y la boca mientras lo interrogaban sobre el movimiento campesino.

El 17 de septiembre llamé a la comisaría Tocoa para preguntar por la situación de mñas de 30 campesinos que habían sido reunidos y detenidos. “Díganle que matamos a todos los campesinos”, dijo riendo el oficial, y colgó. A una colega que llamó poco después le dijeron que trataban a los detenidos “como perros”. “¿Los están torturando?” –preguntó. “Espero que así sea” –respondió el oficial.

Cables publicados el 30 de septiembre por Wikileaks aclararon aún más el papel de los militares de EE.UU. y del Departamento de Estado en el conflicto del valle Aguán. Un cable del 19 de marzo de 2004 de la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa, titulado “Avión con droga quemado en destacada propiedad hondureña” informa de que “un conocido vuelo de tráfico de droga con un embarque de 1.000 kilos de cocaína de Colombia… aterrizó exitosamente el 14 de marzo en la propiedad privada de Miguel Facussé”. Según el autor del cable, el embajador Larry Palmer, las fuentes informaron a la policía de que “el alijo se descargó en un convoy de vehículos protegido por casi 30 hombres armados”. Vieron como quemaban el avión y sus restos enterrados posteriormente por un “buldócer/cargadora frontal”.

Palmer escribe que “la propiedad de Facussé está fuertemente protegida y la posibilidad de que los individuos hayan podido acceder a la propiedad, sin autorización, utilizado la pista de aterrizaje es cuestionable”. Una fuente “afirmó que Facussé estuba presente en la propiedad cuando tuvo lugar el incidente”.

El embajador Palmer también informó de que “este incidente marca la tercera vez en los últimos quince meses en la que se han vinculado narcotraficantes con la propiedad del señor Facussé”. En un cable subsiguiente del 31 de marzo de 2004, Palmer señaló la confiscación de “aproximadamente 700 kilos de cocaína” por las autoridades hondureñas y transmitió su opinión de que la droga podría haber provenido del avión quemado en la propiedad de Facussé.

El 22 de febrero de 2009 –cuatro meses antes del golpe– El Heraldo, un periódico derechista de Tegucigalpa, informó de que, según un funcionario de la oficina antinarcóticos del gobierno hondureño, un avión Cessna con 1.400 kilos de cocaína se había encontrado en Farallones, al este del valle Aguán en el departamento de Colón, “en una pista de aterrizaje que según nuestra información pertenece a Miguel Facussé”. Parece seguro presumir que la embajada de EE.UU. lee El Heraldo a diario y cuidadosamente.

Otros cables publicados por WikiLeaks establecen que funcionarios de la embajada se reunieron con Miguel Facussé en junio de 2006 y el 7 de septiembre de 2009, diez semanas después del golpe, y que la embajada almorzó con Facussé y Rafael Callejas, otro de los poderosos respaldos del gobierno golpista.

Una nueva embajadora estadounidense, Lisa Kubiske, llegó a Honduras en agosto de este año. Es experta en biocombustibles, el centro del imperio de palmas africanas de Miguel Facussé.

¿Qué quiere decir todo esto, entonces? Primero, la embajada de EE.UU. se reunió por lo menos dos veces con un conocido y destacado narcotraficante. Segundo, sabía que respaldó el golpe mientras se desarrollaba, como si fuera solo un “destacado empresario”.

Tercero, y lo más importante, EE.UU. financia y entrena a militares y policías hondureños que realizan operaciones conjuntas con los guardias de seguridad de un conocido narcotraficante, para reprimir violentamente a un movimiento campesino por cuenta de las dudosas reivindicaciones de Facussé de vastas áreas del valle Aguán, a fin de fortalecer su imperio de palmas africanas.

El actual presidente hondureño, Porfirio Lobo, estuvo en Washington durante la primera semana de octubre. Pregonó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la droga, con plena aprobación del presidente Obama. En realidad, ambos aseguran la cobertura y el apoyo a una guerra contra campesinos empobrecidos, para promover los intereses económicos del hombre más rico y poderoso de Honduras.

Copyright © 2011 The Nation

Dana Frank es profesora de Historia en la Universidad de California, Santa Cruz, y autora de Bananeras: Women Transforming the Banana Unions of Latin Americaque se concentra en Honduras, y de Buy American: The Untold Story of Economic Nationalism. Actualmente escribe un libro sobre la intervención de AFL-CIO durante la guerra fría en el movimiento sindical hondureño.

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Honduras: La venganza de los golpistas. El Costo de la Verdad

11/07/2011 by maestro Deja un comentario

 Mientras se difunde una verdad a medias, por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se cierne la venganza golpista contra quienes están dispuestos a defenderla a toda costa. Mientras la comisión oficialista reconoce -tardíamente- lo que el mundo entero sabía desde el comienzo, que hubo golpe de estado, le echan la culpa a la víctima y todo el aparato criminal se apresta a dar un golpe artero al más conspicuo de los ministros del Ex Presidente Zelaya, Enrique Flores Lanza.

Al mejor estilo de la Cosa Nosstra, el aparato golpista, intacto en los espacios más importantes de decisión, usa todos los recursos a su disposición para -con lujo de cinismo- perpetrar su venganza y al mismo tiempo privar de sus capacidades a la coordinación política de la resistencia. Como no pudieron hacerlo con Zelaya en razón del costo político y económico que implicaría, entonces quieren saciar su odio de clase contra quien culpan por las propuestas del ex presidente. El ministro de la presidencia de Mel Zelaya ha sido señalado como uno de sus principales asesores durante su gobierno y considerado el cerebro de los cambios impulsados por Zelaya.

Quienes conocemos al Abogado Enrique Flores Lanza sabemos de que se trata este asunto. Quique como le seguimos llamando pese a su investidura, es una persona brillante en su profesión de abogado. Hijo de lúcidos y prominentes abogados ha hecho de su vida un apostolado de sus ideas. Y es que para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad humana, la realidad de pobreza, exclusión, muerte, en un extremo y de privilegios, excesos y riqueza en el otro es hoy en Honduras una bofetada a la dignidad. Flores Lanza ha consagrado su vida a luchar por lo que cree: cambiar este modelo de injusticia basado en los privilegios que un pequeño grupo ostenta para aplastar al resto de la sociedad. Este es realmente el pecado original de Enrique Flores Lanza.

En Honduras las palomas disparan a los fusiles. El cinismo se ha instalado como política de estado y los inocentes son llevados al cadalso por no aceptar la mentira, el engaño y la satrapía que hoy nos gobierna. Los luchadores sociales están bajo amenaza constante. Fausto Milla sacerdote católico, miembro de la Comisión de Verdad y paladín de la justicia por décadas ha tenido que abandonar el país junto a su asistente Denia Mejía por las constantes amenazas y la posibilidad real que estas se ejecutaran. Antes de salir, ha denunciado la terrible conspiración que se ha instaurado en el país y al autor de las amenazas en su contra: Miguel Facussé, quizás el hombre más poderoso del país, ha decidido eliminar cualquier obstáculo a su ambición. Para ello utiliza toda la institucionalidad del estado. Desde la policía y el ejército hasta fiscales, jueces y magistrados. El estado patrimonial se personifica en este prepotente individuo que cree tener el derecho divino de disponer de vidas, almas y bienes a su antojo.

El caso de Flores Lanza se inscribe en la lucha de clases que el golpe de estado destapó. Se trata de ejecutar la venganza, de darle un escarmiento y humillarlo y con esto, a la resistencia, dejándole de paso una amenaza velada: no se puede tocar a Dios con las manos sucias. Es cierto, los poderosos de este país se creen dioses. Por ello están valorando todas las posibilidades a su alcance a fin de evitar cualquier intento de poner fin al orden de cosas por ellos establecido. En ese propósito, no les importará llevarse por delante vidas, familias, y dignidades. En el momento que consideren oportuno ordenarán por igual a sicarios que disparen o a fiscales y jueces para que ejecuten un apresto judicial amañado. El sicariato muestra sus diferentes caras. Como dicen los gringos cuando amenazan un país, todas las opciones están en la mesa.

En este caso, sabemos que no importa en realidad los recursos legales, el debido proceso o los Derechos Humanos. Las órdenes superiores ya se dieron. Esta es una situación de perder – perder. Si paga la fianza, acepta que cometió el crimen de que lo acusan, pero también sería acusado de enriquecimiento ilícito. Como decimos en Honduras si enchuta pierde y si no, también. En este contexto, Enrique Flores Lanza está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por defender la verdad. No la verdad a medias, no su verdad, sino los hechos tal como ocurrieron.

Algunas personas dicen que debería hacerse una campaña entre la resistencia para reunir la astronómica cifra que le impusieron como fianza para defenderse en libertad. Han hecho cálculos incluso. Uno y medio millones de personas en resistencia a veinte Lempiras cada uno es suficiente, dicen. Otros incluso le han ofrecido sus títulos de propiedad para ponerlo como fianza. Hay quienes piensan que debe huir para no darle gusto a los golpistas. Pero la dignidad de las personas de verdad no se vende ni se compra. No tiene precio. Flores Lanza, fiel a sus principios ha rechazado cualquier cosa que no sea la defensa de la verdad y está dispuesto a todo, incluso a ser encarcelado injustamente por defenderla.

Como siempre, la historia se encargará de juzgar a los criminales y absolver a los inocentes. Los ejemplos son muchos, pero basta mencionar a los gigantes Mandela y Fidel. Aquí en nuestro país, muchos de los que hemos luchado por siempre, desde que tenemos memoria por cambiar la situación de injusticia e impunidad hemos sufrido cárcel, exilio y hasta la muerte. Quienes cayeron lo hicieron conscientes que su sacrificio era para abonar esta tierra. De esa forma preñarla para que un día futuro -ahora cercano-, la semilla de libertad diera los frutos para toda la gente y no para unos pocos. Nuestra lucha es para acabar con la larga noche de la injusticia y la infamia en la que los criminales tienen sumida a nuestra patria.

Este pueblo despertó el día del golpe. Ya no es el mismo. Pese a todo el escarnio, la represión y muerte sigue la senda democrática. Deben estar seguros que cada medida tendiente a cerrarle espacios tendrá el efecto contrario que persiguen los criminales. Si cierran las últimas puertas deben prepararse para recibir toda la furia de este pueblo. No habrá muro, ni ejército ni policía que lo detenga. De la mano con el poeta Sosa decimos que los pobres son muchos, por eso es difícil olvidarlos y menos aún, si llegan a bajar de los cerros.

Termino como empecé. Recordando las palabras finales pronunciadas en su defensa por uno de los más grandes patriotas y humanistas de la historia:

“En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no la ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos. Condenadme, no importa, La historia me absolverá.”

  Pronunciado por Fidel Castro en el juicio del Moncada, el 16 de octubre de 1953

Publicado en: América Central

Regresa Zelaya y sigue la resistencia

07/06/2011 by maestro Deja un comentario

…..una importante victoria del combativo Frente Nacional de Resistencia Popular(FNRP). Zelaya sufrió el primer golpe de Estado a un presidente latinoamericano después de la sustitución por democracias formales de las dictaduras militares entre los ochentas y los noventas del siglo 20. Brutalmente sacado a la fuerza de su casa en la madrugada del 28 de junio de 2009 y colocado en un avión rumbo a Costa Rica por efectivos del ejército. Es bien conocida la subordinación de la institución castrense hondureña al Comando Sur de Estados Unidos a través de su Grupo de Tarea Bravo destacado en la base aérea de Soto Cano, situada entre Tegucigalpa y San Pedro Zula.
El cuartelazo fue condenado por los gobiernos latinoamericanos y los organismos internacionales, incluyendo la OEA, que expulsó a Honduras de su seno. Pero con una tibia postura de Estados Unidos, que se negó a calificarlo como golpe de Estado y en cuestión de semanas inició una maniobra para legitimarlo mediante una “mediación” encargada por la Secretaria de Estado Clinton nada menos que al tico Oscar Arias, de evidente trayectoria al servicio de Washington. Esta mediación recibió apoyo de la Unión Europea y fue lo que comenzó a debilitar el rechazo internacional contra el golpe y la exigencia por la restitución del gobierno constitucional de Zelaya acordados por las Asambleas Generales de la OEA, la ONU, Unasur y el Movimiento de los No Alineados.
Sin embargo, la mayoría de los Estados de América Latina mantuvo una firme posición de no aceptación del régimen de Tegucigalpa, e incluso después que este organizara unas cuestionadas elecciones y asumiera un nuevo presidente, siguió existiendo un buen número de gobiernos latinoamericanos apegados a esa postura, sobre todo los de ALBA y UNASUR. No obstante que a partir de ese momento se recrudecieron las presiones de Estados Unidos para el reconocimiento de los comicios, del gobierno surgido de ellos y el reingreso de Honduras a la OEA, la postura contraria de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y, por supuesto, Cuba, lo ha venido impidiendo.
Pero el 9 de abril de este año se inició una mediación latinoamericana, sin intervención de Estados Unidos, llevada a cabo por los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia, y Hugo Chávez, de Venezuela, que condujo a la firma el 22 de mayo por el gobernante hondureño Porfirio Lobo y el derrocado presidente Zelaya de un documento atestiguado por el propio Santos y el canciller venezolano Nicolás Maduro. En el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación Democrática en Honduras el gobierno de ese país se compromete con el regreso de Zelaya y “garantizar(le) así como a los demás ex miembros de su gobierno, el ejercicio de todas sus libertades de acción política y de todas las garantías contempladas en la Constitución … y las leyes… tomando para ello las medidas especiales de seguridad personal que sean necesarias”. Asimismo, el reconocimiento como fuerza política del FNRP y su derecho a solicitar su inscripción como tal y a competir en elecciones democráticas y el derecho de realizar una Asamblea Constituyente –demanda principal de la resistencia- si así se vota en plebiscito según el artículo 5 de la Constitución. Como se recordará, la oposición de los halcones estadunidenses y la oligarquía a que simplemente se consultara al pueblo sobre esta posibilidad fue lo que desencadenó el golpe de Estado. Por último se acuerda constituir una Comisión de Seguimiento de las estipulaciones del documento integrada por Colombia y Venezuela, a la que podrán sumarse otros gobiernos. El documento no lo dice pero sin estos compromisos Honduras no habría vuelto a la OEA.
De los acuerdos, ya se cumplió el regreso de Zelaya y de sus compañeros exiliados pero faltan los restantes, que podrían abrir la puerta a cambios verdaderamente democráticos. A ello se opondrán con todas sus fuerzas Estados Unidos y los sectores más recalcitrantes de la oligarquía. Una señal de ello: las televisoras hegemónicas hondureñas no trasmitieron el regreso de Zelaya. En Honduras continúan la impunidad de los golpistas y la represión, los asesinatos y desapariciones. Contra todo ello se propone seguir luchando el FNRP, ahora con la victoria política de haber conseguido el retorno de Zelaya, una de sus demandas fundamentales.
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El Imperio no descansa: ahora endulza a Chávez

14/04/2011 by maestro Deja un comentario

Primero debemos tener presente que este movimiento diplomático no es posible sin el consentimiento expreso de Washington; a pesar de su relativa independencia, el gobierno colombiano no puede hacer un movimiento de carácter estratégico para la región sin haber consultado con el Pentágono y el Departamento de Estado, principales promotores y pilares del Plan Colombia. Por otro lado, el régimen hondureño, impuesto como parte del “blanqueamiento” del Golpe de Estado Militar, se ha convertido, después de casi dos años, en una pesada carga política y económica para los intereses norteamericanos en la región, y es directamente dependiente de los designios emanados en el Departamento de Estado y la CIA misma.

Un segundo punto que se mantiene constante, es la situación política nicaragüense, que, según sondeos de opinión, es bastante adversa para los aliados naturales del imperio en ese país. La misión de desestabilizar la Nicaragua pre electoral, necesita de una solución, aunque sea parcial, a la crisis hondureña, que parece profundizarse a medida que el pueblo se organiza, y entra en capacidad de causar impactos de consideración a la maltrecha economía del país. En cualquier caso, los movimientos vía Colombia, no están dirigidos a la distención, sino para generar opciones de reagrupamiento de las fuerzas de inteligencia y logística que ahora se empeñan en “resolver” la situación en Honduras.

El tercer problema es la situación calamitosa de la economía de Honduras, la que no da muestras de recuperación, y los acontecimientos locales e internacionales parecen predecir la imposibilidad de auto sostenibilidad de la economía local en 2011. Según las previsiones presupuestarias para 2011, la mayor parte del ingreso a las arcas del estado debía provenir de la recolección de impuestos. Sin embargo, un 70% de la colección impositiva se debe al impuesto sobre ventas, y los impuestos a los derivados del petróleo; es decir la suerte financiera del Estado depende en gran medida del consumo de la ciudadanía, en una sociedad normalmente en recesión.

Ante este escenario, se puede prever un déficit estrepitoso a final del año fiscal, si no se adoptan medidas serias de emergencia en las siguientes semanas. Impregnados de pragmatismo, los norteamericanos entienden que ellos no están en capacidad de sostener la fachada de este régimen, y entonces buscan una solución en Petrocaribe , que generaría fondos suficientes para resolver el problema, dadas las características de esta iniciativa. Hay un escollo a salvar, este se encuentra en la determinación de los países sudamericanos por evitar la impunidad total del Golpe de Estado militar, patrocinado por los mismo Estados Unidos.

Concluimos en esta primera parte que la estrategia norteamericana es solventar un par de problemas estratégicos que arrastra desde hace un par de años, y cuyo costo económico está fuera de su propia capacidad. Es poco probable que la acción tomada busque realmente solucionar el “asunto” hondureño, pero definitivamente muestra un cambio estratégico en el enfoque sobre la situación en Latinoamérica.

Evidentemente, el giro no es sorpresivo; la situación se veía venir desde hace algunos meses, durante los cuales la relación Santos – Lobo se ha intensificado, en varios aspectos, especialmente el de seguridad nacional, en el que Colombia ha creado una especie de escuela del terror para los aparatos represivos del Estado hondureño, incluyendo grupos paramilitares entrenados por colombianos. La cuestión de estos proyectos represivos constituye un problema de gran envergadura, y deben estar sobre cualquier mesa de diálogo o negociación que se instale alrededor de la grave crisis que afecta el país.

La inclusión del presidente Hugo Chávez no es tampoco fortuita; su participación es esencial para obtener el oxígeno que el régimen hondureño necesita. Por su lado, el gobierno bolivariano ha mantenido una posición firme, que se mantiene más allá de las conversaciones del fin de semana, en cuanto al reconocimiento del régimen hondureño. Vemos que la situación requiere de gran habilidad política y diplomática, dos cualidades probadas del gobierno del presidente Chávez en el pasado. Se presenta una oportunidad dentro del marco de la rigidez golpista hondureña, para discutir abiertamente temas de gran trascendencia para la estabilidad de América Latina y de Honduras.
Así mismo, en una acción racional, entendiendo la dimensión de la coyuntura Chávez, se comunica telefónicamente, como el mismo aclaró, al interlocutor que conoce la realidad hondureña; el presidente Manuel Zelaya Rosales, como contraparte activa del tema hondureño del golpe de Estado, tomando en consideración el hecho de que ninguno de los presidentes puede darse el lujo de rehuir a un potencial arreglo del problema ocasionado por la política imperial contra el ALBA y la integración latinoamericana.

Es irresponsable afirmar que tanto Chávez como Zelaya entran a un juego en el que entregaran la lucha de latino américa y del pueblo hondureño, cuando está de por medio su propio prestigio, y con Chávez buscando la reelección. Existe clara consciencia de la repercusiones que conlleva tomar decisiones equivocadas, y se tiene presente que se en el pasado se ignoró la dimensión continental del golpe de Estado en Honduras, y su terrible impacto, lo que no fue posible entender sino hasta que Estados Unidos decidió apoyar al tirano e imponer elecciones. La violación a los derechos humanos, así como la brutal represión, que hoy día ya se reporta en varios puntos del país son hechos concretos y mientras se mantengan los niveles de confrontación del Gobierno de Lobo contra la población civil desarmada, cualquier acuerdo es más bien una ilusión. Lo saben también Santos y Lobo Sosa.

Porfirio Lobo Sosa, por otro lado, juega con la carta de la Corte Suprema de Justicia golpista, que puede aferrarse a la persecución político judicial que ahora mantiene contra el presidente Zelaya y otras personas, mientras Lobo suplica su reintegro a la OEA, esperando la indulgencia de una comunidad latinoamericana a quien esconde la persecución contra sus opositores. A nadie engaña Lobo con la invocación de la falsa concepción de la independencia de poderes, ya que en la práctica, el sabe que está sujeto a lo que determinen el embajador de Estados Unidos, la asociación de dueños de medios y otros influyentes empresarios y políticos locales que ven en Zelaya un peligro potencial.

El mero hecho del encuentro entre el presidente Chávez y Lobo Sosa, ha servido ya para crear una especie de cortina de humo que tiende a cerrar el espacio a otros eventos que se desarrollan dentro de Honduras, a nivel mediático. La persecución contra los maestros es reemplazada en los titulares por una absurda discusión sobre la actuación de Lobo, o sobre las intenciones de los otros presidentes. Es muy probable que, si el proceso de dialogo emprendido en Cartagena de Indias no avanza a otro nivel, el tema siga siendo utilizado para manipular a la opinión pública.

En síntesis, podemos apreciar a un gobierno estadounidense apremiado por sus propios errores de cálculo, a un presidente Santos jugando sus propios intereses a un régimen hondureño política y económicamente desmejorado, buscando soluciones ante dos presidentes que conocen de sobra la conducta y la diplomacia promovida por los gringos en esta parte del mundo. Tanto Chávez como Zelaya tienen la obligación histórica de frenar esta iniciativa, si es que la misma va significar otro engaño, pues, de otro modo, las contradicciones necesarias para desarrollar nuevas condiciones y coyunturas no se producirían en el corto plazo, y se debe apreciar objetivamente que, por primera vez en dos años, ahora tenemos oportunidad de enseñarle a Estados Unidos que no pude seguir jugando ajedrez con nuestros pueblos.

Como observadores pasivos, necesitaremos hacer uso de mucha más investigación, y recolección de piezas valiosas de información para poder ver acertadamente como esta coyuntura, inspirada nuevamente por el gobierno norteamericano, se encamina hacia un nuevo fiasco o realmente es el camino que requiere Honduras. Siempre debemos tener en mente que en estos procesos existe pesos y contrapeso y que las acciones del pueblo inciden en el desarrollo dialectico de los acontecimientos.

Al final, estamos en asistiendo a un acontecimiento que no podemos desdeñar, y debemos estar pendientes de los informes que el mismo presidente Zelaya ha de emitir para informarnos: Mientras tanto, nuestra misión sigue siendo la de luchar, organizarnos, y seguir luchando.

 

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Después del genocidio. Algunas reflexiones sobre las exhumaciones en Guatemala

01/04/2011 by maestro Deja un comentario

Entre todas estas aflicciones la relación con la muerte es la más fuerte. La muerte (aquello de lo que no hay representación posible, lo que no tiene explicación) es el horizonte espiritual desde donde transcurre la vida.

Para enfrentar esas flaquezas constitutivas, este estado de inexorabilidad ante el final que representa el paso por la vida, existen diversas instancias de amortiguación del dolor. Hay varias, pero tampoco existe una variedad infinita; hay formas de abordar este problema que se repiten universalmente y en toda la historia: formas de explicar lo inexplicable podríamos decir. Para eso están las religiones.

En toda cultura conocida –lo cual las equipara y viene a confirmar definitivamente que no hay ninguna mejor que otra, que no hay ninguna superior– se encuentran cosmovisiones religioso/espirituales. Esto no falta; como incluso no faltó en las experiencias de socialismo real conocidas, donde supuestamente se caminaba hacia un presunto ateísmo con base científica. Todo demuestra que los seres humanos, al enfrentar la sensación de desprotección, de finitud, necesitamos de un orden que nos organice la vida, que nos constituya y nos de raíces seguras, que nos explique el sentido de nuestra proveniencia y nuestro futuro. De momento, si bien la ciencia avanzó mucho en eso, el papel del pensamiento mágico-animista sigue estando presente.

El malestar espiritual, distinto al material, más pernicioso que él en algún sentido (por la dificultad de encontrarle salidas definitivas), es de más difícil abordaje; y los resultados de su enfrentamiento, igualmente, no deparan el mismo nivel de éxito que el de las necesidades concretas (es más fácil llegar a la luna que dejar de padecer angustia). Existe, podría decirse generalizando, un malestar intrínseco a toda formación social que debe perpetuamente estar siendo procesado.

 

En el contexto guatemalteco

 

La población maya de Guatemala lleva más de 500 años sufriendo hondamente; en estas últimas décadas ese dolor se vio cruelmente incrementado. La cosmovisión maya, que en sí misma es una concepción místico-espiritual de la vida (y de la muerte), ha sido el mecanismo de protección que permitió sobrevivir a los pueblos. El no haber perdido su identidad histórica, el haber podido conservar su cultura, su espiritualidad, todo eso funcionó como colchón para aminorar los efectos de tan grandes y masivos ataques externos.

En el Occidente moderno, desde el Renacimiento en adelante, marcándose más aún con la revolución industrial, la idea de ciencia vino a destronar, en buena medida pero no totalmente, a la religión. El sufrimiento espiritual, en cierta forma, también pasó a formar parte del universo de investigación científica; pero con el mal comienzo de estar concebido desde la taxonomía imperante. De ahí que el dolor moral, el malestar, pasó rápidamente a ser “enfermedad mental”, psiquiatrizándose desde el momento inaugural. La psiquiatría manicomial fue la respuesta al “trastorno” psíquico, estableciéndose desde ahí (fines del siglo XVIII) la figura del médico psiquiatra, del hospital para locos –el “loquero”– y del padecimiento espiritual como discordante, como anormal. Inicio que dejó una marca a fuego, imborrable ahora, por la que se liga indisolublemente salud mental con locura.

No fue sino hasta el siglo XX que se abrió una pregunta con intención científica respecto de la subjetividad, del dolor psíquico. Es ahí cuando nace la psicología.

Con todo esto queremos decir que siempre han existido mecanismos para afrontar el sufrimiento subjetivo, el dolor moral. Sacerdotes, guías espirituales, shamanes o psicólogos –con distintos proyectos, con distintas metodologías– han dado respuestas a estos temas tan eternos entre los humanos. ¿Cuál es la mejor respuesta? Desde ya, así formulada, la pregunta es absolutamente inválida. Todas las ofertas dan alguna respuesta, por eso subsisten.

Los mecanismos de resolución individual de este tipo de problemáticas son casi exclusivos de la cosmovisión occidental moderna, donde la subjetividad se afirma, desde el cogito cartesiano en adelante, como condición del desarrollo del capitalismo. El “yo” ha destronado al “nosotros”, cosa que no sucede en otras culturas. Entre los pueblos mayas definitivamente la concepción dominante es comunitaria, todo se juega en el ámbito de lo colectivo.

Si algo bueno tienen las ciencias es que formulan conceptos que pretenden tener validez y efectividad práctica universalmente. En las ciencias naturales nadie pondría en tela de juicio la validez general de sus conceptos. En Alemania, en la Amazonia brasileña o en el Tíbet la conceptualización de los átomos puede hacerse desde los mismos parámetros científicos. Y también lo son las reacciones físico-químicas de los habitantes de esas áreas: sus mecanismos respiratorios, sus procesos neurofisiológicos o excretorios. El problema se plantea cuando lo que está en juego son los objetos de las ciencias sociales, que implican un compromiso personal del científico en juego: allí no hay neutralidad posible. Se abre entonces un interrogante epistemológico: si las ciencias naturales son universales, ¿no lo son también las sociales? Los conceptos que formula la psicología (insisto: los conceptos, no las técnicas de intervención) ¿no se aplican igualmente a alemanes, amazónicos y tibetanos? ¿Funciona distintamente el psiquismo de cada una de estas personas?

Par decirlo muy rápidamente con algunos ejemplos: la repetición de las religiones –distintas cada una de ellas, pero religiones al fin– ¿no puede entenderse desde los mismos parámetros universales: temor a lo desconocido, necesidad de satisfacción espiritual, esquemas que organicen la vida socialmente en tanto axiologías? El síndrome de estrés post traumático, nombre con que, según la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud , se conocen los cuadros clínicos con que nos encontramos a diario en la población afectada por la violencia y cuyos familiares son exhumados, es una formación que se repite allende las culturas. Ante pérdidas grandes o ante la posibilidad real de la muerte todos los humanos reaccionamos más o menos igual, independientemente que esas reacciones estén tamizadas por el tejido cultural.

 

Intentando sanar el dolor

 

Las exhumaciones, en tanto parte de un ceremonial místico-religioso, constituyen una práctica muy antigua en la historia humana. La arqueología nos enseña que las mismas se encuentran presentes ya desde la prehistoria. Ahora bien, hasta donde se conoce actualmente, nada indica que las mismas hayan hecho parte de la cultura maya clásica. El sentido de prueba forense para el ámbito de la justicia es algo muy reciente, de estas últimas décadas, y nacido en el orden técnico-jurídico occidental.

En Guatemala, por diversos motivos, se lleva a cabo una gran cantidad de exhumaciones; y la gran mayoría –casi la totalidad– de las mismas teniendo a la población maya como su objeto de trabajo (porque los restos exhumados son mayas, porque los familiares de esos muertos son mayas. Porque la inmensa mayoría de víctimas de la reciente guerra interna son mayas –el 82% más precisamente–, lo que permite tipificar lo ocurrido como genocidio). Ahora bien: ¿por qué se desarrollan exhumaciones en este país?

El proceso de investigación antropológico-forense surgió en Guatemala como una forma de aportar pruebas para demostrar y actuar en contra del genocidio que tuvo lugar durante los años de guerra. El impulso de las mismas básicamente proviene de organizaciones que reivindican, en el sentido más amplio del término, el trabajo con derechos humanos. Algo interesante a destacar aquí es que todo este esfuerzo está concebido desde una posición político-ideológica no maya (hay que apurarse a aclarar que no por ello es anti-maya, obviamente, pero que no viene desde la cosmovisión clásica de los pueblos que fueron los más castigados durante el conflicto). Al trabajar con los familiares sobrevivientes de las masacres se ve que el pedido de justicia, de castigo a los culpables de los atropellos, no es lo que primeramente destaca. ¿Qué espera de todo esto la población cuyos familiares son exhumados: justicia, resarcimiento, reparación psicológica?

Las investigaciones antropológico-forenses constituyen la posibilidad de aportar pruebas en los tribunales. Pero junto a ello (y quizá más que ello) sirven como bálsamo para los familiares de los muertos. Las exhumaciones realizadas en otros contextos históricos y culturales (Bosnia, Argentina, las de judíos luego del Holocausto) apuntan fundamentalmente a la aportación de evidencias probatorias de los presuntos ilícitos, con miras enjuiciatorias y condenatorias. En Guatemala, en las comunidades donde tuvo lugar la política contrainsurgente de “tierra arrasada” y “castigo ejemplar” (montada sobre una práctica discriminatoria ancestral que se articuló con el “ladinizar a los indígenas” que guiaba la intervención del ejército), la búsqueda de la justicia no parece ser, al menos en principio, lo fundamental en los familiares de la población masacrada. Eso es, más bien, el pedido de grupos urbanos políticamente comprometidos y alineados en el campo del trabajo en derechos humanos, más aún en su vertiente cívico-política. Según el testimonio de los familiares sobrevivientes lo que se espera en las comunidades es que “sus muertos estén bien enterrados”.

Un interés no se contrapone con el otro. En todo caso, y creo que esto no debe perderse de vista, hay dos cosmovisiones en juego, quizá no antitéticas, pero sí diferentes.

El culto a los muertos en la tradición maya es distinto al occidental. La experiencia de diversos procesos exhumatorios pareciera indicar que el interés central de la población de quien se buscan familiares enterrados está depositado en su cosmovisión espiritual en torno a los muertos. Lo esperado no es tanto la reparación emocional a partir del trauma vivido (muerte, destrucción, pérdida material), ni la reparación jurídica de una ofensa, sino el poder brindar un adecuado descanso, dentro de los cánones culturales fijados, a los muertos en esas circunstancias traumáticas.

Quizá la misma forma de organización socio-cultural maya, priorizando lo comunitario sobre lo individual, sirve como resguardo preventivo y/o terapéutico en relación al dolor psicológico. Una cultura con un alto componente espiritual y vertebrada en torno a lo comunal resguarda especialmente de la “descompensación” individual, para decirlo con términos clínicos. Si es cierto que hay verdades psicológicas en términos de concepto científico, el de trauma psíquico pareciera ser una de ellas. Toda persona, independientemente de su historia socio-cultural, se conmueve ante las pérdidas. Más aún si las mismas tienen lugar de un modo traumático. Ahora bien: diferentes culturas pueden ofrecer diversas respuestas a ese dolor: mayor o menor estoicismo, mayor o menor dramatismo con se vive la pena, diferencias en el compartir los sentimientos con los semejantes, más o menos introversión, etc.

 

¿Para qué las exhumaciones entonces?

 

¿Curan, calman, tranquilizan psicológicamente las exhumaciones? En otros términos, si no es como aporte de pruebas para un posterior juicio, ¿para qué le sirven a la gente cuyos familiares son desenterrados?

Las exhumaciones tienen un valor altamente simbólico. Si cumplen con una misión reparadora es porque, incluso independientemente que se encuentren todos los restos de personas desaparecidas, o que todos ellos puedan ser debidamente identificados, sirven para dar crédito a una historia elidida, reprimida. Y es una verdad psicológica constatada en toda circunstancia que lo reprimido siempre retorna, sea en la forma de síntoma, de angustia, de cualquier trastorno conductual. La historia que se recupera a través de la exhumación es la de un pasado reprimido que ha estado ahí por años –por décadas– sin desaparecer, haciéndose presente “patológicamente” en distintas manifestaciones comunitarias y que, fundamentalmente por el terror todavía imperante en cada sobreviviente, nunca se había podido expresar abiertamente. En tal sentido la exhumación cumple con una función liberadora; liberadora de afectos congelados, de realidades y fantasmas aterrorizantes, aunque no se encuentren todos los restos que se buscaban.

Es necesario agregar rápidamente que la población no busca tanto una reparación psicológico-individual (nadie se siente “enfermo mental”) sino, antes bien, una contención social: lo que se espera es que los muertos puedan comenzar a descansar bien. Pareciera que los dispositivos espirituales comunitarios tienen un papel decisivo en la forma de afrontar y resolver el sufrimiento. El hecho que los espantos no deambulen más por los cementerios clandestinos tiene, definitivamente, un valor reparador, de promoción de salud.

La experiencia enseña que la población no sufre sólo por la masacre vivida sino –¿fundamentalmente?– por la suerte corrida posteriormente por los muertos. Es aquí donde se advierte en su cabal dimensión el registro comunitario de la vida de los pueblos mayas y las diferencias con la cultura occidental. Las exhumaciones liberan del sufrimiento a la comunidad, permite que todos estén mejor: los muertos porque ahora podrán ser dignamente enterrados, y los vivos porque ya no quedan atados al sentimiento de no separación debida con los que se fueron.

Las exhumaciones, vistas en este contexto, tienen entonces un alto valor psicológico, reparador. Pero no debemos confundir esto con la siempre difícilmente conceptualizada salud mental. El concepto (si es que es tal) “salud mental” sirve como guiño conceptual, como referente para significar buena calidad de vida. La salud, en todo caso –y haciendo nuestra la definición clásica de la OMS – no es la ausencia de enfermedad sino el estado de bienestar físico, psíquico y social. El término “salud mental” indefectiblemente está permeado por su carga psiquiátrica, excluyente (la frase “yo no estoy loco” es su binomio casi obligado).

¿Puede haber, entonces, una salud mental desde la cosmovisión maya? Mezcla un tanto complicada. Solamente podría decirse que sí si entendemos salud mental en tanto comunitaria, y como sinónimo de calidad (buena) de vida. Hay, de hecho, prácticas culturales mayas que aportan comunitariamente elementos para promover un buen estado espiritual. Si lo deseamos, podemos llamar a eso salud mental; pero creo que hay ahí un retorcimiento conceptual que debe manejarse con precaución. Quizá la formulación reparación psicosocial –hoy tal vez de moda–, con todos los problemas que pueden traer este tipo de conceptos, se ajusta más a la realidad de lo que son las prácticas que se llevan a cabo en los procesos post bélicos: recuperación de la historia, procesamiento de las heridas psicológicas, promoción de una cultura de no-violencia superadora de la lógica militar anterior, inversión fuerte a futuro en la educación de las nuevas generaciones. Todo esto se puede (y se debe) hacer apelando a los medios de que se disponga: respetando y promoviendo las culturas tradicionales, aprovechando las técnicas occidentales debidamente probadas, combinando ambas perspectivas, etc.

En algunas circunstancias la realización de las exhumaciones despertaron problemas comunitarios: reapertura de viejas rivalidades, odios que estaban dormidos, ánimos de venganza. A nivel individual también mueven sentimientos muy profundamente, en algunos casos produciendo situaciones de descompensación allí donde, en principio, se veía un cierto estado de equilibrio emocional: nuevamente se tocan heridas, se reviven momentos traumáticos, aflora el dolor. Pero visto en términos globales cabe preguntarse si es pertinente todo esto, si la exhumación realmente ayuda a los familiares y allegados de las víctimas, si aporta a la superación del fantasma de la guerra, si contribuye a la consolidación de los procesos de paz post bélicos. En otros términos: ¿qué autoriza, en términos morales, en términos históricos, a llevar adelante una investigación antropológico-forense? Por lo pronto un primer nivel de respuesta es la autorización legal: la exhumación es parte de un proceso judicial que la misma comunidad afectada ha pedido, por lo que eso, en sí mismo, ya es legitimidad suficiente para llevarla adelante. Por otro lado, y aunque en principio pueda constatarse, a veces, un aumento en el nivel de conflictividad de las comunidades a partir de su realización, cualquier trabajo de reparación psicológica que intenta revisar la historia de un proceso “problemático” ha de producir dolor al revivir el episodio traumático.

Vistas globalmente, y habiendo despejado algo de este equívoco respecto a la salud mental, podría decirse que las exhumaciones en su conjunto (coordinando adecuadamente sus distintos componentes: el antropológico-forense, el psicológico, el legal) tienen un valor de reparación psicosocial. Por tanto, esto no es un patrimonio de especialistas psicólogos. Es una cuestión mucho más multidisciplinaria.

La historia que está en juego en todo el proceso de investigación antropológico-forense no es ni grata ni placentera; su rememoración seguramente puede despertar angustias (así como las puede provocar en los equipos técnico-profesionales que lo llevan adelante). Pero en definitiva afrontar ese pasado es mucho más sano (aunque algo doloroso) que intentar acallarlo. Es esto lo que autoriza, en términos humanos, a promover esta “arqueología” de la historia sangrienta vivida y sufrida recientemente por la población campesina más indefensa: en definitiva, promueve salud. Y no sólo en los sobrevivientes, sino también –esto es muy importante– en el colectivo social: la violación de las leyes no debe quedar impune. Minimizar o simplemente acallar lo que aconteció años atrás en Guatemala refuerza la impunidad, por tanto la angustia, la exclusión, la debilidad de los más débiles. Permitir que se diga claramente lo que pasó es una forma de promover bienestar. En tal sentido, olvidar la historia abre la posibilidad de repetirla. A propósito: “olvidar es repetir” puede leerse en un cartel a la entrada de Auschwitz, antiguo campo de concentración nazi, hoy convertido en museo de la guerra.

 

A modo de balance

 

La medición del impacto de proyectos sociales es siempre dificultosa, engorrosa. Lo cual no exime de hacerlo; casi que, justamente por ello, es más justificada e imperiosa aún su implementación.

Para poder responder con criterios de veracidad a las interrogantes que este tipo de trabajos trae aparejado es necesario emprender mediciones específicas, concretas. Por ejemplo: establecer comparaciones (estudio riguroso mediante) entre comunidades donde se exhumó a principios del proyecto en cuánto a cómo estaba su dinámica en aquel entonces y cómo está luego de realizada la exhumación, o comparar inclusive poblaciones en que hubo investigaciones antropológico-forenses por fuera del presente proyecto tiempo atrás (2, 3, 4 años, o más aún) y ver qué procesos psicosociales se siguieron posteriormente hasta la fecha. Solamente al disponerse de esa información pueden establecerse conclusiones sólidas.

De todos modos, y dado que ese material no está disponible en estos momentos, podemos esbozar sin embargo un primer intento de evaluación. Partimos de la base (teórica, y no podría ser de otra manera) que las exhumaciones cumplen una función reparadora, en el sentido más amplio del término. Encontrar los restos de los familiares o allegados desaparecidos y poder darles una adecuada sepultura –según el rito mortuorio que fuere– no hay dudas que tiene un alto valor positivo. Los seres humanos necesitamos despedir a nuestros muertos. De hecho no hay formación cultural que no presente estos dispositivos, que no tenga una forma de velorio (aceptación y procesamiento de la pérdida, esto es: proceso de duelo) y entierro (adiós definitivo).

El trauma vivido en el conflicto guatemalteco por la población civil más golpeada no fue sólo la pérdida de personas queridas –al igual que en cualquier guerra– sino la manera en que esa pérdida se dio: sin posibilidad de defensa, sin posibilidad de llorar a los caídos, sin poder enterrarlos debidamente, teniendo que ocultar por años el sufrimiento que ello trajo aparejado. Se entiende que exhumar los restos abre la posibilidad de dignificar una historia terrorífica, vergonzante incluso, de la que casi no se pudo hablar hasta ahora. En un sentido amplio puede considerarse a las exhumaciones como una forma de resarcimiento.

Muchas veces, si bien las exhumaciones se inician siempre forzosamente con el pedido formal de las comunidades ante una instancia legal, los procesos desarrollados abren la pregunta en cuanto a si efectivamente se mejora la situación de una población, si se contribuye a resolver, en parte al menos, la conflictividad heredada de la guerra, si se ha seguido fielmente lo que la comunidad realmente demanda.

Podría pensarse que las investigaciones antropológico-forenses son un elemento que tiene que ir unido indisolublemente a toda una intervención comunitaria amplia, de la que hacen parte, pero de la que no pueden desprenderse. Hacer una exhumación en un lugar al que se llega sólo para esa tarea puntual (aunque lleve acompañamiento en salud mental comunitaria) puede ser discutible; en algunos casos puede ayudar a muchas personas a comenzar a atreverse a hablar de algo muy temido, muy oculto. Puede, incluso, ayudar a tranquilizar a familiares sobrevivientes hondamente apenados por no haber podido enterrar debidamente a sus muertos. Pero puede también terminar siendo una buena intención y no más que eso, que por diversas razones no genera cambios reales en la dinámica intracomunitaria en relación a los efectos dejados por la violencia de la represión política. Quizá ayuda, pero no se le saca todo el provecho que se podría a un esfuerzo de esa magnitud.

Quizá valga aquí una comparación, que debe ser tomada con toda la altura del caso: una exhumación hecha desde la lógica y los tiempos de la técnica forense, y a partir de la denuncia que impulsó un organismo que apoya derechos humanos, puede ser como impulsar un cultivo de papas allí donde la población espera desarrollar cultivos de café. Sirve, pero no termina de llenar todas las expectativas; y hasta es probable que, al no ser lo que se esperaba, la misma comunidad no le ponga toda la atención del caso.

Hay que aclarar rápidamente que estos temas son controversiales y quizá no admiten una respuesta definitiva. Pero en términos generales quizá se podría aportar más a la consolidación del proceso de justicia post guerra si las exhumaciones se enmarcaran en un trabajo de resarcimiento comunitario más amplio. Con esto se apunta a considerar no el trabajo de salud mental de acompañamiento en exhumaciones sino las exhumaciones mismas, en tanto un todo multidisciplinario, como un eslabón de una cadena compleja. Por ejemplo: en una comunidad donde se sabe que hay cementerios clandestinos producto de la guerra quizá sería de más impacto generar un proyecto multifacético que promueva la recuperación de la historia y el diálogo (para lo que pueden ser de especial importancia los equipos de salud mental), ligando eso, hasta donde sea posible, con proyectos de mejoramiento material (productivos, becas para capacitación, infraestructurales), y en el que, luego de un tiempo de intervención y dejando que la misma población lo proponga como una necesidad, pueda surgir la exhumación ayudando al trabajo de retejido social.

Es altamente significativo que el grueso de las exhumaciones realizadas en Guatemala en su escenario de post guerra civil hayan estado financiadas por el gobierno de Estados Unidos, el mismo que movió todos los hilos de esa guerra. ¿Qué agenda hay allí verdaderamente? Y desde ya descartamos un presunto “lavado de conciencia”. Los poderes imperiales no tienen nada que lavar; tienen, por el contrario, intereses que defender. Una exhumación realizada con el mismo dinero que ayudó a la masacre, como mínimo, abre dudas.

Las exhumaciones deben concebirse y ser parte de una perspectiva de reparación amplia que incluye necesariamente el mejoramiento de la calidad de vida de la población (situación socioeconómica, sistema de justicia, ausencia de miedo, participación ciudadana), y no solo una intervención jurídico-forense. En definitiva la salud mental comunitaria (no clínica) no es sino el indicador de esa calidad de vida. Si no se concibe como parte de un proceso de cambio real, mucho más amplio que un movimiento controlado de memoria histórica dentro de marcos ya preestablecidos, se corre el riesgo que la exhumación no pase de ser un gesto políticamente correcto, pero falto de impacto transformador. ¿Gatopardismo? Sin dudas, se corre ese riesgo.

 

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Afloran contradicciones en el seno del régimen de facto que preside Porfirio Lobo

01/04/2011 by maestro Deja un comentario

Tegucigalpa 28 de marzo de 2011. En los últimos días y en medio de la seria crisis social y política que vive el país, varios de los ministros del llamado gobierno “de la unidad nacional” han dejado ver fuertes diferencias en su discurso y su acción, que ponen en precario la autoridad del régimen y su capacidad para afrontar un movimiento popular cada vez más grande y organizado.

Áfrico Madrid, titular del ministerio de Gobernación,  acusó directamente a los ministros Ana Pineda y César Ham, de ser  “amigos de los sediciosos de la Resistencia.”,  en un programa de televisión matutino, y cuestionó la capacidad de ambos para servir de mediadores en la cuestión educativa que en los últimos días ha levantado un rechazo de la mayoría de la población contra los planes de privatización.

Por su parte, César Ham, miembro del partido Unificación Democrática, que ha sido duramente criticado a nivel nacional e internacional por formar parte de una dictadura responsable de violaciones de derechos humanos, se deslindó de Porfirio Lobo y acusó directamente al régimen de reprimir con saña al pueblo, pero sin renunciar a la alianza que sostiene con el Partido Nacional tanto a nivel del poder ejecutivo como legislativo.

El desplante de Ham, ha sido ampliamente reseñado por los medios de comunicación en manos de la derecha. Al ser consultado por periodistas al respecto, Lobo respondió de manera nerviosa: “Él es libre de decir lo que quiera políticamente”, denotando la debilidad extrema que obliga al régimen a soportar que se le emplace aún desde su propio gabinete y en asuntos tan delicados como los derechos humanos o la política internacional

Al igual que su antecesor Roberto Micheletti, la fortaleza principal de Lobo reside en el respaldo de las fuerzas armadas y el gobierno de Estado Unidos; uno a nivel doméstico y otro a nivel internacional. Pero hay incertidumbre de hasta qué punto esto le bastará al régimen para contener la movilización cada vez más grande de distintos sectores populares que resisten la aplicación de medidas económicas de corte neoliberal y exigen el retorno a la democracia.

Otros desencuentros al interior del gobierno de la “unidad nacional” incluyen, el desconocimiento del proyecto de privatización de la educación por parte de alcalde capitalino Ricardo Álvarez que contraviene la inmensa campaña de propaganda que impulsan Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández.

También se pueden contabilizar varias peleas públicas entre el ministro y viceministro de cultura y una competencia desleal que ha llegado a los golpes entre activistas de pre candidatos presidenciales del Partido Nacional.

Publicado en: América Central

FNRP, desafiado por el debate de la tomar del poder

06/02/2011 by maestro Deja un comentario

A tal grado que la Asamblea Constituyente, en su naturaleza, conceptos, contenidos, modalidades de participación, etc., sigue siendo aún desconocida, incluso para los mismos dirigentes del Frente. ¡Ni qué decir en las bases!

No es que el debate de la toma del poder sea necesariamente contrario a la demanda de una Asamblea Constituyente para la refundación del país. Lo que ocurre es que en Honduras “la toma del poder” no tiene ninguna capacidad aglutinadora, ni como tema, ni como demanda. Más por el contrario, este debate despierta muchas sospechas y divergencias innecesarias en el mismo Frente Nacional. ¿Por qué?

Hasta ahora, el FNRP se ha mantenido como un movimiento social amplio, espontáneo y simultáneo, aglutinado alrededor de la demanda de una Asamblea Constituyente refundacional. Incluso cuando esta demanda no se ha profundizado lo suficiente, es el único elemento aglutinador de los diferentes grupos dentro del Frente.

¿Por qué la divergencia frente a la toma del poder?

Los movimientos sociales de las últimas décadas del siglo pasado se plantearon la toma del poder como el único medio para transformar la realidad. Por eso, movimientos de obreros, ecologistas, etc. crearon sus propios partidos políticos para acceder al poder (gobierno) y desde allí realizar los cambios que perseguían. Eran otros tiempos.

Los últimos movimientos sociales que surgen, a partir de la década de los 90 del siglo pasado (ante el fracaso del neoliberalismo) ya no buscan necesariamente la toma del poder para hacer las transformaciones, sino “otro mundo posible” desde lo cotidiano. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en un planeta invadido por transnacionales sin patria, de nada sirve tomar el gobierno. ¿Qué gobierno nacional tiene control sobre estos monstruos? El poder (político, económico, militar) ya no está más en los sillones presidenciales. En este nuevo contexto, ¿de qué sirve tomar el sillón presidencial, si los presidentes sólo hacen de monigotes? En este contexto planetario, tomar el poder ¿para qué?

¿Por qué será que la consigna de la toma del poder genera sospechas y desconfianza en amplios sectores del FNRP? ¿No será porque casi son los mismos políticos antiguos quienes promueven o defienden este debate? El mayor error de cálculo político que comenten los promotores de este debate es plantear este tema aislado del proceso constituyente.

El poder no se toma, se construye

La toma del poder, hasta por su propio nombre, es ambigua. El poder no es ninguna taza de leche para arrebatarle a quienes lo detentan actualmente. El poder no se toma. El poder se construye de abajo hacia arriba. Y eso también es un proceso. La construcción del poder, desde lo local hacia lo nacional, en el marco del proceso constituyente, es más coherente que la sola demanda de la toma del poder. Así es cómo entendieron e hicieron los pueblos de Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, Venezuela, etc. En Honduras todavía no hemos comenzado el camino de la construcción del poder, y ya queremos tener el gobierno.

En el debate de la construcción del poder es importante identificar dónde y quiénes tienen el poder (económico, político, cultural). En Honduras, el poder lo tienen los terratenientes, embajada norteamericana, comerciantes, banqueros, empresarios, etc. ¿Cómo contrarrestamos el poder a éstos?

Además, en el contexto planetario actual existen nuevos sujetos/víctimas a quienes no se les puede obviar. Estos nuevos sujetos sufrientes son: la Madre Tierra, las mujeres, los pueblos indígenas, entre otros. Y son estos nuevos sujetos quienes no necesariamente están siendo considerados en los debates “revolucionarios” en Honduras, porque todavía somos intelectualmente presos de manuales de la izquierda de antaño. Moralmente, víctimas del antropocentrismo patriarcal.

En el siglo XXI, el debate de la construcción del poder necesariamente implica superar la simplificación del mundo entre izquierda y derecha, entre capital y trabajo. Nuevas categorías de análisis como las identidades, la interculturalidad, la autonomía de la Madre Tierra, nuevas relaciones de género, etc. son realidades que ya no se pueden obviar ahora. De lo contrario, el debate de la toma del poder seguirá sonando a “más de lo mismo”. No sólo por quienes lo promueven, sino por su contenido.

Tomar el poder ¿para qué?

Supongamos que en Honduras el poder estuviese aún en las estructuras del Estado. Pero el Estado hondureño desfallece actualmente, víctima de sus propios fracasos. ¿Será que al FNRP le interesa cargar con este ataúd? Es más, ¿existen propuestas consensuadas desde las bases sociales para la administración del poder en este momento?

El asunto no es llegar al poder, sino mantenerse en él para implementar todas las transformaciones posibles. Y una de las transformaciones estructurales es la refundación del Estado mediante el proceso constituyente. Por tanto, el debate de la construcción del poder sólo tiene sentido si se plantea como un mecanismo más para impulsar el proceso constituyente refundacional en el país.

Construir el poder local y nacional, de abajo hacia arriba, con candidaturas independientes y organizaciones políticas aliadas, para impulsar y acelerar el proceso constituyente por otra Honduras posible, debe ser una estrategia del FNRP. Sólo así la cuestión de la “toma del poder” dejará de ser la manzana de la discordia en el seno de este movimiento social.

No distraigamos el objetivo refundacional del Frente. Aunamos esfuerzos para impulsar con creatividad el proceso constituyente. Allí está la reforma del Art.5° de la Constitución Política que nos deja una rendija para posibilitar, en el marco legal, la convocatoria a una Asamblea Constituyente. No es lo mejor, pero, por el momento, es el instrumento inmediato más viable para obligar a los detractores del proceso constituyente a ingresar al debate de ideas para refundar Honduras.

 

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¿Quién es el presidente Ricardo Martinelli?

06/02/2011 by maestro Deja un comentario

Es común que identifiquen ideológicamente a Martinelli y sus seguidores como conservadores. Es decir, ligados a los sectores tradicionales de los terratenientes (urbanos y rurales) y a la Iglesia católica. Martinelli ha demostrado con hechos que no comulga con esas ideas conservadoras.

Otros asocian a los actuales gobernantes con ideas fascistas. Quienes levantan las banderas fascistas se identifican con ideas nacionalistas en el marco de una alianza populista que subordina a las masas urbanas al liderazgo de los grandes capitalistas. Este tipo de alianza suele ser encarnada por un líder “carismático”. Martinelli rechaza toda identidad nacional y no pretende cooptar a los sectores populares. Al contrario, su ideología es anti-nacional y no pretende darle dirección alguna a los sectores populares.

Otros ven a Martinelli en el campo neoliberal, política impuesta por EEUU entre 1983-2008. La ley “Chorizo”, derogada a fines de 2010, pretendía acabar con la capacidad negociadora de los trabajadores. El proyecto de ley minera actualmente ante la Asamblea de Diputados pone fin al estado de derecho en el país. También aumentó el impuesto al consumo (ITBMS) en un 40 por ciento.

El aumento impositivo ha multiplicado los ingresos del fisco. Esta política le parece sospechosa a los millonarios panameños y a EEUU. Entre los cables secretos enviados por la Embajada norteamericana a Washington se destaca uno que acusaba a Martinelli de no cumplir con los principios neoliberales al pretender cobrarle impuestos a los ricos. En realidad, Martinelli no encaja en lo que el Banco Mundial llamaría neoliberal.

Hay quienes señalan que la política económica de Martinelli es de “des-posesión”: Le quita el empleo a los trabajadores, las oportunidades de inversión a los pequeños empresarios y la tierra a los productores rurales.

Martinelli, entonces, no es conservador, tampoco es fascista, ni neoliberal. Entonces, ¿qué es el presidente de la República y hacia dónde conduce el país? Martinelli es la expresión extrema de una política fracasada que se instauró en el país hace 20 años después de la invasión militar norteamericana de 1989. En aquella época, sin mediar un estudio de la realidad panameña, se impusieron las privatizaciones, la desregulación y la flexibilización de la fuerza de trabajo. El objetivo inmediato de estas políticas neoliberales – al igual que en el resto del mundo – era transferir parte importante de las riquezas acumuladas por los sectores populares (los salarios y bienes de los trabajadores) a la clase capitalista.

Las estadísticas lo demuestran claramente. Mientras que en 1990 el 65 por ciento de la distribución de la riqueza producida por los panameños terminaba en los hogares de medio millón de trabajadores, en 2009 estas familias sólo recibían el 40 por ciento. En cambio, mientras que en 1990 el 35 por ciento de la riqueza nacional quedaba en los hogares de 20 mil familias acaudaladas, en 2009 había aumentado al 60 por ciento.

Las estadísticas presentadas en números fríos, sin embargo, no nos dicen lo que realmente ocurre en nuestras comunidades. Mientras que la extrema pobreza prácticamente no existía en Panamá, ahora el 20 por ciento de los hogares panameños vive en ese estado de miseria. En total, casi el 50 por ciento de los hogares panameños viven en lo que el Banco Mundial llama la pobreza. (El 40 por ciento de los trabajadores panameños son informales. Es decir, trabajan sin contrato y/o sin seguridad social).

El gobierno del presidente Martinelli no entiende lo que representan estas cifras. Los neoliberales decían que a mayor pobreza, producto de sus políticas, había que aumentar los programas “focalizados” para distribuir caridad a las comunidades más golpeadas. El Banco Mundial creó la “Red de Oportunidades” durante la administración de Martín Torrijos y con Martinelli ha generado la “Beca Universal” y los “100 para 70”.

Un país, sin embargo, no puede sobrevivir con estas políticas absurdas, depredadoras y especulativas. El neoliberalismo tuvo éxito en empobrecer a los sectores populares y a las capas medias, mientras enriquecía a los más ricos. Esa política hizo crisis a escala mundial y pronto hará igual en Panamá. Martinelli preside sobre un régimen transitorio.

La pregunta es ¿cuándo cederá lo viejo a las nuevas fuerzas sociales que todavía no emergen? ¿Quién es el sujeto (grupo social) nuevo que dirigirá ese proceso de reconstrucción?

Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.

http://marcoagandasegui10.blogspot.com

 

 

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