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Bolivia

Bolivia: A dos años del cabildo por la recuperación de la democracia

31/07/2022 by Vitalio Deja un comentario

Por: Edmundo Juan Nogales Arancibia

 

A dos años de esa gesta corresponde no dejar que caiga en el olvido y no dejar que se entierre la lucha del pueblo que en ese momento asumió la determinación de salir a las calles hasta recuperar la democracia.

Hace dos años, en pleno período de golpe y con la pandemia utilizada por los golpistas como medio de control para perseguir y criminalizar la lucha social, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad indígena campesino, convocaron a un cabildo en la revolucionaria ciudad de El Alto (adyacente a la sede de Gobierno, la ciudad de La Paz) que se convirtió en uno de los bastiones de lucha frente a la dictadura de Jeanine Añez.

Aquella movilización tuvo como antecedente la marcha de padres y madres de familia de la ciudad de El Alto junto a maestros y estudiantes, luego de que Víctor Hugo Cárdenas, entonces ministro de educación del gobierno de facto, clausurara la gestión educativa ante la incompetencia de la gestión sanitaria gubernamental, que no sólo no garantizó atención de emergencia a los contagiados, sino que terminó en casos de corrupción como el de sobreprecio en la compra de respiradores.

La clausura de la gestión educativa decretada en junio del 2020 movilizó a varios sectores en una multitudinaria marcha, que se extendía por 20 kilómetros, desde el multifuncional de la Ceja de la ciudad de El Alto hasta la Plaza de San Francisco en el municipio de La Paz. Aquella movilización rompió el cerco policial militar con el que se acorazaba la dictadura.

Con ese antecedente, la COB convocó a su primer ampliado nacional en el período de la pandemia en coordinación con el Pacto de Unidad, con las Confederaciones y Federaciones de trabajadores y con los representantes de los padres y madres de familia de El Alto, en el ampliado determinaron llevar adelante una marcha nacional de protesta el 28 de julio que inició en Senkata y concluyó con un cabildo (así se llama en Bolivia a una asamblea multisectorial) en la ciudad de El Alto.

En el cabildo determinaron:

1.- Llevar adelante la lucha movilizada a nivel nacional contra el Gobierno de Facto de Añez y el Tribunal Supremo Electoral por violar los derechos constitucionales del pueblo y atentar contra la democracia

2.- Las Confederaciones y Federaciones Nacionales de trabajadores, así como las Centrales Obreras Departamentales y Regionales, deberán organizar el Bloqueo Nacional de caminos y la huelga general movilizada e indefinida, a partir del lunes 3 de agosto de 2020.

Esas determinaciones fueron conducidas y coordinadas por la COB y el Pacto de Unidad. Una vez iniciadas, las medidas se extendieron varias semanas y lograron que la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral determinen mediante ley realizar las elecciones nacionales el 18 de octubre de 2020, frenando así el prorroguismo del Gobierno Golpista, asumiendo de esa forma la lucha en las calles con la moral de haber cumplido su rol histórico en la lucha por la recuperación de la democracia.

Es lamentable que hoy estas páginas quieran ser enterradas por algunos que no estuvieron en las calles, ese periodo de lucha no fue sencillo y los dirigentes que asumieron la lucha enfrentaron los procesos y atentados como el que sufrió la COB y el Pacto de Unidad la noche del 13 de agosto de 2020, cuando un grupo de paramilitares, en complicidad con quienes debían salvaguardar el orden, detonaron cachorros de dinamita en las puertas de las sedes de la COB y de la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias – Bartolina Sisa, en la calle Pisagua, intentando además ingresar por la fuerza a la sede de la COB donde se encontraba su ejecutivo nacional Juan Carlos Huarachi, detonaron dinamita en la puerta de ingreso y lograron abrir un hueco en la puerta de madera, pero no lograron que por ahí las bombas molotov que arrojaron lleguen hasta el edificio, gracias a que una reja metálica impedía el paso y terminaron explotando en las gradas.

Aquel atentado encubierto por los golpistas mostró lo que pretendía el gobierno de facto: asesinar la lucha por la recuperación de la democracia y prorrogarse indefinidamente en el poder.

A dos años de esa gesta corresponde no dejar que caiga en el olvido y no dejar que se entierre la lucha del pueblo que en ese momento asumió la determinación de salir a las calles hasta recuperar la democracia.

Edmundo Juan Nogales Arancibia es abogado y analista político

Publicado en: Bolivia Etiquetado como: Bolivia, democracia, recuperacion

LA ECONOMÍA BOLIVIANA DURANTE EL MAS

30/09/2020 by maestro 1 comentario

Te invitamos a ver en los siguientes cortos sin intermediarios, la opinión de la prensa internacional sobre la política socioeconómica del gobierno de Evo Morales. Así mismo, ve y escucha los análisis respecto a si ocurrió o no un golpe de Estado en Bolivia. Fórmate una idea autónoma de la realidad concreta en Bolivia.  Los videos fueron tomados mas o menos al azar.

Analisis sobre la economia boliviana 2014

Bolivia es Líder en Crecimiento Económico en Sudamérica 2017

Bolivia construye un proyecto económico propio 2019

ASÍ VEN LA ECONOMÍA DE BOLIVIA LOS ARGENTINOS 2019

Bolivia se posiciona como líder en crecimiento económico de la región 2019

Juan Enrique te explica las claves económicas del “milagro boliviano”

Publicado en: Invitados Etiquetado como: Bolivia

BOLIVIA: POR QUÉ NO PUEDEN DEROGARSE LOS ARTÍCULOS 16 Y 23 DE LA LEY ANTIRACISMO

21/10/2010 by maestro Deja un comentario

Éste ha dispuesto toda una dramatización prosaica que, si no fuera por lo gastado de la trama, sería merecedor del premio “tv y novelas” (y en todas las categorías). La puesta en escena de “la prensa también llora” o “sin racismo no hay paraíso”, resulta una triste parodia de la devaluación del propio ejercicio periodístico. La devaluación es hasta moral. Por eso a la pregunta del presidente: ¿está usted de acuerdo con la discriminación?, la periodista responde: no es mi responsabilidad. En eso cae el periodismo cuando aprende no sólo a tolerar la injusticia sino hasta desearla (porque es noticia).

Caín se hace actual, la muerte del hermano no es responsabilidad suya, por eso elude toda culpa: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Si la prensa degenera en la irresponsabilidad total, entonces, ¿dónde está la ética periodística? (si es que todavía se encuentra en algún lugar). No por casualidad, las ciencias de la comunicación (o ciencias de la manipulación), se desarrollan en USA; y se desarrollan como racionalidad instrumental, por eso la comunicación ya no genera comunicación sino negocios. Si el lucro administra el entretenimiento, entonces la comunicación se encuentra a merced de la especulación; aparece la privatización de un ámbito público: la comunicación ya no es un derecho sino una mercancía, a ella tienen acceso sólo los adinerados. La comunicación genera ingresos cuantiosos y genera también poder. El inversor no apuesta a los medios por filantropía.

Tampoco apuesta a la libertad de expresión. Su apuesta consiste en privatizar ésta; la única libertad es la libertad del mercado y ésta consiste en la libertad de vender y comprar (es decir, todo tiene precio, hasta la dignidad); por eso no se trata de la democratización de la libertad sino de su monopolio. Por eso el rechazo es tácito. Devolvernos la dignidad es un atentado al reino de los business.

El racismo permite naturalizar la exclusión: en el reino del mercado sólo tienen libertad los que tienen dinero y estos no son precisamente los pobres o, en nuestro caso, los indios. El único acceso de estos es para generar humor; en el indio se descarga hasta la burla que, como catarsis, sirve para el deleite del racista. Su “superioridad” consiste en burlarse del “inferior” (por eso decía Martí: sólo hay una raza inferior, aquella que se cree superior). Es feliz sólo con la desdicha del otro. Su alegría sólo puede regocijarse en la desgracia ajena. Por eso le preocupa una ley antirracismo; porque ve acabar su felicidad. Eso considera una violación a sus derechos, por los cuales se moviliza, hasta entra en huelga de hambre. La dignificación le indigna. Por eso prende velitas y hace de la compasión un congregador emocional que atrapa la buena fe de la gente.

¿Por qué se rechaza esos dos artículos? Se trata de una trampa. Lo que está en juego no es la libertad de expresión sino la propiedad de ésta. Si los medios reconocen los dos artículos, estarían reconociendo responsabilidad social, es decir, estarían admitiendo que su actividad solicita legislación pública. Se acaba entonces el reino de los medios, el poder de estos, la mediocracia. Se encuentran en aprietos. Por eso aceptan la ley de boca para afuera, porque para adentro la repudian; por eso optan por la resistencia. Derogado el artículo 16 la ley queda como simple enunciado y los medios aseguran la jauja a la que están acostumbrados.

La trampa consiste en declarar un supuesto acuerdo con la ley, minando su instancia ejecutora: en el caso de los medios, la ley no tendría ninguna incidencia. Un embuste con cara de probidad. Inversión típicamente mediática, donde lo bueno aparece como malo y lo malo bueno, y adonde caen los tontos útiles, entre ellos los propios periodistas. Si digo estar de acuerdo con una ley, es más, si reconozco además lo oportuno de su ordenanza, ¿cómo puedo objetarla cuando se refiere a mí? Si mi apoyo pone condiciones entonces no soy un sujeto de derecho y, lo que es peor, tampoco me interesa un estado de derecho; esto quiere decir: me pongo por encima de la ley, es decir, me sitúo más allá del bien y del mal, me creo Dios. La ley no puede tocarme, por tanto, soy inmune ante ella, es decir, he declarado, de facto, para mi conveniencia, un estado de excepción. Dicho de modo sucinto: sedición.

Lo que declaran los medios es precisamente la insubordinación al estado de derecho que tanto se jactan de respetar. En el fondo, lo que demuestran, es aquello en lo que se han convertido: un poder irracional que socava los fundamentos de todo ejercicio democrático. Si la comunicación es patrimonio público, y los medios se constituyen en un poder mediático, entonces asistimos a un déficit democrático: si todo poder corrompe, ¿por qué los medios serían la excepción? Y si no son la excepción, ¿un rechazo a toda regulación pública de su actividad, no expone una intransigencia con cara de totalitarismo? El que acusa de totalitarismo, ¿no será la expresión propia del totalitarismo?

El rechazo a los dos artículos es, en realidad, el rechazo a la ley en su conjunto, a su pertinencia y a su conveniencia, a su alma y a su espíritu. Es el rechazo cínico a la igualdad humana. No hay democracia sin igualdad de derechos. Por tanto, un rechazo a la igualdad humana es un rechazo antidemocrático. Sólo el fascismo puede llegar a tanto. La desigualdad humana es el suelo donde funda sus pretensiones. Por eso no puede renunciar a su fundamento. Por eso abraza ahora las banderas de las víctimas (libertad, democracia, justicia), pero de modo cínico, porque en ellas se escuda para defender lo que siempre pisoteó. Si no defiende la desigualdad (no hay libertad para los enemigos de mi libertad), se queda sin legitimación posible. Si acepta someterse a un régimen de derecho, válido para todos, se queda sin margen de acción, acepta que sus propósitos ya no tienen sentido, es decir, estaría aceptando su anulación misma.

Por eso hasta hace huelga y todo el dramatismo que despliega, le muestra en la desesperación que significa perder el poder que había usurpado. Su negativa a la ley lo muestra como aquel que no se rige por leyes. Cuestiona hasta el sentido mismo de la ley. Dice que la ley no es clara, no es específica, no define nada y que su interpretación es lo que cuestiona. En primer lugar, la ley, por definición, es universal, y lo es, porque su aplicación es por derivación; lo particular es cada caso. La ley no puede prescribirse de modo particular, sería su progresión al infinito, imposible de resolución. La ley es universal, es decir, general, porque vale de modo prescriptivo. En segundo lugar, la ley, por sí misma, no tiene por qué definir. Cuando se dice: “no mataras”, no se define lo que es matar. La ley no define; la ley señala, determina y establece materia punitiva. Por eso, de la ley no se deducen nuevos derechos; los nuevos derechos son anteriores a la ley, es más, los nuevos derechos fundan una nueva ley. En los nuevos derechos están las definiciones, no en la ley. En tercer lugar: toda ley es siempre sujeta a interpretación (su universalidad es imposible de aplicación mecánica). Por eso la ley no puede ser criterio de sí misma. El derecho es anterior a la ley y lo es, porque el ser humano es sujeto de derechos anteriores a todo Estado de derecho; los derechos civiles nacen de los derechos humanos, porque el ámbito de emanación del derecho es la justicia: la justicia es el fundamento legitimatorio del derecho. El criterio de la ley es la justicia; sin ésta la ley pierde toda legitimidad; por eso hay (desde tiempos bíblicos) jueces, porque la ley por sí misma no genera justicia, los jueces son los agentes de interpretación, los que deben saber evaluar los casos particulares, y la misma ley sujeta a su aplicación particular.

Ahora los medios se amparan en la constitución (¿no que estaba manchada de sangre según estos?); lo que negaron, ahora les sirve de escudo para preservar sus intereses. Eso demuestra lo falaz de su accionar; su negativa a la constitución era concomitante al racismo predicativo que ejercieron para desacreditar algo que contenía todo un conjunto de aspiraciones que proponían un país más justo y equitativo; del cual hasta ellos salían beneficiados, pero que no estaban dispuestos a aceptar por el origen y la procedencia de esa constitución: los indios. Por eso las voces racistas más coléricas, encontraron en los medios privados su palestra ideal. Allí se articularon los ámbitos más fascistas de una oposición, cuyo afán por destruir todo, produjo sólo su propia destrucción.

Derogar el artículo 16 significa un golpe a la ley, significa declarar a los medios “territorio sin ley”. La redacción, supuestamente ambigua, expresa apenas el carácter punitivo de todo despliegue legal; la incidencia en los medios declara a estos emanadores de educación y entretenimiento, como tales, responsables de una actividad cuyas consecuencias son siempre públicas, por tanto, sujetos a responsabilidad social: “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias…”, es decir, el medio que consiente, provoca e incita, es aquel que está sujeto a: “… sanciones económicas y suspensión de licencia de funcionamiento…”, o sea, no hay cierre automático sino sanciones previas que derivan, en último caso, en un posible cierre, además, “… sujeto a reglamentación”.

Los gremios de periodistas debieran ser los más interesados en la redacción de la reglamentación; pero, al parecer, lo único que están dispuestos a aceptar es su conveniencia. Sus representantes acusan de intransigencia la posición gubernamental, pero la intransigencia de ellos es tanta o más acentuada que la oficial. El artículo 23 posee un apartado que les molesta: “cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio… o propietario, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”. La negativa a esta disposición significa otorgarle a la prensa un régimen de excepción legal. Mucha televisión contagia, pues lo que piden es ser James Bond. La licencia consistiría en una “patente de corso”.

Suena hasta folletinesco: “Por cuanto he concedido permiso para armar al corso, a fin de que pueda cuanto le deleite hacer a los enemigos de mi Corona, librándole de todo compromiso legal que sus diligencias…”. Y hablando de diligencias, la presencia de la SIP no es nada gratuita; si acude presurosa al llamado de los medios locales, es porque acude a defender una de sus plazas. Pregunta: ¿qué hacía la SIP cuando los medios incitaban las acciones racistas en Sucre, Santa Cruz, Cochabamba, Pando, etc., cuando en pleno acto de sedición complotaban de modo abierto en el fracasado golpe cívico-prefectural, el 2008? Respuesta: la SIP no hacía nada, porque los medios estaban asegurando lo que ellos llaman “libertad de expresión”. Ya quisieran tener de nuevo un gobierno que sea interlocutor de este tipo de diálogos.

– Es que tenemos algunos chavales de gatillo fácil, verbo más que grosero y descomedido, entusiastas del alboroto, el embuste y la ignominia, a quienes no les vendría nada mal piratear en los mares de la comunicación…

–  Como no, casualmente aquí tenemos patentes frescas. Vaya a decirles a sus chavales que buen lebeche y buena caza.

Hasta la piratería degenera y, en vez de hacer epopeya, hacen sainete. Por eso la movilización de la prensa más parece una parodia circense. Los barbijos que llevan los asemeja a infectados de algún virus que provoca que la gente no se les acerque demasiado; en medio de aquello, denuncian la conculcación de la libertad de expresión desde la más expedita libertad de expresión.

Y los periodistas movilizados no atinan siquiera a aprovechar el momento para exigir mejores condiciones laborales (porque hasta de seguro carece la mayoría) y la activación efectiva de la praxis sindical. Si las acciones del medio pudieran atentar la estabilidad laboral de los periodistas, eso debiera motivarles a ejercer control social del medio donde trabajan. Ahí veríamos si los dueños de medios estarían dispuestos a hacer huelga en defensa de sus trabajadores. Porque resulta triste la cooptación hasta burda que han hecho del periodismo los grandes medios de comunicación. Por eso es de destacar la valentía de varios periodistas que, a la usanza del agorero, son como la voz que clama en el desierto.

El desierto lo constituye aquel déficit democrático que hace de la comunicación un poder y donde el periodismo se devalúa a legitimar aquel déficit. La prensa actúa como aquel que se quiere perfecto, incapaz de admitir culpa alguna; por eso no admite ninguna rectificación de parte suya, porque es incapaz de asumir responsabilidad alguna. No todos somos culpables, dice la prensa movilizada; es cierto, por eso respondemos: pero todos somos responsables. Por eso precisamos de una legislación que le devuelva al periodismo su vocación de servicio a la comunidad a la que se debe.

 

La Paz, Bolivia, 19 de octubre de 2010 
Rafael Bautista S. 
Autor de “LA MASACRE NO SERÁ TRASNMITIDA:

EL PAPEL DE LOS MEDIOS EN LA MASACRE DE PANDO” 
[email protected]

 

 

Publicado en: Bolivia Etiquetado como: Bolivia, BOLIVIA: POR QUÉ NO PUEDEN DEROGARSE LOS ARTÍCULOS 16 Y 23 DE LA LEY ANTIRACISMO, desenencuentro

BOLIVIA: ¿ES EL RACISMO LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

02/10/2010 by maestro Deja un comentario

La polémica levantada por la prensa, en torno a la ley anti-racismo, no tiene, como fundamento, al derecho sino al cohecho. Porque cuando la propia prensa es cooptada por intereses privados monopólicos, entonces no es la libertad de expresión la que toma la palabra sino la privatización de ésta. Lo que es patrimonio público es raptado como propiedad exclusiva de los medios privados; este supuesto “derecho” es el que se pronuncia en contra del derecho de todos. Los medios no defienden la libertad de expresión: lo que defienden es la potestad absoluta que pretenden sobre ésta. Por eso aparece la intolerancia: exigen ser “consultados”, acusan de “violación a sus derechos”, hasta casi ordenan la derogación de dos artículos (que no les conviene); es decir, si de libertad de expresión se trata, no les interesa la expresión popular sino, exclusivamente, la suya; por eso exigen una “consulta” que ya tiene sentencia: si no se hace lo que exigen, resulta “violación a la libertad de expresión”.

Demandan la anulación de dos artículos que les incomoda, es decir: está bien estar contra el racismo, siempre y cuando se tenga carta blanca para decir lo que se quiera (o haciendo decir a otros lo que se piensa). El racista opina, precisamente, de ese modo, por eso nunca se confiesa: su confirmación necesita de la negación retórica de sus actos.

Una sociedad es racista no porque un desequilibrado profiera insultos en una radio, un periódico o un canal de televisión (quien se delata no es tan peligroso como se cree) sino porque está estructurada y atravesada política, económica y culturalmente, por el racismo. Si la propia clasificación social es, previamente, una clasificación racista, entonces hablamos de una naturalización de la dominación; que estructura las relaciones de poder como relaciones racistas de dominación. La naturalización de éstas es lo que produce su invisibilización; cuando las jerarquías sociales contienen clasificación racial, entonces parece “natural” esa distribución social. Si el precio del ascenso social es el desprecio (aunque sea disimulado) al supuesto “inferior”, lo que se evidencia, aunque nos duela en el alma, es el fundamento racista de nuestra propia subjetividad.

Hechos aparentemente inocentes nos muestran esto: teñirse el pelo no es un acto cosmético sino ético (como auto-negación), porque si el patrón de belleza que adopto no se corresponde a mi constitución biológica (que tiene su propia expresión cultural que no admito), entonces esa adopción se convierte en una negación de lo que, en definitiva, soy. Cosa curiosa, cuanto más oscuro es el cabello, más posibilidades de desarrollar las cualidades que hacen a un cabello sano (brillo, volumen, consistencia, etc.); pero si por mudar de color (siempre a más claro) debo quemarlo, lo que quemo, en última instancia, es la vida del cabello; es decir, por “verme bien” (según el patrón adoptado) mato algo en mí. La constante es cruel: para afirmar el patrón estético dominante (moderno-occidental) debo negar lo que soy (si lo que soy no se corresponde con lo “superior” entonces, por definición, soy “inferior”).

Una adopción estética no es inocente; es más, si el precio de esa adopción es mi negación, entonces mi apuesta no me honra sino me degrada. En este caso, el precio del racismo es la negación de la propia persona. Por eso el precio de la ignorancia es siempre la muerte, es el caso de nuestro ejemplo: para quemar el color del cabello no sólo quemo éste sino también neuronas cerebrales, porque los químicos que aplico atraviesan el cuero cabelludo, que es por donde respira el cerebro.

Para aceptar como “natural” esa cosmetología, debo aceptar como “mejor y más bueno” (“verse moderna”) el patrón estético que la sostiene (blanqueamiento como sinónimo de perfeccionamiento). En eso consiste el racismo: en la naturalización de las diferencias fenotípicas como superior e inferior; todo aquello que no coincide con el patrón blanco-moderno-occidental (euro-gringo-centrismo) es inferiorizado. Como consecuencia, el “verse bien” posee contenido moral, así como el “verse mal”; bien y mal quedan estetizados: el “bien” es blanco, el “mal” es negro. Se trata de una moral inmoral. Porque la imagen del “bien” le otorga legitimidad a la estética blanca (sinónimo de “pureza”); en cambio, toda otra estética es negada como “inferior”. Por eso se adopta lo blanco como “modelo de belleza” porque, previamente, lo que no es blanco, ha sido naturalizado como inferior, siendo su única “salvación” parecerse, lo más posible, a lo “superior, perfecto y bueno”. Por eso el racismo reordena a la humanidad a su imagen y semejanza. Ya no está hecho el ser humano a imagen y semejanza de Dios sino al contrario: Dios (lo infinito espiritual) tiene ahora hasta color; se parece a Santa Claus, es decir, un viejito ario, rubio y de ojos azules. El mismo Jesús, quien era semita (es decir, no era ario), es blanqueado para, de ese modo, “limpiar” su procedencia.

Ahora bien, ¿no tiene la comunicación actual el paradigma del lenguaje de la imagen? La imagen domina la televisión, la prensa y hasta la radio; por eso el lenguaje se va reduciendo a mero apéndice de la imagología dominante de los medios. Pero si el lenguaje mismo de la imagen se halla contaminado de racismo implícito, entonces se entiende la reacción de los medios. Su reacción no es impensada o accidental, fruto de la susceptibilidad o de la sospecha; es coherente con sus más hondos prejuicios. En eso son visionarios: si la discriminación y el racismo son combatidos legalmente, su accionar ya no puede ser omnímodo e impune. Su aparente inocencia queda descubierta como lo que es: operadores ideológicos de la naturalización de las relaciones de dominación.

Por eso la pregunta no es retórica. Es la pregunta que debe, siendo consecuentes, formulársele a una componenda mediático-periodística: ¿es el racismo “libertad de expresión”? La libertad también puede definirse en contra de ella misma; es cuando prescinde de toda referencia anterior y pretende fundarse a sí misma, en consecuencia, la libertad mía se opone a la libertad ajena. Esta aporía es insoluble; en la que se cae cuando se defiende la libertad por la libertad. Eso hace el díscolo.

Lo que define a la libertad es la responsabilidad; por eso la libertad no es un principio metafísico sino autoconciencia de la finitud humana. Somos libres porque somos finitos; por eso hay decisión, porque la libertad consiste en elegir, y uno elige porque la existencia no es infinita. Por eso, las verdaderas elecciones, no consisten en elegir esto o aquello, sino en elegir la posibilidad misma de toda elección, esto es, la vida. Si niego la vida del otro, niego la vida, porque ésta no se reduce a mi vida sino a la vida de todos. Por eso la libertad no se define metafísicamente sino políticamente. Expando mi libertad cuando trasciendo mi propio yo: las necesidades materiales de mi prójimo son necesidades espirituales para mí. Soy libre en la medida en que me hago responsable. Sin responsabilidad, mi libertad es pura inercia, y todo lo que se encuentra en su camino resulta un obstáculo o distorsión de su espontáneo desplazamiento. Esta concepción física de la libertad, llevada al ámbito humano, tiene consecuencias desastrosas. De ese modo se comporta el capricho pueril del mimado, que sólo está dispuesto a escuchar a los demás, si confirman su propio parecer. Si se pone a sí mismo como criterio absoluto de todo dictamen, entonces se entiende su oposición a toda regulación exterior (toda moral queda reducida a su moral). Quiere tener la potestad de juzgar, pero que no le juzgue nadie. Lo que no ve o no quiere ver es que su accionar tiene consecuencias públicas, y eso no puede evaluarlo él mismo, porque los afectados son también otros.

Las objeciones periodísticas que se escuchan, se escudan en la preservación de sus fuentes de trabajo; aunque la ley sólo estipule en casos extremos el cierre de medios, además de acuerdo a una normativa posterior (de consenso democrático, donde no sólo los periodistas sean los interlocutores sino la población en su conjunto). Pero esta objeción, si somos coherentes con una lucha contra toda forma de racismo y discriminación (que los periodistas alegan no estar en contra), no es legítima. Un ejemplo: si todos estamos en contra de las armas, ello supone eliminar su fabricación, lo cual conduce, inevitablemente, a la eliminación de empleos.

En el fondo se trata de la dignificación del empleo. No todo empleo es digno, por lo tanto, si no apuesto a su dignificación, su defensa es sinónimo de intransigencia. Ésta no es legítima, porque acabaría afirmando: estoy en contra del racismo, siempre y cuando no afecte a mis intereses; lo cual solapadamente quiere decir: soy capaz de tolerar el racismo porque no me afecta, es más, saco provecho de ello. Esa parece ser la bandera sarcástica de los humoristas que, ingenuamente, se brindan como escudo melodramático de los medios. Si el humor sólo sirve para burlarnos de otros, entonces el humor nos degrada; cuando un prejuicio es sañudo, los chistes se hacen venenosos, incluso para el que los profiere. Una cesación del racismo debiera ser un reto positivo para el humor boliviano, pues no hay nada más imaginativo que hacer del humor un acto pedagógico. De lo contrario, hasta con chistes, los medios preparan a una sociedad discriminadora, activando su descontento en explosiones de odio, despertando el racismo centenario que prescribe su subconsciente a la hora del insulto: “indio de mierda”.

En ese sentido, la “auto-regulación”, es un despropósito. Porque esto no significa otra cosa que auto-justificación. Uno no puede evaluarse a sí mismo si sus acciones van más allá de uno. Porque si de autocrítica hablamos, ésta es propia de un ser moral, autónomo, es decir, de alguien que responde por sus actos ante sí y ante los demás. Por eso la moralidad no es algo que abandono después que cierro la puerta de mi dormitorio; es algo que llevo y que me expone ante los demás como un ser responsable. Cuando los periodistas cuestionan todo intento de regulación pública de su actividad, actúan como los políticos y, de ese modo, inconscientemente, consagran la inmoralidad que tanto critican.

Por eso hasta el lenguaje degenera en los medios. Cuando ya no hay ética en el oficio, ninguna renuncia concedo de parte mía, ni siquiera por el bien común; si antes no garantizo mis intereses, el interés de los demás no me interesa, defiendo lo mío aunque vaya en contra del resto. Con el episodio de la tortura a un conscripto, ni los periodistas y menos los medios, son capaces de reflexión. Ellos mismos propician un debate sobre la obligatoriedad del servicio militar; es decir, se requiere una medida drástica ante semejante hecho, lo cual, inevitablemente, pone en entredicho la función misma de las fuerzas armadas. Pero esa misma argumentación ya no la usan los medios para sí mismos, aunque sirva también para el proceder de ellos. Extrañamente, no están dispuestos a medirse, ellos mismos, con la misma vara que miden a los demás.

Veamos un hecho: la masacre de campesinos en Pando. El 11 de septiembre de 2008, en medio todavía de la persecución y la masacre, los medios montaron, unánimemente, la retórica del “enfrentamiento”. Todos los titulares, de modo premeditado, sentenciaron el hecho. Ese sorprendente acuerdo tácito no dejó lugar a dudas. El “enfrentamiento” (que nunca fue “supuesto”, como el terrorismo que aun encubren como “supuesto”) nos colocaba en una situación moral o, más bien, inmoral: era un “enfrentamiento entre buenos y malos”. Si los analistas (invento mediático) pregonan que nada es o negro o blanco, que los matices cuentan; aquel día el acuerdo fue absoluto, sin matices que valgan. La retórica del “enfrentamiento” excusaba todo exceso; por eso las palabras del prefecto de Pando (amplificada por los medios), podían ser consentidas y hasta aplaudidas: se trataba de una apología del genocidio (por eso a los asesinos les llamaba “mártires”). El “enfrentamiento” servía para eso: se trataba de un guión que no sólo lavaba culpas sino -y esto es lo peor- nos convertía, a todos, en cómplices de un hecho flagrante. Admitir el “enfrentamiento” era admitir que aquel genocidio fue una “defensa”.

Hay químicos que limpian las manchas de sangre, pero no hay nada que limpie la conciencia del asesinato. Pero los medios creen que eso es posible. Por eso inventan figuras que devuelven la inocencia al culpable. El montaje espectacular de aquel 11, es sólo comparable al montaje de aquel otro 11 de septiembre, de 2001. Ambos realizan una demolición planificada. Lo que se demuele, en definitiva, son las coordenadas del bien y del mal: si el verdugo es la víctima y la víctima el verdugo, entonces nos hallamos ante una inmoralidad. Si, frente a ello, el público no tiene criterios para enfrentar semejante situación, entonces, lo que viene, es la descomposición social. Por eso no es rara la mezcolanza obscena que los noticieros prodigan sin asco (y hasta con auspicios apetitosos): el genocidio es seguido por un circo y la masacre es precedida por LG, “life is good”. Esta descomposición produce también contaminación; pero no se trata del medio ambiente sino de nuestra propia conciencia. Cuando esto se socializa, nos revuelve una paradoja: en la era de las comunicaciones, ésta es cada vez menos posible.

La comunicación no es un algo dado sino algo que se produce. Si se merma la posibilidad de esa producción, aparecen los síntomas de esa paradoja: el diálogo va desapareciendo de la convivencia humana y, con él, la propia convivencia. Entonces la política tampoco es posible; su única posibilidad es la guerra. Lo cual es ya común cuando la política es cooptada por los medios. Cuando los actores, en medio de algún conflicto, acuden a los medios, es cuando estos reducen todo a su lógica: no median nada sino, al contrario, imposibilitan cualquier mediación. Porque los criterios que guían el accionar mediático son mercadotécnicos y, dentro de ellos, lo que importa es el espectáculo; la verdad, el sujeto y la realidad son desplazados por exigencias comerciales. El formato de las telenovelas pasa a ser el formato noticiero, dejando al público en un permanente estado de tensión, sumido en la incertidumbre, pronunciando aquello que, de uno u otro modo, resulta una trampa que montan los propios medios: “ya no hay a quién creerle”. Quien dice esto ya no cree pero, curiosamente, cree en aquel que le ha inducido a no creer en nadie: los medios. Es decir, la incredulidad reinante es la más crédula afirmación de un público que le otorga, inocentemente, a los medios, la autoridad sobre sus creencias.

La nueva religiosidad que inaugura la globalización ya no necesita iglesias. Sus nuevos templos son los medios, adonde concurren los feligreses, cada día, para saber qué comer, qué vestir y, lo más grave, qué opinar. El periodismo aparece como el nuevo sacerdocio del mercado global, donde las grandes cadenas y los monopolios mediáticos cotizan en su propia bolsa de valores: el rating. Este índice le sirve al mercado global para reproducirse al infinito, a costa siempre de lo finito: el ser humano y la naturaleza.

Los medios no toleran regulación alguna, porque actúan según el mercado: éste no tolera ningún Estado (salvo el que le sirve) porque no tolera regulación ni ley, salvo la suya: ésta dictamina que todo es mercancía, que nada es verdad ni moral ni ético, tampoco justo o sagrado, que todo es ofertable, vendible; por eso, la única libertad radica en la libertad de vender y venderse. Esta libertad escupe su grito a los cielos cuando se pretende nacionalizar la riqueza o cuando se propone el respeto a la naturaleza; porque si no todo es vendible, entonces se puede poner límites al mercado. Es cuando los medios decretan el estado de excepción.

El 2002 el golpe a Hugo Chávez fue mediático. El 2008, el golpe cívico-prefectural tuvo, en los medios, el lugar de articulación y emanación del racismo citadino. Esto es posible porque la sociedad boliviana es constitutivamente racista; su carácter colonial no es sólo institucional sino subjetivo y aparece cuando se encienden los dispositivos que despiertan sus más hondos prejuicios. La nueva colonización opera de modo sofisticado y tiene, a los medios, como a los ejecutores de una nueva invasión: ya no se trata de la conquista física sino espiritual. Los bombardeos son, ahora, mediáticos y ocurren todos los días y en todos los ámbitos de la convivencia humana. En las actuales “guerras de cuarta generación”, los medios ocupan un lugar fundamental, provocando derrumbes de procesos democráticos, para garantizar la expansión del mercado global. El poder que cuentan no es sólo económico sino político y esto es, precisamente, lo que se denomina mediocracia.

Los medios se vuelven operadores políticos y, como tales, se otorgan, para sí, la potestad de la interpretación de los hechos políticos. Ya no se actúa como medio sino como un fin en sí mismo. La realidad se hace prescindible y, en consecuencia, la verdad innecesaria. Por eso la identidad entre realidad y hecho informativo es falsa, porque la noticia resultante es producto de una “composición” de la realidad; en la “edición” de la noticia es donde la realidad se construye a partir de prerrogativas ideológicas que, en el peor de los casos, cuando hay racismo de por medio, el resultante es lo que pasó el 11 de septiembre de 2008: una masacre.

La asonada mediática fue preparando, sistemáticamente, la figura del “enfrentamiento”; configurando estereotipos que despertaron hondos prejuicios afincados en una subjetividad citadina, maleducada y deformada, no sólo por una educación discriminadora sino por la presencia cuasi omnímoda que operan los medios sobre la sociedad. La naturalización de las relaciones racistas de dominación son activadas, por lo general, mediante dispositivos que encienden la disponibilidad del público a agredir a su prójimo, sin remordimiento alguno; porque el racismo opera precisamente para otorgarle inocencia al agresor: si se trata de un indio, se trata de una llama. Por eso el “enfrentamiento” era lo inmoral por antonomasia: el bando de los “buenos” eran “jóvenes”, “población pandina”, “autonomistas”, “cívicos” y hasta “mártires por la democracia y el IDH”; los “malos” eran “sicarios pagados por el gobierno”, “hordas masistas”, “collas”, “campesinos que venían a sembrar terror”, “indios armados hasta los dientes”. Bajo esta escenografía, la “defensa” estaba bendecida y merecía hasta la llegada del Cristo redentor. La memoria del asesino acudía a su pasado sacrificial y encontraba en las arengas de las cruzadas la razón que justificaba su sed de venganza ante el atrevimiento de la plebe. Nos hicieron tragar el “enfrentamiento” para decir amén a la “defensa”; sin siquiera preguntar lo más sensato: ¿qué clase de “defensa” persigue a los supuestos “malos” hasta acribillarlos abusivamente mientras escapan desesperados por un rio? Aquello arrojó una suma de muertes, perseguidos y desaparecidos que, más que una “defensa”, era una brutal ofensa.

Para los medios, la masacre no existió. Si ésta no existió, las víctimas tampoco existen, por tanto, Leopoldo Fernández está preso injustamente. Esta distorsión se hace argucia legal y reivindicación política del racista que tiene, en los medios, un espacio hasta familiar. Si la verdad es rehén de los medios, es decir, su propiedad privada, lo que aparece es un totalitarismo con cara de inocencia. Objetarle algo resulta ir contra la libertad de expresión; proponer una regulación es dictadura, plantear una ley es persecución política.

Pero la comunicación es un bien público y no puede ser patrimonio privado. No puede dejarse al lucro privado lo que es condición de la convivencia humana. Ante la objeción del derecho a la libertad de prensa (confundida con la libertad de expresión), la respuesta de la comunidad política no puede ser otra que la de afirmar un derecho anterior a cualquier “derecho” que puedan objetar los monopolios de la comunicación: el derecho a la verdad. Sin este derecho se abre la posibilidad de la demolición moral de la comunidad. La comunicación no puede ser un negocio, así como la verdad no puede ser mercantilizada. Otorgar el ejercicio de la comunicación a intereses privados, cuyo fin es el lucro, significa el suicidio de una comunidad. Por ello, la recuperación pública del ejercicio de la comunicación, forma parte de una política de nacionalización y de recuperación de la soberanía de un Estado.

Hay un curioso discurso del presidente Einsenhower, de enero de 1961: “La influencia total (de esta conjunción entre un inmenso aparato militar y la industria armamentista) en lo económico, político y hasta espiritual es percibida en cada ciudad, cada institución, cada oficina del gobierno federal. Tenemos que protegernos contra la invasión de influencias incorrectas, intencionadas o no, del complejo militar-industrial. No debemos nunca permitir que la fuerza de esta combinación ponga en peligro nuestra libertad o nuestro proceso democrático”.

Ahora sabemos que los norteamericanos perdieron esa batalla y, con ella, su libertad y su democracia; por eso acabaron siendo un público domesticado dispuesto a justificar las más grandes atrocidades de los afanes imperialistas de ese complejo militar-industrial que gobierna ese país. Allí se desarrollaron las ciencias de la comunicación o, más bien, ciencias de la manipulación, que no es más que la formalización cientificista de la propaganda ideológica que había producido el régimen nazi. Goebbels lo decía de este modo: “no nos interesa comunicar la verdad sino lograr un efecto”. El poder mediático consiste, de ese modo, en generar efectos premeditados; su propósito ya no es la verdad sino la negación de ésta, como solía repetir ese ministro de propaganda e información nazi: “una verdad debe construirse a base de mentiras”. En el reino de la mentira se produce el monopolio de las comunicaciones; las grandes cadenas de información ya no informan; su propósito es otro: la humanidad, el planeta y la naturaleza, son sólo la escenografía de un apetito que se expande a todos los rincones del mundo: el mercado global o imperio del capital.

El poder mediático influye en casi todos los ámbitos de la existencia humana; coloniza nuestras conciencias generando una nueva religiosidad: la idolatría del mercado. El público es amaestrado según las necesidades del mercado; es decir, ya no es sujeto de decisiones sino objeto de las decisiones de este nuevo ídolo, que reclama un nuevo holocausto, para así tener libre acceso a todos los recursos planetarios. Por eso le otorga poder a los medios, con la garantía, además, de Estados irresponsables. Aparece un nuevo poder: la mediocracia. Este poder es político y operador idóneo que usa el imperio para desestabilizar procesos democráticos. Actuaron como operadores políticos de una estrategia bélica de recaptura del poder el 2008; y son quienes preparan la masacre, preparando a los verdugos de aquel genocidio. Por eso el 11 de septiembre la invención del “enfrentamiento” no buscaba describir nada sino confirmar su credo: los indios alzados merecían un escarmiento.

Si toda información consiste en la mentira, la calumnia, el chisme, la burla, entonces la información ya no informa ni comunica la realidad, sino la desfigura, la manipula y la deforma. Una regulación de medios es necesaria incluso para bien del propio ejercicio periodístico. Una historia: una creyente confiesa haber pecado de calumnia, busca el perdón. Su confesor le dice: cuando despiertes sube a la terraza de tu casa y lleva contigo una almohada de plumas, destrózala y esparce las plumas al aire. Ella lo hace y regresa, preguntando: ¿estoy ahora perdonada? La respuesta es: todavía no. Ahora debes volver y recoger todas las plumas y rellenar de nuevo la almohada. Pero eso es imposible, replica. Exactamente, dice el confesor. Es imposible remediar aquello. La calumnia es como las plumas que esparciste, no podrás deshacer aquello.

Un analista de Panamericana, en referencia a la ley que está por aprobarse, decía: no soy de izquierda ni de derecha, soy católico y creo que con esta ley sólo nos resta acudir a Dios. Parece que este analista no lee su Biblia. Si el “no mentiras” es un principio de nuestra constitución, también lo es del decálogo. Y lo que hicieron y hacen los medios, continuamente, es mentir cínicamente. Ese analista habla, por supuesto, para quienes, como él, no creen en la igualdad humana. Los Salmos, llaman a estos, impíos: “No tienen parte en las humanas aflicciones y no son atribulados como los otros hombres. Por eso la soberbia los ciñe como collar y los cubre la violencia como vestido. Ponen su boca en el cielo y su lengua se agita por la tierra. Por eso el pueblo se vuelve tras ellos. Helos ahí son impíos, pero tranquilos constantemente aumentan su fortuna” (73:3-12). ¿Qué dice el Eclesiástico?: “El rico hace injusticias y se gloría de ello; el pobre recibe una injusticia y debe pedir perdón. Si el rico habla, todos le aplauden; aunque diga necedades le dan la razón. Pero si el pobre habla, le insultan, habla con moderación y nadie le reconoce. Habla el rico y todos callan. Pero habla el pobre y dicen: ¿quién es éste? Y si dice algo más, todos se le echan encima” (4:29).

No es raro que la comisión episcopal se oponga a la ley anti-racismo; pero si nos oponemos a ella, ¿qué hacemos con los principios cristianos? Lo que se nos pide es romperlos. Sólo nos resta decirles, lo que decía otro masacrado: “perdónalos Señor porque no saben lo que dicen”. La masacre continúa cada día que nos roban el derecho a la verdad. Las víctimas son doblemente asesinadas y nosotros, al consentir aquello, nos hacemos cómplices de esa ejecución continua. Hay que señalar: no se puede hacer desaparecer a los medios, ni al periodismo, pero tampoco se les puede otorgar una libertad de acción irrestricta, impune e inmune a toda legislación pública. Recordemos: “No debemos permitir que la fuerza de esta combinación ponga en peligro nuestra libertad o nuestro proceso democrático”. La comunicación es un bien público y no puede ser privatizado y menos monopolizado por el lucro. Recuperarlo no es desprivatizarlo sino nacionalizarlo (porque no es patrimonio privado sino público). Nacionalizar el ámbito de los medios significa devolverles su propósito original: servir a su propia comunidad, promoviendo la educación y el desarrollo cultural y nacional de la comunidad que les dio origen y a la que se deben.

 

La Paz, Bolivia, 27 de septiembre de 2010 
Rafael Bautista S. 
Autor de “LA MASACRE NO SERÁ TRASNMITIDA:

EL PAPEL DE LOS MEDIOS EN LA MASACRE DE PANDO” 
[email protected]

 

Publicado en: Bolivia Etiquetado como: Bolivia, BOLIVIA: ¿ES EL RACISMO LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

BOLIVIA: LAS VENAS ABIERTAS DEL ESTADO

17/08/2010 by maestro Deja un comentario

¿Por qué empiezan a acumularse contradicciones que se creían superadas? ¿Estaban realmente superadas, o era sólo una ilusión exitista del triunfo de diciembre? El gobierno había obtenido los dos tercios necesarios para constituir un nuevo Estado y darle a este proceso, no sólo continuidad, sino profundidad; el proceso de cambio parecía no sólo asegurado sino consolidado. Pero en las elecciones de gobernadores y alcaldes algo empezó a hacer aguas; Caranavi y la marcha indígena de la CIDOB mostraron que las aguas podían desbordarse y después, con Potosí, el desborde ya parece la amenaza constante. La inminencia del conflicto potosino podía haberse advertido y solucionado con un poco de lucidez histórica, pero lo que emana de ámbitos gubernamentales carece de aquello; si en tan poco tiempo no se aprende de los errores incurridos en Caranavi o con la CIDOB, es menos probable que haya siquiera perspicacia para atender demandas que tienen larga data.

Si el gobierno optó por un repliegue patológico, no es asunto de caracterología, sino discapacidad para transitar hacia un nuevo horizonte. Cuando el Estado pretende recomponerse según sus necesidades institucionales, hay que preguntarse si estas necesidades responden a las necesidades nacionales. Bolivia nunca consolidó Estado. Porque el modelo de Estado que persiguió fue siempre ajeno a su propia realidad. Ese Estado es llamado colonial porque nunca tuvo contenido nacional. Si la nación está al margen, el Estado no se consolida, porque la forma de su consolidación consiste en la anulación de su propia nación. Por eso el derecho que produce no congrega sino excluye. La misma exclusión es el eje de su composición estructural. Su sobrevivencia depende de la anulación constante que hace de su propia nación. Hasta el 52, eso constituye el carácter señorialista del Estado: la nación, los indios, aunque tributarios, no son nunca considerados pertenecientes. Después del 52, la inclusión tiene un precio: renunciar a lo que se es.

Lo campesino no es una mera denominación sino renunciar a lo que se es para ser tan ajeno como el modelo impuesto: el farmer. La reforma agraria produce la propiedad privada de la tierra; es decir, impone los valores moderno-burgueses. Abrazar estos valores significa renunciar a los valores propios: el campesino que accede a la ciudadanía aprende a negar a su comunidad. La nación se subsumía en un proyecto estatal que se imponía desde afuera: ser como lo estipula otro tiene su precio. El minifundio significó en definitiva la fragmentación de la comunidad, su destrucción. La sociedad moderna constituye un individuo sin comunidad. Las consecuencias son aciagas: el interés particular se excusa de todo interés común; para salir de la pobreza hay que trasladarla a los demás. La riqueza no se queda en el campo, la misma relación instrumental con la tierra empieza a destruirla, todos aspiran a vivir en la ciudad, a blanquear su condición. El ingreso en sociedad no es gratuito, cuesta la existencia; por eso se desprecia al campo y al indio que se trae dentro. El racismo es la carta de ciudadanía que naturaliza una condición colonial: se aspira a lo que no somos y se desprecia lo que somos.

Porque la sociedad está estructurada de modo racista, que se muestra en el desprecio que escupe el poder ante los subalternos. La clasificación social es previamente clasificación racial. Las instituciones modernas poseen este tipo de estructuración; por eso la composición social es colonial. También la estatal. La naturalización de la dominación estructura al Estado mismo. Por eso no es raro que, ante los conflictos actuales, la razón de Estado saque de sus baúles evocaciones señoriales: “no dialogo bajo presión”. El antecedente inmediato fue el conflicto con la marcha indígena. El Estado no baja de su estrado. El pueblo debe acudir como acudía el vasallo ante el rey. La soberbia exige humildad, porque ella misma no sabe serlo. La cuestión de la marcha era simple: ¿Cómo puede haber Estado plurinacional sin contenido plurinacional?

¿Puede el Estado, desde sí mismo, dotarse de ese contenido? La razón de Estado sólo sabe administrar lo homogéneo. Lo que hace a la forma estatal es la dominación; por eso su discurso es siempre nostálgico, evocando un paraíso perdido, donde no había diferencias ni contradicciones. De ese modo se estructura la lógica estatal moderno-colonial; por eso sus evocaciones son pura abstracciones, lo es su concepto de nación, de ciudadano, de sociedad, de futuro, etc. Hasta sus indicadores son abstractos, como el PIB (el mismo Stiglitz señala que los instrumentos de crecimiento sólo compensan a los gobiernos que aumentan la producción material y no el bienestar, el PIB no permite comparar adecuadamente el bienestar en los diferentes países). En última instancia, las referencias de un Estado colonial no son, ni su pueblo, ni las naciones que lo componen. Su modernización consiste en esto: en la renuncia a dotarse de un contenido propio.

¿Qué contradicción manifiesta el conflicto de Potosí? Este conflicto aparece en el marco de la promulgación de las llamadas leyes fundamentales del nuevo Estado, además del episodio cívico en torno a la remoción del alcalde potosino. El MAS había obtenido la mayor votación en Potosí, tanto para presidente como para gobernador (aunque en la alcaldía pierde inobjetablemente). Desde el gobierno la cosa parecía clara y ya lo venía sugiriendo el vicepresidente, con sus continuas alusiones a jacobinos y bolcheviques: la razón de Estado debía prevalecer ahora que se tenía hegemonía asegurada. Craso error. Porque el nuevo Estado no aparece por decreto, más aun si se trata de la descomposición del viejo y la constitución del nuevo. El paso del Estado colonial al Estado plurinacional no es automático y ni siquiera es el producto de nuevas leyes. Un Estado verdadero es la efectivización y la realización de la eticidad que nos presupone; es decir, la forma de vida que nos sostiene y da sentido a lo que, en definitiva, somos; tomar conciencia de lo que somos, para deducir de ello las normativas político-jurídicas que expresen, hagan posible y desarrollen nuestro modo de existir. A eso hemos llamado el “vivir bien”.

Que prevalezca la razón de Estado quiere decir: ante las contradicciones, el Estado mismo se presenta como la resolución de todas ellas; es decir, ya no resuelve las contradicciones, sino las anula. Por eso la violencia no es la negación del Estado de derecho moderno sino su fundamento; el Estado, por medio de la ley, naturaliza su violencia. Por ello se entiende la actitud soberbia y prepotente de algunos ministros; no se trata de una observación del carácter sino del modo como se recompone, bajo nuevas banderas, la razón de Estado. Entonces no hay descolonización, es decir, descomposición del Estado colonial; porque si el Estado (moderno-colonial) tiene un modo de recomponerse, es expropiando el ámbito de las decisiones, y esto es lo menos descolonizador que pueda haber. Tal vez por eso, el ministerio de autonomías aparece como un super ministerio y la descolonización estatal queda recluido a un oscuro viceministerio dependiente de un ministerio de cultura que hace gala de una desubicación total dentro de un Estado plurinacional (si hay un auténtico valor agregado nacional es el artístico, pero no existe una sola política de Estado que asegure y promueva lo que podría generar, no sólo ingresos, sino difusión cultural, para expandir la producción nacional).

La razón de Estado tiene sus propias prerrogativas y ellas conculcan lo que su autonomía no considera imprescindible. De este modo, encontramos que, una nueva reposición estatal, concibe un modelo que se adecúe a sus propias necesidades institucionales. Allí aparece el modelo autonómico. Y aparece también la contradicción: ¿es el Estado autonómico el Estado plurinacional? ¿Uno se deduce del otro? Las concesiones que se dieron a la derecha, cuando se abre la constitución de Oruro, resulta que no fueron tales; porque el sector negociador del gobierno tenía como perfil un modelo de Estado bastante similar a lo que imaginaba la derecha. Tenía que establecerse un suelo común de discusión y eso lo generó el modelo autonómico; porque, claro, del plurinacional se sabía bien poco. Los enunciados generaron sólo simpatías; no generaron horizonte político. Quienes debían haber estado incluidos en la negociación no lo estaban; así que la constitución quedaba diluida por la ausencia del sujeto constituyente. Por eso el gobierno no se identifica con la marcha de la CIDOB; porque había arrinconado lo plurinacional a mero apéndice retórico del nuevo discurso estatal.

Pero este discurso (el autonómico) no es tan nuevo; su modelo obligado es el español. Por eso, en realidad, no se trata de un nuevo modelo de Estado, sino de la performativización del Estado moderno-liberal; lo que, en nuestro caso significa, el Estado señorial o, más precisamente, el Estado colonial (y su continua paradoja: para ser libre adopta el modelo de su antiguo patrón). Si el Estado es el que pretende recomponer a la nación toda, entonces precisa de un modelo a seguir (el autonómico). Ya no se pregunta por el contenido que debe adoptar sino del modelo que debe imponer (su referencia ya no es su propia realidad sino el modelo que copia). Se recompone su lógica: él es el sujeto, el pueblo es el objeto. La lógica de dominación vuelve a anidar en nuevos actores; la reposición señorial despierta su condición naturalizada. Por eso decíamos, no se trata de carácter sino de la estructura propia del Estado colonial; la soberbia y la arrogancia no son episodios morales de algún ministro sino constituyen el modo de composición de la forma estatal (los ministros son la mera personificación de esta composición; a esto hay que agregar: si es el entorno el que encapsula al primer mandatario es, en definitiva, éste, quien consiente aquello). No se dialoga pero se esgrime el diálogo de modo hasta conmovedor. Y ambos lados proponen algo que desconocen por completo. Porque la razón estatal no se afinca sólo en el Estado sino en la sociedad que le corresponde.

Veamos más de cerca el conflicto. En primer lugar, si las demandas de Potosí son centenarias, como son todas las demandas nacionales, ¿por qué cobran ahora matices tan dramáticos? El robo chileno de las aguas del Silala nunca generó semejante movilización (curiosamente ausente en las principales demandas actuales) y, como sucedió con Caranavi, el sólo anuncio de crear una planta de cemento -entre Oruro y Potosí- activa una movilización que logra despertar toda la frustración que, no sólo guarda Potosí, sino el país entero. El afán de riqueza parece desunir más que unir. Si en la pobreza se puede ser digno, parece que la sola posibilidad de la riqueza genera ambiciones que despiertan entuertos. La ilusión aparece no para generar esperanza sino para originar hostilidad. Si la ruina de Potosí es lo que dejó la colonia, la historia toda de Bolivia es el testimonio de la ruina que deja la división internacional del trabajo. Las posiciones encontradas expresan una cultura política centenaria. Los cívicos lo expresan muy bien; pues, no en vano, son asiduos personajes en conflictos dramáticos (en Santa Cruz, Sucre, Cochabamba, etc.). Pareciera que necesitan del conflicto para legitimar su presencia porque, de lo contrario, es decir, sin conflicto, no tienen presencia alguna. Y a ello se suma, de modo comedido, la derecha más extremista (y también la izquierda); no sin cierto grado de despecho y resentimiento contra el actual gobierno, lo que atiza aun más los conflictos. Algo que los medios saben usar a su antojo. Por eso el diálogo es lo menos posible en medio de todo aquello.

Porque si el Estado colonial adolece de una vocación dialógica, también la sociedad reproduce este padecimiento. Lo cual genera una cultura: el boliviano cuando calla no otorga; se guarda todo hasta que estalla. Si nos hemos acostumbrado a gritar, es porque no hemos aprendido a dialogar. ¿Qué significa dialogar? No se puede dialogar sin escuchar. Siglos de impotencia no sosiegan con el tiempo. Por eso no se puede sólo escuchar lo que le conviene a uno; la grandeza, hay veces, consiste en escuchar precisamente lo que no nos conviene. La impotencia no tiene mejor terapia que el ser escuchada. Si bien puede ser cierto que muchos de los reclamos al gobierno eran inmerecidos, la actitud de los ministros tampoco era merecedora de aplauso. Si a cada reproche respondo con otro, entonces no hay diálogo, el diálogo se hace con argumentos; estos, más que demostrar, testimonian. Por eso en el diálogo (cuando es verdadero) se expone la persona toda. Por eso la comunicación no es simple comunicación sino expresión y, sobre todo, revelación. Pero si los actores no se disponen al diálogo, hay este otro aditamento que impide su realización: los medios de comunicación.

Ya es paradójica la situación actual: en la era de las comunicaciones, ésta es cada vez menos posible (como lo mostramos en nuestro más reciente libro: “La Masacre no será Transmitida: el papel de los medios en la masacre de Pando”); pero la paradoja no es accidental, sino que retrata a un nuevo poder que, descomponiendo las relaciones humanas, es como se recompone constantemente como poder. En los conflictos últimos y, sobre todo, en el de Potosí, esto ha quedado evidenciado de modo hasta grosero. Porque la capacidad, ya no sólo de manipulación, sino hasta de inflamación notoria de los conflictos, hace de los medios el peor escenario de encuentro. Los medios producen el desencuentro entre las partes porque estas, desgraciadamente, acuden a estos, de modo inevitable, como mediadores, siendo los peores.

Como nunca, los medios han venido destacando, de modo hasta insistente, los vicios gubernamentales, que permea además a todas las gestiones pasadas; antes no era conveniente mostrarlas, ahora sí (un ejemplo reciente: el anterior candidato a gobernador por La Paz es sentenciado mediáticamente, pero el ex presidente Paz Zamora no; los dos conducían en estado de ebriedad pero, claro, el primero es indio, el segundo no, con el agravante de que el último causa un fatal accidente). La insistencia tiene un propósito específico: la descalificación total de este gobierno. Los conflictos sirven de combustible para dirigir la opinión pública hacia la maldición total. Esto produce un desajuste moral, porque se trata de la invención de un monstruo y, lo que es peor, para vencer a este monstruo, los medios constituyen a su público en otro engendro. Por eso le inyectan a la protesta matices hasta insensatos (como en Santa Cruz o en Sucre). Ahora lo que realizan es más siniestro, pues usan la frustración como detonante de una explosión social. Potosí se bloqueó a sí misma. En semejante castigo propinado a sí mismo, es natural que la desesperación se haga más impotente. Este es el suelo que explica una adherencia casi absoluta. Hurgar en las fibras más íntimas, como lo que pasó en Sucre con la Asamblea Constituyente, además de una autoflagelación, eran el caldo propicio para suscitar lo que los medios buscan: la confrontación total.

El gobierno tampoco aprende. El 2002, el golpe a Chávez fue mediático, y desde el 2006, la asonada mediática en Bolivia no desiste de provocar escenarios adversos al gobierno. Frente a todo esto, ¿tiene el gobierno política comunicacional? No. Cree que sus spots le bastan; cuando estos no hacen más que alimentar a sus enemigos (como el pastor que, por cuidar su rebaño, sacrifica cada día una oveja a los lobos). Con todo el dinero que el gobierno coloca, en propaganda mediática, ya habría generado nuevas emisoras (radio y TV) alternativas, para hacerle frente al monopolio mediático privado. Para colmo, todo lo que hace bien lo hace para que nadie lo vea (sumado a esto la desidia de una prensa en franca aversión, pareciera que el gobierno no hace nada). Por eso, en Potosí, la pregunta favorita de los medios, incluido Erbol, era: ¿ahora qué opina de Evo? (porque la cosa era clara: a los medios no les interesa tanto el desprestigio de sus ministros sino del presidente mismo, este conflicto les sirvió para eso; con el aditamento siguiente: el propio presidente, por falta de iniciativa, se propina otra derrota, pues pierde un importante electorado, el potosino). El no tener política comunicacional conduce a actuar de modo defensivo, lo que hacen Bolivia TV y Patria Nueva, actuando más como voceros que como informadores. Si no hay estrategia comunicacional, todo se diluye en responder a lo que el otro dice y, como este sólo calumnia, entonces, ¿qué se puede esperar de la prensa estatal? El periodismo (con cada vez menos excepciones) es otro lastre del proceso; por eso sus favores son hasta desaires. No en vano sus figuras se la pasan rememorando epopeyas pasadas, porque del presente no saben decir nada.

Por eso los programas de análisis son huérfanos de reflexión. Porque este ámbito ha sido raptado por los periodistas, que creen que su contacto empírico con los hechos les faculta a opinar sobre todo. Aun las ciencias de la comunicación no se enteran del giro pragmático en las ciencias sociales; por eso hasta se eximen, arrogantes, de pronunciarse sobre la verdad de los hechos. Si el relativismo posmoderno (cuya caducidad ya tiene dos décadas) sobrevive todavía, es por la ignara formación de la prensa actual. El caso de “no mentiras”, de la red PAT, es patético; donde la mentira y la calumnia tienen consagrados todos sus absurdos. La estructura de estos programas (como en Panamericana) tiene un afán premeditado; para eso existe el monitoreo y las interrogantes fabricadas. Lo triste es cómo se cae en ese guión hasta por default. Las preguntas sólo buscan corroborar lo que ya está establecido: la posición del medio que, después de haberlo hecho circular entre los entrevistados, aparece como un hecho descubierto. Tales preguntas no preguntan sino afirman y hacen del elogio previo el campo para engatusar a alguien que certifique lo anticipado. Por eso se pasa de un tema a otro sin nunca ofrecer la verificación de algo. Para eso sirve la elegancia y los modales, para ocultar el cinismo. Es como llevar a un cristiano al circo romano. Allí sólo hay descuartizamiento público. Es decir, los únicos canales que encuentra este gobierno para dirigirse al país (porque el canal o la radio estatal están en otra o no están), son aquellos donde menos posibilidad hay para la mediación. Porque lo que hacen los medios es precisamente mediar; pero esa mediación no media nada sino interviene la mediación misma anulándola.

Pero, además de acciones premeditadas, se trata también de posicionamientos hasta emotivos, que hacen de la información un rosario de entuertos con una casi inexistente imparcialidad (como la corresponsal de radio Aclo, quien actuaba como portavoz del comité cívico potosinista, más que como periodista). Es preocupante cómo toda una red nacional, como Erbol, puede generar descreimiento por el actuar de una corresponsal (mientras por otros medios se conocía la llegada de nuevos ministros a Sucre a pedido de la dirigencia cívica de Potosí, la corresponsal, cubriendo la retirada de esta dirigencia de la ciudad de Sucre, obviaba toda referencia a la llegada de ministros y su dedicación exclusiva consistía en la repetida afirmación de que los cívicos de Potosí se iban porque nadie les había dicho si llegaban los ministros, cuando hasta en conferencia de prensa quedaba asegurada la presencia de estos en Sucre; parecía que el propósito no era informar sino hacer de la retirada espectáculo). Este tipo de incidentes se explican por el antecedente de Sucre. La prensa misma toma partido en el conflicto, no le queda otra; las redes corporativas abrazan casi todo cuando las fibras íntimas han sido tocadas. En Sucre fueron los medios los atizadores del conflicto, como también en Santa Cruz. Si estos se encuentran en medio de todo, entonces los conflictos seguirán un cúmulo de hogueras, cada vez más incendiarias.

La posibilidad misma de la comunicación se encuentra sitiada por la presencia mediática. ¿Por qué los analistas pintan un panorama sombrío del país? Porque su información proviene de los medios que los contratan. Su labor consiste en certificar la garantía del producto que los medios venden: la opinión. El público ya no opina, los medios realizan esa función y así controlan la interpretación de los hechos políticos. Por eso pueden hasta generar desestabilización. Por eso, mientras el dirigente cívico de Potosí anunciaba la conclusión satisfactoria de las mesas de negociación con el gobierno, ningún canal, salvo el estatal, emitía aquello. Parecía que la resolución del conflicto sólo era de interés del gobierno.

Si el conflicto es contra el gobierno, los medios se brindan como la mejor plataforma, de lo contrario, no existe el hecho (como aquel otro percance de Aerosur en el aeropuerto de El Alto, la semana pasada, que a nadie le interesó; ¿será que no hubo sangre?, ¿o será que no les conviene hacer mala propaganda a uno de sus clientes?). El conflicto de Potosí interesaba a los medios porque era un conflicto contra el gobierno. Por eso resulta curiosa la participación del cívico de Potosí frente al cívico de Oruro, en el programa de “no mentiras”. Mientras el último señalaba la no disposición a ceder algo de los límites  departamentales orureños, el primero, curiosamente conciliador, apaciguaba todo, señalando que el conflicto no era con Oruro; cuando hasta el más ingenuo se daba cuenta que el asunto de límites no podía no conflictuar la relación con el vecino departamento. La pregunta obvia era: si el problema no era con Oruro, que era el inmediato afectado, ¿con quién era entonces? La respuesta también era obvia: el conflicto era contra el gobierno.

Y aquí es donde el gobierno se aplaza por doble partida. Primero, por no saber impedir que el conflicto crezca. Segundo, por coadyuvar a su inflamación; acusando al movimiento potosino de político, lo inflamó (aunque lo hubiese sido, la condena no ayudada a la solución de conflicto). Como en Caranavi, la solución no era tan inadmisible, ahora ambos departamentos tendrán una planta de cemento; y el asunto de límites es algo que necesariamente deberán consensuar entre partes. Allí también el gobierno pierde, porque de poder haber sido mediador, ahora, en lo sucesivo, aparece como estorbo en ese tipo de asuntos. No hay, al parecer, una cultura de la mediación, porque hasta el “defensor del pueblo” juega un papel hasta ornamental en todo esto; esperando obtener algún permiso (no se sabe de quién) para mediar, cuando es la instancia que debería tomar la iniciativa en este tipo de conflictos.

Volviendo al asunto de fondo. El sector intelectual del gobierno parece que persigue un proyecto propio: el Estado autonómico. A éste pretende subsumir el Estado plurinacional. Por eso la lógica estatal no sufre transformación alguna. Lo que persiguen es una simple reforma estatal. Se abre, lo que llamaba Zavaleta, otro ciclo estatal, del mismo Estado que se quería transformar; la reposición del Estado señorial. Otra vez al margen de las naciones y, en consecuencia, al margen de un proyecto verdaderamente nacional. Repartir funciones no es democratizar el poder. Si la autonomía privilegia los ámbitos municipales y las gobernaciones, entonces estamos en la continuación del modelo neoliberal de “participación popular”. Si el miedo consiste en la desagregación, ¿por qué aparece una nueva concentración de las funciones en los ámbitos donde precisamente anidaron las tendencias separatistas, como fueron las prefecturas, ahora gobernaciones? El gobierno cree que cooptándolas asegura la unidad, cuando no se da cuenta que la propia lógica en la cual se desenvuelven ahora, posibilita nuevas concentraciones de poder (por eso la ley electoral no transforma nada sustancial).

El presidente constantemente afirma que somos ahora independientes porque ya no nos sometemos a los organismos internacionales, cuando tampoco se da cuenta que las lógicas institucionales de dependencia permanecen inalterables todavía. Un país no es nunca independiente del todo; es independiente en la medida en que toma conciencia del grado de dependencia que tiene. En la medida en que es consciente de los móviles de su dependencia real, es que puede superarlas paulatinamente. La inconsciencia genera ceguera de horizonte; y es algo que empieza a aparecer en los estrategas gubernamentales. Hay que aprender de Irán, que está dando muestras de sabiduría diplomática al mundo (sería interesante tomar nota de algo: entre los estrategas y asesores de Ahmadinejad se encuentran ayatolas y ulemas; no sería nada malo contar, en nuestro país, con amautas y chamanes, para paliar por lo menos la insulsa presencia de vetustos izquierdistas en funciones de asesoramiento).

Este proceso no descansa en proyectos imaginados por una izquierda eurocéntrica, carente de identidad. Lo novedoso de este proceso es su carácter propio, que emana como alternativa ante la desintegración civilizatoria del mundo moderno-occidental, que está llevando al planeta todo al suicidio colectivo. El último informe de la ONU ya establece que el 1% rico del planeta posee el 40% de la riqueza global. En eso consistía la globalización: en expandir el mercado total a costa de la humanidad y del planeta. Por eso el brazo armado de esta expansión, la administración gringa, juega sus últimas cartas, todas peligrosas, ante la inminencia de sus fracturas geopolíticas y geoeconómicas. La generación de conflictos regionales son parte de su agenda latinoamericana. Por eso no podía no haber conflictos en esta segunda gestión; si las voces de federalismo ahora cunden donde no debiera, algo sucede que precisa un conjunto de estrategias gubernamentales que no consisten en la descalificación apresurada de toda protesta, sino en la prevención de éstas.

Porque puede cundir la insensatez, como aquello de ondear la bandera chilena en Potosí (cuando la protesta degenera minando hasta la integridad nacional, se precisa de serenidad mediadora; en la cual deberíamos participar todos -al margen de los medios-; porque la ventaja que tiene los insensatos es que, si se efectúa lo que desean, no habrá nadie con vida para demostrarles su error). Los problemas que aparecen no aparecen porque son de ahora; aparecen porque nunca fueron resueltos, porque fueron siempre encubiertos. Incluso, que aparezcan a luz pública, los excesos del poder es bueno, para así generar la conciencia de acabar con ese conjunto de prácticas que heredamos como cultura política. Estamos en proceso. Nadie nos dijo que todo iba a cambiar de modo inmediato. Es más, debíamos comprender que, cuantas más grandes son las ambiciones, mayores iban a ser los desafíos.

Ahora, por vez primera, aparece la posibilidad de un proyecto de nación que no niegue el contendido plurinacional y comunitario que nos sostiene como historia. Nuestra proyección del sentido de vida común es singular, pero su contenido es plural. Porque la estructura de la vida es así. Lo común no es lo homogéneo. Lo igual genera repetición, no unidad; la unidad es algo que se produce y lo produce lo que no es igual: no se es diverso en contra de lo común; se es diverso porque sólo lo que diverge converge. El Estado moderno liberal es la negación de esto; por eso se constituye por homogeneización y pretende unificar al todo en una falsa homologación: Estado=nación. La nación no es algo dado, no es un modelo prescrito que se deba de seguir. La nación es un proyecto político. El grado de concurrencia determina el grado de legitimidad que posea ese proyecto.

El Estado colonial tiende siempre a la legitimidad nula; por eso se ampara en los poderes foráneos y en el capital foráneo; por eso tramita sus funciones como simples administrativas. Un verdadero Estado no sólo gestiona; si un Estado independiente es esencialmente político, lo es porque lo que expresa, contiene y desarrolla es la forma de vida que le sostiene. Y si los sectores dirigenciales son quienes no se encuentran a la altura de este proceso, no por ello fracasan los propósitos originales. También el pueblo debe aprender a caminar el proceso que ha iniciado. No se trata de asaltar el poder sino de transformarlo. Quienes desean asaltarlo son quienes replican sus vicios porque tienen, en definitiva, una pretensión de dominio; por eso no conciben otro proyecto que modernizarnos, porque una vez instaurados en el poder lo que buscan es imponerse y dominar.

Transformar el poder significa transformar la política; hacer de ésta un servicio comunitario: mandar obedeciendo, servir como modelo de vida. La marcha de la CIDOB nos llamó la atención. Los pueblos de tierras bajas nos están enseñando el camino. Será porque la conciencia moderna no empañó del todo su horizonte de vida. Si cocaleros y campesinos estaban dispuestos a enfrentarse a la CIDOB, con la venia de algunos personeros gubernamentales, ello nos motiva a dirigir ahora la crítica a estos sectores. El tufo de diciembre sigue con sus estertores; la resaca no es sólo de un senador del MAS, es de varios personeros gubernamentales que no tienen idea de qué es lo que está en juego, y despotrican contra algo que no achuntan, porque más parecen los delirios de quien sufre todavía los efectos de su propia infatuación.

La Paz, Bolivia, 15 de agosto de 2010
Rafael Bautista S.
Autor de “PENSAR BOLIVIA: DEL ESTADO COLONIAL AL ESTADO PLURINACIONAL”
rincón ediciones
[email protected]

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La lucha de Bolivia

15/08/2010 by maestro Deja un comentario

Es significativo que Evo llegara al poder comandando un movimiento popular que no temía a los fantasmas que aún rondan por el continente. El Movimiento al Socialismo (MAS) no sólo desafió a las élites o a la clase dominante boliviana, sino al mismo imaginario de buena parte de la población, e incluso a la izquierda que se esforzaba para “no asustar con el petate del muerto”.

Bolivia cambió, pero además se movió hacia el socialismo. Esto no sólo es de una importancia fundamental para los bolivianos, sino también para el mundo entero. En El Salvador, sabemos algo acerca de fantasmas y luchas contra más de un siglo de anticomunismo, arraigado profundamente en la mentalidad popular. No obstante, hay que admitir que la izquierda salvadoreña no ha sabido manejar adecuadamente la batalla de las ideas. Por eso la lucha de Bolivia es iluminadora.

Un poco del coraje de los revolucionarios bolivianos nos vendría muy bien. No es un país que la tenga fácil, sin duda. Aunque rico en recursos minerales, Bolivia tiene que luchar contra una pobreza secular, el intervencionismo de las grandes multinacionales y la conflictividad que se produce debido a una rica diversidad étnica. A esto debemos agregar los conflictos dentro del MAS, o entre éste y otras organizaciones revolucionarias. Y no es mera casualidad que dichos conflictos sean avivados por la diversidad a la que aludía: Bolivia es un Estado Plurinacional de más de treinta naciones (algunos hablan de 36, otros de 45) y un número semejante de idiomas oficiales.

Por eso pienso que el camino boliviano debe ser estudiado con especial atención, ya que en el nuevo siglo los problemas fundamentales para el socialismo pasan necesariamente por los conflictos que se originan en la diversidad étnica o cultural. Incluso para enfrentar las ideologías del multiculturalismo impulsadas por el capitalismo de finales del siglo XX (Slavojiek), es necesario pensar sobre la diversidad con seriedad y rigor, y actuar en consecuencia.

No es frecuente que los salvadoreños discutamos estos temas o al menos no acostumbra hacerlo la izquierda. Tendemos a creer que nuestro país carece de diversidad. Incluso la fecha emblemática que usa la izquierda para referirse a la primera revuelta de corte rebelde o revolucionario, el año 1932, es también considerada como la fecha del exterminio de la población indígena. “En El Salvador”, solemos decir, “no hay indígenas”, y esto pasa a ser “prueba” de que los problemas sobre la diversidad no nos competen.

Si bien es cierto que apenas el 10% de la población se considera indígena y sólo el 1% habla la lengua náhuat, El Salvador está lejos de la unidad cultural monolítica. Las diferencias en las costumbres, léxico y estilos de vida no se reducen al factor étnico. A fuerza de apelar a lugares comunes y “lemas nacionales”, los salvadoreños evitamos a toda costa enfrentar con seriedad el problema de las identidades culturales, o pensamos que se trata de un tema menor, que no es fundamental para la transformación que pretendemos.

Por eso resulta interesante encontrarnos con el caso del MAS, que además de ser socialista pretende ser, en igual medida, indigenista. Es indudable que muchos revolucionarios bolivianos tienen clara la importancia de enfrentar los problemas de la diversidad, en lugar de mirar hacia otro lado. La rica realidad de su país les impulsa a hacerlo. Pero no hay que pensar que esto se debe a alguna especie de determinismo geográfico o histórico: si ahora es reconocido el carácter plurinacional de Bolivia es porque hay sujetos que impulsaron dicho reconocimiento… y los retrocesos tampoco son imposibles.

Esto último señala otro aspecto fundamental de la revolución socialista que construyen los bolivianos. Se trata de una lucha política inseparable de las luchas colectivas por el reconocimiento, impulsadas por aquellos grupos que estuvieron silenciados durante siglos. Pero la batalla que se impulsa desde un preciso grupo étnico o sector cultural no es sólo una reivindicación de la particularidad, sino que apunta a lo universal que puede ser reconocido por otros grupos o sectores, incluso muy alejados. El aymará o el quechua que reivindica su identidad, reivindica asimismo la humanidad compartida con el mestizo salvadoreño, el negro nigeriano o el blanco español.

También se trata de una batalla que atraviesa el tiempo, y nos hermana con nuestros antepasados y los de más allá. La revuelta indígena de Anastasio Aquino, en 1833, no es precisamente el hito más conmemorado por los “compas” salvadoreños. Pocos saben que la insurrección del “Rey de los Nonualcos” promulgó leyes que anticipaban muchas reivindicaciones que tendrían que esperar al menos un siglo. Apurándonos a establecer las diferencias con “aquel indio” perdemos la oportunidad de destacar las legítimas aspiraciones que podían encontrarse en esas luchas, de las cuales nosotros somos sus continuadores. Si ahora podemos tomar el testigo y sucedernos en la carrera de la emancipación es por lo que tenemos en común con aquel indio, que hace casi doscientos años formuló una particular versión del universalismo que buscamos.

Hay algo más en la lucha de Bolivia que nos hace reflexionar: su claro talante antiimperialista. Este no es un tema fácil para los salvadoreños, ya que hay más de un millón de compatriotas viviendo en Estados Unidos y su envío de remesas al país es considerado una de nuestras principales fuentes de ingresos. Sin recursos naturales considerables, con una agricultura deprimida, una producción industrial de muy bajo nivel competitivo y su economía dolarizada, El Salvador es mucho más dependiente de las políticas gubernamentales estadounidenses que la mayoría de países de América Latina.

Bolivia tampoco se encuentra libre de la influencia estadounidense y, salvando las distancias con El Salvador, también es un país con una larga historia de dependencia del capital extranjero y una burguesía local depredadora. Por eso es ejemplar la manera como Bolivia lucha día a día por su independencia del gobierno estadounidense y sus políticas imperiales. Creo que abona a ello el compromiso revolucionario con la reivindicación de las identidades, un tema pendiente en El Salvador. Si bien no debemos confundir al pueblo estadounidense con las políticas de la Casa Blanca, el influjo de la cultura norteamericana se convierte generalmente en punta de lanza del imperialismo, sobre todo si lo que se hace pasar por “cultura norteamericana” es un producto generado por las grandes corporaciones y sus redes de distribución.

Quiero volver sobre una alusión que se encuentra al inicio de este escrito: en Bolivia tiene lugar una batalla de ideas que exige de los revolucionarios un constante ejercicio reflexivo y una guerra al fatalismo que dice: “¡Eso es imposible!”. Como muchos bolivianos, los salvadoreños también podemos encontrar el camino de nuestra independencia y liberación. Pero así como sucede en la lucha de Bolivia, esto no será posible si no perdemos el miedo a imaginar “un imposible” que guíe nuestro caminar.

* Académico salvadoreño y columnista del periódico digital ContraPunto

Fuente: http://www.la-epoca.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2040

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Separatismo e indigenismo

01/08/2010 by maestro Deja un comentario

Los separatistas, cuya poderío se asentaba en grandes haciendas, control de medios de comunicación, Bancos y relaciones con trasnacionales, canalizaron en su beneficio legítimas demandas de autonomías departamentales en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba. Llegó un momento en el que Evo no podía ingresar a seis de las nueve capitales de departamento del país.
 
Para derrotar este riesgo, el régimen exacerbó el indigenismo. La consigna de 36 inexistentes naciones precolombinas coadyuvó a reprimir y derrotar a sus oponentes. La concesión de bonos, a diestra y siniestra, y la atolondrada aprobación de un texto constitucional incoherente, en el que se contraponen irreconciliables regímenes autonómicos regionales, departamentales, municipales e indígenas vinieron en ayuda del grupo palaciego. Los enfrentamientos provocaron decenas de muertos. En ese momento clave, UNASUR dio a Evo un apoyo decisivo. Con ese aval, el régimen expropió tierras a grandes hacendados, en tanto importantes líderes autonomistas fueron perseguidos, encarcelados y acusados de terrorismo.
 
Sin embargo, después de su victoria, ratificada con su reelección, con el 64 por ciento de votos, el Primer Mandatario advirtió, para desencanto de las ONG, que el reconocimiento de las inventadas naciones indígenas era inviable, sobre todo después de frecuentes linchamientos, cometidos a nombre de  justicias comunitarias, y de crecientes pugnas internas por territorios, competencias y recursos naturales. Simultáneamente, Brasil cobró su apoyo en UNASUR, al mantener paralizada a YPFB. Solo funcionan con eficiencia los mega campos operados por Petrobrás, y que alimentan al coloso de San Pablo. Chile hizo lo mismo, al conseguir que Bolivia no reclame su salida al mar en los foros internacionales.
 
Lo anterior explica el retorno al centralismo más secante. Muchas de las anunciadas transformaciones culturales, algunas altamente valiosas, y las competencias autonómicas serán aplicadas con cuenta gotas y en próximas décadas. Los planteamientos de retorno al Tawantinsuyo y el tema de las 36 naciones han desaparecido de los discursos oficiales. El desorden institucional y económico (salvo en la macroeconomía, que entrega a EEUU y la Banca foránea el manejo de las reservas monetarias), hace que el gobierno trate de esbozar un proyecto nacional, con algunos signos alentadores, como la instalación de una termoeléctrica de 100 MV en Tarija y de una plata hidro metalúrgica de cobre en  La Paz. Asimismo, resolvió aumentar la presencia estatal en fronteras, auditar a empresas madereras y fiscalizar la hasta ahora  incontrolable explotación aurífera en la región amazónica.
 
Pese a que la oposición, sin excepción alguna, está castrada política e ideológicamente, el oficialismo no puede ocultar el aumento del contrabando y el narcotráfico. Las hábiles campañas internacionales que presentan a Evo como defensor del cosmos, del agua y de pueblos indígenas no compensan la extrema debilidad de la gestión de gobierno y la corrupción interna. Una mezcla de estafa, prostitución y asesinato impidió a Bolivia contar con la primera planta separadora de líquidos del gas que se exporta a Argentina y Brasil. El Poder Ejecutivo ha adquirido sin licitación, lo que es imposible de explicar jurídicamente, un avión presidencial por 38 millones de dólares, en tanto busca destituir al opositor alcalde de Potosí, René Joaquino, por comprar algunos camiones usados para su municipio.

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Oposiciones políticas y desafíos de Evo Morales

28/07/2010 by maestro Deja un comentario

La nueva gestión del Presidente y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), iniciada en enero último (2010-2015), partió con la gran ventaja de su triunfo electoral del 54 por ciento de votación que le asigna el control mayoritario de la Asamblea Legislativa y sobre todo con la definitiva derrota de los partidos y organizaciones conservadores y neoliberales. Esta situación, sin embargo, ha provocado la emergencia de nuevas fuerzas y formas de acción política dentro y fuera del esquema oficial.

La presión a través de nuevas formas de acción política y social, la falta de una estrategia nacional y los desaciertos y pérdida de control del Gobierno, junto a las demandas que proliferan de diversas regiones y sectores, destacan como nuevos elementos en un panorama que comienza a vislumbrar problemas de mayor intensidad provocados incluso por sectores cercanos al Gobierno.

Las nuevas oposiciones

La oposición se manifiesta en dos grandes bloques:

El de los gobernadores de Santa Cruz, Tarija y Beni, los alcaldes de seis de las nueve capitales y los diputados y senadores conservadores, que representan a los sectores oligárquicos y tradicionales, con una propuesta de enfrentamiento radical al Gobierno y sus decisiones, al que califica de totalitario, y la reivindicación de la democracia representativa y la libertad económica, por una parte.

El de algunos movimientos sociales e indígenas, organizaciones comunitarias, sindicatos, federaciones vecinales, gremios diversos, ex aliados como el Movimiento Sin Miedo (MSM) y disidentes del MAS y grupos que demandan atención a sus reivindicaciones particulares y consideran que el Gobierno ya no los representa, por otra parte.

En esta perspectiva emergió, con Filemón Escobar (ex dirigente minero y ex senador del MAS), Román Loayza (ex senador, ex ejecutivo de la Confederación de Campesinos de Bolivia y ex jefe de asambleístas del MAS), Lino Villca (ex senador del MAS) y Felipe Quispe Huanca (ex ejecutivo de la Confederación de Campesinos de Bolivia y ex diputado del Movimiento Indio Pachacuti) a la cabeza, una nueva fuerza política de oposición a Evo Morales “rescatando el proceso de transformación y a sus lideres originales”.

Escobar, quien fue considerado mentor de Evo Morales, manifestó que la nueva elite que rodea al Presidente está formada por ministros kharas (blancos) encabezados por el Vicepresidente Álvaro Garcia Linera, los que, según él, han distorsionado el proyecto de los movimientos sociales.

El proceso inconcluso

Desde el año 2000, las fuerzas populares de Bolivia se movilizaron en contra de las políticas neoliberales y los partidos tradicionales, y en 2003 se produjo el mayor levantamiento popular (la denominada “Guerra del Gas”) que destruyó el sistema de partidos políticos, expulsó violentamente al ex Presidente Gonzalo Sanchez de Lozada y permitió proyectar el liderazgo de Evo Morales con un programa de nacionalización de los hidrocarburos, Asamblea Constituyente y lucha contra la corrupción.

La nacionalización de los hidrocarburos, del 1 de mayo de 2006, se convirtió en la readecuación de contratos con las transnacionales petroleras, las que, encabezadas por PETROBRAS, orientan la política petrolera del Gobierno desde 2007. La renta del gas exportado ha permitido al Gobierno la aplicación de bonos y acciones de respaldo a sectores vulnerables de la sociedad boliviana, quedando rezagados los proyectos de industrialización y consumo masivo de energía barata.

A su vez, la Asamblea Constituyente permitió avanzar en la elaboración de una Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, incluyendo las Autonomías Departamentales, Regionales, Indígenas y Municipales, las que han generado una expectativa desmedida en todo el territorio nacional desbordando al propio Gobierno. El reconocimiento de 36 ficticias naciones indígenas de origen campesino, impulsado por Organizaciones No Gubernamentales y Fundaciones europeas que asesoraron a la Constituyente, no solamente ha ampliado estas expectativas, sino ha generado el peligro de la desintegración nacional.

Antiimperialismo y capital transnacional

Esta tendencia produce un cortocircuito con los proyectos integracionistas bolivarianos de la unidad de la Patria Grande, puesto que en lugar de impulsar acercamiento y fortalecimiento común entre los pueblos, tiende a potenciar las fuerzas disgregadoras que fragmenten el territorio bajo la consigna de administrar “territorios libres”.

Evo Morales ha participado activamente en la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) con fuertes discursos antiimperialistas, junto a Hugo Chavez, Rafael Correa y Raúl Castro.

Las alianzas regionales latinoamericanas y sudamericanas y la defensa de la hoja de coca, importante sector agrícola de Bolivia, frente a la política intervencionista de Estados Unidos, han radicalizado las posiciones del Gobierno que, en la crisis separatista de 2008, determinó una fuerte crisis diplomática y la expulsión del Embajador de Washington, Philip Golberg, hasta ahora no aplacada. En los últimos meses, frente a la Marcha de Indígenas de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), las autoridades nacionales amenazaron a USAID de Estados Unidos de expulsarla por apoyar a las ONG que respaldan la marcha.

Sin embargo, los capitales financieros, bancarios y agroindustriales y las transnacionales petroleras y mineras se han mantenido en Bolivia y consiguen importantes ganancias explotando los recursos naturales, exportándolos como materias primas, monopolizando la tierra y controlando los ahorros y recursos económicos del país.

Los perfiles del Gobierno

Varios interrogantes se han abierto sobre el contenido y la estrategia del Gobierno, sobre la caracterización del proceso y sobre las prioridades y objetivos económicos, sociales y políticos, abriendo algunos espacios de controversia, a pesar del silencio que muestra el jefe de Estado al respecto.

Las tendencias dentro y fuera del Gobierno han generado un debate ideológico en torno a las características del proceso, desde aquéllas que consideran que se mantiene el proyecto económico y político liberal, hasta aquéllas que fundamentan que se trata de uno de carácter comunitario. Algunos proponen un ideal socialista del siglo XXI y otros plantean el capitalismo del Estado como fase previa de consolidación de la unidad nacional.

Por otra parte, el nacionalismo, el populismo, el latinoamericanismo y el indigenismo son los calificativos que se plantean para definir el régimen de Evo Morales, quien combina su fuerte liderazgo con el apoyo de determinados sectores sociales como los cocaleros, colonizadores, campesinos, mujeres y juntas vecinales, aunque las decisiones mas importantes son adoptadas en su gabinete y equipo mas estrecho de colaboradores.

Otro debate se ha abierto entre los denominados industrialistas que consideran imprescindible avanzar en la transformación productiva del país, en base a la industrialización de los recursos naturales, especialmente petroleros, mineros y forestales, y la integración carretera de todas las regiones, y los conservacionistas, quienes sostienen que se debe mantener una posición de defensa de las reservas ecológicas bajo la administración de las autonomías indígenas. Esto ha provocado una confrontación de ONG y grupos internacionales que cuestionan al Gobierno, como ocurrió en Cochabamba con ocasión de la realización de la Cumbre Mundial de los Pueblos en Defensa de la Madre Tierra.

Los desafios emergentes

En este panorama el Gobierno tiene retos de alta importancia, en una coyuntura en que se ha reducido el apoyo popular y las debilidades se manifiestan con las concesiones al capital foráneo, el retraso de proyectos de cohesión nacional y la ausencia de un proyecto histórico integral.

A pesar de tener una base social de apoyo en los sectores indígenas y campesinos, las políticas de desarrollo agrícola y de autosuficiencia y soberanía alimentarias están ausentes, en medio de un freno a una reforma agraria que afecte a los grandes terratenientes y redistribuya la tierra. Por otra parte, los proyectos de industrialización de las importantes reservas de gas, litio, hierro y otros minerales han quedado retrasados, en tanto que transnacionales de esos rubros continúan operando y negocian otros contratos, en el marco del tradicional modelo de exportación de materias primas.

Los cambios y reformas en las estructuras sociales, jurídicas y culturales son evidentes y de alta importancia, sin embargo, los relacionados a la economía y a la subordinada inserción internacional están ausentes y se convierten, paulatinamente, en el talón de Aquiles de Evo Morales.

Anecdóticamente se sostiene que el modernísimo avión comprado por el Presidente no cuenta con un piloto experto, lo mismo que ocurre con la estrategia económica, que no cuenta con un conductor eficiente.

Andrés Soliz Rada La Paz – Bolivia


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La otra Bolivia

27/07/2010 by maestro Deja un comentario

El proceso fue largo y no exento de obstáculos y violencia opositora y oligarca.

Desde diciembre de 2008 con la aprobación de un nuevo texto constitucional que debería ser sometido al soberano, hasta la fecha, el dignatario y su gabinete han mostrado que la consistencia, el ejercicio democrático del voto y el respaldo de las organizaciones sociales fueron sus mejores armas.

Morales ha insistido en no pocas ocasiones que este proceso de cambio, que denominan Revolución democrática y cultural, es irreversible.

Las cinco normas estructurales que entrañan la verdadera implementación de la Constitución Política del Estado, aprobada por primera vez en las urnas en enero de 2009 y sancionada un mes después, son muestra contundente de esa estrategia.

El último de esos proyectos, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, establece el régimen subnacional de departamentos, regiones, municipios y territorios indígenas originarios, algo sin precedentes en el país suramericano.

Precedida por una ley transitoria que permitió la elección de las autoridades departamentales, municipales e indígenas el pasado 4 de abril, la norma representa el proceso de mayor desconcentración política y administrativa desde 1825, cuando se fundó Bolivia bajo un sistema centralista.

Según el titular de Autonomías, Carlos Romero, esa ley adecua a la Carta Magna los estatutos autonómicos de las tierras bajas de Bolivia, encabezadas por Santa Cruz, cuyas autoridades y líderes civiles demandaron sistemáticamente desde 2004 la instauración de un modelo de independencia política y administrativa regional.

Romero opinó que ese proceso será un verdadero pacto social al interior de esas regiones para brindarle un gran horizonte de democracia y sostenibilidad y pluralismo a la implementación de sus autonomías.

La ley, agregó, también viabiliza la autonomía indígena en sus tres ámbitos jurisdiccionales, territorio, municipio y región.

Asimismo señaló que la norma transfiere desde el poder central a los nueve departamentos unas 20 competencias en las esferas de salud, transporte, obras públicas, infraestructura, vivienda, hábitat, medio ambiente, ordenamiento territorial y planificación, entre otras.

Otras dos leyes, presentadas a la nación, proyectan y reestructuran el nuevo Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional (TC), al punto que quizás Bolivia se convierta en el primer país en el planeta que el 5 de diciembre de este año elija en las urnas a sus administradores de justicia.

Al respecto, el presidente de la cámara baja (diputados) de Bolivia, Héctor Arce, explicó a Prensa Latina que se trata de una de las reformas más profundas e importantes en el proceso de cambio.

La ley judicial tiene entre sus virtudes, explicó, que se trabajó en el seno de diputados por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y luego se le consultó a varios sectores sociales y a otras fuerzas políticas.

Entre sus novedades, Arce subrayó que permite la creación de la Escuela de Abogados y otra institución para formar Jueces del Estado.

La nueva legislación sustentará la reorganización del sistema jurídico boliviano y su adecuación a la nueva carta magna.

También establece como principios la gratuidad, la pluralidad intercultural, la independencia, la seguridad jurídica, la idoneidad, el respeto a los derechos, la cultural de paz y la celeridad, entre otros.

En el caso del TC, la norma de 163 artículos otorga facultades para que pueda a disponer y definir en los conflictos y competencias de los otros órganos de poder público y entes autonómicos.

La nueva entidad será además fuente de consulta de determinados proyectos de ley, resoluciones no judiciales y no vinculadas a procesos administrativos.

La Ley del Tribunal, por su parte, prevé además los conflictos de competencia entre jurisdicciones ordinarias, agroambiental y la indígena originaria campesina.

El actual Tribunal Constitucional se creó por la reforma aprobada en 1994, y operativamente empezó a funcionar en 1999.

Otras dos leyes que permiten apreciar las verdaderas transformaciones en Bolivia son las del Órgano Electoral y el Régimen Electoral.

La primera establece la composición y atribuciones del futuro Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y fija las funciones del Tribunal Supremo Electoral (que sustituye a la actual Corte nacional Electoral), los tribunales electorales departamentales, los jurados electorales y el Servicio de Registro Cívico, entre otros.

Un tema controversial quedó zanjado en las deliberaciones, al acordar que la sede del OEP es la ciudad de La Paz y no Sucre, como demandaban algunos legisladores de la oposición.

Todas estas cinco leyes, promulgadas por el jefe de Estado, cerraron el más intenso y prolífico ciclo legislativo boliviano de los últimos 20 años de democracia.

Ahora, en el plano constitucional, adquiere forma el Estado Plurinacional en esa nación suramericana, y se avizora el tratamiento en agosto próximo de un paquete de leyes sociales, entre ellas una sobre Pensiones y otra acerca del nuevo Código de Trabajo.

De 2006 a la fecha, Bolivia es otra, la que soñaron sus fundadores.

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Bolivia-Ecuador. El Estado contra los pueblos indios

21/07/2010 by maestro Deja un comentario

“Son gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos en ONG. A otros con ese cuento. Esta gente ya tiene la pancita bien llena”, dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse a los manifestantes que pertenecen a la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (CONAIE)[1]. Evo Morales dijo casi lo mismo: “Como la derecha no encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de algunas ONG”[2].

Al parecer los presidentes de ambos países pasaron por alto que están usando los mismos argumentos de sus enemigos, cuando acusaban a los movimientos sociales de formar parte de la “subversión comunista internacional” o de estar financiados por el “oro de Moscú”. Dos errores en uno: creer que los indios pueden ser manipulados, y que lo son desde fuera del país. No es extraño que hayan sentido las afirmaciones de sus presidentes como agravios que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas.

Puede ser cierto, como afirmó el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, que la agencia de cooperación de Estados Unidos, USAID, está infiltrando algunos movimientos sociales para que se manifiesten contra el gobierno. Aseguró que de 100 millones de dólares que invierte USAID en su país, 20 se usan en gastos técnicos y el resto “para sus amigotes, para su clientela política, patrocinando cursos, publicaciones y grupos que promueven conflictos”[3].

Las organizaciones sociales involucradas rechazaron estar financiadas por USAID, pero lo que más llama la atención es que se haga esa crítica justo en el momento en que realizan movilizaciones contra el gobierno y no antes. El primer ministro de Hidrocarburos del gobierno de Evo, fue más lejos y le recordó al presidente que debe explicar porqué permitió que USAID, el Banco Mundial y ONGs europeas diseñaran el Estado Plurinacional vigente. En efecto, “USAID financió en 2004 la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente”, además de otras actividades oficiales[4].

La marcha indígena en Bolivia

El 17 de junio se concentraron centenares de indígenas de tierras bajas en Trinidad, capital del departamento del Beni, a unas cinco horas de Santa Cruz de la Sierra. Su intención era realizar una marcha de 1.500 kilómetros a pie hasta La Paz, ascendiendo desde las regiones selváticas hasta los cuatro mil metros. La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que reúne a 34 naciones del oriente organizados en once regionales[5], convocó a los marchistas siendo apoyados por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

Estas son dos de las cinco principales organizaciones indígenas que en 2006 formaron el Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente, y hasta ahora eran un sólido apoyo al gobierno de Evo Morales. Las otras tres, la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Comunidades Originarias de Bolivia (CSCB) y la Federación de Mujeres de Bolivia Bartolina Sisa, siguen apoyando al gobierno.

Desde principios de año la CIDOB venía negociando con el ministro de Autonomías, Carlos Romero, la Ley Marco de Autonomías llegando al consenso en 50 artículos mientras en otros trece había diferencias[6]. Los puntos en desacuerdo fueron básicamente dos: los pueblos indígenas reclamaban que los acuerdos se aprobaran por usos y costumbres mientras el Estado exige referéndum. El segundo se refiere a los territorios indígenas que traspasan los límites departamentales, ya que los pueblos piden que las autonomías traspasen esos límites.

En el fondo se trata de una cuestión de soberanía: los pueblos de tierras bajas exigen que las comunidades tengan capacidad de vetar los emprendimientos que afecten a sus territorios, en particular las concesiones mineras e hidrocarburíferas, y que los asientos en la Asamblea Plurinacional se eleven de siete a 18. Iniciada la marcha el gobierno decidió negociar por separado con algunas regionales de CIDOB para dividir al movimiento. Por ese motivo, la marcha que partió de Trinidad el 22 de junio se detuvo días después en Asunción de Guarayos, a 400 kilómetros de Santa Cruz, donde una delegación oficial llegó a un acuerdo de ocho puntos con CIDOB[7].

La segunda estrategia del gobierno fue lanzar indios contra indios. Evo Morales acudió a una asamblea de los seis sindicatos de cocaleros que repudiaron la marcha de CIDOB y se mostraron dispuestos a impedirla[8]. El ex vocero del gobierno, Alex Contreras Baspineiro, apuntó que “antes de encontrar una solución pacífica y concertada, el gobierno comenzó una campaña mediática millonaria para tratar de desacreditar la movilización indígena[9]. “En cinco años de gobierno, nunca se había visto este tipo de división y menos las amenazas de enfrentamiento”, agregó.

La tercera fue la difamación, al acusarlos de estar financiados por USAID. Por eso el presidente de CIDB, Adolfo Chávez, no sólo rechazó la acusación y recordó que los marchistas tienen problemas de alimentación y medicamentos, sino que desafió al gobierno: “Retamos al gobierno a que expulse del país a la USAID y veremos quienes son los afectados”[10].

Contreras es un reconocido periodista social boliviano que acompañó la I Marcha Por el Territorio y la Dignidad, en 1990, que supuso el comienzo de la recomposición de los movimientos en pleno período neoliberal. Por su compromiso y su especial cobertura de las marchas indígenas fue homenajeado por los principales medios del país. En esa marcha que se inició también en Trinidad conoció a Pedro Nuni, representante del pueblo mojeño y ahora diputado del MAS, quien le dijo que “algunos ministros del gobierno indígena nos están haciendo enfrentar a indígenas contra indígenas”[11].

Uno de los resultados de la marcha es que el gobierno perdió su mayoría de dos tercios en el parlamento (111 votos sobre 166), ya que ocho diputados indígenas decidieron alejarse del MAS (Movimiento al Socialismo). En suma, Contreras cree que si el gobierno persiste en no negociar puede estar en peligro la propia gobernabilidad del país. Por eso cree que no hace falta “un enfrentamiento entre organizaciones indígenas, ni la satanización de algunos dirigentes”, sino sobre todo negociar y “rescatar un pilar de este proceso de cambio: la cultura de la vida, de la paz, del diálogo y la concertación social”[12].

Sin embargo, el gobierno rechazó las principales demandas de la CIDOB, argumentando que si lo hiciera violaría la Constitución. El ministro Romero argumentó que algunas de esas demandan “no respetan los derechos de todos los bolivianos”, porque sólo benefician a ese sector, y que no se les puede dar a los pueblos mayor representación que el porcentaje de población que representan en el país[13]

La CONAIE contra Correa

El 25 de junio se realizó la cumbre de presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), uno de cuyos temas centrales fue la cuestión de la plurinacionalidad. La reunión de los ochos presidentes se realizó en Otavalo, unos 60 kilómetros al norte de Quito, una ciudad mayoritariamente quichua. Pese al tema que se iba a debatir, las organizaciones indígenas no fueron invitadas. Por eso la CONAIE decidió instalar en la misma ciudad su Parlamento Plurinacional, para denunciar que no puede haber plurinacionalidad sin los indígenas.

Unas tres mil personas realizaron una marcha pacífica por la ciudad, entre cantos y bailes que celebraban el Inty Raymi, el año nuevo andino, y a la vez recordaban el 20 aniversario del primer levantamiento indio, que comenzó el proceso de movilizaciones que finalmente llevó a Rafael Correa a la presidencia. La cumbre estaba protegida por policías a caballo que se espantaron al llegar los manifestantes, que alcanzaron la puerta del recinto para entregar una carta a su “hermano” Evo Morales.

Los indígenas están enfrentados al gobierno por la ley de aguas y las concesiones a las empresas mineras, lo que ha provocado numerosas movilizaciones, paros, bloqueos y levantamientos[14]. El conflicto entre la CONAIE y el gobierno no es nuevo, aunque ahora adquiere un tinte más grave por las acusaciones de la justicia contra los dirigentes. Al día siguiente de la cumbre, la fiscalía de la provincia de Imbabura, donde está Otavalo, inició una indagatoria contra las organizaciones indígenas.

En la misma se dice que “un grupo de ciudadanos de raza indígena” rompió el cerco policial donde se reunía la ALBA “gritando consignas que atentan contra la seguridad del orden público” y que el principal daño fue que a un policía le “sustraen las esposas”. Con ese fundamento se acusa a los dirigentes de CONAIE y Ecuarunari (la organización quichua de la sierra) nada menos que de “sabotaje y terrorismo”[15]. Se trata de una acusación de extrema gravedad que busca intimidar a los dirigentes.

Según el abogado y profesor universitario Mario Melo, el problema de fondo es que la presencia de la CONAIE fuera del recinto donde se reunían los presidentes “evidenció ante la opinión pública nacional e internacional que las organizaciones representativas de las nacionalidades y pueblos del Ecuador están siendo excluidas de la definición de políticas públicas que les competen”[16]. Por eso se produce una respuesta política disfrazada de acción jurídica, para “amedrentar y desmovilizar” a los movimientos.

Los dirigentes indígenas respondieron al desafío. Marlon Santi, presidente de la CONAIE, se presentó ante la fiscal para conocer los cargos y dar su versión. El 5 de julio un comunicado conjunto de Ecuarunari y CONAIE señala que las acusaciones de terrorismo carecen de fundamento jurídico y que se trata de “una persecución política al movimiento indígena y a los dirigentes por el simple hecho de discrepar con las políticas del gobierno”[17].

El comunicado recuerda que el artículo 98 de la nueva Constitución reconoce el “derecho a la resistencia” cuando estén amenazados los derechos. Y finaliza con una frase que anticipa más confrontaciones: “Los procesos judiciales contra los dirigentes no hacen otra cosa que evidenciar la bajeza de espíritu de los gobernantes y una grave amenaza para la democracia y la paz de los y las ecuatorianas”.

Pérez Guartambel, presidente de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (Cuenca), también fue acusado de sabotaje y terrorismo a raíz de una masiva protesta en su pueblo, Tarqui, el 4 de mayo. El Frente de Mujeres Defensa de la Pachamama, por su parte, formula denuncias similares. Todo indica que el proceso que se vive en Ecuador implica una ruptura profunda entre movimientos y gobierno, cuestión que en Bolivia no ha llegado tan lejos.

Hay un abismo que los separa, cuya línea divisoria es el proyecto de país y el denominado “desarrollo”. Correa está convencido que la mayor amenaza a su proyecto, que denomina “Socialismo del siglo XXI, viene de lo que él denomina la izquierda “infantil” y grupos ambientalistas e indígenas que, dice, rechazan la modernidad. Por eso critica al que “le dice no al petróleo, a las minas, a no utilizar nuestros recursos no renovables. Eso es como un mendigo sentado en un saco de oro”[18].

El Estado Plurinacional en cuestión

Los procesos políticos y sociales en los dos países son como dos gotas de agua. Ambos aprobaron un Estado Plurinacional y nuevas constituciones, pero a la hora de aplicarlas encuentran fuertes trabas. Son las bases sociales indígenas y de los sectores populares urbanos, que llevaron al gobierno a Evo Morales y a Rafael Correa, las que están resistiendo a “sus” gobiernos. En los dos casos, los gobiernos optaron por el extractivismo minero y petrolero para asegurarse ingresos fiscales, en vez de apuntar hacia el Buen Vivir como dijeron en su momento.

La FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales de El Alto), una de las más importantes organizaciones sociales de Bolivia, emitió un duro documento, el Manifiesto Político del XVI Congreso Ordinario[19]. Dice que “pese a tener un presidente indígena como es Evo Morales, el Estado sigue gobernado por la oligarquía criolla” ya que “sigue manteniendo el sistema económico capitalista y el sistema político neoliberal”. Asegura que el pueblo pobre sigue siendo “dominado políticamente”, “explotado económicamente” y “marginado racial y culturalmente”.

Más grave aún. “El gobierno del MAS, luego de asumir el mando, sólo ha utilizado a los pueblos indígenas y sectores populares para sus campañas políticas, pero éstos siguen siendo excluidos de las decisiones políticas y son utilizados solamente por el gobierno para legitimarse y encaramarse en el poder”. Además exige que el gobierno no se entrometa en las organizaciones sociales, que haya un cambio en la conducta del vicepresidente Alvaro García Linera y su entorno, que define como “enemigos de la clase campesina e indígena”, y apoya la marcha de los pueblos de oriente.

El tono y el contenido son muy fuertes. La FEJUVE no es cualquier organización, sino una de las protagonistas de la Guerra del Gas, en octubre de 2003, que provocó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y hundió el neoliberalismo. Ahora evalúa pedir la renuncia de Evo. En Ecuador, la CONAIE es también muy importante, fue la protagonista de una decena de levantamientos desde 1990, derribando tres gobiernos. Una ruptura con estas organizaciones es muy grave para cualquier gobierno, más aún para quienes se apoyan en ellas.

En el fondo, están naciendo las primeras grietas en el Estado Plurinacional, un edifico que aún no se ha terminado de construir. ¿Porqué surgen esas grietas? Porque hay una potente disputa de poder, ya que los pueblos originarios no tienen porqué aceptar el marco del Estado-nación, que es a lo que se remite el Estado Plurinacional. En este punto aparecen dos miradas que intentan dar cuenta de los procesos en curso.

Alberto Acosta, economista ecuatoriano y ex presidente de la Asamblea Constituyente, estima que se atraviesa el proceso de aprobar las leyes que aterricen el texto en la vida cotidiana. Si eso no se hace, la Constitución por más avanzada que sea queda en nada. El problema es que el presidente Correa cree que las leyes de agua y comunicación no son importantes, lo que para Acosta es tanto como decir que “la Constitución no es fundamental ni prioritaria”. Se pregunta: ¿Será acaso que la Constitución comienza a convertirse en camisa de fuerza para el presidente Correa?”[20].

Cree que la oposición de derecha, que se opuso a la Constitución, está obstaculizando cada ley para impedir cualquier avance. Por otro lado, “la manera de gobernar de Correa, que es un liderazgo atropellador en esencia, no da espacio para el debate”. La conclusión es que la Constitución que iba a refundar el país, “está atada a un manejo político que no garantiza su plena vigencia”. La sociedad no la defiende, pero desde el gobierno “hay una suerte de contrarrevolución legal”.

El escritor y filósofo boliviano Rafael Bautista sostiene que refundar el Estado en Bolivia sin potenciar las naciones originarias es no cambiar nada o “pura cosmetología”. Pero si no hay refundación, o sea descolonización, “lo que acontece es una pura recomposición del carácter señorial del Estado”[21]. En suma, más Estado colonial asentado en la creencia de la superioridad sobre los indios que se perpetúa en el Estado Plurinacional, porque es un modelo que en los hechos no ha sufrido modificaciones.

Bautista dice que “el cambio ya no consiste en una transformación de los contenidos del nuevo Estado”, sino en “una adecuación subordinada de lo plurinacional a las necesidades funcionales de la institucionalidad estatal”. Esto es, precisamente, lo que revela la marcha: el sentimiento de superioridad sobre los indios (son manipulados, no actúan por ellos mismos, dice el gobierno) y la imposibilidad de que el Estado deje de estar “arriba” y en el centro.

La esencia de lo plurinacional pasa por una ampliación del ámbito de decisiones, una ampliación del poder. “Lo plurinacional no quiere decir suma cuantitativa de los actores, sino el modo cualitativo de ejercer la decisión: somos efectivamente plurales cuando ampliamos el ámbito de decisión”. Y eso es lo que no sucede, por eso Bautista dice que el gobierno actual “manda mandando, no manda obedeciendo”.

El gobierno no traspasa poderes a los pueblos originarios sino que los desconcentra entre gobernaciones y alcaldías, o sea reproduce la lógica de los privilegios porque desde la Colonia esos son los espacios de las elites locales. La marcha está mostrando una renuncia a transformar el Estado para limitarse a mejorar su performance, lo que se implica “la actualización de la paradoja señorial”, concluye Bautista. La marcha indígena no hace más que mostrar la desnudez de la proclamada descolonización del Estado.

Los pueblos originarios, que crearon las nuevas condiciones para su libertad, no van a seguir tolerando la marginación política. Saben que los Estados necesitan explotar los recursos naturales para pagar sus cuentas. Pero también saben que esa lógica los conduce a la destrucción. Por eso se han puesto en marcha: porque tuvieron la fuerza para frenar el neoliberalismo y ahora no quieren perder la oportunidad.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org) 

Recursos

Alberto Acosta, “Rafael Correa nos invita a violar la Constitución”, diario Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.

Alex Contreras Baspineiro, “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.

Andrés Soliz Rada, “Evo y Usaid”, Bolpress, 3 de julio de 2010.

FEJUVE El Alto, “Manifiesto político del XVI Congreso Ordinario”, 27 de junio de 2010.

“Lucha Indígena” No. 47, julio de 2010, Cuzco.

María José Rodríguez, “El iceberg tras las luchas por los recursos”, Bolpresss, 2 de julio de 2010.

Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, Red de Comunicadores Interculturales Bilingües del Ecuador, 1 de julio de 2010.

Patricia Molina, “Crónica d ela VII Marcha Indígena por la autonomía y ladignidad”, Bolpress, 7 de julio de 23010.

Rafael Bautista, “Bolivia: ¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de 2010.

[1] Telesur TV, en www.telesurtv.net 25 de junio de 2010.

[2] “La mano de EE.UU. en el conflicto indígena”, en www.prensamercosur.com.ar 2 de julio de 2010.

[3] La Jornada, 26 de junio de 2010.

[4] Andrés Soliz Rada, “Evo y USAID”, Bolpress, 3 de julio de 2010.

[5] Son mojeños, guaraníes, trinitarios, tacanas, izozeños, yukis, mosetenes, guarayos, sirionós, y matacos entre otros.

[6] Patricia Molina en Bolpress, 7 de julio de 2010.

[7] “Detienen temporalmente la marcha indígena”, Bolpress, 7 de julio de 2010.

[8] Agencia Boliviana de Información (ABI) 5 de julio de 2010.

[9] “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.

[10] Idem y agencias.

[11] Idem.

[12] Idem.

[13] Agencia Boliviana de Información, 8 de julio de 2010.

[14] Ver “Ecuador: Se profundiza la guerra por los bienes comunes”, Programa de las Américas, 19 de octubre de 2009.

[15] Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, 1 de julio, www.redci.org

[16] Idem.

[17] “La ‘revolución ciudadana’ persigue a los dirigentes indígenas y sociales del país”, CONAIE y Ecuarunari, 5 de julio de 2010.

[18] Agencia Reuters, 6 de julio de 2010.

[19] FEJUVE, 27 de junio de 2010 en www.alminuto.com.bo

[20] Entrevista a Alberto Acosta en Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.

[21] Rafael Bautista, “¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de 2010.

Publicado en: Bolivia Etiquetado como: Bolivia, Bolivia-Ecuador. El Estado contra los pueblos indios

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