América Central

De Tuskegee a Guatemala pasando por Nuremberg

10/10/2010 by maestro Deja un comentario

Apenas salió a la luz la noticia, el Presidente Barack Obama telefoneó al Presidente de Guatemala Álvaro Colom para disculparse. Colom calificó los experimentos de “una violación de los derechos humanos increíble”: “Es una violación de derechos humanos increíble pero ahí está y hay que afrontarla… y vamos a hacer todo lo necesario para que podamos aclarar lo más rápido posible qué profundidad tuvo y qué efectos humanos tuvo, que a nosotros nos interesan los afectados fundamentalmente y como Estado pues obviamente… indignados… y si hubiese autoridades del pasado involucradas también se va a decir”. Colom afirmó además que su país evalúa la posibilidad de llevar el caso ante una corte internacional.

Las revelaciones surgieron a raíz de una investigación llevada a cabo por la historiadora médica Susan Reverby, del Wellesley College, acerca de los tristemente célebres estudios de Tuskegee sobre la sífilis. Los dos antiguos proyectos de investigación del gobierno estadounidense en Tuskegee, Alabama y Guatemala (nocivos por igual) son espejo el uno del otro. Ambos muestran a qué extremo se puede ignorar la ética a fin de obtener conocimientos médicos y ambos nos recuerdan que la investigación médica necesita constante supervisión y regulación.

Reverby es autora del libro recientemente publicado “Examining Tuskegee” una exhaustiva historia de la investigación sobre la sífilis conocida como “Estudios de Tuskegee”.

Tuskegee, en el estado de Alabama, se encuentra en el corazón del sur profundo estadounidense. Desde 1932, y hasta que se reveló en la prensa en 1972, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo estudios de largo plazo sobre los efectos de la sífilis cuando no se trata. El estudio consistió en decir a cuatrocientos hombres con sífilis que recibirían un “tratamiento especial” para su “sangre mala.” Sin que estos hombres lo supieran, se les administraban placebos inútiles, pero no la cura prometida y su debilitamiento, causado por la sífilis no tratada, fue estudiado durante décadas. En sus fases avanzadas, la sífilis puede ocasionar desfiguración, demencia, ceguera y dolor agudo crónico. Es una manera horrible de morir. Durante los años en que se desarrollaban estos experimentos, se descubrió que la penicilina curaba la sífilis.

Sin embargo no se informó a los hombres de la posible cura y se les negó tratamiento cada vez que alguno de ellos lo requería.

En Tuskegee los hombres infectados no recibieron tratamiento. En Guatemala sucedió lo contrario.

Allí los investigadores del gobierno de Estados Unidos infectaban con sífilis a los prisioneros y luego los trataban con penicilina para medir los efectos del antibiótico inmediatamente después de la exposición a la enfermedad. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y de esta manera es como el médico que encabezaba las operaciones, el Dr. John Cutler del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, intentaba infectar a los prisioneros. La historiadora médica Susan Reverby describió los experimentos de la siguiente manera: “Fueron a Guatemala porque la prostitución era legal en ese país y era legal además llevar prostitutas a las cárceles para servicios sexuales. Cuando no pudieron generar la infección al nivel esperado con el ingreso de prostitutas comenzaron las inoculaciones y la manera en que funcionaron fue… En primer lugar la sífilis no es fácil… Hay una razón por la que es una enfermedad de transmisión sexual. No es posible simplemente sacar sangre a una persona con sífilis y pasársela a otra persona. De hecho, es necesario crear una vacuna. La bacteria que causa la enfermedad puede morir al contacto con el aire, es por eso que debe pasar a través de líquidos y fluidos corporales y es por eso que se transmite sexualmente. Crearon una vacuna utilizando las pruebas de campo con conejos que ya tenían la enfermedad. Raspaban o rasguñaban los brazos de personas en cárceles, asilos psiquiátricos y barracas del ejército. Utilizaron sus brazos, sus mejillas, además buscaron hombres, y francamente esta parte me resulta completamente increíble y hace que todo parezca parte de una película clase B, encontraron hombres con prepucios largos, tomaban sus penes, retiraban el prepucio hacia atrás, raspaban el glande y aplicaban la vacuna por medio de un pequeño trozo de algodón con gasa, un apósito. Hacían esto durante una hora y media o dos horas con la esperanza de que la infección se transmitiera de esa manera”.

Procedimientos similares fueron utilizados con pacientes psiquiátricos y soldados.

Irónicamente, el estudio en Guatemala comenzó a desarrollarse en 1946, el mismo año en que los tribunales de Nuremberg por primera vez juzgaron a médicos nazis, acusándolos de llevar a cabo experimentos atroces con prisioneros de campos de concentración. La mitad de los acusados fueron condenados a muerte. Durante el proceso se creó el Código Nuremberg, que establece estándares éticos para la experimentación médica con humanos y la obligatoriedad del consentimiento informado. Pero, al parecer, a los investigadores estadounidenses no les importó Nuremberg.

El Dr. Cutler, responsable del proyecto de Guatemala, participó luego de los estudios de Tuskegee. En un documental de PBS “NOVA” de 1993 llamado “Engaño mortal” afirmó: “Era importante que no se los tratara, y no habría sido deseable seguir adelante y administrarles grandes dosis de penicilina para tratar la enfermedad ya que esto habría interferido con el estudio”. El Dr. Cutler murió en el año 2003.

El gobierno de Estados Unidos con frecuencia ha llevado a cabo experimentos sin consentimiento informado de los sujetos. A mujeres de Puerto Rico se les administró estrógeno a niveles de riesgo mientras se probaban las pastillas anticonceptivas.

En otras investigaciones se inyectó plutonio a pacientes hospitalizados que no se habían ofrecido como voluntarios para estudiar los efectos de ese elemento en el cuerpo humano. Dow Chemical, Johnson & Johnson y las autoridades de la cárcel de Pensilvania expusieron a los internos a químicos, entre ellos a dioxinas, para probar sus efectos. Muchas de las personas sometidas a este tipo de experimentación han muerto o han visto sus vidas dañadas de forma permanente. Todo esto en nombre del progreso o de las ganancias.

Los investigadores se apuran en señalar que este tipo de prácticas son cosas del pasado y que han dado paso a lineamientos estrictos que aseguren el consentimiento informado de los sujetos. Sin embargo, se hacen esfuerzos para suavizar las restricciones en casos de experimentación médica en cárceles. Es necesario preguntarse qué significa “consentimiento informado” dentro de una cárcel, o en una comunidad pobre donde se utiliza el dinero como incentivo para “ofrecerse” como voluntario para una investigación. La investigación médica debería llevarse a cabo únicamente si respeta estándares humanitarios y cuenta con consentimiento informado y supervisión independiente, si es que las lecciones de Nuremberg, Tuskegee y ahora Guatemala tienen algún significado.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe y Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es coautora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos“, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

—

Frente de Resistencia Hondureño oficializa encuentro con ex presidente Manuel Zelaya en Nicaragua

10/10/2010 by maestro Deja un comentario

El sub coordinador del FNRP, Juan Barahona, así como Enrique Flores Lanza, Carlos H. Reyes y Lucia Granados, confirmaron el encuentro con el ex mandatario hondureño, quien vive un exilio forzado en República Dominicana y recientemente fue nombrado como miembro del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Los antes mencionados coincidieron en expresar que quisieran realizar su encuentro en suelo hondureño, pero dada la actitud de las autoridades de ese país que no permiten el ingreso de Zelaya, lo realizarán en Nicaragua, a como en otras ocasiones lo han hecho en República Dominicana y Venezuela.

En Honduras, sectores vinculados a los grupos en el poder, ven con malos ojos el encuentro de Zelaya con sus compatriotas en suelo nicaragüense, sin embargo este grupo de ciudadanos hondureños manifestaron que su agenda de trabajo es conocida por todos.

“Vamos a tener unos seminarios, unos talleres, todo este fin de semana, con la intención de analizar la situación difícil, la situación de crisis que vive el pueblo hondureño”, dijo Flores Lanzas, quien fungió como Ministro de la Presidencia en el gobierno constitucional de Zelaya.

Agregó que el Frente de Resistencia no puede obviar la crisis que vive su pueblo, ya que este demanda justicia, paz, libertad y también exige participación, derechos que le fueron cercenados a partir del Golpe de Estado que sacó del poder a Manuel Zelaya.

Impunidad en Honduras nutre intenciones similares en el continente

Flores Lanzas señaló que la impunidad que gozan los autores y ejecutores del Golpe de Estado en su país nutre las intenciones de grupos radicales de impulsar otro hecho similar en América Latina, tal y como se pretendió recientemente en Ecuador.

“La impunidad que se vive en Honduras es lo que hace que la amenaza de los Golpes de Estados continúe latente en todo el continente latinoamericano. Esa impunidad y la ex patriación del ex presidente Zelaya, son hechos mediante los cuales, todos los que piensen que la fuerza puede acabar con la voluntad del pueblo y que quieren violar el derecho de los pueblos a escoger a sus gobernantes”.

“Hemos reunido a todo el Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular para que tengamos una reunión de trabajo con el coordinador nacional, el presidente 2006-2009 José Manuel Zelaya Rosales aquí en Managua para definir todas las estrategias y la plataforma de lucha que el Frente Nacional de Resistencia Popular va a llevar a cabo”, sostuvo Flores Lanzas.

Pueblo demanda Asamblea Nacional Constituyente

José Barahona, otro de los principales líderes del Frente Nacional de Resistencia, señaló que buscan poner un cese a la violación de los derechos humanos y el exilio forzado que vive Zelaya.

Los compañeros hondureños señalan que la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, es uno de los principales demandas del pueblo, que se hizo patente con la recolección de un millón 300 mil firmas.

Barahona manifestó que el gobierno de Porfirio Lobo es una consecuencia de la dictadura impuesta por el Golpe de Estado que puso como su figura emblemática al presidente de facto Roberto Michelleti.

Agregó que en Honduras no se han dado pasos para el restablecimiento de la democracia, para la reconciliación nacional y mucho menos para el cese de la represión que sufre el pueblo.

“Vamos a desarrollar esta reunión con el interés de planificar, coordinar y consensuar trabajo del Frente en Honduras que tiene que ver con todo el trabajo que hemos venido haciendo para exigir la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y para exigir el retorno a nuestro país de los más de 200 exiliados que hoy están fuera de nuestro territorio”, agregó Barahona.

¿Cuál es el escándalo que estemos en Nicaragua?

Aseguró que Honduras se encuentra administrada por todo el sector que apoyó y ejecutó el Golpe de Estado contra Zelaya. “En Honduras no ha habido cambios a pesar que el 27 de enero asume el poder un régimen que fue electo en una elección fraudulenta. Esa estructura golpista mantiene la misma política de represión al pueblo y de negación a los cambios sociales”.

Carlos H. Reyes, manifestó que en Honduras existe un escándalo por su presencia en Nicaragua.

“Nosotros nos hemos reunido con Manuel Zelaya en República Dominicana. ¿Cuál es el escándalo que habido? Nosotros nos hemos reunido en Venezuela con él (Manuel Zelaya) ¿Y cuál es el escándalo que ha habido? Y hoy por qué hacen escándalo porque estamos en Nicaragua. Ustedes lo saben, muchos sandinistas vivieron en nuestras casa durante la guerra en Honduras, ¿y cuál es el escándalo?”.

“Somos centroamericanos y por qué no vamos a estar en Nicaragua y esta no es la primera vez que vengo a Nicaragua”, dijo Reyes.

Declaró que no es cierto que en Honduras se vive un diálogo nacional, pues la intención del régimen de Porfirio Lobo, es lavar y validar a su gobierno con el fin que sea aceptado en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Eso es un monólogo y nosotros hemos detectado seis trampas en eso que llaman diálogo”, dijo.

Refirió que con el solo hecho que el FNRP participe en el diálogo, el régimen de Lobo seguiría avanzando en su estrategia de consolidar y blanquear el golpe de estado, para su retorno a la OEA.

“Con el falso diálogo llenaría tres de las cinco formalidades requeridas por la OEA y el imperio de los Estados Unidos para que vuelvan a la OEA”, dijo.

Otra trampa es que Lobo invita al Frente de Resistencia, pero de forma perversa excluyen al coordinador nacional, Manuel Zelaya. Otro punto considerado como trampa, es que Lobo convoca a una serie de instituciones que apoyaron el Golpe de Estado, lo hace que el movimiento popular aparezca en minoría.

En tanto Lucia Granados, enfatizó que el proceso de cambios que demanda el pueblo no será detenido por esas fuerzas golpistas y el mismo imperialismo norteamericano, a quien consideran es el elemento que está detrás de todo el diseño golpista ejecutado en su país.

“Este proceso político histórico que llevamos en nuestro país, nadie lo va a parar y porque lo digo con tanta seguridad, porque nos respalda todo un pueblo hondureño en su mayoría reflejada en esa firmas, más de un millón de firmas”.

Comisión Internacional contra la Impunidad no puede funcionar con los golpistas en la justicia

29/09/2010 by maestro Deja un comentario

1.- Los antecedentes de las Comisiones Internacionales que han visitado Honduras después del golpe de Estado no son alentadores: la Organización de Estados Americanos (OEA) nombró a varios políticos de América – encabezados por el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos y la Secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís- para constituir la Comisión de Verificación de los Acuerdos San José-Guaymuras, a la fecha los argumentos de la OEA son letra muerta. Por otra parte, el régimen de Pepe Lobo Sosa convocó a una “Comisión de la Verdad y Reconciliación” presidida por el político guatemalteco Eduardo Stein y todavía no tienen límite de tiempo para presentar su Informe y el pueblo hondureño no tendrá acceso a conocer las investigaciones hasta dentro de 10 años.

2.- Es inadmisible que en la “Comisión de la Verdad y Reconciliación” participen los mismos golpistas, generando una gran desconfianza y decepción, en el país donde impera la injusticia.

El golpismo incluyó a sus defensores para conformar dicha comisión: Julieta Castellanos, actual rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, ha violentado reiteradamente los derechos humanos de los trabajadores contra quienes mantiene una férrea persecución política, al extremo de llamar a las fuerzas represivas para que controlen el accionar de los sindicalistas y estudiantes. Omar Casco ex rector universitario y político del Partido Nacional, es una pieza clave de los grupos de poder en Honduras. Su rol en la Junta Nominadora para seleccionar la actual Corte Suprema de Justicia fue vital para poner las piezas de la oligarquía en ese poder del Estado. El economista Sergio Membreño, quien camina de la mano con el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, a quien representa en diversos espacios claves.

Hay un estado de indefensión, el pueblo hondureño no tiene respuestas de instituciones que él mismo creó tal es el caso del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, cuyos titulares, Ramón Custodio y Luís Alberto Rubí, son los principales protagonistas en la defensa del golpe de Estado.

3.- La creación de “Comisiones, Comisiones y ministerios” pretende controlar los derechos humanos en Honduras desde el Ejecutivo, acaparar recursos internacionales y fomentar el clientelismo político. Asimismo establecer la percepción ante la comunidad internacional de que en Honduras funciona la trasparencia y de que el actual gobierno cuenta con credibilidad en el exterior.

4.- Los crímenes políticos y las matanzas colectivas como parte de una política criminal del Estado contra el pueblo hondureño que lucha por refundar el país, son la agenda de cada día. Hay violaciones graves a los derechos humanos que se pueden investigar rápidamente, como las represiones masivas contra manifestaciones pacíficas, sobre las cuales no tenemos ningún requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público.

5.- La única forma para que una Comisión Internacional contra la Impunidad pueda dar resultados en Honduras sería: suspendiendo las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público , comenzado con quitarles la potestad de investigación y la emisión de veredictos amañados con tintes de persecución política. Es urgente una transformación radical de estas instituciones a través de un proceso de depuración donde participe el pueblo hondureño para lograr que las manos peludas de los grupos de poder, salgan de allí, de lo contrario, paradójicamente estaríamos asistiendo a la utilización de recursos internacionales para fomentar la impunidad.

DE LOS HECHOS Y LOS HECHORES

NI OLVIDO NI PERDON

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras

COFADEH

Tegucigalpa M.D.C. 24 de septiembre de 2010

Puerto Rico. La tierra que se abre, quemada de injusticias

29/09/2010 by maestro Deja un comentario

Han transcurrido 142 años desde el Grito de Lares (112 desde que Estados Unidos se apoderó de la isla como parte de un botín de guerra) pero siempre, los héroes de cada nueva generación recogen la bandera de la estrella solitaria de manos de los héroes de la generación anterior y lavan las afrentas con su sangre.

La nación boricua sigue viva, indestructible, valiente. Lo supe hoy una vez más. Una niña de una familia emigrada, una jibarita, recitaba los versos inmortales de Julia de Burgos:

“Río Grande de Loíza. Río grande. Llanto grande.

El más grande de todos nuestros llantos isleños

si no fuera más grande el que de mi se sale

por los ojos del alma para mi esclavo pueblo.”

…y vi que a sus compatriotas, hombres y mujeres, se les humedecían los ojos.

Lo que Juan Mari Bras llamó “el andamiaje colonial” de Puerto Rico fue el resultado de una guerra de rapiña y de un proceso ilegal, viciado de origen, porque, como denunció Pedro Albizu Campos, cuando Estados Unidos invadió el país en 1898, ya España había concedido la autonomía a Puerto Rico y, por tanto, de acuerdo al orden jurídico internacional y a las propias leyes de Estados Unidos, el territorio no podía ser anexado ni convertido en colonia. La única alternativa legal y de elemental justicia era el reconocimiento de la independencia y soberanía por las que tanto se había luchado en un país que, además, por su historia, tradiciones, idiosincracia, lengua y demás aspectos de su cultura, nada tenía que ver con Estados Unidos.

Pienso que mientras haya hombres con la estatura moral de un Rafael Cancel Miranda, por citar sólo un ejemplo, la causa de “la tierra que se abre, quemada de injusticias” -como diría Julia- continuará viva. Recientemente, Cancel Miranda no pudo viajar a Toronto por su negativa a utilizar pasaporte estadounidense. Confieso que quisiera verlo llevar no sólo a Canadá sino a todos los países del mundo la voz de la independencia de Puerto Rico, pero me inclino ante lo valioso de su digno ejemplo al no aceptar una ciudadanía impuesta. Y su gesto nos obliga al análisis y a la reflexión. ¿Cuándo, cómo y por qué Estados Unidos decidió que los puertorriqueños debían tener la ciudadanía estadounidense?

La ciudadanía estadounidense, en su forma actual, llegó a los boricuas pasando por tres etapas que corresponden a tres leyes del Congreso de Estados Unidos promulgadas -¿casualidad?- coincidiendo con tres guerras sucesivas: Ley Jones-Shaffroth, 1917, I Guerra Mundial; Nationality Act, puesta en vigor el 13 de enero de 1941, Segunda Guerra Mundial; Nationality Act, modificada en 1952, Guerra de Corea. La coincidencia se explica por la necesidad del imperio de utilizar a los puertorriqueños como carne de cañón en sus aventuras militares. Todavía hoy la ciudadanía extendida a los puertorriqueños es de segunda clase y tiene, entre otras limitaciones, la de no poder votar por el presidente ni por los miembros del Congreso que los envía a la guerra. Para comprender mejor estas afirmaciones ubiquemos en su contexto histórico las motivaciones que llevaron a la aprobación de la Ley Jones-Shaffroth.

En 1914 el norteamericano medio consideraba que la guerra europea no era un asunto que le incumbía. Este era también el sentir de la administración del presidente Wilson. Sólo cuando en el Marne se hizo evidente que la guerra se prolongaría, Estados Unidos constató que salir del aislacionismo convenía a sus intereses económicos. La fabricación de suministros para las fuerzas aliadas comenzó a generar un crecimiento exponencial de la industria, y este país, que antes de 1914 no era considerado como una de las grandes potencias, percibió que su participación en la guerra le daba la posibilidad de ascender a esta categoría.

Muy rápidamente, Estados Unidos se iba convirtiendo en el arsenal y en el banco de los aliados. Era evidente que si les continuaba suministrando pertrechos con su flota mercante Alemania no podría ganar la guerra. El 31 de enero de 1917 Alemania notificó a Washington que no permitiría el arribo a las costas de Inglaterra de barcos neutrales, excepto barcos de pasajeros pero con grandes limitaciones. Este fue un momento crucial para el joven imperio. Estados Unidos era ya, sin duda, una gran potencia, pero dejaría de serlo si aceptaba las restricciones a la navegación libre. De acuerdo a la lógica de los halcones el conflicto era inevitable; chocaba sin embargo con un enorme obstáculo, el fuerte movimiento por la paz que se manifestaba a todo lo largo y ancho del país promovido en gran parte por las fuerzas progresistas. Eugene Debs, líder del Partido Socialista, había declarado que prefería ser fusilado como traidor antes que “ir a una guerra de Wall Street”.

Ocurrió entonces, muy convenientemente, un hecho inesperado. Siempre ocurre algo así cuando Estados Unidos necesita mover a la opinión pública nacional en favor de la guerra (Alamo, voladura del Maine, Pearl Harbor, Golfo de Tonkín, armas de destrucción masiva, septiembre 11, etc). En marzo 1, el gobierno entregó a la prensa un telegrama, supuestamente interceptado y decodificado por la inteligencia naval británica, mediante el cual el Ministro del Exterior de Alemania, Arthur Zimmermann, invitaba a México a participar como beligerante. A cambio de distraer grandes fuerzas estadounidenses en la frontera sur, Alemania ayudaría a México a recuperar los territorios usurpados de Texas, Arizona y Nuevo México. Nadie fue capaz de explicar como era posible que se tramitase por telegrama un asunto de trascendental importancia.

Sin embargo, aunque el famoso telegrama Zimmermann logró en parte sembrar el temor en la población con la amenaza de una agresión al propio territorio de Estados Unidos, no fue suficiente para crear el clima necesario para la guerra y el Congreso se resistía a la aprobación de una ley que permitiría artillar los barcos (Armed Ship Bill). El presidente Wilson tuvo que esperar una nueva oportunidad aunque, mientras tanto, ordenó armar los barcos sin autorización del Congreso.

La oportunidad llegó pocos días después, el 18 de marzo, con el hundimiento de tres barcos mercantes estadounidenses. Por otra parte, el derrocamiento del régimen zarista y el acceso al poder de Kerensky eliminaron el repudio de grandes sectores del pueblo norteamericano a participar en la guerra como aliados de un régimen despótico comparable, en el otro bando, con la autocracia prusiana.

Aún así, Wilson tardó dos semanas más en decidirse. Cientos de miles de hombres tendrían que ser movilizados y, cómo hacerlo si a pesar de todos los esfuerzos la guerra continuaba siendo impopular y ajena.

El 6 de abril de 1917, el Congreso de Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Sólo unos días después, el 2 de mayo, el Congreso aprobaba la Ley Jones-Shaffroth que imponía la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños en forma de “naturalización colectiva”. La ciudadanía era el instrumento legal que permitiría enviar a miles de puertorriqueños a morir por el César. Al día siguiente, 3 de mayo, comenzó el reclutamiento masivo. Se formaron regimientos segregados, unos 236 000 puertorriqueños (de la isla) fueron inscritos para prestar servicio militar y, de ellos, unos 20 000 marcharon a la guerra. Además, es imposible conocer cuantos puertorriqueños residentes en Estados Unidos fueron reclutados ya que, excepto los negros, eran asignados a unidades regulares y no existen estadísticas concernientes a la etnicidad de sus miembros. Tanto en la isla como en el continente, los negros fueron asignados a unidades especiales, segregadas. En New York, un grupo fue ubicado en el Regimiento 369 de Infantería y ni siquiera se les permitió combatir con el uniforme de Estados Unidos sino como miembros del ejército francés, y así, aunque discriminados y humillados, pelearon heroicamente en el Frente Occidental, entre ellos Rafael Hernández Marín, el autor de “Lamento Borincano” y “Preciosa”. ¿Recuerdan?:

“Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia.

No importa el tirano te trate con negra maldad.

Preciosa serás sin bandera, sin lauros ni glorias.

Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad”

(Esta canción fue censurada por el gobierno de Luis Muñoz Marín quien obligó a los intérpretes a cambiar “el tirano”, que se refería a Estados Unidos, por “el destino”)

El sacrificio de vidas borinqueñas no fue mayor debido a dos circunstancias. Primera: la oposición de políticos y organizaciones racistas del Sudeste de Estados Unidos al entrenamiento de puertorriqueños en los campamentos de Carolina del Norte. No querían negros armados en el Sur y aducían que los mestizos no entenderían las políticas segregacionistas de Jim Crow y crearían demasiados problemas. Esta oposición obligó a realizar los entrenamientos en la isla, donde no existían capacidades militares suficientes para un número tan alto de reclutas. Segunda: la guerra terminó poco más de un año después, en noviembre de 1918. La mayoría de las unidades puertorriqueñas, sin el entrenamiento programado, fueron enviadas a proteger el Canal de Panamá o permanecieron en Puerto Rico. Paradójicamente, el racismo sureño, sin proponérselo por supuesto, ahorró muchas vidas puertorriqueñas.

Hay que luchar por el reconocimiento internacional de la ciudadanía puertorriqueña y por la libertad de viajar con el pasaporte correspondiente. Los dos prisioneros políticos que aún permanecen en las cárceles de Estados Unidos, Oscar López Rivera y Avelino González Claudio, deben ser puestos de inmediato en libertad porque, si la defensa propia individual es legítima, mucho más lo es la de toda una nación, de todo un pueblo, y aún mucho más cuando el oprimido es un país pequeño y el opresor la mayor potencia militar del planeta.

Potosí: Mensaje a la soberbia e incapacidad de gestión del gobierno

21/08/2010 by maestro Deja un comentario

Se acuerdan de movilizar a sus pueblos sobre estas necesidades justas y sentidas, que ellos mismos no fueron capaces de solucionar, cuando han usufructuado del poder al frente de los gobiernos que utilizaron a su exclusivo servicio y olvidándose de los demás.

Potosí es la cuna del famoso Cerro Rico que en su saqueo despiadado durante la colonia sirvió para enriquecer las arcas de sus invasores y a la corona Española y Europa, dejando atrás solamente miseria y desolación, es un cerro que pese al saqueo colonial, aún durante la republica sirvió para sostener su gula de acumulación a la oligarquía minero feudal boliviana.

Hoy mismo la minería sigue aún siendo un sostén muy importante para la economía del país, pero lo fuera más sí el gobierno se atreviera a revisar los contratos leoninos, que aún persisten con las transnacionales explotadoras de nuestros recursos minerales, como San Cristóbal a cargo de la japonesa Sumimoto y San Bartolomé de la canadiense Coer D´alene, hasta lograr su reversión al Estado Plurinacional, como una excelente forma de ir solucionando los problemas que inquietan al hermano departamento de Potosí, medidas importante que no aparecen en los pedidos y planteamientos del Comité Cívico de Potosí.

Transitoriamente el conflicto se ha solucionado con la firma de un convenio entre partes. Los potosinos dicen que triunfaron por que se hicieron escuchar con el gobierno, aunque no lograron un pedido especial de que Evo vaya a Potosí durante el conflicto o que asista a las negociaciones que se iniciaron y culminaron en la ciudad de Sucre, esta exigencia y la negativa olió más a un capricho de ambas partes. El gobierno dice que solucionó todos los pedidos, ¿por cuanto tiempo?, aún no se sabe.

En este conflicto mezclado de intereses populares y políticos, el pueblo potosino hizo su parte. La derecha, con sus aliados y algunos tontos útiles que nunca faltan, demostró su capacidad para movilizar, tergiversando sentimientos con su aparato mediático, explotando las necesidades de los pueblos. Y aquí tallaron también los enemigos externos del proceso a través de USAID y algunas ONGs, que no necesitan asistir con pancartas alusivas a las movilizaciones o bloqueos, por que ellos están presentes con “quinta columnas” infiltrados en algunas organizaciones de bases.

Quien no hizo su parte en forma eficaz y oportuna en el conflicto, fueron las áreas respectivas es decir los Ministerios, a quienes les correspondía dar respuestas inmediatas a las diferentes temáticas planteadas por los Potosinos en el conflicto.

Pero toda esa dejadez gubernamental, nace del alto gobierno, que entre otras cosas como su falta de organización y delegación de funciones y la necesidad imperiosa de dedicarse a percibir el sentimiento del pueblo que lo apoya masivamente. En este momento en que las instituciones del estado están abocadas, a la gran tarea de implementar las Nueva Constitución del País y una serie de leyes que implican la necesidad de explicación de las mismas al país ,se presentan una serie de dificultades y planteamientos, propias de una etapa de transición a un nuevo Estado Plurinacional y autonómico. El compañero Presidente debe estar en el país y ocuparse de los problemas prioritarios de la Nación y no dedicarse frecuentemente a viajar al extranjero, que si bien hay algunos compromisos que son importantes, pero hay que considerar que para eso está el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que cumpla una serie de misiones donde no es imprescindible la asistencia del primer Mandatario.

El contacto del Líder del proceso con las bases es sumamente beneficioso al proceso, pero ese contacto no logra sus frutos, cuando el Compañero Presidente Evo asiste permanentemente a diferentes partes de la geografía nacional, a entregar pequeñas y medianas obras del gobierno, ya que el contacto consiste en escuchar a las autoridades de los lugares, con sus discursos de loas al c. Presidente y al proceso, y las bases sólo se quedan con el gusto de verlo al presidente y nada más.

Estas serie de obras en todo el país, bien las podría entregar alguna otra autoridad, con menos responsabilidad de estar analizando, estudiando los incontables problemas, y soluciones que implican estar al mando de la nación.

Lo óptimo seria que el c. Presidente Evo, en lo Internacional, asista a los eventos estrictamente necesarios a su presencia y en lo nacional, visitar todos los lugares del país, pero no sólo en actos televisados, sino a discutir, escuchar a sus partidarios y a sus votantes y así sentir el pulso no solamente de su entorno inmediato, que le dice lo que el quiere escuchar, sino de dar la oportunidad a todos los demás que expresen su verdadero sentir respecto a los momento políticos y a los destinos del proceso cambios.

El conflicto en Potosí, es una alerta temprana, para darse un baño de humildad y oír al pueblo. Mejor si está organizado y no en montoneras circunstanciales por prerrogativas de grupos o sectores, sino con conciencia política y de clase.

El imperio no duerme, permanentemente hace su trabajo azuzando a sus agentes criollos la burguesía nacional y la mejor manera de combatirlos, es profundizando este proceso de cambios, no con discursos sino en los hechos.

El Partido o movimiento en el gobierno, necesita un golpe urgente de timón, hay que reorganizar desde las bases y renovar direcciones acéfalas por que sus dirigentes han buscado pegas en el gobierno y los órganos partidarios de los Departamentos y Provincias, actúan con el “piloto automático” y eso es peligroso, y respecto a esto.¿DONDE ESTABA LA DIRIGENCIA MASISTA EN EL CONFLICTO EN POTOSI?, no para frenar el conflicto, sino para discutir y canalizar prontas soluciones y así evitar lo sucedido en Potosí,, dirigentes que brillaron por su ausencia por falta de capacidad organizativa y política.

La salud del proceso está depositada en una excelente gestión de gobierno, en la profundización de las medidas a favor de las mayorías nacionales y del país, en su camino de una verdadera liberación del imperio norteamericano y sus satélites europeos. Y eso exige gobernar con la gente que tenga conciencia política y revolucionaria y no con improvisados o reciclados de la derecha.

No acabó el tiempo de la confrontación, mientras haya burguesía apoyadas por intereses externos, y un gobierno que esté con las mayorías populares, habrá confrontación o mejor dicho seguirá habiendo la lucha de clases, esto no lo podemos ocultar. Potosí es una lección para saber escuchar de donde vienen los tiros.

José Justiniano Lijerón es ex Dirigente de la Central Obrera Boliviana

Panamá: Relación entre los medios de comunicación escritos y el poder económico

21/08/2010 by Vitalio Deja un comentario

La relación no es evidente a primera vista, pues los medios han desarrollado la habilidad de presentar sus noticias y opiniones editoriales como producto de un ente supuestamente abstracto, denominado “opinión pública”.

Mediante el desarrollo de ciertas técnicas, los medios presentan la apariencia de que la “opinión pública” es el sentir de la mayor parte, o de un gran sector de la ciudadanía del país. A este encubrimiento de los intereses de los dueños del diario, como si fueran los de la ciudadanía, sirven técnicas como: las encuestas (no siempre científicas), los artículos de opinión (convenientemente seleccionados y sesgados) y la redacción de noticias (en apariencia, “informativas” e “imparciales”).

Algunos medios van más allá y pretenden, como afirma el diario La Prensa, que “no tienen dueño”. Esta afirmación se basa en el sistema por acciones fraccionadas que impide que se acumulen en manos de un solo tenedor, e incluso se reparte una cantidad entre los propios empleados, para darles la ilusión de ser socios, borrando la relación patrón-trabajador.

Pero hay tres posibles caminos, complementarios entre sí, para conocer los dueños reales de los medios de comunicación y los vínculos con las opiniones prevalecientes en los mismos: los nombres y apellidos de los directivos, los bancos que los financian y los bufetes de abogados que hacen su representación legal. Ninguna de estas relaciones se establece por azar, sino que obedece a una lógica rigurosa de intereses capitalistas.

Por supuesto, lo anterior no contradice cierta libertad relativa de los directores o periodistas al abordar algunos temas. O, dicho de otro modo, no quiere decir que los dueños, los gerentes bancarios, los líderes de los holdings, dicten a los periodistas y directores cada línea de lo que deben decir.

Sin embargo, no cabe duda que ante los grandes temas nacionales se trazan líneas convenientes para los capitalistas que se mueven por detrás de los medios de comunicación. En el pasado reciente de Panamá hay claras evidencias de ello cuando todos los medios han cerrado fila en torno a temas trascendentes, sin que ninguno hiciera contrapunto, como cuando se debatió la ampliación del Canal de Panamá, o respecto a la candidatura de Ricardo Martinelli en las elecciones de 2009.

Los apellidos son importantes en un país como Panamá, pues históricamente los círculos del poder económico y político están fuertemente vinculados entre sí por relaciones consanguíneas, las cuales son notorias y públicas, cual dinastías europeas. Atendiendo a esa característica, a Panamá se la ha llamado “la república de los primos”, ya que, al menos desde 1903, año de su separación de Colombia, un pequeño núcleo de familias ha controlado todos los aspectos de la vida del país.

Los bancos que financian las operaciones de los medios son otro pilar del control económico y político. Es evidente que ningún banco financia una empresa en cuyos proyectos no crea y que, el financiamiento, la amortización de los préstamos, incluidos los intereses, les transforman en dueños indirectos de la misma, de la que obtienen plusvalía. En la sociedad globalizada del siglo XXI, el capitalismo sufre un alto grado de concentración por la vía del capital financiero y los holdings bancarios.

Aliados fundamentales del sistema financiero panameño son las grandes firmas de abogados, a través de las cuales se organiza el sistema de sociedades anónimas. Estas firmas muchas veces sirven para encubrir a los verdaderos accionistas de las empresas, de ahí el cuestionamiento de organismos internacionales hacia este sistema que ha sido catalogado de “paraíso fiscal”. De las grandes firmas suelen salir políticos y altos personeros de la administración del Estado.

Hemos concentrado nuestro estudio sobre las siguientes empresas poseedoras de medios escritos: la Corporación La Prensa, que edita los diarios La Prensa y Mi Diario; la Editora Panamá América, S.A. (EPASA), que publica El Panamá América,Crítica y Día a Día; y el Grupo WISA-CIMA que controla los diarios La Estrella y El Siglo.

Las empresas mencionadas constituyen el 99% de los medios impresos, ya que el resto de ellos son completamente marginales (tales como Panorama Católico y otros) y, además, no son diarios.

La publicación de medios impresos es un negocio rentable. Según Ibope Time Panamá, que lleva registros sobre gastos publicitarios, en este rubro se invirtieron 343 millones de dólares, durante el año 2005. El 16% de esa cifra fue a parar a los medios escritos. Pero de ese 16%, la mitad se quedó en el diario La Prensa, US $ 28,103,214.00. Otra cifra igual se repartió entre los periódicos restantes (Martes Financiero, 2 de mayo de 2006).

Este grado de concentración de la propiedad sobre los medios escritos puede hacerse extensivo al medio televisivo y radial, que no han sido incluidos en este análisis pero que, como se verá, tienen relaciones más o menos directas con los diarios.

La cobertura televisiva, en un 95%, está en manos de las siguientes empresas: Corporación MEDCOM (Telemetro Canal 13, RPCTV Canal 4 y ECO TV Canal 28, y Cable Onda, S. A), Televisora Nacional-TVN (Canal 2, TVMAX- Canal 9, Canal 7) y Riande Productions (Canal 21 y Canal 33). Todo lo demás es marginal en cobertura (canales de las iglesias Católica y Evangélica y del Estado). Otro tanto podría decirse de la radiodifusión, que tampoco hemos incluido en el análisis.

1. Corporación La Prensa

En nuestro análisis vamos a obviar a Mi Diario y nos concentramos en el medio más importante que es el propio diario La Prensa, ya que sacando a los periodistas se trata de los mismos dueños.

A. Junta Directiva

La Junta Directiva de este periódico está compuesta por las siguientes personas: Fernando Berguido, Presidente; César Tribaldos Giraldes, vicepresidente; Jorge Molina Mendoza, Secretario; Yauda Kuzniecky, subsecretario; Luis Navarro Linares, tesorero. Junto a ellos aparecen como vocales: Camilo Cardoze, Ricardo Arango J., Maria Mercedes De La Guardia de Corró, y Ramón Mon.

Radiografía de algunos miembros de la Junta Directiva de La Prensa:

Fernando Berguido, es abogado corporativo y socio de bufete Castro y Berguido, junto a Gabriel Castro. Este último ha sido varias veces ministro de Hacienda, ex miembro de la Comisión Bancaria Nacional, jefe del Consejo de Seguridad y posteriormente Contralor de la República durante el gobierno del ex presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), del Partido Revolucionario Democrático (PRD). La firma Castro y Berguido se dedica a la representación de intereses empresariales extranjeros y marítimos. Fernando Berguido es vicepresidente de la Fundación para la Libertad Ciudadana, de la que hablaremos más adelante.

César Tribaldos Giraldes, casado con Wynanda Eisenmann, lo que lo emparenta con I. Roberto Eisenmann, socio fundador de La Prensa. Ha sido varias veces presidente del poderoso Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y de la Cámara de Turismo de Panamá. Miembro de la junta directiva de ADR Technologies, de Inversiones Coronado (grupo Eisenmann), del Grupo Financiero Continental (familia Motta), Aseguradora ANCON, entre otras.

Camilo Cardoze, empresario perteneciente al grupo CARHEI Consultores, ha sido gerente de empresas extranjeras como Shell Oil y Xerox Corp. Y está relacionado con las empresas del Grupo Agroindustrial/Productos Avícolas Fidanque, dedicadas a la avicultura y de capital judío, y con las empresas Cardoze y Lindo, de Fernando Cardoze del Banco General.

Ricardo Arango J., está casado con María Arosemena Cardoze, lo que lo emparenta políticamente con el Grupo Cardoze y Camilo Cardoze. Es miembro de la directiva de la Bolsa de Valores de Panamá, descendiente de una larga dinastía empresarial y política que lo emparenta con José Agustín Arango, prócer de la separación de 1903, y su descendencia, que incluye figuras prominentes del empresariado y la política nacional, como Samuel Lewis Navarro, ex vicepresidente de Martín Torrijos (2004-2009), entre otros.

B. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana

Sobre la política editorial de La Prensa tiene una gran influencia la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, vinculada a Transparencia Internacional, cuya presidencia ocupa I. Roberto Eisenmann jr., reputado empresario vinculado al sector inmobiliario, que fuera fundador y director de este diario durante 15 años y ex director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Eisenmann es uno de los principales columnistas de este periódico y tiene una fuerte influencia sobre sus editoriales e incluso en el nombramiento de los corresponsales y periodistas, aunque aparece como retirado de su junta directiva.

Acompañan a Eisenmann en la directiva de esta fundación: el director de La Prensa, Fernando Berguido, como vicepresidente de la fundación; Lina Vega Abad, abogada, ex defensora del Tribunal Electoral de Panamá; Leonor Motta, abogada y parte del grupo económico más diversificado y poderoso de Panamá, de capital judío, la familia Motta (dueños de la aerolínea COPA y de uno los más importantes medios televisivos TVN) vinculados al centro del capital financiero nacional, y al Banco General, a través de Stanley Motta; Joseph Fidanque Jr., del Grupo Fidanque dedicado a la industria avícola, y ex directivo de la Cámara de Comercio; Gilberto Guardia, vinculado al ingenio CALESA y al grupo financiero Banque Nationale de Paris-Panamá (lo que lo relaciona a la familia Arias Espinosa y al presidente del Grupo Editorial EPASA, Francisco Arias V.), y primer administrador panameño de la Autoridad del Canal, entre otros cargos.

C. La firma de abogados que representa a La Prensa

La firma de abogados que representa a La Prensa es el poderoso bufete Galindo, Arias y López, del cual han salido prominentes políticos, ministros y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muchos consideran que es la firma de abogados más importante e influyente del país.

Destacan como socios principales de la firma: Jaime Arias Calderón, hermano del histórico presidente de la Democracia Cristiana panameña Ricardo Arias Calderón, y descendiente del “prócer” Ricardo Arias, al igual que su primo, y socio en la firma, Ricardo Alberto Arias Arias, quien fuera directivo de La Prensa durante un breve período en los años 90, ministro de Relaciones Exteriores del ex presidente Ernesto Pérez Balladares y embajador de Panamá en Naciones Unidas durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009). También son socios principales de la firma Carlos Lucas López, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, nombrado por el ex presidente Guillermo Endara, y el ya retirado Mario Galindo, político de larga trayectoria, fundador del partido MOLIRENA y ex asesor del gobierno presidido por Mireya Moscoso (1999-2004).

La página web de la firma Galindo, Arias y López reconoce que representa los intereses legales de al menos 17 empresas financieras, en la que destaca el Banco General, S.A.; las más importantes aseguradoras del país, como el Grupo ASSA y el Grupo Mundial; una multiplicidad de empresas comerciales e industriales (como Chiriquí Land. Co, subsidiaria de United Brands o Chiquita) y de la propia Corporación La Prensa, S.A..

La firma Galindo, Arias y López representa también a Televisora Nacional, S.A., uno de los principales grupos televisivos de Panamá, en cuya junta directiva aparecen, entre otros prominentes empresarios: Stanley Motta (Banco General y familiar directo de Leonor Motta de la Fundación para la Libertad Ciudadana) y Ricardo Martinelli (no está claro si se trata del Presidente de la República 2009-2014, R. Martinelli Berrocal, o de su hijo, R. Martinelli Linares). Los Martinelli a su vez pertenecen al grupo financiero de Global Bank Corporation.

D. El grupo financiero detrás de La Prensa

De manera que, en la Corporación La Prensa, S. A., todos los caminos conducen al principal grupo financiero de Panamá: el Banco General, S.A., en cuya junta directiva encontramos a Federico Humbert, padre del ex embajador de Panamá en Estados Unidos de América durante el gobierno de Martín Torrijos; Raúl Alemán Zubieta, hermano del administrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta, y dueños de la principal empresa constructora del país (CUSA); Ricardo A. Arias A., ya mencionado como socio principal de la firma Galindo, Arias y López; Fernado Cardoze, emparentado con el directivo de La Prensa Camilo Cardoze.

Respecto al control de los medios de comunicación nacionales, se destacan en la Junta Directiva del Banco General, dos personas que a su vez están relacionadas con otros medios muy importantes: Emanuel González Revilla, primo del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, cuya familia es accionista principal del consorcio televisivo MEDCOM (Canal 13, Canal 4, Canal 28, entre otros, y de la principal red de televisión por cable, Cable Onda, S. A.); y Stanley, Alberto y Felipe Motta, del Grupo Motta, dueños a su vez de la otra red de canales de televisión (TVN, canales 2, 9 y otros), en cuya directiva aparece Ricardo Martinelli, como ya hemos mencionado.

2. Editora Panamá América, S. A.

El grupo editorial expresado en Editora Panamá América, S.A. (EPASA), fue fundado a principios del siglo XX por el ex presidente Harmodio Arias Madrid (1932-1936), a su vez hermano del múltiples veces presidente, Arnulfo Arias Madrid, fundador del Partido Panameñista, esposo de la ex presidenta Mireya Moscoso (1999-2004).

EPASA, y todos los periódicos que ha editado a lo largo de la historia, se mantiene como un negocio familiar de los descendientes de Harmodio Arias M. Salvo un período de tiempo de 20 años durante los cuales fue nacionalizado por el régimen del General Omar Torrijos, y funcionó bajo el nombre de Editora Renovación, S.A. (ERSA).

Con posterioridad a 1990 fue restituido a la heredera de Harmodio, la Sra. Rosario Arias de Galindo, presidenta vitalicia del grupo. Hoy la administración de EPASA está en manos de los hijos de doña Rosario.

EPASA en la actualidad edita tres diarios de circulación nacional, cada uno destinado a públicos diferentes y en distinto formato: El Panamá América, Crítica y Día a Día. Concentramos en el análisis de los directivos de la propia corporación, pues son los dueños de los diarios y no en las directivas de los mismos, ya que en realidad constituyen un cuerpo de periodistas supeditados a la política que dicta la directiva de EPASA.

De la directiva de El Panamá América sólo vamos a señalar que su director es Guido Rodríguez, quien ha sido parte de la Comisión Política del Partido Popular, ex Democracia Cristiana, lo cual lo relaciona políticamente con el presidente de La Estrella, Ebrahim Asvat, y el ex socio fundador de La Prensa, y columnista de El Panamá América, Ricardo Arias Calderón.

A. Junta Directiva de EPASA

En la actualidad la Junta Directiva de EPASA está conformada por: Francisco Arias Vallarino, presidente; Carmen Galindo Arias, tesorera; y Rosario Galindo Arias, secretaria. Como vocales aparecen, además de los anteriores: Gabriel Galindo Arias, Francisco Arias Galindo y Francisco Sánchez Galindo.

Doña Rosario Arias de Galindo, presidenta vitalicia del grupo, recientemente retirada, como ya dijimos es hija del fundador del grupo editorial EPASA, Harmodio Arias M. Casada con Gabriel Galindo Vallarino, hermano de Inocencio Galindo Vallarino, cabeza de la industria papelera panameña, Cartones Corrugados, suplidora histórica de las cajas para embalar banano de United Fruit Co. en toda Centroamérica.

Harmodio Arias Cerjack, quien, aunque no aparece en la directiva, es un miembro destacado de este grupo empresarial, fue ministro de Relaciones Exteriores de la presidenta Mireya Moscoso, ex ministro de de Comercio e Industrias (1993-1994), durante el gobierno de Guillermo Endara. Es figura destacada del Partido Panameñista, fundado por Arnulfo Arias M. Harmodio Arias C., también ha sido negociador para entrada de Panamá en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en los años 90, y gerente de empresas como: Masterpack Trading Co., Corporación Industrial, S.A. y de P.H. Plaza Panamá.

Francisco Arias Vallarino, presidente de EPASA, es esposo de Carmen Galindo Arias, la tesorera. Hay que aclarar que los Arias de los que desciende Francisco Arias Vallarino, son diferentes y no están emparentados consanguíneamente con los Arias descendientes de Harmodio Arias M., pues estos últimos descienden de un costarricense emigrado a Penonomé durante el siglo XIX. Sin embargo, su apellido materno, Vallarino, lo emparenta con su propia esposa, ya que el padre de ella, Gabriel Galindo también tenía por apellido materno Vallarino.

En términos panameños, Francisco Arias Vallarino, tiene “sangre azul”, pues desciende de una dinastía política y empresarial que se remonta hasta Ricardo Arias, “prócer” de la separación de 1903.

Francisco es hijo de Manuel Arias Espinosa y nieto de Francisco “Pancho” Arias, quien fuera un prominente político y empresario de mediados del siglo XX, dueño del principal hato ganadero del país. Su tío, Ricardo Manuel Arias Espinosa, padre de Ricardo Alberto Arias Arias (mencionado anteriormente), fue Presidente de la República a fines de los años 50.

La ascendencia de Francisco Arias Vallarino le establece vínculos consanguíneos con Ricardo A. Arias A., del cual es primo, ya mencionado en las directivas de La Prensa, Banco General y la firma Galindo, Arias y López. Además con Ricardo Arias Calderón, ex presidente de la Democracia Cristiana y también fundador del diario La Prensa, y el hermano de éste, Jaime Arias Calderón, de la directiva del Banco General y de Galindo, Arias y López.

Respecto al grupo familiar del que desciende Francisco Arias V., el sociólogo Marco Gandásegui señala: “La familia Arias, tal como la familia Espinosa, se radicaron en el istmo en el periodo colonial. Sus fortunas las adquirieron temprano en base al capital comercial móvil, junto con bienes raíces urbanos.”

El papel de estas dos familias en los albores del siglo fue decisivo en el destino de la República. Teniendo en cuenta que el poder económico y político provincial estaba en sus manos, junto con otras familias “blancas capitalinas” decidió la separación definitiva de Colombia.

En 1909 Manuel Espinosa es miembro fundador de la actual Cervecería Nacional. En 1910 es el primer presidente de la Cía. Internacional de Seguros, S.A. Sus herederos ingresaron a la política” (Gandásegui, 1993). Gandásegui lista las empresas en las que tiene intereses Ricardo Arias Espinosa, tío de Francisco Arias Vallarino (presidente de EPASA): Cervecería Nacional, Hoteles Interamericanos, Distribuidora Comercial, Financiera, S.A., Unicar, COPA. Además relaciona a la familia Arias Espinosa con otras: Quelquejeu, Heurtemate, García de Paredes, Galindo, Marciaq, Icaza, González-Ruíz y Alemán.

Por otra parte, los autores William Hughes e Iván Quintero señalan a este grupo familiar y económico como cofundadores del Banco Fiduciario, transformado en 1986 a Banque Nationale de Paris – Panamá, S.A. Al respecto dicen: “Este es un banco que, sin lugar a dudas nace expresando principalmente, los intereses de importantes empresas: la Cervecería Nacional, S. A., (… como la familia Arias Espinosa, que también tiene intereses económicos en Heurtemate y Arias, S. A.); y la empresa Cemento Panamá, S.A.” (Hughes y Quintero, 2000).

El propio diario La Prensa, en un artículo de 2004, titulado “Torrijos, un hombre con medios”, establece la relación familiar entre directivos de los medios de comunicación y la política nacional, en este caso a favor del entonces presidente elegido Martín Torrijos. En ese interesante artículo leemos: “En el diario La Prensa también labora Rafael Carles, en el cargo de subdirector, quien a su vez, está casado con la hermana del recién designado ministro de Comercio e Industrisas, Alejandro Ferrer López, yerno de Francisco Arias Vallarino, presidente de Editora Panamá América (EPASA), que edita los diarios Crítica Libre, Día a Día y El Panamá América“. (La Prensa, 21 de junio de 2004).

B. La firma de abogados de EPASA

La firma que representa legalmente los intereses del Grupo Editorial El Panamá América, S. A. (EPASA) es Arias, Fábrega y Fábrega. Esta firma trabaja áreas como banca y finanzas, sector marítimo, derecho corporativo, joint-ventures, servicios offshore, etc. En ella aparecen como socios los abogados: Estif Aparicio, Ricardo M. Arango, Julián Canavaggio, Rodrigo Cardoze y Roy Durling.

Ricardo M. Arango, aparece como representante de los más importantes proyectos viales desarrollados durante la administración del ex presidente Martín Torrijos: la Cinta Costera y la autopista Madden-Colón, lo que lo hace representante legal de la transnacional brasileña Odebrecht y la panameña CUSA. También representa los intereses del consorcio Trump, la Panama Railway Co., el Banco Latinoamericano de Exportaciones y el China Development Bank

Rodrigo Cardoze es director alterno de la Central Latinoamericana de Valores y del Panama Stock Exchange y ha sido director del Fondo General de Inversiones y del Panama Fixed Income Found.

Estif Aparicio es representante legal de AES Panamá S. A.. la Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, y fue negociador de tratados comerciales internacionales de la Cancillería panameña durante el gobierno del ex presidente Martín Torrijos.

C. El capital financiero detrás de EPASA

El banco a través del cual se realizan todas las operaciones de la Corporación EPASA es nuevamente el Banco General, el mismo del diario La Prensa, y cuyas relaciones ya describimos, por lo cual no necesita repetirse aquí. Sólo cabe añadir que los propios intereses familiares de Francisco Arias Vallarino lo ligan al Banco General históricamente.

3. GRUPO CIMA Panamá, S. A.

El Grupo CIMA Panamá, S. A. es un holding que agrupa un sinnúmero de empresas, entre ellas el destacado Grupo WISA, dedicado al comercio, y que es propietario de los diarios La Estrella (antes La Estrella de Panamá) o Star and Herald, el grupo editorial más antiguo, ya que data de mediados del siglo XIX) y el tabloide El Siglo.

La editora Star and Herald, que publicó La Estrella de Panamá, empezó como un periódico en inglés para los viajeros estadounidenses que atravesaban el Istmo de Panamá, durante la fiebre del oro de California, hacia la década del 50 del siglo XIX. La empresa pasó a manos de un emigrante cubano americano a finales de ese siglo, Juan Gabriel Duque, otro de los llamados “próceres” de 1903, y cabeza de otro clan familiar de poder económico y político en Panamá.

Durante el gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004), Tomás Altamirano Duque, cabeza actual del clan, luego de grandes dificultades económicas en el período post invasión estadounidense de 1989, traspasó el periódico al empresario azuerense, Augusto Onássis García, allegado a la presidenta Moscoso.

En 2006, Augusto Onassis García vendió La Estrella de Panamá y todas sus instalaciones al Grupo CIMA, por unos cuatro millones de dólares. CIMA ya había adquirido en 2001 el diario El Siglo.

La adquisición de El Siglo por este grupo estuvo precedida por una demanda millonaria por calumnia que presentara el ex presidente Ernesto Pérez Balladares contra el diario. De manera que algunos sectores sugirieron en ese entonces que uno de los accionistas detrás de la compra de CIMA era el propio ex presidente, algo difícil de demostrar.

A. Los dueños y directivos de CIMA Panamá, S.A.

Aparentemente la compra de estos diarios hacen parte de una política de diversificación y expansión del Grupo CIMA.

Los dueños principales y cabezas visibles del Grupo CIMA, son los hermanos Wacked, de origen libanés. La cabeza de este grupo empresarial es Abdul Wacked, que preside su propia rama de negocios comerciales, llamada Wacked Internacional, S. A. (WISA).

Según explica Abdul Wacked, en una entrevista (U.S. News & World Report, 17 de octubre de 2005), el principal motor de WISA es una cadena de almacenes bajo el sistema de duty free que funcionan en aeropuertos de toda Centroamérica y El Caribe, y parte de Sudamérica. Su base de reexportación es la Zona Libre de Colón, donde compiten con las empresas del grupo Motta, según él mismo señala.

La especialidad de Wisa es la perfumería, los cosméticos y los licores. Son dueños de la industria licorera de Costa Rica, produciendo la conocida marca Ron Centenario. Distribuyen marcas como Estée Lauder, Calvin Klein, Elizabeth Arden, Carolina Herrera, Polo y Ralph Lauren, entre otras.

Aliado a sus otras empresas y a las de sus hermanos, que tienen intereses inmobiliarios en Panamá y Colón, WISA forma parte del llamado Grupo CIMA Panamá, S.A.

De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, aparecen en su junta directiva: Mohamed Abdo Waked D., presidente; Lucía Touzard, tesorera y Ebrahim Advat, secretario. Suponemos que este Ebrahim Advat es en realidad Ebrahim Asvat, director-presidente de La Estrella y socio principal de la firma de abogados que representa al grupo. Puede tratarse de un error de redacción del apellido, porque aquí aparece también Waked en vez de Wacked que aparece en algunos medios.

Junto a Ebrahim Asvat, en la directiva de La Estrella, hay que destacar la figura de Juan Luis Correa, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, ya que durante más de una década esta persona ocupó un papel similar en el diario La Prensa. El resto de los directivos de La Estrella son periodistas de carrera y no empresarios.

B. La firma de abogados de CIMA Panamá, S.A.

La firma de abogados que representa los intereses legales del Grupo Cima Panamá S.A. es Patton, Moreno y Asvat.
Los dos socios fundadores de la firma que se mantienen activos son Bratt Patton, con residencia en Londres, y Ebrahim Asvat, contraparte panameña.

Según declara el propio Asvat: “Tenemos una firma prominentemente corporativa y marítima. Nos dedicamos a negocios internacionales, fusiones y adquisiciones, inversión extranjera y también en el área marítima todo lo que tiene que ver con los registros de barcos y el financiamiento de buques, que son básicamente las áreas de mayor especialización”. Posteriormente agrega el negocio inmobiliario internacional (U.S. News and World Report).

Ebrahim Asvat, además de abogado corporativo, y representante legal del Grupo CIMA Panamá, S. A., aparece como Presidente de La Estrella y El Siglo, es uno de los principales columnistas de ambos diarios, y un político destacado del Partido Popular, antes Democracia Cristiana. Por un breve periodo de tiempo fungió como asesor del ex presidente Martín Torrijos.

Asvat tiene una trayectoria como periodista/comentarista en diversos medios de comunicación, incluso en un programa televisivo, Debate Abierto, de RPC-Canal 4 (Grupo Medcom), junto a Milton Henríquez, también miembro del Partido Popular. La relación de Asvat con los Waked y, paralelamente con Henríquez, muestra la compenetración de intereses entre capitalistas musulmanes y judíos en Panamá.

El banco con el que trabajan La Estrella y el Grupo CIMA

Si bien La Estrella funciona con bancos como HSBC y Banco Nacional, el capital fundamental para la adquisición de la rotativa provino de MULTIBANK INC. La cabeza visible de este banco es Alberto Salomón Btesh, relacionado con diversas empresas comerciales en Panamá.

A su vez, la firma de abogados que representa a MULTIBANK es Arias, Alemán y Mora, otro destacado bufete corporativo cuyos dos socios principales, José Raúl Arias y Alvaro Alfredo Arias, nos conducen a la dinastía Arias-Espinosa nuevamente. Es decir, en una relación de consanguinidad estrecha con Francisco Arias Vallarino, presidente de EPASA, y Ricardo Alberto Arias, a quien ya hemos relacionado con la corporación La Prensa.

Otro integrante notable de este bufete es José Miguel Alemán, ex canciller de Mireya Moscoso y candidato presidencial del Partido Panameñista en las elecciones de 2004, cuyo padre, fue directivo de Banistmo, vendido en 2007 a HSBC, y socio de Samuel Lewis Galindo, importante empresario y político panameños, tío de Samuel Lewis Navarro, vicepresidente de Martín Torrijos, y suegro de Alberto Vallarino, varias veces candidato presidencial y actual ministro de Economía del presidente Ricardo Martinelli.

Conclusión

Es evidente que existen relaciones de consanguinidad y afinidad, además de intereses económicos comunes, expresados en las directivas de bancos y holdings, entre las personas que toman las decisiones en las tres empresas que controlan la casi totalidad de la prensa escrita panameña.

Esta situación es preocupante y menoscaba al régimen democrático panameño. Cuando los hilos que dirigen los medios de comunicación van a dar a pocas manos queda claramente comprometida la libertad de expresión y el acceso a la información del público, así como el derecho a expresarse de los ciudadanos.

Sería deseable el surgimiento de medios de comunicación independientes, o que expresen sectores sociales y políticos distintos a los ya mencionados. Sin embargo, en un sistema capitalista globalizado, la concentración y centralización del capital, hace muy difícil la subsistencia de pequeñas y medianas empresas, o de empresas nuevas, que compitan por un mercado, en especial si éste es tan complejo como el de las comunicaciones.

La apertura comercial y la llamada globalización sólo están abriendo la competencia en todos los ámbitos, incluido el de las comunicaciones, a proyectos extranjeros respaldados por capitales muchos más poderosos que los aquí mencionados. Los cuales incluso podrían absorber a éstos, como ya pasa en la radiodifusión. Pero el espacio sigue cerrándose para otros sectores nacionales que carecen del poder económico.

En este sentido, sin un Estado que intervenga, reglamente y propicie nuevas opciones informativas y comunicativas, no será fácil que de manera natural puedan aparecer, consolidarse y perdurar medios de comunicación alternativos.

Bibliografía:

Gandásegui, Marco A. La concentración del poder económico en Panamá. En: Las clases sociales en Panamá. Centro de Estudios Latinoamericanos, “Justo Arosemena”, CELA. Panamá, 1993. .
Hughes. William y Quintero, Iván. ¿Quiénes son los dueños de Panamá? (Versión corregida y ampliada). Taller Senda. Panamá, 2000.

3. La Prensa. Torrijos un hombre con medios. Panamá, 21 de junio de 2004.

Arias Calderón, Ricardo. Doña Rosario y El Panamá América. El Panamá América, Panamá. Lunes, 13 de mayo de 2002.

5. U.S. News and World Report. Entrevista a Abdul Wacked, Presidente (Grupo WISA). Panamá, 27 de octubre de 2005.

Arcia, José. El Siglo adquiere control accionario de La Estrella de Panamá. Martes Financiero (Suplemento) de La Prensa. Panamá, 2 de mayo de 2006.

7. U.S. News and World Report. Entrevista a Ebrahim Asvat. Panamá, 2006.

Fuente: http://www.argenpress.info/2010/08 /relacion-entre-los-medios-de.html

Complicaciones de la reforma a la ley de hidrocarburos: una lectura urgente

27/07/2010 by maestro Deja un comentario

Para empezar, dejando lo de fondo para las líneas siguientes, la urgencia planteada no puede ser sinónimo de un atropello irresponsable. Hoy más que nunca hay que actuar con tranquilidad para evitar que la premura conduzca a cometer errores que pueden resultar muy costosos para el país. Por lo tanto, frente a la importancia del tema propuesto y del reto que su resolución implica, sería de conveniencia nacional que las y los asambleístas devuelvan el proyecto de reformas para tratarlo con más calma.

Si en la Asamblea Nacional, por la razón que fuere no prospera dicha devolución, sería un gesto de madurez política si el propio gobierno del presidente Rafael Correa retira su proyecto para impedir que éste entre en vigencia por el simple ministerio de la ley; eso sería muy grave por muchas razones, pero sobre todo porque se estaría demostrando un manejo alegre e irresponsable de una cuestión de tanta importancia.

Lo que se requiere ahora es un compromiso serio de parte de la Asamblea Nacional, del gobierno y del conjunto de la sociedad para debatir este tema con la debida responsabilidad. El tema nos interesa a todos y todas. No es un asunto sólo de especialistas, menos aún exclusivamente de representantes de intereses petroleros particulares.

1. El nuevo marco constitucional, aprobado mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre del año 2008, exige cambios sustanciales al marco jurídico hidrocarburífero vigente.

En la Constitución de Montecristi se redefinió el papel del Estado en la explotación de los recursos naturales no renovables, sobre todo en los artículos 313 a 318, en los que se abordan los sectores estratégicos, servicios y empresas públicas. Allí se sentaron las bases para cerrar el oprobioso pasado neoliberal, cuando se pretendía debilitar el Estado para privatizarlo y subordinarlo a los intereses transnacionales. La meta del nuevo marco constitucional exige fortalecer al Estado y sus empresas, estableciendo aquellas excepciones que sean necesarias para contar con el apoyo complementario de inversiones privadas extranjeras o nacionales.

La Constitución de Montecristi establece un rico régimen interpretativo que fuerza a un cambio radical del modelo desarrollista y extractivista imperante, al tiempo que compromete la creación de una legislación acorde con el mandato de una vida en armonía con la Naturaleza, con la Pacha Mama. Este elemento fundamental, que identifica a nuestra Constitución, debe cristalizarse en la puesta en práctica de los Derechos de la Naturaleza y el reconocimiento efectivo de los Derechos Humanos, incluyendo los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este sentido, se requiere reales procesos de consulta al momento de decidir sobre nuevas áreas, más responsabilidad ambiental al momento de la operación y acciones de reparación al momento del abandono.

En el proyecto presentado por el ejecutivo a la asamblea Nacional esto no se cumple a cabalidad. Por el contrario, se limitan a retomar reencauchándolas viejas modalidades de contratos, la excepción se convierte en regla general, hay un incómodo silencio en lo que se refiere a la justicia ambiental y justicia ecológica, se abre la puerta a la entrega de campos petroleros en explotación e incluso de la infraestructura petrolera. No se marcan las rutas de un cambio de política de fondo, ni se establece el marco jurídico renovador y revolucionario necesario.

2. Otro punto fundamental es el relativo a la cambiante realidad petrolera ecuatoriana. Las reservas petroleras del Ecuador han alcanzado la cúpula de la campana, es decir, hemos explotado la mitad o quizás más de las reservas existentes en el país. Cada vez serán menos las reservas disponibles. Las reservas probadas remanentes en la actualidad deben llegar a algo más de 4 mil quinientos millones de barriles. Con la tasa de explotación actual, de 470 mil barriles diarios, tenemos un horizonte petrolero de unos 26 años. Si consideramos que la Iniciativa Yasuní-ITT implica dejar unos 900 millones de barriles de crudo en el subsuelo, el horizonte de extracción de crudo es mucho menor; esta Iniciativa reduciría dicho horizonte a unos 21 años.

El actual horizonte de reservas en manos de las empresas extrajeras es mucho menor. Con una tasa promedio de extracción de 87 millones de barriles al año, dicho horizonte no llegaría a 5 años.

Un dato que tiene que quedar absolutamente claro, es que en aproximadamente 15 de años, si no antes, el Ecuador podría dejar de ser un país exportador de hidrocarburos, pues el crecimiento de la demanda de los derivados de petróleo crece de manera sostenida; así, para mencionar los dos últimos años, esta demanda creció en el 8,1% en el 2008 y en 11,7% en el 2009. Dicho esto, la construcción oportuna de una economía post-petrolera, incluso post-extractivista es una imperiosa necesidad.

Además, no nos olvidemos de una de las mayores aberraciones existentes en el país: Ecuador extrae petróleo, Ecuador exporta petróleo, pero Ecuador importa derivados del petróleo porque no tiene la suficiente capacidad de refinación. Y esos costosos derivados del petróleo, como el diesel, los quema para generar electricidad en plantas térmicas contaminantes. No aprovechamos energías alternativas y renovables, como la hidráulica, la solar, la eólica, la geotermia, recuérdese que nosotros literalmente dormimos sobre volcanes activos. Esa es una gran tarea, transformar la matriz energética reduciendo la dependencia del petróleo y sus derivados.

Por lo tanto las reformas deben dar cuenta de esta realidad. Ya no se requiere un marco jurídico como el de épocas anteriores, cuando se forzaba la exploración y la explotación de crudo de manera irresponsable. No se trata simplemente de elaborar reglas claras para asegurar la confianza y la estabilidad a las empresas privadas, teniendo en la mira crecientes tasas de extracción de crudo. Necesitamos una estrategia diferente. Si antes no se aprovechó el crudo explotado de manera responsable, hoy sería imperdonable seguir con la misma lógica dilapidadora de las reservas petroleras y de los ingresos que generan las exportaciones de los hidrocarburos, así como depredadora de la Naturaleza y de las mismas comunidades en donde se desarrollan estas actividades.

De todo lo anterior, se desprende que hay que hacer un esfuerzo enorme y sostenido para maximizar los efectos positivos que se puedan obtener de la extracción petrolera, sin perder de vista que el petróleo se acaba y que el desarrollo no se consigue simplemente en base a la extracción de los recursos naturales, muchos menos el Buen Vivir o Sumak Kawsay. Es preciso generar riqueza, no podemos vivir de la renta de los recursos naturales, sino del esfuerzo de los seres humanos.

En este punto cobran renovado vigor las propuestas en el ámbito petrolero del Plan de Gobierno que presentó el Movimiento País 2007-2011, elaborado en el año 2006, durante la campaña electoral para llevar a la Presidencia de la República a Rafael Correa:

“La tarea (…) no es simplemente ampliar la producción de petróleo, sino optimizar su extracción sin ocasionar más destrozos ambientales y sociales (…) Nuestro gobierno no será un socio de las empresas transnacionales en contra del pueblo ecuatoriano, como ha sucedido una y otra vez en la actividad petrolera. Hay que procurar obtener el mayor beneficio posible para el país en cada barril extraído, refinado, transportado y comercializado, antes que maximizar el volumen de extracción, pero hay que hacerlo respetando a la naturaleza y a las comunidades. (…)”

3. En el contexto de la reflexión anterior resulta inconveniente haber ampliado o ampliar los plazos de los actuales contratos con empresas extranjeras, teniendo simplemente como parámetros referenciales los existentes anteriormente.

Hay varios contratos con compañías privadas, que vencen entre el 2010 y el 2014. Esto obliga a actuar con redoblada cautela por parte del gobierno. Es más, la Asamblea Nacional debería conocer los términos de las recientes negociaciones, que incorporaron un contrato transitorio de un año hasta que concluyan las renegociaciones definitivas. No resulta acertado terminar o modificar los contratos sin antes evaluar los impactos, pues esto beneficiaría exclusivamente a las empresas privadas en detrimento del patrimonio nacional y de la calidad de vida de las poblaciones locales.

En este punto emerge, entonces, la urgencia de realizar auditorías operativas, legales, económicas, sociales y ambientales de todos los contratos vigentes, sobre todo de aquellos a punto de finiquitar. Sin dichas auditorías no se podría dar paso a ninguna renegociación. A cuenta de atraer inversiones no se puede borrar los posibles atropellos cometidos en varios ámbitos por las empresas que aún están en el país. Recordemos que podría haber resultado inconveniente para los intereses nacionales haber permitido la finalización atropellada del contrato con Perenco, cuyo contrato concluía en 10 meses, sin antes haber realizado dicha auditoría. Incluso el caso del Campo Palo Azul, que significó un beneficio ilegal para Petrobras, debería ser motivo de análisis en la Asamblea Nacional, sin que esto afecte para nada el proceso judicial en marcha.

Adicionalmente, la sociedad espera que se haga una auditoria integral de todos los contratos petroleros de por lo menos los últimos 20 años; es decir todos los contratos suscritos después de la salida de la Texaco, incluyendo todas las operaciones petroleras realizadas al menos hasta el año 2010, incluyendo obra como la construcción de la Refinería del Pacífico. El gobierno del presidente Rafael Correa, que tuvo la capacidad histórica y la voluntad política para impulsar una auditoría integral del crédito público e inclusive de las graves violaciones a los derechos humanos, debe demostrar ahora que puede hacer algo similar en este ámbito. Una comisión creada para tal efecto, con representantes de fuerzas diversas de la sociedad, no contaminadas con las negociaciones petroleras, debería asumir esta histórica tarea. El país requiere una “comisión de la verdad” de las políticas petroleras y sus consecuencias.

4. Las empresas que deseen participar en la nueva fase hidrocarburífera no simplemente deben cumplir con las normas anteriores. Ni siquiera es suficiente una simple mejoría de dichas normas. Se requiere otro tipo de contrato que entregue el máximo beneficioso posible al país.

El beneficio a obtener no se medirá solo por el monto de los potenciales ingresos a obtener, sino por la disponibilidad de crudo para que Ecuador satisfaga su demanda interna de derivados, ampliando su capacidad de refinación y propiciando un uso eficiente del petróleo y sus derivados. Esta es una de las principales exigencias para transformar la actual matriz energética, construyendo otra matriz energética fundamentada en fuentes renovables y sustentables de energía, así como en un consumo eficiente.

En este punto la ley debe prever otros cambios que asoman como indispensables. Por ejemplo, hay que apurar las tareas de rehabilitación y repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas. Además, cabría crear las condiciones legales adecuadas para que la construcción de la Refinería del Pacífico atienda las demandas nacionales en este proceso de transición energética, sin poner en riesgo la Naturaleza ni la vida de las comunidades locales, y sin que su construcción pueda constituir una violación de la soberanía nacional. La Asamblea Nacional debería hacer un seguimiento de estos proyectos de trascendencia indiscutible, como lo es también el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair; tarea en la que también deberían involucrarse sendas veedurías ciudadanas.

5. De lo expuesto se deriva un imperativo. Para finiquitar los actuales contratos o suscribir nuevos hay que considerar lo que implica la reparación de las áreas intervenidas. De ninguna manera se puede permitir que los operadores no asuman los costos de esta reparación, como manda la Constitución de Montecristi en muchos de sus artículos. La nueva ley de hidrocarburos debe priorizar, por tanto, los procesos de abandono, reparación integral y sanción a los responsables de los perjuicios al Estado. Estos elementos no aparecen en el proyecto de reformas a la ley, motivo de estas reflexiones.

Lo anterior implica la existencia de sistemas de monitoreo, vigilancia y control ambiental, así como condiciones para el abandono responsable de las áreas intervenidas. Igualmente son imprescindibles procedimientos de consulta e interlocución con las comunidades y con los trabajadores, bajo el principio del respeto irrestricto de sus derechos. Es fundamental también el respeto a los pueblos indígenas, que poseen derechos colectivos sobre sus territorios y el reconocimiento de inclusión en un Estado Plurinacional.

Por igual habría que analizar cómo se procesan restricciones totales o parciales, permanentes o temporales al intervenir en zonas vulnerables ambiental, social o culturalmente, con visión de largo plazo. Hay que abandonar la desgastada y equivocada premisa de que si no explotan los recursos naturales no renovables, los sacrificios los paga la gente empobrecida.

En este contexto hay que ubicar a la Iniciativa Yasuní-ITT. Esta Iniciativa abre la puerta, si hay coherencia, a la construcción de una economía post-petrolera y post-extractivista. Sin embargo, esta Iniciativa no puede servir de pretexto para que el gobierno del presidente Rafael Correa se vanaglorie y diga que ya ha hecho mucho por la Naturaleza y la vida de los pueblos no contactados, mientras, simultáneamente, amplia la frontera petrolera en el resto de la Amazonía o alienta la minería metálica a gran escala a cielo abierto.

Entonces, las reformas a la ley de hidrocarburos también deberían incorporar este tipo de reflexiones. Inclusive se podría analizar cómo desde la ley se fortalece la Iniciativa Yasuní-ITT, que abre un espacio todavía poco explorado en el campo jurídico.

6. En el ámbito netamente contractual hay que estudiar con calma la propuesta oficial. Migrar de los contratos de participación a los de prestación de servicios exige una gran reflexión. Recuérdese que hace no muchos años se realizó la transición inversa. En cada uno de estos cambios, dadas las diversas coyunturas y las condiciones particulares de los yacimientos, reservas, tasa de extracción, inversiones y amortización, puede haber y de hecho han existido grandes perjuicios para el Estado.

En el proyecto de reformas en cuestión surge un tema preocupante en extremo. Se abriría la puerta para entregar campos petroleros en explotación a empresas extranjeras. Al crear los contratos de para la exploración y/o explotación de petróleo (artículo 16 del proyecto de reformas) se dejaría abierta la puerta para “una traición a la patria y una estupidez económica”, como denunciaba Rafael Correa antes de ser presidente de la República, cuando durante el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez se pretendía entregar los campos maduras -Shushufindi, Lago Agrio, Sacha, Auca- a empresas extranjeras; lamentablemente el presidente Correa permitió poco después la entrega del campo Sacha a la empresa estatal de Venezuela.

Hay muchos elementos que se deberían considerar al momento de debatir una nueva ley de hidrocarburos que quiere cambiar la normativa contractual. Eso no se puede hacer con seriedad en un plazo perentorio de 30 días. Los diferentes tipos de contrato, identificando los beneficios para el Estado, deben procurar minimizar los perjuicios potenciales a partir de la rica experiencia acumulada. Para lograrlo habría que realizar un estudio detenido y para nada atropellado.

Al culminar mi gestión como ministro de Energía y Minas, en junio del 2007, entregué al presidente Rafael Correa una propuesta que podría haber servido al menos de referencia para estudiar un cambio de los contratos, tal como se planteó desde el inicio de su gestión gubernamental. En dicha propuesta se planteaba considerar particularmente las reservas existentes, el precio y la calidad del crudo, así como el tiempo de duración de los contratos. Esta propuesta fue elaborada por un grupo de técnicos del Ministerio de Energía y Minas, así como de funcionarios de Petroecuador, encabezados por el ingeniero Julio Cárdenas. Así mismo hay otros estudios importantes que deberíamos leer con inteligencia y humildad, pensando exclusivamente en el interés público.

7. Como ordena la Constitución en su artículo 423, “la integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado” y como tal se debe “impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria”. Este mandato constitucional, que incorpora también la cuestión energética, tiene que reflejarse en un nuevo marco jurídico para alentar dicha integración en este campo, no solo en el petrolero.

Por lo tanto, hay que establecer un eje referencial claro que permita cristalizar ese tipo de relaciones con empresas petroleras estatales de la región. Más allá de la lectura simplona o mal intencionada de quienes pretenden ver solo problemas en los acercamientos con los países vecinos, esta tarea implica la construcción de un modelo sólido de alianzas estratégicas con empresas estatales de dichos países. Esto incluso debería ampliarse a otras empresas estatales provenientes de otras regiones.

Sin embargo, reconociendo como necesaria esta integración energética y el trabajo mancomunado entre empresas estatales para enfrentar el poder de las transnacionales y sus tinterillos, no parece lo más adecuado un esquema que posibilite contrataciones a dedo: en el artículo 19 del proyecto de reformas se introduce la posibilidad para que los nuevos contratos, así como los de obras, bienes y servicios, sean “adjudicados directamente” a las mencionadas empresas estatales o aún mixtas.

La integración requiere de bases sólidas. Eso se consigue con reglas claras, que podrían desarrollar adecuados esquemas de licitación pública para este tipo de empresas.

8. Otro punto fundamental a ser considerado es el relativo a los esquemas de comercialización del crudo y los derivados, así como a la construcción, mantenimiento y administración de la infraestructura petrolera. El elemento fundacional en este campo radica en la construcción de la soberanía energética, tal como se dispone en la Constitución en su artículo 334.

En el proyecto de reformas del ejecutivo se abren algunas posibilidades que podrían resultar poco convenientes, en la medida que se podría generalizar la venta de crudo a las empresas que realizan las tareas de exploración y explotación. No nos olvidemos que el objetivo de la ley, sobre todo en esta nueva fase hidrocarburífera, debe ser el suministro del mercado interno. El petróleo, en suma, debe servir de base para construir la nueva matriz energética, no simplemente para asegurar ingresos fiscales.

9. El proyecto de ley por lo demás peca de inconstitucional al abordar varias materias simultáneamente: la hidrocarburífera y la tributaría, al menos. Esto atenta contra el artículo 136 de la Constitución, que es claro al respecto: “si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará”. Esta es otra razón de peso para devolver la ley al ejecutivo.

Inclusive, por la premura en presentar el proyecto de reformas, se han deslizado algunas contradicciones o imprecisiones. En el artículo 2 del proyecto de ley se mantienen los dos tipos de contrato de prestación de servicios y de participación; cuando en el artículo 16 se dispone la migración de los contratos de participación hacia los contratos de prestación de servicios para la exploración y/o explotación. Esto contradice incluso lo establecido en la primera transitoria del proyecto de reformas, que da un plazo de 120 días para realizar la mencionada transición contractual.

Otro punto que ameritaría una discusión detenida es el que introduce cambios en la institucionalidad del sector petrolero. Es conveniente fortalecer a la actual Dirección Nacional de Hidrocarburos. Su cambio de nombre no es trascendental. Lo que cuenta es cómo se institucionaliza legalmente la nueva Agencia de Control y Regulación, que no debería depender del Ministerio de Recursos Naturales. La Constitución en su artículo 213 dispone la creación de superintendencias como entes independientes del gobierno para este tipo de tareas.

Crear una Secretaría de Hidrocarburos para el manejo de los contratos petroleros no parecería una medida desacertada, si es que se quiere tener una instancia estatal independiente del Ministerio del ramo para que asuma esta tarea. Lamentablemente en el proyecto de reformas a la ley de hidrocarburos esta Secretaria depende del Ministerio de Recursos Natrales. No hay duda que no es conveniente que se siga manteniendo esta relación dependiente que a la postre generará nuevas controversias en las relaciones contractuales. Por lo demás, esta Secretaría bien podría ser creada por decreto ejecutivo. Sin embargo, debo dejar sentada una preocupación: ¿Es constitucional transferir las gestiones de los hidrocarburos que corresponden a la empresa pública a una Secretaría de Hidrocarburos, adscrita al Ministerio del ramo?

Otro punto preocupante: la rebaja del 44,4% del impuesto a la renta aplicado a los contratos de prestación de servicios, al 25% señalado en el artículo 37 del la Ley de Régimen Tributario Interno. No nos olvidemos que hoy la compañía AGIP paga como impuesto el 44%. Además, la Constitución en su artículo 408 señala que el Estado “participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recurso en un monto que no sea inferior a los de las empresa que los explota”.

Adicionalmente esta rebaja, a mas de ser inconstitucional por la razón expuesta, al ser la Ley de Hidrocarburos una ley ordinaria, atentaría contra el artículo 133 de la Constitución, que señala que una ley ordinaria no podrá modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica como lo es la de índole tributario.

Incluso la rebaja de la participación de los trabajadores del 15% al 3% de las utilidades de las empresas petroleras, como se establece en el artículo 16 del mencionado proyecto de reformas, podría configurar otra inconstitucionalidad, independientemente del fin al que se destinen dichos recursos.

Como se puede apreciar, sin que en estas líneas se hay hecho un análisis exhaustivo del proyecto de reformas a la ley de hidrocarburos, son muchos los puntos en donde habría abiertas discrepancias con la Constitución de Montecristi.

En caso de que el ejecutivo insista en mantener el proyecto y la Asamblea no logre devolverlo, las reformas entrarían en vigencia por el ministerio de la ley. Sin embargo, aún así quedaría abierta la posibilidad para que la Asamblea aborde la reforma aprobada y “en cualquier tiempo (proceda a) modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución”, tal como dispone el artículo 140 de la misma carta magna. En ese caso, la sociedad debería asumir el liderazgo de la discusión y presionar a que la Asamblea cumpla con la defensa de los intereses nacionales.

10. Por último, en consonancia con el punto 2, Ecuador debe superar, en cualquier caso, muchos retos pendientes. Incluso aberraciones que resultan intolerables. Por lo tanto, no hay como seguir con la cantaleta de que sin petróleo se hunde la economía ecuatoriana, o peor aún que en vista de que se acaba el petróleo tenemos que abrir la puerta a la minería metálica a gran escala y a cielo abierto.

Existen múltiples fuentes de financiamiento del Presupuesto General del Estado y de la economía. Empecemos por corregir las mayores disfuncionalidades existentes. Ya mencionaos el tema de la costosa importación de derivados de petróleo. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no discutimos y encontramos respuestas a una serie de subsidios a los combustibles, mucho de los cuales no están beneficiando a los sectores populares, sino a los sectores más acomodados de la población? No se trata de quitar los subsidios a la bruto, es decir a lo neoliberal. No, de ninguna manera. Hay que hacerlo con creatividad, de manera selectiva. Los subsidios deben mantenerse para los grupos empobrecidos y marginados, no para los acomodados.

Adicionalmente, en el Ecuador, y en prácticamente todos los países del mundo empobrecido, se precisa una adecuada política tributaria. Los que más ganan y más tienen deben contribuir en mayor medida al financiamiento del Estado. Con el gobierno del presidente Rafael Correa se registra una cierta mejoría en la presión fiscal. Esta se acerca al 15% en relación con el Producto Interno Bruto. Pero todavía estamos lejos de lo que debería ser una meta aceptable. El promedio en América Latina es del 24%, el promedio del mundo desarrollado es del 44%, el promedio de Europa es del 46%. Nuestra meta debería estar en por lo menos un 35%.

Para resolver esos retos requerimos mucha voluntad y una amplia concertación política, que no se conseguirá con leyes aprobadas atropelladamente y menos aún atentatorias a la Constitución.

El reto es complejo, no lo dudo. Está en juego una transformación profunda. Eso es lo que propusimos hace ya cuatro años. No queríamos conformar simplemente un gobierno mejor que los anteriores. Primero porque eso no tiene mérito alguno y segundo porque nuestra propuesta era radical y revolucionaria. Cuando lanzamos la candidatura de Rafael Correa buscábamos la construcción democrática de una sociedad democrática, entendiendo que no hay revolución sin democracia, ni democracia sin revolución.

“Disidentes” cubanos, Castañeda y Rubalcaba

21/07/2010 by maestro Deja un comentario

El primero, de la mano de una propuesta; el segundo, asistido por una teoría. Y la propuesta de Castañeda, como la teoría de Rubalcaba, ha vuelto a confirmar su falsedad y fracaso.

Siendo Castañeda canciller mexicano ofreció desde Miami abrir las embajadas mexicanas a los “disidentes” cubanos interesados en disfrutar la democracia y libertad de su país. El aviso, transmitido por Radio Martí, provocó que varios “disidentes” en La Habana estrellaran un autobús contra la puerta de la embajada mexicana decididos a entrar a toda costa y aprovechar la oportunidad brindada. En esos mismos días moría en México la abogada y defensora de los derechos humanos Digna Ochoa que no pudo aprovechar la generosa oferta de su canciller por no contar México con embajadas mexicanas dentro de su territorio.

La muerte de Digna Ochoa, a falta de otros litigios, creó cierto conflicto lingüístico ya que la necesidad de unificar la teoría del suicidio, versión oficial, con la del asesinato de Estado que sugería el sentido común y los dos o tres disparos que le costaron la vida a Digna Ochoa, condujo a la cruda realidad de tener que conjugar como transitivo el verbo suicidar para así resumir que “fue suicidada”, innovación lingüística que dejaría ampliamente satisfechas las dos versiones.

Ya anteriormente Digna Ochoa había recibido amenazas de muerte pero, o bien porque le urgía ser suicidada o porque no sintonizaba Radio Martí, terminó por dispararse en las piernas y rematarse en la sien. La otra posibilidad era que, tras volarse la cabeza se entretuviera disparándose las piernas.

Tampoco era la primera vez que el gobierno mexicano se esforzaba en encontrar explicaciones inverosímiles a los asesinatos de políticos, sindicalistas, candidatos a la presidencia y hasta cardenales.

En favor de Castañeda, sin embargo, hay que reconocer que, además de entretenerse en abrir las puertas de sus embajadas a la “disidencia” cubana, se afanaba en aquellos días en organizar en Monterrey la Conferencia Internacional sobre el Financiamiento para el Desarrollo, y denunciar el hambre en el mundo, conferencia que contó con la asistencia de más de 60 jefes de Estado y que obligó a Castañeda a tener que construir un impresionante muro que evitara a tan distinguida asistencia la circundante visión de la miseria, y a retirar de las calles a indigentes y pordioseros hasta que no finalizara tan magno evento.

Al margen de las disculpas que le correspondieran y de que sigan abiertas las embajadas mexicanas para quienes aman la democracia y la libertad, México no parece ser un destino que cuente con muchos adeptos entre la “disidencia” cubana. Supongo que no es fácil ejercer la democracia y la libertad en una sociedad en la que la vida no vale absolutamente nada, sea porque te ametrallan sicarios de civil o te balean sicarios de uniforme, y no hay como abrir un periódico para confirmarlo. Sólo en lo que va de año, y sin contar a quienes mata el hambre, la miseria y otras lacras al uso, han muerto violentamente en México más de mil personas. La última matanza ocurría ayer. Alrededor de veinte jóvenes eran acribillados mientras celebraban una fiesta en un barrio de la ciudad de Torreón (Coahuila) por un “comando fuertemente armado”.

En febrero, en Ciudad Juárez, otros veinte jóvenes eran asesinados en medio de una fiesta por decenas de sicarios que comenzaron a disparar indiscriminadamente con armas de guerra. Otros 14 jóvenes resultaron heridos.

Y recientemente, también en Ciudad Juárez, 19 personas eran asesinadas en un centro de rehabilitación de toxicómanos luego de que 30 sicarios llegaran al lugar en seis camiones y abrieran fuego. En el 2009, en otro centro de rehabilitación y tras un ataque similar, fueron asesinadas 18 personas.

Refiero sólo matanzas a lo grande, de esas que cuentan los muertos por docenas, para no entretenerme en los asesinatos de tres funcionarios del consulado estadounidense en Ciudad Juárez; en el asesinato del cantante Sergio Vega pocas horas después de que el propio cantante desmintiera en los medios su muerte; en el asesinato de Guillermo Ademir, futbolista de los Pumas, que no tuvo la suerte de los también futbolistas, el paraguayo Salvador Cabañas que sobrevivió a un tiro en la cabeza, o del delantero del América Juan Carlos Silva, que resultó herido; en el asesinato en plena campaña electoral del candidato del PRI por Tamaulipas, Rodolfo Torre; en el asesinato en Guerrero de Hernández García, dirigente del Partido de los Trabajadores; en el asesinato del alcalde de Guadalupe y Calvo, Ramón Mendívil, en Chihuahua; en el asesinato en Cuernavaca de Juan Figueroa, hijo del cantante Joan Sebastián Figueroa, dos años después de que le asesinaran a su otro hijo… para sólo citar, en lo que va del año, algunos casos de los que se ocupan los medios por el carácter del crimen y los apellidos del difunto.

Obviamente, al “régimen” cubano le faltan muchos muertos para poder equipararse a la democracia mexicana y, descartado el país centroamericano, el Estado español parece un destino más seguro para los “disidentes” cubanos. Al fin y al cabo, ninguno de ellos va a tener problemas en Madrid siempre y cuando no se tomen en serio sus anhelos de libertad y democracia, lo que tampoco parece muy probable que vaya a suceder.

Por su parte, Pérez Rubalcaba siempre se ha manifestado como un acérrimo discípulo de la teoría del determinismo, que vuelve a poner en evidencia su pobre argumentación ahora que el Estado español se repuebla con “disidentes” cubanos.

Más de una vez ha insistido el ministro del Interior, en referencia al País Vasco, que nadie comienza poniendo bombas, que se empieza quemando autobuses, cajeros, contenedores de basura… por lo que es mejor aplicar la represión preventiva en primera instancia, que esperar a que los violentos alumnos pasen de curso y terminen doctorándose como terroristas.

El problema de su lógica determinista, en la que, inevitablemente, una conducta conduce a la otra, es que carece de cualquier rigor. Y nadie mejor que Rubalcaba, que fue ministro de Educación y Ciencia, como para saberlo.

Entre otras razones porque el cómo se empiece y se termine va a depender del criterio del analista y del punto de partida que se elija para confirmar la consecuencia entre una conducta y otra. Allá donde uno establezca la medida, el punto de partida de lógica tan irracional como la que el ministro hace suya, siempre va a haber otro que corra el nacimiento de la náusea un poco más atrás y lleve sus consecuencias algo más adelante.

De hecho, nadie comienza quemando cajeros. Se comienza siendo cliente de algún banco. Tampoco comienza nadie asaltando una sucursal bancaria. Lo habitual es que se empiece pagando una hipoteca

Pero, además, no es cierto que los pasos que diera ayer un ser humano vayan a determinar, necesariamente, el rumbo que seguirá mañana. Y también Rubalcaba conoce sobrados ejemplos de hasta qué punto se puede romper una inercia y cambiar un destino.

Las cincuenta razones que tenía el Partido Socialista para abandonar la OTAN, un año más tarde se transformaron en cincuenta razones para presidirla. Javier Solana, y es otro caso que el ministro conoce, de joven universitario antimilitarista pasó a convertirse en comandante en jefe militar. El “Compañero Isidoro”, es otro ejemplo, acabó convertido en el “Señor X”. Miles de socialistas que se acostaron republicanos, despertaron monárquicos al día siguiente, y su pretendido socialismo no los ha llevado a dirigir la emancipación de la clase obrera sino a defender los intereses de las multinacionales españolas en su expolio al tercer mundo, a multiplicar los beneficios de los bancos y a secundar las guerras del imperio.

Tampoco sus pasados compromisos con esos cuantos universales valores que nos hacen dignos a los seres humanos han tenido las consecuencias que la lógica del ministro augura en el País Vasco. Extrañamente, cuanto más han enarbolado los gobiernos del Estado español conceptos como la paz, más han desarrollado la industria y el negocio militar; cuanto más han enfatizado la solidaridad como concepto, más trabas y restricciones (“disidentes” cubanos al margen) han impuesto a la emigración; cuanto más han mencionado su pretendida defensa de los derechos humanos, más los han vulnerado dentro y fuera del Estado español.

Nadie mejor que el Partido Socialista Obrero Español para demostrar que se puede comenzar reivindicando la ética como principio, y terminar dando cobertura a una banda criminal, financiada con dinero público y arropada por la más vergonzosa impunidad.

El propio Castañeda demuestra hasta qué punto son erróneas las teorías deterministas de Rubalcaba. Quien fuera militante del Partido Comunista mexicano, lejos de acabar haciendo causa común en la selva Lacandona con el Frente Zapatista, acabó convertido en agente de la CIA; de asesorar en su campaña electoral al izquierdista candidato mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, acabó asesorando en los mismos afanes al derechista candidato Vicente Fox y sirviéndole como secretario de Relaciones Exteriores.

Los “disidentes” cubanos también constituyen un ejemplo del escaso rigor que acompaña la teoría determinista de Rubalcaba. Quienes comenzaron volando por los aires aviones cubanos o fueron agentes a sueldo de potencias extranjeras, han acabado convertidos en partisanos, paladines de la libertad, anticastristas o simples “disidentes”.

Y para mayor desmentido a la teoría determinista del ministro español, pocos casos como el del salvadoreño Francisco Chávez Abarca, detenido en Venezuela y extraditado a Cuba en estos días, que tras una dilatada e impune carrera terrorista internacional se convierte para los grandes medios de comunicación en un desaparecido del que se pierde el rastro y la memoria, en una noticia blanqueada. Otro ejemplo más de que se puede ser terrorista, ejercer como tal toda una vida y acabar convertido en un fantasma.

Presidente Ricardo Alberto Martinelli: el “carnicero de Changuinola”

21/07/2010 by maestro Deja un comentario

El presidente Ricardo Martinelli, el “carnicero de Changuinola”, solamente podría recuperar alguna legitimidad “si hiciera efectiva una investigación objetiva de los hechos y procesase a los responsables”.

El dirigente sindical insistió que lo ocurrido en Changuinola no fue solamente para dispersar una manifestación de protesta. “Los armados dispararon a matar con saña, contra todo el mundo, niños y niñas inclusive”. Los muertos, hasta el momento, son por lo menos 11, según información de los sindicatos y organizaciones populares de la región. El número de heridos y mutilados se cuentan en 200 como mínimo, pues las balas de plomo alcanzaron el rostro y ojos de no pocas personas.

De acuerdo con relatos y testimonios recogidos por el secretario general de la CSA, aún se esconden en los bosques de la región numerosas personas que huyeron durante la “carnicería”. La violencia en contra trabajadores bananeros ocurrió mientras el gobierno ha impuesto la Ley 30 que lesiona derechos fundamentales como a la huelga y a la libertad sindical. Otra medida, llamada Ley Carcelazo penaliza a trabajadores que realizan protestas en las calles, hasta con 2 a 5 años de prisión.

Los armados dispararon a matar con saña

Báez advierte de que el hecho en Changuinola no tiene nada de ocasional, “la persecución al movimiento sindical es un proyecto que el gobierno panameño viene desarrollando desde hace tiempo. El episodio en Boca del Toro quiso ser un castigo ejemplar que pusiese fin a las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras”.

El “carnicero de Changuinola”, por tanto, añadió, “debe derogar las leyes “30” y “carcelazo”, recientemente proclamadas y que están en el centro de las protestas sindicales. Con participación de organizaciones sociales, sindicales y de la sociedad civil en general se constituyó una red nacional para la defensa de los Derechos Humanos.

El dirigente de la CSA se reunió, durante los días viernes y sábado, con representantes de las confederaciones afiliadas, CTRP, Convergencia Sindical y CGTP, además del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados – CONATO, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente-CONUSI. Concedió tambien entrevistas y ruedas de prensa con periódicos y canales de televisión.

subcontratista de la USAID, “coordinó el golpe”, por cuenta de la CIA

11/07/2010 by maestro Deja un comentario

Jacqueline Foglia Sandoval, la hondureña señalada como “la persona encargada de coordinar y operar el golpe de Estado” por el ex ministro hondura;o Roland Valenzuela poco antes de su asesinato, no solo es egresada de la universidad de West Point de Nueva York y fue Agregada de Defensa en la Embajada de Honduras en Washington, sino que trabajo de jefa de relaciones internacionales con un subcontratista de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID).

“Ella es la que coordinó que le entregaran a cada uno de los que sirvieron como ejecutores del golpe, lo que querían que hicieran y que declararan, lo que ellos querían que declarara”, reveló Valenzuela, ex ministro de la Administración Zelaya unos días antes de su muerte en una entrevista realizada por el periodista Ernesto Alonso Rojas, en una radio de San Pedro Sula, que ahora circula por Internet.

“Jackie” Foglia era hasta marzo Directora de Relaciones Externas en la universidad hondureña Zamorano, “uno de los centros de estudios agropecuarios más reconocidos de América Latina”, según sus dirigentes.

Esta institución recibe fondos y orientaciones de la USAID por el intermediario de contratistas de esta dependencia del Departamento de Estado, entre los cuales la Iowa State University que desarrolla un programa especifico para el país centroamericano.

En el 2008, Foglia manejo la campaña “Formando Líderes para Honduras”, destinada a identificar y captar a jóvenes con futuro de dirigente, una operación que corresponde integralmente a planes de la USAID y de la inteligencia norteamericana para penetrar, subvertir y desestabilizar.

“El 84 por ciento de los jóvenes hondureños que actualmente estudian en

Zamorano reciben apoyo financiero. Esto lo logramos, año con año, con el solidario apoyo de gobiernos, fundaciones, instituciones multilaterales, individuos y la empresa privada”, confesó Foglia, una alumna de la American Shool de Tegucigalpa, en una entrevista publicada por el sitio web especializado dinero.com.

La Zamorana posee una oficina en Estados Unidos. “Esta oficina es vecina de la CNN, y por estar literalmente a la mano, con alguna frecuencia la cadena de televisión lleva a sus profesores a sus programas en español”, precisó esta elegante rubia con contactos sospechosamente numerosos.

Todo en la carrera de Foglia la identifica con una candidata idónea para los servicios de inteligencia estadounidenses, desde la Academia Militar de West Point, donde obtuvo una Licenciatura en Ciencias Política, su integración posterior, de 1984 a 1995, en las Fuerzas Armadas hondureñas hasta su reciente reaparición detrás de la fachada hondureña de la institución caritativa norteamericana United Way donde actúa de Director Ejecutiva.

En Honduras, la United Way se dedica a identificar y formar, a “futuros líderes”.

En 1987, Foglia estuvo en Washington donde hizo una maestría en Relaciones Internacionales y Economía Internacional en la Escuela de Estudios Avanzados

Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins. Lo hizo con una beca Fulbright, una cobertura masivamente usada por la CIA en estos años.

En 2002 fue enviada por el golpista Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) a la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá, donde recibió un certificado en Diplomacia y Política Comercial.

De 1991 a 1994 fue nombrada como Agregada adjunta de Defensa en la Embajada de Honduras en Washington, y a su regreso participó en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con México.

En los años siguientes, ocupó una larga cadena de puestos que le permitieron introducirse en una variedad de sectores de la vida nacional: Subsecretaria de Estado en el Despacho de Turismo, vicepresidente ejecutivo del Instituto Hondureño de Turismo, consultora en materia de comercio internacional con Ifs Honduras Consultants (que creó) y con Alcon Group (Cargill Corporation)

Así fue como llegó a asesorar el Ministerio de Industria y Comercio para la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos.

Paso luego a presidenta de la Cámara de Comercio Hondureño Americana. Mientras actuaba como miembro de la junta directiva del COHEP, de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), y de la Cámara de Comercio Hondureño Mexicana, ocupó el puesto en la Zamorana que le permitió apoyar a la USAID y la embajada norteamericana en sus planes golpistas para Honduras.

El ex ministro Roland Valenzuela murió en San Pedro Sula el 15 de junio último, asesinado por un delicuente, Carlos Yacamán Meza, que le disparó con pistola detrás de la cabeza, al salir de un restaurante.

Valenzuela denunció también al embajador de EE-UU., el cubanoamericano Hugo Llorens, por participar directamente en la planificación del golpe de Estado contra el Presidente Zelya. El 10 de junio de 2009, el entonces presidente del Congreso, Roberto Micheletti, comunicó a Llorens el borrador con fecha de 28 de junio de 2009 del decreto que destituyó al Presidente Zelaya.

Llorens recibió el documento de mano de “Jackie” Foglia Sandoval.

El 10 de julio 2009, circulaba en Twitter el siguiente mensaje: “Jacqueline Foglia Sandoval está celebrando el triunfo de la legalidad en Honduras!”