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La comisaria europea de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, anunció el pasado martes la sanción impuesta al gigante tecnológico Apple: una multa de 13.000 millones que supone la mayor sanción a una empresa por parte de la Comisión Europea (CE) hasta el momento.

Vestager anunció que la investigación había llegado a la conclusión de que el Gobierno irlandés había concedido ayudas ilegales a Apple, lo que permitió a estapagar un tipo efectivo de impuestos del 1% de sus beneficios en 2003 y un 0,005% en 2004.

Según normativa europea, un Estado miembro no puede ofrecer ventajas fiscalesa una empresa de manera particular. Irlanda, que ya de por si tiene el impuesto de sociedades en el 12,5%, el más bajo de Europa, ofreció la posibilidad de pagar un tipo efectivo a la empresa. Apple factura todas las ventas de Europa a través de Irlanda aprovechando las ventajas fiscales ofertadas, en una práctica que ya ha sido denunciada por varios países al ver cómo el beneficio obtenido por la empresa norteamericana en sus territorios es desviado a Irlanda.

Esta ingeniería fiscal permite a Apple contabilizar casi todo su beneficio en Irlanda dando resultados incluso negativos en las haciendas de los países restantes donde se producen las ventas.

Otras empresas como FIAT o Starbucks ya recibieron multas por el trato de favor y de manera bilateral en materia fiscal por parte del Gobierno holandés. Sanciones que no superaron los 30 millones de euros, muy alejadas de la cantidad a la que han condenado a Apple. Pero esta nueva sanción abre las puertas a la lucha contra el tax ruling, como se conoce a este tipo de acuerdos bilaterales y negociados de manera individual entre empresas y países.

Las empresas de los LuxLeaks, en el punto de mira

A finales de 2014, unas filtraciones por parte de dos empleados de PwC –ahora condenados por ello– conocidas como LuxLeaks desvelaron que el Gobierno de Luxemburgo, presidido en aquel entonces por el ahora presidente de la CE Jean-Claude Juncker, ofreció ventajas fiscales negociadas de manera individual a docenas de multinacionales para pagar tipos impositivos entorno al 1% para las rentas obtenidas en otros países pero que fueran facturadas mediante una filial en Luxemburgo.

Según fuentes europeas, desde que surgiera el escándalo, la comisaria Vestager está analizando a más de 300 empresas que recibieron ayudas por parte de países como Holanda, Luxemburgo e Irlanda. La multa impuesta a Apple abre la puerta de lo que podría ser la mayor operación contra la elusión y evasión de impuestos orquestada por la Comisión Europea y podría traer nuevas y millonarias multas en los próximos meses.

El escándalo de los LuxLeaks ha puesto en el centro de estas investigaciones a empresas como Amazon, McDonalds o IKEA. Por otro lado, las grandes empresas tecnológicas norteamericanas como Microsoft, Google o Facebook, que también usan el país irlandés para localizar sus sedes europeas y así aprovechar el bajo tipo impositivo para el impuesto de sociedades, se encuentran ahora mismo en el punto de mira de estas investigaciones y de los inversores y accionistas que temen una cascada de nuevas sanciones económicas.

El gigante tecnológico Microsoft se dejaba un 1% en bolsa entre el martes 30 y el miércoles 31, fechas en las que se conoció la multa impuesta a Apple.

Otras empresas investigadas en el escándalo de los Luxleaks como Facebook perdían un 0,5%, la empresa de refrescos PepsiCo cerca de un 1,5%, la textil británica Bulberry un 1,3% y la multinacional del entretenimiento Disney se dejaba medio punto el mismo día. Lo que parece indicar que los mercados temen nuevas multas millonarias por parte de la CE a estas empresas.

Cerca de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, principalmente en los países llamados “en desarrollo”. No obstante, en estos países, al menos 250.000 millones de euros de ingresos fiscales desaparecen cada año en los paraísos fiscales, o sea, seis veces el importe anual necesario para luchar y vencer el hambre hasta 2025. “Se ha calculado que entre el 85% y el 90% de esa riqueza pertenece a menos de 10 millones de personas —apenas el 0,014% de la población mundial—, y una tercera parte como mínimo pertenece a las 100.000 familias más ricas del mundo, cada una de las cuales posee un patrimonio neto de 30 millones de dólares como mínimo”, según el estudio final sobre los flujos financieros ilicitos de la ONU.

Son entonces los más adinerados los que se aprovechan de la reducción de ingresos fiscales por fraude, lo que perpetúa y empeora las desigualdades. Parece lógico que los más ricos, que se aprovechan de los beneficios de sus empresas, tendrían que contribuir con una redistribución a favor de los más pobres a través del impuesto sobre los beneficios de estas empresas. Sin embargo, la plusvalía generada por la explotación de la fuerza laboral se evapora en territorios paradisíacos para la oligarquía que gobierna y legisla.

Se trata de un robo organizado a gran escala –ilegítimo y no conforme a cualquier idea de desarrollo humano– de una riqueza que pertenece a aquellos y aquellas que la han creado con su trabajo, y que debería financiar los servicios públicos. De hecho, el impuesto sobre los beneficios, así no redistribuido para el bien común porque escapa al fisco, permite al capitalista optimizar la plusvalía obtenida del trabajo intentando, ilegalmente o no, privatizar su totalidad.

El fraude obstaculiza el desarrollo

El fraude y la evasión fiscal, que son practicados por las multinacionales ayudadas por grandes sociedades de auditoría, sobre todo (los famosos big four: Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG y Price Waterhouse Coopers), son una verdadera calamidad que entorpece el avance de un desarrollo real para las poblaciones empobrecidas por estas políticas.

Esta hemorragia de capitales impide la construcción de hospitales y el empleo de médicos con salarios dignos; el equipamiento de escuelas a la altura del reto acompañado de una contratación de profesores para reducir el número de alumnos por clase; la implantación de redes de suministro de agua potable, etc. Para el periodo 2008-2012, Global Financial Integrity estima que en 31 países en desarrollo las salidas de fondos ilícitos fueron superiores a los gastos públicos de salud, y que en 35 países en desarrollo fueron superiores a los gastos públicos de enseñanza.

En su informe Illicit Finacial Flows from Developing Countries: 2004-2013, la misma organización constata que los países calificados de “en desarrollo” y las economías emergentes perdieron 7,8 billones de dólares en los flujos financieros ilícitos desde 2004 hasta 2013, con salidas ilícitas cada vez más importantes, aumentando una media de un 6,5% al año, casi dos veces más rápido que el PIB mundial.

Crecimiento de las desigualdades

Tantas necesidades evidentes y, sin embargo, indispensables para el avance de un verdadero desarrollo se abandonan en favor de una clase oligárquica que no para de enriquecerse. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha indicado que el 8% de la población mundial más rica recibe la mitad de la totalidad de los ingresos, mientras que la otra mitad se reparte entre el 92% restante. La riqueza concentrada en manos del 1% más rico ha ascendido al 48% de la riqueza mundial en 2014 frente al 44% en 2010. Durante los últimos 20 años, las desigualdades de los ingresos han aumentado en los países en desarrollo.

 La riqueza concentrada en manos del 1% más rico ha ascendido al 48% de la riqueza mundial en 2014 frente al 44% en 2010

El fraude fiscal merece un poco de seriedad, y sobre todo una justicia que sancione a los culpables. En ello va el desarrollo de países empobrecidos por el “sistema deuda”. En su informe, el experto independiente sobre la deuda de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, insiste en la necesidad de combatir los flujos financieros considerados ilícitos, que “contribuyen a la acumulación de una deuda insostenible, porque la falta de ingresos públicos puede forzar a los gobiernos a acudir a los préstamos exteriores”.

En vez de endeudarse para hacer frente a esta hemorragia de capitales que constituye el fraude fiscal, dichos flujos ilícitos privan a los Estados de recursos que podrían financiar actividades indispensables para la eliminación de la pobreza y para la consecución de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

Al término de este informe, una resolución sobre la evasión fiscal y la necesidad de devolver los activos malversados a los países calificados de “en desarrollo” fue adoptada a nivel del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El 24 de marzo de 2016, mingún Estado europeo votó a favor. Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Reino Unido, Portugal, Albania, Eslovenia, Letonia, Georgia, la República de Corea, la Ex-República yugoslava de Macedonia, México y Panamá se abstuvieron.

A pesar de la creciente práctica de encarcelar adultos que no pueden pagar cuotas y multas municipales o judiciales que se ha documentado desde hace varios años, tal como reveló Common dreams, el último informe del Centro de Derecho de Menores es el primer examen en profundidad de esta práctica dentro de el sistema de justicia juvenil estadounidense.

El informe, Debtor`s Prison for kids? The High Cost of Fines and Fees in the juvenile Justice System (Prisión de morosos para ninhos? El alto coste de las multas y cargos en el sistema de justicia juvenil), documenta los resultados de una encuesta a 183 personas integradas en el sistema de justicia juvenil, incluyendo abogados, familiares y adultos que han sido encarcelados como niños en el sistema de justicia de menores en 41 Estados.

Los autores del informe descubrieron que en la mayoría de los Estados hay una cadena de tasas y multas impuestas a los niños y sus familias una vez un niño ingresa al sistema de justicia juvenil, y que “muchas leyes establecen que los jóvenes pueden ser encarcelados o de lo contrario se enfrentan a una pérdida de la libertadcuando no pueden pagar”.

Todo tipo de tasas y multas

Hay miles de formas por las que los sistemas judiciales de menores imponen multas sobre las familias de los niños, tal como descubrieron los autores del informe, y luego encarcelar a los niños cuando sus familias son demasiado pobres para pagar los costes acumulados.

Muchos Estados imponen una cuota mensual a las familias cuyos hijos están en la libertad condicional. Cuando una familia no puede pagar la cuota mensual, lo que cuenta como una violación de la libertad condicional, el niño es, en la mayoría de casos, encarcelado en un centro de detención juvenil.

Si los niños están condenados a un “programa de desvío” o a un programa basado en la comunidad, lo que significa mantenerlos fuera de la prisión y ayudarles a reintegrarse en sus comunidades, las familias deben pagar los costes del programa. Sin embargo, cuando los niños sin recursos no pueden pagar, simplemente se les encarcela.

Las familias en la mayoría de los Estados tienen que pagar por las evaluaciones y pruebas ordenadas por el juez, tales como las evaluaciones de salud mental, pruebas de ETS y de drogas y alcohol. No obtener ciertas evaluaciones puede resultar en una anomalía que debe ser subsanada por el tribunal, lo que significa que el niño permanecerá en detención juvenil. Además, si las pruebas se realizan y la familia posteriormente no pueden pagar por ellas, cuenta como una violación de libertad condicional, con lo que el niño es condenado de nuevo y esto puede significar su encarcelamiento.

Algunas sentencias implican una simple multa, tales como el absentismo escolar, y la falta de pago de los resultados implica la prisión del niño. “Incluso cuando las multas no son obligatorias por ley, pueden ser tratadas como obligatorias en la práctica”, apuntan los autores del informe, que describe la experiencia de un niño pobre con una multa por absentismo escolar de 500 dólares en Arkansas:

Un individuo que había estado en el sistema de justicia de menores no informó que pasó a los 13 años tres meses en una instalación cerrada debido a que no podía permitirse pagar la multa por absentismo escolar. Apareció en la tribunal sin un abogado o un padre y nunca se le preguntó acerca de su capacidad de pago o le da la opción de pagar una cantidad reducida. Se supone que tenía que pagar la multa total o pasar tiempo en la cárcel. Y éste explicó: “Mi intención era quedarme donde estaba y olvidarme de ello, quería seguir adelante y dejar pasar el tiempo porque no tengo dinero y sé que la situación [financiera] de mi madre no es buena”.

“Casi todos los Estados cobran a los padres por el cuidado y el apoyo de los jóvenes integrados con el sistema de justicia de menores”, añade el informe. Entre ellos se incluyen los honorarios para alojamiento y comida, ropa y cuidado de la salud mental y física, entre muchos cargos. La “la incapacidad de pagar […] puede implicar la privación de tratamiento, apoyado en la violación de la libertad condicional, o incluso enfrentarse a largos períodos de encarcelamiento”, relaran. Las prisiones juveniles también cobran sus propios precios de los medicamentos recetados a los niños, a menudo incluso más caros según el informe, lo que con frecuencia resulta en altos cargos que las familias pobres no pueden permitirse el lujo de pagar e interrumpe la asistencia sanitaria necesaria para sus hijos.

En los 50 estados, existe una ley que considera que si un niño y su familia no pueden permitirse el lujo de restitución de cargos, es decir, el pago a la víctima o víctimas del crimen del niño, una sentencia habitual en la corte juvenil, el chico es encarcelado.Por otra parte, los centros de detención de menores son, a menudo, inseguros e inhumanos, tal como destacó  Common Dreams.

Las multas impuestas por el tribunal de menores son “altamente onerosas”, según el informe. El coste medio de la participación en el sistema juvenil es 2.000 dólares en caso del Condado de Alameda, California, por ejemplo, y “para los jóvenes encarcelados durante largos períodos de tiempo, los costos pueden ser significativamente más altos”.

Familias divididas

La deuda divide a las familias que ya están luchando con las consecuencias de la pobreza, señala el informe.

“La deuda crea un distanciamiento entre los padres y sus hijos”, apuntó uno de los encuestados, recordando que “… hablé con una familia donde una abuela había tomado la custodia de su nieto, pero cuando se enfrentan a estas tarifas insuperables, se le dijo (por un empleado del condado) que la única manera de que pudiera evitar el pago eraentregar la custodia. Dados sus limitados ingresos, ha considerado seriamente renunciar a la custodia de su nieto, lo que lo convertiría en custodia del Estado…”.

En algunos casos, los padres pueden incluso verse encarcelados si no pueden pagar las cuotas del sistema judicial de menores de sus hijos. “En varios Estados, los padres, como los jóvenes, se pueden encontrar en desacato, ya sea civil o penal, por falta de pago”, indica el informe.

“Los padres también pueden enfrentarse a una mayor responsabilidad financiera a través de las comisiones de cobro y los intereses devengados por los pagos, así como a sentencias civiles por falta de pago”, añaden los autores del informe. “Cuando los padres se enfrentan el encarcelamiento o el aumento de la deuda por falta de pago, tienen aún menos recursos para dedicar a educar, ayudar y apoyar a sus hijos.”

Los autores del informe observan además que encarcelar a los niños ante la incapacidad de sus familias para pagar las cuotas podría ser inconstitucional:

Vale la pena señalar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dejado claro que un individuo no puede ser encarcelado por no pagar si el tribunal no lleva a cabo una primera determinación de pobreza y establece que la falta de pago fue intencional. El Tribunal Supremo ha declarado también que los tribunales deben considerar “medidas alternativas de sanción distintas del encarcelamiento” para los acusados pobres. Sin embargo, algunos Estados no requieren ni premeditación, ni capacidad de pago en sus leyes, y sólo unos pocos explícitamente prohíben o limitan el encarcelamiento por falta de pago.

Además, el Tribunal Supremo sostiene que “los tribunales deben dar aviso significativo y, en los casos apropiados, consejo, cuando ejecutar las multas y honorarios”. Este derecho es aún más importante para los niños, que carecen tanto de la capacidad de desarrollo como sel conocimiento legal para representarse a sí mismos.

“Por otra parte”, continúa el informe, “cuando se necesita más investigación, varios estudios sugieren que los costes judiciales, honorarios y multas han limitado el beneficio fiscal para los Estados y condados, dada la dificultad de su recogida de las familias pobres y los altos costes administrativos al tratar de hacerlo”.

El Centro de Derecho de Menores detalla las políticas que varían en las tarifas del sistema judicial de menores, Estado por Estado, en una nueva página web, y también destaca los pocos condados y estados que están tratando de solucionar el problema.

“En última instancia, las autoridades estatales y locales deben establecer modelos más sostenibles y eficaces para la financiación de los sistemas judiciales en lugar de imponer los costes sobre los jóvenes y sus familias que simplemente no pueden permitirse el lujo de pagar”, apunta el Centro de Derecho de Menores.

El recurso interpuesto contra la prohibición por parte del Ayuntamiento de Villeneuve-Loubet de “ropa de playa que marca ostentosamente una afiliación religiosa” denunciaba un ataque a las “libertades básicas”.

El Consejo de Estado establece con su decisión de suspender la normativa anti-burkini un dictamen distinto del que habían dictado organismos judiciales de menor rango, que avalaron la tesis de que la prohibición de estas prendas servían para “prevenir desórdenes públicos”. El tribunal da la razón a la Liga de Derechos Humanos e interpreta que no existen los riesgos para la seguridad que justificaron la puesta en marcha de la prohibición y que tampoco concurren riesgos “de higiene o de decencia” para vetar el uso de prendas de este tipo en las playas. Por tanto, “en esas condiciones, el alcalde no podía, sin exceder sus poderes de policía, aprobar disposiciones que prohíben el acceso a la playa y al baño”.

Por contra, según el  Consejo de Estado, la prohibición ha “supuesto un ataque grave y manifiestamente ilegal a las libertades fundamentales” como la libertad de circulación, la libertad de conciencia y la libertad personal. Así, el artículo que prohibía el burkini ha pasado a estar prohibido al final de una semana en la que esta prenda ha sido el centro del debate en Francia y otros países europeos.