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 Primera parte: «Procedimiento de excepción sin estado de emergencia», 21 de mayo de 2016.
 Segunda parte: «Estado de excepción con estado de emergencia», 11 de junio de 2016.
 Tercera parte: «¿Por qué tanto empeño en constitucionalizar el estado de emergencia?», 21 de julio de 2016.

                                           

Ya decía el presidente estadounidense George Bush Jr. que la guerra contra el terrorismo duraría varias generaciones. Más recientemente, el primer ministro francés, Manuel Valls, declaró a la BBC que el estado de emergencia en Francia terminará solamente cuando sea derrotado Daesh.

Las autoridades francesas siguen prorrogando el estado de emergencia después de una serie de atentados. El nuevo estado de excepción, justificado por una masacre anterior, resulta sin embargo incapaz de enfrentar nuevas matanzas, aunque su supuesta eficacia sigue justificando cada prolongación de este último y la adopción, cada vez que algo sucede, de nuevas medidas violatorias de las libertades. El hecho es que las disposiciones liberticidas no llegan después de las masacres sino que más bien las preceden ampliamente. Las primeras modificaciones del código y de los procedimientos penales –que ahora permiten aplicar a los franceses disposiciones concebidas para el mundo del contraespionaje, o sea medidas que anteriormente se aplicaban únicamente a los enemigos del país– fueron adoptadas a principios de los años 2000.

Compulsión repetitiva

La Ley de Orientación y Programación de la Seguridad Interior (LOPSI 1), adoptada en 2002, ya abría a la policía el acceso, a distancia, de los datos conservados por los operadores y proveedores de acceso a internet, y anulan además el control judicial [sobre esa acción policial]. Vendría después un conjunto de legislaciones que refuerzan las medidas ya adoptadas anteriormente y que van cada vez más lejos en la posibilidad de tratar a los ciudadanos franceses como enemigos. Tanto la LOPSI 2 de 2011 como la Ley de Inteligencia de 2015 son demostraciones de ese proceso que consiste en repetir incansablemente a los franceses que ya no son dueños de sí mismos y que sus atribuciones personales en realidad están a la disposición del Estado. Se instaura así una nueva manera de gobernar en la que se hace saber a los ciudadanos que las prerrogativas del Poder tienen ahora carácter absoluto y que el Estado de derecho se ha convertido en algo obsoleto.

Las leyes de prolongación del estado de emergencia son además legislaciones que transforman el derecho penal. En la práctica legalizan dispositivos de espionaje que ya estaban siendo utilizados y que ahora encuentran como justificación el supuesto objetivo de evitar la realización de atentados. Estos últimos no son lo que motiva la mutación de la forma del Estado sino aparecen más bien como su resultante. Las acciones terroristas agregan el miedo como medio de romper todo vínculo social y de organizar así la omnipotencia del poder. Lo que se pide a los ciudadanos ya no es solamente que renuncien a sus libertades y a los atributos propios del control sobre uno mismo –como los datos personales– sino que abandonen también su propia vida, cediendo su Habeas Corpus, o sea el derecho mismo a disponer de su propio cuerpo. Cada nuevo atentado y sus consecuencias, una nueva prolongación del estado de emergencia, funciona como una compulsión repetitiva, como «el eterno regreso» de los atentados anteriores y la reproducción de los significantes asociados a esos actos: islamismo, yihad, guerra de civilizaciones. Como ningún aspecto de los anteriores atentados ha sido confrontado de manera colectiva, hay algo que se repite a través de cada nueva matanza. Lo que ha sido excluido del lenguaje y de la razón reaparece en lo real como elemento de una compulsión repetitiva. El objetivo es evitar que la población olvide la violencia y el significado asociados a la guerra de civilizaciones. Lo que destruye el vínculo social no debe ser rechazado sino repetido hasta el infinito para colonizar nuestra vida.

Una nueva prolongación del estado de emergencia

En su alocución del 14 de julio, el presidente de la República había anunciado que el estado de emergencia terminaría el 26 de julio de 2016. Y concluía afirmando que:

«No se puede prologar el estado de emergencia eternamente, no tendría sentido hacerlo. Eso quiere decir que ya no seríamos una República con un derecho aplicable bajo cualquier circunstancia.» [1].

Sin embargo, como consecuencia de la masacre perpetrada en Niza el 14 de julio de 2016, el presidente Hollande volvió a prorrogar por 6 meses el estado de emergencia. Recordemos que un primer estado de emergencia, de 12 días, había sido proclamado al día siguiente de los atentados perpetrados en París el 13 de noviembre de 2015 y que ya había sido prolongado por 3 meses mediante la ley 2016-162 del 19 de febrero de 2016. Esa medida expiraba el 26 de mayo pero fue prolongada por 2 meses más mediante la adopción de la ley 2016-629 del 20 de mayo de 2016. A pesar de la evidente ineficacia de dicha medida, que no logró impedir la masacre del 14 de julio, ahora acaba de ser prolongada nuevamente por 6 meses, mediante la ley 2016-987 del 21 de julio de 2016.

El estado de emergencia como herramienta para la transformación del código penal

El gobierno se instala así en el estado de emergencia permanente, a pesar de la adopción de una legislación presentada como una vía para salir de esa situación de excepción: la ley de reforma penal «que refuerza la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado», promulgada el 3 de junio de 2016 [2]. Esta ley permite el funcionamiento de diferentes medidas vinculadas al estado de emergencia, sin tener que llegar a declararlo.

Dos de las 4 leyes que prolongan el estado de emergencia son especialmente importantes: la ley del 20 de noviembre de 2015 [3] y la del 21 de julio de 2016 [4].

La primera de esas dos leyes modifica profundamente varias disposiciones de la ley de 1955, en lo tocante a las condiciones de la detención domiciliaria y las modalidades de los registros, otorgando a la policía y a la fiscalía un margen de interpretación casi ilimitado ya que permite el inicio de acciones legales basándose únicamente en intenciones. La segunda aporta nuevamente varias modificaciones en lo tocante a los registros. También hace más duro el arsenal penal ya que varias de sus disposiciones en cuanto a alargar las penas pueden aplicarse incluso sin que se haya proclamado el estado de emergencia y, más importante aún, instaura una vigilancia numérica masiva.

Oficialmente, el texto del 21 de julio de 2016 lleva como título «Ley que prorroga la aplicación de la ley n° 55-385 del 3 de abril de 1955 sobre el estado de emergencia e incluye medidas que refuerzan la lucha contra el antiterrorismo». De manera muy clásica, la ley prevé, bajo el estado de emergencia, la posibilidad de prohibir los cortejos, desfiles y concentraciones de personas en la vía pública [5]. También aporta precisiones e instaura nuevas disposiciones en materia de registros. Como se indica en su título, esta ley no se limita a prorrogar el estado de emergencia sino que se convirtió en una nueva ley antiterrorista cuyo objetivo es modificar el código penal y el código de procedimiento penal. Esta ley aporta numerosas disposiciones que se agregan, de manera permanente, al arsenal penal y administrativo antiterrorista, fuera del estado de emergencia.

Regreso a los registros informáticos administrativos

Ese texto autoriza nuevamente la posibilidad de registrar los dispositivos informáticos por orden administrativa y permite el uso de los datos hallados en cualquier sistema informático o de comunicación durante la realización de un registro. Esta medida, que ya aparecía en la ley de prolongación del estado de emergencia adoptada el 20 de noviembre de 2015, permitía a la policía copiar todos los datos de cualquier dispositivo informático –ordenador, servidor o teléfono móvil– durante la realización de un registro, sin tener que confiscar el dispositivo, ni obtener el consentimiento de la persona en cuyo domicilio se realiza el registro y sin tener que comprobar previamente si se ha cometido una infracción [6]. Pero esa disposición había sido suspendida como resultado de una decisión del Consejo Constitucional en febrero pasado [7].

El Consejo Constitucional había llegado a la conclusión de que esa disposición constituye una injerencia desproporcionada en la vida privada y expresaba inquietud ante el hecho de que la copia de datos pudiese incluir información que no tuviera relación directa con la persona investigada, dado el hecho que la copia incluiría los intercambios entre la persona investigada y sus contactos y que la ley incluye también la posibilidad de confiscar los datos accesibles desde el dispositivo registrado. El Consejo estimaba que ese tipo de disposición puede aplicarse únicamente en el marco legal de una confiscación, no durante un simple registro.

Gracias a la ley del 21 de julio ahora será posible reanudar los registros en los dispositivos informáticos. La disposición en cuestión, el artículo 11 de la ley de 1955 sobre el estado de emergencia así modificado, estipula que

«Si el registro revela la existencia de elementos, sobre todo informáticos, sobre la amenaza que constituye… el comportamiento de la persona investigada, los datos contenidos en todo sistema informático o equipo terminal hallado en el lugar del registro pueden ser confiscados, ya sea copiándolos o mediante la confiscación del soporte».

De los registros a la investigación masiva

Este artículo extiende considerablemente el campo de los registros incluyendo en él a las personas vinculadas al sospechoso así como a sus simples contactos, ya que el motivo mencionado, «tener contacto con una amenaza», autoriza la realización de registros prácticamente por cualquier cosa. La extensión incontrolada de este tipo de búsqueda se acentúa aún más con la posibilidad de realizar registros seriados. El artículo 5, que modifica el artículo 11 de la ley de 1955 sobre el estado de emergencia, prevé que si un registro revela la existencia de otro lugar adonde va frecuentemente la persona investigada, un derecho de seguimiento permite registrar también ese lugar inmediatamente. O sea,

«Cuando un registro revela que otro lugar responde a las condiciones fijadas en el primer acápite del presente artículo, la autoridad administrativa puede autorizar la realización de otro registro en ese nuevo lugar. Esa autorización se regulariza formalmente en el más corto plazo posible».

Pero no sólo se amplía el campo de los registros numéricos, a tal punto que estos se convierten en intrusiones incontrolables y masivas. La ley permite también la captura de los datos personales por motivos imprecisos, incluso una simple casualidad. El artículo 15 de la ley, que establece el artículo L. 851-2 del código penal, autoriza a capturar –en tiempo real, en las redes de los operadores o de las personas, informaciones y documentos «sobre una persona previamente identificada como susceptible de estar relacionada con una amenaza» terrorista. Hasta ahora, esta forma de vigilancia solamente afectaba a las personas «identificada[s] como una amenaza». Con esta ley, el código de la seguridad interna ahora`estipula que, para que los servicios de inteligencia se den a la tarea de analizar en tiempo real nuestros datos de conexión durante 4 meses basta con que nos consideren una persona «susceptible de estar vinculada con una amenaza» o simplement que seamos parte del «entorno» de la persona afectada por el registro «cuando existen razones serias para pensar» que uno es «susceptible de proporcionar información».

Garantías falsas

La ley trata de ofrecer una apariencia de respeto de las normas del Estado de derecho. El presidente Hollande incluso llegó a afirmar que «Ese texto se ha completado con todo lo que puede acrecentar la eficacia, sin romper con el Estado de derecho. El riesgo estaría en ceder en el campo de nuestras libertades sin ganar en materia de seguridad. Nunca, hasta el término de mi mandato, consideraré el Estado de derecho como un obstáculo porque eso sería el fin del Estado» [8].

En un esfuerzo por dar una apariencia democrática a medidas que precisamente destruyen la sociedad democrática, el artículo 5 estipula que: «La copia de los datos o la confiscación de los sistemas informáticos o de los dispositivos terminales se realizan en presencia del oficial de la policía judicial. El agente responsable de la realización del registro levanta acta de la confiscación indicando los motivos y el inventario del material confiscado». Pero se trata de una garantía puramente formal para la persona afectada por el registro ya que los policías acaban de obtener el anonimato en lo tocante a la aplicación de las medidas estipuladas en el estado de emergencia. En un telegrama dado a conocer el 29 de julio, la Dirección General de la Policía Nacional anunció que «los agentes están autorizados a identificarse en todos los actos administrativos que tengan que realizar utilizando su número de RIO [Referencia de Identidad Operativa] en vez de precisar su nombre y apellidos». Esa autorización es válida únicamente «en el marco de la aplicación de las medidas del estado de emergencia y específicamente en materia de detenciones domiciliarias y registros por orden administrativa», precisa el telegrama, dirigido a los jefes de los servicios centrales [9].

En el marco de los registros autorizados mediante esta ley sobre el estado de emergencia, el texto precisa claramente que al menos uno de ellos debe estar presente durante un registro de carácter administrativo. El uso de la matrícula plantea entonces un problema cuando se trata de los miembros de la policía judicial si no es posible verificar su presencia ni identificarlos directamente mediante la simple lectura del acta policial.

Transformación de la norma penal

Finalmente, la nueva ley, en la que se autoriza la prolongación del estado de emergencia, endurece el arsenal penal aplicable fuera del estado de emergencia. Entre las medidas aprobadas, esta ley prevé incluso una pena que puede ser ya no de hasta 20 años sino de hasta 30 años de cárcel para los organizadores o dirigentes de todo grupo formado con vista a la preparación de un acto de terrorismo [10]. Según esa misma ley, las personas condenadas a penas de cárcel por hechos vinculados con el terrorismo ya no podrán obtener reducciones de pena [11]. Esa ley prevé además la prolongación de la detención temporal de los menores de 2 y 3 años en los casos de terrorismo así como la imposición automática de una prohibición de entrada al territorio francés.

Sin embargo, los diputados rechazaron la aplicación del régimen de retención de seguridad y de vigilancia de seguridad a las personas condenadas por un crimen terrorista, medida que los senadores sí pretendían aplicar. Por su parte, los senadores renunciaron a la creación de un delito de estancia en un teatro de operaciones terroristas exteriores para favorecer un endurecimiento de la última ley de reforma del procedimiento penal correspondiente a junio de 2016 [12]. Esta ley ya permite un control administrativo, con detención domiciliaria, para personas que regresen de Siria y de Irak, cuando no existan suficientes elementos para ponerlos de inmediato bajo investigación por terrorismo. Este control, hasta ahora limitado a un mes, podría ampliarse ahora a 3 meses.

La legalización de un sistema que ya existía

Para posibilitar la aplicación de la ampliación de las escuchas administrativas, la última ley de prolongación del estado de emergencia exige un sistema generalizado de sondas numéricas. Pero el hecho es que ese sistema ya existe gracias al programa de escuchas administrativas, clasificado como secreto de la defensa nacional y designado como IOL (Intercepciones Obligatorias Legales).

Ese programa de «sondas de escucha numéricas» fue concebido en 2005, el documento de especificaciones exigidas fue terminado en 2006 y el plan piloto se puso en marcha en 2007. Su generalización [extensión] a todos los grandes operadores fue en 2009 [13] y al parecer está operando desde 2012, lo cual permite cubrir el 99% del tráfico ADSL residencial (o sea, el acceso a internet a través de cables telefónicos) [14]. Este programa ya permitía recoger los metadatos «en tiempo real», una práctica no autorizada en aquel momento [15]. Pero esta forma de “pesca de datos” en las instalaciones de los operadores no fue legalizada hasta 2013, mediante la Ley de Programación Militar adoptada ese mismo año y por un decret publicado en diciembre de 2014 [16].

En el marco del IOL, se procedía a la instalación de «cajas negras» –dispositivos cuya existencia ni siquiera se conocía en aquel entonces, además de ser ilegales– en las redes de los operadores, sin que estos últimos tuvieran acceso a esos dispositivos. Se trataba de escuchas administrativas, ordenadas por el primer ministro, que permitían escuchar a las personas conectadas a la red francesa de internet [17] y cuyos resultados iban al GIC o Grupo Interministerial de Control, organismo dependiente del primer ministro y encargado de concretar las escuchas.

El poder incluso ha reconocido parcialmente la existencia de ese sistema de escuchas. Según el diario Le Monde, como resultado de un Consejo Nacional de Inteligencia realizado en enero de 2016 en la sede de la presidencia de la República Francesa, se decidió «poner bajo vigilancia el conjunto de datos de comunicación de las 11 700 personas “fichadas S” [18] por vínculos con el islamismo radical» [19]. Dado el hecho que se trataba de una práctica que ya se aplicaba, resulta evidente que el objetivo de la ley del 21 de julio de 2016 no es instaurar esa práctica sino legalizar lo que ya se hacía. El texto autoriza también una ampliación de un dispositivo que podría afectar no sólo a las 11 700 personas ya «fichadas S» sino que concierne potencialmente a varias decenas de miles –incluso cientos de miles– de personas. El texto legaliza un sistema que puede abarcar arbitrariamente amplias capas de la población francesa, a las que el ejecutivo puede considerar como enemigos potenciales.

La legalización de un sistema de escuchas que ya existía [ilegalmente] viene acompañada del reconocimiento del carácter ilegal, aunque “justificado”, de su anterior aplicación, a pesar de tratarse de un dispositivo que ha demostrado resultar inoperante en materia de atentados. O sea, no sólo se afirma que existe una necesidad actual sino que se da por sentado el derecho del Estado a violar su propia legalidad. La afirmación de un poder sin límites prepara así una extensión incontrolable de las disposiciones que permitan espiar a la población francesa.

                                                                                               

Los kurdos forman parte integrante de la nación y la sociedad sirias. Esta foto muestra la estatua del general Saladino El Magnífico, a la entrada de la milenaria Ciudadela de Damasco. Héroe histórico de la defensa contra los cruzados, el general kurdo Saladino liberó Damasco en 1174 y fundó la dinastía árabe de los Ayubidas.

Los movimientos de fuerzas y las batallas que han marcado este verano en el norte de Siria no parecen tener sentido para los observadores. El hecho es que cada una de las fuerzas implicadas persigue tenazmente sus propios objetivos.

Aunque todos los protagonistas dicen luchar contra el Emirato Islámico (Daesh [1]), lo cierto es que ese grupo yihadista lo que hace es desplazarse y solamente retrocede hacia el desierto. Lo que realmente está en juego en estas acciones es la eventual creación de un Kurdistán en detrimento de las poblaciones árabes y cristianas del norte de Siria [2].

Veamos un análisis de los objetivos de guerra de las principales fuerzas que se mueven en el terreno, partiendo del principio básico que la República Árabe Siria es un Estado soberano y que ninguno de estos actores tiene, por consiguiente, ningún derecho a arrancarle parte de su territorio para crear allí una nueva entidad.

Nueve respuestas al tema kurdo…
7 de ellas ilegales

1- El Emirato Islámico no obstaculizará la creación de un Kurdistán, a condición de que no sea al este del Éufrates

El Emirato Islámico, creado, en Irak, por el estadounidense John Negroponte y, posteriormente, por el general David Petraeus, sigue bajo control de este general estadounidense y ex director de la CIA. Este último subcontrata a Turquía la dirección de ese conjunto, conformado por la Hermandad Musulmana, miembros de los Naqchbandis y diversas tribus sunnitas del desierto que se extiende entre Siria e Irak.

Es por eso que, durante la reciente toma de Yarablus por el ejército turco, los yihadistas del Emirato Islámico que controlaban esa localidad siria, se limitaron a retirarse, obedeciendo órdenes de su mentor turco, sin oponer resistencia.

Después de la batalla de Ain al-Arab (Kobane), el Emirato Islámico admitió el principio mismo de la creación de un Kurdistán en el norte de Siria, pero no al este del Éufrates.

2- Las 3 posiciones de Estados Unidos

En tiempos de la Primera Guerra Mundial, el presidente estadounidense Woodrow Wilson había incluido entre sus objetivos de guerra la creación de Armenia, de Israel y de Kurdistán. Al final del conflicto, el presidente Wilson envió a la región la comisión King-Crane. Esta última indicó:

«Los kurdos reclaman un territorio muy extenso, basándose en su presencia [en ese territorio], pero como están muy mezclados con los armenios, con los turcos y los demás, y divididos entre sí en [kurdos] qizilbash [3], [kurdos] chiitas y [kurdos] sunnitas, parece preferible limitarlos a la zona geográfica natural que se halla entre la proposición de Armenia en el norte y de Mesopotamia en el sur, con el foso entre el Éufrates y el Tigre como límite oeste y la frontera persa como límite este (…) Es posible desplazar de esa zona a la mayor parte de los turcos y los armenios, que son poco numerosos, mediante un intercambio voluntario de población y obtener así una provincia de alrededor de un millón y medio de habitantes, casi todos kurdos. Debe garantizarse la seguridad de los caldeos, nestorianos y cristianos sirios que viven en la región.»

La Comisión King-Crane visitó la región justo al término de las masacres desatadas contra los cristianos –que se prolongaron desde 1894 hasta 1923–, perpetradas primeramente por el Imperio Otomano y después por los Jóvenes Turcos, con ayuda de la Alemania del II Reich alemán y de la República de Weimar [4]. Dado el hecho que los turcos habían utilizado a los kurdos para masacrar a los cristianos, la Comisión King-Crane se mostró muy prudente en cuanto a la posibilidad de que los armenios pudiesen vivir en un Estado kurdo. Esa vieja herida se reabrió recientemente cuando, en noviembre de 2015, grupos de kurdos del PYD [5] trataron de “kurdizar” por la fuerza a los cristianos asirios del norte de Siria [6].

A pesar de todo, en 1920 la Conferencia de Sevres creó, en los papeles, un Kurdistán. Pero, ante la rebelión turca encabezada por Mustafa Kemal, aquel proyecto nunca llegó a concretarse y Estados Unidos renunció a él con el Tratado de Lausana, en 1923.

El siguiente mapa, tomado del sitio web Les Clés du Moyen-Orient [en español, “Las llaves del Medio Oriente”] permite observar que el presidente Woodrow Wilson había previsto crear aquel Kurdistán en el territorio de la actual Turquía e incluyendo una pequeña parte del actual Kurdistán iraquí. La Siria actual no tenía absolutamente nada que ver con aquel proyecto.

Varios decenios más tarde, durante la guerra civil turca, la Siria de Hafez el-Assad respaldó al PKK, basándose en las mencionadas proposiciones del presidente Wilson. Siria concedió asilo político al líder del PKK, quien se comprometió por escrito a no reclamar ninguna porción de territorio sirio, incluyendo aquellos donde Siria acogía a los refugiados kurdos.

Las estadísticas son elocuentes. El censo de 1962 muestra que en Siria había solamente 162 000 kurdos, pero un millón de kurdos turcos buscaron refugio en Siria, país que además les concedió asilo político. Hoy son 2 millones y la República Árabe Siria les concedió la nacionalidad siria en 2011. Al inicio del actual conflicto, los kurdos defendieron Siria, con armamento y salarios proporcionados por Damasco, frente a la invasión de los mercenarios islamistas.

Renunciando a su posición histórica, Estados Unidos prometió entonces a los diferentes jefes kurdos –en Irak, en Siria y en Turquía– crear para ellos un Estado en Siria si volvían sus armas contra Damasco. Algunos aceptaron la oferta.

A inicios de 2014, cuando el grupo del general estadounidense David Petraeus planifica el desarrollo del Emirato Islámico y su invasión contra la provincia iraquí de al-Anbar, ese grupo autoriza al gobierno regional kurdo de Irak a apoderarse de los campos de petrolíferos de Kirkuk, lo cual se hizo realidad sin que ello diese lugar a ningún tipo de condena internacional, ya que los medios de difusión mantenían la atención de la opinión pública concentrada en los crímenes del Emirato Islámico.

3- Rusia respalda los derechos de la minoría kurda

En un primer momento, Rusia apoyó el proyecto de creación de una región autónoma kurda en Siria, según el modelo de la Repúblicas Autónomas rusas. En febrero de 2016 se abrió en Moscú una representación de las YPG.

Sin embargo, ante la reacción indignada de los sirios, Moscú tomó conciencia del hecho que la situación de la República Árabe Siria no tiene nada que ver con lo que existe en la Federación Rusa. Las minorías sirias están tan mezcladas entre sí que no existe ninguna región del país donde una de ellas sea mayoritaria. Durante miles de años, la defensa de Siria se ha organizado a partir de la mezcla de poblaciones, de forma tal que, en todas partes del país, una minoría vinculada a un eventual invasor pueda proteger al resto de la población. Por consiguiente, el Estado sirio no garantiza los derechos de las minorías entregándoles la gestión de regiones separadas sino organizando las instituciones y la administración según los principios del laicismo, tanto en materia de religión como en el plano étnico.

Es por ello que Rusia aborda ahora la cuestión kurda de manera completamente diferente. Rusia se ha comprometido a defender los derechos de todas las minorías en general, incluyendo los derechos de los kurdos, pero ha invitado a estos últimos a que definan claramente si están a favor o en contra de los yihadistas. En efecto, por el momento, los kurdos de todas las tendencias luchan contra los yihadistas, pero no porque sean yihadistas sino para apoderarse de los territorios que estos ocupan y apropiarse de ellos. Eso ha llevado a Rusia a exigir a los kurdos que definan también a quién consideran como aliado: Washington o Moscú.

4- Turquía quiere la creación de un Kurdistán, pero en Siria y bajo control del clan Barzani

Ankara se niega a la posibilidad de que un Kurdistán sirio pueda servir de retaguardia al PKK, circunstancia que este partido kurdo podría aprovechar para extenderse en Turquía. Ankara mantiene excelentes relaciones con el gobierno regional del Kurdistán iraquí y no tiene porqué oponerse a la creación de un Kurdistán sirio. Es por eso que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan había concluido con los dos copresidentes de las YPG un acuerdo secreto según el cual él apoyaría la creación de ese Estado. Pero ese acuerdo no sobrevivió a la represión desatada contra los kurdos de Turquía por el propio presidente Erdogan a raíz del progreso de estos en las elecciones legislativas de junio de 2015 [7].

La extrema derecha turca, tanto el MHP como los Lobos Grises y la Milli Gorus del presidente Erdogan, profesa una ideología de carácter racial. Según esos movimientos y milicias, Turquía debe ser islámica y basarse en la raza turco-mongola –lo cual implica la expulsión de cristianos y kurdos. La oposición no comparte ese punto de vista y gran parte de los kurdos están perfectamente integrados a dicha oposición.

Abdullah Ocalan crea el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) en 1978, cuando el fundador de los Lobos Grises, Alparslan Turkes, se convierte en viceprimer ministro de Turquía, en 1975, y habla públicamente de liquidar a los kurdos, siguiendo el modelo de liquidación de los cristianos aplicado durante el genocidio desatado contra los armenios y los griegos pónticos. Damasco concede a Ocalan el asilo político hasta 1998, año en que Ankara amenaza con recurrir a la guerra si Siria sigue protegiéndolo. El entonces presidente sirio Haffez el-Assad pide a Ocalan que trate de hallar refugio en otro país. El fundador del PKK será finalmente secuestrado en Kenya por el Mosad –la inteligencia israelí–, con ayuda de los kurdos del PDK, y entregado a Turquía, donde aún se encuentra encarcelado.

5- Irán se opone a la creación de un Kurdistán

Alrededor de 4,5 millones de kurdos son iraníes y son mayoría en una región de la República Islámica. Si bien gozan de igualdad jurídica, la región donde son mayoritarios sigue siendo objeto de diversas formas de discriminación y está menos desarrollada que las regiones de población persa.

La República Islámica de Irán defiende firmemente la preservación de las fronteras, sobre todo porque la creación de un nuevo Estado podría estimular el separatismo de otras minorías, como los baluchis.

Además, siendo aliado de Siria, Irán no puede admitir la creación de un Gran Kurdistán en detrimento de la integridad territorial del Estado sirio.

6- El gobierno regional kurdo de Irak es favorable a la creación de un Gran Kurdistán en territorios que hoy son parte de Irak y de Siria

El gobierno regional kurdo de Irak ve con inquietud a los kurdos de Siria. En efecto, se trata de dos poblaciones diferentes que, a pesar de ser kurdos, no hablan la misma lengua (los kurdos de Irak hablan sorani mientras que el segundo grupo habla kurmanji, por tratarse de kurdos provenientes de Turquía) y tienen una historia de relaciones conflictivas desde los tiempos de la guerra fría. Los kurdos de Irak incluso filtran la entrada a su territorio de kurdos provenientes de Siria y cierran las puertas a los kurdos que les parecen sospechosos de mantenerse vinculados al PKK.

Massud Barzani, jefe del clan Barzani, sigue siendo presidente del gobierno regional kurdo iraquí después de haber prorrogado su propio mandato en 2012, impidiendo la realización de elecciones. Massud Barzani ha instaurado en el Kurdistán iraquí un régimen corrupto y autoritario, sin vacilar en recurrir al asesinato de sus opositores. Con ayuda del Emirato Islámico, Massud Barzani extendió en un 40% el territorio de su región, anexando los campos petrolíferos de Kirkuk, y posteriormente el petróleo robado por el Emirato Islámico circuló a través del oleoducto del Kurdistán iraquí.

Como puede comprobarse en el siguiente mapa, al apoderarse del territorio que va desde Erbil hasta la frontera siria, Barzani impuso una continuidad geográfica entre el Kurdistán autónomo de Irak, bajo su control, y un Kurdistán eventualmente instaurado en el norte de Siria.

Luego de haber respaldado al Emirato Islámico durante la batalla de Ain el-Arab (Kobane), el gobierno regional kurdo iraquí se acercó a las YPG –a pedido de Washington– y les prestó una asistencia simbólica. Actualmente, el “presidente” Massud Barzani anuncia a cada rato que el Kurdistán iraquí va a declararse independiente y que planea anexar entonces una parte de Siria, pero se opone de plano a la creación de un Kurdistán dirigido por Saleh Muslim, copresidente del PYD (Partido de los kurdos de Siria).

7- Israel es favorable a la creación de un gran Kurdistán en territorios de Irak y Siria, pero no en Turquía

Para garantizar su propia seguridad, Israel estimuló inicialmente la creación de zonas desmilitarizadas a lo largo de su frontera, en detrimento de sus vecinos, como en el Sinaí egipcio y el sur del Líbano. Pero, debido al desarrollo de los misiles, Israel abandonó esa estrategia, se retiró del Sinaí y del sur del Líbano y, desde 1982, viene desarrollando una estrategia que consiste en controlar por detrás a las tres grandes potencias de la región, que son Egipto, Siria e Irak. Para lograrlo, estimuló la creación de un nuevo Estado independiente, Sudán del Sur, y ahora incita a la creación de un gran Kurdistán en territorios pertenecientes a Siria e Irak.

Desde la época de la guerra fría, Israel mantiene muy estrechas relaciones con el clan Barzani, actualmente en el poder en el Kurdistán iraquí.

8- Francia es favorable a la solución del problema kurdo sin afectar el territorio turco

En 2011, los entonces ministros de Relaciones Exteriores de Francia y Turquía, Alain Juppé y Ahmet Davutoglu, firmaron un Tratado donde se estipulaba que Turquía apoyaría las guerras contra Libia y contra Siria (esta última ni siquiera había comenzado todavía) a cambio de respaldo a la admisión de Turquía como miembro de la Unión Europea y de la solución del problema kurdo en detrimento de los vecinos de Turquía. En otras palabras, Francia se comprometió a crear un Estado independiente –en Siria o en Irak, o a caballo sobre ambos países– para poder expulsar hacia allí [desde Turquía] a los kurdos del PKK. Ese acuerdo, que planifica la ejecución de crímenes contra la humanidad, se mantuvo en secreto y no fue sometido a los parlamentos de Francia y Turquía.

El 31 de octubre de 2014, el presidente Francois Hollande recibió a Erdogan en la sede de la presidencia de la República Francesa. Saleh Muslim, copresidente del PYD (partido de los kurdos de Siria, cuya rama armada son las YPG), se unió secretamente a este encuentro. Estos tres personajes se pusieron de acuerdo para crear en el norte de Siria, y en detrimento de los pueblos no kurdos que pueblan esos territorios sirios, un Kurdistán donde Saleh Muslim sería “nombrado” presidente.

Pero después de la batalla de Ain al-Arab (localidad siria designada como Kobane en kurdo kurmanji), el presidente Hollande recibió el 8 de febrero de 2015, públicamente y a pedido de Estados Unidos, a la otra copresidente del PYD, Asya Abdullah, suscitando así la cólera de Ankara. La señora Abdullah es conocida como una fiel seguidora del líder histórico del PKK, Abdullah Ocalan, y por consiguiente se opone a una presidencia en manos de Saleh Muslim.

Cambiando nuevamente su posición después de los atentados de París, Francia hizo adoptar en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución 2249 que autoriza a intervenir militarmente contra el Emirato Islámico, lo cual proporciona una excelente coartada para la creación del nuevo Estado. Sin embargo, Estados Unidos y Rusia retocaron el proyecto francés en el último momento para que París no pueda intervenir en Siria sin autorización de Damasco.

9- Las tres principales facciones kurdas son favorables a la creación de un Kurdistán, pero cada una de ellas quiere que sea bajo su control y no bajo control de alguno de sus rivales

Durante la guerra fría, los kurdos se dividieron en pro-estadounidenses (PDK) y pro-rusos (PKK). Las YPG representan a los kurdos turcos del PKK refugiados en Siria. A esta división fundamental han venido agregándose otras, de manera que hoy existen una veintena de partidos políticos kurdos.

La sociedad kurda está organizada según un sistema de clanes que recuerda el que existe en el sur de Italia, de manera que la pertenencia a determinada tendencia política no es una opción personal sino algo que depende principalmente de relaciones de familia.

Durante los siglos XVIII y XIX, los dirigentes kurdos privilegiaron siempre las alianzas con grandes potencias en vez de los acuerdos con los pueblos con los que vivían. De esa manera, los líderes kurdos garantizaron sus propios intereses a costa de los intereses de su pueblo, situación que recuerda el comportamiento de los dirigentes maronitas en Líbano.

En 1974-1975, los kurdos de Irak se aliaron a Estados Unidos en contra del presidente Ahmad Hassan al-Bakr. Pero cuando al-Bakr comenzó a reprimirlos, Estados Unidos los abandonó. Y cuando una comisión senatorial lo interrogó, preguntándole si no le avergonzaba haber abandonado a los kurdos, el secretario de Estado Henry Kissinger respondió secamente: «La política exterior de Estados Unidos no es cuestión de filantropía.»

Los líderes kurdos actuales que aceptaron el proyecto estadounidense con la ilusión de obtener altos puestos en el futuro Estado se niegan a ser responsables de la Nakba [8] que se produciría si fuesen apartados del futuro poder. El problema, en efecto, es que la creación del nuevo Estado supondría la expulsión o masacre de las poblaciones árabes y cristianas asirias que viven en el norte de Siria y que en su momento acogieron allí a los kurdos que huían de la represión turca.

Uso reciente de la fuerza para impulsar cada uno de estos proyectos

A lo largo del verano de 2016, Estados Unidos apoyó directamente las FDS (las denominadas Fuerzas Democráticas Sirias, que no son otra cosa que miembros de las YPG junto con algunos mercenarios árabes y cristianos) para expulsar de la localidad siria de Manbij a los yihadistas del Emirato Islámico, estos últimos también indirectamente apoyados por Estados Unidos a través de Turquía. En cuanto se materializó la toma de Manbij, el Pentágono obligó las YPG a retirarse de la localidad que acababan de conquistar y la puso en manos de grupos armados empeñados en derrocar el gobierno sirio.

                                                                                     

El 23 de agosto de 2016, en Ankara, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo del gobierno regional kurdo de Irak, Massud Barzani, concluyeron una alianza contra los otros kurdos.

El 23 de agosto de 2016, en Ankara, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo del gobierno regional kurdo de Irak, Massud Barzani, concluyeron una alianza contra los otros kurdos.

El 23 de agosto, el presidente del gobierno regional kurdo de Irak, Massud Barzani, fue recibido con honores de jefe de Estado por los principales dirigentes de Turquía. Fundamentalmente, Barzani tuvo un encuentro de 2 horas con el presidente Erdogan. El Kurdistán iraquí apoyó a Turquía contra los kurdos del PKK y trazó con Ankara un plan para destruir sus instalaciones en las montañas iraquíes. El gobierno regional kurdo iraquí y Ankara abordaron además la cooperación energética, probablemente la manera de seguir vehiculando el petróleo robado por el Emirato Islámico.

Ese mismo día, el ejército turco entró en territorio sirio y “expulsó” al Emirato Islámico de la ciudad siria de Yarablus, situada entre la frontera turco-siria y Manbij. Los turcos tomaron Yarablus sin combatir ya que los yihadistas del Emirato Islámico se retiraron, obedeciendo las órdenes de su mentor turco. Por cierto, por el momento, nunca hubo ningún tipo de combate, ni en Yarablus ni en ningún otro lugar, entre el ejército turco y el Emirato Islámico.

Tratando de explotar la ventaja adquirida, el ejército turco prosiguió su avance tomando otras localidades y acercándose a Manbij, ignorando con ello las órdenes de Estados Unidos de detenerse. Así que la CIA entregó misiles antitanques a las YPG, que los utilizaron primeramente contra los tanques turcos, pero no en Yarablus, y luego contra el aeropuerto de Diyarbakir, en territorio turco. Mensaje recibido. El ejército turco se replegó hacia Yarablus y puso las aldeas que se hallan al sur de esa ciudad en manos de milicias turcomanas que ahora operan bajo la bandera –que había quedado vacante– del Ejército Sirio Libre.

Al día siguiente de la visita de Massud Barzani, también viajó a Turquía el vicepresidente estadounidense Joe Biden. Siendo senador, Biden había presentado un proyecto de ley tendiente a proclamar la independencia del Kurdistán Irak. Ya en Ankara, el vicepresidente de Estados Unidos anunció haber solicitado a las YPG que se retiren del territorio que se halla al oeste del Éufrates –lo cual incluye Manbij– y que, de no hacerlo, Washington cesaría toda forma de apoyo «a los kurdos». Pero como el Emirato Islámico ya anunció que no permitirá la implantación de las YPG al este del Éufrates, se hace difícil entender qué territorio quedaría ahora para esos combatientes kurdos.

En definitiva, existe un acuerdo tácito entre Ankara y Damasco para obstaculizar el surgimiento de un Kurdistán bajo control de las YPG, mientras que hay otro acuerdo oficialmente concluido entre el Pentágono y las YPG para que ambas partes no luchen entre sí, a pesar del nuevo cambio de casaca de Washington contra la creación de un Kurdistán.

Los jefes de Estados de los países miembros del G20 acaban de reunirse en Hangzhu (China). El G20 es el encuentro entre las 19 economías más importantes del mundo –no participan España, los Países Bajos, ni Suiza– más la Unión Europea. Este foro fue creado en 1999, al margen del G7, con los ministros de Relaciones Exteriores para asociar las economías emergentes a las decisiones de las potencias occidentales. Y posteriormente se convirtió en una cumbre entre los jefes de Estado, ante la crisis financiera de 2008, con la esperanza de limitar la propagación de aquella crisis.

El hecho es que ninguna cumbre del G20 ha tomado decisión alguna sobre ningún tema. Lo cual es más bien tranquilizador porque lo contrario querría decir que son los ricos quienes deciden en lugar de los pobres.

Se supone que el G20 se dedicar al análisis de los problemas económicos. Actualmente se trata de la pérdida de impulso del crecimiento mundial, de una eventual detención de la globalización y de la posible disolución de la Unión Europea. En la apertura del G20, el presidente chino Xi Jinping subrayó la necesidad, en su opinión, de evitar el regreso al proteccionismo y de seguir, por el contrario, desarrollando el comercio mundial para dar un nuevo impulso al crecimiento.

Sin embargo, debido a la poca influencia de los responsables políticos sobre la economía, el G20 fue sobre todo una oportunidad para que los participantes se reunieran al margen de la cumbre para abordar temas políticos: Ucrania, Siria y el terrorismo.

Como siempre sucede, todo el mundo dijo querer preservar la libertad comercial, defender la paz y luchar contra el terrorismo. Pero todos saben que la supremacía de Estados Unidos no resistirá por mucho tiempo ante la apertura de las dos «rutas de la seda» y que los estadounidenses están haciendo todo lo posible para dividirlos en bandos separados utilizando la cuestión del Donbass, en Ucrania, y los conflictos en Siria e Irak.

La Casa Blanca anunció que había fracasado la negociación con el Kremlin por la paz en Siria, supuestamente porque Moscú «dio marcha atrás» sobre «numerosos puntos». ¿Cuáles son esos puntos? La Casa Blanca prefirió, por supuesto, no precisarlos… ¿Por qué? Porque no existen. Desde la conclusión del acuerdo de paz de Ginebra-1, en junio de 2012, son los occidentales –y sólo ellos– quienes han hecho fracasar las numerosas negociaciones. Por dos razones:

• La primera es que no quieren una paz generalizada, porque pretenden mantener el caos en el desierto sirio-iraquí para impedir los intercambios comerciales entre Asia y Europa.
• La segunda razón es que Washington no quiere reconocer que Rusia ha recuperado el lugar que ocupaba la URSS en la escena internacional, ni compartir el poder con ella.

En cuanto a la lucha contra el terrorismo, desde hace años es el pretexto ideal para permitir a Estados Unidos controlar las transferencias de fondos, lo cual permite a quienes financian el terrorismo y arman a los terroristas mantener las sanciones precisamente contra quienes realmente luchan contra el terrorismo: Irán, Rusia y Siria.

El G20 no puede ser, por consiguiente, más que una oportunidad para dar pequeños pasos políticos con el pretexto de celebrar una reunión de carácter económico. De esa manera, Rusia y Turquía aprovecharon ese encuentro para culminar el restablecimiento de sus intercambios comerciales y económicos, lo cual debería contribuir a que se produzca una evolución de la posición de Ankara sobre Siria.