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Desde que el presidente Jacques Chirac sufrió su accidente cerebro-vascular, en 2005, Francia no ha tenido un verdadero jefe de Estado. Debilitado por la enfermedad, Chirac permitió la lucha interna entre sus ministros Villepin y Sarkozy. Y después, los franceses llevaron sucesivamente a la presidencia de la República a dos personajes –Nicolas Sarkozy y Francois Hollande– que nunca llegaron a cumplir realmente con lo que debería ser un presidente de Francia. Ahora acaban de elegir para ese cargo a Emmanuel Macron, creyendo que se trataba de un joven impetuoso y capaz de recuperar la dirección del país.

La campaña que antecedió la elección presidencial de 2017, al contrario de las anteriores, no dejó espacio a un debate de fondo. Fue cuando más la ocasión de comprobar que todos los candidatos de menor importancia –o sea, los que no contaban con el respaldo de las grandes formaciones políticas– ponían en tela de juicio a la Unión Europea, institución que todos los candidatos importantes consideraban la panacea. Esta campaña presidencial fue fundamentalmente una especie de serie de televisión que denunciaba la supuesta corrupción de la clase política en general y en particular la del candidato favorito, Francois Fillon –narrativa típica de las «revoluciones de colores». Y como en todos los modelos anteriores de revoluciones de colores, sin excepción alguna, la opinión pública reaccionó a favor de lo que podríamos llamar la “política de la escoba”, o sea todo lo anterior es corrupto y hay que liquidarlo, mientras que todo lo nuevo es justo y bueno. Pero no se ha comprobado ninguno de los delitos mencionados.

En las revoluciones de colores anteriores, la opinión pública demoraba entre 3 meses –como en la «revolución del cedro» libanesa– y –como en la «revolución de las rosas» de Georgia– 2 años en despertar y darse cuenta de que había sido manipulada. Y esa opinión pública volvía entonces a lo que quedaba del anterior equipo gobernante. La habilidad de los organizadores de las revoluciones de colores consiste por tanto en realizar de inmediato los cambios que sus padrinos quieren imponer en las instituciones.

Emmanuel Macron anunció desde el principio que reformaría urgentemente el Código Laboral, recurriendo para ello a un procedimiento que le permitiría hacerlo por decreto. También anunció importantes reformas institucionales: modificación del Consejo Económico y Social, eliminación –en términos empresariales podría hablarse más bien de «despido»– de la mitad de los diputados y senadores y «moralización» de la vida política. Todos esos proyectos corresponden punto por punto al contenido del informe de la Comisión para la Liberación del Crecimiento Francés elaborado en 2008, comisión que tuvo como presidente a Jacques Attali y cuyo secretario general adjunto fue precisamente Emmanuel Macron.

                                                                                      

El informe de la Comisión Attali, creada por el presidente Sarkozy, comienza con las siguientes palabras: “Esto no es un informe ni un estudio sino una serie de instrucciones para reformas urgentes y fundadoras. No tiene carácter partidista ni bipartidista. Es no partidista.”

El Código Laboral

En lo tocante al Código Laboral existe, efectivamente, un amplio consenso a favor de adaptarlo a las situaciones económicas contemporáneas. Sin embargo, el análisis de los documentos preparatorios disponibles, muestra que el gobierno no es parte de ese consenso. La intención del actual gobierno francés es abandonar el sistema jurídico latino para adoptar el que se encuentra en vigor en Estados Unidos. Eso implica que un empleado y su patrón podrían negociar entre ellos un contrato que viole la ley. Y, para que no queden dudas sobre la amplitud y la importancia de esta reforma, el sistema educativo francés tendrá que “producir” niños bilingües, que sean capaces de hablar francés e inglés al terminar le enseñanza primaria.

Pero no ha existido en Francia ningún tipo de debate sobre este cambio de paradigma. Como máximo, se mencionó en debates parlamentarios sobre la ley El-Khomri-Macron, en 2016. Algunos observadores señalaron en aquel momento que el predominio de las negociaciones en el seno de la empresa sobre los acuerdos por sectores de actividad abría el camino a una posible caída de Francia en el derecho estadounidense en materia laboral.

Esta opción resulta particularmente sorprendente dado que, si bien Estados Unidos es la primera potencia financiera mundial, en el plano económico ese país se ha quedado detrás de naciones tan diferentes como China y Alemania. Además, si el Reino Unido respeta el voto de sus electores y sigue adelante con el proceso de salida de la Unión Europea, el modelo dominante en el seno de la Unión ya no será el modelo anglosajón –de carácter financiero– sino el modelo económico de Alemania.

Las instituciones

En cuanto a la reforma de las instituciones, llama la atención ver que, aún en caso de que resultaran excelentes las reformas que el presidente Macron pretende imponer, ninguna responde a lo que esperan los franceses. Nadie había denunciado hasta ahora una cantidad excesiva de parlamentarios ni de concejales. Sí existen, por el contrario, muchos informes que denuncian la acumulación de estratos administrativos (comunas, comunidades de comunas, departamentos, regiones y Estado) y la proliferación de comités o comisiones considerados inútiles.

La realidad es que el presidente Macron esconde sus verdaderas intenciones. Su objetivo a mediano plazo, ampliamente anunciado desde 2008, es suprimir las comunas y departamentos. Se trata de homogeneizar las colectividades locales francesas según el modelo que la Unión Europea ya impuso en todas partes fuera de Francia. Rechazando la experiencia histórica francesa, en la presidencia de la República se considera que los franceses pueden ser administrados como todos los demás europeos.

La reforma del Consejo Económico y Social sigue siendo nebulosa. Sólo se sabe que se trataría simultáneamente de disolver los innumerables comités o comisiones clasificados como inútiles y dejar el diálogo social en manos del Consejo. El fracaso del presidente De Gaulle en ese tema, en 1969, hace pensar que si se realizara esa reforma no sería en aras de resolver un problema sino de enterrarlo definitivamente. En efecto, aunque el diálogo social se efectúa actualmente a nivel sectorial, la reforma del Código Laboral dejará ese diálogo sin objetivo concreto.

En 1969, el presidente De Gaulle se resignó a abandonar nuevamente su viejo proyecto de «participación», o sea de redistribución del incremento del capital de las empresas entre los propietarios y sus empleados. De Gaulle propuso, en cambio, hacer que el mundo del trabajo participara en el proceso legislativo. Y para eso se le ocurrió organizar la fusión del Consejo Económico y Social con el Senado, de manera que la cámara alta reuniese simultáneamente a representantes de las regiones y del mundo profesional. Lo más importante es que propuso que esa cámara no pudiera seguir redactando leyes por sí misma sino que emitiese una opinión sobre todos los textos antes de la presentación de estos en la Asamblea Nacional. Se trataba, por tanto, de otorgar un poder de opinión legislativa a las organizaciones campesinas y liberales, a los sindicatos obreros y patronales, a las universidades y a las asociaciones familiares, sociales y culturales.

Las dos prioridades que el presidente Macron pretende llevar adelante antes del “despertar” de sus electores pueden entonces resumirse de la siguiente manera:
 regular el mercado laboral francés según los principios del derecho estadounidense;
 adaptar las colectividades locales a las normas europeas y enquistar las organizaciones representativas del mundo laboral en una asamblea puramente honorífica.

Además de borrar, sólo en beneficio de los capitalistas, toda huella de varias siglos de luchas sociales, Emmanuel Macron tendría entonces que lograr alejar a los parlamentarios de los electores que votaron por ellos y que esos parlamentarios renuncien a implicarse en los asuntos públicos.

Es un escándalo sin precedentes. El jefe del personal de la Casa Blanca, Reince Priebus, era parte del complot destinado a desestabilizar al presidente Trump y preparar su destitución. Priebus estaba alimentando las filtraciones cotidianas que han venido perturbando la vida política estadounidense, principalmente las vinculadas a la supuesta colusión entre el equipo de Donald Trump y el Kremlin [1]. Al despedirlo, el presidente Trump entró en conflicto con el establishment del Partido Republicano, partido que el propio Priebus presidió en su momento.

Dicho sea de paso, todas esas “filtraciones” sobre las agendas y contactos de diferentes personas no han aportado absolutamente ninguna prueba sobre las acusaciones contra Trump y su equipo de campaña.

La reorganización del equipo de Trump, después del despido de Priebus, ha sido en detrimento de las personalidades republicanas y a favor de los militares que se oponen al tutelaje del Estado Profundo. De hecho, ha dejado de existir la alianza con Donald Trump que el Partido Republicano había tenido que aceptar, de mala gana, el 21 de junio de 2016, durante la convención de investidura del hoy presidente de Estados Unidos.

Así que nos encontramos nuevamente ante la ecuación inicial: de un lado, el presidente de la «América Profunda»; del otro, toda la clase dirigente de Washington respaldada por el Estado Profundo –o sea, la parte de la administración a cargo de mantener la continuidad del Estado más allá de la alternancia entre los grupos políticos.

Es evidente que esa coalición cuenta con el respaldo del Reino Unido y de Israel.

Y sucedió lo que tenía que suceder: los líderes demócratas y republicanos se han puesto de acuerdo para contrarrestar la política exterior del presidente Donald Trump y mantener sus prerrogativas imperiales.

Con ese objetivo acaban de adoptar en el Congreso una ley de 70 páginas que impone oficialmente sanciones contra Corea del Norte, contra Irán y contra Rusia [2]. De manera unilateral, ese texto impone además a todos los demás Estados del mundo la obligación de respetar las sanciones comerciales estadounidenses. Por consiguiente, esas sanciones se aplican de hecho tanto a la Unión Europea como a China, al igual que a los Estados oficialmente designados como blancos de esas medidas punitivas.

Sólo 5 parlamentarios se separaron de esa coalición y votaron en contra de esta ley: los representantes Justin Amash, Tom Massie y Jimmy Duncan y los senadores Rand Paul y Bernie Sanders.

Varias disposiciones de esa ley prohíben más o menos al poder ejecutivo estadounidense –o sea, a la Casa Blanca y las diferentes dependencias federales– aligerar en alguna forma las sanciones comerciales que el Congreso impone. Donald Trump se ve así teóricamente atado de pies y manos.

Por supuesto, siempre le queda al presidente Trump la posibilidad de oponer su veto a la ley aprobada por los parlamentarios. Pero, según la Constitución estadounidense, el Congreso sólo tendría que volver a votar el texto en los mismos términos para hacer prevalecer su voluntad ante el veto del presidente. Así que este último se limitará a firmar la ley para ahorrarse el peligro de sufrir una derrota ante los parlamentarios.

El hecho es que estamos a punto de ser testigos, en los próximos días, de una guerra inédita. Los partidos políticos estadounidenses tienen intenciones de echar abajo la «doctrina Trump», según la cual es mediante su propio desarrollo económico que Estados Unidos debe mantener su liderazgo mundial. Y pretenden, por el contrario, volver a la «doctrina Wolfowitz» de 1992, la cual estipula que, para mantener su posición de predominio mundial, Washington debe obstaculizar el desarrollo de todo posible competidor [3].

Paul Wolfowitz es un trotskista que se puso al servicio del presidente republicano George Bush padre en la lucha contra Rusia. Diez años después, bajo la administración del también republicano George Bush hijo, Wolfowitz fue secretario adjunto de Defensa y posteriormente presidente del Banco Mundial. Pero en la elección presidencial del año pasado, Wolfowitz aportó su respaldo a la candidata demócrata Hillary Clinton. En 1992, Wolfowitz escribía que para Estados Unidos el competidor más peligroso era… la Unión Europea y que Washington tendría que destruirla políticamente, e incluso en el plano económico.

La ley que los parlamentarios estadounidenses acaban de adoptar pone en peligro todo lo que Donald Trump había logrado durante los últimos 6 meses, específicamente en la lucha contra la Hermandad Musulmana y sus organizaciones yihadistas, la preparación de la independencia de la región de Donbass –que acaba de anunciar que pasará a llamarse Malorossiya (Pequeña Rusia)– y el restablecimiento de la Ruta de la Seda.

Como primera medida de respuesta, Rusia ya hizo saber a Washington que tendrá que reducir el número de funcionarios de su embajada en Moscú al número de funcionarios que cuenta la embajada rusa en la capital federal estadounidense, o sea 455 personas, expulsando así a 755 diplomáticos estadounidenses. Eso quiere decir que la embajada estadounidense en Rusia contaba 1 210 funcionarios. Moscú hace notar así que si ha existido algún tipo de interferencia rusa en la política estadounidense, no se trata ciertamente de nada comparable con la envergadura de la injerencia de Estados Unidos en la vida política rusa.

Por cierto, el 27 de febrero pasado, el ministro ruso de Defensa, Serguei Choigu, anunció al parlamento de la Federación Rusa que sus fuerzas armadas cuentan ahora con la capacidad de organizar –ellas también– «revoluciones de colores», algo que Estados Unidos viene haciendo desde hace 28 años.

Mientras tanto, los europeos ven con estupor como sus amigos en Washington –Barack Obama, Hillary Clinton, John McCain– acaban de bloquear toda esperanza de crecimiento en los países de la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de esta cruel sorpresa, los europeos siguen sin entender que el supuestamente «imprevisible» Donald Trump en realidad es su mejor aliado. Totalmente aturdidos por ese voto del Congreso estadounidense, que los sorprende en plenas vacaciones de verano, los europeos no hallan nada mejor que ponerse «en posición de espera».

A falta de una reacción inmediata podrán verse arruinadas las empresas que invirtieron en la solución de la comisión europea encargada de garantizar el abastecimiento energético de la Unión. Wintershall, E.ON Ruhrgas, N. V. Nederlandse Gasunie y Engie (la antigua GDF Suez) están implicadas en la construcción de la nueva tubería paralela a la tubería ya existente del gasoducto Nord Stream, trabajo ahora prohibido por el Congreso de Estados Unidos. Con ello pierden esas empresas no sólo la posibilidad de presentarse como aspirantes en procesos de licitaciones en Estados Unidos sino también todos sus fondos depositados en suelo estadounidense. Se les bloquea además de inmediato todo acceso a los bancos internacionales y no podrán continuar sus actividades fuera de la Unión Europea.

El gobierno alemán ha sido, por el momento, el único en expresar su descontento. No se sabe si logrará convencer a los demás gobiernos europeos y obtener que la Unión Europea se rebele al fin contra su amo estadounidense. Nunca antes se había visto una crisis similar y por tanto no existen puntos de referencia que permitan anticipar el curso de los acontecimientos. Es probable que varios Estados miembros de la UE defiendan, aún en contra de sus socios europeos, los intereses de Estados Unidos, o más bien la versión de esos intereses que presenta el Congreso estadounidense.

Como cualquier otro país, Estados Unidos tiene derecho a prohibir a sus empresas que mantengan relaciones comerciales con tal o más cual Estado extranjero, así como a prohibir los intercambios con empresas de otras nacionalidades.

Pero, según la Carta de las Naciones Unidas, ningún Estado puede imponer a otro sus propias decisiones en materia de comercio. Y eso es lo que hizo Estados Unidos con su política de sanciones contra Cuba [4].

En aquel momento, por iniciativa de Fidel Castro –que no era comunista–, el Gobierno Revolucionario de Cuba inició una Reforma Agraria que no fue del agrado de Washington [5]. Los países miembros de la OTAN, cuya última preocupación era la suerte de aquella islita del Caribe, se plegaron a aquellas sanciones. Poco a poco, el soberbio Occidente pasó a ver como algo normal el tratar de rendir por hambre a los Estados que se resistían al poderoso amo estadounidense. Hoy vemos, por primera vez, como la propia Unión Europea se ve directamente afectada por una forma de dominación que ella misma ayudó a instaurar.

Más que nunca, el conflicto entre Trump y el establishment estadounidense adopta una forma cultural. En ese conflicto se enfrentan los descendientes de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca del «American Dream» [6] y los descendientes de los puritanos que llegaron a América a bordo del Mayflower [7].

Eso explica, por ejemplo, las críticas de la prensa internacional sobre el lenguaje, ciertamente vulgar, del nuevo jefe de prensa de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci. Hasta ahora, Hollywood había reflejado sin problemas los modales poco convencionales de los hombres de negocios neoyorquinos. Pero ese lenguaje soez es presentado ahora como algo incompatible con el ejercicio del poder. El ex presidente Richard Nixon solía expresarse así y fue una de las cosas que se le reprochó cuando el FBI organizó el escándalo del Watergate para obligarlo a dimitir. Sin embargo todos reconocen que Nixon fue un gran presidente –puso fin a la guerra de Vietnam y reequilibró las relaciones internacionales al establecer vínculos diplomáticos con la República Popular China, frente a la URSS. Resulta sorprendente ver a la prensa europea repetir hoy el argumento puritano, religioso, contra el vocabulario de Scaramucci para juzgar la competencia del equipo de Trump en materia de política, como también sorprende que el propio Trump lo haya despedido a pesar de que acababa de nombrarlo.

El futuro del mundo puede estar en juego tras lo que hoy parece una simple lucha de clanes. Es posible que esté en juego la posibilidad de que ese futuro esté hecho de enfrentamiento y dominación o de que sea un futuro de cooperación y desarrollo.