América Central

Fuente: Prensa Latina

 

El Ministerio de Salud (Minsa) contabiliza actualmente 132 nuevas obras de infraestructura realizadas en 2021, entre ellas el segundo hospital más significativo de Nicaragua, ubicado en el departamento de Chinandega.

La titular de esa cartera, doctora Martha Reyes, aseguró que nuestro país cuenta con la mejor red hospitalaria de la región.

Además, informó sobre la inauguración de clínicas de atención primaria en San Juan, Nueva Segovia, León y Matagalpa; salas de fisioterapia; el Centro Nacional de Diabetes; laboratorios en Managua y consultas externas.

Reyes anunció el comienzo de la edificación de los hospitales Aldo Chavarría y Dermatológico en la urbe capitalina y recordó las modernizaciones e inversiones millonarias en las áreas de atención del Centro Oftalmológico Nacional, con una asistencia diaria a 300 personas.

De acuerdo con Reyes, otros aspectos relevantes son la disminución de la mortalidad materna e infantil, el impulso del programa Mi Hospital en mi Comunidad, el aumento de las brigadas médicas por los barrios y los proyectos especiales para el cuidado de las personas con discapacidad o patologías crónicas.

Según la directiva, los profesionales sanitarios protagonizan además las jornadas de vacunación contra la Covid-19 y el control de enfermedades como el Zika, Chikungunya y malaria y valoró la introducción en las instituciones médicas de equipos y tecnología de punta.

Hasta la fecha el Minsa reporta la inmunización voluntaria de 75 por ciento de la población en el país, gracias a las estrategias promovidas por el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), entre ellas, la campaña de vacunación gratuita y casa por casa.

Fuente: TeleSur

La disputa por tierras entre los dos municipios guatemaltecos data desde hace un siglo.

Al menos 13 personas perdieron la vida en una masacre ocurrida entre el viernes y el sábado en la comunidad rural de Chiquix, departamento de Sololá, en el suroccidente de Guatemala, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre las personas que fueron acribilladas se encuentran mujeres y niños, reportó el corresponsal de teleSUR en Guatemala, Santiago Botón, en su cuenta de la red social de Twitter.

Botón mencionó en su tuit que el ataque ocurrió tras una incursión policial por un antiguo conflicto limítrofe.

En un comunicado, la PNC informó que localizaron 13 personas “fallecidas en la aldea Chiquix, ubicada en el lado de (el municipio de) Nahualá y que es un límite territorial en el conflicto que mantienen con (el pueblo vecino) de Santa Catarina Ixtahuacán”.

La corporación de seguridad civil detalló que uno de los fallecidos es un agente policial, mientras que otros dos oficiales se encuentran heridos.

La PNC indicó que en el lugar de los hechos, ubicado a unos 160 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, fue localizado un camión «semi quemado» y una patrulla con «perforaciones de bala», por lo que presume que fue atacada.

En mayo de 2020, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei decretó un estado de sitio en la zona debido a una escalada de violencia por el conflicto entre los dos municipios habitados por indígenas mayas que data desde hace un siglo.

El diferendo ha persistido “por más de 100 años», a lo largo de los cuales muchos pobladores han perdido la vida por la “supuesta defensa de sus tierras», dijo Giammattei en esa ocasión.

Fuentes: Rebelión

 

 

El 10 de diciembre, cuando se celebra el día de los derechos humanos, el Ministerio de Energía y Minas comunica, que, concluye la consulta al Pueblo Indígena Maya Q’eqchi, por la extracción minera Fénix.[1]

En el contenido del comunicado el MEM dice, que lo concluye satisfactoriamente, siguiendo todo el proceso del Convenio 169. Logra la suscripción de acuerdos entre las partes involucradas, que permitirán generar planes de desarrollo. Realizó cinco jornadas informativas, previas al proceso. Tres reuniones de pre-consulta y siete reuniones de consulta. Todo fue posible gracias al trabajo de actores principales: gobierno, pueblo indígena Maya Q’eqchi, representado por el consejo de comunidades de El Estor, Izabal y el Consejo de Panzos y la empresa CGN y participaron otros actores, todos ellos gubernamentales.

En una columna de opinión, afirmábamos que esta consulta es totalmente espuria y racista [2] y se confirma con la información con este comunicado del MEM.

Esta no fue consulta, fue una mesa de diálogo y negociación, igualmente espuria, porque una consulta no es para a acuerdos. El convenio 169 es claro, “consulta libre, previa e informada”. Por otro lado, debe ser con la participación de todas las comunidades, no solo con sus representantes. En la consulta como lo establece el Convenio 169 y otros instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, no debe participar la empresa involucrada, solo representantes del Estado y todos los pueblos indígenas afectados, con sus formas organizativas.

Esta pantomima del gobierno de Giammattei y del MEM, es una burla a los pueblos indígenas, no solo de Guatemala, sino de América Latina y del Mundo. Es parecido a la forma abusiva como trató a las autoridades comunitarias de Comalapa, la forma discriminadora como quiso celebrar el bicentenario criollo, como aprueban los presupuestos. Además, es un circo cargado de corrupción e impunidad.

Da tristeza y coraje de cómo supuestos representantes indígenas, sirven de alfombra al poder criollo. Se les olvida los principios fundamentales que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas. Por eso insisto, que no es lo mismo ser Q’eqchi’, o Aj Raal Ch’och’ o Ch’ol Winq,[3] son identidades muy diferentes. Lamentablemente hay muchos hermanos y hermanas, que puede ser que hablen su idioma, pero no viven su ser maya, es decir, que están lejos de ser Aj Raal Ch’och’ o Ch’ol Winq. Traicionan a su pueblo, por míseros quetzales o proyectos, o porque simplemente son “indios cooptados”. Como es posible, que supuestas autoridades mayas y que tienen la supuesta vara, avalan este circo y se olvidan que estamos colonizados, dominados, por el poder criollo. Tan fácil se nos olvida nuestra historia.

A veces me niego a creer eso, pero es nuestra realidad, la amnesia y la desmemoria es la constante en muchos de nosotros. Tan rápido se nos olvida quien es el represor y el opresor y cómo asesinaron a muchos hermanos y hermanas nuestras durante toda esta historia que va del Estado Colonial al Estado neoliberal. Estado colonial, liberal, republicano, criollo, neoliberal. Se nos olvidó la sangre de Mamá Maquin.

“B’anumaq usilal laex was witz’in aj Q’eqchi, li xe tz’aqon sa li b’atzun xab’anu li Ministerio de Energías y Minas, me kuut xxutan li q’a xe’ qa ton. Li xe b’anu laex moqo li naraj ta li qa tenamit, li xeb’anu, wan jun xqa’ab’a chi ru’ li q’a xe q’a ton, q’a na’ li q’a yuwa’, aan xutanil, aan xtzeqb’al erib sa sulul. Mo qo laex ta aj raal ch’och, le naleb’ xnaleb’ li b’ihom. Mo qo laex ta aj kamol b’e, laex aj batz’unel. B’ar xsach che ru’ xqiqel eb’ li kas kitzin, li qa na li qa yuwa”.

Notas:

[1] https://mem.gob.gt/blog/concluye-consulta-al-pueblo-indigena-maya-qeqchi-por-la-extraccion-minera-fenix/, visto última vez el 11 de diciembre de 2021.

[2] https://www.fger.org/el-estor-una-consulta-espuria-y-racista/, visto última vez el 11 de diciembre de 2021.

[3] https://ms-my.facebook.com/Comunitaria.Prensa/posts/3960984294019380, visto ultima vez el 11 de diciembre del 2021.

Kajkoj Máximo Ba Tiul. Maya Poqomchi, antropólogo, filósofo, teólogo, profesor universitario de Guatemala.

Fuente: Voltaire

Nicaragua acaba de poner fin a sus relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán) ‎y de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China (ver foto), lo cual podría traducirse en una ‎reactivación del proyecto nicaragüense de construcción de un nuevo canal interoceánico. ‎

En 2014, el súper multimillonario chino Wang Jing estuvo elaborando un proyecto para favorecer ‎la circulación marítima entre el Pacífico y el Atlántico mediante la construcción de un segundo ‎canal interoceánico que pasaría por Nicaragua. ‎

El proyecto contó con el beneplácito de las autoridades nicaragüenses pero Estados Unidos ‎respondió orquestando un movimiento de oposición que denunciaba su impacto ‎ecológico, aunque en realidad la existencia de un segundo canal ‎interoceánico haría disminuir considerablemente el intenso tráfico marítimo actual alrededor del Canal ‎de Panamá. Finalmente, la crisis financiera de 2018 detuvo el proyecto. ‎

Haciendo un poco de historia, vale la pena recordar que Estados Unidos creó artificialmente la ‎República de Panamá en 1903, estimulando, organizando y financiando un movimiento ‎independentista en el istmo, que era parte de Colombia –considerablemente debilitada entonces ‎por la guerra civil conocida como la «Guerra de los Mil Días». ‎

Al fomentar aquel movimiento, el objetivo de Washington no era otro controlar que el istmo, ‎donde ya habían comenzado, en 1881, los trabajos de construcción de lo que hoy conocemos ‎como el «Canal de Panamá».

El hecho es que a partir de la proclamación de su independencia de ‎Colombia, la República de Panamá estuvo constantemente bajo la tutela estadounidense. Hasta ‎que el general panameño Omar Torrijos lidereó, en 1968, una revolución que reclamó y obtuvo la proclamación de la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá. ‎

Después de la muerte de Omar Torrijos en 1981, en una extraña ‎catástrofe aérea ‎nunca elucidada, el general Manuel Antonio Noriega se convirtió en su sucesor hasta que fue ‎derrocado –en 1989– por una invasión militar estadounidense, durante la cual murieron ‎al menos 3 500 panameños. ‎

Después de Costa Rica (en 2007), Panamá (en 2017) y El Salvador (en 2018), Nicaragua ‎se convierte en el cuarto país centroamericano que pone fin a sus relaciones diplomáticas con ‎Taiwán y Honduras tiene previsto tomar la misma medida en 2022, lo cual debe favorecer la ‎reactivación del proyecto de construcción de un segundo canal interoceánico en Centroamérica, ‎en el marco de las «rutas de la seda» que la República Popular China ha venido creando durante ‎el mandato del presidente, Xi Jinping. ‎

Por: Miguel Ángel Ferrer 

México ya ha dado un gran primer paso para el establecimiento en un futuro cercano de la plena pensión universal.

Ya suman muchos millones las personas que reciben sin contraprestación alguna un ingreso económico por cuenta del Estado: adultos mayores, estudiantes e infantes con alguna discapacidad. Y se trata de cifras que tienden al alza, sobre todo en los dos primeros casos.

Cada día que pasa se incrementa el número de ancianos y de estudiantes. Pero, además, la filosofía que orienta la pensión universal implica otorgarla a infantes que aún no llegan a la edad escolar. Y se trata de muchos millones de seres humanos.

Frente a esta situación de crecimiento del padrón de beneficiarios no cabe argumentar carencia de recursos económicos. La experiencia mexicana de los últimos veinte años, pero más aún la del trienio 2018-2021, revela que la supuesta carencia o insuficiencia de recursos no ha sido obstáculo para cumplir cabalmente con este propósito.

Hasta ahora ha bastado con hacer que paguen sus impuestos aquellos que no los pagaban. Y también ha contado el cese del despilfarro en el sector público. Y lo mismo puede decirse del robo de los bienes de la nación por empleados de la nación. Y del taponamiento de las mil y una fugas del presupuesto público.

Es evidente y bien sabido que sigue habiendo despilfarro, robo y fugas por mala administración. De modo que la vía para la obtención de mayores recursos está a la vista. Y no sólo para hacer frente al crecimiento del padrón de beneficiarios de la pensión universal, sino incluso para incrementar el monto de las actuales asignaciones.

Como puede verse, el financiamiento de la pensión universal no es económico, sino ideológico. Acostumbrado a la cantaleta del no hay, al ciudadano le cuesta mucho trabajo entender y aprender que sí hay. Y que lo que debe llegar legítimamente a su bolsillo se encuentra ilegítimamente en otros bolsillos.

La experiencia mexicana demuestra y enseña que aquel obstáculo ideológico también puede ser vencido. Hoy, en México, el ciudadano considera a la pensión universal como un derecho. Un derecho que ni siquiera tiene que exigir, puesto que es de cumplimiento automático. Como las diversas vacunas. Y cual la educación y la salud públicas y gratuitas.

Y cuando en muchas sociedades del planeta se continúa discutiendo la bondad, pertinencia y posibilidades de aplicación de la pensión universal, en México ya es un hecho.

Por: Claudia Korol

Después de 12 años de golpes de Estado, de la resistencia del pueblo de Honduras pero también del éxodo obligado de miles y miles de habitantes por la violencia de las pandillas, la persecusión política o el hambre, Honduras vuelve a girar a favor del pueblo el resultado de las urnas. Xiomara Castro, una mujer de izquierda que ganó por amplio margen es tanto la certeza de que se va el dictador como la promesa de empezar a construir en libertad un país para todes.

El triunfo de Xiomara Castro en las elecciones, expresa la posibilidad de terminar con la narcodictadura liderada por Juan Orlando Hernández (JOH). Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora de COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), hija de Berta Cáceres, señala:

* Este triunfo de doña Xiomara, representa el voto de castigo, y también la desesperación del pueblo de Honduras, que ha buscado diversos canales para expresarse: en las calles, en la lucha cotidiana, a través de las urnas. Hay cansancio frente a la instalación de la violencia generalizada, el miedo, la persecución selectiva de las personas que luchan en defensa de los derechos humanos, y los graves crímenes que cometieron los gobiernos golpistas. Cansancio frente a la corrupción, el saqueo, el robo al pueblo, que se expresó muy claramente en los temas de salud, especialmente durante la pandemia, con el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Cansancio frente al desempleo, sobre todo de la juventud.

La clave de ese triunfo se encuentra en los amplios sectores que se articularon alrededor de la exigencia de ¡FUERA JOH!, que significa terminar con los superpoderes mafiosos de los gobiernos herederos de los golpes de estado. En Honduras se ejercitaron todo tipo de golpes de estado, fraudes, procesos ilegítimos para perpetuar lo que fue deviniendo en una narcodictadura, encabezada por Juan Orlando Hernández. El 28 de junio de 2009 fue el golpe que sacó a Mel Zelaya del gobierno, llevándolo en un avión a Costa Rica, vuelo que hizo escala en la base militar de Palmerola, que Estados Unidos mantiene en Honduras hasta hoy. El 12 de diciembre de 2012, con el edificio rodeado por miembros de las Fuerzas Armadas, el Congreso presidido por JOH, acordó la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en una decisión para la cual el Congreso carecía de competencia. En 2017, a través de un gigantesco fraude electoral, fue impuesto como presidente Juan Orlando Hernández, en el marco de la represión violenta a las manifestaciones populares en defensa del voto que daba como ganador al candidato de LIBRE Salvador Nasrallah.

Miriam Miranda, coordinadora general de OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras) nos dice:

* Hemos tenido tres golpes de Estado sucesivos, en 2009, en 2012, y en 2017, que convierten a Honduras en un laboratorio político para la destrucción de la institucionalidad, para permitir que el capital transnacional pueda apoderarse libremente de los recursos, de los territorios y de los bienes comunes, a través de ese proyecto económico llamado Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES). Hay un proceso de colombianización en Honduras. Las ZEDES son las mayores violaciones de los Derechos Humanos, porque el poder económico se está asegurando, primero, que nadie va a poder organizarse bajo las leyes nacionales, porque el Estado no tiene control sobre eso. Segundo, que los impuestos no se pagan, o sea, son territorios autónomos dentro de Honduras, en los cuales el Estado no va a tener ningún control.

Juan Orlando Hernández (JOH) ha encabezado desde enero de 2014 hasta hoy un gobierno que golpeó al pueblo duramente, al punto que éste comenzó a migrar en caravanas multitudinarias hacia los Estados Unidos. Más de 12 caravanas de miles y miles de migrantes salieron desde octubre de 2018, huyendo de la miseria, el desempleo, la violencia de las pandillas.

Que se vayan todos

12 años después del golpe, el pueblo hondureño que intentó todas las formas de resistencia a esa dictadura, logró la presidencia Xiomara Castro, quien a pesar de toda la estigmatización patriarcal y las campañas de odio, tuvo una victoria contundente. Ganó en 17 de los 18 departamentos, en una elección en la que los hondureños y hondureñas votaron masivamente. El 68% del padrón electoral participó de la cita, para hacer realidad la consigna que se gritaba en las calles y paredes: FUERA JOH. Xiomara consiguió un amplio margen de votos: el 53,6 %, frente al 33,8% del candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y el 9% de Yani Rosenthal, del Partido Liberal, quien estuvo detenido hasta meses atrás en Estados Unidos, acusado por lavado de activos. Vale recordar también que otros políticos de la narcodictadura tuvieron una suerte parecida, como Tony Hernández, hermano de JOH, quien está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, por narcotráfico, y Fabio Lobo, el hijo del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, que gobernó Honduras entre 2009 y 2013, quien recibió una condena de 24 años de prisión. Seguramente en estos momentos, Juan Orlando Hernández está conspirando para evitar seguir ese camino.

Nos dice Gilda Rivera, feminista y activista hondureña del Centro de Derechos de las Mujeres:

* El triunfo de Xiomara Castro es contundente. Hay un hartazgo de la población, una pérdida de esperanzas, y bajo la consigna de “Fuera JOH” y “Se Va”, sectores amplios de la población, incluyendo sectores del mismo Partido Nacional, de la empresa privada, sectores hasta conservadores que se unen bajo esa idea de que lo principal es que se vaya la dictadura, que se vaya Juan Orlando y su grupo. Cuando dicen “Que se vayan” están pensando que al salir del gobierno el tipo queda desprotegido, y al haber sido nombrado en las Cortes de Nueva York como ligado al narcotráfico y al crimen organizado, los norteamericanos se lo lleven. Claro, lo ideal es que en Honduras le hagamos justicia, pero tal como están las leyes en este momento va a ser difícil que hagamos justicia en el país. Entonces, la esperanza es -lastimosamente- que se lo lleven los norteamericanos”.

Xiomara, primera presidenta

“Es algo importante que haya por primera vez en la historia de Honduras una mujer presidenta, en uno de los países más machistas -sin duda- de la región y qué bueno ya ha asumido un compromiso con los derechos de las mujeres. Vamos a ver qué tanto se logra avanzar, pero también en ese sentido, cuánto nosotras logramos defender nuestros planteamientos y nuestras demandas”.

Esta mirada alegre pero no eufórica sino pensada y responsable de Bertha Zúniga, es compartida por otras feministas de Honduras. Karla Lara, artista y activista feminista, dice:

* Hacemos las primeras reflexiones bajo la alegría contagiosa del triunfo de Xiomara Castro, como primera mujer Presidenta de Honduras. Aunque hay un silencio pasmoso de parte del partido saliente, que, de haber justicia, tendría que pasar de la silla, el curul o la toga, derechito a la cárcel por innumerables actos delictivos. ¿Qué significa para mí como feminista? Sumarme a la alegría de muchas compañeras, sobre todo de feministas jóvenes y mayores que se posicionaron abiertamente durante la campaña, y pensar que tenemos gente para fortalecer ese espacio desde el movimiento social y popular con el que debe vincularse este Gobierno para revertir todo lo que debe revertirse, que no es poca cosa, pero nunca lo ha sido, así que con la misma esperanza, ¡¡a seguir adelante!!”

Yessica Trinidad, feminista negra, miembra de la Red de Defensoras subraya:

*Xiomara es una mujer, a la que no se le conocen actos de corrupción, que ha tenido una campaña de altura, que se ha fajado también en las calles como parte de la resistencia al golpe de estado. Sabemos que sólo con la presidencia no es mucho lo que se puede hacer. Se tiene que tener la mayoría de la oposición en el Congreso Nacional. Empezamos una nueva etapa, nos alegra, pero nosotras ponemos los pies sobre la tierra y sabemos que igual tenemos que involucrarnos para poder contribuir y que los cambios se hagan.

Noemí Dubon, activista feminista, integrante del Foro de Mujeres por la Vida, dice sobre la propuesta de Xiomara:

*Xiomara Castro hizo un plan de gobierno en el que están incluidas el movimiento de mujeres y feministas, la agenda de la juventud y de la comunidad sexo diversa, que aunque hubo mucho escándalo al interior de Libre, esperamos que no se olviden que esta población ha luchado mucho desde el Golpe de Estado para sacar a la dictadura. No va a ser un gobierno fácil para doña Xiomara, porque no es lo mismo ser político que ser política, y siempre a las mujeres se les exige más.

Sobre la reacción de los sectores fundamentalistas también llama la atención Gilda Rivera:

*El hecho de que triunfe una mujer como presidenta del país es un gran triunfo. Ella tiene sensibilidad y compromiso con las mujeres, pero eso puede verse muy limitado, especialmente por los sectores de derecha, incluso de los que son parte de esas alianzas, especialmente en lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. En el programa de gobierno participaron algunas feministas jóvenes que son parte de nuestras organizaciones, pero no estaban ahí como movimiento sino más a nivel individual. Ellas lograron incluir en el programa el matrimonio igualitario, el derecho al aborto por las tres causales, y algunas demandas del movimiento feminista y de la comunidad lgtbi+. Sin embargo, esas fueron las armas que utilizó la derecha para el ataque: decir “ella promueve el aborto y el aborto es asesinato de niños”, y hasta sacaron mantas en una manifestación que hicieron con la imagen de Xiomara con un puñal atacando a una mujer embarazada, justo el puñal sobre la panza de esta mujer embarazada. Una campaña de lo más sucia. Entonces, para nosotras nos da oportunidad este nuevo gobierno, nos da esperanza, pero no pensemos que la vamos a tener fácil, porque muchas de nuestras demandas posiblemente no sean parte del interés de muchos sectores que la apoyaron para que se vaya Juan Orlando, pero que van a querer ser parte de las políticas de gobierno y posiblemente también ser parte de un supuesto botín Estatal, que es a lo que le apuestan muchísimo”.

Por la refundación de Honduras

Por esas amplias y complejas alianzas, por la persistencia de una derecha fascista y fundamentalista, por el militarismo y la omnipresencia norteamericana –como en la base de Palmerola- los desafíos de los sectores populares, y de los feminismos en Honduras.

Reflexiona al respecto Miriam Miranda.

*El fundamentalismo religioso se ha exacerbado contra Xiomara Castro. Eso lo han utilizado muchísimo los medios, la Iglesia y todas las redes. Yo digo que será un gobierno muy complicado, no solamente por la composición de la alianza, sino porque se encuentra con un país totalmente destruido. Si no hay capacidad de generar, por parte de Xiomara como presidenta, algún tipo de convergencia de todos los sectores, para el futuro no va a haber ninguna posibilidad de que salga. Hay una destrucción total de la institucionalidad, hay un vaciamiento de los territorios tomados por los narcotraficantes o por el crimen organizado, hay una crisis sin precedentes. Hay que profundizar, entonces, la construcción de poderes locales territoriales integrados que puedan sostener la lucha en esos territorios, porque de lo contrario se vuelve bastante complejo.

Hay algo muy certero: este gobierno está con miedo, porque hay todo un movimiento de personas que sí quieren rendición de cuentas. También es cierto que hay una diferencia con el 2017: la gente no tiene miedo. El miedo cambió de bando, ahora lo tiene el gobierno.

No vamos a resolver el problema de Honduras con que gane Xiomara. Porque Xiomara puede ser presidenta, pero cómo va a gobernar cuando toda una plataforma de poder económico, político, militar, etc. va a estar siempre luchando contra ella. Por eso, tenemos que ir construyendo otra forma de convivencia. A nivel territorial deben crearse las condiciones para que las comunidades estén empoderadas comunitariamente, para poder enfrentar la voracidad del capital que destruye día a día nuestros recursos y nuestra vida, y así construir con autonomía un proyecto popular, que es la base para la Refundación de Honduras.

Señala finalmente Bertha Zúniga Cáceres:

“Creo que se puede retomar la discusión refundacional de Honduras, una propuesta que nació de los pueblos. Es algo que nos compete a las organizaciones sociales, pero pienso que puede ser una coyuntura que ojalá permita reconfigurar esta propuesta, pues la correlación de fuerzas en Honduras, está más cercana a los proyectos y las demandas históricas de los pueblos. Nos toca mucha actividad en Honduras, y vamos a necesitar el hermanamiento de todos los pueblos y las organizaciones que han estado del lado de nosotras.”

Por: Dick Emanuelsson

Entre el 28 de abril y el 31 de mayo se reportaron 3.789 casos de violencia policial contra los manifestantes del Paro Nacional, según la ONG Temblores. ¿Considera que el Gobierno colombiano ha tomado medidas para evitar que sigan ocurriendo estos hechos?

Se cumplen cinco años del asesinato de Berta Cáceres, luchadora social y defensora de pueblos indígenas en Honduras. ¿Consideras que se haga justicia en el caso cuando falta saber quiénes son los autores intelectuales del crimen?.

Detrás de la victoria está la mujer que desafió las bayonetas de los militares la noche del 25 al 26 de julio de 2009 en las afueras de la ciudad de Danli y muchos otros lugares y acciones durante los doce años de lucha revolucionaria antifascista; XIOMARA CASTRO de ZELAYA.

Las víctimas que cayeron durante y después del golpe de estado ahora, con la victoria del Pueblo en Honduras el 28 de noviembre de 2021, vencieron a sus verdugos. A continuación se muestra una lista que en realidad es solo un fragmento de los miles que fueron asesinados, torturados, encarcelados, exiliados, despedidos o aterrorizados de alguna otra manera.

Las fotografías, fragmento y espejo de doce años de lucha, son del pequeño pueblo de Alauca, de poco menos de 10.000 habitantes. Del 25 al 26 de julio de 2009, Alauca fue objeto de enfrentamientos cuando miles de hondureños quisieron reunirse en la frontera, a once kilómetros al sur de Alauca, en la frontera con Nicaragua donde regresaría el derrocado presidente Manuel Zelaya, cuatro semanas después de su derrocamiento. Pero el ejército impidió y no dejó pasar a nadie en los retenes.

Dos dias de confrontaciones entre miles de hondureños y el ejército que no les permitió de ir a la frontera con Nicaragua para recibir el derrocado presidente Manuel Zelaya.

Torturado toda la noche

El joven albañil PEDRO MAGDIEL, de 23 años, fue detenido en la noche por uno de los escuadrones de la muerte del ejército en la noche del 25 de julio y fue encontrado en la mañana del 26 de julio con 43 puñaladas en la espalda y tres cortes de machete en la cabeza. Una puñalada en la arteria del cuello puso fin a la tortura de toda una noche contra este mártir de “La Resistencia”, que surgió el mismo día del golpe militar del 28 de junio de 2009.

La junta militar-cívica había decretado un toque de queda en todo el país, pero como “PRENSA” pudimos trasladarnos a las afueras de la ciudad de Danli, unos 30 kilómetros donde XIOMARA CASTRO de ZELAYA había sido detenida por una patrulla del Ejército Nacional que había colocado un retén en la carretera Panamericana. Esta conduce a la frontera con Nicaragua y al puesto fronterizo ‘Las Manos’, donde se encontraba su esposo, Manuel Zelaya, quien sería detenido por los militares si cruzaba la cadena que marcaba la frontera entre Nicaragua y Honduras.

Zelaya se retiró a Nicaragua y se unió con los hondureños que había cruzado la frontera en los puntos “ciegos”. Con la ayuda del gobierno sandinista, habían acampado en la ciudad de Ocotal, a unos 10 kilómetros de la frontera, y estaban esperando órdenes de Zelaya de regresar a Honduras para derrocar al régimen golpista cívico-militar, liderado por el liberal Roberto Micheletti y su mano derecha, el general Romeo Vázquez.

Honduras ‘rodeada’ de solidaridad militante

Los sandinistas estaban dispuestos a entregar las armas que necesitaban los hondureños y también ayudar de otras formas. La misma información provino de los exguerrilleros URNG en Guatemala y del FMLN en El Salvador.

Los trabajadores y sindicatos de los tres países habían bloqueado todos los cruces fronterizos para “estrangular” al régimen golpista en Tegucigalpa. Lamentablemente, el liberal Manuel Zelaya tenía la ilusión de que Estados Unidos y Hillary Clinton presionarían a los golpistas para que ellos volvieran a los cuarteles y la “vida civil”.

Pero Zelaya se equivocó, y probablemente fue la última decisión que tomó como “liberal”. Porque detrás del golpe y los asesinatos de nuestros mártires estaban Estados Unidos y Hillary Clinton que ni siquiera impusieron sanciones a la ropa interior y bragas de las maquilas estadounidenses, fábricas en Honduras. Sólo una visa de diez años fue revocada al dictador Micheletti, que sonrió por la decisión.

Por otro lado, los fabricantes de armas estadounidenses vieron un nuevo “mercado” y se inició una venta gigantesca a las Fuerzas Armadas de Honduras, las mismas fuerzas que cometieron una violación militar y política de su propio pueblo.

Doble victoria de Xiomara

El 26 de junio de 2011, el Frente de Resistencia creó su brazo político, Libertad y Refundación, LIBRE.

El 28 de noviembre de 2021, el partido conquistó el Palacio Presidencial con el 52 por ciento de los votos, se convirtió en el partido más grande en el Congreso y conquistó la mayoría de las alcaldías del país, incluida la capital Tegucigalpa y la ciudad industrial de San Pedro Sula.

Detrás de la victoria está la mujer que desafió las bayonetas de los militares la noche del 25 al 26 de julio de 2009 en las afueras de la ciudad de Danli y muchos otros lugares y acciones durante los doce años de lucha revolucionaria antifascista; XIOMARA CASTRO de ZELAYA.

En su discurso de victoria del 28 de noviembre mencionó a varios de los mártires a continuación y les aseguró que los escuadrones de la muerte que operan en Honduras y que estuvieron detrás de la tortura y asesinato de Pedro Magdiel el 26 de julio de 2009 serán combatidos y eliminados.

A continuación se muestra una lista de los mártires.

1 – Abuela Yolanda

2 – Adelmo Leiva

3 – Alexis Fernando Amador

4 – Alfredo Landaverde

5 – Anastasio Barrera

6 – Ángel Salgado

7 – Anselmo Villareal

8 – Arcadia Gómez (Cayita)

9 – Arnold Fernando Serrano Moncada

10 – Berta Cáceres

11 – Brayan Noé Mejía González

12 – Carlos Turcios

13 – Claudia Brizuela

14 – Claudia Zepeda

15 – Constantino Morales

16 – Cristian Fernando Hernández

17 – David Octavio Quiroz

18 – David Romero Ellner

19 – Delmer Joshua Medina

20 – Eblin Corea

21 – Edgardo A. Motiño

22 – Edgardo Florián

23 – Eduardo Rubén Rivera

24 – Edwin Fajardo

25 – Elvis Perdomo

26 – Emo Sadloo

27 – Erick Javier Montoya Cruz

28 – Erick Martínez

29 – Félix Hernández

30 – Félix Murillo

31 – Hasta Noriega

32 – Francisco Alvarado

33 – Francisco Castillo

34 – Francisco Moncada

35 – Gabriel Parrales

36 – Geovany Díaz

37 – Gustavo Campos

38 – Héctor Daniel González

39 – Henry Díaz

40 – Hernán Cruz

41 – Hugo Contreras

42 – Ignacio García

43 – Ignacio Reyes

44 – Ilse Ivania

45 – Isaac Coello

46 – Isis Obed Murillo

47 – Jairo Sánchez

48 – Janeth Marroquín

49 – Jarol Uriel García

50 – Jesús de María Sánchez Euceda

51 – Jesús Pineda

52 – Jonathan Osorio

53 – José Abilio Soto

54 – José Antonio Ardón Figueroa

55 – José Armando Mariona

56 – José Álvarez

57 – José Braulio Díaz

58 – José Cardoza

59 – José Carías

60 – José Cruz

61 – José David Ramos Lambert

62 – José Fernando Melgar

63 – José Manuel Flores

64 – José Romero

65 – José Sauceda

66 – Joshua Leiva

67 – Juan Carlos Flores Silva

68 – Juan Figueroa

69 – Julián Alvarenga

70 – Julio Alexander Fúnez Guillen

71 – Julio Fúnez

72 – Karen Hernández

73 – Katherine Nicole Bonilla

74 – Kenneth Rosa

75 – Kimberly Dayana Fonseca

76 – Lenin Dubón

77 – Lesman Aníbal Cárcamo

78 – Luis Alonzo Ortiz

79 – Luis Gradis Espinal

80 – Luis Ramos Reyes

81 – Macario Mejía

82 – Manuel Reyes

83 – Marco Canales

84 – Marco Martínez

85 – Marcos Matute

86 – Margarita Murillo

87 – Mario Contreras

88 – Marlon Evelyn Mendoza

89 – Martín Florencio Rivera

90 – Matías Valle

91 – Mauricio Jonathan Echeverría

92 – Michael Jair Ponce

93 – Miguel Angel Ramos

94 – Miguel Oliva

95 – Moisés García

96 – Moisés Sánchez

97 – Nahun Palacios

98 – Nelson Arambú

99 – Olayo Sorto

100 – Olga Uclés

101 – Omar Paz

102 – Omar Rodríguez

103 – Oscar Palacios

104 – Pablo Lemus

105 – Pedro Brizuela

106 – Pedro Magdiel

107 – Ramón Fiallos

108 – Ramón García

109 – Raúl Antonio Triminio

110 – Raúl Castillo

111 – Raúl Humberto Brizuela Reyes

112 – Reinaldo Paz

113 – Renán Fajardo

114 – Róger Alberto Vásquez Reyes

115 – Róger Bados

116 – Róger Reyes

117 – Róger Vallejo

118 – Rony Díaz

119 – Rubén Estrada

120 – Santos Alvarado Córdova

121 – Santos Corrales

122 – Santos Domínguez

123 – Sergio Juárez

124 – Siriaco Muñoz

125 – Sixto Ramos

126 – Soad Nicole

127 – Teodoro Acosta

128 – Vanesse Zepeda

129 – Vicky Hernández

130 – Víctor Evelio Martínez

131 – Virgilio Yareth Ávila

132 – Walter Daniel Lemus

133 – Walter Tróchez

134 – Ávila Wendy

#SemillasDeLibertad hasta el cielo de la #Resistencia, sepan que los derrotamos!  #HondurasEsLibre

#DeLaResistenciaAlPoder

Fuente: HisopanTv

 

Los hondureños votan en las undécimas elecciones generales desde el retorno del orden constitucional al país en 1980.Catorce partidos políticos participan en los comicios en los que la opositora izquierdista Xiomara Castro parte como favorita.

Los hondureños acuden a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Más de 5 millones de electores están convocados a votar en las elecciones generales, en las que también se eligen vicepresidente, diputados y alcaldes. La población vota con la esperanza de mejorar de la situación del país afectado por pobreza, inseguridad y corrupción, entre otros flagelos.

Las advertencias de un posible fraude electoral vuelan de todos lados, y aumentan los temores ciudadanos de posibles disturbios tras los comicios. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Honduras aseguran que garantizan el orden durante las elecciones.

A su vez, el Sistema de Naciones Unidas en Honduras espera que las elecciones de este domingo sean una verdadera fiesta cívica y se desarrollen de forma pacífica y transparente. Los observadores internacionales que están en el país piden a los hondureños el respeto a los resultados.

El Consejo Electoral afirma que desde las 8 de la noche de este domingo iniciará la divulgación de los resultados.

Xiomara Castro, del opositor Partido LIBRE y Nasry Asfura, del gobernante Partido Nacional son los favoritos en los sondeos. Si gana Castro llevaría a la izquierda hondureña al poder por primera vez desde que su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, fue derrocado en un golpe de Estado en 2009.

Por: Gerardo Villagrán del Corral

 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) produjo una serie de limitaciones al desarrollo de México, en particular por el efecto producido por el endeudamiento, que amplió los costos para el Estado y debilitó al máximo la soberanía del país, además de las posibilidades de la democracia en su sentido más integral.

La gran bandera con que la tecnocracia de los gobiernos neoliberales –en especial el de Carlos Salinas de Gortari- vendió a la ciudadanía las bondades del TLCAN fue no otra que la convergencia con los ingresos de Estados Unidos merced a las supuestas ventajas del libre comercio, la desregulación financiera y la competencia.

Las cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) son por demás elocuentes y  muestran que 30 años de neoliberalismo llevaron a que los trabajadores mexicanos no pudieran comprar ni siquiera los alimentos indispensables –ya no digamos satisfacer sus necesidades de vivienda, educación, salud y acceso a la cultura y al esparcimiento– pese a dedicar a ello la totalidad de su día.

Es más, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, el ingreso real per capita de los mexicanos ha continuado su divergencia a largo plazo con respecto a Estados Unidos y la proyección indica que la brecha podría ampliarse aún más.

Los ingresos de los trabajadores mexicanos son cada vez más bajos en comparación con los que se perciben al otro lado del río Bravo, y que esta tendencia se mantendrá pese a la transmutación del TLCAN en el actual Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La ampliación de la brecha no se debe a que la economía de EEUU haya registrado un mayor crecimiento en el periodo, sino que existe una auténtica precarización de los trabajadores mexicanos. El estudio México 2018: otra derrota social y política a la clase trabajadora, de la UNAM permite  precisar que los aumentos salariales que nacieron muertos, y que entre 1987 y 2018 el salario mínimo perdió 80 por ciento de su poder adquisitivo.

Esta degradación salarial se tradujo en que, si en el primero de esos años se requerían cuatro horas con 53 minutos de trabajo para adquirir la canasta básica, en 2017 eran necesarias 24 horas con 31 minutos, tendencia que recién comenzó a revertirse desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pero no solo los efecfos fueron sobre la clase trabajadora, sino sobre todo fueron devastadores para los campesinos. Como efecto de la liberalización del sector agrario, los campesinos mexicanos se vieron obligados a competir sin apoyo alguno contra una agricultura altamente mecanizada, tecnificada y subvencionada, lo que se tradujo en una doble condena: los sembradores debieron dejar su forma de vida para pasar a engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades o para buscar el llamado sueño americano.

Mientras, señala un editorial del diario La Jornada, el país perdió su soberanía alimentaria y pasó a depender de las importaciones agropecuarias, a tal punto que compra en el exterior 82.2 por ciento del maíz amarillo, 86 por ciento del arroz, 70 por ciento del trigo y 39.3 por ciento de la carne de cerdo que consume, por mencionar sólo algunos bienes.

La contraparte de esta descampesinización del mundo rural es la concentración de las mejores tierras en manos de la gran agroindustria dedicada no a satisfacer las necesidades alimentarias, sino el mercado de exportación.

Una gran agroindustria trasnacional basada en la destrucción del medio ambiente (por ejemplo con la xpansión del aguacate en Michoacán) y sobre todo en la violación sistemática de los derechos humanos de los trabajadores agrícolas, como se ha documentado ampliamente en el valle de San Quintín, Baja California.

Deuda y soberanía

Desde 1994, el endeudamiento creciente se ha ido imponiendo con más severos costos atados a la cuenta de la soberanía nacional.  Especialmente en materia financiera, resultó muy difícil cualquier intento de evitar los excesivos pagos paralelos que se “cobran” adicionalmente a los créditos y se obligan a pago con riqueza y soberanía nacionales.

Exigencias directas e indirectas de pago que han abierto el 80% de las economías a la voracidad económica y al atropello constante de los más caros valores de la democracia y soberanía.

Al mismo tiempo aumentan las ganancias especulativas bancarias y financieras, obtenidas a raíz del pago de esas otras obligaciones contraídas junto con los créditos, lo que obligó a los países deudores, menos desarrollados, a soportar por la fuerza de los nuevos créditos de los que dependen, la “transferencia” de la crisis de los industrializados a su propia costa.

Los efectos que eran secundarios al TLCAN en México, significaron que las decisiones nacionales, y todo el marco de su ejecución pública y privada de la contratación y destino de los recursos públicos, sean regulados por autoridades monetarias y financieras internacionales, a las que poco importa saquear la riqueza nacional ni sus devastadoras consecuencias sociales y humanas.

El problema de la pérdida de soberanía durante los gobiernos neoliberales mexicanos por el endeudamiento es el exceso al que se ha llevado la situación: sin límites de política nacional, pública y privada, incluida específicamente la política financiera y fiscal; y en ausencia de elementales valores patrios, de honor y justicia.

Ni Estado ni mercado pueden captar, resolver y mantener los enormes conflictos que significa la extrema violencia de la normalidad expansiva del capital financiero actual; especialmente en las últimas décadas con el cambio en la relación entre la soberanía estatal y la acumulación del capital; aspecto crítico de la época neoliberal.

A casi tres décadas de que los destinos nacionales mexicanos quedaran ungidos al libre comercio, pareciera que el gobierno de López Obrador se ha dado cuenta que es hora de tomar medidas para paliar sus efectos más negativos sobre las mayorías.

Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Por: Gerardo Villagrán del Corral 

 

El director de la mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, denunció los múltiples mecanismos de saqueo y entrega al capital extranjero implementados en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica del expresidente neoliberal Carlos Salinas de Gortari, ampliados y consolidados en la reforma energética de Enrique Peña Nieto, aprobada en el Congreso en 2013.

El propósito último de estas medidas fue la de reducir a la estatal CFE a la irrelevancia en generación a fin de entregar por completo el mercado a las empresas privadas, al mismo tiempo que la compañía pública continúa absorbiendo la totalidad de los costos de distribución y mantenimiento del sistema eléctrico.

La reforma constitucional que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador no busca expropiar las empresas privadas ni crear un monopolio estatal, sino establecer una regulación que impida la desaparición de la CFE y evite que el capital privado se apodere del mercado eléctrico nacional, cuyo valor es de 6.4 billones de pesos, equivalentes a 315 mil millones de dólares, destacó  Bartlett Díaz.

De acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, las firmas privadas tienen garantizado 46 por ciento de la generación, equivalente a 145 mil millones de dólares, expuso.

Si el costo de la inversión de las empresas extranjeras que ya operan en el país es de 44 mil millones de dólares, como afirma el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), suponiendo que ese sea el monto, con 30 por ciento del valor del sistema eléctrico nacional, ellos garantizarían una participación de 46 por ciento. No existe, por tanto, lugar a una situación de expropiación directa o indirecta, destacó Bartlett.

En una extensa entrevista,  el funcionario señaló que el entramado jurídico e institucional creado por las administraciones neoliberales está expresamente diseñado para transferir la riqueza pública a manos privadas, y desenmascaró las falacias de que se sirven los opositores a la iniciativa de reforma presentada por López Obrador para rescatar ese sector estratégico y poner fin a la sangría del erario.

Para llevar adelante este propósito, la iniciativa privada encontró sus aliados en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y los tribunales, cuyas resoluciones adversas al interés nacional han permitido la perpetuación del atraco y obstruido todos los intentos para terminar con los abusos.

Los dos organismos son responsables de obligar a la CFE a adquirir la energía de sus competidores, así como de permitir la proliferación de generadores privados por tres veces las necesidades de consumo en México para los próximos 20 años, con el consiguiente peligro de sobrecarga de la red eléctrica desarrollada a lo largo de 84 años con inversiones públicas.

Las prácticas se sustentan en otros tantos mecanismos de simulación y rapiña, señala un editorial del diario La Jornada. Por ejemplo, la preferencia dada a los privados en el despacho (la energía que se sube a la red) proviene de un acuerdo emitido por el secretario de Energía peñista Pedro Joaquín Coldwell, por el cual al asignar los despachos únicamente se considera el costo variable; es decir, el del combustible usado en la generación, sin tomar en cuenta los costos de infraestructura y financiamiento.

Este solo esquema genera a la CFE pérdidas anuales por 215 mil millones de pesos, a los que se suman otros 222 mil 900 millones de pesos por la energía que está obligada a comprar a las empresas privadas.

El otro gran modelo de atraco es el que explica que las grandes empresas nacionales y extranjeras cierren filas en defensa de la contrarreforma neoliberal, y echen mano de todos los medios a su alcance para demonizar la iniciativa de la Cuarta Transformación lanzada por el actual gobierno de López Obrador.

 Se trata del llamado autoabasto, figura en la que miles de corporaciones se amparan para comprar energía generada por privados y subsidiada por todos los mexicanos porque los productores no pagan el costo de transmisión.

Bartlettafirma que más de dos terceras partes de las centrales eléctricas de los privados fueron financiadas por la banca de desarrollo y las Afore, es decir, con los ahorros del pueblo mexicano, y con sólo cuatro mil millones de dólares estarán recibiendo un mercado que vale 145 mil millones de dólares, 36 veces más. Añadió que el valor de la CFE está por encima del costo del sistema eléctrico nacional, ya que es de electricidad y combustibles, con una tasación de 377 mil millones de dólares.

No resulta razonable, por ello, que una empresa del pueblo de México, con 84 años de inversiones en el sistema eléctrico nacional y un valor de mercado mayor a este sistema, quede relegada a final del sexenio a menos de 20 por ciento de la generación y se encamine a su desaparición.

En la entrevista , Bartlett Díaz expuso las trampas y abusos de la reforma de Enrique Peña Nieto que se busca echar abajo con la iniciativa presidencial que se discute ahora en la Cámara de Diputados. ¿Cómo considerar legítimo un sistema que desaparece una empresa pública que es de todos los mexicanos?, cuestionó.

Si se mantiene la reforma de Peña Nieto, sus consecuencias serán dramáticas: la desaparición de CFE, la empresa más grande del país. Sin electricidad, el desarrollo y la vida social son imposibles, señaló.

Recordó que en la negociación del Tratado de Libre Comercio con EEUU, Carlos Salinas de Gortari dijo que ‘no permitimos la violación de la Constitución de López Mateos. Protegimos y no hubo ninguna cesión’. Pero sí la hubo. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que de inmediato se aprobó, incluyó que CFE necesitaba apoyo en generación y abrió la puerta a los privados.

Se crearon los generadores independientes, que iban a vender 100 por ciento a la CFE. «No hacían servicio público, porque éste lo hace la CFE. Y empiezan a dar permisos para que regrese la inversión extranjera, disfrazada de generadores independientes», indcó.

Bartlett indicó que otras de las figuras que aparecen en esta ley son las sociedades de autoabasto, que realizan la cogeneración para sí mismas, lo que no estaba prohibido, pero, no es servicio público. “Entonces, empiezan a proliferar esas figuras. Desde el principio fue prostituido el autoabasto. Comenzó en un parque industrial de Monterrey, donde (la trasnacional) Enron instala una planta para generar energía y hace sus socios a los que están en ese parque, con un dólar cada uno. Pero es mentira, no son socios, son clientes».

«Son 77 mil 712 las grandes empresas que están en autoconsumo. Aparecen como socios, con cinco pesos, pero en verdad son clientes, que reciben todos los beneficios. En realidad, las centrales de autoabasto son 229, pero los grandes consumidores de electricidad del país se acomodan allí. Ni pagan la red ni están sujetos a competencia. Además, hay fraude fiscal.  s una monstruosidad verdaderamente indignante», añadió

Son monopolios privados que la Comisión Federal de Competencia Económica no ve, como  Femsa, que no paga, hasta Iberdrola, que presenta a sus clientes como socios, Naturgy, Electicidad de Francia y la italiana Enel.

Sobre las empresas extranjeras que operan en el país, dijo que, por ejemplo, Iberdrola tiene 26 plantas eléctricas en el país. Participa en cuatro esquemas: de generación privada, de productores independientes, autoabasto, subasta de largo plazo y centrales nuevas, construidas después de la reforma energética. Tiene dos nuevas y siete de subasta a largo plazo. Entre todas producen 20 por ciento de la energía.

Como grupo, es la segunda de generación, después de CFE. El subsidio que recibe por no pagar la transmisión que le corresponde es de cerca de 900 millones de pesos al año.

 “Todo el proceso de privatización fue amañado. Si bien en la reforma de Peña se dice que no se privatiza y que CFE sigue siendo una empresa del Estado, en realidad se acomodan las leyes para que los privados puedan invertir incluso en redes, que son los nervios del sistema eléctrico. Es grave que, disfrazada, se abra la puerta a que los privados se queden con ellas”, afirmó Bartlett.

En este gobierno, recordó, la Secretaría de Energía emitió una política de seguridad de la red para establecer un control. Sin embargo, las empresas se ampararon, exigiendo su derecho a subirse. Se presentó una controversia constitucional, que rechazó la Corte.

 “No sólo la ley está suspendida por razones de carácter judicial. A cada medida que hemos tomado para cambiar, las empresas responden con amparos. Por ello, en el camino, viendo lo que está pasando, el Presidente tomó la determinación de presentar la iniciativa de reforma constitucional.

Es indefendible el sistema actual. Peña Nieto entregó el patrimonio energético a los inversionistas extranjeros. Eso es una barbaridad. Es una traición a la patria, afirmó Bartglett.

“Pasan por alto que una parte importante de su inversión la financió la banca de desarrollo mexicana y las Afore. Financiaron a los que venían a apoderarse del mercado eléctrico, que vale algo inimaginable, desbancando a una empresa nacional histórica. Es una afrenta al país. El sistema está diseñado para el saqueo, no pude ser producto más que de la corrupción, en la que participaron los funcionarios”, concluyó

Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).