América Central

A la victoria de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de julio le siguieron las felicitaciones internacionales. A pesar de los husos horarios tan distintos los gobiernos de China y España fueron de los primeros en hacer contacto. También los gobiernos latinoamericanos establecieron el acercamiento diplomático de forma casi inmediata y enviaron las congratulaciones correspondientes. Debido a la proximidad geográfica y a la tensión de los últimos meses que ha generado la renegociación del TLCAN, algunas de las llamadas que generaban más expectativa eran las de sus vecinos del norte: Canadá y Estados Unidos. Justin Trudeau realizó una breve llamada el mismo día de la jornada electoral mientras que Donald Trump se comunicó al siguiente día pero el contacto fue más largo y en términos amistosos, según se cuenta.

Pocos días después, el 13 de julio, una comitiva de Estados Unidos visitó México encabezada por Mike Pompeo(Secretario de Estado), Steven Mnuchin (Secretario del Tesoro), Kirstjen Nielsen (Seguridad Interna) y Jared Kushner, asesor y yerno de Donald Trump. La comitiva visitó la Secretaría de Relaciones Exteriores y las oficinas de la Presidencia, pero fueron visitas obligadas por la diplomacia. El punto importante y que la propia agenda estadounidense destacó fue la entrevista que sostuvieron con Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente electo y con su equipo de trabajo, donde sobresalió la presencia de Marcelo Ebrard y Carlos Urzúa, próximos secretarios de Relaciones Exteriores y Hacienda, respectivamente.

                                       

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, con el presidente electo de México, López Obrador. Ciudad de México, 13 de julio de 2018. / State Department/ www.globallookpress.com

La conversación, que se desarrolló en términos amistosos según se cuenta, abordó algunas generalidades de migración y sobre el TLCAN, pero evidentemente al ser el primer acercamiento y sin la presencia de Trump toda la plática era más bien una cuestión informal y que implicaba más sensaciones que certezas. Lo más destacado fue que López Obrador le hizo llegar una misiva a al presidente estadounidense para darle los nortes de la relación que habrán de sostener entre ambos países. AMLO ha sido enfático en el cambio: una relación de respeto, amistosa incluso pero nunca de subordinación o sumisión.

La misiva de López Obrador a Trump

Esta semana se dio a conocer el contenido de la carta de AMLO. Siete cuartillas en las que expone los temas principales en la relación bilateral: comercio, migración, desarrollo y seguridad. En la cuestión de comercio se replantea retomar las negociaciones del TLCAN de manera inmediata pero no de manera bilateral como lo quiere Trump, sino que prefiere que estas se mantengan de forma trilateral, con Canadá en la misma conversación y llegando a los mismo acuerdos. El desarrollo del país es lo que permitiría que bajaran los índices de la migración ilegal hacia Estados Unidos. No es un favor al vecino del norte o a Trump, es cuidar de nuestros ciudadanos, de nuestra gente con menos recursos. Nadie se convierte en un inmigrante ilegal por su gusto está claro, nadie abandona su lugar de origen, sus afectos y sus costumbres para sufrir explotación y rechazo en un país ajeno. Si se llega a este punto es por necesidad. El desarrollo del país, mejoras en los salarios y reducción en la violencia sin duda ayudarían a disminuir los índices de migración ilegal hacia Estados Unidos. Es un escenario ganar-ganar para ambos países.

En esta misiva hay dos asuntos que destacan y que se alejan del lugar común de otros mandatarios. Uno es cuando López Obrador explica el papel primordial que tendrá en su gobierno el desarrollo del sureste mexicano y concretamente el corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec. ¿Qué tiene de especial esto? Bueno, el propósito específico es el de facilitar el transporte de mercancías ente el Atlántico y el Pacífico, tal como sucede con el Canal de Panamá. Pero también manda el mensaje que México no será una economía cerrada ni tampoco tendrá como único socio comercial la frontera norte. Se dice con todas sus letras que se privilegiará un comercio con Asia. Evidentemente esto incluye a China, a Japón, a Australia y a todos los miembros del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP, por sus siglas en inglés). Sin vociferar ni tener que amenazar, hay un pronunciamiento y una apuesta clara a ya no depender en su totalidad de los vaivenes y caprichos de la economía y la política estadounidense. Por primera vez en una centuria se pretende ir más allá de la situación geográfica inmediata, sin necesidad de entrar en un conflicto abierto.

Séptima ronda de negociaciones del TLCAN en Ciudad de México, 3 de marzo de 2018. / Carlos Jasso / Reuters

Otro punto a destacar es el papel que tiene Centroamérica. Ya sea por cuestiones económicas o de seguridad, miles de migrantes centroamericanos transitan todo el tiempo por México pretendiendo llegar a Estados Unidos. Muchos ya no la hacen y se establecen en territorio mexicano. López Obrador habla de cooperación para el desarrollo en la zona, donde Estados Unidos y México deben invertir dinero para que haya mayor estabilidad en la región y la migración se pueda reducir. No es un asunto de seguridad solamente. Este enfoque es distinto a las políticas que se priorizan en la actualidad y contempla de forma más integral la visión y las necesidades del migrante. Un tema tan complejo requiere de la participación de muchos actores internacionales donde la perspectiva sea más humana y menos policiaca.

La respuesta estadounidense

La respuesta de Trump también se hizo pública esta semana. En términos cordiales, concuerda con los puntos planteados por López Obrador aunque hace énfasis que la renegociación del TLCAN se debe dar con prontitud o se corre el riesgo de tomar otras rutas menos diplomáticas. Coincide que en el tema migratorio se deben explorar las vías de cooperación para el desarrollo pero no quita el dedo del renglón de la seguridad y la legalidad. El que AMLO haya obtenido una votación tan alta (casi 54%) le ha dado una mayor legitimidad y fuerza en las negociaciones con el vecino del norte. Trump también lo lee así y se ha mostrado más prudente y cordial que la relación que tuvo con Peña Nieto, un presidente con poca fuerza institucional y carente de legitimidad.

Han cambiado las formas y el discurso, esperemos que también cambie la relación entre ambos países. Cordialidad y amistad son posibles sin tener que ser sumisos o subordinados incondicionales. López Obrador cuenta con el apoyo al interior del país para generar una nueva relación con Estados Unidos y con el presidente Trump. Por el bien de los connacionales que viven en Estados Unidos ojalá que estos cambios puedan cristalizarse en nuevas políticas migratorias con mayor respeto a los derechos humanos.

Desde diciembre del año pasado, Andrés Manuel López Obrador habló de una justicia transicional (amnistía) como una de las muchas posibles formas que ayuden a construir una salida a la violencia que vive México. Ampliamente discutidos los pros y contras de esta justicia transicional por los especialistas, es evidente que esta no podría venir sola. Se tendrían que hacer más reformas legales que vayan de la mano de la justicia transicional y una de estas tendría que ser la despenalización de algunos tipos de drogas.

Solamente un par de días de después del triunfo electoral de AMLO, Olga Sánchez Cordero, quien ha sido designada como futura Secretaria de Gobernación (ministra del Interior), declaró que el gobierno de López Obrador estaba dispuesto a iniciar un amplio debate alrededor de la despenalización de las drogas, especialmente la marihuana como punto de arranque. Es, afirma, una forma distinta de encarar la violencia que vive México, otra vía que busca la pacificación del país.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia en Ciudad de México. 10 de julio de 2018. / Daniel Becerril / Reuters

Las primeras propuestas (no formales todavía) consisten en despenalizar la producción y uso de marihuana, así como el uso de la amapola con fines farmacéuticos. La urgencia por cambiar la política de drogas en México se debe a que el enfoque prohibicionista que actualmente rige en el país provoca la detención de pequeños consumidores que se encuentran en posesión de cantidades mínimas de marihuana a los que se les extorsiona por este motivo. Esto es, se castiga al pequeño y ocasional consumidor en lugar de a los grandes productores de la droga que atentan contra la salud pública y que son los mayores artífices de la violencia actual.

La mayoría de la marihuana producida en México tiene como objetivo los mercados de Estados Unidos y Canadá. A pesar de eso, la política prohibicionista de México ya va a contracorriente de lo que está sucediendo con sus vecinos del norte. Desde noviembre de 2012 los estados de Washington y Colorado, en Estados Unidos, aprobaron la legalización de la marihuana para uso recreativo. En 2014, Colorado se convirtió en el primer estado de la Unión Americana donde se comercializa públicamente la cannabis y productos relacionados con ella. Actualmente la marihuana es legal con fines medicinales en 29 estados y con fines lúdicos en nueve de ellos. Por su parte, el Senado de Canadá aprobó en junio pasado el proyecto de ley C45 que permite consumir, producir y vender marihuana de forma legal con fines recreativos.

Con dos de los principales mercados en nuestro continente legalizando el consumo y la producción de la marihuana, parece un sin sentido y un despropósito que se mantenga su prohibición en el territorio nacional. Canadá y Estados Unidos no solo cuentan con una mayor cantidad de consumidores, sino que la comercialización, y el pago de impuestos de los productos pueden arrojar importantes cantidades de ingresos adicionales a las arcas públicas que se pueden destinar a los sistemas de salud en lugar de a los de seguridad. De mantener el carácter ilegal de este producto, México seguirá poniendo los muertos y la violencia, y el Estado verá como en lugar de obtener ingresos por impuestos se produce cada vez una mayor sangría en el presupuesto social del Estado por destinársele en cambio a cuestiones de combate al narcotráfico.

¿En qué punto del debate se encuentra México?

La visión de la futura Secretaria de Gobernación no es una mirada aislada. Ya otras voces dentro del mismo gobierno actual han hecho eco de esta propuesta con anterioridad. El actual titular de Turismo, Enrique de la Madrid, ha sugerido legalizar la marihuana en el país. Para Juan Ramón de la Fuente, ex Rector de la UNAM y también antiguo Secretario de Salud, en México existen las condiciones necesarias para la legalización. También se han manifestado a favor el ex presidente Vicente Fox y otros secretarios de Estado. Entre los especialistas, gente como Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo o Froylán Enciso, académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de su Programa de Políticas de Drogas (PPD), han manifestado reiteradamente estar a favor de la despenalización de la droga y mostraron su beneplácito ante la posibilidad de que se abra un debate nacional sobre el tema y se pueda legislar a conciencia.

La política prohibicionista y el esquema punitivo con el que se ha hecho frente a la cuestión en los últimos doce años nos brindan un panorama desolador. 250.000 muertos, olas de violencia en muchos de los estados de la república y ninguna disminución en el consumo y el tráfico muestran el fracaso del paradigma actual y la necesidad de cambiarlo. La necesidad de la despenalización de las drogas tiene en México matices más profundos y complejos que en otras partes del globo. La legalización de la marihuana en lugares como Holanda, Uruguay o Canadá es un símbolo de ciudadanías y gobiernos progresistas, por ejemplo. En México ya no es solo un reflejo de progresismo sino una necesidad puntual ante la violencia que viven las comunidades en la mayor parte del territorio nacional.

La justicia transicional y la pacificación del país son tareas mayúsculas. El combate a un orden social ilegal (crimen organizado) que detenta monopolios ilegítimos de la violencia o compite con el Estado en sus funciones (derecho de piso como un equivalente de la recaudación fiscal, alcaldes que ponen la nómina y la obra pública a disposición del crimen organizado, etc) no puede seguir siendo solamente el viejo esquema de policías y ladrones, que ha fracasado en la realidad. La despenalización de la marihuana y quizás del cultivo de amapola se impone como una necesidad concreta, como una parte entre otras muchas que puede abonar a la reconciliación nacional y a una cultura de paz.

Marines mexicanos destruyen una plantación de Marihuana en Sierra Juárez, Ensenada. 16 de julio de 2018. / Jorge Duenes / Reuters

El cambio de gobierno promete refrescar la discusión y el debate en muchos puntos de la agenda nacional. La despenalización de las drogas es uno de lo más apremiantes y a los que se les ha dado de forma inmediata la importancia y seriedad que merecen. ¿Es compleja y polémica la temática? Sí, lo es. Pero darle la espalda a este tipo de asuntos nunca ha traído respuestas concretas. Especialmente ahora que la política de drogas de nuestros vecinos del norte se ha flexibilizado y no pueden exigir que se prohíba en países ajenos lo que en el propio está permitido.

México merece vivir en paz y para hacerlo hay que explorar todas las alternativas con sus puntos a favor y en contra. Todas. Incluyendo un debate amplio y una legislación a conciencia que permita la despenalización de algunas drogas, la marihuana para empezar.

Andrés Manuel López Obrador es presidente electo de México con 53% de los sufragios. Es algo histórico. Es laprimera vez en 80 años que un presidente que se identifica con los valores y principios de la izquierda mexicana ocupará el cargo. Después del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) México dio un giro a la derecha que se profundizó en las pasadas tres décadas. En el pasado reciente, dos veces la izquierda estuvo a punto de ganar la presidencia: en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas (hijo del general revolucionario) y en 2006 con el propio López Obrador. Tan cerca se estuvo que la única manera de evitarlo fue con procesos electorales completamente irregulares y fraudulentos en ambas ocasiones.

Después de 70 años de gobiernos del PRI en un régimen de un presidencialismo omnímodo y un partido de Estado, en el año 2000 México vivió una alternancia democrática con la victoria de la derecha y del PAN. Las expectativas de que hubiera una transformación profunda quedaron truncadas por Vicente Fox, personaje que nunca estuvo a la altura del reto y trivializó el compromiso de gobernar sintetizado en la frase “¿Y yo por qué?”, cuando se le preguntó sobre su mediación en un conflicto entre dos empresas de televisión. Aunque estuvo en funciones, Fox abdicó de sus responsabilidades desde el principio. La frivolidad fue su estilo personal de gobernar y eso provocó que la alternancia quedara en un simple cambio de emblemas y no cristalizará en una verdadera transición democrática y un cambio de régimen.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, tras el cierre de urnas. Ciudad de México, 1 de julio de 2018. / Carlos Jasso / Reuters

Hoy AMLO tendrá la oportunidad de llevarlo a cabo con el mayor respaldo electoral para un presidente en casi cuarenta años, cuando corrían los tiempos de la “dictadura perfecta”. MORENA ha ganado 31 de 32 entidades federativas y se perfila para obtener la mayoría absoluta en la cámara de Senadores y en la de Diputados. Después de esta jornada electoral el pueblo no ha hablado, ha gritado para que se escuche fuerte y lejos, para todos aquellos que aún hacen oídos sordos en sus lugares de privilegio. Pero ese respaldo no es un cheque en blanco y no es solamente de sus seguidores. Del 53%, probablemente 35-38 por ciento sea de su voto duro, de quienes lo han apoyado contra viento y marea en los últimos doce años, y el otro 15% que le ha permitido la victoria es un voto de castigo a las pésimas administraciones del PAN y PRI que se han sucedido en el poder desde el 2000.

¿Qué podemos esperar de este nuevo gobierno identificado con la izquierda?

Hay que recordar que López Obrador y mucha de la izquierda mexicana no abrevan de la ideología marxista sino de los movimientos nacionales-populares. En sus declaraciones de victoria ha reivindicado al movimiento estudiantil de 1968, a los obreros y campesinos, a otros líderes sociales y políticos como Cuauhtémoc Cárdenas, Heberto Castillo, Rosario Ibarra o Manuel Clouthier. Reconoce los hombros del pasado en los cuales los del presente nos hemos podido montar. Pero sabe que ahora no es representante de partido. Es presidente de un país y ahora debe gobernar para todos, incluyendo los que no coinciden con su propuesta política. Por eso también los ha reconocido y a pesar de una victoria sin parangón se ha mostrado respetuoso con sus adversarios políticos y con el mismo presidente Peña Nieto.

Se decía que López Obrador era poco innovador en sus propuestas o que no representaba a la izquierda moderna. Pero supo escuchar a la ciudadanía que en este 2018 tiene dos peticiones básicas y simples pero que pasaron desapercibidas para quienes no están en contacto con ella: quiero que no me roben y que no me maten. Los políticos corruptos han saqueado el arca pública y eso lo ha castigado el votante. Incluso a pesar del arrastre de López Obrador, ahí donde su coalición postuló a candidatos con reputaciones dudosas también fueron castigados y perdieron. El mensaje es claro: honestidad en el desempeño del cargo público, no más corrupción. También se ha votado en contra de la inseguridad y la violencia. México quiere vivir en paz y el crimen organizado es la principal amenaza para la cotidianeidad de millones de mexicanos. Peticiones bastante simples pero que no fueron satisfechas en dieciocho años de alternancia.

El movimiento de López Obrador representa la esperanza y la ilusión de que se pueda reducir la insultante desigualdad que vive el país. La pobreza no ha disminuido en décadas y el salario mínimo es uno de los más bajos del continente. La gente ha votado para darle patria al pobre y al humillado. Se deben de atender las necesidades de todos los sectores: campesinos, obreros, intelectuales, empleados, profesionistas y empresarios. Pero la opción preferencial debe ser por el pobre, que en México son más de 50 millones de personas, casi la mitad de la población. Es evidente que esto no podía seguir así.

AMLO supo aglutinar la frustración y el enojo

El voto por López Obrador es también un voto de rechazo a las políticas neoliberales que se han implementado en el país desde 1982. No es la primera vez que se ha rechazado esto. En 1988 se le hizo fraude a Cuauhtémoc Cárdenas; en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas al mismo tiempo que entraba en vigor el TLCAN; en 2000 la gente creyó y promovió una alternancia; en 2006 un nuevo fraude; y por último en 2012 la ilusión de que la gente aprende de sus errores. Pero no. Los ciudadanos mexicanos hemos protestado, votado, respaldado causas sociales, creído en alternancias democráticas fallidas. Nunca hubo pasividad, pero los dueños del poder y el dinero hicieron oídos sordos a los reclamos ciudadanos.

López Obrador ha podido aglutinar esa frustración y enojo para encauzarla en organización social popular. “Solo el pueblo puede salvar al pueblo”, decían los revolucionarios hermanos Flores Magón a principios del siglo XX. Y López Obrador le añadió: “solo el pueblo organizado puede salvar a la nación”. Este es el mérito de AMLO. Durante doce años construyó la organización social, recorriendo por lo menos tres veces todos y cada uno de los municipios del país. Levantó comités de base, formó un partido político, escuchó a las personas y las vio cara a cara. Pasó de hablar en mítines de un millón y hasta dos millones de personas (2005-2006) para después de dos derrotas electorales seguir conversando en comunidades apartadas con 200, 300 personas. Se cayó y se levantó. Y con él todo el movimiento. “Nos caímos, y nos levantamos, volvimos a caer y nos volvimos a levantar”, dijo el domingo en un Zócalo repleto, que mezclaba el júbilo con la incredulidad, la felicidad con el alivio y la melancolía.

“Juntos haremos historia” era el lema de esta su tercera campaña. La tercera es la vencida, dicen. Y lo fue. Demos pues el paso a la historia, a hacerla juntos, en comunidad. Que empiece la cuarta transformación del país. No es una tarea de López Obrador, debe ser una causa colectiva porque los retos serán hercúleos después de la ruina de país que nos entrega el periodo neoliberal. En su labor de reconstrucción y reconciliación nacional, no está solo. No debe estarlo. Cada quien en nuestras trincheras aportaremos nuestra granito de arena y estoy convencido que incluso más allá de ideologías debido al momento tan crítico que vive el país y que el proceso electoral mostró con contundencia.

Empecemos pues. Pero por el bien de todos, primero los pobres.

En 1947 Daniel Cosío Villegas escribió ‘La crisis de México’, un ensayo a contracorriente del optimismo político que se vivía en el país con la llegada de Miguel Alemán a la silla presidencial. Para muchos se terminaba la época de los generales y se daba un paso al civilismo y a la modernización, a un México de leyes y no de balas. Para otros, como Cosío Villegas, la revolución se traicionaba a sí misma al crear un régimen presidencialista lleno de una “corrupción administrativa ostentosa y agraviante, cobijada siempre por un manto de impunidad” que había perdido la autoridad moral.

¿Cómo es que un régimen en crisis, sin autoridad moral podía mantenerse en el poder? Cosío Villegas responde a eso en ‘La sucesión presidencial’ (1975) y afirma que en las elecciones de 1940, 1946 y 1952 se implementaron las medidas de fraude y violencia que habrían de caracterizar al priismo durante toda su existencia. Fraude y violencia como formas de control permanentemente entrelazadas a las elecciones presidenciales mexicanas.Hasta el día de hoy, a pesar de la alternancia democrática de 2000 y la creación de instituciones electorales que cuestan millones a la sociedad, los fraudes y la violencia siguen siendo monedas corrientes en la democracia mexicana y son, probablemente, sus dos deudas mayores.

Fraudes

La compra de votos es el fraude más común en México y ha ido de la mano de la corrupción y la impunidad. Se compran votos en todas las elecciones ya que se asume que no hay castigo y que la “inversión” hecha en campaña habrá de recuperarse con creces una vez que se tomen posesión de los cargos. En un estudio de la asociación civil Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI), se considera que por cada peso de gasto que los partidos políticos declaran hay por lo menos 15 pesos no reportados o ilegales. El Banco de México también senhala que en años electorales hay un aumento desproporcionado del flujo de efectivo, muy probablemente destinado a las campañas electorales.

El efectivo se utiliza primordialmente para pagar a operadores electorales o “mapaches” como son conocidos en el léxico político. Estos mapaches son los encargados de cambiar apoyos gubernamentales o dinero efectivo por votos. Apenas este martes se detuvo a dos personas que llevaban 20 millones de pesos (1 millón de dólares) en efectivo a la sede del partido oficialista (PRI). Si tomamos los datos proporcionados por MCCI y los extrapolamos a la contienda presidencial, los candidatos rezagados en la lucha electoral Ricardo Anaya (PAN) y José Antonio Meade (PRI) podrían estar operando cada uno cerca de 200 millones de dólares para la jornada electoral.

Mucho de este dinero en efectivo viene de los propios programas sociales del gobierno que son discrecionales. En la actualidad hay 6.491 programas sociales en el país operados por el gobierno federal, por los gobiernos estatales y los ayuntamientos, muchos de ellos duplicados e incluso triplicados. De 152 programas de subsidios, transferencias y prestación de servicios sociales federales, 85 no cuentan con reglas de operación y 66 carecen de padrón de beneficiarios. Lo que históricamente el PRI llama “la estructura y el aparato” no es otra cosa que la compra de votos en efectivo y a través de estos programas sociales para aumentar sus porcentajes de votos a lo largo y ancho de la geografía mexicana. La corrupción no se esconde, se presume.

                                             

En un país donde la mitad de la gente vive en la pobreza y lucha por sobrevivir, no es raro que se venda el voto al mejor postor. A días de la jornada electoral el precio por voto oscila entre 25 y 150 dólares. Para estas elecciones aproximadamente a 30 millones de personas se les ha ofrecido comprar su voto. También coincide que en los estados más pobres suele haber anomalías en los márgenes de votación. En 2012, 223 secciones electorales tuvieron una participación electoral mayor al 100% (aritméticamente imposible) y 535 con participaciones del 85 al 99%, estadísticamente algo bastante extravagante.

Violencia

Mientras que para algunos intelectuales en México se vive en el tedio democrático y ciertos comunicadores hablan de una fiesta democrática donde no pasa nada, la realidad demuestra que la violencia está desatada a nivel local, en las pequeñas municipalidades del país. Se vive una lucha por el territorio, por los recursos naturales, por el derecho de piso y de paso, por todas las cosas donde el Estado ha abdicado de su responsabilidad en favor de grupos empresariales o grupos delictivos locales. ¿Caben 250.000 muertos y 30.000 desaparecidos en la normalidad democrática? ¿Esta violencia es la que nuestros intelectuales equiparan al tedio y al aburrimiento?

                                           

Soldados mexicanos hacen guardia durante el funeral del candidato a la alcaldía de Ocampo, Fernando Ángeles. 21 de junio de 2018. / RAÚL TINOCO / AFP

Este proceso electoral es ya el más violento de la historia con 510 agresiones directas y 126 políticos asesinados. El 75% de las agresiones se da contra políticos de oposición al cargo que se disputa. Es claro que la violencia viene del poder y es institucional y aunque se enmarca en los hechos de la última década tampoco debemos olvidar que ha sido concurrente a la política electoral desde hace décadas. A días de la elección, se robaron 11.000 boletas electorales en Tabasco (lugar de donde es originario AMLO y tiene un 65% de las preferencias) y en Oaxaca hurtaron y quemaron otras 8.000.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y las autoridades federales y locales han pecado de indolencia. Como nuestros intelectuales, viven en el país de no pasa nada y si pasa no importa mucho. A pesar de la evidente problemática declaran que no hay focos rojos en el país para el día de la jornada electoral. Información periodística habla de problemáticas graves en al menos 9 estados y 35 municipios pero a la luz de los últimos asesinatos en Oaxaca, podrían ser muchos más. Es probable que el 1 de julio se impida la colocación de casillas electorales en varios de esos municipios aunque esperemos que sean en un número marginal.

La alternancia democrática no acabó ni con los mecanismos de compra del voto, ni con el condicionamiento y desvío de programas sociales, ni con el voto clientelar, ni con las fraudes a nivel municipal. Tampoco ha terminado con la violencia en las zonas rurales de mayor pobreza ni con la coacción física el día de la jornada electoral. ¿En cuántos regímenes  democráticos hay centenas de políticos asesinados y compra del voto a discreción?Vivimos en un sistema más parecido al que describió Cosío Villegas hace décadas que a las democracias liberales nórdicas que ven ciertos intelectuales y locutores de televisión en la comodidad de sus hogares. A pesar de eso, las acciones violentas y fraudulentas pueden reducir la ventaja del puntero López Obrador en un 5-7% y modificar algunos resultados en los municipios pero resulta prácticamente imposible alterar el resultado en la presidencial con 25 puntos de ventaja en las encuestas.

Con la victoria de AMLO esto no cambiará al día siguiente, por lo que es una deuda pendiente que también habrá que saldar si se pretende lograr un cambio de régimen. Se deberá acabar con el manejo electoral de los programas sociales o el dinero ilegal y con la impunidad alrededor de los delitos electorales. La violencia debe ser erradicada de la vida nacional y de la vida pública. Para lograr esto el primer paso es reconocer que todavía estamos bastante lejos de nuestro ideal y dejar de vivir en los mundos idílicos de una intelectualidad que ha perdido todo contacto con la realidad de las mayorías. Nuestra democracia todavía tiene muchos asegunes y adjetivos. Y agravios. Una verdadera transición democrática es la oportunidad de reconocer las falencias y buscar sus soluciones y reconocer que hace dieciocho años se echaron las campanas al vuelo demasiado pronto. No puede pasarnos eso otra vez.