José María Aznar (primer ministro de España de 1996 a 2004) y Mariano Rajoy (en el cargo desde 2011) son responsables de la generalización de la corrupción en el reino y de la extensión de ese mal en sus ex colonias.

Antecedentes: Llevo 11 años analizando la legendaria megacorrupción del Partido Popular español (PP) y sus premiados blanqueadores literarios, tanto en España como en sus ex colonias de Latinoamérica.

El neoliberalismo del PP español, en la fase aciaga del fiscalista José María Aznar, estuvo íntimamente vinculado a Israel, con el Partido Likud, y al binomio Texas-Florida, con el Partido Republicano de los Bush [1].

Rodrigo Rato, segundo de a bordo del PP bajo Aznar, huyó del «Titanic financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI)» [2] que expuso sus vínculos delincuenciales con el Banco Santander. Más tarde, Rodrigo Rato, ya ex director del FMI, fue «enjuiciado por lavado» de dinero [3].

La aznarización de la petrolera-gasera Repsol provocó un «desastre en Sudamérica» y una «ganga en México» [4], a lo cual siguió el «colapso inmobiliario aznarista» [5].

El neoliberalismo trasnacional español incubó el «derrumbe delictivo de Antonio Solá, estratega del PP» [6].

Como cereza del putrefacto pastel, «los “papeles de Panamá” de Vargas Llosa, gran aliado literario del PP», expusieron el blanqueo neoliberal imperfecto en los paraísos fiscales [7], sin contar los escandalosos y dolosos «Paradise Papers» [8].

Hechos: Por primera vez en la historia de España, Mariano Rajoy fue defenestrado por una moción de censura presentada al Parlamento por su rival, Pedro Sánchez, quien con sólo 84 escaños del total de 350 consiguió atraer los votos de los nacionalistas vascos y los separatistas catalanes.

Pedro Sánchez –madrileño y economista proeuropeo de 46 años, que promete mejorar las relaciones con Cataluña y quitar las trabas sociales de Rajoy– fue entronizado apretadamente como nuevo jefe del gobierno español con 188 votos a favor, 169 en contra y una abstención, lo cual presagia un frágil gobierno de corta duración y elecciones adelantadas.

La noticia no es que cayera Rajoy –abogado «registrador catastral» de 63 años y uno de los políticos de mayor duración en Europa– ni que saliera mancillado su PP, que opera más bien como un cártel financierista, sino que tardó demasiado en sucumbir.

La basura ya no cabía debajo del tapete de lujo y había desbordado el edificio entero. Ya no cabían los putrefactos cadáveres en el clóset del fétido edificio del PP, convertido en un cementerio nacional.

Quizá la mejor frase que profirió en su vida el Rajoy jefe de gobierno haya sido que «entregar el petróleo a extranjeros es de un país de quinta categoría» [9], lo cual no aplicó al colonizado “México neoliberal itamita” [10].

La gota que derramó su alberca de megacorrupción fue el «caso Gürtel» que, según la BBC, «es la mayor trama de corrupción de la España democrática» con su «red de empresas que conseguían contratos de todo tipo de administraciones gobernadas por el PP en diversas partes de España», a cambio de «sobornos para los cargos públicos responsables de decidir sobre esos contratos, que incluso servían para financiar actos de campaña y otras gestiones», de acuerdo a la justicia española [11].

El portal Plural expone la serie de «muertes (ya van 6 hasta ayer [sábado 2 de junio]), suicidios y accidentes» derivados del caso Gürtel [12], traducción en alemán del apellido Correa, del empresario Francisco, y cuya investigación fue iniciada por la Fiscalía Anticorrupción.

The New York Times comenta que Rajoy fue decapitado, no por su incapacidad para resolver el conflicto catalán, sino por un «añejo problema que ha plagado la política española: la corrupción».

Así las cosas, el PP «se convirtió en el primer grupo político español en ser sentenciado por operar fondos de soborno (slush funds)», lo cual obliga a Luis Bárcenas, anterior tesorero de Rajoy, a pagar una multa y a su encarcelamiento por 33 años.

El «caso Bárcenas», derivación del caso Gürtel, quien contaba con una contabilidad subterránea (sin declarar) del PP con recepción de donativos ilegales de constructoras (sic) y entrega de dinero negro a los dirigentes.

Según el New York Times, «la Corte Nacional de España sentenció a otros 28 empresarios y políticos con más de 300 años de cárcel en sentencias combinadas por haberse beneficiado de un esquema de sobornos a cambio de contratos» [13].

De proclividad eurófoba debido a sus nexos con el euro-nihilista George Soros, el New York Times da vuelo al «caos» en el «corazón europeo» cuando la asunción de Pedro Sánchez se gestaba «el mismo día del retorno del nuevo gobierno antiestablishment en Italia, mientras Gran Bretaña abandona la Unión Europea, Polonia y Hungría ceden terreno en materia de democracia y Estados Unidos libra una guerra comercial contra sus aliados europeos».

A diferencia de Italia [14], hasta ahora en España –de sus 4 partidos principales (PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos) que liquidaron su bipartidismo tradicional– nadie pone en tela de juicio su permanencia en la eurozona, donde es la cuarta economía, ni tampoco existe patente xenofobia contra la migración.

Conclusión: Solía decir Suetonio que «la corrupción de los mejores es lo peor». ¿A qué equivaldrá, entonces, la corrupción de los peores y su kakistocracia?

Existe un proverbio árabe sobre quienes vociferan contra la corrupción desde su propia inmoralidad: «quien tenga la casa de vidrio no debe arrojar piedras». Y es ese el caso del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), hoy sucesor del mefítico PP.

El portal Libremercado expone la «hipocresía» del nuevo jefe de gobierno Pedro Sánchez cuando el «PSOE acumula cientos de casos de corrupción» [15].

En la corrupción del PSOE, partido travesti neoliberal, también también están implicados el ex jefe de gobierno Felipe González (¡durante 14 años!) [16] y a Rodríguez Zapatero.

Es tan desvergonzado Felipe González que llega a pretender que la corrupción en España es «un descuido generalizado» [17]. ¡Pues se pasan de descuidados! ¿Y quién será el capacitado para velar por los fondos públicos y no pervertir las instituciones?

Debido a los vasos comunicantes de los libres flujos de capitales del modelo neoliberal financierista y a la desregulación en sus paraísos fiscales piratas, la metastásica megacorrupción española impacta a sus viejas colonias en Latinoamérica, como es el caso específico del “México neoliberal itamita”: desde sus trasnacionales bancarias, como el Banco Santander [18] con su literato fascista [19] de Televisa en su seno [20], constructoras como la pestilente OHL [21], Repsol (donde presuntamente se despachó con la cuchara grande [el ex presidente mexicano] Felipe Calderón), Telefónica (donde operó el filosionista Chicago Boy Francisco Gil Díaz) etcétera.

Lo peor de todo, en medio de la contagiosa epidemia transnacional de megacorrupción proveniente de España, es que sus políticos y sus aliados «literarios» en Latinoamérica todavía se atreven a querer dar lecciones de moral a sus ex colonias.

                        

El 29 de mayo de 2018 tiene lugar la conferencia de prensa final de la cumbre de París sobre Libia. De izquierda a derecha, el presidente del Gobierno Libio de Unión Nacional (designado por la ONU) Fayez al-Sarraj, el presidente de Francia Emmanuel Macron y el libanés Ghassan Salamé, funcionario de la ONU. Estos tres personajes, carentes legitimidad electiva en Libia, pretenden decidir el futuro del pueblo libio.

Desde que la OTAN destruyó la Yamahiriya Árabe Libia, en 2011, la situación en Libia se ha deteriorado gravemente: el PIB ha caído a la mitad y sectores enteros de la población están viviendo en la miseria, es imposible circular en el país y reina una inseguridad generalizada. Durante los últimos años, dos terceras partes de la población ha huido al extranjero, al menos temporalmente.

Aceptando implícitamente la intervención ilegal de la OTAN como un hecho consumado, las Naciones Unidas tratan ahora de estabilizar Libia.

Intentos de pacificación

La ONU está présente en el país a traves de la MANUL (Misión de Apoyo las Naciones Unidas en Libia), un órgano exclusivamente político. El verdadero carácter de esa instancia se vio claramente desde que se creó. Su primer director, Ian Martin, ex director de Amnistía Internacional, organizó el traslado de 1 500 yihadistas de al-Qaeda, como «refugiados», de Libia hacia Turquía para formar el denominado «Ejército Sirio Libre». Aunque la MANUL está supuestamente bajo la dirección de Ghassan Salamé [1], en realidad depende directamente del director de Asuntos Políticos de la ONU, que no es otro que el estadounidense Jeffrey Feltman. Este último, ex asistente de Hillary Clinton en el Departamento de Estado estadounidense, es uno de los principales ejecutores del plan Cebrowski-Barnett para la destrucción de los Estados y sociedades en los países del «Medio Oriente ampliado» [2]. Fue precisamente Jeffrey Feltman quien supervisó en el plano diplomático las agresiones contra Libia y Siria [3].

La ONU parte de la idea que el desorden actual en Libia es consecuencia de la «guerra civil» de 2011 entre el régimen de Muammar el-Kadhafi y su oposición. Pero, en el momento de la intervención de la OTAN, esa oposición se componía solamente de los yihadistas de al-Qaeda y la tribu de los misurata. Como ex miembro del último gobierno de la Yamahiriya Árabe Libia, yo mismo soy testigo de que la agresión de la OTAN no respondía a la existencia de un conflicto entre libios sino a una estrategia regional a largo plazo para todo el conjunto del Medio Oriente ampliado o Gran Medio Oriente.

Ante los magros resultados que obtuvieron en las elecciones legislativas de 2014, los islamistas que habían librado los combates terrestres por cuenta de la OTAN decidieron no reconocer la «Cámara de Representantes» basada en Tobruk y constituir, en Trípoli, su propia asamblea, que ahora llaman «Alto Consejo de Estado». Considerando que esas dos asambles rivales podían formar un sistema bicameral, Feltman puso a los dos grupos en condiciones de igualdad. Hubo contactos organizados en los Países Bajos y después se firmaron los acuerdos de Skhirat (Marruecos) pero sin aprobación de ninguna de las dos asambleas. Esos «acuerdos» instituyeron un «gobierno de unión nacional», designado por la ONU e inicialmente con sede en Túnez.

Para preparar la elaboración de una nueva Constitución y elecciones presidencial y legislativas, Francia –suplantando los esfuerzos de los Países Bajos y Egipto– organizó a fines de mayo una cumbre entre las personas que la ONU presenta como los cuatro principales líderes del país, encuentro que se realizó en presencia de representantes de los principales países implicados en el terreno. Esa iniciativa fue duramente criticada en Italia [4]. Públicamente, se habló de política, pero discretamente se trazaron los contornos de un Banco Central Libio único que se encargará de borrar el robo de los fondos soberanos por los miembros de la OTAN [5] y centralizará el dinero del petróleo. En todo caso, después de la firma de una declaración común y de los abrazos de rigor en tales circunstancias… la situación en el terreno empeoró bruscamente.

El presidente francés Emmanuel Macron actuó en función de su experiencia como banquero de negocios: reunió a los principales líderes libios seleccionados por la ONU, analizó con ellos cómo proteger sus intereses respectivos con vistas a crear un gobierno que todos reconozcan, verificó que las potencias extranjeras no sabotearan ese proceso y creyó que los libios aplaudirían esa solución. Pero no resolvió nada porque Libia es totalmente diferente a las sociedades occidentales.

Es evidente que Francia, que fue –con el Reino Unido– la punta de lanza de la OTAN contra Libia, está tratando de recuperar los dividendos de su intervención militar, que hasta ahora le han sido negados por sus aliados anglosajones.

Para entender lo que está sucediendo es necesario ver un poco de historia y analizar cómo viven los libios en función de su propia experiencia personal.

La Historia de Libia

Libia existe desde hace sólo 67 años. En el momento de la caída del fascismo y del fin de la Segunda Guerra Mundial, los británicos ocuparon parte de aquella colonia italiana (las regiones de Tripolitania y Cirenaica) mientras que los franceses ocupaban otra parte (la región de Fezzan) dividiéndola y vinculándola administrativamente a sus colonias de Argelia y Túnez.

Londres favoreció la aparición de una monarquía controlada desde Arabia Saudita, la dinastía de los Senussi, que reinó sobre el país al proclamarse la «independencia», en 1951. Esa dinastía wahabita mantuvo el nuevo Estado en un oscurantismo total mientras favorecía los intereses económicos y militares anglosajones.

La dinastía de los Senussi fue derrocada en 1969 por un grupo de oficiales que proclamó la verdadera independencia y sacó del país las fuerzas extranjeras. En el plano de la política interna, Muammar el-Kadhafi redactó, en 1975, el Libro Verde, un programa donde garantizaba a la población del desierto la realización de sus principales sueños. Por ejemplo, cada beduino soñaba tener su propia tienda para vivir y su camello (un medio de transporte). Kadhafi garantizó a cada familia un apartamento gratis y un automóvil. La Yamahiriya Árabe Libia también garantizó gratuitamente a los libios el agua [6], la educación y los servicios de salud [7]. La población nómada del desierto se sedentarizó progresivamente en la costa, pero los vínculos de cada familia con su tribu de origen siguieron siendo más importantes que las relaciones de vecindad. Se crearon instituciones nacionales inspiradas en las experiencias de los falansterios de los socialistas utópicos del siglo XIX. Esas instituciones instauraron una democracia directa que coexistía con las estructuras tribales antiguas. En ese marco, las decisiones importantes se presentaban primeramente en la Asamblea de Consulta de las tribus antes de someterse a deliberación en el Congreso General del Pueblo (Asamblea Nacional).

En el plano internacional, Muammar el-Kadhafi se dedicó a la solución del conflicto secular entre africanos árabes y africanos negros. Erradicó la esclavitud y utilizó gran parte de los ingresos provenientes del petróleo para contribuir al desarrollo de los países subsaharianos, principalmente de Mali. Su actividad incluso despertó a los países occidentales, que iniciaron entonces políticas de ayuda al desarrollo del continente africano.

Sin embargo, a pesar de los progresos alcanzados, 30 años de Yamahiriya no lograron convertir aquella Arabia Saudita africana en una sociedad laica moderna.

                        

El funcionario libanés de la ONU Ghassan Salamé y su jefe, el estadounidense Jeffrey Feltman.

El problema actual

Al destruir la Yamahiriya y desplegar nuevamente en Libia la bandera de la dinastía Senussi, la OTAN hizo retroceder el país a lo que había sido antes de 1969, un conjunto de tribus que vivían en el desierto sin relación con el resto del mundo. Ante la desaparición del Estado, la población se replegó hacia las estructuras societales tribales, sin jefe supremo. Volvieron a Libia la sharia, el racismo y el esclavismo. En esas condiciones, es inútil tratar de restablecer el orden desde arriba y se hace indispensable pacificar primero las relaciones entre las tribus. Sólo después de eso será posible plantearse la creación de instituciones democráticas. Hasta ese momento, la seguridad de cada cual dependerá de su pertenencia a una tribu. Para poder sobrevivir, los libios renunciarán hasta entonces a pensar de manera autónoma y actuarán siempre tomando como referencia su grupo tribal.

Resulta emblemática la represión que los habitantes de Misurata desataron contra los pobladores de Tawerga. Los misuratas (habitantes de Misurata) son los descendientes de los soldados turcos del ejército otomano mientras que los pobladores de Tawerga son descendientes de ex esclavos negros. En relación con Turquía, los misuratas participaron en el derrocamiento de la Yamahiriya y, en cuanto se impuso el estandarte de los Senussi, arremetieron con furor racista contra los libios negros atribuyéndoles todo tipo de crímenes. Se estima que al menos 30 000 pobladores de Tawerga se vieron obligados a huir de esa localidad libia.

Será evidentemente muy difícil que surja una personalidad comparable al asesinado Muammar el-Kadhafi y que obtenga, primeramente, el reconocimiento de las tribus y después la aceptación del Pueblo. Pero no es ese el objetivo de Jeffrey Feltman. Contrariamente a las declaraciones oficiales sobre una solución «inclusiva», o sea que integre todos los componentes de la sociedad libia, Feltman impuso, a través de los islamistas con quienes colaboró contra Kadhafi desde el Departamento de Estado estadounidense, una ley que prohíbe que las personas que sirvieron a la Yamahiriya puedan ejercer cargos públicos. La Cámara de Representantes se ha negado a aplicar ese texto, que sigue en vigor en Trípoli. Se trata de un dispositivo comparable al proceso de “desbaasificación” que el propio Feltman impuso en Irak, cuando participaba en la dirección de la «Autoridad Provisional de la Coalición». En ambos casos, las leyes de Feltman privan a esos países de la mayoría de sus élites, empujando estas últimas a la violencia o al exilio. Es evidente que, mientras dice trabajar por la paz, Feltman sigue adelante con los objetivos del plan Cebrowski.

A pesar de las apariencias, el problema de Libia no es la rivalidad entre líderes sino la ausencia de pacificación entre las tribus y la exclusión de los antiguos seguidores de Kadhafi. La solución no puede negociarse entre los cuatro líderes reunidos en París sino únicamente en el seno de la Cámara de Representantes de Tobruk y alrededor de esa estructura, cuya autoridad abarca ahora el 80% del territorio libio.

                          

En 2001, afirmando que se trataba de responder a los atentados del 11 de septiembre, el presidente George W. Bush inicia una «larga guerra» contra el «Medio Oriente ampliado». Esa guerra prosigue hoy –17 años después– en Siria y en Yemen. Su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, teoriza el concepto de guerra total, principalmente aboliendo la distinción entre «civiles» y «militares».

En nuestro texto anterior, «Imperialismo contra ultramperialismo» [1], sosteníamos que, al desindustrializar el país, el superimperialismo estadounidense había debilitado el poderío de Estados Unidos como nación. El proyecto inicial de la administración Trump era proceder a una reconstrucción económica sobre una base proteccionista.

Dos bandos se enfrentan, el bando portador de una renovación económica de Estados Unidos y el que favorece una conflictualidad militar cada vez más abierta, opción que parece impulsada principalmente por el Partido Demócrata. La lucha entre los demócratas y la mayoría de los republicanos puede interpretarse entonces como un conflicto entre dos tendencias del capitalismo estadounidense, la tendencia portadora de la globalización del capital y la que predica una reactivación del desarrollo industrial en un país en declive económico.

Para la administración Trump es prioritario el restablecimiento de la competitividad de la economía estadounidense. La voluntad de esta administración de instalar un nuevo proteccionismo debe verse como un acto político, como una ruptura en el proceso de globalización del capital, o sea como una decisión de excepción, en el sentido que explicó Carl Schmitt: «es soberano quien decide la situación excepcional» [2]. En este caso, la decisión aparece como un intento de romper con la norma de la transnacionalización del capital, como un acto de restablecimiento de la soberanía nacional estadounidense ante la estructura imperial organizada alrededor de Estados Unidos.

Regreso de lo político

El intento de la administración Trump se plantea como una excepción ante la globalización del capitalismo. Se muestra como un intento de restablecer el predominio de lo político, por haber quedado demostrado que Estados Unidos ya no es la superpotencia económica y militar cuyos intereses se confunden con la internacionalización del capital.

El regreso de lo político se traduce primeramente en la voluntad de aplicar una política económica nacional, de fortalecer la actividad en territorio estadounidense gracias a una reforma fiscal destinada a reinstaurar los términos del intercambio entre Estados Unidos y sus competidores. Actualmente, esos términos se han degradado netamente en desfavor de Estados Unidos. El déficit comercial global de Estados Unidos llegó a 12,1% y se eleva a 566 000 millones de dólares. Al sustraer el excedente que el país obtiene en los servicios, para concentrarnos únicamente en los intercambios de bienes, el saldo negativo alcanza incluso 796 100 millones de dólares. Por supuesto, el déficit más impresionante se registra en el intercambio con China: en 2017 alcanzó el nivel record de 375 200 millones de dólares, sólo en bienes [3].

La lucha contra el déficit del comercio exterior sigue siendo un tema central en la política económica de la administración estadounidense.

Al haber rechazado el Congreso su reforma económica fundamental, la Border Adjusment Tax [4], que debía promover una reactivación económica mediante una política proteccionista, la administración trata de reequilibrar los intercambios caso por caso, mediante acciones bilaterales, presionando a sus diferentes socios económicos, principalmente a China, para que reduzcan sus exportaciones hacia Estados Unidos y aumenten sus importaciones de mercancías estadounidenses. Para lograrlo, acaban de realizarse importantes negociaciones. El 20 de mayo, Washington y Pekín anunciaron un acuerdo destinado a reducir significativamente el déficit comercial de Estados Unidos en relación con China [5]. La administración Trump reclamaba una reducción de 200 000 millones de dólares del excedente comercial chino y una fuerte reducción de los derechos de aduana. Trump había amenazado con imponer derechos de aduana por 150 000 millones de dólares a las importaciones de productos chinos y China tenía intenciones de responder gravando las exportaciones estadounidenses, principalmente la soya y el sector de la aeronáutica.

Oposición estratégica entre demócratas y republicanos

Globalmente, la oposición entre la mayoría del Partido Republicano y los demócratas reside en el antagonismo de dos visiones estratégicas diferentes, tanto en el plano económico como en el militar. Ambos aspectos están íntimamente vinculados.

Para la administración Trump la rectificación económica es un tema central. La cuestión militar se plantea en términos de respaldo a una política económica proteccionista, como momento táctico de una estrategia de desarrollo económico. Esta táctica consiste en desarrollar conflictos locales, destinados a frenar el desarrollo de las naciones competidoras, y a hacer fracasar proyectos globales contrarios a la estructura imperial estadounidense, como –por ejemplo– el de la Ruta de la Seda, una serie de “corredores” ferroviarios y marítimos que conectarían China con Europa, un proyecto que contaría con la participación de Rusia.

En esta táctica de la administración Trump, los niveles económico y militar están estrechamente vinculados, pero –al contrario de la posición de los demócratas– no se mezclan. La finalidad económica no se confunde con los medios militares desplegados. El redespliegue económico de la nación estadounidense es, en este caso, la condición que permite evitar, o al menos posponer, un conflicto global. La posibilidad de desencadenar una guerra total se convierte en un medio de presión destinado a imponer las nuevas condiciones estadounidenses de los términos del intercambio con los socios económicos. La alternativa que se ofrece a los competidores es permitir a Estados Unidos reconstituir sus capacidades ofensivas al nivel de las fuerzas productivas o verse implicado rápidamente en una guerra total.

La distinción, entre objetivos y medios, entre presente y futuro, desaparece en la acción de los demócratas. Esta mezcla los momentos estratégico y táctico. La fusión de esos dos aspectos es característica de la «guerra absoluta», de una guerra carente de todo control político, que obedece sólo a sus propias leyes, las del «ascenso a los extremos».

                         

El 18 de febrero de 1943, Josef Goebbels proclama la «guerra total», en el Palacio de Deportes de Berlín. Ante los reveses militares, como la derrota de Stalingrado, todas las fuerzas de la nación alemana, sin excepción alguna, deben ponerse en función de derrotar el bolchevismo, portador de la dictadura judía.

¿Hacia una guerra «absoluta»?

La capacidad del Partido Demócrata para bloquear un redespegue interno en Estados Unidos tiene por consecuencia que si Estados Unidos renuncia a desarrollarse le quedaría como único objetivo el de impedir por todos los medios –incluyendo la guerra– que sus competidores y adversarios puedan hacerlo. Sin embargo, el escenario ya no es el de las guerras limitadas de los tiempos de Bush o de Obama, o sea el de una agresión contra potencias medias ya debilitadas –como Irak– sino más bien el de la «guerra total», tal como la concibió el teórico alemán Carl Schmitt, o sea el de un conflicto que provoca una completa movilización de los recursos económicos y sociales del país, como los conflictos que abarcaron los periodos de 1914-1918 y de 1940-1945.

Pero la guerra total, debido a la existencia del arma nuclear, puede adquirir ahora una nueva dimensión, que corresponde a la noción –desarrollada por Clausewitz– de «guerra absoluta».

Según Clausewitz, la «guerra absoluta» es la guerra conforme a su concepto. Es la voluntad abstracta de destruir al enemigo, mientras que la «guerra real» [6] es la lucha en su realización concreta y su utilización limitada de la violencia. Clausewitz oponía esas dos nociones ya que el «ascenso a los extremos», característico de la guerra absoluta, no podía pasar de ser una idea abstracta, utilizada como referencia para evaluar las guerras concretas. En el marco de un conflicto nuclear, la guerra real se hace conforme a su concepto. La «guerra absoluta» abandona su estatus de abstracción normativa para convertirse en una realidad concreta.

De esa manera, como categoría de una sociedad capitalista desarrollada, la abstracción de la guerra absoluta funciona concretamente, se transforma en una «abstracción real» [7], o sea una abstracción que ya no pertenece sólo al proceso de pensamiento sino que resulta también del proceso real de la sociedad capitalista [8].

La «guerra absoluta» como «abstracción real»

Como señala el fenomenólogo marxista italiano Enzo Paci,

«la característica fundamental del capitalismo… reside en su tendencia a hacer existir categorías abstractas como categorías concretas» [9].

Es por eso que, en 1857, Marx ya escribía en sus Grundrisse(Elementos fundamentales para la crítica de la economía política) que

«las abstracciones más generales no nacen más que con el desarrollo concreto más rico».

Ese proceso de abstracción de lo real existe no sólo a través de las categorías de la «crítica de la economía política», tal y como las desarrolló Marx, como la de «trabajo abstracto» sino que trata sobre el conjunto de la evolución de la sociedad capitalista. La noción de «guerra absoluta» sale así, a través de las relaciones políticas y sociales contemporáneas, del terreno de la abstracción única del pensamiento para convertirse también en una categoría que adquiere una existencia real. Deja de tener sólo una función de horizonte teórico, como «concreción de pensamiento», para convertirse en un real concreto. La guerra absoluta deja de ser entonces un simple horizonte, un límite conceptual, para convertirse en un modo de existencia, en una forma posible, efectiva, de la hostilidad entre las naciones.

En un artículo de 1937, titulado «Enemigo total, guerra total y Estado total» [10], Carl Schmitt ya sugiere que las evoluciones técnicas y políticas contemporáneas identifiquen la realidad de la guerra con la idea misma de la hostilidad. Esa identificación conduce a un ascenso de los antagonismos y culmina en el «impulso hacia el extremo» de la violencia. Eso quiere decir implícitamente que la «guerra real» entra entonces en conformidad con su concepto, que la «guerra absoluta» sale de su estatus de abstracción normativa para concretarse bajo la forma de «guerra total».

En ese momento se invierte la relación entre la guerra y la política. La guerra deja de ser, como explicaba Clausewitz, caracterizando con ello su propia época histórica, la más alta forma de la política y su culminación momentánea. Al convertirse en guerra absoluta, la guerra total escapa a todo cálculo político y al control del Estado. Ya no se somete más que a su propia lógica, «obedece sólo a su propia gramática», la del impulso hacia los extremos [11]. O sea, después de iniciada, la guerra nuclear escapa al punto final que la decisión política pudiese ponerle, exactamente de la misma manera como la globalización del capital escapa al control del Estado nacional, de las organizaciones supranacionales y más generalmente a toda forma de regulación.

                           

Para Donald Trump, las fuerzas armadas de Estados Unidos no están ahí para acabar con los Estados que –por decisión propia o por necesidad– optan por no participar en la globalización del capital. Estima que están más bien para amenazar a cualquier potencia que frene la reindustrialización estadounidense.

¿De la «guerra contra el terrorismo»
a la «guerra absoluta»?

El 19 de enero de 2018, hablando en la Universidad Johns Hopkins, en Maryland, el secretario de Defensa de la administración Trump, James Mattis, reveló una nueva estrategia de defensa nacional basada en la posibilidad de un enfrentamiento militar directo entre Estados Unidos, Rusia y China [12]. Mattis señaló que se trataba de un cambio histórico en relación con la estragia en vigot desde hace más de 2 décadas, la estrategia de la guerra contra el terrorismo. Y precisó:

«La competencia entre las grandes potencias –no el terrorismo– es ahora el principal objetivo de la seguridad nacional estadounidense.»

Se entregó a la prensa un documento desclasificado de 11 páginas, donde se describe la Estrategia de Defensa Nacional en terminos generales [13]. Pero el Congreso recibió una versión confidencial, más larga, de ese documento, versión que incluye las proposiciones detalladas del Pentágono para un incremento masivo de los gastos militares [14]. La Casa Blanca pide un incremento de 54 000 millones de dólares para el presupuesto militar y lo justifica con el hecho que «hoy estamos en un periodo de atrofia estratégica, conscientes del hecho que nuestra ventaja militar competitiva se ha desgastado» [15]. El documento prosigue de la siguiente manera: «El poderío nuclear –la modernización de la fuerza de ataque nuclear implica el desarrollo de opciones capaces de contrarrestar las estrategias coercitivas de los competidores, basadas en la amenaza de recurrir a ataques estratégicos nucleares o no nucleares.»

Para la administración Trump ha terminado la postguerra fría. Han quedado atrás los tiempos en que Estados Unidos podía desplegar sus fuerzas cuando quería, intervenir como quería. «Actualmente, todos los sectores están en disputa: el cielo, la tierra, el mar, el espacio y el ciberespacio» [16].

«Guerra absoluta» o guerra económica

La posibilidad de una guerra de Estados Unidos contra Rusia y China, o sea del desencadenamiento de una guerra absoluta, es parte de las hipótesis estratégicas, tanto en la administración estadounidense como entre los analistas rusos y chinos. Esa facultad aparece como la matriz que subyace y hace legible la política exterior y las operaciones militares de esos países –por ejemplo, la extrema prudencia de Rusia, una contención que puede parecer indecisión o renuncia, en relación con las provocaciones estadounidenses en Siria. La dificultad de la posición rusa no procede tanto de sus propias divisiones internas, de la correlación de fuerzas entre la tendencia globalista y la tendencia nacionalista dentro de ese país, como de las divisiones internas existentes en Estados Unidos, una que es favorable a la guerra económica mientras que la otra puede llevar a la guerra nuclear. La articulación entre amenazas militares y nuevas negociaciones económicas son realmente dos aspectos de la nueva «política de defensa» estadounidense.

Sin embargo, Elibrige Colby, asistente del secretario de Defensa, ha afirmado que a pesar de que el discurso de Mattis subraya claramente la rivalidad con China y Rusia, la administración Trump quiere «seguir buscando zonas de cooperación con esas naciones». Colby decía:

«No se trata de una confrontación. Es una forma estratégica de reconocer la realidad de la competencia y la importancia del hecho que “las cercas correctas mantienen la amistad”.» [17].

Esa política, que predica el restablecimiento de fronteras, contradice frontalmente la visión imperial estadounidense. Muy bien resumida por el Washington Post, esa visión imperial plantea una alternativa: el mantenimiento de un Imperio estadounidense «garante de la paz mundial» o la guerra total.

Esta visión se opone al restablecimiento de hegemonías regionales, o sea al regreso a un mundo multipolar cuyo resultado –según dicen– «sería la próxima guerra mundial» [18].