Global

                                         

                             William Browder en una de sus audiencias ante el Senado estadounidense.

El 16 de noviembre de 2009, el especialista en cuestiones fiscales Serguei Magnitsky fallece en la prisión moscovita Matroskaya Tichina. La prensa estadounidense asegura de inmediato que Magnitsky tenía información sobre un escándalo que podía afectar al Estado ruso y que murió bajo las torturas del «régimen».

La Magnitsky Act

El fallecimiento de Magnitsky pone fin a los procedimientos legales que el ministerio ruso de Justicia había emprendido contra él. El millonario William “Bill” Browder declara en Washington que el especialista en impuestos podía demostrar que el Poder ruso le había robado 3 000 millones de dólares. A pesar de la labor de cabildeo del banco Goldman Sachs, el Congreso de Estados Unidos, que cree haber aclarado el asunto, adopta en 2012 una ley, la Magnitsky Act, que sanciona a las personalidades rusas sospechosas de haber asesinado a Magnitsky. Goldman Sachs, que no cree en las informaciones de los congresistas, había contratado la oficina de cabildeo Duberstein Group para tratar de oponerse a la adopción de esa ley [1].

En 2016, el Congreso de Estados Unidos extiende la aplicación de la Magnitsky Act al mundo entero, exhortando al presidente a imponer sanciones contra toda persona o Estado que viole la propiedad individual. Los presidentes Barack Obama y Donald Trump se someten a ese llamado, incluyendo en la lista de sancionados a una veintena de personas, entre ellas al presidente de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov.

Estados Unidos apunta así a recuperar el papel de defensor de la propiedad individual que se había arrogado en tiempos de la guerra fría, pero ahora lo hace sin hallarse frente a un rival comunista.

Las dos versiones sobre el «Caso Magnitsky»

La Duma rusa, por su parte, responde al Congreso de Estados Unidos prohibiendo la adopción de niños rusos por parte de familias estadounidenses y denunciando la responsabilidad de personalidades estadounidenses en la legalización de la tortura (Esa ley rusa lleva el nombre de Dima Yakovlev, el niño ruso que murió por negligencia de sus padres adoptivos estadounidenses). En 2013, el presidente Putin pone en vigor ese texto que prohíbe, por ejemplo, la entrada del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney a la Federación Rusa.

El «Caso Magnitsky» habría podido terminar ahí. Parece, por demás, no tener vínculos con el «Caso Jodorkovsky», utilizado por la OTAN para acusar a Rusia de injerencia en las democracias occidentales a través de la desinformación (las «fake news») [2]. Sin embargo, el fiscal general de la Federación Rusa contradice la narración que William “Bill” Browder presentó al Congreso estadounidense.

Según William “Bill” Browder, su firma, Hermitage Capital, invirtió en Rusia –por ejemplo, en Gazprom–, descubrió varias malversaciones y trató de avisar al Kremlin. Pero le anularon su permiso de estancia en Rusia. Después, un funcionario de la Brigada Financiera del ministerio ruso del Interior, el teniente coronel Artem Kuznetsov, le robó sus empresas rusas. Durante un registro, ese teniente coronel ruso supuestamente se apoderó de los documentos que acreditaban a Browder como propietario de sus empresas y los utilizó para ponerlas a nombre de un nuevo propietario, sigue afirmando Browder y agrega que Magnitsky, quien descubrió todo, fue arrestado, torturado y asesinado en la cárcel.

En definitiva, según Browder, el teniente coronel Artem Kuznetsov y el «padrino» Dimitri Klyuev lograron depositar en un banco chipriota los 3 000 millones de dólares que le robaron a él. Se trataría de un caso clásico de estafa por parte de una mafia rusa y con ayuda del Kremlin [3].

Esta narración de Browder sirvió de inspiración a la temporada 7 de la serie televisiva Homeland, de Showtime.

Pero el fiscal general de la Federación Rusa, Yuri Chaika, señala que William “Bill” Browder adquirió ilegalmente 133 millones de acciones de Gazprom, por cuenta de los hermanos Ziff y a través de varios testaferros. O sea, Browder no sólo defraudó el fisco ruso por 150 millones de dólares de impuestos que nunca pagó sino que además adquirió ilegalmente parte de una joya de la economía rusa. Por otra parte, su consejero fiscal, Serguei Magnitsky, quien había montado otra estafa por cuenta del mismo Browder, fue arrestado y falleció en la cárcel de una crisis cardiaca [4].

Por supuesto, es imposible distinguir entre lo cierto y lo falso que puede haber en las dos versiones. Pero está demostrado que Serguei Magnitsky no era un abogado común y corriente sino un jurista especializado en impuestos y empleado de las empresas de William “Bill” Browder. Magnitsky no investigaba sobre malversaciones de fondos sino que se dedicaba, por orden de Browder, a crear estructuras financieras que permitían a su patrón evadir el pago de impuestos en Rusia. Browder y Magnitsky se las arreglaron, por ejemplo, para pagar a personas con limitaciones mentales para utilizarlas como testaferros, aprovechando el hecho que en Rusia las personas con problemas mentales están exentas del pago de impuestos. Browder siempre practicó la evasión fiscal. Por esa razón vivió 10 años en Rusia con simples visas de turismo y posteriormente abandonó su ciudadanía estadounidense y adquirió la británica.

Estos elementos incriminan a Browder y son compatibles con las acusaciones del fiscal Chaika. Así que parece como mínimo imprudente que el Congreso estadounidense adoptara la Magnitsky Act. Claro, a no ser que el objetivo no fuese precisamente la defensa de la propiedad individual sino que estuviera dirigida más bien contra Rusia [5].

Un líder ruso de oposición remunerado por Browder

Junto a la National Endowment for Democracy (NED), Browder financia generosamente los actos de un joven jurista ruso, Alexei Navalny. Gracias al embajador estadounidense Michael McFaul, el joven Alexei Navalny estudió en la universidad estadounidense de Yale, en 2010, y creó una Fundación Anticorrupción para promover la versión de Browder y denigrar la administración de Putin.

Ya convertido en un líder de la oposición política, Navalny realiza con su Fundación un primer documental donde acusa de corrupción a la familia del fiscal Chaika. Aunque el video parece, a primera vista, convincente, lo cierto es que no aporta ninguna prueba de lo que relata.

Al mismo tiempo, Navalny encarga a un periodista ruso de oposición la realización de un segundo documental sobre el «Caso Magnitsky». Pero, ante los hechos que descubre durante su investigación, ese periodista acaba realizando un documental que contradice el pedido de Navalny, documental finalmente transmitido por la televisión pública rusa.

Un ex agente británico y un ex embajador estadounidense a sueldo de Browder

Posteriormente, William “Bill” Browder contrata a Christopher Steele, quien había sido agente del MI6 en Moscú de 1990 a 1993, y al ex embajador de Estados Unidos en Moscú, de 2012 a 2014, Michael McFaul.

Fue precisamente Christopher Steele quien –siendo agente del MI6– acusó en 2006 al presidente Vladimir Putin de haber ordenado el envenenamiento de Alexander Litvinenko. En 2016, Steele también trabajó –ya a título personal– para el Partido Demócrata estadounidense redactando el famoso expediente donde acusaba al candidato Donald Trump de ser objeto de un chantaje de los servicios secretos rusos [6], acusación gratuita que acaba de salir nuevamente a flote a raiz de la cumbre ruso-estadounidense de Helsinki. Ahora, en 2018, Steele reaparece otra vez, esta vez como «consultante» del MI6, a raiz del envenenamiento de Serguei Skripal, acusando, como siempre, al inevitable Vladimir Putin.

La respuesta rusa

Durante la campaña presidencial estadounidense de 2016, el fiscal general de Rusia, Yuri Chaika, trata de convencer a Dana Rohrabacher, representante republicano por California en el Congreso de Estados Unidos, abierto a las explicaciones rusas, y le hace llegar una nota con su versión del caso Browder-Magnitsky. Más tarde, la abogada rusa Natalia Veselnitskaya se reúne en la Trump Tower con el hijo y el yerno del candidato Donald Trump para informarles que parte del dinero sucio de Browder está sirviendo para financiar la candidatura de Hillary Clinton [7].

Browder se convertirá después en la principal fuente de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa contra la «democracia estadounidense», investigación conducida por el fiscal especial Robert Mueller. Mucho antes de ser director del FBI, Mueller –quien no tiene oficialmente ninguna relación con la CIA– estuvo a cargo de la investigación sobre el atentado de Lockerbie, que atribuyó a Muammar el-Kadhafi. Recordemos que, aunque aceptó indemnizar a las víctimas, Libia nunca reconoció haber realizado el atentado. Lo más importante es que la justicia escocesa comprobó que los fragmentos de detonadores hallados en el lugar de los hechos habían sido “plantados” allí por la CIA, para hacer recaer la responsabilidad sobre Libia. En su actual investigación, Mueller utilizó el encuentro del equipo de Trump con Natalia Veselnitskaya como «prueba» de la subordinación de Donald Trump a los servicios de inteligencia rusos.

Natalia Veselnitskaya representa en Estados Unidos los intereses de varias víctimas de Browder en Rusia y ya había intervenido en 2014 por cuenta de una de las empresas que Browder acusa de estar vinculadas al «padrino» Dimitri Klyuev. La abogada rusa llamó entonces la atención sobre el hecho que un agente del Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security), Todd Hyman, había transmitido un elemento vinculado a una investigación sin proceder a las verificaciones usuales.

No habrá «momento de la verdad»

En la cumbre ruso-estadounidense de Helsinki, el presidente ruso Vladimir Putin propuso a su homólogo estadounidense Donald Trump permitir que los investigadores estadounidenses interrogaran en Rusia a los funcionarios rusos sospechosos de injerencia en la campaña presidencial estadounidense y, a cambio, que investigadores rusos pudieran también interrogar sospechosos en Estados Unidos. En Helsinki, Donald Trump dejó su respuesta en suspenso.

Pero cuando la oficina del fiscal Yuri Chaika envió la lista de personas que los investigadores rusos querían interrogar, cundió el pánico en Washington. Los rusos no sólo solicitan interrogar a los británicos William “Bill” Browder y Christopher Steele, si esos personajes viajan a Estados Unidos, sino también al embajador Michael McFaul, el abogado Jonathan Winer, el investigador David J. Kramer y, para terminar, al agente Todd Hyman.

Jonathan Winer estuvo a cargo del expediente de Lockerbie en el Departamento de Estado en los años 1990. Es amigo personal de Christopher Steele, cuyos informes transmitió a lo largo de una década a los neoconservadores [8].

Durante el primer mandato de George Bush hijo, David J. Kramer desempeñó un importante papel en el Departamento de Estado y ante agentes stay-behind en el este de Europa y en Rusia. Luego de haber trabajado en varios think tanks, fue presidente de Freedom House e hizo campaña sobre el «Caso Magnitsky». Actualmente es investigador en el instituto del senador John McCain.

Si bien nada hasta ahora nada permitía pronunciarse con certeza sobre las versiones respectivas de Browder y de Chaika, la verdad no tardará en salir a la luz. Es posible que la «injerencia rusa» sea sólo una intoxicación y que la injerencia estadounidense –tanto mediante la intervención en el sector más importante de la economía rusa como a través de Alexei Navalny– acabe resultando realidad.

En el contexto de la unanimidad reinante en Washington contra Rusia, el presidente Trump ha declinado la proposición de investigación cruzada de Vladimir Putin.

«Tenemos que conversar sobre todos los temas, desde el comercio hasta lo militar, los misiles, la cuestión nuclear, China.» Con esas palabras inició el presidente Trump la cumbre de Helsinki. «Ha llegado el momento de hablar en detalle de nuestras relaciones bilaterales y de los puntos neurálgicos internacionales», subrayó Putin.

Pero los dos presidentes no decidirán solos cómo serán las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en el futuro.

No es casual que, precisamente en el momento en que el presidente de Estados Unidos estaba a punto de reunirse con el presidente d Rusia, el fiscal especial Robert Mueller inculpara a 12 rusos acusándolos de haber manipulado la elección presidencial estadounidense penetrando en el sistema informático del Partido Demócrata para perjudicar a la candidata Hillary Clinton. Los 12 inculpados, acusados de ser agentes del GRU –la inteligencia militar de la Federación Rusa–, han sido definidos oficialmente como «los conspiradores» y se les inculpa por «conspiración en detrimento de Estados Unidos».

Al mismo tiempo, Daniel Coats, director de la Inteligencia Nacional estadounidense y principal consejero del presidente en la materia, acusaba a Rusia de haber «socavado nuestros valores básicos y nuestra democracia». Y después afirmaba que la «amenaza de ataques cibernéticos ha alcanzado un punto crítico» análogo al que antecedió el 11 de septiembre, no sólo de parte de Rusia –país que calificó como «el agente extranjero más agresivo»– sino también de parte de China e incluso de Irán.

Simultáneamente, en Londres, los «investigadores» británicos anunciaban que la inteligencia rusa (de nuevo el GRU) también envenenó en Inglaterra a un ex agente ruso, Serguei Skripal, y a su hija, quienes sobrevivieron inexplicablemente a la intoxicación con un gas extremadamente letal.

Es evidente el objetivo político de esas «investigaciones»: afirmar que a la cabeza de esos «conspiradores» está el presidente ruso Vladimir Putin, con quien el presidente Donald Trump se sentó a la mesa de negociaciones a pesar de la gran oposición de demócratas y republicanos a que lo hiciese. Inmediatamente después de la inculpación contra los «conspiradores», los demócratas exigieron a Trump que anulara su encuentro con Putin. No lo lograron, pero siguen presionando fuertemente en contra de todo tipo de conversación.

Lo que Putin está tratando de obtener de Trump es a la vez simple y complejo: un relajamiento de la tensión entre los dos países. Con ese objetivo propuso a Trump, quien aceptó, una investigación conjunta sobre la «conspiración».

No se sabe cómo va a desarrollarse la discusión sobre los temas cruciales: Crimea, Siria, armamento nuclear, etc. Tampoco se sabe lo que Trump va a solicitar. Lo que sí se sabe es que cualquier concesión que haga podrá ser utilizada para acusarlo de complicidad con el enemigo. Al relajamiento de la tensión con Rusia se oponen no sólo los demócratas (que han asumido el papel de «halcones») sino también numerosos republicanos entre los que se cuentan importantes miembros de la administración del propio Trump. No sólo se trata del establishment estadounidense sino incluso del establishment europeo, cuyos poderes y ganancias dependen de la existencia de tensiones y guerras.

No serán las palabras sino los hechos lo que demostrará si el clima de distensión de la Cumbre de Helsinki puede convertirse en realidad. Ante todo con una desescalada de la OTAN en Europa, o sea con la retirada de las fuerzas, incluso nucleares, que Estados Unidos y la OTAN han desplegado contra Rusia y también con el cese de la expansión de la OTAN hacia el este.

Incluso si un acuerdo sobre esos temas llegara a producirse entre Putin y Trump, ¿podrá este último ponerlo en práctica? ¿O en realidad estaría la decisión final en manos de los poderosos círculos del complejo militaro-industrial?

Lo que sí es seguro es que no podemos, en Italia y en Europa, mantenernos como simples espectadores de decisiones que determinarán nuestro futuro.

                                                   

El presidente Trump hizo venir al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a la residencia del embajador de Estados Unidos en Bruselas y lo sermoneó públicamente por ser incapaz de mantener la coherencia política de ese bloque militar.

Desde el 20 de enero de 2017, la llegada a la Casa Blanca de un defensor del capitalismo productivo está estremeciendo el orden internacional en detrimento de los adeptos del capitalismo financiero. El imperialismo, hasta entonces ciegamente defendido por los presidentes de Estados Unidos, al extremo de identificarlo con la política exterior estadounidense, se apoya ahora en aparatos burocráticos, con las administraciones de la OTAN y de la Unión Europea en primera fila.

Actuando como había anunciado durante su campaña electoral, Donald Trump es un presidente (electo) muy previsible. Es su capacidad para cambiar el sistema lo que resulta totalmente impredecible. No ha sido por ahora asesinado, como John Kennedy, ni obligado a dimitir, como Richard Nixon [1], y sigue adelante, al ritmo de dos pasos adelante y uno atrás.

En los países occidentales parece haberse olvidado que en una República el único papel de los responsables electos por el pueblo es controlar las administraciones de los Estados que gobiernan. Pero un «pensamiento único» ha venido imponiéndose a todos poco a poco, transformando a los responsables electos en altos funcionarios y los Estados en dictaduras administrativas.

El conflicto entre el presidente Trump y los altos funcionarios de sus predecesores es, por consiguiente, un simple intento de regreso a lo que debería ser la normalidad. Es también un conflicto titánico, comparable al que existió entre dos gobiernos franceses en tiempos de la Segunda Guerra Mundial [2].

Ante lo sucedido en la cumbre de la OTAN del 25 de mayo de 2017, donde Trump impuso que se agregara la lucha contra el terrorismo a los objetivos de la alianza atlántica, y en el G7 de junio de 2018, donde Trump se negó a firmar la Declaración Final, la administración de la OTAN trató de preservar los objetivos del imperialismo.
 Primeramente, la administración de la alianza atlántica firmó con sus homólogos de la Unión Europea, justo antes de la cumbre de la OTAN, una Declaración Conjunta [3]. De esa manera, garantizaba la relación de subordinación de la Unión Europea con la OTAN, subordinación que se instituye en el artículo 42 del Tratado de Maastricht [4]. Esa Declaración fue firmada por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker. El polaco Donald Tusk viene de una familia que trabajaba en secreto para la OTAN durante la guerra fría y el luxemburgués Jean Claude Juncker fue el responsable de los servicios secretos de la OTAN en su país durante la operación Gladio [5]. Los altos funcionarios europeos saben que están en peligro desde que Steve Bannon, el ex consejero especial de Donald Trump, estuvo en Italia para respaldar la creación de un gobierno antisistema, con intenciones de hacer estallar la Unión Europea.
 Segundo, la administración de la OTAN forzó la firma del esbozo de la Declaración Común en la apertura de la cumbre en vez de al final [6], así que no hubo discusión sobre su doctrina anti-rusa.

Consciente de la trampa que se le tendía, Trump decidió tomar desprevenidos a sus funcionarios. Cuando todos los participantes de la cumbre de la OTAN esperaban una polémica sobre la poca contribución de los aliados de Estados Unidos al esfuerzo de guerra común, lo que Donald Trump hizo fue cuestionar la razón de ser de la alianza: la protección contra Rusia.

Trump hizo venir al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a la residencia del embajador estadounidense en Bruselas, en presencia de la prensa, y le hizo notar que Alemania alimenta su economía con gas del «amigo» ruso mientras pide que la protejan de su «enemigo» ruso. Al subrayar esa contradicción, Trump relegaba a un segundo plano la cuestión del financiamiento, pero sin abandonarla. Lo más importante es que, sólo una semana antes de su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin, Trump desvirtuaba así la larga lista de quejas contra Rusia que aparecen en la Declaración de Apertura de la cumbre de la OTAN.

A pesar de lo que afirman los comentarios de la prensa, el señalamiento del presidente Trump estaba menos dirigido a Alemania que al propio secretario general de la OTAN, Stoltenberg. Trump estaba resaltando en realidad la negligencia de este alto funcionario, que administra la OTAN sin interrogarse sobre la razón de ser de ese bloque militar.

El enfrentamiento entre la Casa Blanca y Bruselas [7] está lejos de terminar.

Por un lado, la OTAN acaba de aprobar la creación de dos centros de mando conjunto –en Ulm, Alemania, y en Norfolk, Estados Unidos– y un aumento de su personal en un 10%, mientras que la Unión Europea acaba de crear la «Cooperación Estructurada Permanente» (PESCO, un programa de capacitación de 6 500 millones de euros) y que Francia le “engancha” la «Iniciativa Europea de Intervención» (un programa de operaciones). Contrariamente a los discursos que hablan de independencia europea, esas dos estructuras están sometidas al Tratado de Maastricht y están por tanto al servicio de la OTAN, además de complicar aún más la ya complejísima burocracia europea, para mayor satisfacción de sus altos funcionarios.

Por otro lado, el presidente Trump ha iniciado discretamente discusiones con su homólogo ruso para retirar las tropas de Rusia y de la OTAN de la actual línea de confrontación.