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Europa

La fractura de Die Linke refleja la desorientación de la izquierda alemana

20/08/2023 by Vitalio Deja un comentario

Por: Loren Balhorn

 

El principal partido de izquierda de Alemania está a punto de partirse en dos. Ambos bandos tienen ideas rivales sobre cómo interpelar a los votantes, pero ninguno posee una estrategia sólida que apunte a reconstruir el movimiento obrero.

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Tras años de reveses electorales y luchas entre facciones, la espiral descendente del partido socialista alemán Die Linke podría estar llegando a su fin o, al menos, entrar en una nueva fase.

En junio, los copresidentes Janine Wissler y Martin Schirdewan anunciaron que Die Linke tendría «un futuro sin Sahra Wagenknecht», cerrando así la puerta a la figura más conocida pero también más controvertida del partido. Antaño co-portavoz parlamentaria de Die Linke, pero ahora raramente presente en el Bundestag, sus detractores la acusan desde hace tiempo de desafiar la disciplina del partido para promover su propia agenda política, y sus ataques a lo que ella llama el estilo de vida «clasemediero de izquierdas» dominan cada vez más sus intervenciones públicas.

Desde el anuncio de los copresidentes ha quedado claro que el partido tal y como ha existido desde mediados de la década de 2000 no está para este mundo. Durante meses, los partidarios de Wagenknecht han especulado abiertamente con la posibilidad de abandonar Die Linke, pero con la decisión unánime de la dirección del partido, junto con el anuncio de la activista de derechos humanos Carola Rackete y del médico y trabajador social Gerhard Trabert como sus principales candidatos para las elecciones a la Unión Europea (UE), parece inminente una escisión que viene gestándose desde hace tiempo.

Esta separación conlleva riesgos evidentes, como que ningún partido a la izquierda de los socialdemócratas (SPD) esté representado en el parlamento en 2025. Sin embargo, en cierto modo supone un alivio. El ambiente en Die Linke se ha vuelto tóxico desde hace tiempo, sin que ninguna de las partes entablara un diálogo constructivo, y culpándose mutuamente de todas las dificultades del partido. La posible salida de los partidarios de Wagenknecht dará a ambos bandos la oportunidad de medir sus proyectos políticos por sus propios méritos y no por los supuestos pecados de sus competidores.

Aún así, quedan muchos interrogantes. Cuáles son sus proyectos, en primer lugar, y si pueden hacerlo mejor que Die Linke en la última década y media, luego. Años de murmuraciones y autosabotajes solo han producido debilidad, con escasos fundamentos para la claridad política. Incluso tras la ruptura con los partidarios de Wagenknecht, Die Linke seguirá dividido entre un ala más conciliadora de centroizquierda y un ala abiertamente radical del «movimiento», lo que podría provocar nuevas divisiones en el futuro. Cualquier cosa es mejor que el callejón sin salida de los últimos años, pero la recuperación será un largo camino. En el peor de los casos, ninguna de las partes saldrá de la autoimpuesta espiral descendente, y la izquierda alemana corre el riesgo de retroceder décadas.

Polos de impotencia

La conferencia de prensa en la que se anunciaron las candidaturas de Rackete y Trabert el 17 de julio estaba claramente calculada para señalar una nueva era. La elección de Rackete —más conocida por su trabajo en los barcos de rescate de emigrantes— y la retórica en torno a esa elección encarnan la trayectoria política anteriormente asociada a los predecesores de la actual dirección. El anuncio de Wissler de que Die Linke «se abre ahora a los activistas y a los movimientos sociales» es prácticamente idéntico al objetivo expreso de la anterior copresidenta, Katja Kipping, de convertir el partido en la «primera dirección» para «los jóvenes que quieren cambiar el mundo». Para subrayar esta (no tan) nueva orientación, la rueda de prensa fue seguida de otra rueda de prensa frente a la sede de Die Linke, en la que los autodenominados «activistas de movimientos» (representantes de diversas ONG de derechos humanos y clima) «expresaron sus expectativas, deseos y críticas al partido».

El anuncio fue aclamado como un «golpe» en Twitter y en algunos sectores de los medios de comunicación de izquierdas. Al reclutar a un conocido nombre progresista de fuera del partido, la dirección de Die Linke enviaba el mensaje de que se había pasado página e invitaba a simpatizantes y antiguos miembros a volver al redil. Sin duda, Rackete es una activista del movimiento de alto perfil, muy querida entre los simpatizantes más jóvenes de Die Linke y el entorno más amplio de centroizquierda que parece ser el núcleo de la estrategia de la dirección. Al menos por ahora, parece que figuras destacadas del ala oriental del partido, que se está desvaneciendo, como Dietmar Bartsch, han dado su bendición. En este sentido, parece estar surgiendo un nuevo «centro estratégico», tal como lo han exigido los miembros del partido durante tanto tiempo. Pero, ¿representan realmente los activistas del movimiento que hablaron en la rueda de prensa una base electoral fiable?

La dirección de Die Linke parece apostar su supervivencia a la idea de que los activistas capaces de organizar periódicamente grandes manifestaciones constituyen un medio social coherente que podría vincularse al partido a largo plazo. Sin embargo, las manifestaciones contra el racismo «#unteilbar» y los Viernes por el Futuro, por poner dos ejemplos citados a menudo, fueron cualquier cosa menos coherentes. Ambas se movilizaron en torno a objetivos progresistas —una política migratoria humana y una acción climática urgentemente necesaria—, pero su composición de clase y sus lealtades partidistas son profundamente heterogéneas. Se puede convencer a algunos, quizá a muchos, para que voten ocasionalmente a Die Linke, pero dado que se trata esencialmente de afinidades electivas temporales y no de fracciones de clase o bloques sociales cohesionados, moldearlos en el tipo de base social en la que se apoyaban los partidos de izquierda históricos es una tarea ardua.

Además de las realidades sociológicas que complican la «orientación al movimiento» del partido, está la cuestión de la coyuntura política más amplia. Este anuncio se produce en un momento en que estos movimientos se encuentran en un callejón sin salida: las grandes movilizaciones climáticas de los últimos años, algunas de las mayores del mundo, no consiguieron presionar al gobierno para que acelerara la transición ecológica; de hecho, el vicecanciller Robert Habeck, él mismo Verde, parece estar dando marcha atrás en su promesa de eliminar gradualmente la energía del carbón para 2038, algo que las tácticas cada vez más desesperadas de algunos sectores del movimiento han demostrado ser incapaces de cambiar.

A pesar del éxito de #unteilbar en la movilización a favor de una política migratoria humana, un gobierno dirigido por los Verdes y el SPD respaldó las reformas draconianas de la UE en materia de asilo, mientras que la ministra del Interior, Nancy Faeser, negocia acuerdos con dirigentes autoritarios del norte de África para detener a posibles migrantes fuera de las fronteras de Europa. La propia coalición #unteilbar se disolvió discretamente en 2022 tras «haberse perdido la dinámica». Ahora que la autodenominada «coalición de progreso» de Alemania adopta una política de asilo de derechas, parece incapaz de recuperar esa dinámica.

En Berlín y en toda Alemania, los movimientos sociales individuales han conseguido pequeñas victorias aquí y allá, pero en general el partido parece estar formando una coalición de grupos que se ven impotentes para resistir las grandes convulsiones de la sociedad. Aunque inconscientemente, la referencia de Wissler a Die Linke como un «polo de esperanza» se hace eco de esa impotencia: ni el partido ni ninguna otra fuerza progresista de Alemania está actualmente en alza, pero juntos pueden esperar reunir un 5% en las próximas elecciones y salvar lo que queda por salvar.

Este giro puede bastar para rescatar al partido del olvido electoral inmediato. El retroceso del gobierno en sus promesas electorales y su disposición general a deshacerse de su credibilidad residual han dejado espacio para que Die Linke se lleve una parte del electorado verde y socialdemócrata. Lo que no hará, sin embargo, es colocar al partido sobre una base firme para el futuro. Die Linke tuvo una vez un núcleo de votos en el Este, considerado durante mucho tiempo su «seguro de vida» contra la irrelevancia electoral, pero esa base ya es historia.

El Die Linke del futuro dependerá de los cambiantes vientos electorales y de una frágil coalición de votantes cuyas decisiones se rigen en gran medida por convicciones y tácticas electorales. Si los Verdes empezaran inesperadamente a hablar a la izquierda en la próxima campaña, por ejemplo, esta coalición podría escindirse rápidamente.

Wageknecht se adentra en el vacío

Al otro lado de la división, el ala de Wagenknecht debe decidir si su futuro está en otra parte. A pesar de su perdurable popularidad tanto entre un sector de Die Linke como entre el público en general, sus partidarios llevan años aislados dentro del aparato del partido, y desde el congreso más reciente no están representados en la dirección. A pesar de insistir públicamente en que aún no ha decidido si va a fundar un nuevo partido, su círculo íntimo está preparando activamente tal movimiento y se está poniendo en contacto discretamente con funcionarios de Die Linke de todo el país para sondear su interés.

Sin embargo, nadie sabe cómo será ese partido —ni cuándo aparecerá—, ya que sus protagonistas se han mantenido muy herméticos sobre los detalles. Los rumores de que esperan crear un «partido de cuadros» y las propias declaraciones públicas de Wagenknecht de que los nuevos partidos también pueden atraer a gente difícil, sugieren que no será otro Aufstehen, su intento fallido de lanzar un movimiento de masas al estilo de los gilet jaunes, sino una formación bastante más cerrada. En lugar de una lista de correo de 100.000 personas con poca infraestructura organizativa en la cúspide, podemos esperar una operación mucho más controlada y pesada que apueste por la popularidad de Wagenknecht como billete hacia la relevancia política.

La perspectiva tampoco es tan descabellada. Las encuestas confirman periódicamente la posición de Wagenknecht como uno de los políticos más populares de Alemania, fuera del campo de la izquierda. La encuesta más reciente sugería que un partido liderado por Wagenknecht podría obtener el primer puesto en las elecciones estatales de Turingia el año que viene, mientras que otra realizada en junio mostraba que el 19% de los votantes estaban al menos abiertos a votar a un partido de Wagenknecht.

Dado que Die Linke languidece en un 4% o 5%, estas cifras parecen impresionantes. La perspectiva de que Wagenknecht pueda arrebatar una parte significativa de votantes a la ultraderechista Alternative für Deutschland (AfD) es especialmente alentadora, dado el actual auge de este partido. Sin embargo, no todos los sondeos han sido tan positivos —una encuesta reciente de YouGov mostraba que solo el 2% de los alemanes estaban dispuestos a apoyar a Wagenknecht en unas elecciones nacionales— y todavía no está claro si realmente se presentará a las elecciones por el nuevo partido, o simplemente actuará como su figura simbólica.

Aparte de las dificultades metodológicas de medir el apoyo a un partido hipotético, las especulaciones sobre las cifras de Wagenknecht en las encuestas apuntan a un problema más profundo del proyecto: su total dependencia de que ella decida presentarse a las elecciones y su flagrante falta de personal destacado que la respalde. Podría decirse que éste es un problema aún mayor que el de el propio Die Linke, que también ha tenido dificultades para producir nuevos líderes del mismo calibre que su generación fundadora.

Wagenknecht no podría presentarse a todas las elecciones, y solo eso bastaría para poner en duda la exactitud de las encuestas. Una cosa es que un votante frustrado de centroderecha diga a un encuestador telefónico que votaría por un hipotético partido de Wagenknecht, y otra muy distinta que se decante por otro candidato relativamente desconocido que casualmente comparte lista electoral con la tertuliana más polarizante de Alemania. En caso de que decida no presentarse y optar por un papel de figura decorativa, convertir esas primeras cifras de las encuestas en resultados electorales será probablemente mucho más difícil, y convertir esos resultados en una organización política de ámbito nacional, aún más. Así pues, es más probable que una lista de candidatos inspirada en Wagenknecht se presente a las elecciones europeas de 2024 como globo sonda antes de fundar un partido real.

Caminos hacia el socialismo

Pero no se trata solo de encuestas. Para los socialistas de Alemania, la cuestión relevante en torno a la incipiente escisión es cuál de los bandos, si es que alguno, tiene más potencial para consolidar un bloque de izquierdas cada vez más fragmentado y hundir raíces más profundas en los comparativamente grandes y poderosos sindicatos del país. También aquí las perspectivas inmediatas son desalentadoras.

Podría decirse que la elección de Carola Rackete y Gerhard Trabert por Die Linke confirma, al menos en términos superficiales, la acusación principal de Wagenknecht de que el partido se ha alejado sucesivamente de su electorado principal, la clase trabajadora «tradicional», optando en su lugar por atraer a los votantes progresistas de clase media de las ciudades. No es que Die Linke haya dejado de hablar de cuestiones sociales: en julio, el copresidente Martin Schirdewan y el veterano dirigente Gregor Gysi presentaron una serie de propuestas para hacer frente a la crisis del coste de la vida gravando con impuestos a los ricos. Pero el partido sí ha cambiado su retórica y su presentación para aparecer, con mayor o menor éxito, como un partido de activistas de los movimientos sociales y no como un partido de trabajadores.

La dirección de Die Linke rechaza esta acusación e insiste en que puede abordar simultáneamente diferentes líneas de conflicto social. Sin embargo, esta afirmación, aunque correcta en abstracto, yerra el blanco. Ciertamente, los partidos socialistas pueden y deben mantener posiciones sobre todo tipo de cuestiones. La cuestión es más bien cómo comunicar estas posiciones, cuáles enfatizar y cómo concibe el partido el cambio social. ¿Elige presentarse como un partido de bienpensantes moralmente correctos o como un partido de desheredados, abandonados y hartos? Conscientemente o no, Die Linke parece haber elegido lo primero.

Hasta ahora, parece que una gran parte de la base de Die Linke no se lo cree, como reflejaron los desastrosos resultados del partido entre los votantes de la clase trabajadora y los sindicalistas en las elecciones de 2021. Incluso en Berlín, una ciudad más propicia a la estrategia «movimientista» que otras partes de Alemania, las últimas elecciones han visto cómo se hundía su apoyo en sus bastiones históricos del este, mientras que sus ganancias en la parte occidental de la ciudad son sencillamente incapaces de mantener el ritmo. Está abierto a debate si las causas profundas de este declive se encuentran realmente en la cambiante imagen pública del partido o se deben a dinámicas más profundas y complejas. Pero no hace falta ser un doctor en ciencias políticas para razonar que las dificultades del partido no pueden reducirse únicamente a los mordaces ataques públicos de Wagenknecht.

Sin embargo, si Wagenknecht identifica con precisión que Die Linke se está alejando del movimiento obrero, su propuesta de solución sigue siendo mucho menos convincente. Contrariamente a la figura de opositora radical que representa en la escena pública, la mayor parte de la política de Wagenknecht encajaría cómodamente en el ala izquierda de la socialdemocracia de los años ochenta. Sus posturas en política económica coinciden ampliamente con las de los sindicatos, y a veces incluso se sitúan a su derecha, como cuando denuncia la excesiva deuda pública, ataca el intento del gobierno de eliminar gradualmente los sistemas de calefacción de gas, o describe polémicamente los bajos tipos de interés como expropiadores de la clase media.

También dedica muy poco tiempo a hablar de los sindicatos. Sería difícil encontrar una foto de Wagenknecht en un piquete o hablando con la «gente normal» a la que acusa de ignorar su partido, prefiriendo en cambio, al menos en los últimos años, criticar la gestión de la pandemia por parte del gobierno o su conducta en torno a la actual guerra en Ucrania. Y mientras acusa a sus antiguos camaradas de alienar a los trabajadores acomodándose a las guerras culturales liberales de izquierdas —sean reales o imaginarias—, Wagenknecht adopta progresivamente el enfoque inverso, dedicando cada vez más atención a esas mismas guerras culturales en la aparente creencia de que la clase obrera se volverá a ganar a la política de izquierdas polemizando contra la «wokeness».

Al adoptar una postura polarizadora sin paliativos sobre estas cuestiones, Wagenknecht genera una atención masiva y se convierte en un punto de identificación para personas frustradas de todas las tendencias. Sin embargo, aunque en sus apariciones en los medios de comunicación y en su boletín semanal aparecen con regularidad cuestiones básicas, a menudo quedan subsumidas —como ocurre, por cierto, con sus oponentes del Die Linke— en una lista más larga de críticas al gobierno y reivindicaciones políticas concretas. La crítica general y sistemática del capitalismo como sistema o la invocación de un sujeto (como, por ejemplo, el movimiento obrero organizado) que pudiera lanzar un ataque coordinado contra dicho sistema están en gran medida ausentes.

Los socialistas alemanes se encuentran entre la espada y la pared. Ni Die Linke en su forma actual, ni un partido de Wagenknecht (si llegara a existir) ofrecen perspectivas prometedoras para construir un movimiento socialista de masas y arraigado en la clase obrera, a corto o medio plazo. Aunque Die Linke tiene parte de sus raíces en los sindicatos de Alemania occidental de la década de 2000, no consiguió mantener, y mucho menos ampliar, esta base sindical, y Wagenknecht y sus partidarios —aunque seguramente sean populares entre una amplia franja de votantes de la clase obrera— tienen pocas bases organizativas de las que hablar. De hecho, su base organizativa está precisamente en el grupo parlamentario de Die Linke y en una menguante red de simpatizantes en el aparato del partido. Tal vez un grupo de organizadores con talento podría aprovechar la popularidad de Wagenknecht para crear un partido de la clase obrera como intentaron hacer los socialistas de Estados Unidos con las campañas de Bernie Sanders, pero dado el historial de Aufstehen, no deberíamos esperar mucho.

Subir una colina de espaldas

En las dos últimas décadas se ha producido un proceso en toda Europa en el que muchos activistas de movimientos sociales se dieron cuenta de que la protesta no era suficiente y empezaron a canalizar sus esfuerzos hacia la fundación de nuevos partidos políticos o a tratar de transformar los históricos, como el Laborismo en Gran Bretaña. En Die Linke, al parecer, parece estar ocurriendo lo contrario, ya que el partido pasa a cerrar filas con la «sociedad civil de izquierdas», un término vago que engloba desde asociaciones de asistencia social hasta ONG por los derechos de los refugiados y Viernes por el Futuro.

Die Linke está volviendo así a la evolución anterior de la izquierda europea a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando los partidos de izquierda tradicionales intentaron reinventarse como «partidos de los movimientos» y la voz parlamentaria de «la calle». La energía de los movimientos antiglobalización y antiguerra llevó a algunos de ellos al parlamento, pero poco más. El ejemplo más exitoso en su momento, el Partido de la Refundación Comunista de Italia, ha sido marginado políticamente desde finales de la década de 2000.

La crisis financiera de 2008 y las convulsiones políticas que provocó parecieron ofrecer la oportunidad de repolarizar la sociedad en función de las clases y unir a la amplia mayoría contra una élite capitalista que había causado la crisis y seguía beneficiándose de ella mientras el resto sufría. Frustrados por la lentitud de los partidos de la Nueva Izquierda, emprendedores políticos como Pablo Iglesias y Jean-Luc Melénchon construyeron nuevas formaciones que obtuvieron impresionantes ganancias electorales aparentemente de la noche a la mañana. Sin embargo, estos también tuvieron dificultades para traducir ese impulso en estructuras organizativas duraderas. Desde entonces, tanto Podemos como France Insoumise han intentado avanzar hacia estructuras de partido más tradicionales en un intento de corregir este problema. Wagenknecht parece moverse ahora en una dirección similar, pero en un periodo en el que las cuestiones de clase han quedado eclipsadas por la guerra de Ucrania y el impulso político está en la extrema derecha.

En lugar de emular las fórmulas de anteriores proyectos de la izquierda europea, la izquierda alemana dentro y fuera de Die Linke debería observar más de cerca al gigante dormido en su propio patio trasero: la clase obrera organizada. Los socialistas parlotean sobre la centralidad de los trabajadores no debido a una preferencia estética, sino como consecuencia del simple hecho de que su papel en el proceso de producción y, con él, la capacidad de paralizar dicho proceso e impedir que fluyan los beneficios, les confiere un poder potencial increíble, con el que ni siquiera la mayor manifestación puede compararse. Este potencial se vio la primavera pasada en la oleada de huelgas del país, cuando los trabajadores de varios sectores consiguieron aumentos superiores a la inflación, marcando así una diferencia tangible en la vida de millones de personas.

Este poder potencial es, por supuesto, meramente potencial. La izquierda en Alemania está actualmente lejos de hablar con la gran mayoría de la clase obrera, mucho menos de canalizarla hacia un movimiento político de masas. Sin embargo, hacerlo sigue siendo la mejor apuesta de la izquierda no solo para entrar en el gobierno, sino para ejercer el poder del Estado de forma que propicie un cambio social más fundamental. En última instancia, quien quiera acabar con el capitalismo no tiene más remedio que asumir esta gigantesca tarea.

TRADUCCIÓN: FLORENCIA OROZ

LOREN BALHORN

Editor de Jacobin Magazin (Alemania) y coeditor, junto con Bhaskar Sunkara, de Jacobin: Die Anthologie (Suhrkamp, 2018).

Publicado en: Europa

La cruzada de Vox contra Latinoamérica

23/07/2023 by Vitalio Deja un comentario

Fuente: Diario Octubre

El líder fascista anunció que emprendería acciones inmediatas contra toda nación de América Latina que denuncie el genocidio perpetrado por los conquistadores hispanos

                                                                               

El candidato al gobierno de España y máximo dirigente del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, volvió a arremeter contra todos los gobiernos de izquierda latinoamericanos, a los que tildó de cárteles de comunistas y narcotraficantes.

Afirmó que, de llegar al poder, como se anticipa que puede suceder si el partido de la derecha tradicional, el Popular (PP), gana la elección del próximo domingo, pero sin la mayoría necesaria para formar gobierno, lo dejaría en la disyuntiva de aliarse con Vox o con el Partido Socialista Obrero Español [sic], el cual ocupa actualmente el Ejecutivo.

Cierto es que, en una circunstancia semejante –muy probable, según la mayoría de las encuestas–, el partido fascistoide de Abascal intentará imponer su agenda en política exterior, en la que defiende la beligerancia diplomática y política contra las naciones gobernadas por formaciones políticas de izquierda o progresistas, como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México y Venezuela, entre otros.

El líder fascista anunció que emprendería acciones diplomáticas inmediatas contra toda nación de América Latina cuyas autoridades denuncien el genocidio perpetrado por los conquistadores hispanos desde su llegada al continente (proceso al que los ultranacionalistas hispanos califican de leyenda negra), o que simplemente hablen mal de España y de los españoles.

No debe perderse de vista que el programa de Vox incluye la persecución penal de todos los disidentes políticos en asuntos de identidad nacional, la supresión de las comunidades autónomas y la anulación de los sistemas judiciales regionales para instalar un centralismo en abierta violación a las soberanías locales, la restauración política del franquismo mediante la derogación de la Ley de Memoria Histórica, la expulsión inmediata de todos los inmigrantes indocumentados, incluso si se trata de menores de edad, el fundamentalismo religioso en lo que sus partidarios entienden como protección de la identidad cristiana de Europa, la idea de que la Ley de Violencia de Género convierte a los hombres en culpables por el hecho de ser hombres, la cancelación de los derechos conquistados por las diversidades sexuales y el embate contra los derechos reproductivos de las mujeres por considerar el aborto una aberración moral y jurídica.

La probabilidad de que un grupo con semejantes banderas se integre al gobierno español supone un riesgo insoslayable de retrocesos democráticos y en materia de derechos humanos en el país ibérico, así como la amenaza de una ruptura profunda y perdurable con América Latina, porque los planes de Abascal supondrían una injerencia ilegal e inadmisible en los asuntos internos de Estados soberanos que sería enérgicamente rechazada por los gobiernos progresistas, celosos de la independencia ganada con grandes esfuerzos y sacrificios hace más de dos siglos.

Con todo, la agresividad de Abascal no sería hoy día tan perniciosa para las naciones de este lado del Atlántico cuanto devastadora para la propia España: mientras Latinoamérica puede encontrar nuevos socios e inversionistas en el resto de Europa, en EEUU, en India y en China –cuyo peso económico en la región se acrecienta cada día–, los consorcios de España carecen de opciones tan atractivas como las que se le abrieron en el subcontinente, donde sus multinacionales extraen recursos y obtienen tasas de ganancia muy superiores a las que alcanzan en su país de origen.

Lo que Abascal y sus simpatizantes tendrían que entender es que hace más de 200 años, a raíz de los procesos de independencia en América, España dejó de ser el centro gravitacional del mundo de habla hispana; hoy, la insolencia neocolonialista de la ultraderecha peninsular podría llevar a un alejamiento de América Latina y a un proceso de decadencia similar –guardando las diferencias– al que sufrió en aquel entonces.

Publicado en: Europa

Entrevista a Isabelo Herreros, autor del libro Por la gracia de su católica majestad. El poder de la Iglesia en España. I parte «A la izquierda española le cuesta enfrentarse a la Iglesia»

16/07/2023 by Vitalio Deja un comentario

Por: Salvador López Arnal

Isabelo Herreros, periodista y escritor, fue también profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Autor de libros y ensayos acerca de la Segunda República, la guerra civil y la represión franquista –Mitología de la cruzada de Franco, por ejemplo-,también ha escrito biografías de personalidades republicanas: Ángel Ossorio y Gallardo, Mariano Ruiz Funes, Bibiano F. Osorio-Tafall, Félix Urabayen, José Serrano Batanero, Carlota O’Neill. Ha prologado y anotado libros de discursos de Manuel Azaña: De la cárcel al poder. Discursos de Manuel Azaña en Política, así como Azaña imprescindible. Sus grandes discursos, también ha prologado La velada en Benicarló, y A la altura de las circunstancias (selección de textos de Azaña durante la guerra civil). Recientemente ha anotado la reedición de Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña, de Cipriano de Rivas Cherif.

Es igualmente autor de los ensayos El cocinero de Azaña. Ocio y gastronomía en la República, y Erotismo y liberación sexual en la Segunda República, así como del Libro de cocina de la República.

En la actualidad es presidente de la Asociación Manuel Azaña y colaborador de El Digital de Castilla-la Mancha y de la revista Mongolia. Ha publicado recientemente: Por la gracia de su católica majestad. El poder de la Iglesia en España, Mong Editorial, 2022.

Salvador López Arnal.- Son muchos los temas que plantea su último libro, tendré que limitarme a lo más esencial. Según la Constitución de 1978, España es un país no confesional. ¿Lo es realmente? ¿Qué diferencia hay entre no confesionalidad y laicismo?

Isabelo Herreros.- Para ser más precisos la Constitución de 1978 no dice que España sea aconfesional, y mucho menos laica. Sorprende las pocas referencias a la Iglesia que hay en la «carta magna», pero claro, había trampa, pues el gobierno de entonces estaba negociando en secreto un nuevo Concordato, de espaldas al parlamento. Todo se despacha en el artículo 16, donde nos dicen que «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley«. A continuación, nos dicen que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal«, y, en el mismo apartado, hay un mandato, que llama la atención: «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones«. Es decir, se podría interpretar que el legislador quiso redactar con cierta ambigüedad, pero sitúa al catolicismo en una más que preeminencia, al hablar de cooperación, del verbo cooperar, que en algunas acepciones se entiende como subordinación a ese sujeto activo que es la Iglesia.

Salvador López Arnal.- Pero la Constitución española no es aconfesional dice usted…

Isabelo Herreros.- España no es un estado aconfesional, por varias razones, entre ellas las que tienen que ver con lo simbólico y las tradiciones, como son las festividades religiosas, impuestas a todos los que no somos católicos, con participación de las Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil, además de todas las autoridades políticas, sin que nadie, ni de la izquierda alternativa, se salga del guion. Se confunde lo privado, como lo es un sentimiento religioso, con lo público, y se mezcla todo, como el dogma de la Inmaculada con los festejos militares de la Infantería, o las fiestas del mar, de origen pagano, con grandes desfiles y misas de campaña de la Armada española, bajo la ‘protección‘ de una muñeca de madera, la virgen del Carmen, ataviada con todo lujo. Podíamos seguir con la llamada Semana Santa o el Corpus, donde vuelve la caspa de la Legión o las mejores galas del ejército en el Corpus de Toledo.

La no confesionalidad es un eufemismo, pergeñado por los teóricos de la Constitución, que rechazaron la definición de Estado Laico, por la asociación que había con la Segunda República, pero les dio vergüenza decir a esas alturas que «La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera«, tal y como decía la Constitución de 1812, que además prohibía el ejercicio de las demás confesiones. Es una suerte de adanismo, con un saco en el que se ha querido introducir todo aquello que hace de este país un caso singular, pues, aunque formalmente existe la separación Iglesia-Estado, lo cierto es que, si realizamos un examen comparativo con otros países de nuestro entorno, en lo tocante a la Iglesia, veremos que la resultante es la de un Estado confesional, que es lo que mantengo que es el Reino de España.

Salvador López Arnal.- Es usual referirse a la importancia de los acuerdos con la Santa Sede de 1979, usted mismo acaba de hacer referencia. ¿Por qué son tan importantes? ¿Corta y pega, como usted dice, del Concordato de 1953 suscrito por el general Francisco y el que usted llama neonazi Pío XII?

Isabelo Herreros.- Los acuerdos en vigor con la Santa Sede se negociaron en secreto por el entonces ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, destacado miembro de la antigua secta católica ACdP y el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Jean-Marie Villot. Se firmaron en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, es decir, a cinco días de que entrara en vigor la nueva Constitución, con un gobierno en funciones y unas Cortes disueltas. Por mucho juego de malabares que se quiera hacer, estos acuerdos son preconstitucionales. Son importantes porque obligan al Estado Español, -que según la Constitución solo está obligado a mantener buenas relaciones con la Iglesia católica-, a financiar y sostener a esta confesión religiosa, sus templos y sus ministros, tal y como se venía haciendo por el régimen franquista, además de los privilegios fiscales y la práctica obligatoriedad de la religión como asignatura en los colegios públicos y privados. Se hace referencia y se invocan antiguos privilegios, como la inviolabilidad de lugares de culto, se reconocen las fiestas religiosas, y la consideración de funcionarios públicos de los sacerdotes, al reconocerse el Derecho Canónico como emanante de una legalidad reconocida por el Estado, como lo son los matrimonios celebrados en templos católicos. Esta capacidad notarial se vio completada con la reforma de la Ley Hipotecaria, realizada por el gobierno de Aznar, y que es la que les ha permitido adueñarse de más de treinta mil inmuebles, muchos de ellos del patrimonio histórico-artístico nacional, con un simple certificado, que ha sido dado por bueno por los registradores de la Propiedad, y, lo que es más grave, por el actual gobierno progresista. Otra obligación que adquiere el Estado es el cuidado y protección de los monumentos, catedrales, basílicas, archivos, etc. Todo eso, sumado a la total exención de impuestos, hace que la Iglesia tenga en sus manos el más rentable negocio del turismo de nuestro país.

Salvador López Arnal.- ¿Por qué ningún gobierno español, ni tan siquiera el actual gobierno de coalición se ha atrevido a derogar el Concordato? ¿Por miedo? ¿Es tan temible el poder de la Iglesia católica en España? ¿Dónde se ubica ese poder en su opinión?

Isabelo Herreros.- Es una buena pregunta, que no tiene una respuesta sencilla, pues habría que preguntar a los distintos actores, cómplices del mantenimiento de una situación heredada del franquismo, en particular a las distintas izquierdas, incluidas las nacionalistas. Hay en todo esto una pereza intelectual secular en nuestro país, que lleva, a los dirigentes de esas izquierdas, a no leer ni pensar, y cuando lo hacen es para peor, pues justifican lo injustificable desde el punto de vista racional, en definitiva, deciden inclinarse más aún ante ese nacional catolicismo, bajo la excusa de que las fiestas religiosas están muy arraigadas, o, incluso a imponer una condecoración a una efigie de madera. Cuando les pones encima de la mesa datos y documentos no atienden, están deseando que te marches, que tienen otros menesteres, y después deciden, con el aplauso de sus acólitos, no recurrir judicialmente las inmatriculaciones, ni pelear por cobrar el impuesto del IBI a la Iglesia, ni dejar de acudir a todo tipo de saraos religiosos en representación institucional, algunos surrealistas, como lo es la ofrenda anual de una determinada ciudad, en conmemoración del establecimiento del dogma de la Inmaculada Concepción.

Salvador López Arnal.- ¡Parece imposible! ¡Conmemorar un dogma de esas características!

Isabelo Herreros.- Otro ejemplo de pereza, pagado con nuestros impuestos, y donde, con datos, vamos a peor, es el negocio de los conciertos educativos inventado por el gobierno de Felipe González, a propuesta del ministro Maravall, que, casualmente, tenía de segundo a un tal Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los más entregados a la causa católica. Aquello pudo tener justificación en un momento determinado, en que se quería ampliar el periodo de educación obligatoria y el Estado no tenía centros suficientes, pero ha seguido y se ha consolidado, y aumenta de año en año, y se entrega la educación a sectas católicas cada vez más de extrema derecha. Una vez consolidado este suculento negocio, resulta que intentar revertirlo es anticlericalismo, y negarse un ayuntamiento a regalar locales o parcelas para colegios privados católicos se convierte en una campaña brutal contra el alcalde, al que se le acusa de bolivariano, comunista, etc. Se ha llegado a ese estado de cosas. Es decir, estamos ante una curiosa paradoja, y es la de que por una parte, según nos dicen todos los sondeos y estudios de opinión, España es una país bastante secularizado, con cifras cada vez más reducidas de quienes se declaran católicos, y ridículas las de quienes practican el culto, los matrimonios civiles superan a los religiosos hace mucho tiempo, y podríamos seguir con otros indicadores, y, por el contrario, cada vez es mayor el poder económico y político de la Iglesia católica y sus peligrosas sectas.

Salvador López Arnal.- ¿Y de dónde esa pereza a la que alude?

Isabelo Herreros.- Hay una pereza secular en la izquierda española a la hora de enfrentar el problema de la hegemonía cultural de la Iglesia, salvo en el republicanismo laico; esto es algo muy antiguo. El propio Romanones cuenta en sus memorias como intentó traer a España la Ley francesa de separación Iglesia-Estado, pero se encontró con un ambiente muy hostil, en primer lugar, de la propia Iglesia, muy pegada a la Corona, con la oposición intransigente de todo el arco conservador, más la aristocracia, y la indiferencia del socialismo español, al que no le preocupaba el asunto, o no quería indisponerse con el catolicismo.


«Hay una pereza secular en la izquierda española a la hora de enfrentar el problema de la hegemonía cultural de la Iglesia, salvo en el republicanismo laico«


Una experiencia personal, y es cuando en Izquierda Unida, ya en los años noventa del pasado siglo, se hizo un apartado de laicismo en un programa electoral que me tocó redactar, lo hice con la oposición de la inmensa mayoría de cargos públicos, sobre todo alcaldes, que me acusaban de anticlerical, cuando lo cierto es que era muy moderado aquel texto, y sencillamente se hablaba de la separación Iglesia Estado y de la autofinanciación de la Iglesia, por ejemplo. Venían aquellos dirigentes de la, al parecer, idílica convivencia con colectivos católicos de base en los últimos años del franquismo, incluso algunos seguían en esos grupos. Lo cierto es que había algo en común, en el socialismo y el comunismo españoles, durante los años de la inacabable transición, y era el temor a que los medios de comunicación de derechas recordasen la quema de conventos o la persecución de religiosos.

Salvador López Arnal.- Y tiempo después…

Después vino la izquierda alternativa, de Podemos, pero que, para sorpresa de propios y ajenos, llevaba, ya en las primeras elecciones, candidatos que defendían la educación concertada, las procesiones o el negocio de la caridad, con todo un ex director general de Cáritas como cabeza de cartel en Madrid.

El panorama no es muy alentador, y en los acuerdos del gobierno de coalición estos asuntos apenas figuraban.

No creo que sea el poder de la Iglesia tan temible como para no enfrentarle, pero para eso hay que tener voluntad política, y tratar al Vaticano como a un Estado, peculiar, eso sí, pero al que hay que exigir respeto a las leyes españolas y a la democracia, sin las interferencias políticas a que nos tienen acostumbrados sus obispos. Claro que, para ello, en primer lugar, habría que derogar el ‘concordato‘. No son de recibo las campañas brutales que los grupos católicos y su jerarquía hacen contra el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, o a mentir como mienten en todo lo relativo a la educación. Todo esto lo hace una entidad que vive pegada como una lapa al Estado y al que vampiriza históricamente.

Salvador López Arnal.- ¿A cuánto asciende el dinero que las administraciones españolas ceden anualmente a la Iglesia católica? ¿En concepto de qué?

Isabelo Herreros.- Una aproximación moderada que hizo Europa Laica hace unos años llegaba a la cifra de once mil millones de euros anuales, con conceptos como impuestos no pagados por negocios, inmuebles y fincas de todo tipo, educación, sanidad, residencias, turismo, aportación por la vía del IRPF, incluida la crucecita de las obras sociales que también va para organizaciones de la Iglesia, el pago de profesores, mantenimiento de catedrales y todos los templos dedicados al culto, monumentos, cementerios, subvenciones de todas las administraciones, etc., sin contar la obra social de las cajas de ahorro y otras entidades, que dedican una parte jugosa de su presupuesto a financiar obras de restauración de monumentos de los que se ha adueñado la Iglesia y los explota para su beneficio. Aquí no estaban contemplados gastos habituales que hacen las administraciones locales, y que son millonarios, para el exclusivo beneficio y disfrute de los católicos -más bien sus ministros-, como las procesiones del Corpus o Semana Santa.

Otro gasto no menos relevante es el derivado del mantenimiento del Estado confesional en las Fuerzas Armadas y policías, con sus capellanes castrenses y su propio ‘obispado‘, además de las prisiones y otros lugares como los hospitales o los cementerios municipales. Hay otros muchos gastos de las instituciones a favor de la Iglesia considerados menores, pero que, si tenemos en cuenta que se dan en todo el país, las cifras son grandes. Le pongo el ejemplo de las bandas de música municipales, que tocan en todo tipo de ceremonias religiosas, y, ¿quién paga?, pues los ayuntamientos con nuestros impuestos. ¿Quién paga también la presencia obligatoria de profesionales del ejército, la policía o la guardia civil en todo tipo de procesiones?

Salvador López Arnal.- Déjeme incidir en un tema comentado. El Estado, vía Concordato, ¿tiene la obligación de sostener el sistema de los llamados conciertos educativos? ¿Rigen también esos conciertos en otros países europeos, en Italia por ejemplo?

Isabelo Herreros.- Es una cuestión de interpretación, pero, una vez consolidados los conciertos, cualquier iniciativa gubernamental, o de la oposición, en la dirección de acabar con este sistema es interpretado por la propia Iglesia y sus coros políticos y mediáticos como un ataque a la libertad, palabra muy adulterada en los últimos tiempos. El Estado no tiene por qué sostener con nuestros impuestos estos centros privados, que en algunos casos segregan por sexos, y tienen por objetivo la selección social. Es una anomalía, la de España, en el contexto internacional. En el conjunto del Estado estamos ante casi un 40% de centros confesionales, y en comunidades autónomas donde gobierna la derecha, también la nacionalista, estamos ante cifras superiores al 50%. Es decir, lo que hizo el PSOE en 1985, no sé si ingenuamente, fue legalizar algo que no lo estaba hasta entonces. Se dijo que era provisional, pero ahí estamos, con cifras de colegios religiosos, solo superados en porcentajes en Europa por Bélgica y Malta.

Salvador López Arnal.- ¿Y en el resto de Europa?

Isabelo Herreros.- En el resto de Europa, en países como Alemania, Francia o incluso la católica Italia, en educación primaria y secundaria las cifras son de casi el 90% de educación pública. No, no existe nada igual en nuestro entorno, como los conciertos, pagados con nuestros impuestos, que segregan socialmente, y cada vez más reduce la educación primaria y secundaria públicas, a guetos, incluso en barrios tradicionalmente de trabajadores.

En Italia existe un catolicismo mucho más enraizado socialmente que en España, y esto es algo hoy día ajeno a la presencia del Estado Vaticano en Roma; es una historia muy distinta a la nuestra. La Iglesia italiana tiene un historial antifascista que le ha supuesto un gran respeto de buena parte de la ciudadanía, a pesar de su vinculación histórica con la Democracia Cristiana. Existe una financiación de la Iglesia a través del célebre ‘otto per mille‘, en la declaración de impuestos, desde 1984, establecido por el gobierno del socialista Bettino Craxi, y que sustituyó el anacrónico sistema de la ‘congrua‘, destinado al pago de los clérigos y que venía del Concordato de 1929, el que pactó el Vaticano con Mussolini.

Salvador López Arnal.- ¿El Opus Dei sigue ejerciendo mucho poder en España o es más bien una institución del pasado?

Isabelo Herreros.- Actualmente ha visto aparecer una competencia muy preocupante, como lo son las sectas los ‘kikos‘ o los Legionarios de Cristo, que incluso han aterrizado en la enseñanza superior, con universidades propias, y con una militancia muy activa. Otra competencia son centros de estudios profesionales promovidos por grupos católicos muy conservadores, como Educatio Servanda, que curiosamente cuenta con apoyos políticos no solo del PP si no del PSOE, que ha ayudado a su implantación territorial.

Pero el Opus Dei es camaleónico, y, aunque ha perdido parte del poder que tenía en el Vaticano, en particular durante todo el mandato de Juan Pablo II, lo cierto es que en España ha consolidado e incluso aumentado su poder en la estructura del Estado. Sus escuelas de negocios y de posgrado son las que suministran directivos a grandes empresas, y funcionarios a los altos cuerpos del Estado, como abogados del Estado, notarios, registradores, fiscales, jueces, interventores e inspectores, o cuerpos técnicos de la administración, sin desdeñar el funcionariado de inferior rango.

Por otras vías tiene presencia en el generalato, Guardia Civil y Policía Nacional, además del CNI. De otra parte, la propia Iglesia española, en su jerarquía, es aún, y por mucho tiempo, una herencia del papado de un tipo de extrema derecha, como era Juan Pablo II, que hizo una Iglesia a su imagen y semejanza, muy del Opus, con un anticomunismo rayano en lo patológico por bandera. El papel del Vaticano en los procesos militares de Latinoamérica, en los años setenta y ochenta fue fundamental, con personajes siniestros, como el nuncio de Buenos Aires, Pio Laggi y otros altos cargos, y que fueron los que dirigieron la estrategia para acabar con clérigos vinculados o sospechosos de pertenecer a la Teología de la Liberación, como lo eran Ellacuría o monseñor Romero. No fue menor la actividad del Vaticano en el desmembramiento de Yugoslavia, con su decidido apoyo a Croacia, incluso con apoyo económico a aquellas bestias neonazis, también fue muy fuerte su apoyo al sindicato Solidaridad en Polonia. En España tenemos aún la Iglesia de Rouco y Cañizares. A mí lo que más me preocupa es el control que tiene el Opus sobre la judicatura, el Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial.

Salvador López Arnal.- No es para menos. ¿Apoya y financia la Iglesia católica a grupos, asociaciones y partidos de la extrema derecha?

Isabelo Herreros.- Lo hace de manera sutil, dándoles entrada en sus medios de comunicación, es decir fue la Iglesia quien dio la patente de partido democrático a Vox, a otros grupos, los antiaborto, por ejemplo, les ayuda cediéndoles sus instalaciones. Está muy claro que organizaciones de ultraderecha, como Hazte Oír o Abogados Cristianos, forman parte de los grupos de acción de la Iglesia, y juegan su papel, como parte de una estrategia de confrontación y de amedrentamiento de feministas, actores, humoristas, periodistas, activistas sociales, militantes de la memoria democrática, titiriteros o raperos. Cuentan con el apoyo de obispos, y, esto es más grave, con la aquiescencia, o incluso asesoramiento de jueces y fiscales en activo. En la medida que los postulados de la Iglesia católica española coinciden con Vox, y con asociaciones y grupos contrarios al aborto o defensores de la enseñanza integrista, o los que siguen viviendo muy bien de rentabilizar el pasado terrorismo de ETA, pues hay una sintonía que los lleva a colaborar, a formar parte de una misma estrategia, por lo que es difícil ver diferencias. La Iglesia tendría muy fácil desmarcarse de esos grupos extremistas, pero no lo hace porque son los suyos, y, cuando llevan a los tribunales a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, ven con simpatía el que se vuelva a plantear en los tribunales reintroducir la blasfemia como delito en el Código Penal, por ejemplo.

Salvador López Arnal.- Se le ve a usted muy admirador de Manuel Azaña. ¿Puede enmarcarse su libro en la tradición azañista? ¿Cuáles fueron las principales consideraciones y tesis del presidente republicano?

Isabelo Herreros.- Mi admiración por la vida y obra de Manuel Azaña me llevó a una militancia política, donde el laicismo es algo sustancial. Creo que mi libro es más una obra de investigación periodística, eso sí, de un periodismo interpretativo, que coincide con el que se hace también en Mongolia, y que es en el que me he movido siempre, que viene a coincidir, en cuanto a conclusiones, con esa transformación que necesita nuestro país, si quiere salir alguna vez del nacional catolicismo y de este Estado confesional heredado del franquismo. Manuel Azaña tuvo un proyecto de cambio, demodernización, en definitiva, una revolución democrática que trató de convertir España en un país culto, laico, con acceso a la enseñanza para todos, de liquidación de privilegios seculares para unos pocos, y de puesta en marcha de una Constitución que hizo posible la justicia social, el gran poder de los sindicatos, el fin de las castas militares, la reforma agraria, la construcción de diez mil escuelas públicas en poco tiempo, los Estatutos de Autonomía o el acceso a la cultura de todos, a través de las Misiones Pedagógicas.

Salvador López Arnal.- ¿Fue la Compañía de Jesús la orden católica que con mayor fuerza arremetió contra la Segunda República?

Isabelo Herreros.- La compañía de Jesús era una poderosa organización religiosa y económica, con presencia en medio mundo, pero muy sometida, por su voto de obediencia directa al Papa, a las decisiones del Vaticano y la propia Iglesia española, por lo que no se puede decir que tuvo un papel más allá de formar parte de una estrategia de acoso y derribo desde el minuto uno contra la República. La comisión que incautó los bienes de los jesuitas, presidida por un gran jurista y persona dignísima, Demófilo de Buen, investigó ingente documentación y llegó a algunas conclusiones,como lade que la orden fundada por Ignacio de Loyola tenía una red de evasión de capitales y otra de testaferros de la propia Iglesia y de unos cuantos poderosos, algunos grandes de España. No era la primera vez que en España se prohibía la actividad de los jesuitas, por lo que la medida, consecuencia de la aplicación del artículo 26 de la Constitución republicana, fue recibida con bastante normalidad por la mayoría de los ciudadanos.

Salvador López Arnal.- En su opinión, ¿cuáles han sido los momentos más importantes en la historia de España en los que se ha plantado cara a la Iglesia?

Isabelo Herreros.- La Iglesia católica, y esto es algo que me parece importante señalar, cuando se sigue, de modo ignorante y malévolo, hablando de las desamortizaciones, era parte del Estado, por lo que lo que se hacía era disponer de algo que era propiedad de ese Estado, en algunos casos, y en esto hay historiadores locales que arremeten contra Mendizábal o Madoz, lo cierto es que se perjudicó a poblaciones que se vieron desposeídas de bienes que cultivaban. Pero insisto de que el contexto es el de un Estado que dispone de aquello que considera que puede disponer. De las desamortizaciones se habla en el Concordato de 1953, es decir como que el Estado tuviera deudas históricas con la Iglesia, cuando lo que se había hecho, en unos casos, era acabar con los bienes de manos muertas, en poder de mayorazgos por linaje, la Iglesia o el propio Estado. El Estado necesitaba liquidez, y por ello las subastas públicas, en parte por la ruina que suponían las guerras carlistas.

En el siglo XIX hubo intentos tímidos de acabar con el poder de la Iglesia en el ámbito de la educación, incluso Romanones, como he dicho, quiso traer a España, a principios del siglo XX, la ley de separación Iglesia-Estado, por lo que tuvo, como antes Moyano, la enemiga del catolicismo; se quejaba en sus memorias del poco apoyo que tuvo, solo los republicanos estaban por la labor, mientras que a los socialistas les era indiferente.

Lo cierto es que la primera vez que se plantó cara de verdad al poder de la Iglesia fue durante la Segunda República, si por plantar cara se entiende asumir la enseñanza como una obligación del Estado, o se obliga a las confesiones religiosas a respetar las leyes, se liquidan viejos privilegios y se les obliga a constituirse en una asociación civil más, con las mismas obligaciones y derechos que las demás.

Salvador López Arnal.- A eso me refería cuando hablaba de plantar cara. ¿Fue cómplice la Iglesia católica del golpe fascista de 1936? ¿No existieron voces disidentes? ¿Por qué las ceremonias católicas por los que llaman «mártires de la cruzada» siguen contando con la presencia de representantes de la Administración?

Isabelo Herreros.- La Iglesia católica fue la principal organización instigadora del golpe fascista de 1936. Su jerarquía, con el cardenal Segura a la cabeza, conspiró desde el mismo 14 de abril de 1931 para acabar por la fuerza con la República, pero esto es ya historia indiscutible. Hubo en el seno del catolicismo voces disidentes, como lo fueron unos cuantos sacerdotes muy conocidos en aquellos años, como el padre Revilla, asesinado por los sublevados al comienzo de la guerra, Régulo Martínez, Josep María Llorens, Juan García Morales, Luis López-Doriga, que fue diputado republicano en 1931 y una larga relación de clérigos comprometidos con los más desfavorecidos, y militantes en algunos casos de partidos republicanos. Eran minoría estas voces, pues la jerarquía estaba comprometida con los sectores golpistas, los aristócratas y las oligarquías.

Se trata de anomalías típicamente españolas, la primera, la propia asistencia a actos religiosos de autoridades civiles o militares; la otra es que se sigan realizando ceremonias de exaltación de la «cruzada» en lugares que son de todos, propiedad del Estado. No hay voluntad política, por parte de los sucesivos gobiernos, de acabar con estas prácticas, claramente contrarias al ordenamiento constitucional y a la democracia. Más grave aún es la asistencia de representantes del gobierno y del cuerpo diplomático a los fastos de beatificación de «mártires de la Cruzada» en el Vaticano, las últimas bajo el mandato del Papa Francisco.

Salvador López Arnal.- Del gobierno y de gobiernos autonómicos (por ejemplo, el de la Generalitat). Desde su punto de vista, ¿cuáles deberían ser las relaciones que debería mantener España con la Iglesia Católica?

Isabelo Herreros.- La Iglesia católica y sus distintas ordenes deberían de estar legalizadas por el mismo registro que autoriza las asociaciones, sin privilegios. Y los asuntos derivados del usufructo que mantiene en bienes de propiedad pública, de raíz religiosa, por los ministerios o consejerías correspondientes, con la exigencia del pago de impuestos en todos aquellos negocios ajenos al culto.

Las relaciones que debería mantener el Estado con la Iglesia católica no deberían de suponer para ese grupo un trato distinto a las que se tiene con otras confesiones religiosas, con la salvedad de un hecho objetivo y que es la existencia de dos Estados católicos vaticanos reconocidos por la comunidad internacional, y que son el propio Vaticano y la Orden de Malta, con los que España mantiene relaciones diplomáticas.

Salvador López Arnal.- Tomemos un descanso si le parece.

Me parece.

Publicado en: Europa

Francia: «El gobierno ya no controla a la policía»

16/07/2023 by Vitalio Deja un comentario

Por: Jean Luc Mélenchon

 

 

El partido de Emmanuel Macron ha acusado a la izquierda de «incendiaria» por provocar las protestas en Francia. Para el líder de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, el problema radica en que el gobierno perdió el control sobre la policía, que ya no rinde cuentas a nadie.

El martes, los ánimos volvieron a caldearse en la Asamblea Nacional de Francia. Una semana después de la muerte de Nahel Merzouk, el joven de diecisiete años tiroteado a quemarropa por un agente de policía, la presidenta del grupo parlamentario France Insoumise, Mathilde Panot, había cuestionado la falta de respuestas políticas. Pero la primera ministra, Élisabeth Borne, respondió con un nuevo ataque al movimiento de izquierdas liderado por Jean-Luc Mélenchon: «Están saliendo de los límites de la República», dijo a los diputados de France Insoumise.

Las críticas de la derecha contra France Insoumise se han escuchado con cada vez más frecuencia también entre las filas de la amplia alianza de izquierda Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES). El debate sobre la realidad de la violencia policial en los barrios obreros y marginados, mientras tanto, ha quedado completamente eclipsado.

En una entrevista concedida a Mediapart, Jean-Luc Mélenchon analiza las razones de este giro de los acontecimientos. Detrás de él ve la aparición de un «frente antipopular» diseñado para unir a la derecha y a la extrema derecha mientras se demoniza al pueblo en rebelión.

MD

Hace una semana que un policía disparó a quemarropa a Nahel. Rápidamente, el debate pasó de la violencia policial a la violencia ejercida por jóvenes de barrios obreros y marginados. ¿Qué opina de este cambio?

JLM

El presidente debería haber respondido inmediatamente a los problemas que llevaron a la muerte de Nahel. En otras palabras, debería haber suspendido inmediatamente la ley de «licencia para matar» de 2017 de [el exprimer ministro Bernard] Cazeneuve. Pero como la intención del presidente no es responder a los problemas que esto ha planteado, se ha inventado otros de los que hablar en su lugar. Es una táctica de distracción.

En primer lugar, señaló con el dedo acusador a los padres, un comentario insultante que demuestra su negativa a considerar siquiera la situación social. Luego culpó a los videojuegos, lo que no es más que charlatanería, ya que no existe ningún estudio que demuestre la relación entre estos juegos y la violencia. Por último, sus partidarios en el Parlamento nos acusaron a nosotros, France Insoumise.

Cuando expliqué que pedíamos justicia, se dedujo que no llamaba a la calma, y nos criticaron por ello. Pero actuamos en nuestro propio campo. No somos sociólogos ni urbanistas. Nuestro papel es formular una evaluación política de un problema político para dar respuestas políticas.

FE

¿Qué opina de las respuestas del gobierno?

JLM

Reconoceré que la primera reacción de Macron, cuando le informaron del asesinato de un joven de diecisiete años, fue humana. Como cualquier padre, consideró que ese suceso era inaceptable, lo cual es cierto. Pero se detuvo ahí, dejando que sea un ministro quien llame a la madre de Nahel. Podría haberla llamado él mismo o haber ido a verla, lo que habría sido un gesto extremadamente poderoso para demostrar que no hay desconexión entre la población y las autoridades. Pero no lo hizo.

En lugar de eso, se ha pasado el tiempo corriendo detrás de la policía. Esto fue comprendido inmediatamente por los sindicatos de Alliance Police Nationale y de la UNSA Police, que emitieron una declaración totalmente inaceptable. Sin embargo, no oímos ni una crítica al respecto. Cuando interrogamos a [el ministro de Justicia Éric] Dupond-Moretti o a otras personalidades del gobierno, dijeron que no eran sus palabras o incluso que no tenían ningún comentario que hacer. Lo que significa que corremos más peligro del que pensábamos.

El mayor sindicato de la policía afirma que «ahora no es el momento de la acción sindical, sino del combate» e incluso que «la policía está en combate porque estamos en guerra». Hablo aquí como representante político de una parte de la opinión pública francesa que se siente amenazada por un gobierno que se comporta así con los quartiers populaires [barrios populares y marginados]. Y que no hace nada cuando bandas armadas de fascistas salen a la calle para agarrar a niños y entregarlos a la policía. Así que, insisto: estamos en peligro porque el gobierno ya no controla a la policía. Le tiene miedo y está sometido a ella.

Esa es la situación después de una semana. Con el hecho increíble de que el presidente y su gobierno todavía no han hecho ni una sola propuesta en relación con los acontecimientos, aparte de enviar a cuarenta y cinco mil hombres [encargados de mantener el orden, cifra deliberadamente sobreestimada por el Ministerio del Interior, según Le Canard enchaîné] por todo el país. Incluso Jacques Chirac [enfrentado los disturbios], en 2005, pronunció un discurso que intentaba preservar un terreno común con el que pudieran identificarse personas de todos los bandos.

En aquel momento, Claude Dilain, alcalde de Clichy-sous-Bois, pronunció esta maravillosa frase en el congreso del Partido Socialista, celebrado justo después de las revueltas urbanas: «Queréis volver a la normalidad, pero es la normalidad la que es insoportable». Sabemos que la normalidad es insoportable, y que la gente que vive allí la está resistiendo con un valor y una paciencia increíbles. Así pues, la respuesta es justicia. En otras palabras: la calma es algo que hay que construir.

ES

Dice que las autoridades tienen miedo de la policía. Es una afirmación contundente. ¿Cree que es una situación sin precedentes en la V República?

JLM

Fue una situación similar la que condujo a la reescritura de la Constitución en 1958, porque entonces el gobierno ya no controlaba al ejército. Ahora ya no controla a la policía, cuyos sindicatos más importantes utilizan palabras tomadas directamente del repertorio de la extrema derecha, llamando «peste» a la población que se les resiste. Nuestra primera señal de alarma llegó cuando [el exministro del Interior] Christophe Castaner se pronunció contra el uso de las llaves de estrangulamiento. En aquel momento, nos quedamos estupefactos al ver a policías que exigían que se les permitiera el derecho a estrangular a la gente. Entonces comprendimos que, para mostrar tal descaro, necesitaban sentir que la balanza del poder estaba a su favor. De hecho, el Sr. Castaner perdió su cargo ministerial.

MD

¿Cómo explica que ahora sea imposible criticar a la policía? ¿Qué no sea posible decir que hay un problema de racismo en la policía sin ser inmediatamente condenado al ostracismo por la República?

JLM

El punto de partida es una confrontación entre dos visiones del mundo y de las relaciones sociales: la de la extrema derecha y la de France Insoumise. Los partidarios de las doctrinas económicas neoliberales se encontraron ante una población que se resistía a sus políticas en masse. Entonces aceptaron adoptar la retórica de distracción de la extrema derecha, afirmando que el problema eran los inmigrantes, e incluso los musulmanes, para crear una división en la población francesa. Esto puso las cosas cuesta abajo. Pero ése es el destino de cualquiera que ceda el más mínimo terreno a la extrema derecha.

Esta tendencia hacia la peor de las opciones se refleja políticamente en lo que los economistas Bruno Amable y Stefano Palombarini llaman el «bloque buergués». En la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias del año pasado quedó claro que el gobierno de Macron consideraba que la peor amenaza no era la extrema derecha, sino nosotros. Luego se produjo el punto de inflexión de las elecciones parciales de Ariège, donde una candidata de France Insoumise, que había quedado muy por delante en la primera vuelta, vio cómo todos los demás se unían para derrotarla en la segunda.

Inmediatamente oímos a [el exprimer ministro conservador] Jean-Pierre Raffarin afirmar que se había formado un reverso del frente republicano [es decir, el frente electoral utilizado históricamente para dejar fuera a la extrema derecha]. Y, efectivamente, el frente republicano se volvió del revés, se transformó en un «frente antipopular». Utilizo esta expresión porque recuerda la situación de 1936, cuando todos los demás se unieron contra el Frente Popular bajo el lema «mejor Adolf Hitler que el Frente Popular». La formación de este frente antipopular es una puerta abierta al desastre para nuestro país.

FE

Tanto usted como France Insoumise se han convertido en el centro de las críticas, y sus detractores les han excluido del arco de las fuerzas republicanas. ¿Cómo piensan romper este aislamiento?

JLM

En primer lugar, no nos sentimos aislados. Representamos a un sector de la población. Si estamos en el punto de mira, en realidad es solo un pretexto para otro objetivo político, a saber, la unificación de las fuerzas de derechas. El reto al que nos enfrentamos es no distanciarnos nunca de los grupos sociales a los que representamos, a pesar de las lógicas contradicciones (a nadie le hace gracia que se quemen coches). Tenemos que evitar que parte de nuestro bloque se ponga del lado del partido de la represión. Para ello, debemos seguir representando políticamente a este bloque, aunque sea difícil. Justicia en todas partes: esa es nuestra causa común.

En cualquier caso, ninguna cantidad de propaganda borrará los hechos básicos del problema. En primer lugar, los quartiers populaires han sido relegados a los márgenes de la República, con poblaciones racializadas por la forma en que son vistas por los demás, reducidas a su religión y exiliadas en los suburbios, que acceden a menos dinero, transporte y atención médica que los demás. En segundo lugar, los ricos se han separado de la República. Se han refugiado en sus propios barrios con una visión fantasiosa sobre el resto de la sociedad. En general, todo lo que solía ser propio de una comunidad está desapareciendo, resultando en un «sálvese quien pueda» generalizado.

ES

Menciona a los ricos, pero el comportamiento de «separarse» de la sociedad también puede verse entre las clases medias…

JLM

Hablemos de ello. En los años 30, las clases medias ya estaban en juego electoralmente. Eran más heterogéneas que hoy, con muchos comerciantes y agricultores. Como parte de su lucha contra el Frente Popular, la derecha contrapuso el destino de estos grupos al de los trabajadores. Hoy en día nos enfrentamos a una población más homogénea que en aquella época, debido a una comunidad material de facto establecida en la dependencia de la gente de diversos tipos de redes.

Veámoslo más de cerca. Para que la estrategia de centroizquierda funcione, como ocurrió en los años 70, se necesita una clase media en ascenso. Cuando yo era socialista en Lons-le-Saunier, mi secretario de sección de partido era un trabajador social y mi primer secretario de federación era un profesor universitario. ¿Quiénes eran estas personas? Eran hijos de trabajadores sindicalizados, que ascendían en la escala social y compartían las mismas consignas transversales, como los centros de trabajo autogestionados.

La diferencia es que hoy las clases medias ya no ascienden. Están empobrecidas y en vías de ser desclasadas. Su relación con la política está determinada por la incertidumbre: a medida que la sociedad se polariza, ¿hacia dónde van a ir? Por ahora, se inclinan por una vuelta a la calma. Dentro de una semana, sin embargo, tendrán una avalancha de documentos, artículos y columnas sobre las condiciones de vida en los suburbios. En ese momento, creo que las clases medias educadas e «informadas» recuperarán la compostura y se darán cuenta de que no hay solución policial a una situación como ésta.

MD

¿Qué estrategia política se debe adoptar en un clima mediático histérico y polarizado como el actual? Su política es no retractarse nunca de una postura que ha adoptado, pero, ¿no corre el riesgo de tener que justificarse constantemente por problemas de forma, en detrimento del contenido político?

JLM

Permíteme recordarte que no estamos aquí para vender helados. Pertenecemos a un campo político, y nuestras convicciones no se negocian. Adoptar ese enfoque es la única forma de que nos escuchen.

Si no nos mantenemos firmes, ¿quién lo hará? ¿La simpatía de quién nos ganaríamos cediendo? ¿La gente que tiene pánico? ¿La gente que tiene miedo? ¿Debemos alimentar ese miedo? No. Nuestro deber es mantenernos firmes. A este respecto, me sorprende poderosa y gratamente la resistencia del grupo parlamentario de France Insoumise. Muchos de ellos fueron elegidos por primera vez en su vida el año pasado y han tenido que soportar constantes ataques.

No perderemos el tiempo explicándonos sobre problemas de forma, porque no los hay: es una pura invención. Ninguno de nosotros ha llamado a la insurrección ni ha prendido fuego a nada. En cambio, cuando salgo en la tele y cuento la historia de madres que luchan por salir adelante, me escuchan miles de mujeres que son la esencia misma de los quartiers populaires. Apostamos a empoderar a esos sectores a cada paso.

FE

Volvamos a la muerte de Nahel. En febrero de 2017, el gobierno de Bernard Cazeneuve y François Hollande aprobó una ley que permitía un uso más fácil de las armas de fuego por parte de los agentes del orden. Todo el grupo socialista votó a favor. ¿Es posible hoy que la alianza de izquierdas NUPES [que incluye a los socialistas] tenga una posición común para su derogación?

JLM

Tienes razón al mencionar esta ley. Habría sido de sentido común suspenderla tras la muerte de un niño. La señal a la policía sería: no más disparos. Nadie ha cuestionado nunca que utilicen sus armas en legítima defensa. Ellos lo saben. Pero siempre estoy a favor de limitar los daños. Por eso he dicho que deberían estar desarmados cuando se trata de controlar manifestaciones. También apoyamos la transferencia inmediata de jurisdicción para todos los casos de violencia policial, que es una exigencia del sindicato de magistrados, y la creación de una comisión de «Verdad y Justicia». Necesitamos esto, porque hay muchísimos casos en los que todavía no se ha producido una decisión judicial.

Volvamos a los que votaron a favor de esta ley. Para empezar, ni los Verdes ni los Comunistas lo hicieron, lo cual es un buen comienzo. En cuanto a los Socialistas, su grupo en la Asamblea emitió un comunicado de prensa que dice lo siguiente: «Porque estamos comprometidos con el orden republicano (…) decimos claramente: es urgente redefinir una doctrina de mantenimiento del orden, trabajar en la reforma de la formación policial, en la revisión de las instancias de control y sanción de nuestras fuerzas del orden, pero también en una necesaria evaluación de la aplicación de la ley de 2017, con vistas a su revisión». Así pues, quieren revisarla, lo cual es mejor que nada. ¿Qué necesidad hay de seguir diciendo que tienen una diferencia de opinión fundamental conmigo? ¿De qué están hablando?

ES

Justo después de la muerte de Nahel, usted dijo que había que «revisar completamente» la policía. ¿Qué significa eso concretamente? ¿Y qué le dice a todos aquellos que desde la izquierda creen que la policía siempre será una fuerza represiva al servicio del Estado?

JLM

En toda sociedad es necesaria una fuerza policial, eso es evidente desde que existen las ciudades. No creo que lleguemos a prescindir nunca de la necesidad de personas que representen al Estado y hagan cumplir la ley. ¿Por qué? Porque no queremos que cada uno se tome la justicia por su mano. Si existe un cuerpo policial, entonces no se mete todo el mundo y es posible seguir ciertas reglas. Se trata, por tanto, de una profesión y de una delegación de poder que debe permanecer bajo un estrecho control político. Tradicionalmente, las grandes fortalezas del Estado se gestionan conjuntamente. El ministro del Interior trabaja con los sindicatos policiales. Pero existe una delgada línea entre transigir y entregar el poder a la policía.

Las encuestas muestran que casi el 50% de los policías votan a la extrema derecha. ¿Cómo es posible que el cuerpo responsable de mantener el orden republicano tenga una opinión mayoritaria por las ideas no republicanas? ¿Por qué un hombre de veinticuatro años dispara a un niño? ¿O a una mujer joven? Es porque no ve a su hermano o a su novia. No digo que disparen por racismo, pero su racismo les hace olvidar a quién van a disparar. Esa es mi opinión.

Así pues, tenemos que revisar el cuerpo de policía, empezando por la formación, volviendo a controlar la supervisión, restableciendo el código ético de Pierre Joxe… Permíteme recordarte que cuando Joxe era ministro del Interior y acudieron policías armados a manifestarse bajo sus ventanas, suspendió a ciento veinte de ellos y expulsó a cuatro. Te garantizo que después de eso hubo un ambiente más profesional. Plantear reivindicaciones forma parte de la vida sindical. Pero a un sindicato que escribe «estamos en guerra» necesita ser puesto en su sitio de forma inmediata.

MD

Usted ha ido madurando su pensamiento en relación a la islamofobia. ¿Puede decirse lo mismo respecto de la violencia en la política?

JLM

Comparado con cuando tenía veinte años, sin duda. Cuando tenía veinte años, era un admirador de la guerrilla del Che [Guevara]. Después, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet, estuve de acuerdo con los que participaban en la resistencia armada. Y luego hice balance de todo aquello: ¿habíamos conseguido algo significativo en alguna parte, de alguna manera? No, y murieron los mejores.

Definitivamente creo que la violencia como estrategia política no lleva a ninguna parte. No porque sea una especie de santo que teme la violencia, sino porque solo conduce al desastre. Abogo por estrategias no violentas. La única estrategia revolucionaria es el voto.

FE

Entonces, ¿cómo explica que se le acuse de estar del lado de la violencia?

JLM

Tenemos que pasarnos todo el tiempo defendiéndonos de las afirmaciones de que somos violentos, cuando son las autoridades las que institucionalizan la violencia. También hay una deriva semántica en nuestro vocabulario. Cuando oigo a Macron hablar de un proceso de «descivilización», me asusta. Incluso cuando hablamos de revueltas, por costumbre del lenguaje, sugiere que se trata de algo loco y ciego, cuando podemos ver claramente que las cosas son más complicadas. Nos encontramos en una situación de revuelta urbana. Las personas están adoptando formas que se ajustan al terreno.

ES

En su libro L’Ère du peuple hace mucho hincapié en las cuestiones urbanas. Ya en 1989, el texto fundador de la Nouvelle école socialiste teorizó el concepto de «socialdemocracia urbana». ¿Cómo pueden los habitantes de los quartiers populaires recuperar el control colectivo sobre ese espacio?

JLM

Mi idea en aquel momento era que, a medida que el mundo se urbanizara, las nuevas organizaciones progresistas, socialistas y colectivistas surgirían de la estructura urbana y no del nivel de las empresas. La ciudad no es un mero decorado, corresponde a su época. Lógicamente, ha acompañado a los diversos cambios del capitalismo.

Durante la época fordista y keynesiana, la ciudad se cortó en pedazos: el lugar donde vivías, el lugar donde paseabas, el lugar donde comías, etcétera. Pero era una ciudad del contrato social, donde todos vivían juntos. Luego llegó la ciudad neoliberal, caracterizada por una tendencia al aburguesamiento. Hoy, en París, si eres parte de una familia en la que los padres no ingresan al menos 5000 euros al mes, no puedes salir adelante.

La ciudad también produce formas políticas específicas. Cuando sus habitantes no tienen recursos, entran en fases de revuelta, que son como erupciones. Ya no hay mediación para traducir esto en formas en las que sea posible un compromiso. La ciudad es, no obstante, el nuevo escenario del conflicto social, porque para producir y reproducir tu existencia material, necesitas redes. Y no puedes negociar con una red. El agua del grifo fluye o no fluye. Hay suministro eléctrico o no lo hay.

MD

La desconexión entre la clase política y los barrios obreros y marginados no es nada nuevo. ¿Hasta qué punto percibe esta desconexión y cómo podemos reconstruir el vínculo entre los habitantes de estos barrios y las estructuras políticas?

JLM

Esta desconexión depende del equilibrio social de poder. Los que están en el poder siempre han dicho que las clases sociales subyugadas y oprimidas son peligrosas. Durante la Comuna de París, Émile Zola dijo: «Es una causa maravillosa, pero está mal representada».

Cuando los sindicatos perdieron su poder, destruidos por el neoliberalismo, ya no había ninguna línea de resistencia social y política. Los partidos en el poder no iban a ponerse de acuerdo con quienes protestaban contra su forma de dirigir las cosas, es decir, en los quartiers populaires. La última línea de defensa que teníamos eran las asociaciones, y también fueron desmanteladas. Millones de personas quedaron desamparadas. Y el discurso dominante sigue afirmando que las revueltas son culpa de los revoltosos. No hay absolutamente nada nuevo bajo el sol desde hace un siglo.

France Insoumise tiene cuatro mil personas que actúan como puntos de contacto en bloques de viviendas individuales. Ninguna otra organización hace eso. Aún falta mucho, necesitamos cuatro o cinco veces más. También está la representación política. Eso significa conseguir que Rachel Keke, Carlos Martens Bilongo o Louis Boyard, que proceden de quartier populaires, sean elegidos. Así que el problema está ahí y estamos intentando abordarlo.

Pero creo que la reestructuración de la sociedad producirá su propia forma de representación política. La ley ya estipula que las ciudades de más de veinte mil habitantes deben crear comités de barrio. ¿Pero cuántas ciudades los tienen realmente? Desde el momento en que hay una expansión urbana, sin bordes, sin límites, es obvio que la cuestión de cómo dirigirlos se plantea de otra manera, y que la escala adecuada es el nivel de barrio.

ES

El movimiento social contra la reforma de las pensiones ha sido derrotado, la agenda securitaria está ganando terreno y muchos dirigentes políticos se expresan de manera similar a como lo hace la extrema derecha. ¿Qué iniciativas concretas debería tomar la izquierda para evitar ser aplastada bajo esta agenda mortífera?

JLM

En primer lugar, la izquierda tiene que existir. En el plano político, hemos conseguido superar la división —aunque con muchas dificultades— proponiendo la coalición NUPES para las elecciones legislativas del año pasado. Pero eso no basta. La estrategia es la unión popular, no solo la unión de los partidos políticos. La unión popular es un objetivo que se dirige a las masas y que también adopta formas organizadas. Como vimos durante la batalla de las pensiones, todavía no hemos superado la absurda división entre fuerzas sociales y fuerzas políticas. Naturalmente, nuestros adversarios se aprovechan plenamente de la situación: enfrentan a los sindicatos con las organizaciones políticas, y luego a las organizaciones políticas entre sí.

Tras una semana de revueltas y sin respuesta del gobierno, ¿somos capaces de convocar una movilización conjunta? ¿Podemos lanzar consignas comunes como «verdad y justicia»? Las marchas del sábado son una respuesta a esto [se refiere a la convocatoria del 8 de julio]. Es un buen precursor de la unión popular.

Se están celebrando debates, estamos haciendo lo que podemos, pero nuestros oponentes son muy astutos: demonizándome, intentan que sea imposible asociarse conmigo. Pero yo no soy el problema. Por eso hago un llamamiento a todos para que superen el espíritu de facciones, camarillas y grupos, y estén a la altura de las circunstancias. Cuando hay fascistas en la calle, es hora de despertarse, ¿no? Tenemos que ser capaces de constituir un frente no violento. Pero para que sea eficaz, tiene que ser diez, cien veces más masivo que el de los violentos.

Sobre los entrevistadores:

[1] Mathieu Dejean es colaborador de Mediapart y autor de Sciences Po, l’école de la domination. / Fabien Escalona es periodista de Mediapart y autor de La reconversion partisane de la social-démocratie européenne. / Ellen Salvi es colaboradora de Mediapart.

Publicado en: Europa

Bombas de racimo sobre el futuro de Europa

16/07/2023 by Vitalio Deja un comentario

Por: Beñat Zaldua

Las bombas de racimo son proyectiles que pueden lanzarse desde tierra, mar y aire. Son, en realidad, carcasas voladoras que albergan en su interior decenas o cientos de bombas más pequeñas. Antes de tocar suelo, el contenedor se abre y las bombas se dispersan en un amplio terreno, mayor que el de un campo de futbol en muchas ocasiones. Es la antítesis de una bomba de precisión, pues es imposible controlar dónde caen todos estos explosivos más pequeños. De ahí que cause muchas más víctimas civiles que otro tipo de munición más ordinaria. Entre uno y seis de cada 20 explosivos salidos del vientre de la bomba-madre no explotan, lo que los convierte, en la práctica, en minas antipersona, aguardando al mínimo movimiento para reventar, aunque sea años después de haberse lanzado.

En 2008, un centenar de países, entre éstos México y los miembros de la Unión Europea, firmaron un tratado para prohibir las bombas de racimo. No se adhirieron ni Estados Unidos ni Rusia. Y hoy, en julio de 2023, volvemos a hablar de éstas porque Washington acaba de anunciar que entregará este tipo de armamento a Ucrania.

En realidad, desde que Rusia atacara a su vecino hace ya más de un año, ambas partes se han acusado mutuamente de usar este tipo de bombas. Más allá de acusaciones cruzadas, de lo que cabe estar seguro es de que, efectivamente, ahora las emplearán, pues Moscú ya ha advertido de que utilizará sus bombas de racimo si las de Estados Unidos llegan a Kiev.

Así funciona una escalada militar, siempre de forma bilateral. Si uno sube la apuesta, el otro la iguala o la supera, en un bucle que sólo acaba cuando una de las partes no puede igualar a la otra y se ve forzada a negociar en mala posición. La teoría de juegos siempre es interesante sobre el papel, pero no está de más recordar que, en la práctica, hablamos de Rusia y Estados Unidos, principal valedor de Ucrania. Estos dos países concentran 90 por ciento del arsenal nuclear de todo el mundo, por lo que una escalada en este caso tiene un potencial devastador. Por cierto, según el último informe de la principal autoridad en la materia, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, los arsenales nucleares están siendo reforzados a lo largo y ancho del mundo.

Del perverso bucle de la escalada bélica también se puede salir cuando un agente externo obliga a las partes en conflicto a negociar y pactar. La plaza sigue vacante. La Unión Europea podía haber intentado ocuparla, quizá junto con China, para forzar a Moscú y Washington a frenar este enfrentamiento indirecto que desangra a un país que no es ni Rusia ni Estados Unidos. La ocasión era propicia para ensayar una política exterior autónoma inexistente desde hace 75 años, pero la pusilanimidad de los dirigentes europeos la ha echado al traste, dispersada cual bomba de racimo.

Igual que ante las informaciones sobre la autoría ucrania del sabotaje de los gasoductos Nord Stream, la respuesta de los países europeos ha sido terrible. Sólo el Estado español –al César lo que es del César– junto con Canadá y Reino Unido –que ya no forma parte de la Unión Europea– han protestado por el envío de un armamento prohibido en el continente. Alemania, Francia e Italia, los pesos pesados, se han limitado a señalar que no comparten la medida, pero que la comprenden. Quizás haya sido para compensar la negativa a Zelensky a entrar por la vía rápida en la OTAN, pero el resultado es nefasto.

Por último, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, lo justificó señalando que este arsenal va a ser usado como defensa y no como ataque. El jefe de la alianza militar más poderosa del planeta no sabe qué es una bomba de racimo. O es un cínico, que cada quien elija.

El resumen es que nadie en la cumbre de la Alianza Atlántica en Vilnius, capital de Lituania, se ha despeinado frente el anuncio estadunidense. Hay noticias alarmantes y hay otras que, por no causar alarma, son todavía más alarmantes. Lo ha escrito recientemente el analista y experto en cuestiones de paz y armamento Jordi Armadans.

El paisaje es desolador a ambos lados del continente. El error de cálculo de Putin al lanzar la invasión de Ucrania fue descomunal. Está empantanado en una guerra que no puede perder ni ganar, mientras ve cómo la OTAN, su bestia negra, renace y se amplía con el pretexto del conflicto que, en su actual versión, él inició. En el frente interno, las consecuencias del amago de motín de los mercenarios de Wagner está todavía por esclarecer, pero es poco arriesgado aventurar que su liderazgo se ha visto reforzado.

Al otro lado, el futuro de la Unión Europea es sombrío. Veremos qué pasa la semana que viene en las elecciones españolas. Mientras tanto, la tercera economía del continente (Italia) está en manos de la extrema derecha, la segunda (Francia) está en llamas y socialmente fracturada en mil pedazos, y la primera (Alemania) en recesión, en buena medida por el alto precio de la energía, agravado notablemente por la guerra de Ucrania y el fin del suministro ruso. Y si sufre la industria germana, sufre el continente entero. Tiempo al tiempo.

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Francia: Rebelarse contra la desigualdad

09/07/2023 by Vitalio Deja un comentario

Por: Tomek Skomski y Marion Beauvalet

Las protestas que están teniendo lugar en Francia no reflejan solo a la bronca por el asesinato de un adolescente a manos de la policía. Son el resultado de la ira generalizada contra la desigualdad racial, las privatizaciones y contra una institución siempre represiva.

Mientras escribimos, las noticias sobre los disturbios en Francia dan la vuelta al mundo. Se habla de comercios saqueados y de todo —desde ayuntamientos a bibliotecas— convirtiéndose en humo al paso de las protestas.

Estos disturbios son revueltas populares: revueltas contra la brutalidad policial, contra la sensación de ser tratados como ciudadanos de segunda categoría, contra la crisis del coste de la vida en Francia. Su origen comenzó el 27 de junio, cuando Nahel M, de diecisiete años, fue ejecutado por un agente de policía cuando intentaba escapar de un control policial en uno de los barrios obreros de Nanterre.

Este asesinato no fue un caso aislado; los homicidios policiales se han disparado desde que el expresidente François Hollande aprobó en 2017 un proyecto de ley que permite a los agentes de policía utilizar armas de fuego en caso de incumplimiento por parte de civiles. Desde entonces, el número de víctimas de la brutalidad policial ha aumentado año tras año.

Pero si la ira se desató por este asesinato en particular, se ha visto alimentada por años de abusos policiales. Un estudio realizado en 2017 en Francia demostró que si te consideraban árabe o negro, tenías veinte veces más probabilidades de ser sometido a un control policial que el resto de la población. Y los barrios obreros donde se están produciendo estas revueltas están gravemente infradotados de servicios públicos, con tasas de desempleo entre el 16% y el 20% (frente a una media nacional que oscila entre el 7% y el 8%).

Hasta comienzos de esta semana se han realizado 2300 detenciones, y sus perfiles muestran algunas similitudes: muchos de ellos son adolescentes. Muy pocos tienen antecedentes penales y suelen tener entre catorce y dieciocho años. En algunas noches, la edad media de los alborotadores detenidos es de solo diecisiete años.

Pero hasta ahora, los dirigentes políticos de todo el espectro se han negado a comprender el peso del problema, recurriendo a falsas acusaciones. Parte del gobierno y del partido de derechas Les Républicains, por ejemplo, acusan a La France Insoumise, de izquierdas, de sembrar el caos en el país por buscar soluciones políticas a los disturbios y negarse a sumarse a la condena general. Cada vez que se intensifican los conflictos sociales, la derecha y los macronistas siempre lanzan este mismo reproche a la izquierda.

Al más alto nivel, la respuesta de Emmanuel Macron ha sido, como era de esperar, autoritaria y brutal. Se han movilizado más de 45 000 policías en todo el país para hacer frente a las revueltas. En un discurso con el ministro del Interior, Gérald Darmanin, y la primera ministra, Elisabeth Borne, Macron prometió que estas revueltas debían tratarse con rapidez y que las redes sociales y los videojuegos eran parcialmente culpables de la conducta de los adolescentes alborotadores. Macron también hizo un llamamiento a los padres para que asuman su responsabilidad y cuiden de sus hijos por la noche. El ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, dijo que los padres debían «retener a sus hijos» y les amenazó con cargos judiciales si no lo hacían.

El viernes pasado, la ONU pidió a Francia que «abordara seriamente los profundos problemas de racismo entre las fuerzas del orden». Francia respondió que «cualquier acusación de racismo sistémico o discriminación por parte de las fuerzas del orden en Francia» era «totalmente infundada». El gobierno no ha propuesto ningún anuncio ni solución política para poner fin a estas revueltas.

La extrema derecha ha pedido que se declare el estado de excepción, y algunos políticos de extrema derecha han calificado el momento de «guerra civilizatoria», argumentando que las revueltas estaban dirigidas por descendientes de inmigrantes. Pidieron al gobierno que dejara que la gente volviera a poner orden en las calles si el gobierno no lo hacía; mientras Macron ataca a la izquierda radical, se han visto milicias fascistas armados con bates de béisbol en las ciudades de Angers y Lorien, donde han estado ayudando a la policía a realizar detenciones, y en Lyon, donde cincuenta fascistas marcharon por las calles coreando «estamos en casa». La policía y los fascistas cantan himnos similares; en los últimos días, dos sindicatos policiales han emitido declaraciones explicando que las fuerzas policiales estaban «en guerra» con «pestes» y «salvajes».

Lo que es aterrador es que casi ninguna fuerza política está tratando políticamente esta revuelta. La única respuesta que parece dar la clase política es represiva. El único partido político que intenta abordar políticamente la situación es La France Insoumise, cuyo grupo parlamentario ha propuesto soluciones para poner fin a la crisis que genera estas revueltas. La primera exigencia es derogar el proyecto de ley de «permiso para matar» de 2017, que permitía a los agentes de policía asesinar a la joven Nahel, así como pedir una comisión de «verdad y justicia» sobre la violencia policial grave y un plan de inversiones masivas para los barrios obreros.

Aquí, la izquierda radical propone un «plan de emergencia para superar la crisis». Este plan implica situar la revuelta en el ámbito político: las revueltas no son el resultado del fracaso de los padres, las redes sociales o Snapchat, sino de una crisis política total. Las causas de la crisis son antiguas y deben abordarse seriamente.

A este respecto, Jean-Luc Mélenchon ha dicho en el canal de televisión LCI que «la cuestión para un político no es llamar a la calma o hacer poses de huelga. Es construir la calma. Y para ello es necesario resolver de forma racional y concreta los problemas que se plantean». Durante las anteriores elecciones presidenciales, el movimiento ya pidió la reestructuración de la IGPN (Inspección General de la Policía Nacional), la disolución de la BAC (Brigada Anticrimen) y la creación de una policía republicana libre de racismo. También abogaron por la adopción de un importante código ético, la aplicación de nuevas medidas para combatir la elaboración de perfiles raciales y la mejora del programa de formación policial. Esto implicaría ampliar la duración de la formación policial y modificar su contenido, por ejemplo introduciendo cursos de sociología.

Esta crisis refleja la erosión de la situación en Francia. Al no adoptarse ninguna medida contra la dinámica de opresión racial y segregación que envenena a la sociedad francesa, la ejecución del joven Nahel actuó como detonante explosivo. Es urgente que los dirigentes políticos revisen por completo las instituciones policiales y garanticen que la «promesa republicana» —de educación superior, acceso al empleo, etc.— deje de detenerse a las puertas de los barrios desfavorecidos.

TOMEK SKOMSKI Y MARION BEAUVALET

Tomek Skomski es miembro del Parti de Gauche y agregado parlamentario de La France Insoumise. / Marion Beauvalet es estudiante de doctorado en Teoría de las Organizaciones y militante de La France Insoumise.

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España: fascismo normalizado

09/07/2023 by Vitalio Deja un comentario

Fuente: La Jornada

 

Falange Española usará su derecho a emitir un video de promoción electoral en la televisión pública nacional para difundir un anuncio en el que se escucha de fondo “Cara al sol”, uno de los himnos del régimen franquista, que se utiliza hasta la fecha para rememorarlo. La Radio Televisión Pública Española (RTVE) se resistió a transmitir el spot que hace una clara apología de la sanguinaria dictadura de Francisco Franco (1939-1976), pero la Junta Electoral Central (JEC) informó que no tenía “competencias” para evitar su emisión y explicó que la pieza musical no está prohibida por ningún tribunal.

Falange es un grupo muy residual de la ultraderecha hispánica, que en las últimas elecciones generales obtuvo apenas un millar de votos. Sin embargo, la inminente salida al aire de una pauta publicitaria en la que se despliega la simbología de quienes arrastraron al país a la fatídica guerra civil de 1936-1939 y perpetraron una atroz persecución de toda disidencia es un suceso inaudito en un Estado que se precia de gozar de una robusta democracia liberal. Si el hecho es absolutamente deplorable en sí mismo, resulta todavía más inquietante por inscribirse en una trayectoria de normalización del fascismo en la vida política española.

El sostenido crecimiento de la formación filofascista Vox y el uso por parte de sus líderes de alusiones y proclamas que hace no mucho habrían sido consideradas inadmisibles por la ciudadanía y la clase política son la punta de este fenómeno. En las campañas electorales, los debates parlamentarios y la comunicación partidista se han vuelto rutinarios discursos xenofóbicos, racistas, misóginos, islamófobos y, cosa que es común a todo el espectro político hispano, que glorifican el genocidio de los pueblos amerindios como una gesta civilizadora. En este ascenso del conservadurismo, el presunto representante del centro y de la moderación, el Partido Popular (PP), no ha dudado en aliarse a Vox para alcanzar posiciones de poder, en ocasiones pasando por encima de la voluntad ciudadana que había dado una mayoría a la centroizquierda tradicional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Además del avance de la ultraderecha en las preferencias electorales y de la disposición del PP a acogerla, sea por afinidad ideológica o por mero oportunismo, hay otras muestras de la naturalidad que va cobrando el fascismo en la sociedad ibérica. Una expresión tan recurrente como inquietante es el empleo de banderas con el escudo franquista en los actos de protesta contra el nacionalismo catalán. Esta práctica execrable desnuda el doble rasero de la institucionalidad y la justicia españolas, que persiguen con vehemencia cualquier crítica a la Corona, así como todo mensaje que pueda interpretarse como favorable al extinto grupo armado ETA (Euskadi Ta Askatasuna, “País Vasco y Libertad” en euskera), pero miran hacia otro lado cuando se reivindica al fascismo.

Ante la inminencia de las elecciones generales del domingo 23, sólo cabe desear que tan flagrante incitación al odio sacuda la conciencia de la sociedad española e impulse una vigorosa reflexión en torno a los horrores que se invocan al abrir la puerta a los apologistas de la muerte.

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Boomerang imperial pone al Estado francés frente a sus propias vergüenzas

09/07/2023 by Vitalio Deja un comentario

Por: Xavier Villar

 

Macron, que calificó los disturbios en Irán de “revolución”, no se imaginaba que el boomerang imperial pondría al Estado francés frente a sus propias vergüenzas.

Cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó las protestas en Irán de “revolución”, no se imaginaba que el boomerang imperial —que podemos definir como el retorno de las prácticas coloniales a la metrópolis y sus innumerables mecanismos de poder—, pondría al estado francés frente a sus propias vergüenzas.

Cuando los periodistas le preguntaron a Macron por su valoración de la situación que se estaba viviendo en Irán en aquel entonces, en noviembre del año pasado, el presidente francés contestó: “Algo sin precedentes está sucediendo. Los nietos de la revolución están llevando a cabo una revolución propia y devorando a la anterior”.

Evidentemente, estas palabras del mandatario francés están más relacionadas con el deseo político de ver un cambio de régimen en la República Islámica que con la situación real. Cabe destacar que Francia desempeñó un papel activo en la Unión Europea al respaldar la implementación de sanciones adicionales contra Irán. Por lo tanto, no sorprende que Irán esté siguiendo de cerca las protestas que surgieron como consecuencia del trágico asesinato del joven Nahel, de 17 años, a manos de la policía.

Por otro lado, ninguna persona medianamente informada puede calificar lo ocurrido en Irán hace un año como una “revolución”. A pesar de los intentos de los medios de comunicación, gobiernos occidentales y varios think tanks, las protestas no fueron masivas y no implicaron una movilización completa de todas las capas de la sociedad iraní. Varios expertos, muchos de ellos sin ninguna simpatía política hacia la República Islámica, describieron las protestas como una movilización de la clase media. Por lo tanto, es evidente que el uso de la palabra “revolución” por parte de Macron tenía un efecto prescriptivo más que descriptivo. Es decir, buscaba crear, al menos discursivamente, las condiciones para lo que estaba nombrando.

Volviendo al tema del boomerang imperial, Francia es uno de los lugares donde se puede observar mejor la importación de prácticas coloniales contra las poblaciones musulmanas y el intento de atrapar al Islam dentro de la narrativa nacional. En este sentido, Francia se ha convertido en un lugar destacado para desplegar la idea de lo secular contra los musulmanes y su presencia público-política. El discurso de lo secular, como explica el profesor de teología Gil Anijdar, estructura una determinada circulación de poder y al mismo tiempo da origen a ciertas instituciones que normalizan el discurso de odio contra los musulmanes, tanto dentro como fuera de Francia.

En octubre de 2019, el presidente francés Emmanuel Macron y su entonces Ministro del Interior, Christophe Castaner, relacionaron el terrorismo en Francia con las manifestaciones de “musulmanidad”, incluyendo llevar barba, rezar cinco veces al día, consumir alimentos halal, etc. Esta criminalización, conectada con el discurso de lo secular, no deja de estar igualmente relacionada con la presencia política de la República Islámica como representante de los musulmanes a nivel político. De la misma manera, no se pueden comprender los ataques a la República Islámica —esto no significa, evidentemente, que no se pueda criticar a Irán—, desde las más altas instituciones del estado francés, sin poner el foco en el discurso dominante de chauvinismo y odio que no difiere mucho del que siempre ha dominado la cultura francesa.

El proyecto francés de incorporar el Islam dentro de su narrativa nacional, es decir, despojarlo de su capacidad de discurso global, también desempeña un papel en las críticas de Macron hacia la República Islámica. El papel de Irán como un hogar político para los musulmanes representa un obstáculo para ese proyecto de nacionalizar el Islam promovido por Macron y su gobierno. El uso del lenguaje de la “revolución” para referirse a las protestas en Irán es parte de ese intento por debilitar la presencia pública de lo que se podría considerar como un “gran poder islámico” representado por la República Islámica.

A pesar de los intentos por desviar la atención hacia el exterior, la situación actual confronta a Francia con una realidad incómoda. Es innegable que el país está atravesando una crisis, pero sería más preciso describir esta crisis como algo más profundo y duradero, especialmente en términos de tensiones raciales. No se trata simplemente de una crisis temporal, sino de una crisis estructural que cuestiona los fundamentos mismos del estado francés. Los recientes acontecimientos en Francia, con miles de personas, en su mayoría pertenecientes a minorías raciales, protestando contra las políticas de muerte del estado, no son incidentes aislados. Aunque la calma eventualmente regresará a las calles de Francia, persistirá una crisis profunda y arraigada. Desde una perspectiva racial, se podría considerar a Francia como un estado sustentando en el supremacismo blanco.

El estado francés parece tener solo una respuesta a lo que se conoce como la cuestión musulmana, es decir, la pregunta sobre cómo es posible vivir como musulmanes en el mundo actual, y esa respuesta se basa en la violencia en sus múltiples y diversas formas. Esta violencia abarca desde acciones letales hasta la vigilancia constante de las comunidades musulmanas, así como diferentes estrategias de control y disciplina hacia ellas.

La revancha política contra Francia de Macron se manifiesta como un retorno de las consecuencias negativas del pasado imperial. Esta revuelta anti-colonial cuestiona los fundamentos en los que se basa Francia. Es evidente que esta república aún no ha experimentado, y quizás nunca experimentará debido a sus bases epistémicas, un momento de solidaridad como el “Je suis Charlie”. Esto se debe a que Nahel, como muchos otros, fue construido como una figura ajena a la civilización y a la identidad blanca, y por lo tanto, como alguien ajeno al propio estado francés.

Esta situación de crisis racial no es exclusiva de Francia. De manera más general, podemos afirmar que la raza es fundamental para la formación conceptual, filosófica y material del estado moderno, así como para su continua gestión.

En conclusión, la revuelta anti-colonial que estamos viendo en Francia lo que cuestiona es el propio estado-nación moderno como límite de lo político.

Publicado en: Europa

ONGs denuncian ante la ONU que España incumple la Convención contra la Tortura

09/07/2023 by Vitalio Deja un comentario

Fuente: Diario Octubre

 

Una vecina de Córdoba sufrió la rotura de los huesos de la nariz durante una detención; la denuncia fue aceptada –en diciembre de 2019- por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT); “cuando fue detenida, explicó la Asociación Pro DDHH de Andalucía (APDHA), la detenida no presentaba lesión alguna, pero sí a la salida de la propia comisaría, donde hubo de ser recogida por una ambulancia a la que tuvo que llamar la afectada, tras negarse la Policía a ponerse en contacto con los servicios sanitarios” (comunicado 30 junio 2023).

Tras la resolución del CAT, la Audiencia Nacional condenó en mayo de 2022 al Estado español al pago de una indemnización de 3.000 euros a la víctima, por “trato policial degradante” y el incumplimiento de la obligación de asegurar asistencia médica a la persona reclamante.

Pero la sentencia de la Audiencia Nacional fue revocada el pasado 27 de junio por el Tribunal Supremo, por lo que la APDHA –que ha acompañado jurídicamente a la persona denunciante- informó sobre la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Una investigación relevante es la de Amnistía Internacional (AI) publicada el 13 de junio para someterla a la consideración del CAT –en su 77 sesión (julio 2023)-, en relación con el informe periódico presentado por el Estado español sobre la implementación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes de Naciones Unidas.

Entre los puntos abordados por AI, figuran las expulsiones y medidas de control migratorio por parte del Estado español; por ejemplo, en junio de 2022, la devolución sin garantías de (al menos) 470 ciudadanos procedentes del África Subsahariana a través de la frontera de Melilla; se menciona, asimismo, la expulsión del territorio español del activista y exmilitar argelino Mohamed Benhalima (marzo de 2022), “a pesar de los numerosos informes que indicaban que existía un riesgo real de que pudiera ser sometido a tortura” en Argelia.

AI señala, además, la “ausencia casi absoluta” de investigación sobre los casos de desaparición forzada y torturas perpetrados durante la Guerra de 1936 y el franquismo (por ejemplo tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática –en octubre de 2022-, el juzgado de Ferrol archivó en abril por prescripción la querella por el asesinato en esta ciudad –en 1975 y por efecto de los disparos policiales- del militante antifranquista Moncho Reboiras).

Otra referencia del informe es el uso de las pelotas de goma por los agentes policiales; así, la Campaña Stop Balas de Goma detalla, en el periodo 2000-2017, la muerte de una persona por el impacto directo de estos proyectiles (el seguidor del Athletic de Bilbao Iñigo Cabacas a causa de un pelotazo de la Ertzainza en 2012) y el caso de 11 que perdieron la visión en un ojo.

Ante la presentación del séptimo informe periódico, los días 20 y 21 de julio en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, 14 entidades de la sociedad civil han remitido al CAT un documento de más de 80 páginas con “las principales vulneraciones que ha cometido el Estado (español)” como país firmante de la Convención contra la Tortura.

Se trata del denominado Informe Sombra, presentado por el Centro Sir[a], Iridia, Institut de Drets Humans de Catalunya, AI-España, APDHA, APDH-España, Mundo en Movimiento, Centro de Documentación de la Tortura (CDDT), Salhaketa Nafarroa, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Solidarity Wheels, SOS Racismo, La Comuna y Sanfermines 78: gogoan.

Las organizaciones resaltan cómo “en reiteradas ocasiones se han documentado malas prácticas en el uso de las defensas o bastones policiales, al constatar golpes de arriba bajo y el impacto en zonas vitales del cuerpo, como la cabeza (…)”; y respecto a los mecanismos internos de control de las acciones policiales, “no son suficientemente independientes ni eficaces”.

Además el Informe Sombra señala el “creciente número de casos de violencia policial por motivos racistas en el país” (SOS Racismo ha denunciado “numerosos casos” de abuso de la fuerza, por ejemplo el pasado 15 de abril en el barrio de Lavapiés de Madrid); los agresiones de los policías se producen, en ocasiones, después de insultos como “moro” o “sudaca de mierda”; las ONG han denunciado públicamente “numerosos casos” de redadas por perfil étnico o racial.

El reporte se hace eco, asimismo, de testimonios recogidos por la asociación Solidary Wheels sobre el “trato cruel, inhumano o degradante y tortura con resultado de muerte por parte de las fuerzas marroquíes y españolas en el intento de llegar a Melilla, ya sea en el puerto de Beni Enzar o en el trayecto en mar”.

Las 14 organizaciones concluyen que el Estado español ha sido objeto de 12 condenas por parte del Tribunal Europeo de DDHH (TEDH), “por no investigar las alegaciones de tortura”; pese a ello, añaden las entidades, no se han producido avances importantes en este punto.

En uno de los apartados del Informe, de 2022, del Defensor del Pueblo (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) se hace referencia a las posibilidades de una investigación aclaratoria; según la Defensoría, “no hay canales de denuncia reales, efectivos, confidenciales e independientes que permitan a las personas privadas de libertad denunciar malos tratos y estar protegidas ante posibles represalias”.

Una aproximación cuantitativa es la realizada por el Instituto Vasco de Criminología (IVAC), en diciembre de 2022, para el caso de Navarra: 891 personas denunciaron haber sufrido torturas y otros malos tratos en la Comunidad Foral, durante el periodo 1960-2015; si se toma como referencia el periodo 1960-1978, la cifra es de 215; mientras que 676 personas denunciaron estas prácticas entre 1979 y 2015.

En el caso del País Vasco, otra investigación del IVAC, de 2017, señaló que entre 1960 y 2014 fueron 3.415 las personas que realizaron una denuncia pública y/o judicial de torturas o malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. El informe del Instituto vasco detalla que, entre 1979 y 1992 se produjeron 20 sentencias firmes del Tribunal Supremo, con 11 sentencias condenatorias a la Guardia Civil y nueve a la Policía Nacional; en estos casos, “se demostró la práctica de torturas brutales contra personas detenidas, y que se dieron en los mismos centros de detención”.

Publicado en: Europa

Centenares de detenidos en Francia en la quinta noche de protestas

02/07/2023 by Vitalio Deja un comentario

Fuente: HispanTv

 

  • Al menos 322 personas han sido detenidas este sábado en Francia en la quinta noche consecutiva de protestas por la muerte de Nahel a manos de un policía.
El ministro del Interior de Francia confirmó que este sábado se mantendrá la movilización de 45.000 policías / HTV

En Marsella (Sur), se implementó un gran despliegue policial con refuerzos especiales enviados por el gobierno central. Durante esta operación, se arrestó a 56 personas.

Según los datos preliminares del Ministerio del Interior, se llevaron a cabo 126 detenciones en París (capital) y sus alrededores.

A su vez, el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin confirmó que este sábado se mantendrá la movilización de 45 000 policías y gendarmes para atajar las recientes protestas populares a raíz de la muerte de Nahel, joven de 17 años, baleado por un policía durante un control de tránsito en las afueras de París.

Los franceses denuncian el abuso de la policía francesa de una ley, aprobada en 2017, que permite a los agentes disparar contra un vehículo que no respeta un control, siempre que esté en peligro la vida de los uniformados u otras personas. Solo en 2022 murieron 13 personas en circunstancias similares a las de Nahel.

Francia anuncia el despliegue de blindados y más policías para contener los violentos disturbios que en las últimas noches se extendieron en diferentes ciudades.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha solicitado al Gobierno francés ocuparse seriamente de los profundos problemas de racismo en las fuerzas de seguridad, lo que la Cancillería gala ha tachado de una acusación “infundada”.

Publicado en: Europa

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