Argentina

Por: Felipe Yapur Y Luciana Bertoia

 

La investigación ya estableció que en el apuro por colaborar en el golpe contra Evo Morales volaron sin un plan de operaciones y violaron reglamentos. Otero dio las órdenes de desplegar a los alacranes en La Paz y de sacar los proyectiles que terminaron en poder de las fuerzas militares.

Fue tal el apuro del gobierno de Mauricio Macri para mandar los gendarmes a Bolivia –y las municiones con ellos– que obviaron algo esencial: que salieran con un plan de operaciones sobre lo que debían o no hacer en el país vecino. La información surge del sumario interno que llevó adelante la fuerza y da cuenta de la violación de los reglamentos y de la falta de planificación del despliegue en un país que estaba atravesando un golpe de Estado. La investigación, que ya está en poder de la justicia que investiga el contrabando agravado hacia Bolivia, apunta hacia un grupo de gendarmes y muestra que fue el entonces comandante de esa fuerza, Gerardo Otero, quien dio las órdenes de desplegar a los alacranes en La Paz y de sacar los proyectiles que terminaron en poder de las fuerzas que apoyaron el golpe contra Evo Morales. Otero es uno de los imputados en la causa junto con Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie y el exjefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros. Todos los datos apuntan a confirmar el contrabando, pero sobre todo la colaboración del gobierno de Macri con el golpe de Estado y las consecuencias que trajo para Bolivia. Datos y pruebas que desnudan el repudiable objetivo de Macri y su gobierno que, como dijo el exvicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, envió “armas y gases” a Bolivia “en vez de mandar alimentos y medicamentos”.

Las 70.000 balas antitumulto 12/70 que se repartieron entre la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la policía de ese país salieron por pedido del comandante de esa fuerza, Otero, un hombre de confianza de la entonces ministra Bullrich. Ésa es la conclusión que surge de los descargos que hicieron internamente –a los que accedió Página/12– Fabián Manuel Salas, el jefe del grupo Alacrán que viajó a La Paz, y de Rubén Yavorski, el entonces director de Logística que tramitó la salida del material bélico ante la Agencia Nacional de Material Controlado (ANMaC) antes del 12 de noviembre de 2019, cuando se embarcó al primer contingente de gendarmes en un Hércules de la Fuerza Aérea.

“Las declaraciones de los gendarmes confirman cómo bajo el pretexto de custodiar la embajada Argentina en La Paz, Macri y Bullrich los utilizaron como mulas para contrabandear un arsenal para apoyar el golpe de estado en Bolivia”, sostiene el ministro de Justicia Martín Soria. “El avance de la causa vuelve a mostrar lo que son, cínicos y peligrosos que se llenan la boca hablando de la república, pero cuando no estaban espiando gente o endeudándonos a todos, estaban apoyando militares golpistas”, añade.

La documentación está en manos del juez Alejandro Catania, que está a cargo de la causa junto con el fiscal Claudio Navas Rial. Los dos investigadores esperan que llegue información que requirieron a Bolivia para avanzar con el expediente que no solo tiene a Otero y a otros gendarmes entre los imputados, sino que también alcanza a Macri y a gran parte de su gabinete. La causa se inició en julio de este año con una denuncia que presentaron Soria, la entonces ministra de Seguridad Sabina Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont.

La responsabilidad de Otero

Otero fue probablemente el jefe de las fuerzas de seguridad con mayor proximidad a Bullrich, tanto que le obsequió un sable grabado con la frase de que no iba a tirar un gendarme por la ventana cuando Santiago Maldonado estaba desaparecido. Hay dos testimonios de sus subordinados que le apuntan con claridad como quien dio las órdenes para sacar los proyectiles que terminaron en poder de la FAB y de la Policía Boliviana: el de Salas y el de Yavorski.

Salas relató en el sumario que, para noviembre, envió dos contingentes del Grupo Alacrán fuera del país: uno a Chile y otro a Bolivia. Las dos salidas le fueron pedidas por Otero, de quien dependía directamente el Grupo Alacrán. Una de las curiosidades es que el grupo que viajó a Chile lo hizo en un avión comercial de Aerolíneas Argentinas, mientras que el que fue a Bolivia lo hizo en un Hércules de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? La respuesta probablemente sea por la cantidad de balas, gases y granadas que llevaron esos gendarmes para dejar en manos de las fuerzas bolivianas — y para evitar mayores controles–.

El 12 de noviembre de 2019, antes del embarque del contingente hacia Bolivia, se tramitó un pedido para ampliar la cantidad de proyectiles que saldrían del país. Según dejó en claro Salas, él no lo pidió ni por escrito ni oralmente. La otra declaración que apunta hacia la responsabilidad de Otero es la de Yavorski, quien estuvo a cargo de las autorizaciones ante la ANMaC. Yavorski declaró que respondía a instrucciones de la superioridad institucional y que muchas de esas órdenes eran verbales y después se traducían en documentos.

El pedido para ampliar la salida de los arsenales se cursó después de una reunión en la Casa Rosada en la que participó Otero al mediodía del 12 de noviembre de 2019. Los gendarmes partieron al filo de la medianoche hacia el aeropuerto de El Alto. Al día siguiente, Otero envió un sobre cerrado a la embajada de Bolivia en Buenos Aires que iba destinado al jefe de la policía local. No se sabe qué contenía el sobre, pero es posible que fueran los detalles del envío.

El rol del embajador

La policía de Bolivia identificó a Adolfo Héctor Caliba como la persona que gestionó la entrega de los proyectiles a esa fuerza. Caliba era el oficial de enlace de la Gendarmería con la policía boliviana. Sin embargo, en el sumario, Caliba se hizo el desentendido.

En su declaración ante la Gendarmería, Caliba dijo que fue la embajada –a cargo de Normando Álvarez Garcia– la que gestionó el ingreso temporal de los efectos de arsenales a Bolivia y la que también le pidió a él que consiguiera que una comitiva de la policía boliviana los acompañara cuando iban al aeropuerto a esperar a los gendarmes. Se entiende que fue allí cuando se produjo la entrega de las balas y los gases. El embajador también estuvo presente mientras los gendarmes bajaban del Hércules y los familiares de los diplomáticos se subían con destino a la Argentina. Inicialmente Álvarez García había descargado su responsabilidad en Caliba, pero ahora queda claro que las versiones son contrapuestas.

Caliba, a su estilo, ratificó lo que ya se sabía: que las balas no se usaron en entrenamientos, como inicialmente informó la Gendarmería para justificar el faltante de los 70.000 proyectiles.

Los que deben dar explicaciones

El oficial que llevó adelante el sumario entendió que deben responder por faltas graves al menos siete gendarmes. No se cuenta entre ellos a Otero, que ya no integra la fuerza, ni Yavorski, que siguió órdenes a la hora de justificar la salida del país de las balas:

Carlos Miguel Recalde: era el director de Operaciones en 2020, cuando regresó el tercer contingente de gendarmes. Él informó que las balas habían sido usadas en entrenamientos pero no pudo aportar constancias que justificaran lo que sostenía. En su descargo dijo que no buscó encubrir a nadie, sólo procuró acelerar el regreso al país de sus camaradas que estaban en una “misión que no eligieron sino que les ordenaron”.

Fabián Salas: era el jefe del Grupo Alacrán e intervino en la salida de las balas, incluso envió un fax el 12 de noviembre a la Fuerza Aérea en el que anunciaba que iban a transportar los palets con las municiones extra y que era el material que generalmente usaban para ese tipo de operaciones.
Adolfo Héctor Caliba: era el oficial de enlace en Bolivia, donde es sindicado como el responsable de la entrega del material bélico a las fuerzas golpistas. Estuvo a cargo del desembarco y del equipo de Gendarmería.

Daniel Gustavo Mendoza: era el jefe del Departamento de Contrataciones. No controló lo que informó Recalde.

Martín Miguel Hidalgo: fue el primer jefe del contingente de gendarmes.

Facundo Martín Sánchez: fue el jefe del último grupo de gendarmes que estuvo desplegado en Bolivia.

Lucas Belfiori: como integrante de la División Comercio Exterior intervino en la salida y en el retorno de las armas y las municiones.

De todos ellos, solo Recalde y Caliba están imputados en la causa que tramita en el fuero en lo penal económico, lo que muestra que cada investigación sigue su propia lógica.

Por: Cecilia González

Quiso imponer a jueces por decreto. Acosó a una procuradora hasta obligarla a renunciar. Mantuvo sospechosas reuniones con magistrados a cargo de causas contra opositores. Armó una mesa judicial que negociaba con jueces y fiscales. O los presionaba. Su principal operador judicial está prófugo.

Y, a pesar de todo, el expresidente argentino Mauricio Macri sigue presumiendo que él, a diferencia de su antecesora y hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sí enaltece a la Justicia. Que no se enoja. Que es republicano y respeta la división de poderes. Que no cuestiona a los jueces que lo investigan y que está a disposición de la Justicia siempre que se lo requiera.

Pero nada de eso es cierto.

Acosado por múltiples causas judiciales, Macri apela a una estrategia ya conocida en la clase política y sus militantes: aplaude los fallos que lo favorecen y desacredita los que lo afectan bajo el argumento de que forman parte de una “persecución “, lo que contradice por completo la superioridad moral de la que suelen alardear los macristas, entre otros motivos, por sus supuestos “buenos modales” con el Poder Judicial, opuestos a la “barbarie” peronista.

El último caso de las falacias discursivas del expresidente ocurrió esta semana cuando faltó a una indagatoria que ya se había postergado debido a que estaba de viaje, y que forma parte de la causa en la que se le investiga por presunto espionaje ilegal contra los familiares del submarino ARA San Juan que desapareció en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.

Macri sigue presumiendo que él, a diferencia de Fernández de Kirchner, sí enaltece a la Justicia. Que no se enoja. Que es republicano y respeta la división de poderes. Que no critica a los jueces que lo investigan y que responde a los citatorios. Pero nada de eso es cierto.

“Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia”, escribió en sus redes sociales. Pero tan a disposición no está porque en el mismo mensaje advirtió que no se presentaría al citatorio del juez Mario Bava, a quien calificó como “incompetente”.

La paradoja es que Fernández de Kirchner, su enemiga favorita y a la que tanto denuesta por sus “malos modales”, jamás faltó a las múltiples indagatorias a las que, durante el Gobierno de Macri, fue convocada por jueces que tenían una evidente animadversión en contra de la expresidenta y que armaron causas que generaron grandes escándalos mediáticos pero que, de a poco, se han ido diluyendo por falta de pruebas.

Engaños

Ni antes ni ahora Fernández de Kirchner ha escatimado duras críticas a jueces y fiscales y al sistema judicial en general. Por eso, en un afán de diferenciarse, uno de los ejes de la campaña de Macri en 2015 se enfocó en sus promesas de respetar al Poder Judicial, tanto en las palabras como en los hechos.

El compromiso duró nada. Sólo cinco días después de haber asumido como presidente, pretendió imponer a dos jueces de la Corte Suprema por decreto. El escándalo fue tan grande que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sólo pudieron asumir después de cumplir con el proceso parlamentario correspondiente.

Hoy, ambos están envueltos en otra controversia que ensombrece al máximo órgano judicial del país, ya que el mes pasado, en una votación por completo irregular, en la que aprovecharon la ausencia de otro juez y se votaron a sí mismos, Rosatti sustituyó a Rosenkratz como presidente de la Corte.

El responsable del fallido intento de designar a jueces por decreto fue Fabián Rodríguez Simón, mejor conocido como ‘Pepín’, el principal operador de Macri en los tribunales y que formaba parte de la llamada “mesa judicial” del Gobierno, en la que participaban otros funcionarios acusados de intervenir en los juzgados para que se emitieran fallos en contra de exfuncionarios kirchneristas y favorables al macrismo.

Por eso los empresarios de medios Cristóbal López y Fabián de Sousa denunciaron que el macrismo los persiguió para que se alinearan al Gobierno. Como no quisieron, aseguran que les inventaron cargos que los llevaron a la cárcel y que tenían como meta despojarlos de sus empresas.

A raíz de esta investigación, la jueza María Servini de Cubría citó a indagatoria a ‘Pepín’, quien huyó a Uruguay y pidió un asilo que le fue rechazado, por lo que ya tiene orden de captura internacional y está declarado “en rebeldía” en Argentina, con cargos por extorsión y asociación ilícita.

Otra muestra más de que es mentira que los macristas se ponen a disposición de la Justicia.

Víctimas

En las investigaciones por la “mesa judicial”, una testigo protagonista es Alejandra Gils Carbó, la exprocuradora General de la Nación que enfrentó una intensa campaña del macrismo para obligarla a renunciar. Macri aseguraba públicamente que la funcionaria carecía de “autoridad moral” porque obedecía a los intereses del kirchnerismo.

La persecución contó con el apoyo de la prensa macrista, formada por los principales conglomerados de medios que, con el fin de estigmatizarlos y desacreditarlos de antemano, suelen identificar a “jueces y fiscales K” en sus titulares. Por supuesto, jamás hablan de “los jueces M”.

Una y otra vez, Macri ha reiterado que respeta a los jueces, que no se mete con ellos. Pero basta que alguno dicte un fallo que lo incomode o no responda a sus intereses, para que estalle en críticas y descalificaciones.

Uno de los casos más extremos fue el del diario Clarín, que llegó al extremo de publicar el teléfono de la hija de Gils Carbó, quien recibió amenazas de muerte.

A fines de 2017, después de casi dos años de acoso y amenazas de destitución, la procuradora renunció al cargo. Ya la habían denunciado por supuestas administraciones fraudulentas de inmuebles. Cuatro años después, una de esas causas ya fue enviada a un juicio oral que todavía no tiene fecha de inicio. Otra fue archivada porque no se encontraron pruebas de ningún delito.

Las presiones también las sufrió Gabriela Boquin, la fiscal que en 2016 descubrió que el Gobierno macrista le había condonado a la familia presidencial una deuda multimillonaria que mantenía con el Estado por la concesión del Correo Argentino. La revelación frenó la maniobra y provocó otro de los grandes escándalos del pasado Gobierno.

Desde entonces, los abogados de la familia Macri impulsaron todo tipo de artilugios para separar a Boquin de un caso que sigue sin resolverse. Su acusación principal es que la fiscal tiene intereses particulares y quiere afectar a la empresa, pero el juez Sebastián Casanello ya sentenció en dos ocasiones que la funcionaria ha actuado correctamente y que los Macri solo se quejan de resoluciones judiciales que los afectan.

Lo más importante es que siguen sin pagar su deuda.

Amigos

Una y otra vez, Macri ha reiterado que respeta a los jueces, que no se mete con ellos. Pero basta que alguno dicte un fallo que lo incomode o no responda a sus intereses, para que estalle en críticas y descalificaciones.

Le pasó incluso a Rosatti, uno de los jueces que intentó poner en la Corte por decreto, y a quien, años más tarde, acusó de tener “un sesgo anticapitalista”. En ‘Primer tiempo’, su libro de memorias, incluso reconoce que se arrepiente de haberlo designado.

Le pasó a Alejo Ramos Padilla, a quien calificó como “un juez militante” del kirchnerismo. O a los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, a quienes acusó de mandar un “mensaje de impunidad” al dictar un fallo que permitió la liberación del empresario de medios Cristóbal López, vinculado también al kirchnerismo.

En cambio, a los jueces cercanos al macrismo les abrió las puertas de la residencia oficial de Olivos para sostener amigables reuniones.

Se olvidaron entonces de la republicana división de poderes y de la evidente parcialidad y el conflicto de intereses que implican que un juez a cargo de causas contra opositores departa tan amistosamente con el presidente que quiere que esos opositores estén en la cárcel.

Así ocurrió con Mariano Borinsky, el juez de múltiples causas de alto voltaje político en las que estaban imputados dirigentes kirchneristas, principalmente la expresidenta, y que visitó en 15 ocasiones a Macri. Un récord, sobre todo tomando en cuenta que varios de los encuentros se llevaron a cabo justo cuando debía dictar algún fallo sensible.

Las citas fueron secretas. Recién salieron a la luz este año gracias a una investigación del portal El Destape que comprobó que, además de Borinski, el presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, y el fiscal Raúl Pleé también había visitado asiduamente a Macri en Olivos y en la Casa Rosada.

Durante y después de su Gobierno, Macri insistió en que nunca había hablado directamente con ningún juez, que no tenía trato. Mentía.

Luego de que se comprobaran estas visitas, tuvo que reconocer que sí se había reunidos con jueces y fiscales. En un intento de minimizar esos encuentros, afirmó que con Borinsky “sólo” se reunía para jugar tenis.

Se olvidaron entonces de la republicana división de poderes y de la evidente parcialidad y el conflicto de intereses que implican que un juez a cargo de causas contra opositores departa tan amistosamente con el presidente que quiere que esos opositores estén en la cárcel.

Eso sí, siempre con buenos modales.

Por: Cecilia González

El mecanismo funciona a la perfección.

Cualquier escándalo de un personaje no amigo es magnificado, repetido y explotado al máximo por la prensa opositora a los gobiernos populares. O populistas, como les gusta calificarlos, la gran parte de las veces con un dejo de desprecio.

Pasó esta semana en Argentina, pero pasa en América Latina, todo el tiempo.

El enésimo exabrupto de un funcionario de un Gobierno autopercibido como progresista volvió a demostrar que la prensa tradicional sigue controlando la agenda mediática sin que la prensa oficialista, que es minoritaria, logre equilibrar la balanza, aunque también hace sus propios esfuerzos, con los mismos métodos que tienen más de militancia que de periodismo.

Este caso comenzó con un tuit de Aníbal Fernández, el nuevo ministro de Seguridad del Gobierno de Alberto Fernández que ya arrastra una larga carrera como funcionario, tan larga como las interminables polémicas en las que queda envuelto por su incontenible y muchas veces ofensiva verborragia.

Fernández, que ya fue pluriministro en las presidencias de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, respondió con prepotencia a una crítica al Gobierno que había hecho Nik, uno de los dibujantes más famosos de Argentina y quien es conocido por su afinidad con la derecha y por ser acusado frecuentemente de plagiar a artistas nacionales e internacionales.

La reacción del político, deplorable por el tono y por aludir a la escuela en donde estudian los hijos del caricaturista, no fue sorpresiva, porque si de algo hace alarde Fernández –y quienes lo defienden y justifican– es de su “incorrección política”, aunque las bravuconerías no correspondan a la responsabilidad y sobriedad que debería tener cualquier funcionario público, mucho más de uno que acaba de entrar al Gabinete y que forma parte de la renovación urgente de un Gobierno que está en graves problemas y al que le urgen votos en medio de una crisis económica que mantiene a más del 40 % de la población en la pobreza.

Pero más previsible aun fue la cobertura mediática que desató el intercambio tuitero entre el político y el dibujante.

Unidos y organizados

La maquinaria de la prensa opositora, que controla a los principales diarios, radios, portales y canales de televisión, se activó de inmediato para convocar a la indignación general.

En plena sobreactuación, abundaron las columnas moralinas, predominaron los gestos adustos, las críticas y los reclamos de las y los comunicadores expertos en doble vara que jamás se inmutan ante las barbaridades que dicen los políticos de derecha.

Porque la actitud del ministro es indefendible, pero lo es tanto como la de dirigentes que trabajaron con el expresidente Mauricio Macri y siguen ocupando cargos públicos o tienen relevancia mediática. Que son entrevistados como si tuvieran alguna autoridad, sin ser cuestionados a fondo por el desastre económico y social que dejó el Gobierno al que pertenecieron o por sus discursos cargados de agravios hacia los adversarios.

Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la presidenta del principal partido opositor, Patricia Bullrich, quien como exministra de Seguridad arrastra una larga lista de difamaciones a víctimas de derechos humanos; la exdiputada Elisa Carrió, experta en vaticinar catástrofes sociales y campañas del miedo; los diputados Fernando Iglesias (conocido como ‘diputroll’ por sus frecuentes injurias y ataques, en particular a mujeres), Waldo Wolff y Fernando Sánchez, y la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Todos estos personajes tienen garantizada gran difusión en los medios gracias a que denuestan con insultos al Gobierno, al peronismo y, con una particular obsesión, a Cristina Fernández de Kirchner. Pero su agresividad verbal, que muchas veces de plano es soez, jamás amerita portadas ni extensas coberturas, ni condenas a granel.

Todos comparten una permanente violencia verbal, difusión de información falsa y un estilo pendenciero que jamás alcanza los niveles de cobertura y condena que se les hace a los políticos peronistas.

Y han hecho escuela, porque varias de las nuevas figuras de la derecha que este año se postulan por primera vez a un cargo de elección popular fueron reclutadas precisamente por la agresividad con la que se manejan en las redes sociales. Ya sea una científica (Sandra Pitta), una supuesta experta en temas de Seguridad (Florencia Arietto) y una politóloga (Sabrina Ajmechet), pasaron del tuit insultante a la boleta electoral, sin escalas, gracias a sus enfervorecidas diatribas antiperonistas.

Degradación

Lo mismo ocurre con periodistas (por ejemplo Jorge Lanata) y personajes de la farándula (Alfredo Casero) que hace apenas dos décadas representaban una supuesta rebeldía y hoy son aplaudidos y abrazados por la derecha. O con líderes que se apropiaron del término “liberal”, como Javier Milei y José Luis Espert, dos economistas de ultraderecha convocados y citados a diario por gran parte de los medios como si sus discursos plagados de violencia tuvieran algún grado de sensatez.

En conjunto, todos estos personajes tienen garantizada gran difusión en los medios gracias a que denuestan con insultos al Gobierno, al peronismo y, con una particular obsesión, a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero su agresividad verbal, que muchas veces de plano es soez, jamás amerita portadas ni extensas coberturas, ni condenas a granel.

La prensa tradicional se abroquela para tratarlos con benevolencia. Son amigos. Por eso, en el colmo de la hipocresía, todas estas voces pueden criticar, espantarse por la agresividad del ministro de Seguridad, y firmar cartas y manifiestos e instalar hashtags para defender al dibujante con un tono de arrogancia y superioridad moral de la que, en realidad, carecen.

Consolidan así su relato contra el peronismo “mafioso, intolerante y violento” que “no respeta al que piensa distinto”, aunque muchas veces quienes en realidad actúan así, o peor, son ellos mismos.

El problema es que, con este tipo de actitudes, dirigentes oficialistas (como Aníbal Fernández o el hoy marginal exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno) y opositores (como todos los mencionados) rebajan el nivel de la discusión política en Argentina entre aplausos de sus respectivos públicos. Algunos sectores incluso les exigen una mayor radicalización. El insulto se antepone al debate de ideas.

En ese clima, pierde toda la sociedad.

No era La Morsa

La exagerada cobertura de la pelea tuitera (en la que Fernández tiene mayor responsabilidad por representar al Estado) reflotó un caso paradigmático del daño que produce la complicidad entre periodistas, políticos, policías y espías y que permite fabricar noticias que, más bien, son difamaciones que quedan instaladas y que es imposible eliminar.

En agosto de 2015, el programa ‘Periodismo para Todos’, principal foro opositor de ese momento al Gobierno kirchnerista, aseguró que Aníbal Fernández, entonces precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, era ‘La Morsa’, un misterioso y tenebroso personaje señalado como autor intelectual del crimen de tres empresarios involucrados en el multimillonario tráfico de efedrina que se enviaba a cárteles mexicanos.

La calumnia mediática es imborrable. Y, por supuesto, nadie se disculpa por eso. Los responsables siguen presumiendo la inexistente independencia de su periodismo. Solazados en el éxito de su endogámico mecanismo para imponer temas e incitar indignaciones, hasta se premian entre ellos.

Los testigos del programa eran Martín Lanatta, quien habló desde la cárcel porque ya había sido condenado como autor material del crimen; y el excomisario José Luis Salerno, quien ya estaba procesado. Ambos aseguraron que Fernández era ‘La Morsa’.

Desde entonces, gracias a la estrategia del Grupo Clarín, el multimedios más importante de Argentina que ya llevaba años enfrentado al kirchnerismo y que, al igual que el resto de los medios antiperonistas, replicó la ‘noticia’ en sus radios, canales de televisión, portales y diarios, el ministro se convirtió en el político argentino más acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

Nada importó que Lanatta estuviera contradiciendo lo que había declarado durante el juicio y que al día siguiente su esposa y su abogado lo desmintieran. Ni que el programa no revelara que la entrevista a Salerno se había realizado en casa de la diputada opositora Elisa Carrió. En plena campaña, una de las líderes más mediáticas del país se convertía en una productora televisiva en las sombras en alianza con periodistas amigos que escondieron esa información, a sabiendas de que demostraba los intereses políticos que había detrás del reportaje.

Lo más grave era que no había ninguna prueba de la acusación. Las declaraciones quedaron sólo en eso, porque en los años siguientes en ningún juicio se pudo probar relación alguna de Fernández con el triple crimen ni con el tráfico de efedrina. Ni fue procesado, ni imputado ni llamado a declarar. Es más, en octubre del año pasado el propio diario Clarín informó en una nota que ‘La Morsa’ era Julio César Posse, un exagente de inteligencia. La revelación fue celebraba incluso por el presidente porque limpiaba la imagen de su ministro.

Pero de nada valió el desmentido, porque en el reciente escándalo con el dibujante, otra vez abundaron los alusiones a ‘La Morsa Fernández’ y a su jamás demostrada relación con el narcotráfico.

La calumnia mediática es imborrable. Y, por supuesto, nadie se disculpa por eso. Los responsables siguen presumiendo la inexistente independencia de su periodismo. Solazados en el éxito de su endogámico mecanismo para imponer temas e incitar indignaciones, hasta se premian entre ellos.

Por: Cecilia González

“Algo no habremos hecho bien”, reconoció el presidente Alberto Fernández después de que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) realizadas en Argentina culminaran con una dura derrota del peronismo que no esperaba ni siquiera la oposición.

El desenlace modifica por completo la correlación de fuerzas políticas, porque obliga al presidente a realizar cambios de Gabinete y a la coalición peronista Frente de Todos a repensar la estrategia de Gobierno en los próximos dos años que, ahora, parecen eternos.

También fortalece la precandidatura presidencial del jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, rumbo a 2023, ya que fue el artífice de las campañas de la victoriosa alianza opositora de derecha Juntos por el Cambio, en la que participa, ya sin ser líder, el expresidente Mauricio Macri.

Aparece, de nuevo, la alternancia. Hace menos de dos años, Fernández ganaba la presidencia en primera vuelta y Macri fracasaba en su intento de reelegirse debido, sobre todo, a la crisis económica provocada por su Gobierno y que hizo estragos sociales.

Pandemia mediante, la crisis económica se profundizó, y ahora las urnas se la cobran a Fernández. La pobreza en Argentina ya supera el 40 % y los programas sociales no alcanzan para paliar la emergencia. La inflación es otro problema irresuelto. Y a todo ello se le suman la cadena de escándalos en los que ha estado envuelto el Gobierno.

El último, y más grave, fue la difusión de las fotografías que demostraron lo que el presidente negaba: que él y su pareja, Fabiola Yáñez, habían celebrado el cumpleaños de ella con un grupo de amigos en la residencia presidencial en julio de 2020, cuando regía la cuarentena más estricta que él mismo había decretado.

El Frente de Todos está obligado a iniciar una reflexión urgente para evitar que la catástrofe electoral sea todavía mayor en las legislativas del próximo 14 de noviembre en las que competirán los candidatos que fueron confirmados en estas PASO.

En ese momento no se podía circular libremente y las reuniones sociales estaban prohibidas. Pero ambos celebraban con una decena de invitados y brindaban con champaña. ¿Cómo se recupera la confianza y la credibilidad?

Antes ya había estallado el llamado “vacunatorio VIP”, que implicó la inoculación irregular y privilegiada de amigos de funcionarios cuando las vacunas todavía eran escasas. La revelación le costó el puesto al exministro de Salud, Ginés González García.

Ahora el Frente de Todos está obligado a iniciar una reflexión urgente para evitar que la catástrofe electoral sea todavía mayor en las legislativas del próximo 14 de noviembre en las que competirán los candidatos que fueron confirmados en estas PASO, unas elecciones primarias que, desde que comenzaron a realizarse en Argentina, representan una especie de balance ciudadano sobre el Gobierno de turno.

Y la valoración, para el peronismo, es negativa.

Lo que viene

Las encuestas se equivocaron por enésima vez. Ninguna consultora previó los resultados en la provincia de Buenos Aires, actualmente gobernada por el peronista Axel Kicillof, y que es el distrito más estratégico del país porque representa el 40 % del padrón electoral.

El peor escenario para el peronismo era ganar por una diferencia mínima. Pero a nivel nacional terminó perdiendo con Juntos por el Cambio por un inesperado margen del 10 %. Y, si se repite la experiencia de elecciones anteriores, la diferencia en noviembre puede ser todavía más amplia.

La opositora alianza conservadora también acumuló triunfos en otros distritos tradicionalmente peronistas. En total, ganó en 16 de las 23 provincias y ratificó que es imbatible en la capital, Buenos Aires, en donde no pierde ninguna elección desde 2007, cuando Macri se convirtió en jefe de Gobierno para después saltar a la presidencia.

Además de confirmar la volatilidad del voto y que ninguna fuerza política tiene el respaldo social garantizado, las PASO permiten anticipar la reconfiguración del Congreso a partir de noviembre.

Imagen de las PASO en Buenos Aires, Argentina, 12 de septiembre de 2021Agustin Marcarian / Reuters
De las 72 curules que hay en el Senado, el oficialismo perdería cinco y la oposición sumaría tres. Es decir, dejaría de tener la mayoría de la que gozó hasta ahora, lo que impacta de manera particular en el trabajo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, como  actual vicepresidenta, dirige este órgano. Si su bancada está en minoría, le será más difícil impulsar proyectos legislativos. Es más, la oposición podría boicotear las sesiones porque contaría con los votos necesarios para ni siquiera dar quórum.

En la Cámara de Diputados, de un total de 257 escaños el oficialismo tiene 120 que ahora se reducirían a 117, mientras que Juntos por el Cambio aumentaría de 115 a 116. La polarización y la necesidad de negociaciones seguirá siendo la norma.

La nota relevante de la nueva conformación en Diputados es el posible ingreso de un político de ultraderecha que, como en muchos otros países, comenzó siendo un personaje mediático y se convirtió en una alternativa posible para los desencantados de la política tradicional.

Ultras

Javier Milei es un economista de 50 años conocido por sus posiciones ultraconservadoras al amparo de un supuesto “liberalismo”. A fuerza de exabruptos, gritos, insultos, desinformaciones e histrionismo, se hizo un lugar destacado en los medios locales que lo consultaban como si de verdad fuese voz autorizada de algún tema.

Anoche, celebró el 13 % de los votos que obtuvo en la ciudad de Buenos Aires y que prácticamente le garantizan que, en las legislativas de noviembre, alcanzará un escaño en la Cámara de Diputados. Lo hizo acompañado de sus compañeros de lista, entre los que se encuentran negacionistas de la pandemia y de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), detractores de los feminismos y los colectivos LGTBI y de todo tipo de luchas por derechos sociales.
El fortalecimiento electoral de un político de extrema derecha enciende las alarmas de un país que ya legalizó el aborto, el cupo laboral travesti trans y el matrimonio igualitario, y que está juzgando a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad.

Su partido, Libertad Avanza, es un émulo del español Vox, y en los últimos años fue adquiriendo popularidad entre jóvenes autodenominados como “liberales” que lo aplauden como si fuera una estrella de rock. Con su cabello largo y despeinado y vestido siempre de ropa de cuero, Milei, fan declarado del presidente brasileño Jair Bolsonaro, asume con gusto el papel.

Su fortalecimiento electoral enciende las alarmas de un país que ya legalizó el aborto, el cupo laboral travesti trans y el matrimonio igualitario, que está juzgando a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad, entre muchas otras políticas que este tipo de “nuevos” políticos ponen en riesgo.

En contraste, el Frente de Izquierda, que siempre ha sido marginal, avanzó también de manera inesperada. En todos los distritos alcanzó caudales de votos mejores a los que esperaba, pero en Jujuy directamente sobresalió al alcanzar el 23 %.

A pelearla
Se vienen semanas agitadas en Argentina. El peronismo intentará recuperar lo más que pueda para evitar que la debacle sea todavía más estrepitosa en noviembre. Los primeros nombres que suenan para dejar el Gabinete son el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Fernández ya no tiene margen para sostenerlos.

Pareciera que no hay tiempo para digerir la derrota. Si bien es cierto que el peronismo ya había perdido las legislativas intermedias de 2009, 2013 y 2017, y luego se recuperó hasta ganar en dos casos las presidenciales (2011 y 2019), los de este domingo fueron sus peores resultados en dos décadas.

Por eso la oposición mediática y partidaria se solaza, festeja y vaticina por enésima vez que, ahora sí, el peronismo desaparecerá. Más que análisis es una proyección de deseos, porque si algo ha demostrado una de las fuerzas políticas más importantes de la historia argentina, es su capacidad de recuperación.

En este caso, es cierto, no será fácil. Apremia el tiempo. Nueve semanas de campaña parecen insuficientes para remontar los resultados de las PASO. Pero intentarán frenar el golpe.

Desde el otro lado, el derechista jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se fortalece como el principal precandidato presidencial opositor a Fernández, a quien hoy la reelección aparece como imposible. Pero para eso faltan todavía dos largos años. Habrá que esperar, porque en Argentina nada se puede dar nunca por seguro.

Por: Felipe Yapur y Luciana Bertoia

 

           Detalles del sumario de la Gendarmería por el envío de armamento a los golpistas

Según la ministra Sabina Frederic, los efectivos afirmaron en el sumario interno que vieron el armamento, que nunca lo usaron y que se distribuyó en el aeropuerto de La Paz.

La Gendarmería terminó la semana pasada con un sumario interno que se originó para averiguar cómo se produjo la salida de las 70.000 balas antitumulto que terminaron en poder de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de la policía tras el golpe de Estado contra Evo Morales. El sumario será una prueba importante en la causa penal que tramita contra el expresidente Mauricio Macri, la exministra Patricia Bullrich y el exjefe de Gendarmería Gerardo Otero, entre otros, pero por el momento se mantiene bajo reserva. Sin embargo, se sabe que los gendarmes confirmaron que nunca usaron esas balas. “Se ratifica la inexistencia de órdenes de adiestramiento e instrucción que autorizaran el uso de municiones de cualquier tipo en Bolivia; también que pallets con las municiones fueron observados en el Hércules, pero que no fueron trasladados adonde los llevaron a ellos”, anticipó la ministra de Seguridad Sabina Frederic a Página/12.

El sumario se abrió en Gendarmería después de que este diario revelara la existencia de una carta del comandante de la FAB Jorge Gonzalo Terceros Lara en la que agradecía al entonces embajador argentino Normando Álvarez García por la entrega de 40.000 balas antitumulto 12/70, granadas y sprays. La investigación interna de la fuerza es voluminosa: lleva más de 900 fojas y contiene 100 documentos adjuntos. Mucho de lo sucedido con el contrabando de municiones a Bolivia puede explicarse gracias a las marcas que fue dejando la burocracia. En ese proceso que llevó más de un mes se les pidieron explicaciones a distintos gendarmes, que las brindaron por escrito y sin estar bajo juramento, a diferencia de lo que sucedería en un proceso penal.

 –¿Surgió en el sumario información sobre el accionar de Bullrich? — preguntó este diario a Frederic.

–Las responsabilidades que analiza el sumario administrativo de Gendarmería van desde el entonces director nacional Gerardo Otero hacia sus subordinados. No podrían nunca aparecer responsabilidades por encima de él. Nada de esto va a tener algún impacto directo sobre las responsabilidades de los funcionarios y las funcionarias políticas.

–¿Cómo describen los gendarmes lo sucedido alrededor de la comitiva que se desplazó a Bolivia con los proyectiles?

–En términos generales, hay quienes manifiestan desconocer el envío, y otros que dicen que cumplieron órdenes. Por otra parte, se ratifica la inexistencia de órdenes de adiestramiento e instrucción que autorizaran el uso de municiones de cualquier tipo en Bolivia; también que los pallets con municiones fueron observados en el Hércules, pero que no fueron trasladados adonde los llevaron a ellos.

–¿Y frente a estas manifestaciones cómo sigue el proceso administrativo?

–Ahora se abre la investigación disciplinaria que podría llevar un mes más. Los irán llamando para que hagan sus descargos y determinar cuáles son las sanciones que les cabe a cada uno de ellos.

El sumario de la Gendarmería preocupa a Macri, tanto que intentó frenarlo desde el expediente que tramita en el fuero en lo penal económico. Como ya no es parte de la fuerza, Otero está fuera de esa investigación. El excomandante de la Gendarmería era un funcionario de extrema confianza de Bullrich, tanto que, antes del fin del mandato, le obsequió un sable con la frase que la ministra acuñó mientras Santiago Maldonado estaba desaparecido y ellas les prometió “no tirar un gendarme por la ventana”. Según surge de la última ampliación de la denuncia que presentó el gobierno de Alberto Fernández, Otero estuvo reunido en la Casa Rosada el 12 de noviembre de 2019, el mismo día en que los gendarmes partieron hacia Bolivia. Mientras estaba en Casa de Gobierno, la Gendarmería tramitó la autorización para sacar las 70.000 balas que terminaron en poder de la FAB y de la policía boliviana.

En el expediente que se sustancia en la órbita del Ministerio de Seguridad, los apuntados con claridad son los cuatro funcionarios a quienes Frederic puso en disponibilidad hasta en tanto se determine qué rol jugaron en la salida y la entrega de los proyectiles: Fabián Salas (el jefe del Grupo Alacrán que justificó la salida de las 70.000 balas), Rubén Yavorski (que tramitó la autorización para sacar el material represivo), Carlos Miguel Recalde (que informó que las 70.000 balas se habían usado en entrenamientos) y Adolfo Caliba (el agregado de Gendarmería en La Paz, señalado por el gobierno boliviano como quien gestionó la entrega de las municiones a la policía local).

Más allá del plano administrativo, las expectativas están puestas en la causa penal. Después de la ampliación de la denuncia, el fiscal Claudio Navas Rial deberá decidir si también imputa al exjefe de Gabinete Marcos Peña, al excanciller Jorge Faurie y al exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. De hacerlo, se sumarían a la lista que encabezan Macri, Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exembajador Normando Álvarez García.

Por: Carlos A Villalba

 

Gobiernos consustanciados con los intereses de sus pueblos colorearon el mapa latinoamericano de los primeros lustros del Siglo XXI con acciones de integración regional, discusión financiera sin sujeción a los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), desendeudamiento externo y negociaciones multilaterales compartidas en diferentes frentes.

Recuerdos de un porvenir

Durante la segunda década de la centuria comenzó el reflujo de esa situación, empujado por mecanismos destituyentes, uso partidario de jueces, construcción de relatos falsarios sobre las dirigencias populares y por el primer triunfo electoral de un candidato neoliberal en la Argentina.

Esos vientos antinacionales tuvieron su máxima expresión en el golpe de Estado sin eufemismos contra Evo Morales en Bolivia,después de un largo proceso de desestabilización que culminara el domingo 10 de noviembre de 2019, con un emplazamiento policíaco-castrense.

Ese pico anticonstitucional constituyó un techo para la etapa: solo once meses después (el 18 de octubre de 2020) el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus aliados políticos, sociales y gremiales ganaron las elecciones  y condujeron a Luis Alberto Arce Catacora a la Presidencia de la Nación.

En diciembre de 2018 Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sus propuestas nacionalistas ya se habían instalado en Palacio Nacional de México y un año después Alberto Fernández, con el manual peronista de producción, consumo y redistribución de la renta, llegaría a la Presidencia de su país.

En junio de 2021 el maestro rural Pedro Castillo le ganó las elecciones a la  representante de una de las propuestas más liberales de la región y se convirtió en Presidente de la República del Perú. Tras atravesar los intentos obstruccionistas de Keiko Fujimori Higuch y sus socios, el 28 de julio pasado, al cumplirse el bicentenario de la Independencia de su país, el nuevo líder planteó sus planes redistribucionistas, independientes de los intereses extranjeros, con creación de empleo, sostén de los sectores más afectados por la desigualdad y el covid-19 y con la “rentabilidad social” como condición para dinamizar la economía local y nacional.

Prometió la creación de un sistema de salud “universal, unificado gratuito, descentralizado y participativo”, reducción del hambre y la desnutrición “a cero”, control de los dividendos de las empresas extranjeras, minería con respeto ambiental y defensa de las culturas ancestrales, la multiculturalidad y de los derechos de las mujeres.

El espionaje estadounidense y los expertos en política internacional de ese país ven con preocupación que, a ese panorama, se suman las simpatías que despierta en Honduras la candidatura de Xiomara Castro (esposa del derrocado Manuel Zelaya) con vistas a las elecciones del próximo mes de noviembre con un programa que define como «feminista, antipatriarcal, revolucionario e incluyente”. Especulan, además,  con la posibilidad del regreso al gobierno de Brasil de Lula da Silva y ven con suma preocupación el futuro electoral de Colombia.

La llegada a Lima de gran cantidad de mandatarios y cancilleres, con motivo de la asunción de Castillo, fue propicia para avanzar en un tema central para acompañar la nueva correlación de fuerzas en desarrollo en la región: el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),creada en febrero de 2010 bajo el impulso del entonces presidente de Brasil Lula Da Silva, decidido a generar un espacio latinoamericano y caribeño libre del peso determinante de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Canadá, su acompañante mecánico.

La contracorriente liberal había dañado a esa Comunidad, como a todos los organismos subregionales. El nuevo flujo vuelve a ponerla en el mapa y Argentina, en consenso con México, se postula para presidirla a partir del año próximo con la intención, según fuentes de su Cancillería, de “cambiar el paradigma disruptivo actual, impuesto por Estados Unidos en la OEA de (el ex canciller uruguayo Luis) Almagro” y compartir la diplomacia de AMLO opuesta a “las imposiciones, las injerencias, los bloqueos» y decidida a «aplicar los principios de no intervención, autodeterminación y solución pacífica de las controversias».

La propuesta cuenta ya con el apoyo de un abanico de países que incluye, por ejemplo, a Cuba, Venezuela, Bolivia, Perú, México, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, El Salvador, Belice o Surinam.

Recuerdos pretéritos

El 10 de diciembre de 2015 desembarcó en la Casa Rosada argentina el gerente general de una de las principales corporaciones económicas del país (Sociedad Macri SA – SOCMA): el ingeniero civil Mauricio Macri, interesado en transformarse en referente regional del neoliberalismo y los intereses estadounidenses y de constituirse en gendarme subregional al servicio de Washington, el Comando Sur y la propia CIA.

Acaba de descubrirse, con abundante respaldo físico y documental, el envío ilegal de pertrechos al régimen cívico militar golpista que derrocó a Evo Morales, encabezado por la hoy detenida JeanineÁñez Chávez, el día exacto en que se perpetraba ese golpe y pocas jornadas antes de las masacres de Sacaba y Senkata, con decenas de muertos y centenares de heridos.

Fue el zarpazo postrero de una administración que estaba a las puertas de su retirada; veinte días después se retiraba, aplastada por los votos de la coalición construida por la dupla presidencial Alberto Fernández – Cristina Kirchner, con apoyo del conjunto de los sectores peronistas, las centrales sindicales y de los movimientos populares.

Los cambios producidos tras la derrota electoral del peronismo en 2015, representado por Daniel Scioli; en 2016 en Brasil con la destitución ilegal de la presidenta Dilma Rousseff, y la proscripción judicial irregular de Lula da Silva en 2018, que terminaría entronizando a Jair Bolsonaro, debilitaron el andamiaje institucional de la región, construido a partir de la derrota, el 5 de noviembre de 2005 en la ciudad de Mar del Plata, del “Área de Libre Comercio de las Américas” (ALCA), solo beneficiosa para los intereses de las corporaciones impulsada por el estadounidense George W. Bush.

Aquel día, unieron voluntades el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa, el brasileño Lula da Silva, el argentino Néstor Kirchner, el paraguayo Nicanor Duarte Frutos, el uruguayo Tabaré Vázquez y el venezolano Hugo Chávez que, abrazado a Diego Armando Maradona, transformó en grito de victoria su “¡ALCA, ALCA… al carajo!”

Con matices, las máximas autoridades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, coincidieron en diferentes momentos en temas centrales para el desarrollo integral de la región e impulsaron instancias de coordinación como Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), la mencionada CELAC, el Parlasur (Parlamento del Mercosur) y un Mercosur ampliado[1].

La importancia geopolítica de la región, el mercado que implica la suma de sus poblaciones y necesidades y, muy especialmente, sus riquísimos y variados bienes comunes físicos(considerados como “recursos extraíbles” por las trasnacionales) condujeron a Estados Unidos -potencia hemisférica excluyente-  a desarrollar planes políticos, militares, comunicacionales y económico y financieros que evitaran la consolidación de ese camino de decisiones autónomas.

Desestabilización y campañas destituyentes; golpes, “blandos” o desembozados; sobornos; manipulación de un organismo multilateral como la OEA; encubrimiento de operaciones invasivas tras la pantalla de falsas acciones de “asistencia humanitaria”…, todas las herramientas se jugaron sobre una Suramérica,asfixiada, además, por deudas externas impagables y sus consecuentes “planes de ahorcamiento” impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con sus sonrientes 55 años y sus bombardeos e invasiones a países como Siria, Afganistán, Pakistán, Yemen, Somalia, Libia o Irak perpetrados desde su asunción, Barack Hussein Obama II otorgó en marzo de 2016 su bendición al presidente Mauricio Macri, a quien definió como alguien que “reconoce que nos encontramos en una nueva era y que debemos mirar para adelante», interesado en “permitir que personas increíblemente talentosas, con maravillosos recursos naturales, prosperen de un modo que no ha ocurrido por mucho tiempo”, a diferencia de los doce años de kirchnerismo, que “debilitaron” al país “por no haberse adaptado a la economía mundial tan eficazmente como hubiera podido”.

Las pocas horas que permaneció en Buenos Aires alcanzaron para simbolizar su apoyo a un gobierno decidido a destruir todo lo construido en el país después del estallido del 2001 y dispuesto a que lo usaran de ariete contra sus vecinos “díscolos”.

El gobierno de Donald Trump dio continuidad a esos esfuerzos destinados a potenciar al nuevo vocero local de las directrices de Washington.  Macri no dudó en acompañar sus concepciones del mundo, erróneas y racistas, y en aplaudir el nuevo menú instalado en el tablero mundial, con el plato principal de una “guerra inevitable” contra China y Rusia concebidos como “enemigos estratégicos”, y con Latinoamérica y el Caribe, para ellos un “patio trasero” manejable a su antojo, como postre del festín.

Sentado en el sillón principal de la casa de Gobierno argentina, el gerente de SOCMA se convirtió en pieza clave del escenario imaginado por EE UU, al constituirse en enemigo automático y sin consideraciones constitucionales, de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando el desmanejo económico de Macri produjo una crisis de desocupación, pobreza y hambre y se vislumbró el posible regreso del peronismo al Gobierno, Trump no dudó en financiar las consecuencias del dislate, violó los estatutos del FMI y forzó un crédito tan “récord” como imposible de pagar de 57.000 millones de dólares, contra la opinión de Europa y de la gerencia del propio organismo de crédito. El socio del Sur igual perdió las elecciones.

Antes, redobló su militancia contra el gobierno del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y puso a trabajar a una de las diplomacias más sofisticadas y profesionales del continente en la OEA, el “Grupo de Lima”, y en cuanto foro pudieron. Durante sus cuatro años se sumó a la estrategia desestabilizadora que, desde 2016, intenta instalar la imagen de una “crisis humanitaria” en el país[2].

El reemplazo del hombre del pelo de paja por el demócrata Joseph Robinette Biden Jr en enero de 2021 no alteró el paradigma que incluye la persecución de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela y su supuesto “derecho” a “limitar la influencia dañina de los actores extrahemisféricos”, como Rusia y China, que establecieron relaciones políticas, diplomáticas, comerciales, de inversión y, ahora, sanitarias, con países de la región gobernados por administraciones no alineadas o necesitadas de determinados recursos.

Guión pasado, guión futuro

En su esfuerzo por convertirse en un gendarme subregional de Washington,  Macri siguió el libreto redactado por los tres aparatos estadounidenses que marcan la línea a imponer en la región: el Departamento de Estado, la Comunidad de Inteligencia y el Comando Sur de su Ejército. A cambio, recibió 44.000 millones de dólares (sobre un total acordado de 57.000) para tratar de salvar a su gobierno.

Fracasó en toda la línea. Su acto final de gendarme frustrado, con apoyo bélico a un régimen que acababa de derrocar al gobierno constitucional boliviano, intentó ser la puntada definitiva de un camino que tuvo el antecedente inmediato de los dislates realizados en la relación con Venezuela.

Ese ensañamiento incluyó el “reconocimiento” de Juan Guaidó como “Presidente” de esa nación contra la opinión de la propia Cancillería, cuyos cuadros manifestaron al entonces ministro Jorge Faurie que la decisión constituiría “una intervención ilegal en los asuntos internos de ese Estado”, de acuerdo al Derecho Internacional; también acompañó el despliegue militar estadounidense en la frontera bolivariana con Colombia, bajo el pretexto de acciones supuestamente “humanitarias” que, en realidad violaban los principios internacionales que impiden “tomar partido en las hostilidades y en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico”.

Tras de la retórica “libertaria”, asoma el interés de los grupos económicos para los que operan las autoridades estadounidenses por las reservas probadas de petróleo que, según los informes de la CIA -y no de las autoridades locales-permitirían abastecer el total del consumo mundial durante nueve años y dos meses.

A semejante tesoro deben sumarse las reservas de oro (segundas en el mundo) y, muy especialmente, las de coltán, mineral a partir del cual se produce el tantalio, usado en la elaboración de condensadores electrolíticos, presentes en la mayoría de los dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, computadoras, pantallas de plasma o cámaras digitales y en proyectos de alta tecnología para satélites artificiales y reactores nucleares.

Con la misma lógica, Macri volvió a jugar fuerte en el marco de la “Guerra por el Litio” impulsada por las corporaciones dedicadas a la fabricación de aplicaciones industriales (en especial baterías para automóviles eléctricos), electrónicas, nucleares o aeroespaciales, sobre las que Estados Unidos trata por todos los medios de impedir que China avance.

El escenario elegido fue el boliviano, en el que se aloja más del 25% de los 80 millones de toneladas de reservas mundiales del “oro blanco” identificadas hasta el año 2020, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (US Geological Survey, USGS).

La CIA y sus pantallas “filantrópicas” multiplicaron el reclutamiento de espías a partir de la llegada de Evo Morales al Palacio Quemado de La Paz. Uno de ellos fue Williams Kaliman Romero, un militar formado en los cursos de comando dictados por la ex “Escuela de las Américas”del Ejército de los Estados Unidos, cooptado muchos años antes de convertirse en Comandante de las Fuerzas Armadas de su país, función desde la que pidió la renuncia del mandatario constitucional.

Los responsables locales de “la Compañía”, Rolf Olson y Annette Dorothy Blakeslee, incluyeron al responsable de la Agencia de Inteligencia Argentina (AFI) en Bolivia, José Sánchez, en su dispositivo de desestabilización. El agente macrista operó como “enlace” con los servicios secretos de otros países de la región involucrados en el golpe de Estado y distribuyó fondos aportados por Washington entre grupos opositores de la capital del altiplano y de Santa Cruz de la Sierra.

Distintos portales dedicados a la “filtración” de información “reservada” afirmaron que durante el mes de septiembre de 2019, bajo cobertura turística, de negocios o de  organizaciones no gubernamentales, entró al país un grupo importante de agentes encubiertos pertenecientes a las Tropas de Operaciones Especiales del Comando Sur.

La versión coincide con el flujo de camiones militares desplazados desde la provincia argentina de Jujuy y Santa Cruz de la Sierra, en el marco de supuesta colaboración en el combate a los incendios registrados en la zona en agosto de 2019; se investiga si el convoy sirvió para introducir oficiales estadounidenses y pertrechos de ese origen destinados a los golpistas.

Una vez producido el derrocamiento, el canciller Faurie presionó a las autoridades peruanas para que no permitieran el reaprovisionamiento de la aeronave que trasladaba a Evo Morales tras las gestiones del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y del mandatario mexicano Manuel López Obrador, quien envió el avión salvador que, al decir de su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, realizó «Un viaje por la política latinoamericana», para rescatar con vida al dirigente popular derrocado.

Los pliegos de Washington

Durante los últimos meses de la gestión Trump y los primeros de la administración Biden, Alberto Fernández recibió distintas visitas de las más altas jerarquías del Comando Sur, el Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En todas ellas los hombres y las mujeres del Presidente escucharon los mismos señalamientos que, en definitiva, constituyeron mandatos para Macri y son reclamos hacia su sucesor:

· Rusia y China son enemigos para la región y los acuerdos alcanzados entre el gobierno nacional y esos países constituyen “una amenaza” para Washington.

· Pekín usa la vacuna anticovid para fortalecer su presencia continental.

· Con su “Nueva Ruta de la Seda” busca generar condiciones económicas favorables para sus empresas estatales. Hay que impedir su provisión de 5G y bloquear cualquier acuerdo con Huawei, segundo fabricante de teléfonos inteligentes del mundo.

· Moscú, particularmente en Argentina, hizo otro tanto con su “Sputnik” que, a la postre, terminó ponderada como la mejor antídoto contra el virus en el mercado mundial.

· Involucrar activamente a corporaciones estadounidenses en el proceso de extracción del litio, fundamental para la transición energética global, después que el sucesor de Trump abandonase su negacionismo del Cambio Climático.

· Cuba, Venezuela y Cuba conforman un triángulo antidemocrático.

· La Base Naval Integrada y Polo Logístico Antártico a desarrollarse en Ushuaia para enlazar las bases antárticas argentinas son proyectos en los que interesa “invertir” y dejar de lado cualquier financiamiento chino.

· El proceso licitatorio de la estratégica hidrovía Paraguay-Paraná es otro foco de atracción, con idéntica intención de desplazar a Beijing.

· Situaciones de “inestabilidad”como las expresadas en países como Chile, Ecuador, Perú, Colombia, antes y durante la pandemia, la crisis permanente del gobierno de Brasil y la situación venezolana deben ser analizadas “día a día”.

· El modelo “no confrontativo” de la actual gestión nacional es observado con interés por Biden.

· Fortalecer a la OEA contra estructuras regionales como CELAC y UNASUR, cuya consolidación (pretendida por el eje AMLO-Fernández) debilitaría al organismo presidido por Almagro bajo la batuta de EEUU.

Mauricio Macri, intentó desarrollar cada uno de esos puntos; junto con sus principales colaboradores, desde su Jefe de Gabinete, Marcos Peña, hasta los ministros de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa, Jorge Faurie, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, terminó atrapado en la investigación por la colaboración con los golpistas bolivianos hoy entre rejas.

 Aunque la visión de Estados Unidos y el complejo mediático, tecnológico, militar e industrial que la diseña sigue siendo la misma, la perspectiva que ofrecen la llegada de gobiernos de nuevo cuño a la región, la expectativa de que otras administraciones acompañen posiciones autónomas e, incluso, la agenda de problemas que se visualizan desde Washington, le quitan oxígeno a quienes intenten ponerse el traje de gendarme frustrado que quedó vacante.

Carlos A Villalba. Periodista argentino. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (http://estrategia.la/). Miembro de La Usina del Pensamiento Nacional y Popular (http://www.usinadelpensamientonacional.com.ar)

Por: Luciana Bertoia y Felipe Yapur

 

La Gendarmería, una de las cuatro fuerzas federales que la ministra Sabina Frederic conduce, está en el centro de la investigación por el envío de material represivo para apoyar el golpe en Bolivia que se produjo en el último mes de gobierno de Mauricio Macri. La fuerza realiza un sumario interno que el expresidente busca bloquear en la justicia, consciente de que puede complicar aún más su situación judicial. Frederic sostiene que la fuerza tiene responsabilidad por el desvío de las municiones, aunque reclama que se mire hacia arriba, hacia la conducción política de entonces. “Hay responsables, pero no fueron los únicos”, dice en una entrevista con Página/12. La ministra, una antropóloga social que dedicó largos años a estudiar esa fuerza en particular, no ahorra críticas a su antecesora, Patricia Bullrich, a quien acusa de haber llevado a la Gendarmería a actuar al margen de la ley. “Tiró a la Gendarmería por la ventana”, responde Frederic.

–-¿Por qué piensa que Macri quiere frenar el sumario interno que se lleva adelante en la Gendarmería?

 –Me parece que quiere frenarlo por lo que el abogado (Pablo) Lanusse dice: que ellos pierden el control de lo que ahí surge como evidencia y eventualmente como prueba. Ya está comprobado administrativamente que las municiones salieron de la Gendarmería. Está comprobado también de forma administrativa que hay un oficial de Gendarmería que de alguna manera lava el hecho de que las municiones hayan quedado en Bolivia y no hayan vuelto. Entonces me parece que ellos entienden que la información más importante sobre la cuestión saldría de ese sumario administrativo.

–Ya se sabe que los gendarmes dijeron que no usaron las balas antitumulto, ¿qué más declararon?

–Éste es un sumario que está llevando adelante la Gendarmería. Lo que nosotros sí tenemos como información, más allá del sumario, es que esas municiones no iban a proteger a la embajada y a la residencia. Esa fue la excusa que se usó para mandarlas a Bolivia. Los alacranes que viajaron en el vuelo del Hércules manifiestan haber visto los pallets con las municiones, como las deben haber visto los tripulantes de la Fuerza Aérea que estaban en el vuelo. Esas municiones no fueron a la embajada ni a la residencia junto con los alacranes. Ellos viajan con este armamento y con las municiones. Se dividen en dos grupos de 5 y 6 respectivamente. Uno va a la embajada y otro grupo a la residencia del embajador, y vuelven con todo.

–¿O sea que vuelve todo menos las 70.000 municiones antitumulto?

–Vuelve todo menos lo que sale como complemento: 70.000 cartuchos 12/70, 100 spray de gas pimienta, 61 granadas CN, 200 granadas CS y 400 granadas HC. Los spray junto con las municiones tienen egreso porque están en una nota proforma de la Gendarmería, pero las 61 granadas CN, 200 granadas CS y 400 granadas HC tienen una anotación que dice “no embarcado”. Ahí hay una cuestión que está siendo analizada en el sumario de la Aduana porque no está muy claro finalmente qué es lo que embarcaron y qué no. De todo eso vuelven 160 granadas CS y 360 granadas HC. Es probable que una parte de eso sea lo que agradece el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge) Terceros Lara al embajador argentino.

–¿Los gendarmes siempre supieron que ese material no iba a la embajada?

–Lo que tenemos como información actual –tampoco es información definitiva, porque el sumario no terminó y tiene por lo menos un mes y medio más para que termine– es que con ellos a la embajada y a la residencia no fueron las 70.000 municiones ni iban a ir. No iban a ir con ellos porque es una cantidad que no hubieran podido usar tampoco.

–¿Cuál es la situación de los cuatro gendarmes que están en disponibilidad?

–Hasta que no termine el sumario no se define cuál es la sanción disciplinaria que les corresponde. Cuando pasan a disponibilidad, se quedan sin cargo y sin función y pasan a cobrar aproximadamente el 50 por ciento del salario y se quedan en su casa, hasta que termina el proceso sumarial. El sumario no es únicamente para las cuatro personas que están en disponibilidad, sino que también incluye a otras que podrían estar involucradas.

–¿Cuál es el universo de personas involucradas?

–Involucradas no quiere decir que sean responsables de esta irregularidad, pero hay un oficial que es despachante de aduana, el jefe del primer contingente de alacranes, un oficial de finanzas. Hay un conjunto de personas que no estoy nombrando. De todas maneras yo quiero decirles esto: La denuncia es clara. No fue solo la Gendarmería. Lo escuchaba a (Raúl) Zaffaroni el otro día que decía que es el hilo más delgado. Pero hay otros involucrados o que serían responsables.

–¿Por ejemplo quiénes? ¿Fuerza Aérea?

–Fuerza Aérea, agregados. Hay que ver cómo fue la relación entre la Fuerza Aérea Boliviana y la embajada. ¿A través de quién fue? Cuando digo involucrados, quiero decir que fueron parte, pueden ser testigos, no necesariamente responsables directos, pero que han sido parte de esta operatoria que fue muy compleja. Hizo falta un vuelo del Hércules; en el manifiesto de carga del vuelo no constan las 70.000 municiones antitumulto.

–¿Y los agregados?

–Los agregados son asesores del embajador que tienen la función de articular con, respectivamente, la policía de cada país y las fuerzas armadas de cada país. Esas funciones están bien discriminadas No tienen autonomía del embajador ni de su propia institución.

–¿Entonces se puede entender que el agregado de la Gendarmería Adolfo Caliba que se reunió con la Policía de Bolivia no lo hizo por iniciativa personal sino que respondía a una orden?

–Sí, o era un requerimiento que venía de la Argentina.

–¿Si Caliba no tenía autonomía, como tampoco tenía el excomandante de la Gendarmería Gerardo Otero, la responsabilidad recaía en la que era la cabeza del Ministerio?

–Eso es lo que nosotros denunciamos para que la Justicia investigue. La verdad que sería muy extraño que la Gendarmería tuviera una relación directa –sin mediación– con la Policía de Bolivia o con el embajador de Argentina en Bolivia. Si eso fue así, las autoridades políticas también tienen que dar explicaciones porque muestra un nivel de pérdida de la conducción política muy grande. Acá hay muchas áreas del Estado intervinieron para poder sacar esas 70.000 municiones de la forma que salieron del país sin la intervención del Congreso.

–-¿Le preocupa que la investigación penal quede encapsulada en los gendarmes y no se avance en las responsabilidades políticas?

–Yo creo que la información que va saliendo del sumario administrativo es bastante contundente. Hay que ver cómo responde la autoridad de Gendarmería de ese momento, Otero. Hay que ver si forma parte de la estrategia judicial de las autoridades políticas, por ahora parece que no, y qué hace el resto de los gendarmes. Depende mucho de ese juego, que parece que Macri afortunadamente no está pudiendo controlar. Tampoco lo pueden controlar las autoridades políticas del momento porque no los han cuidado. Los han hecho hacer cosas aparentemente por fuera de los procedimientos y de la ley.

–Usted menciona el uso de la Gendarmería por parte de la gestión Cambiemos, pero la fuerza también estuvo muy asociada al caso de Santiago Maldonado o al peritaje por la muerte de Alberto Nisman. ¿Qué Gendarmería encontró después de la gestión Bullrich?

–Yo tenía conocimiento de la Gendarmería antes de llegar a ser ministra, y bastante profundo. Con el caso Maldonado hubo un uso de la Gendarmería por fuera de su doctrina, por fuera de su capacidad profesional, más allá de lo legal. Hubo una manipulación de una institución estatal. Por eso cuando Bullrich dice “no voy a tirar un gendarme por la ventana”, yo digo que tiró a la Gendarmería por la ventana. La fuerza termina siendo un chivo expiatorio de decisiones que se toman en otro lado, de las que no se hacen cargo aquellos que las tomaron. Es importante también, en esta situación, balancear. Sí, claramente, en la Gendarmería hay responsables, pero no han sido los únicos. La decisión tiene que haber venido de otro lado. Eso no los exime a los gendarmes, pero no cortemos el hilo por lo más delgado. Miremos para arriba y para el costado también.

–¿Qué cree que llevó al gobierno de Macri, a un mes de terminar su gestión, a involucrarse en un hecho tan serio como es un golpe de Estado?

–La verdad es que no estoy en la conciencia de esa gente ni creo que podría. Lo que está claro que hay una convicción ideológica y política, porque el expresidente Macri fue de los primeros que respaldó ese golpe de Estado y la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia. No sé si para ellos era un golpe de Estado, eso lo decimos nosotros y hay muchos elementos jurídicos que demuestran que así lo fue.

–Se conoció que la Policía de Chubut entrena con cánticos contra piqueteros, formación que desde su Ministerio describieron como una práctica difusora del terror. El ministro de Seguridad provincial, Federico Massoni, salió a responder sus críticas…

–Yo diría que salió a defender la instrucción de su policía, que consiste en cantar en contra de los piqueteros. Es más, mandó al jefe de Policía de Chubut a hablar en nombre de esa instrucción, cosa que también me parece un acto de cobardía de Massoni que no defiende a viva voz lo que la policía que él conduce hace.

–Al defender la formación de la policía de Chubut, ¿Massoni está defendiendo la criminalización de la protesta social?

–Sí y la construcción de un enemigo para la policía que es el piquetero que es una entidad que no dice nada. En la patagonia hubo trabajadores mineros o de la salud, manifestantes ecologistas que cortaron la ruta. Entonces, qué es un piquetero. Es una forma de banalización de los reclamos. Bueno, él está en campaña.

–Por sus dichos Massoni está más cerca de lo que promueve Patricia Bullrich.

–Sí. A mi me parece que hay un empobrecimiento del debate sobre la seguridad porque no está claro cuál es el sentido de la instrucción de esa policía. Es todo un espectáculo o una manera de destacar un abordaje más bien efectista que no va al fondo del problema.

–¿Hay posibilidad de que se haga cargo de Defensa?

–Eso es algo que decidirá el Presidente.

El caso Chano Charpentier

–A partir de la situación que vive el cantante Chano se reavivó el debate por el uso de las pistolas Taser. ¿Cuál es su opinión?

–El debate que hay que dar es el de la salud mental en la Argentina, ese es el problema grave que hay y que se expresa con la situación de Chano, que es un adicto y un enfermo psiquiátrico. Creo que lo más importante es la discusión sobre los grises en la ley de Salud Mental. Nosotros tenemos información de la ausencia de servicios psiquiátricos en las guardias de los hospitales públicos y la ausencia de la reglamentación de la ley que, de alguna manera, eso garantiza la inacción de las prepagas. Pero además me parece que la policía no puede hacer lo que no puede hacer un psiquiatra porque la policía solo puede responder de la peor forma. Entonces, nos parece que la salida, que ya venimos trabajando el Ministerio de Salud, es la formación de unidades especializadas análogas a las que abordan la violencia de género para la atención de situaciones de salud mental pero que esté si o sí articulada con un servicio hospitalario de guardia psiquiátrica. La policía sólo actúa cuando hay un grupo de especialistas que sabe cómo tratar a alguien que padece un brote psicótico. También es bueno recordar que la Ciudad de Buenos Aires tenía un SAME Psiquiátrico que no existe más porque hubo un desmantelamiento de la salud mental.

–-Pero el debate está teñido por el uso o no de las pistolas Taser.

–La entonces ministra Bullrich pidió autorización en noviembre de 2019 y ella fue ministra de Seguridad sin Taser así que no sé de qué habla. Nosotros analizamos la experiencia internacional y su regulación y entre las cosas que encontramos es que no son aconsejables para situaciones como las de Chano. Ahora bien, cualquier provincia puede comprarlas, pero si la quieren usar con enfermos psiquiátricos les aviso que la experiencia internacional dice que no son aconsejables.

Fuentes: Red Eco Alternativo

 

 

El proyecto minero Tres Quebradas, de la multinacional canadiense Neo Lithium, avanza sin respetar las leyes ambientales ni los derechos de los pueblos indígenas.
Un informe de la organización Be.Pe alerta sobre los riesgos de agotamiento y contaminación de acuíferos. La Asociación Campesinos Del Abaucan (Acampa) denuncia la avanzada extractiva sobre la producción agropecuaria y el avasallamiento de la cultura local. Las promesas de trabajo, el rol de los gobiernos y una publicitada «transición energética» que arrasa territorios. Por Nahuel Lag-Agencia Tierra Viva.

“En el bolsón de Fiambalá tenemos turismo, una alimentación sana, trabajamos la agroecología. Nuestro mayor temor es la contaminación del agua, el riesgo de perder nuestra producción, la fauna y la flora local. Vimos cómo afecta la minería de litio el ambiente y las poblaciones de zonas desérticas”, relata Johana Villagrán vecina de Fiambalá, Catamarca, e integrante de la Asociación Civil Campesinos Del Abaucan (Acampa). A pocos kilómetros, a más de 4000 metros de altura en la Cordillera de Los Andes, se encuentra el salar de Tres Quebradas, que integra el sistema de Lagunas Altoandinas y Puneñas, protegido desde 2009 por el Convenio Ramsar para la conservación internacional de humedales, un sistema que sostiene el delicado ecosistema y la producción local, que se ve amenazado por la minería del litio.

En 2016, se instaló en Tres Quebradas la empresa Liex S.A., subsidiaria de la corporación canadiense Neo Lithium, para iniciar su proyecto de exploración de litio. El mineral es una de las estrellas de la política económica extractiva impulsada por el gobierno nacional, que bajo la bandera de la “sustentabilidad” y la transición a “energías verdes” busca atraer inversiones para la producción de carbono de litio, cloruro de litio e hidróxido de litio, materia prima para la elaboración de baterías de la prometida revolución de los autos eléctricos. Sin embargo, la transición tecnológica no modifica los impactos ambientales extractivos de las materias primas con las que se abastecen: controles ambientales laxos a cargo de las empresas, falta de consulta a las comunidades locales, escasos puestos de trabajo y recaudación del Estado solo a través de regalías bajas.

“La extracción y comercialización de los bienes comunes, en especial de los minerales, por parte de empresas ajenas a las realidad territoriales y culturales de los contextos donde establecen sus enclaves, implican la ocurrencia de numerosas vulneraciones de derechos”, sostiene el informe Minería Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca Caso: Liex S.A de la asociación catamarqueña Bienaventurados los Pobres (Be.Pe), como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea, que analizó la aplicación de los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas aprobados en la ONU en 2011.

El proyecto Tres Quebradas está ubicado dentro de lo que se conoce como el “Triángulo del litio”, una zona geográfica de zonas desérticas y salares que ocupa Argentina, Chile y Bolivia, y donde se considera que se encuentran la mayor reserva de este mineral a nivel global. “El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero”, aseguró el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias de marzo pasado y anunció que impulsará incentivos económicos —beneficios impositivos— para las empresas que vengan al país a invertir en movilidad “sustentable” para la producción de este tipo de vehículos, y su cadena de valor.

El informe de Be.Pe subraya que las políticas dispuestas por los Estados que integran el “Triángulo del litio” evidencian una marcada propiedad de capitales extranjeros debido a un andamiaje legal que establece limitaciones para la exploración, extracción y comercialización de minerales en manos de los Estados. “El litio se extrae sin ninguna rentabilidad para el Estado y la única ganancia deriva de los escasos impuestos que pagan las compañías por desarrollar sus actividades en el país”, sostiene el informe.

El documento enumera otra serie de garantías que los Estados le ofrecen a las empresas extractivas como exenciones tributarias, derechos laborales y otro tipo de acciones como “disposición de fuerzas de orden público e imposición de imaginarios de desarrollo sustentados en el extractivismo”, como se evidenció en los últimos meses con los casos de la vecina Andalgalá y Chubut.

¿Y las comunidad de Fiambalá? “La falta de consulta fue una vulneración directa al derecho de consulta previa e informada”, sentencia Natalia Sentinelli, antropóloga y parte del equipo de investigación del informe de Be.Pe. También destacó una abierta vulneración a la Ley General de Ambiente (25.675) y su “principio precautorio”, que significó la aprobación del proyecto de exploración Tres Quebradas por parte del gobierno de Catamarca sin los estudios de impacto ambiental completos. La falta de consulta e información previa se agrava con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. Por eso, el informe sostiene que la exploración iniciada hace cinco años debería detenerse.

“Nos tomó por sorpresa saber que la empresa estaba instalada en Fiambalá y ‘tenían la licencia social’, porque no supimos en qué momento la tuvieron. Nunca se realizó una asamblea en la que se convoque al pueblo para decidir qué hacer. Cuando la empresa se presentó en Fiambalá siempre fue acompañada por el Estado, respaldando a la minera. Y cuando pedimos información al Concejo Deliberante y al Municipio jamás obtuvimos respuestas”, describe a Tierra Viva, la integrante de la organización campesina Acampa. Catamarca no cuenta con oficinas de la Defensoría del Pueblo, los canales de recepción de quejas y de solicitud de información acerca del accionar de las empresas mineras dependen del Ministerio de Minería.

¿Energía limpia? Impacto ambiental local, nacional y global del proyecto Tres Quebradas

La corporación transnacional Neo Lithium —conformada en Canadá luego de que Liex S.A adquiriera los permisos de exploración en Catamarca y sin experiencia previa en el sector minero— instaló 30 pozos de exploración de extracción de salmueras de litio sobre el salar Tres Quebradas, que tiene una extensión de 30.000 hectáreas sobre la cordillera. El estudio de impacto ambiental exploratorio fue aprobado por el gobierno de Catamarca sin contar con un estudio hidrogeomorfológico, que calculara la capacidad de recarga del acuífero, para una actividad que precisa extraer dos millones de litros de aguas subterráneas por cada tonelada final de litio.

“La normativa minera de Catamarca prevé que los estudios de impacto ambiental los realice la propia empresa extractiva y el Estado funciona sólo como un organismos de contralor. Ese organismo de control es la Dirección de Gestión Ambiental Minera, que depende del Ministerio de Minería, que impulsa la actividad”, advierte la investigadora de la asociación catamarqueña Be.Pe y resalta que, hasta la actualidad, Liex S.A continúa operando sin conocer la capacidad de recarga del sistema lagunar, o sea, cuántas precipitaciones son necesarias para que la laguna no se seque si se mantiene un ritmo de extracción de millones de litros de salmuera de las aguas subterráneas.

“El Estado Nacional no ha realizado ninguna investigación ni se ha pronunciado sobre la irregularidad cometida por el gobierno de Catamarca al no tener reglamentado el sitio Ramsar de Lagunas Altoandinas y permitir la exploración”, agrega el informe sobre otra de las irregularidades que carga el proyecto de Liex S.A respecto del impacto ecosistémico que podría generarse no sólo en Fiambalá sino a nivel global. La Argentina está adherida al convenio Ramsar desde 1992. El lugar marginal que tiene la protección de los humedales en favor de la minería en la política nacional quedó fundamentada por el Consejo Federal de Minería.

¿Cómo se produciría el impacto por el desequilibrio generado por la extracción de litio? El sistema de Lagunas Altoandinas se formó sobre la Cordillera de los Andes durante miles de años. En el sistema, las corrientes de deshielo de los glaciares alimentan las lagunas, pero también se infiltra en los suelos arenosos cordilleranos y forma un complejo de aguas subterráneas dulces y saladas. Si las lagunas bajan su nivel freático el ritmo del deshielo de los glaciares se incrementa, mientras que la reducción de estos cuerpos de agua genera un primer impacto global: la capacidad de regulación de la temperatura mundial, por le pérdida de retención de dióxido de carbono.

A nivel local, los acuíferos son la fuente del frágil sistema de flora y fauna del ecosistema desértico cordillerano y alimentan los ríos que abastecen a las comunidades y sus tierras productivas. Además, el sistema de extracción por bombeo de las aguas subterráneas utilizado por la industria del litio puede generar una mezcla entre las capas dulces y saladas, alterando la calidad del agua e incrementando la salinidad de los suelos. El riesgo de contaminación también está presente por los procesos químicos que se utilizan para separar los minerales en el proceso de secado —en grandes piletones a cielo abierto— del agua subterránea extraída.

“La calidad del agua tras los procesos extractivos de litio no se analizó lo suficiente, casos en el norte de Chile y Asia reportan contaminación de sistemas lagunares por litio y por los químicos utilizados en su procesamiento e incluso intoxicación de personas por litio”, apunta el informe de Be.Pe.

Sentinelli agrega que la irregularidad de la falta de controles estatales por el impacto ambiental de un sitio Ramsar se suma otras inexactitudes en los informes presentados por Liex: “No hay un consenso de la profundidad en el que trabajan los pozos. Hablan de hasta 100 metros de profundidad, pero llegan hasta profundidades de 250 metros, atravesando muchas capas de agua salada y posiblemente agua dulce. Mientras más abajo llegan, más concentración de litio tienen las salmueras”. «Si estamos hablando de ‘sustentabilidad’, la extracción de litio es un factor más que suma al cambio climático”, sentencia la investigadora de Be.Pe.

¿Qué desarrollo local trae el litio en Catamarca?

Días después de impulsar el litio en su discurso en el Congreso y llamar a realizar un nuevo Acuerdo Minero Nacional, el Presidente se reunió con directivos de la china Jiankang Automobile Co, que tienen como principal actividad la fabricación de baterías de litio. Poco después, a fines de marzo, la empresa alemana BMW emitió un comunicado en el que celebraba un acuerdo para abastecerse con el litio explotado por la norteamericana Livent, empresa que controla la explotación activa desde 1997 –en sus inicios denominada Minería del Atiplano S.A, a cargo de FMC Lithium– en el Salar de Hombre Muerto en Antofagasta de la Sierra. La explotación comenzó el mismo año que Minera La Alumbrera.

“A diferencia de La Alumbrera, la empresa que opera en el Salar del Hombre Muerto tuvo poca demanda por parte de la sociedad. La explotación está alejada y los camiones con la materia prima van directo hacia Salta. El nombre comenzó a oírse más con la aparición de la demanda por las baterías de litio”, describe la investigadora de Be.Pe sobre la particular condición de una explotación que lleva 24 años en Catamarca y marca el mito del derrame económico del derrame de la actividad minera.

“De las ganancias declaradas por las empresas solo queda un tres por ciento en términos de regalías, que solo puede ser destinado a la obra pública, y solo el uno por ciento de la población provincial trabaja de la minería. La provincia recibe en concepto de regalía seis veces más de lo que aporta a las arcas nacionales”, enumera Sentinelli.

En el comunicado de BMW se resaltaba que la elección de la empresa alemana por la explotación de Livent se debía a que la empresa cuenta con un sistema de recuperación del agua que se evapora y la reinsertan en el complejo sistema lagunar altoandino. Sentinelli recordó que, a pesar de ese sistema de recuperación de agua, Minera del Antiplano S.A. fue multada por utilizar más agua de la que tenía permitida y se la intimó desde el gobierno provincial para pagar el canon por el uso de los recursos hídricos, que no había abonado en 20 años de explotación. En paralelo, se habilitó a la minera a construir un acueducto de 35 kilómetros para abastecerse de agua del caudal del río Los Patos.

A principios de abril, el ministro de Producción, Matías Kulfas, encabezó la formación de la Mesa Nacional de Litio, que integran las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Entre las tres provincias existen 23 salares o lagunas con potencial para extraer litio de salmueras. En producción y ampliación hay dos proyectos: Salar de Olaroz (jujuy) y Salar del Hombre Muerto (Catamarca). En construcción otros dos, los salares de Cauchari (Jujuy) y Del Rincón (Salta).

Tras la conformación de la Mesa Nacional de Litio, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aseguró que “el trabajo con el equipo del presidente Alberto Fernández y el ministro Kulfas es clave para consolidar nuestra visión productiva: una minería sustentable, que se vuelca a las comunidades y genera más puestos de trabajo”. “Catamarca es minera y nuestra visión es una provincia que crece en forma armónica, con reglas de juego claras para los inversores, creando oportunidades para todas y todos, con el apoyo de la mirada federal”, completó el mandatario. La política minera se extiende del Ejecutivo al Legislativo: la ex gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci saltó del mandato provincial a la banca de diputada nacional y ocupa la presidencia de la Comisión de Minería.

“Lo que sabemos que ocurrió en el Salar del Hombre Muerto es a través de los medios y por la feria de semillas regional que realizamos desde Acampa. En esos encuentros, los productores de Antofagasta y Santa María cuentan que las promesas no se cumplieron, que se empezaron a apropiar cada vez más de los recursos naturales, a contaminar el agua; que los animales de cría se mueran, que ven cómo la flora local se seca y encuentran vicuñas y guanacos muertos”, describe Villagrán la situación de los productores de las localidades vecinas.

La referente agrega que la minera “se siente dueña del territorio, pasan por los campos con sus camiones y camionetas atropellando”. Sentinelli explica que el Código Minero le permite a las empresas tomar las áreas de explotación como propiedad privada, abriendo conflictos territoriales con las costumbres campesinas y atravesando sus tierras ancestrales.

“El litio como commoditie está impulsando la extracción del mineral con empresas que especulan financieramente, pero nada asegura que el precio puede desinflarse. Estamos poniendo como posibilidad del desarrollo nacional un bien de lujo, como los autos eléctricos, cuyo desarrollo aún precisa de materiales como el cobalto y el coltán, con los que la Argentina no cuenta. El monopolio de la producción de baterías está en manos de China y Alemania”, analiza Sentinelli.

La investigadora de Be.Pe agrega otro desprendimiento catamarqueño de la fiebre de la “movilidad verde”: “Producir un auto eléctrico puede consumir de tres a siete veces más de cobre. El interés por activar la minera Agua Rica está directamente vinculado”.

¿Por qué los gobiernos aceptan a las mineras?

El informe de Be.Pe señala que, de acuerdo a los libros de Liex S.A., la empresa prevé un rendimiento económico del 27,9 por ciento con una recuperación de la inversión en un año y ocho meses para una producción de 35.000 toneladas de carbonato de litio, a 2,7 dólares por tonelada, en un yacimiento que tendría un tiempo de actividad de 20 años.

La empresa ya se encuentra cerca de pasar de la etapa de exploración a la de explotación con la construcción de una planta de producción de carbonato de litio, pero “en ningún informe habla de cuánta gente va a emplear, no se sabe cuánta gente local va a tener trabajo a partir del proyecto”, resalta la investigadora de Be.Pe y aclara que por estimaciones que pudieron realizar, en base a costos declarado, el número más alto de empleos sería de 63 personas.

“Cuando suenan los spots en las radios, dicen que va a haber crecimiento y trabajo, pero le dan trabajo a unos pocos, marcados por la Intendencia. No cualquiera va a poder presentarse para trabajar en la minera, necesitan personal especializado y lo traen de afuera. Y, en la actualidad, son solo unos pocos”, baja la realidad a terreno la referente de la organización Acampa y continúa: “¿Por qué el Estado acepta las empresas mineras? Porque ellos vienen a hacerse cargo de las políticas públicas”.

Un club pide camisetas, botines y medias; una vecina necesita materiales para hacer una piecita más; un vecino quiere hacer empanadas para vender; para todos esas situaciones, la referente de Acampa dice que la solución es una: “El Municipio te manda a pedirle a la empresa y enseguida te lo da”.

“En Fiambalá solo hay una ambulancia, y otra en Medanitos, cuando se enferman dos personas, llevan a una sola y te piden que pagues el combustible hasta la capital (de Catamarca). Para el Estado es más fácil que entre la minera y se haga cargo, pero después hay que callarse”, describe la referenta de Acampa y asegura que incluso los derechos adquiridos como asignaciones o becas son carta de amenaza para que los vecinos no se pronuncien en contra de la explotación de litio.

“En febrero de 2019, nos reunimos para construir, entre todos, la Visión Estratégica de Liex. Fue un proceso largo, pero abierto al diálogo y la participación. El día a día con la comunidad es el pilar fundamental para llevar adelante uno de los proyectos más importantes de litio en el mundo”, dice la empresa subsidiaria de Neo Lithium Corp en su página web. Sin embargo, Johana recuerda que la reunión entre la empresa y los vecinos de Fiambalá fue convocada por el Municipio con lista propia y los asistentes tuvieron que firmar a la salida para dejar un aval. “Nosotros no fuimos invitados”, abunda.

Chacras de frutales con producción de uva, durazno, membrillo, damasco, ciruela, manzana. Frutos secos, bebidas y mermeladas. Ganado caprino, bovino, ovino, aves de corral. Cultivos de alfalfa. Esa es la producción que se alimenta del río Abaucan, principal fuente hídrica de Fiambalá y el centenar de productores campesinos reunidos en Acampa. Johana Villagrán insiste en el temor de que la contaminación del agua y la salinización de los suelos, como efectos de la explotación del litio, afecte esas producciones locales y también a la actividad turística de la zona, que tiene el camino de los “Seismiles” como atractivo, sobre la misma Cordillera de donde se pretende extraer el mineral de la supuesta transición energética.

Fuente: https://www.redeco.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=33118:litio-en-catamarca-un-peligro-para-las-lagunas-altoandinas-y-la-producci%C3%B3n-local&catid=16:ambiente

Por: Cecilia González

La improvisación no suele ser un don de los políticos. Y el presidente argentino Alberto Fernández no es la excepción. En pleno recibimiento de su colega español Pedro Sánchez, no tuvo mejor idea que repetir el lugar común de que los argentinos descienden de los barcos, lo que revivió una polémica siempre latente en el país sudamericano.

Porque en Argentina, con más fuerza en Buenos Aires, parte de la población está convencida de que vive en un país descendiente exclusivamente de europeos. Es muy común que hablen de sus padres, madres o abuelos llegados durante el siglo pasado desde España o Italia. En las casi dos décadas que he vivido aquí, me he acostumbrado a que de vez en cuando algún argentino me diga que admira que nosotros hayamos tenido a los mayas o a los aztecas, porque en Argentina “no hubo indígenas” de culturas avanzadas. Si acaso, dicen, “hay en el norte, pero son muy pocos”.

Esta convicción tan arraigada invisibiliza a los 34 pueblos indígenas argentinos –que, a pesar de históricos intentos de exterminio, sobreviven–, a las comunidades afrodescendientes, a los mestizos. A la diversidad.

Esta convicción tan arraigada invisibiliza a los 34 pueblos indígenas argentinos –que, a pesar de históricos intentos de exterminio, sobreviven–, a las comunidades afrodescendientes, a los mestizos. A la diversidad.

Fortalece así el ideario de una nación blanca excepcional en América Latina. Es una falsa premisa que abona al racismo y a la discriminación que persisten en la región.

La desafortunada cita, que Fernández adjudicó al poeta mexicano Octavio Paz pero en realidad era una canción del Lito Nebbia, provocó airadas reacciones externas porque mencionaba que “los mexicanos vienen de los indios y los brasileños, de la selva”, pero quienes se ofenden en esos países bien podrían hacer una autocrítica sobre la concepción y trato hacia sus poblaciones indígenas. Más allá del gastado discurso de supuesto orgullo por el “crisol de razas”, estos pueblos todavía están muy lejos del reconocimiento y el respeto a sus derechos.

En Argentina, como es costumbre, estalló la impostada indignación opositora. De manera paradójica, los mismos que durante el Gobierno de Mauricio Macri estigmatizaron a los mapuches y, en el colmo del absurdo, los acusaron de ser terroristas, anarquistas y separatistas entrenados en Venezuela y Cuba financiados por ingleses, las FARC, la guerrilla kurda y ETA, mostraban su horror por el pifie presidencial. Unos, más preocupados por haber “ofendido” a México y a Brasil o por “la ignorancia” de Fernández. Otros, con un repentino y desconocido fervor hacia los pueblos originarios.

Sólo faltó que Patricia Bullrich –la dirigente que usa y abusa políticamente de cualquier tema que afecte al Gobierno peronista– viajara a alguna comunidad a sacarse fotos con indígenas para mostrarles su “apoyo”. Pero tanto no podía exagerar.

O quizá sí. Como Macri, el expresidente que durante una Cumbre en Davos también llegó a decir que todos los sudamericanos descendían de Europa y que, en plena sobreactuación, se disculpó con Jair Bolsonaro por los dichos de Fernández. Seguro no sabe que líderes indígenas ya denunciaron al presidente brasileño ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Lo acusan de crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, la persecución y el daño ambiental a sus territorios que padecen de manera permanente.

Y entonces, ¿de dónde “vienen”?

Más allá de estereotipos, lugares comunes y percepciones, el último censo realizado en Argentina (2010) reporta que el 2,4 % de la población se reconoce como perteneciente o descendiente de un pueblo indígena, y el 0,4 %, como afro. Los datos duros parecerían confirmar el prejuicio del origen naviero.

Sólo que, cinco años antes, un estudio del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires ya había descubierto que el 56 % de la población tiene antepasados indígenas. Así lo demostraba un análisis de 12.000 muestras de ADN. El 10 %, además, era indígena puro. La sorpresa fue total, pero ni así se derrumbaron los mitos europeizantes repetidos por el presidente.

Un estudio del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires ya había descubierto que el 56 % de la población tiene antepasados indígenas. Así lo demostraba un análisis de 12.000 muestras de ADN. El 10 %, además, era indígena puro. La sorpresa fue total, pero ni así se derrumbaron los mitos europeizantes repetidos por el presidente.

“Fue posible reinterpretar conceptos, como el del origen estrictamente europeo de los argentinos, que demostraron ser erróneos a la luz de la información genética analizada”, explicó Daniel Corach, prestigioso científico y uno de los autores del Mapa Genético Argentino. En un artículo, precisó que la población que llegó primero a este territorio descendía de inmigrantes asiáticos que ingresaron a América hace más de 20.000 años. Cuando arribaron los conquistadores españoles, había unos 30 grupos étnicos.

Los colonizadores también trajeron a esclavos africanos. Así, durante los casi tres siglos de dominación española la población local se compuso de indígenas, mestizos (nativo americano y europeo), mulatos (africano y europeo), zambos (nativo americano y africano), europeos, criollos (descendientes de europeos nacidos aquí), africanos y afro descendientes. Había heterogeneidad.

El germen de la idea de que los argentinos “vienen de los barcos” fueron las oleadas migratorias promovidas por gobiernos argentinos, en los siglos XIX y XX, que permitieron recibir a unos 3,5 millones de ciudadanos europeos con el fin de “poblar” el país.

Los pueblos originarios, mientras tanto, ya habían sufrido la Campaña del Desierto, como se bautizaron los intentos de exterminio. Los sobrevivientes fueron ignorados por los recién llegados, pero sus descendientes aquí siguen, en pie de lucha.

Resistencia

“Lo que bajó de los barcos fue el genocidio”. Así de contundente es Moira Millán, weychafe (guerrera) mapuche y referente del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que el mes pasado realizó una histórica caminata hacia Buenos Aires en la que participaron luchadoras de 36 naciones originarias.

“Nunca, jamás ningún gobierno ha asumido la verdad: que la plurinacionalidad de los territorios se ha sostenido a pesar de los intentos genocidas y nuestra existencia ha perdurado como provocación a sus intentos fallidos de blanquear el componente poblacional de los territorios invadidos”, explica en un texto escrito a propósito de la desafortunada frase presidencial que reafirma el espíritu europeísta de Argentina.

“Desprecia lo indígena porque le plantea umbrales epistemológicos incomprensibles para una lógica atrapada en el reduccionismo existencialista. ¿Cómo pueden entender nuestro mundo vinculado a raíces profundas en territorios milenarios, quienes tienen sus pies navegando en las aguas lejanas de otro continente? ¿Cómo pueden amar con la misma entrega que nosotras, mujeres indígenas, la tierra que pisan?”, cuestiona.

Si los argentinos vienen de los barcos, advierte Millán, “entonces tendrán derechos sobre los mares y nosotras, las naciones indígenas, sobre los territorios”.

Si los argentinos vienen de los barcos, advierte Millán, “entonces tendrán derechos sobre los mares y nosotras, las naciones indígenas, sobre los territorios”.

El negacionismo como política de estado ha sido y es genocida, insiste, a pesar de que la omisión o negación de un conflicto ni lo desaparece, ni lo resuelve, sólo lo profundiza.

Por eso, considera que Argentina tendrá que replantear su relación con las naciones indígenas a las que ha invadido: “No se puede seguir sosteniendo la absurda narrativa de que Argentina se constituye sólo de los que descendieron de los barcos, porque llegará el día en que ese Estado que nos niega, que nos obliga a vivir nuestra identidad de manera clandestina, que nos despoja de todo derecho, nos verá unidos como pueblos y organizados como naciones milenarias, recuperando lo que nos ha sido arrebatado”.

Después de lo ocurrido esta semana, la transformación de esos vínculos parecería una tarea todavía más necesaria y, sobre todo, urgente.