Cristina dijo: “No seamos Potosí, sino Malasia o Corea”. La multitud respondió: “Patria sí, colonia no”. ¿Qué fue Potosí? ¿Y qué hacen e hicieron en Asia para desarrollarse? Potosí, hoy Bolivia, estaba en el Alto Perú en el siglo XVI cuando llegó el virrey Toledo. Dice Eduardo Galeano que “Potosí fue el centro de la vida colonial americana” y que “hasta las herraduras de los caballos eran de plata”.

Perú era para entonces el principal virreinato de España en lo que hoy es Latinoamérica. En especial por la minería y por la plata. México vendría luego, con Guanajuato y Zacatecas. Que la Corona española no haya aprovechado tanto esa riqueza explotada aquí y fugada allá es otra historia, que tiene que ver con los pagos e indemnizaciones que hacía a otras potencias europeas, con las que se endeudó en guerras y conquistas hasta su decadencia.

Toledo

Toledo fue un virrey con base en Lima, pero patrulló Cusco, Potosí y otras comarcas del altiplano andino entre 1569 y 1581, que bien podría llamarse una “década perdida” para los pueblos originarios del lugar. Los incas, que antes habían conquistado a otros pueblos, tuvieron enToledo al verdugo de su último emperador de Vilcabamba, Túpac Amaru I, acuchillado por los conquistadores en la plaza de Cusco, decapitado a la vista de todos y todas, su cabeza puesta en picota como escarmiento por rebelarse.

El virrey Toledo sistematizó la explotación indígena “mejorando” –para los intereses de la Corona– la figura incaica de la mita para el trabajo en las minas. Aplicó esa forma de organización del trabajo para el caso del gran cerro de Potosí, ya que esa institución también era usada en el Tawantinsuyu para otros trabajos como construcción y obras públicas.

Hizo asimismo que la mina de plata más grande del mundo cambiara su forma de producción hacia otras formas de amalgamación, lo cualmejoró la productividad. Todo lo cual derivó en que, al poco tiempo, las ganancias del cerro se multiplicaran varias veces a favor de España, con lo que el virrey ganó más apoyo del rey Felipe II.

Alrededor del llamado Cerro Rico de Potosí no hubo desarrollo, sino ganancia para los explotadores extranjeros.En cambio, para los lugareños se desarrolló la pobreza por siglos.

El litio

Actualmente, el gobierno de Luis Arce, como antes el de Evo Morales, trabaja para que no se repita esa historia con el Salar de Uyuni, la mayor reserva de litio y no-metales del mundo. Busca que Potosí cambie su perfil de proveedor perdidoso de materia prima a fabricante de baterías de litio, a partir de las empresas bolivianas Industrias Quantum y Yacimientos de Litio Bolivianos. Es decir, agregar valor al recurso natural que está en su tierra.La primera fábrica se inauguró en 2022.

En Argentina se vive también ese debate, con inversiones operativas en litio de empresas de Estados Unidos y Australia y de otras en proyecto con algunos socios locales donde talla en especial China, justamente uno de los temas que propicia la gira de estos días del ministro Sergio Massa.

“Cuando escucho a algunos dirigentes –continuó CFK en Plaza de Mayo– a los cuales respeto porque son votados por su pueblo, ponerse contentos porque en Bolivia y Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio, y se ponen contentos porque dicen: ‘ah, bueno, porque les ponen muchas exigencias allá, se van a venir todos para acá’… Pero qué vocación de colonia, hermano. Qué vocación de volver a ser Potosí. Ponete en la cabeza ser Malasia, ser Corea, pero no volver a ser Potosí, por favor.Debemos tener mirada estratégica, que vengan a explotarlo, pero queremos… no digo que los autos eléctricos los hagan acá, pero por lo menos, hermano, una parte de la batería o la batería entera hacela acá, si te la estás llevando toda”.

Argentina ya tiene en YPF Litio e YPF Tec proyectos al respecto, habrá que ver cómo siguen una vez que cambie el gobierno a fin de año. Impulsadas durante el gobierno de CFK, esas empresas se vaciaron en el período 2016/19 y estos últimos cuatro años se reactivaron con hechos concretos y buena potencialidad.

Primarización

Hace cinco siglos, dijo por su parte Toledo: “No se pueden gobernar estos naturales sin que los caciques sean los instrumentos de la ejecución, así en lo temporal como en lo espiritual, ni hay cosa que más pueda con ellos para el bien y el mal… Es necesario que estos caciques sean buenos, para que con su ejemplo se le pegue el bien, pues puede más una palabra destos (sic) para que dejen sus ídolos y otras maldades, que cien sermones de religiosos”.

Si no se avanza en la línea que plantea CFK, se puede reemplazar el nombre de Felipe II por el mandamás del FMI o de las grandes multinacionales, el de Toledo por el gobernante de turno y el de los caciques colaboracionistas por quienes alientan la primarización perpetua en América Latina.

Por cierto, en Asia oriental y el sudeste asiático –cada país tiene sus particularidades, en Corea del Sur prácticamente gobierna un puñado de grupos económicos, pero al menos tienen alguna vocación nacional– el Estado ha tendido a disciplinar a las elites, a obligarlas a reinvertir localmente e industrializary a continuar estratégicamente, desde hace décadas, con planes de desarrollo productivo.

Entre otras cosas el texto dice: “La seguridad de las personas y de la propiedad será establecida como alta”; “se mejorará el equipamiento y la formación de los responsables de la prevención y represión del delito”; que buscará “lograr la reducción del mercado negro de armas de fuego y del crimen” mediante “una mayor accesibilidad legal a medios defensivos”.

En relación a lo laboral y sindical se propone: “Libertad de contratación, la abolición del salario mínimo”; elimina jubilaciones y seguros de desempleo; “plan de pasantías para estudiantes que cursen entre el último año de la escuela secundaria” (como ya lo hace CABA, en clave de precarización laboral y estudiantil); “Promoveremos la derogación del Art. 25° de la ley 23551 (Ley de Asociación sindical)”.

En tanto a soberanía económica y recursos estratégicos promete la “eliminación o, de ser necesario, el traspaso a la órbita privada de las empresas de administración pública” y hace una mínima mención al buen uso de los recursos naturales en nombre del medio ambiente, aunque Milei ha declarado públicamente que la crisis climática es un invento de la izquierda post-marxista (sea lo que fuere).

Marcha atrás

La oda al desastre económico viene acompañado de un claro ataque a los derechos de las mujeres y disidencias. Se ve cuando proponen, por ejemplo que la Educación Sexual Integral (ESI) de las escuelas no debe ser obligatoria, para que la instrucción quede en manos de las familias o cuando aseguran que defenderán “al niño desde su concepción”, en línea con lo que propuso en los últimos días su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, sobre derogar la ley de aborto legal.

También en entrevistas públicas, la segunda en fórmula de Javier Milei y militante negacionista del terrorismo de Estado, se pronunció sobre la Ley de Matrimonio Igualitario diciendo que para ella “no era necesario tanto” porque “determinados derechos ya estaban garantizados”. Lo cual opera a favor de la desinformación instalando como “privilegios” ciertos derechos que a duras penas permiten la igualdad.

Cabe recordar: la unión civil es un tipo de unión que si bien tiene alcance legal no tiene alcance federal; no contempla la misma cantidad de derechos que el matrimonio; en la Argentina no había una unión civil a nivel nacional y que no existía el reconocimiento de la voluntad procreacional que vino con el matrimonio igualitario. Pero amén de la precisión o no de sus dichos, la búsqueda de la derecha es siempre imponer el desprecio a las luchas históricas, minimizarlas y plantearlas innecesarias.

Hacer cosas con palabras

Un sondeo de la consultora Opina Argentina que mide tanto imagen de los candidatos, intención de voto y “pisos y techos” posiciona el piso de votos seguros del economista en 14% (igual que a CFK) y un techo del 44%, siendo el que mayor imagen positiva tiene y quien posee el mejor techo entre todas las opciones. Respecto a techos le sigue Larreta, Bullrich, Massa y en quinto lugar, Cristina Fernández de Kirchner. Marcando al menos en números —no en esperanzas— un futuro derechizado por donde se lo mire y planteando la necesidad de ver estos discursos como realidades efectivas.

Entre sus votantes predominan los varones, sorprendentemente de las provincias y el conurbano bonaerense, que no superan los 35 años y que por lo que observamos en redes son ejemplos claros de la crisis de la masculinidad. Aquel discurso de loco suelto que muches veíamos en 2015 y 2019 como algo que no prendería en las agendas políticas se transformó en el deseo de realidad de una porción no despreciable del electorado. Ese deseo —para nada novedoso ni rebelde y sobre todo conservador— no tiene al goce, la dignidad o la empatía como eje fundacional o al menos no como creemos que deben entenderse, sobre todo por las disidencias.

A falta de datos nacionales, mencionamos una encuesta española con muestra de población LGBTIQNBA+ que publicó el portal 40db.es y que fue encargada por la FELGTBI+ (Federación Española LGTBI+). Allí se asegura que si bien las disidencias se inclinan a votar propuestas que les incluyan — 56,5% de nuestros votos arcoíris irían a parar a la izquierda (PSOE, Podemos y Más País)— un 31,5% acabarían sumándole a la derecha (Ciudadanos, Partido Popular y la ultraderecha).

Además, un 11,8% de la población LGTBI valora negativamente o muy negativamente la recién aprobada Ley LGTBI-Trans y un 18,1% se muestra indiferente hacia ella. Es decir, un tercio de las disidencias españolas vota en contra de sí misma y no está de acuerdo con medidas que promueven sus derechos. Aunque nuestra tradición tercermundista parió militancias más activas, la alguna vez existente Puto Bulrrich (organización de militantes gay del PRO, liberales, que apoyaban a Patricia Bullrich) muestra que nuestros votos también tienen demasiados colores —incluso aquellos que nos pintan mal—.

¿A quién le importa?

El pasado 18 de mayo la Universidad Nacional de La Plata inauguraba la Cátedra de Transfenismos Sudakas con un evento en torno a esta pregunta: ¿A quién le importa las vidas disidentes frente a la avanzada fascista? Facundo Saxe (CONICET) planteó: “A nadie le importa, o al menos no se ve, si no hay redes de contención propias claramente a nadie le importa. (…) Incluso desde las ficción se nota una genealogía del fascismo que no es tal; en El Cuento de la Criada se piensa la avanzada fascista como algo que llega de golpe y ahí empiezan a caer las disidencias, las mujeres, las personas discas y toda la lista. No pasa así, ya hay algo que está operando y funcionando para que eso ocurra. El fascismo ya está acá”.

La inexistencia de plataformas que claramente incluyan una agenda de géneros y diversidades como troncal se corresponde con una base de votantes desilusionados de la política y que ven a las políticas de inclusión o reparación como las responsables de todas las crisis —incluida la de la masculinidad—. Entonces la idea de orden gana peso, entendiéndolo como la supresión no sólo del goce individual y colectivo, sino también de toda identidad que no sea la norma, porque total, a quién le importa, le otre siempre es lo no urgente, lo mínimo, lo innecesario.

Lo que nadie había previsto y hubo también que improvisar fue uno de esos problemas derivados del éxito. Belgrano penó y penó, pero al final batió a los godos en Tucumán. San Martín penó menos, que era un profesional, pero los llenó de dedos en San Lorenzo y en Chile. Y ahí vino la pregunta: ¿qué hacemos con los prisioneros? Que eran unos cuantos, contando con lo que era el ejército del Rey en todas nuestras ciudades, que fue desarmado y confinado.

La solución fue dura, la creación del primer campo de concentración de nuestro país, en medio de la nada de la vieja provincia de Buenos Aires, la que terminaba en el río Salado.

Para 1816, los españoles avanzaban fuerte en un contraataque continental. La declaración de independencia fue un desafío, no una conclusión, y el Directorio de Juan Manuel de Pueyrredón endurece la mano con “los delincuentes que abundan en el pays”, como dice con Y el acta de la época. Además de delincuentes comunes, había desertores en cantidad, que ya habían empezado las levas. Y prisioneros realistas.

La decisión es llevarlos a la frontera sur, lejos de toda posibilidad de rescate por mar o por tierra. Se elige un paraje muy duro cerca de la laguna Kakel Huincul, hoy un paraje muy bonito en el departamento de Maipú. A los prisioneros de rigor, españoles o realistas, se los lleva más allá, a los bajos salobres del río Salado, en tierras áridas y llenas de brusquillas, un arbusto espinoso y pelón. El campo, un fortincito de palo a pique y adobe, pasa a llamarse como Las Bruscas, por el arbustito. En 1817 le cambian el nombre a Santa Elena, pero nadie da bola.

Las Bruscas no era como lo que se vio después, cuando los mismos españoles inventaron el “campo de reconcentración” en Cuba para quitarle apoyo a los rebeldes de fin de siglo, arreando poblaciones enteras adentro de una alambrada. En nuestro primer campo de prisioneros no había cercas por que no había dónde huir. Eran leguas y leguas hasta la costa, leguas y leguas hasta el ejército realista más cercano. Lo único que quedaba cerca era la frontera con los indios independientes, que no sentían mayor aprecio por los godos.

Al llegar, los prisioneros se encontraban que ni celdas había y que se tenían que construir sus ranchos con lo que hubiera a mano. La comida era pésima, carne de yegua la más veces, y la aguada más cercana estaba a unos buenos kilómetros, chapotendo en barriales salobres llenos de cañas. Nadie recibía uniformes de presidiario, nadie recibía ropa alguna, y en cosa de semanas la población carcelaria estaba en harapos.

Félix Luna cuenta la saga de un oficial aragonés, Faustino Ansay, que llegó a Buenos Aires como un joven alférez y para 1810 era coronel y jefe de la frontera sur de Mendoza. Ansay y otros oficiales y funcionarios españoles trataron de ocultar las noticias de la Revolución y de evitar un cabildo abierto. Los realistas esperaban que Santiago de Liniers tuviera éxito en Córdoba con su contrarrevolución y los rescatara, pero el que llegó primero fue un oficial enviado desde Buenos Aires que metió preso a medio mundo, empezando por Ansay.

El coronel, ya cincuentón, iba a pasar las de Caín en los siguientes doce años. Primero le embargaron todo lo que tenía, lo subieron a un caballo y lo mandaron esposado a Buenos Aires, lo que tomó semanas. En el fuerte lo recibió un edecán de Cornelio Saavedra, que le sacó unos pesos y unas joyas que había alcanzado a esconder. Esperó en el calabozo la condena, que fue de diez años de confinamiento en el fin del mundo, o sea Carmen de Patagones, con un estipendio equivalente a un tercio de su sueldo de coronel. Ansay suspiró aliviado, porque no lo iban a fusilar y porque al fin le sacaron los grilletes.

En febrero de 1811, la partida llegó al Río Negro, donde los recibieron bien y se enteraron que los oficiales podían comer con el presidiario en jefe todos los días. Nadie los encerró y hasta les decían vuesamercé, a la antigua. Así pasó un añito tranquilo, hasta que un día llegó un bergantín británico, el Amazonas, y los españoles lo coparon y bien armados ocuparon Carmen de Patagones. Para más suerte, enseguida llegó otro velero, el Queche, cuyo capitán ingenuamente desembarcó, sólo para perder su comando.

Los fugados llegaron sanos y salvos a Montevideo, baluarte realista, donde los recibieron como héroes y hasta les pagaron los dos años de salarios que les debían. Ansay fue designado jefe de la fortaleza del Cerro y se lució con sus incursiones nocturnas para robar ganado y alimentos para la ciudad sitiada. Pero para mediados de junio de 1814, Alvear rindió la ciudad y el coronel volvió a ser prisionero. Para ese entonces, los patriotas conocían las aventuras del aragonés y lo detestaban, con lo que el coronel fue mandado inmediatamente a Buenos Aires. Tras una breve entrevista con el director supremo Gervasio de Posadas, que se ve que quería conocerlo, pasó un mes en el calabozo

De ahí fue a parar a San Miguel de la Guardia del Monte, donde ya se concentraban quinientos prisioneros realistas, luego a Río Cuarto y después a Córdoba, donde había cien prisioneros más, estos traídos de Chile. Los maltratos eran constantes, como las amenazas de muerte y los insultos. En junio de 1816, llegó la orden de trasladar a los prisioneros a Las Bruscas, lo que tardó cincuenta días en carreta.

Al llegar se encontraron con más realistas presos y se pusieron a hacer sus ranchos. Los guardias rotaban cada mes y eran cada vez más violentos, y en sus memorias Ansay recordó los palos en el lomo que les dedicaron sus guardias del regimiento de Pardos y Morenos, especialmente rencorosos con los españoles. El único contacto con el exterior era coimeando a los guardias por algún alimento o una carta, y alguno que otro prisionero pudo hasta comprar un caballo y fugarse. Nadie se molestaba en ir a buscarlo, que el desierto y los mapuches se encargaban, pero el castigo para los que quedaban era ejemplar. Por cada fugado se elegía un prisionero que era llevado a Buenos Aires cubierto de cadenas y puesto a trabajar arreglando calles, todavía encadenado y sometido a la burla pública.

Ansay, enfermo, logró que lo trasladaran a un hospital en la capital en 1820. Con ayuda de “una dama” a la que no mencionó por nombre, logró fugarse, subirse a un barquito y llegar a Colonia del Sacramento, en ese momento ocupada por los portugueses. Menos de un año después estaba de vuelta en Zaragoza.

El campo de Las Bruscas llegó a tener más de mil prisioneros y era tan famoso que hasta en Perú maltrataban a los prisioneros patriotas para retribuir la cortesía. El gran alivio de los confinados era que los distribuyeran como esclavos a las estancias cercanas o los pusieron a trabajar en obras públicas, con suerte en la cercana y naciente Dolores. Era duro, pero se comía mejor y no te daban palos.

“La Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede frente al terrorismo de Estado”, se subtitula el segundo tomo del trabajo encomendado por el Episcopado a un grupo de teólogos e historiadores como Carlos María Galli, Luis Liberti, Juan Durán y Federico Tavelli, entre otros. La obra busca ser una especie de “revisión” del comportamiento de la Iglesia y sus organismos, tanto locales como en El Vaticano, en relación a lo que la institución prefirió identificar como “la espiral violencia política” del período 1966-1983.

El segundo tomo está exclusivamente dedicado al análisis de los archivos de la CEA y el archivo de la Santa Sede, incluida la Secretaría de Estado, el Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia y la Nunciatura en Buenos Aires. Según los responsables de la tarea, “por primera vez” se accede y estudia “de forma integral” este acervo que, no obstante, no fue puesto a disposición del público.

Al cierre de poco más de 800 páginas, los autores concluyen que “una síntesis no novedosa, aunque comprobada documentalmente es que el cuerpo colegiado de obispos argentinos no estuvo a la altura de los acontecimientos”. Para la investigadora de Conicet Soledad Catoggio, el material es “un avance muy importante” en términos de la información “respaldada con documentos” sobre el comportamiento de la Iglesia durante la última dictadura. La autora del libro Los desaparecidos de la Iglesia. El clero contestatario frente a la Dictadura indica que allí, en esa línea de reconocimiento, se “define muy bien” el peso del trabajo: “Siempre se supo que las autoridades de la Iglesia hablaban con los militares. Tener un primer acceso al contenido de esas reuniones, aunque sea mediado, es un gran primer paso. Ahora necesitamos que el acceso a esa documentación sea público”, remarcó.

Con información, sin reacción

Para mediados de 1976, los obispos de la CEA sabían, en mayor o menor medida, que el “gobierno argentino”, como decidieron nombrar a la dictadura en el libro, estaba secuestrando y torturando gente, y que a esa gente sus familiares les perdían el rastro, o los hallaban asesinados. También lo sabía el nuncio Pio Laghi, encargado del vínculo entre las autoridades eclesiásticas argentinas y El Vaticano.

“Para las autoridades comenzó a ser evidente que un número tan elevado de víctimas no podía entenderse sin una intervención organizada de la dictadura”, plantean los investigadores en la introducción a uno de los capítulos más jugosos de la investigación, al que titularon “El terror”. “Ellos fueron concientes de que haber actuado en silencio había deteriorado su propia imagen”, postulan luego.

La información llegaba por diferentes vías: “Los obispos, individualmente o en forma colegiada, recibieron numerosos pedidos para que intervinieran ante las autoridades gubernamentales en favor de los detenidos y desaparecidos”, a través de cartas, entrevistas, confección de listas.

Las actas secretas

Los “diálogos” entre Iglesia y dictadura comenzarían a estar enmarcados en una Comisión de Enlace, serían secretos y no llevarían a buen puerto. La Comisión de Enlace fue un “canal reservado de comunicación entre representantes de la dictadura y la comisión ejecutiva de la CEA”, que se fundó en septiembre de 1976.

El objetivo de la Comisión era discutir puertas adentro los “problemas irritantes” antes de que causaran fricciones en la relación dictadura-Iglesia. Es decir, no se creó con el objetivo de obtener respuestas de cara a los cientos de reclamos de personas que acudían a representantes de la institución en busca de ayuda. Según el libro, entre noviembre de 1976 y octubre de 1981 hubo 22 reuniones de esta comisión entre diferentes representantes de la dictadura y dos representantes de la CEA: Carlos Galán, secretario general del Episcopado, y Justo Laguna, entonces obispo de San Isidro. “El tema de las violaciones a los derechos humanos estuvo presente en 19 de las 22 reuniones”, postula la investigación.

“Emilio Mignone –fundador del Centro de Estudios Políticos y Sociales– fue quien denunció la existencia de esta Comisión y reclamó la apertura de las actas de estos encuentros. Sabíamos que hablaban de los desaparecidos, pero nunca lo habíamos podido documentar”, mencionó Catoggio, quien destaca “el hecho de que sea la propia institución la que da este paso es un montón. Ahora sabemos que esos documentos están, que son seguramente muchos más de los citados en la investigación. Queremos verlos”.

En las actas, todas confeccionadas por Galán, queda plasmado el tono diplomático del diálogo entre el Episcopado, que planteaban en el ámbito privado que sabían lo que estaba ocurriendo, y los representantes de la dictadura, quienes en un principio negaron que secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones fueran parte de su “plan de lucha contra la subversión”, y rápidamente pasaron a justificarlos sin demasiados argumentos.

Sin ir más lejos, en la quinta reunión de la Comisión de Enlace, en diciembre de 1977, el secretario de la Marina Eduardo Fracassi admitió operativos en el marco del plan sistemático, métodos de “ablande” para los detenidos e incluso asesinatos: “Admitió que los guerrilleros son muertos y que luego se los hace aparecer como muertos en alguna acción de calle”, según el extracto de una de las actas mencionadas en el libro. Ante esta “confesión”, los obispos discutieron qué hacer. Aramburu prefirió dudar de los dichos del marino, Tortolo lo justificó al mencionar que “al Estado le es lícito defenderse”. Jaime De Nevares reconoció la gravedad: “Entonces el fin justifica los medios. Hay documentación suficiente para saber que se tortura”.

Silencio atronador

Un encuentro fundamental para comprender el rol de la Iglesia en el terrorismo de Estado tuvo lugar durante la asamblea de la CEA en mayo de 1977, en San Miguel. Asistieron tres representantes de la Junta Militar para “dialogar” con los 57 obispos reunidos sobre los métodos implementados en la “lucha contra la subversión”. Según las actas, el más efusivo fue el genocida Roberto Viola. “La victoria a la que aspiran las fuerzas no puede alcanzarse sin el apoyo de la Iglesia”, les dijo a los obispos. “La actitud de la Iglesia hacia el Proceso y más específicamente hacia la lucha ha sido de comprensión. Y más aún, ha significado un silencioso e invalorable apoyo”, concluyó.

El general Luciano Jáuregui prometió que no se realizarían acciones que afectaran lugares de culto. Meses después vendrían los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz, de donde se llevaron a las Madres de Plaza de Mayo, para luego secuestrar a las religiosas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. Ya habían pasado los asesinatos del obispo Enrique Angelelli, los curas de La Rioja y los palotinos de San Patricio. Luego vendría el “accidente” de Carlos Ponce de León. Para cerrar la exposición, los generales les exhibieron a los obispos una “película-documental” que hablaba sobre la “infiltración marxista” en la Iglesia y les exigieron “colaboración” para erradicarla.

A lo largo de los años del genocidio, algunos documentos públicos de los obispos criticaron los métodos de la dictadura, sin condenarla del todo ni exigir el regreso a un orden democrático. La investigación de la CEA considera como “una de las claves” respecto de su accionar limitado frente a los crímenes de lesa humanidad lo que Primatesta -quien la presidió entre 1976 y 1982- sostuvo como excusa a fines de 1983: “Si no hablamos más fuerte o públicamente no ha sido por connivencia con métodos que repugnan a la concepción cristiana del hombre, sino por no añadir un elemento más de confusión o desorden que hubiera llevado al país al caos”. El silencio habla a los gritos.