Peru

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda 

 

 

Durante la campaña para la presidencia del Perú, el maestro rural y candidato Pedro Castillo, enfatizó su identidad con el pensamiento de José Carlos Mariátegui.

Eso sirvió para que, además de “comunista”, sea atacado por “mariateguista”, una especie de “crimen”, ya que, supuestamente, aquel intelectual peruano había “inspirado” a la guerrilla de Sendero Luminoso, bien conocida por sus atrocidades. De manera que, bajo semejantes orientaciones, el país podía esperar no solo seguir la senda de Venezuela y de Cuba, sino también la de la “violencia”. El triunfo de Castillo ha descuadrado a todos aquellos sectores que no esperaban semejante “golpe”. Y, por lo pronto, con el apoyo de la gran prensa, han lanzado una feroz campaña para impedir la proclamación de Castillo como nuevo presidente del Perú, boicotear los resultados y hasta intentar algún golpe de Estado blando o fuerte. Pero en América Latina ya está suficientemente claro: las derechas políticas y económicas no están dispuestas a permitir la democracia que provoque el triunfo de otros sectores, capaces de cuestionar el poder de elites dominantes y explotadoras.

En Ecuador el escenario político ha ido por otro lado. En las recientes elecciones para la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), triunfó Leonidas Iza (kichwa del pueblo Panzaleo), contra quien ya se habían levantado voces acusadoras de su “radicalidad”. Inmediatamente, esa victoria despertó el paroxismo de toda una serie de opinadores de ocasión y de medios de comunicación mercantiles, que atacaron a Iza por ser “mariateguista” y, por tanto, le atribuyen el fantasma de la potencial “violencia”.

Tanto en Perú, como en Ecuador, la irracionalidad campea en estos temas y la ignorancia se impone frente a quienes exigen ideas fundamentadas y con un mínimo indispensable de conocimientos. Porque hablar de Mariátegui, sin haber leído una sílaba de sus textos, o sin haber profundizado en el sentido y alcance de sus obras, solo tiene el propósito de engañar a la sociedad y asustar a todos con el viejísimo miedo del “comunismo”.

J.C. Mariátegui (1894-1930) es uno de los intelectuales (literato, periodista, ensayista, investigador) más destacados en la historia del Perú y un autor de obligada lectura para quienes estudian ciencias sociales en toda América Latina, además de ser igualmente seguido en universidades europeas o de los EEUU. Su obra es abundante (https://bit.ly/3dEG0jg) y existe un amplio archivo documental dedicado a su vida (https://bit.ly/3hnTBfW). Cuando se trasladó a Europa (1919) y específicamente a Italia (allí se casó con Anna Chiappe), afirmó su formación marxista y de regreso al Perú (1923) fundó el Partido Socialista (PSP, 1928) y al año siguiente la Confederación de Trabajadores. Por entonces, todos los partidos comunistas se vincularon a los postulados de la III Internacional (1919) fundada por V.I. Lenin; pero, aunque Mariátegui reconoció a esa organización, fue pionero en cuestionar toda dependencia ideológica externa, pues el socialismo peruano (y latinoamericano), como afirmó, no podía ser “ni calco, ni copia, sino creación heroica”. Este es un rasgo distintivo de su pensamiento que a menudo han repetido los círculos de las izquierdas tradicionales, aunque no siempre lo supieron asimilar. La posición de Mariátegui le ocasionó conflictos teóricos y políticos con los sectores comunistas; y, de hecho, el Partido Comunista Peruano (PCP, 1930), fundado después de la muerte de Mariátegui, pasó a sujetarse a las directrices de la III Internacional.

Mariátegui no fue un marxista “cerrado”. Era convencido de la necesidad de unión con los sectores democráticos y progresistas, para lograr una vanguardia cultural, en lo cual es visible la influencia de Antonio Gramsci (1891-1937), uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano (1921), quien teorizó sobre la hegemonía cultural. Por eso, desde la editorial Minerva, pasando por la revista “Claridad” y, sobre todo, a través de “Amauta” (1926), la revista más importante que fundó, Mariátegui incorporó a la más variada intelectualidad del momento, incluyendo artistas, obreros, maestros y mujeres escritoras, de las diversas regiones peruanas, además de mantener contacto con intelectuales latinoamericanos y escribir sobre múltiples tópicos de la literatura, el acontecer cotidiano o la vida política, social y económica del Perú y del mundo.

Sin duda su más valiosa obra es “Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana” (1928 – https://bit.ly/3hpojFd), un estudio profundo de la historia del país desde la metodología marxista, acompañado por otras reflexiones teóricas. Aquí se concentra la esencia de su pensamiento sobre el socialismo indo-americano. Ante todo, exige la investigación más rigurosa sobre la realidad; y por ello comprende que lo indígena ha sido excluido en la observación del país, siendo el problema fundamental, porque dos terceras partes de la sociedad son indios. No puede haber un proyecto político nacional que los excluya, como hasta hoy ha sucedido. En Perú es imposible pensar en una revolución proletaria que deje a un lado lo indígena. Además, en la tradición cultural y la vida comunitaria de los indios se encuentran las bases para edificar el socialismo. La reforma agraria a su favor, además de superar el “feudalismo”, sostenido por el gamonalismo interno y el sistema del yanaconazgo, tendrá que basarse en esa propiedad agraria comunitaria, base de la nueva sociedad, que se libra así del paso por el capitalismo, una tesis que Marx había desarrollado, para el contexto de las comunidades rusas, en sus cartas a Vera Zasúlich (publicadas por Riazánov en 1924) y que al tiempo de Mariátegui no eran conocidas en los ambientes latinoamericanos.

Las tesis “indigenistas” de Mariátegui, pioneras en la perspectiva del marxismo latinoamericano, le valieron críticas y ataques de los marxistas ortodoxos, que consideraban el tema indígena simplemente como parte de la lucha de clases e incluso un tema racial, todo lo cual Mariátegui permanentemente cuestionó, pues consideraba que ese “marxismo” no comprendía las realidades del Perú ni de América Latina.

Jamás alentó Mariátegui la violencia ni la lucha armada. Convencido marxista, confiaba en el partido y en la organización de los trabajadores, junto a los indígenas, las capas populares y los intelectuales. Sin embargo, el célebre peruano no alcanzó a formular una concepción sobre el Estado plurinacional, que es un planteamiento contemporáneo perfectamente válido y, además, originado en las mismas poblaciones y organizaciones indígenas. Bolivia, primero con el presidente Evo Morales (2006-2019) y ahora con la presidencia de Luis Arce Catacora (2020) es el país latinoamericano más adelantado en la construcción del Estado plurinacional y el que ha dado muestras del avance social e institucional indudable y hasta ejemplar para beneficio de su más amplia población.

Como en Bolivia, las poblaciones indígenas de Perú y Ecuador formulan planteamientos para una nueva sociedad. El pensamiento de Mariátegui también puede aportar a sus posiciones sociales y políticas porque el mariateguismo se fundamenta en la opción por la democracia, la paz, la libertad y, sin duda, el socialismo, que son propuestas a favor de las clases oprimidas, un asunto que ni entienden ni quieren aceptar las elites del poder económico y político del capitalismo latinoamericano. El problema de la CONAIE y de Pachakutik, en el caso ecuatoriano, es el de sus capacidades para generar un proyecto político de alcance nacional, que no se concentre en las aspiraciones exclusivamente indígenas, sino que se integre y conecte con los amplios intereses de todas las izquierdas progresistas y democráticas.

Por: María Sosa Mendoza 

 

El presidente peruano ya ha tenido que lidiar con escándalos, con acusaciones de cercanía de sus colaboradores a Sendero Luminoso y con la renuncia de un ministro clave. Y aunque la oposición de derecha torpedea al maestro, la semana pasado ha logrado el voto de confianza del Congreso a su gabinete.

Después de su victoria en las elecciones presidenciales peruanas, en las que se enfrentó a una de las contracampañas más imponentes de los últimos tiempos –que reunió a los grandes medios de comunicación, al grueso de la clase política y a los sectores empresariales–, Pedro Castillo ha tenido que lidiar, básicamente, con grandes derrotas: su bancada no logró tener un puesto en la mesa directiva del Congreso ni la presidencia de las comisiones estratégicas para facilitarle su labor en el Poder Ejecutivo. Tan solo 19 días después de haberse juramentado en el cargo, su ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, se vio forzado a renunciar en medio de un escándalo político desencadenado por sus declaraciones sobre el terrorismo en el país.

El Congreso de la República acaba de otorgarle el voto de confianza a su primer gabinete ministerial, por lo que este podrá continuar en funciones. No es poco, pero lo que en el pasado habría significado el apoyo de los parlamentarios a los ministros designados y, por ende, una relativa calma para el gobierno, hoy no necesariamente es así. Se han añadido otras variables al cálculo político de los congresistas.

Después de concedida la confianza, una de las bancadas opositoras anunció que el siguiente paso sería la censura de varios ministros. «Vamos a acabar uno por uno», manifestaron miembros de Renovación Popular. No se sabe a ciencia cierta si eso podría ocurrir, mas la salida de uno de ellos, el ministro de Trabajo, se encuentra casi asegurada.

El comienzo de Castillo

En su primer mensaje a la nación, después de asumir la Presidencia para el periodo 2021-2026, Castillo extendió la invitación que había hecho a los sectores opositores diez días atrás, a poco de ser declarado oficialmente ganador de la segunda vuelta electoral. «Invoco a nuestros contendores políticos, a la lideresa de Fuerza Popular [Keiko Fujimori], a que no pongamos más obstáculos para sacar adelante a este país. Bienvenidos a este espacio para hacer un gobierno de todos los peruanos (…) Compartiremos juntos esta lucha para un Perú más justo y digno», dijo el mandatario.

Su discurso fue considerado consensual. No dejó sus ideas de cambio, pero garantizó que todo lo hará dentro del marco constitucional vigente. El presidente se comprometió incluso a que la iniciativa de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna –una de sus propuestas de campaña más polémicas– pasaría por el Congreso. La situación pareció cambiar un día después, cuando hizo juramentar al presidente del Consejo de Ministros. La elección de Guido Bellido, congresista oficialista y ex-secretario general regional de Cuzco del partido Perú Libre, fue toda una sorpresa, incluso para los ministros que conformaron su gabinete ministerial horas más tarde.

Los medios no tardaron en dar a conocer los antecedentes más cuestionables del nuevo primer ministro. Bellido se encuentra en medio de una investigación preliminar por el delito de apología al terrorismo. Además, varias de las frases que escribió en sus redes sociales años atrás –viralizadas rápidamente– pusieron de manifiesto su homofobia.

En los medios, el «gabinete Bellido» comenzó a ser llamado «gabinete de choque». Se sostenía que antes de su conformación ya había causado un choque y pretendía producir otro. El primero era interno: la negativa inicial de Aníbal Torres y Pedro Francke, los voceados ministros de Justicia y de Economía, respectivamente, a asumir sus cargos tras enterarse de quién presidiría el Consejo de Ministros. El segundo era el choque externo y el supuesto motivo central de su nombramiento: forzar al Congreso a negar la cuestión de confianza. En ese caso, el artículo 134 de la Constitución peruana faculta al presidente de la República a disolver el Congreso si este niega en dos ocasiones las cuestiones de confianza solicitadas por el Poder Ejecutivo. Según la tesis, con sus peculiares designaciones, Castillo buscaba poner contra las cuerdas a los parlamentarios.

Lo cierto es que esa sofisticada estrategia nunca existió, aunque en la práctica negar la confianza significaba acercarse a una posible disolución. El «gabinete de choque» fue más bien el intento de conformar un gabinete de consenso entre las diferentes izquierdas. El primer altercado sacaba a relucir los matices y discrepancias entre ellas. Torres y  Francke se juramentaron finalmente como ministros un día más tarde que el resto, después de una intensa negociación. Francke –quien fue, durante la segunda vuelta presidencial, la carta de garantía de Castillo ante los sectores que lo veían como un peligro para la estabilidad macroeconómica– lo hizo con un pin en su solapa en el que se leía «Igualdad»; asimismo, en un tuit publicado un día después de asumir el cargo, se comprometió a apoyar «una lucha firme contra el senderismo asesino».

La configuración del «gabinete Bellido» fue la siguiente: Perú Libre, el partido de gobierno, obtuvo la presidencia del Consejo de Ministros y dos ministerios más; Nuevo Perú, el movimiento liderado por Verónika Mendoza, obtuvo dos carteras; Juntos por el Perú obtuvo una, al igual que el Frente Amplio y Renacimiento Unido Nacional. Fueron incluidos, además, representantes de diferentes sindicatos y organizaciones sociales. Por ejemplo, el dirigente magisterial Iber Maraví, perteneciente a la facción opositora al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), fue designado en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, y Víctor Maita, secretario de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), obtuvo la cartera de Desarrollo Agrario y Riego. Se sumaron, también, personajes reconocidos en la izquierda peruana, como el sociólogo Héctor Béjar y varios independientes cercanos al presidente.

Los cuestionamientos de la prensa y de los sectores opositores al gobierno pueden separarse en dos. Por un lado, se critica a algunos ministros por su poca experiencia en su área o porque, a pesar de tenerla, no son considerados aptos para asumir esa responsabilidad. Se le han formulado este tipo de críticas al ministro de Defensa Walter Ayala, abogado y ex-presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima, quien a la hora de asumir funciones tenía un desconocimiento total del sector. Otro ministro que ha sido blanco de críticas es Juan Silva, a cargo de Transportes y Comunicaciones, a quien se lo vinculó con una empresa de transportes multada por prestar servicios de manera informal. Desde esta cartera, además, se han realizado cuestionables nombramientos, algunos de los cuales, ante el escándalo mediático, fueron dejados sin efecto.

Por otro lado, se encuentran las críticas motivadas por el rechazo a las ideologías políticas de los ministros. Como ya se mencionó, Castillo ha logrado aglutinar en su gabinete a todo el espectro político de izquierda, en medio de un panorama de polarización, en el que las fuerzas de derecha –que durante la segunda vuelta promovieron un discurso anticomunista en contra de su candidatura– se encuentran reunidas en el Congreso. Esta pluralidad de izquierdas trae al escenario nacional posturas políticas que nunca antes habían tenido voz, que han sido marginadas por el radicalismo de su discurso e, inclusive, señaladas como terroristas.

Las acusaciones sobre Sendero Luminoso

«Ministro de Trabajo tiene nexos con Sendero Luminoso» fue la «primicia» de un diario de circulación nacional solo dos días después de la juramentación de los ministros. Se trataba de Iber Maraví, dirigente magisterial de Ayacucho, quien años antes había acompañado a Castillo en las huelgas nacionales de su gremio. A Maraví se lo acusa de ser uno de los fundadores del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP (Conare), una facción contraria al sindicato oficial de maestros que, según apunta la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú, es el «segundo brazo político» del grupo subversivo Sendero Luminoso.

Pero el escándalo mayor es la investigación preliminar por el supuesto delito de apología al terrorismo que afronta el presidente del Consejo de Ministros. Las diligencias fiscales se iniciaron en abril –durante la campaña por la segunda vuelta–, a partir de unas declaraciones que brindó en una entrevista televisiva, cuando fue consultado por una publicación que realizó en su cuenta de Facebook en 2017 en la que le rendía homenaje a Edith Lagos, una joven integrante de Sendero Luminoso muerta a inicios del conflicto armado interno y que tuvo un funeral multitudinario en Ayacucho. «Sendero Luminoso fue un conjunto de peruanos que tomó un camino con el que discrepamos, un camino por el que quisieron tomar el poder por la fuerza (…). Han tenido acciones terroristas, y las acciones terroristas las han tenido tanto Sendero Luminoso como las Fuerzas Armadas», esgrimió Bellido en esa oportunidad.

Los escándalos generados a partir de estos hechos han debilitado al gobierno de Castillo. Por un lado, ha perdido a aliados que había conseguido en el Congreso y, por el otro, ha recibido ataques por parte de la oposición parlamentaria, que impulsó –sin lograr llevarlas adelante– mociones para declarar como «acto inmoral» del presidente Castillo el haberlos designado como ministros, lo que trae al debate público, una vez más, el polémico artículo 133 de la Constitución sobre la vacancia presidencial por la causal de «permanente incapacidad moral».

La oposición ha aprovechado la situación para golpear constantemente al Poder Ejecutivo. Y ha tenido éxito. Según un estudio de opinión de IPSOS del mes de agosto, 57% de los encuestados (entre quienes sostenían que había «alguna presencia» y una «amplia presencia») consideraba que había presencia de simpatizantes de Sendero Luminoso o del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) en el gobierno. 83% consideraba que todo aquel que simpatizara con el grupo subversivo debía ser retirado del gobierno.

Según las acusaciones, la cercanía del gobierno con el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso se encontraría tanto en el magisterio, vinculado directamente al pasado sindical del presidente, como en la ideología de izquierda radical que representaría Perú Libre. Revisemos, brevemente, estos dos frentes.

El sindicato de maestros

Desde que Castillo acaparó la atención de la política nacional en 2017 como dirigente de la huelga magisterial de 75 días que fue acatada por más de 70% de los maestros del servicio público a escala nacional, fue acusado de tener vínculos con Sendero Luminoso. «Tenemos un problema serio. Hay una pequeña minoría de dirigentes del magisterio que tienen una vinculación evidente, que está documentada, con Sendero Luminoso», alertó en ese entonces el ministro del Interior, señalando –entre otros dirigentes– a quien hoy ocupa el sillón presidencial.

La prueba que incriminaba a Castillo y a otros líderes docentes era su supuesta pertenencia al Conare, una facción del magisterio disidente del SUTEP y seguidora del marxismo ortodoxo que, como ya adelantamos, es una más de las varias contrarias a la dirección del sindicato oficial de maestros. La línea ideológica clasista fue la que hizo que los profesores de la izquierda más radical se agruparan en el Conare, entre ellos algunos ex-militantes de Sendero Luminoso que, tras cumplir sus condenas por delitos de terrorismo, buscaban reintegrarse a la sociedad.

Después de grandes huelgas lideradas por un miembro del Conare a espaldas del sindicato oficial –entre 2003 y 2007–, el gobierno y los medios de comunicación empezaron a señalar una infiltración senderista en el magisterio a la que hacían responsable de azuzar a los maestros. La prueba del gobierno para acusar al Conare como el organismo infiltrado que responde a Sendero Luminoso llegó en 2011, en ocasión del intento de inscribir como partido político oficial al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

El Movadef es una organización fundada en 2009 por los abogados de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, que pretende, entre sus objetivos centrales, impulsar la consigna de la facción de Sendero Luminoso que en 1992 dejó las armas y apostó por un acuerdo de paz: «Solución política, amnistía general y reconciliación nacional». «Quienes han terminado con su sentencia tienen derecho de participar en la vida política del país», señaló uno de los defensores legales de Guzmán  al momento de anunciar la creación del movimiento político. Pero esto no se concretó. El Jurado Nacional de Elecciones rechazó la solicitud argumentando que el «marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo» que seguía la agrupación implicaba «actos violentos contrarios a la Constitución Política del Estado».

De las 350.000 firmas presentadas para que el Movadef se constituyera como un partido político, 4.819 fueron de profesores. Un trabajo de inteligencia de la Policía pudo determinar cuáles eran los miembros orgánicos del que empezaron a llamar «brazo legal de Sendero Luminoso». Varios de los ex-sentenciados por delitos de terrorismo eran integrantes del Movadef y, al mismo tiempo, del Conare, lo que llevó a la tesis oficial de que este último era un intento de Sendero Luminoso de infiltrarse en el magisterio. Pero, como señala el periodista e investigador Gerardo Saravia, «si se tiene en cuenta que los activistas orgánicos del Movadef presentes en el magisterio no llegan a 15, aquella tesis resulta poco creíble».

En 2017, los grupos contrarios al sindicato oficial de maestros deseaban iniciar una huelga magisterial; se acababa de aprobar una ley que establecía nuevos requisitos para continuar en la carrera pública docente, rechazada unánimemente por el gremio. Pedro Castillo fue elegido como el representante de todos los maestros de base para la huelga nacional. Esta vez el dirigente no pertenecía al Conare, pues los maestros sabían que de lo contrario se intentaría deslegitimar sus demandas. Sin embargo, el Conare y algunos de sus miembros, también pertenecientes al Movadef, apoyaron al profesor Castillo.

¿Un discurso apologético?

Las respuestas que dio Bellido en una entrevista a un programa regional propiciaron que se le iniciara una investigación preliminar, ya que –según se lee en el documento sustentatorio de la Fiscalía– no calificó a los senderistas «como terroristas, sino como peruanos que se equivocaron, es decir, como cualquier tipo de error que comete una persona común, por lo cual tienen derechos como todos».

Desde los inicios del conflicto armado interno en la década de 1980 y conforme fue creciendo la violencia política, distintos sectores acusaron a la izquierda legal de ser «fachada del terrorismo». Con el retorno de la democracia en el año 2000, ese manto de sospecha no se desvaneció. A pesar de que hace más de dos décadas no se registra ningún atentado contra el Estado peruano y que no existe ningún grupo subversivo en actividad, en la actualidad se hace uso de estos miedos para golpear a los candidatos antisistema, especialmente durante las campañas electorales. A Ollanta Humala, ni su condición de ex-militar ni su rechazo a ser considerado un candidato de izquierda lo eximieron de esta clase de señalamientos durante sus dos candidaturas en 2006 y 2011. Verónika Mendoza recibió los mismos ataques en sus campañas de 2016 y 2021. Las réplicas a estas acusaciones son constantes condenas y rechazos categóricos a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Memoria y cercanía

En su libro Sobre héroes y víctimas, el crítico literario Juan Carlos Ubilluz identifica tres discursos sobre el conflicto armado interno en la sociedad peruana: el «discurso de la seguridad nacional», que sostiene que durante las décadas de 1980 y 1990 el país sufrió una arremetida terrorista y que fueron las fuerzas del orden las que nos libraron de ella; el «discurso subversivo» –hoy minoritario–, que sostiene que durante dos décadas se libró una guerra revolucionaria que, finalmente, fracasó; y lo que denomina el discurso del «giro ético», una postura crítica frente a las dos antes mencionadas, que denuncia y rechaza las malas conductas humanitarias tanto de los grupos insurgentes como de las fuerzas estatales. Para Ubilluz, el giro ético es el asumido por la izquierda peruana. Sin embargo, esa izquierda a la que se refiere es la que en el programa de Perú Libre se denomina despectivamente «izquierda capitalina»: la izquierda reformista que, hasta la sorpresiva llegada de Castillo al poder, era la única con presencia en la política nacional.

Perú Libre se califica como «una corriente izquierdista provinciana, [que comenzó] como movimiento regional para luego constituirse en un partido de alcance nacional». Y, efectivamente, su desarrollo político se encuentra más localizado en las regiones y en los sindicatos, espacios con dinámicas y códigos diferentes, en los que, después de dos décadas del fin del conflicto, se convive con quienes en el pasado se levantaron en armas. No es la primera vez que aparece en la política peruana una postura no deshumanizadora con los ex-condenados por terrorismo. Sin embargo, hoy es difícil erradicarla del debate público como otras veces en el pasado.

Si bien esto ha motivado que un reducido sector discuta sobre la reinserción social de los condenados por terrorismo y hasta sobre la necesidad de descriminalizar al Movadef, los ataques al gobierno por parte de los políticos opositores y de los grandes medios de comunicación que durante la campaña de segunda vuelta realizaron una cobertura en contra del candidato de Perú Libre no hacen del presente el escenario más propicio para este debate.

¿La fuerza suficiente?

Castillo cumple su primer mes de gobierno con 38% de aprobación. Son 15 puntos menos que el mes pasado, por lo que no parece tener la fuerza suficiente para sostener los nombramientos que generan más cuestionamientos entre la opinión pública. Sin embargo, tampoco hay una estrategia para hacerlo. Era fácil suponer que las designaciones de Bellido, Maraví y  Béjar causarían una gran oposición, pero el Poder Ejecutivo optó por mantenerse silente ante los ataques a sus ministros.

La renuncia de  Béjar al Ministerio de Relaciones Exteriores es consecuencia de ese comportamiento. Si bien su pasado como guerrillero en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hizo que varias voces lo criticaran desde que asumió la Cancillería, el escándalo que motivó su salida fueron unas declaraciones sacadas de contexto por un medio de comunicación. Béjar fue acusado de haber responsabilizado a la Marina de Guerra del Perú del inicio del conflicto armado interno, debido a que en un evento de noviembre de 2020 manifestó que «el terrorismo en el Perú lo inició la Marina y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA». El escándalo fue mayúsculo, a punto tal que la Marina de Guerra, sin consultar al ministro de Defensa, publicó un comunicado deplorando estas afirmaciones y le envió una carta notarial en la que le solicitó que rectificara lo dicho. En realidad, la afirmación de Béjar aludía a los atentados contra diplomáticos y algunos almirantes que apoyaban a Juan Velasco Alvarado, ocurridos durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, en la década de los 70. Varios historiadores ampliaron el tema después de que Béjar renunciara.

El Ejecutivo pudo haber sorteado este inconveniente sin problema, pero nunca emitió un pronunciamiento oficial ni coordinó alguna defensa para el canciller con los miembros del gabinete ministerial, quienes ignoraron el escándalo o se limitaron a «deslindar del terrorismo de Sendero Luminoso», pasando por alto las explicaciones de quien hasta ese momento ocupaba la cartera de Relaciones Exteriores.

Después de su salida, Béjar Rivera manifestó a diferentes medios de comunicación que el premier Bellido le solicitó su renuncia. Él estaba dispuesto a aceptar la invitación que el Parlamento le había hecho con el fin de que aclarara sus expresiones, pero el Ejecutivo no le dio la oportunidad. En su reemplazo fue nombrado Óscar Maúrtua, un diplomático de carrera que estuvo a cargo del mismo sector durante el gobierno de Alejandro Toledo. La designación ha causado riñas internas en el gobierno y el rechazo total de la izquierda peruana, pues Maúrtua es visto como representante del continuismo en la política exterior.

«El nuevo canciller, Óscar Maúrtua De Romaña, no representa el sentir de Perú Libre. Nuestro Partido es un ente integrador y soberano, apuesta por una Latinoamérica unida independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil», escribió en su cuenta de Twitter el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tras conocerse la noticia.

La decisión del gobierno de retirar a Béjar de la Cancillería ha sido, probablemente, su más grande error durante estas primeras semanas de gobierno. Expuso así  su debilidad y sus conflictos internos y permitió que la Marina ejerciera presión para el retiro de un cargo de confianza, a pesar de ser una entidad no deliberante y a pesar de que los hechos que le imputaron al ex-ministro no eran ciertos. Además, perdió a uno de los ministros con una de las agendas más completas del gabinete: Béjar puso entre las prioridades de la cartera los temas ambientales y a favor de la comunidad LGBTI+. Con su retiro, un sector de la izquierda peruana se sintió agraviado.

El conflicto en Chumbivilcas

Unos días antes del cambio de mando presidencial –aún durante la administración de Francisco Sagasti–, las comunidades campesinas de Chumbivilcas, en Cuzco, iniciaron un paro indefinido contra el gobierno y la empresa minera MMG Las Bambas por un conflicto socioambiental iniciado en 2018.

En la provincia del sur, 96,458% votó por el lápiz. Ante los medios presentes, los comuneros manifestaron la esperanza de que sus demandas se resolvieran con la llegada a la Presidencia de Castillo Terrones.

Tan solo cinco días después, el premier Bellido viajó a Chumbivilcas acompañado de los ministros de Agricultura y de Energía y Minas para dialogar con la población de la zona. Con un discurso cercano, pasando del castellano al quechua, Bellido logró que las cinco comunidades levantaran la medida de protesta, después de comprometerse a solucionar el conflicto en un lapso de 60 días. Aquello fue visto como un gran logro del gobierno. En entrevistas, Bellido indicaba que el gobierno abordaría los conflictos sociales de manera diferente, junto con la población.

Dos semanas después, el reinicio del paro sorprendió a todos. El Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas emitió un pronunciamiento en el que informó, entre otras cosas, que la presidencia del Consejo de Ministros no había cumplido con instalar la mesa de diálogo para escuchar sus pedidos y tampoco respondía sus llamadas ni sus documentos oficiales.

Si bien el gobierno actuó rápidamente y logró que los comuneros depusieran la medida de fuerza después de acordar con ellos la instalación de una mesa de diálogo, lo sucedido en Chumbivilcas es clave para entender la complejidad de las bases duras del gobierno. Y es que uno de los más grandes retos de Castillo en estos primeros meses será manejar las expectativas de su electorado, que no tiene una fidelidad incondicional y que presenta el factor decepción a flor de piel.

La victoria de Castillo en las urnas no es un ejemplo de construcción de una organización partidaria. El masivo apoyo hacia él se debió a la identificación del electorado («es humilde como yo») y a su promesa de cambio (opción antisistema), en un país en el que 55% de la población se percibe como «perdedora» del crecimiento económico de los últimos 30 años. En ese escenario, reafirmar la confianza de sus bases es esencial, ya que son los únicos que lo defenderían ante algún intento de sacarlo del poder.

La oposición

El politólogo Carlos Meléndez ha señalado que los comicios para el periodo 2016-2021 mostraron dos fenómenos políticos. En primer lugar, el predominio de la derecha en Perú, y en segundo, la bifurcación de esta en dos vertientes: la tecnocrática-liberal y la populista-conservadora, representadas respectivamente por Pedro Pablo Kuczynski con su partido Peruanos por el Kambio (PPK) y por Keiko Fujimori con Fuerza Popular. Efectivamente, desde que Kuczynski obtuvo la Presidencia de la República y Fuerza Popular la mayoría parlamentaria se inició un periodo de polarización y confrontación entre los dos poderes del Estado.

La llegada de Perú Libre al escenario político ha logrado unificar a esas dos derechas, que ahora tienen como objetivo común lo que llaman la «lucha contra el comunismo». Si bien es cierto que en poco tiempo han existido varios conflictos internos en el Parlamento que han terminado con la renuncia de algunos congresistas de las bancadas para las que fueron elegidos, tales conflictos no cambian mucho el  escenario hostil hacia Perú Libre, pues las brechas más grandes se encuentran hoy en el eje izquierda-derecha y el voto en contra de las iniciativas del oficialismo se mantiene.

La prensa y los líderes de opinión de tendencia más progresista que tienden a apostar por la gobernabilidad tomaron como una afrenta del gobierno la configuración del gabinete, por lo que actualmente se pronuncian a favor de la vacancia presidencial. Ese es uno de los golpes más grandes para el gobierno, ya que el discurso mediático cada vez adquiere más homogeneidad en su contra y ello podría legitimar a la oposición.

Otro señalamiento constante de parte de este sector es la supuesta intromisión del secretario general de Perú Libre en las decisiones del gobierno. Esta acusación la inició Fuerza Popular durante la segunda vuelta presidencial y es un peso que el presidente no ha podido sacarse de encima. Y es que Vladimir Cerrón, médico formado en Cuba que no tiene temor en llamarse socialista, es un blanco fácil para la campaña anticomunista. La realidad ha salido a relucir en los últimos días: la relación entre el presidente y el líder de Perú Libre son tensas. Ha trascendido que, antes del voto de confianza, Castillo había decidido cambiar a Bellido y a la mitad de su gabinete, a pesar del rechazo de Cerrón. La lideresa de Nuevo Perú Verónika Mendoza tuvo que intervenir para evitarlo.

Es importante señalar que el Congreso, de mayoría opositora, no es popular entre la población: su aprobación es de tan solo 31%. Sin embargo, la narrativa que impone este sector, en la que hace responsable al nuevo gobierno de factores que escapan a su control –como la inflación, que también sufren otras economías de Latinoamérica, y el retraso de la llegada de vacunas provenientes de China, que también ha causado problemas en Ecuador–, crea un espacio para la aparición de un liderazgo opositor que aún no tiene rostro.

Ante este panorama, es válido preguntarse si el programa de gobierno de Castillo tiene alguna posibilidad de éxito. La respuesta es incierta. Castillo debe encontrar un equilibrio que le permita mantener a sus bases satisfechas y que, al mismo tiempo, genere un clima de gobernabilidad política que le permita reunir las condiciones mínimas para avanzar en una agenda de cambio. La confianza otorgada al gabinete es un respiro. Una primera tarea es recuperar el apoyo de los sectores progresistas que tomaron posición a su favor durante el periodo en el que el fujimorismo y sus aliados intentaron desconocer los resultados electorales. Pensando a mediano plazo, esto puede lograrse colocando a cuadros de izquierda con un perfil técnico en sectores estratégicos; el amplio apoyo a la designación de Pedro Francke como ministro de Economía es un claro ejemplo de que ello funcionaría.

En sus próximos pasos, Castillo y su gobierno deben pensar estratégicamente. La gobernabilidad no tiene por qué significar acercarse al centro o ponerse en «piloto automático» porque, como ya se preguntó el politólogo Alberto Vergara, ¿a Ollanta Humala le valió de algo moderarse?

María Sosa Mendoza es licenciada en Periodismo por la Universidad de Lima. Escribe para el Instituto de Defensa Legal de Perú y en el periódico La Plaza. Ha formado parte de la redacción de Perú21.

Fuente: https://nuso.org/articulo/castillo-sin-luna-de-miel/

Por: Yair Cybel

Entre el 28 de abril y el 31 de mayo se reportaron 3.789 casos de violencia policial contra los manifestantes del Paro Nacional, según la ONG Temblores. ¿Considera que el Gobierno colombiano ha tomado medidas para evitar que sigan ocurriendo estos hechos?

Se cumplen cinco años del asesinato de Berta Cáceres, luchadora social y defensora de pueblos indígenas en Honduras. ¿Consideras que se haga justicia en el caso cuando falta saber quiénes son los autores intelectuales del crimen?.

Sobre un tablero minado, el recién electo Gobierno logró afianzar su gabinete de ministros ante el Congreso.

Apenas un mes después de haber asumido la presidencia, tras un ajustado balotaje y un dilatado reconocimiento por parte de la oposición, el Gobierno de Pedro Castillo se enfrentó ayer a su primer round como oficialismo consagrado.

El de Perú es un caso de estudio para el constitucionalismo internacional. Un sistema heredado del trazado institucional de la Constitución fujimorista de 1993, que oscila en una intrincada zona gris entre el presidencialismo y el parlamentarismo.

En esta compleja amalgama de poderes es que se inserta la “cuestión de confianza”, un recurso por el cual el presidente debe someter a su gabinete a la aprobación del Congreso. Esta validación parlamentaria requiere una mayoría simple, es decir, la mitad más uno; que los votos a favor superen a aquellos que se posicionan en contra y a las abstenciones. Así, en caso de aprobarse la confianza, el presidente valida al gabinete propuesto, pero si encuentra un rechazo mayoritario, el ministro debe ser depuesto de sus funciones y debe dimitir al cargo. Pero el articulado es aún más laberíntico: si el Congreso niega en dos sesiones seguidas la confianza al gabinete, el Ejecutivo tiene en su poder la capacidad de disolver el Parlamento y convocar nuevamente a elecciones.

Esta puja de poderes no es novedosa: ya tuvo su antecedente en las gestiones de PPK y Martín Vizcarra, que a la postre culminaron con la elección de un Parlamento extraordinario en 2020 para legislar por el período de un año. Pero ahora, con Pedro Castillo en la Presidencia y una oposición cada vez más hostil y radicalizada, la confianza en el gabinete se ha vuelto un eje central para analizar el enfrentamiento entre los poderes del Estado y configurar el futuro de Perú.

Este viernes, luego de una jornada que se extendió más de 24 horas, con 73 votos a favor y 50 en contra, el profesor Pedro Castillo logró que el Congreso peruano le otorgase la confianza a su gabinete y al presidente de su Consejo de Ministros.

Pero las pujas por el gabinete presidencial comenzaron bastante antes, con el nombramiento de Héctor Béjar como canciller de la república. Doctor en Sociología, abogado, escritor, artista plástico y profesor universitario, Béjar es un histórico referente de la izquierda peruana. Recibió formación política en Cuba donde conoció a Fidel Castro y Ernesto Guevara, fue detenido por su accionar político en la guerrilla y amnistiado en 1970 por el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado. Una vez en libertad se incorporó al proyecto de reforma agraria impulsado por la gestión velasquista coordinando el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), una de las herramientas de movilización popular que fungieron como defensa de las conquistas sociales adquiridas en el período.

La gestión de Béjar al frente de la Cancillería duró poco más de dos semanas: fue removido del cargo luego de declarar que la Marina había sido la institución que inició el terrorismo en el Perú y que algunos de sus oficiales fueron capacitados por la CIA. La presión de legisladores opositores sumados al repudio público de la Fuerza Armada, condujeron a que Béjar debiera dimitir a su cargo y abrieron una nueva grieta al interior de la coalición de Gobierno. El elegido para ocupar el ministerio de Relaciones Exteriores fue Óscar Maúrtua, un diplomático de carrera y un moderado excanciller.

La designación de Maúrtua expresa algunas de las contradicciones que se plasman en el Gobierno, sobre todo entre el dueño del partido Perú Libre y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y el presidente en funciones, Pedro Castillo. Maúrtua ostenta un perfil más moderado y comparte con Castillo su cercanía con el Gobierno de Alejandro Toledo, donde Maúrtua revistió como canciller y cuyo partido, Perú Posible, llevó a Castillo por primera vez como candidato.

“El nuevo canciller, Oscar Maúrtua De Romaña, no representa el sentir de Perú Libre. Nuestro partido es un ente integrador y soberano, apuesta por una Latinoamérica unida independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil”, respondió Cerrón en su cuenta de Twitter tras la designación del nuevo ministro.

La tensión entre el líder partidario y el presidente se incrementó al calor de la votación de confianza. En un primer momento, Castillo amenazó con hacer cambios de gabinete previos a la votación, intentando evitar la confrontación con el Congreso y presentando un equipo más dialoguista. Finalmente, se impuso la mirada de Cerrón que consideraba importante sostener a sus ministros y, en todo caso, reforzar la imagen obstruccionista del Poder Legislativo. La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada entre el lunes 16 y el jueves 19 de agosto, señala que un 56 % de los entrevistados considera que el Legislativo debería respaldar a los ministros propuestos en el pedido de confianza.

La votación legislativa expresa también la construcción de alianzas parlamentarias que Perú Libre pudo construir hasta ahora. A los 37 curules de Perú Libre y los 5 de Juntos por el Perú, se le sumaron la bancada de centroderecha de Somos Perú, el centroizquierdista Acción Popular y algunos congresistas de Podemos Perú. Así, el gobierno obtuvo 73 votos, voluntades suficientes para refrendar al gabinete. Del otro lado, Avanza País, Renovación Nacional y el fujimorismo, aclararon desde un primer momento que no acompañarían al equipo de gestión propuesto por Castillo. A los que votaron en contra se suma el liberal Partido Morado, que expresó que no acompañaba la propuesta ya que no había ninguna referencia a los derechos de la población LGTBI+. Sumaron entre todas 50 votos.

La aprobación del gabinete imprime un halo de esperanza en relación al vínculo entre el Ejecutivo y Legislativo, sobre todo considerando la aplicación de otra moción que complejiza aún más el escenario peruano: la vacancia. Este recurso puede entrar en vigor por muerte del presidente, incapacidad moral o física, por su renuncia ante el Congreso o por destitución. Para aprobar la destitución por incapacidad moral (la misma que se impulsó contra Vizcarra), se necesitan los dos tercios de la cámara, un número que por ahora –y atento a la vorágine impredecible de la política peruana– la oposición quedó lejos de alcanzar.

En el centro de todas las miradas estuvo Guido Bellido, Presidente del Consejo de Ministros (PCM), militante de Perú Libre y hombre fuerte de Cerrón. Bellido ha sido el blanco de las críticas de la oposición tanto por lo gravitante de su cargo como por posicionamientos propios: sus posiciones homofóbicas le generaron cruces en la previa del nombramiento con el economista y ministro de Economía, Pedro Francke.

Bellido fue el encargado de exponer frente al Congreso para pedir el voto de confianza: comenzó su presentación ante la Cámara hablando en quechua y reivindicando la plurinacionalidad del Perú. Con un mensaje conciliador, evitando el enfrentamiento con el Parlamento, el PCM enfatizó en el respeto a las libertad de expresión y se deslindó de los las acusaciones de terrorismo. Asimismo, plasmó sus principales propuestas de gestión: fortalecer la empresa estatal PetroPerú, impulsar grandes obras públicas con eje en el transporte, promover la vacunación y avanzar con mejoras concretas para los sectores campesinos. Pero no se puede obviar que hubo un gran elefante en la sala: la Constituyente, principal promesa de Castillo en la campaña, fue la ausencia latente durante toda su exposición.

La Constituyente no fue al Congreso. Bellido, Cerrón y Castillo coincidieron en que no era momento para traer a escena uno de los temas más álgidos que atraviesan al país. Esta decisión deja ver algunos indicios y definiciones: la apuesta inicial del profesor de intentar modificar la Constitución con la anuencia del Congreso pareciera más lejana ante la hostilidad del cuerpo y podría recuperar vigor la idea del referéndum y la consulta popular.

Pero la conflictividad peruana excede los pasillos de los parlamentos. Este martes, se publicó un decreto que endurece las condiciones de encarcelamiento de los reclusos de alta peligrosidad, lo que derivó en el traslado de Vladimiro Montesinos al penal de Ancón II y se espera que el expresidente Alberto Fujimori corra la misma suerte. Ambos contaban con notorias libertades en sus condiciones de encierro y Montesinos había sido acusado de coordinar desde su lugar de detención el pago de sobornos a miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que favorecieran a Keiko Fujimori. “Las prisiones doradas se acabaron en este Gobierno”, sentenció vía Twitter Vladimir Cerrón.

En conclusión, la confianza es una primera victoria de la alianza de Gobierno. Castillo construyó acuerdos parlamentarios, validó su equipo de Gobierno y demostró que puede trascender los límites de su propia representación. Queda latente la inviabilidad de un sistema como el peruano, donde la suma de pequeñas minorías legislativas pueden invalidar la voluntad popular de las grandes mayorías.

La solución para esta complejísima arquitectura institucional es una sola: la Constituyente. Castillo demostró que puede construir mayorías en una jugada digna del populismo laclausiano: edificó una cadena equivalencial y un antagonismo claro para ganar la confianza del parlamento. Ahora queda por verse si puede sostener esa mayoría circunstancial al tiempo que decide cómo impulsa la Constituyente, con un Congreso obstruccionista y la latente amenaza de la “humalización” de su Gobierno. Por lo pronto, tendrá una próxima parada compleja con la aprobación de presupuesto. Pero eso ya será otro capítulo de esta historia.

Fuente: Resumen Latinoamericano

El debate por la confianza al gabinete de Guido Bellido, con un claro antagonismo de izquierdas y derechas, fue más allá del Parlamento. Afuera del recinto, unos mostraron su apoyo al Gobierno de Castillo y otros arengaban su rechazo al comunismo.

Hasta la mitad del discurso del premier Guido Bellido, los gritos de los dos bandos de seguidores en la avenida Abancay competían de manera muy pareja por hacerse escuchar con sus megáfonos. Unos exclamaban ¡fuera el comunismo!, los otros ¡dejen trabajar a Castillo!

Pero todo cambió cuando una camioneta de los opositores al Gobierno ingresó a la pista, pese a los esfuerzos de la policía para evitarlo. Tenía unos potentes parlantes que acabaron por imponerse en este escenario de confrontación. Desde ese momento se escuchó mucho más fuerte a los que repetían, entre otras arengas, ¡fuera, marxistas! A una seguidora de Perú Libre solo le quedó comentar: “Es que ellos tienen mucha plata, pues”.

En esta camioneta, que no tuvo reparos para entrar, pese a que la vía estaba colmada de manifestantes, se pudo reconocer al miembro de La Resistencia Álvaro Subiria (41), conocido como Thor, acusado de agredir a una periodista en julio pasado. También estuvo otra integrante de ese grupo de ultraderecha, Flor Contreras León, con casco, casaca y guantes negros y lentes oscuros.

Por la tarde. Una manifestante se desmayó y fue auxiliada de inmediato. Foto: Aldair Mejía/La República
Hubo varios conatos de bronca. Las dos portátiles, durante toda la jornada del debate del voto de confianza, se enfrentaron a gritos y arengas, y en algunos momentos a lo largo del día intercambiaron golpes, insultos y varazos.

Por un lado, se oía ¡fuera, terrucos!, ¡vacancia ya!, ¡insurgencia!; por el otro, ¡basta de corruptos!, ¡no más golpistas! y ¡Castillo dignidad!

Los seguidores de Perú Libre habían pernoctado para mostrar su apoyo al presidente Pedro Castillo. Los que respaldan a Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País irrumpieron también muy temprano, muchos de ellos con sus camisetas de la selección.

Golpes. Desde un vehículo, miembros de La Resistencia se cogen a varazos. Foto: John Reyes/La República
La policía, con gran esfuerzo, dividió la avenida Abancay en dos partes para ubicar en cada una de ellas a las portátiles enfrentadas, con sus banderolas, sus muñecos, sus bailes y sus continuas fintas de bronca.

Un grupo de antigobiernistas intentó colocar una gran banderola en la que decía ¡Vacancia ya! y se desató una de las trifulcas más fuertes. A banderazos, empujones y hasta enfrentamientos con la policía.

En cierto momento salieron a respaldar a sus portátiles tanto Guillermo Bermejo(PL) como Jorge Montoya (RP). El primero dijo que lo satisfacía el respaldo recibido y advirtió que la policía no reprimía a los manifestantes “de la derecha”. El segundo saludó “al pueblo” y anunció que no daría el voto de confianza.

Firmas. Perú Libre en acción para cambiar la Constitución. Foto: Félix Contreras/La República
Las marchas siguieron hasta muy tarde. La policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos a eso de las 5:30 p.m. porque un grupo de opositores al Gobierno quiso llegar hasta las mismas puertas del Congreso.

En la plaza San Martín, donde se había anunciado la llegada de Vladimir Cerrón, se inició el recojo de firmas para cambiar la Constitución. Dirigentes de Perú Libre indicaron que él no llegaría, pues viajó a Junín para tramitar la ampliación de su permanencia en Lima.

Como indicó el director de Ciencias Políticas de la UPC, Omar Awapara, la izquierda de Perú Libre y Juntos por el Perú empiezan a disputar la calle, que había sido tomada momentáneamente por la derecha.

Por: Néstor Restivo

 

 

Pedro Castillo habló de los pueblos andinos originarios, del sistema de castas que hay desde el virreinato español hasta hoy, de la falta de oportunidades para la mayoría del pueblo peruano, de la profunda gravedad de la actual situación económica y en salud de su país. Fue en su jura como flamante presidente de Perú. La derecha hizo todo para que este maestro y dirigente docente rural no asumiera tras ganar las elecciones, se tomó seis semanas para aceptarlo, y condicionarlo.

Pedro Castillo, flamante presidente de Perú. Una de sus principales promesa de la campaña fue que el Estado capture una mayor renta de las multinacionales mineras.. Imagen: AFP

Pedro Castillo habló de los pueblos andinos originarios, del sistema de castas que hay desde el virreinato español hasta hoy, de la falta de oportunidades para la mayoría del pueblo peruano, de la profunda gravedad de la actual situación económica y en salud de su país. Fue en su jura del miércoles como flamante presidente de Perú.

La derecha hizo todo para que este maestro y dirigente docente rural no asumiera tras ganar las elecciones, se tomó seis semanas para aceptarlo, y condicionarlo. No la tendrá fácil Castillo. Pero el pueblo peruano sí tiene una gran expectativa: hace décadas que todos los mandatarios le patearon en contra y acabaron echados, presos, exiliados o suicidados.

 Algunos adeptos ven a Castillo en espejo a líderes vecinos como Evo Morales o Rafael Correa, que no solo lograron en sus países grandes éxitos económicos y sociales, sino una estabilidad que jamás les dio el neoliberalismo en los volcánicos Bolivia y Ecuador. Perú quiere su hora.

En clave económica

Asesorado por Pedro Francke en lo económico, en su jura reclamó cambios y mejor distribución del ingreso, más presencia del Estado en salud, educación y obras públicas, atacó la corrupción y la usura (“vimos presidentes presos, pero a ningún empresario”, dijo), pero espantó la maliciosa campaña según la cual viene a vulnerar propiedades y a estatizar todo.

Castillo recibe una economía herida de pandemia (en 2020 cayó 11 por ciento, una de las peores tasas del mundo, ahora en leve recupero) y la crisis sanitaria (con índices de mortalidad record mundial) sacó a la luz lo oculto por la “estabilidad macro”, que suele garantizar ganancias a los grandes y una ristra de pesares a la mayoría.

“En pandemia, la pobreza saltó de 21 a 31 por ciento, pero hay 15 por ciento más que la estadística llama ‘no pobres vulnerables’: les alcanza para la canasta básica, pero muy cerca de la línea y en riesgo de caer, más aún por la inflación”, afirma a Cash, desde Lima, el economista Humberto Campodónico.

Su colega Jorge Manco avizora conflictos sociales que Castillo deberá atender. “Serán por la suba de precios en productos de consumo masivo: nafta, maíz, tarifas de luz y gas, presiones que ya vienen desde 2020. Castillo prometió ‘no más pobres en un país rico’ y generó expectativas”.

Para Manco, “se exacerba el conflicto social en esta coyuntura de transición. Castillo estuvo siempre de un lado de la mesa y ahora estará del otro lado. Si surgen conflictos, reprimir no es buen consejo, claro, más aún con la derecha con el cuchillo alzado. Deben bajar las tensiones. Eso se logrará con consenso y negociando en el Congreso con dos partidos, Acción Popular y Alianza para el Progreso”.

La resistencia de la derecha

A Castillo ya lo apoya la izquierda de Verónika Mendoza, en tanto el rival irreconciliable es el fujimorismo más otras expresiones de derecha. Por sí solo, Perú Libre, el partido del Presidente, es primera minoría pero sin control parlamentario. La derecha unida no le dio ninguna autoridad en el cuerpo.

Desde la Universidad de San Marcos, Carlos Aquino explicó a este suplemento que “en los primeros meses es prioridad masificar la vacunación y reactivar la economía. Hubo tensiones en la Bolsa y el sol (la moneda peruana) se devaluó frente al dólar”.

Para agregar que “Castillo deberá calmar eso, garantizar estabilidad monetaria y reactivar con medidas rápidas, pues 60/70 por ciento del Perú trabaja en la informalidad y es el que más sufrió la pandemia. La buena noticia es que, a diferencia de crisis anteriores, Perú no está en quiebra ni muy endeudado, tiene margen de acción y los precios de los commodities mineros, que exportamos, están muy altos”.

Según Aquino, “además Asia seguirá demandando materias primas porque retomó su expansión, y a ese continente fue 52 por ciento de nuestras exportaciones en el primer semestre de 2021. Sólo a China, 35 por ciento, mientras que a Estados Unidos, en comparación, apenas 12 por ciento”.

Un dato que no pasó desapercibido fue que al primer embajador que Castillo visitó tras ganar las elecciones no fue un mister ni un Monsieur : se llama Liang Yu.

Materias primas

Si bien la suba del precio internacional del cobre y minerales es un dato positivo para la economía peruana, Campodónico mira de reojo el otro lado de la moneda: subieron “todas” las materias primas, incluyendo las que compra Perú.

“Dependemos mucho de alimentos importados: trigo (pan, fideos), soja, maíz duro para los pollos, fertilizantes. Esto es un shock externo negativo y la paridad con el dólar subió 10 por ciento estos días, se encarecieron, y se ramifica en contratos, indexaciones de precios de energía eléctrica mayorista. Hay que ver entonces si el saldo de divisas es favorable o no. Pero tenemos bajo nivel de deuda y de déficit, por lo tanto hay margen fiscal y monetario para que Castillo incentive de modo urgente la economía y el consumo popular”.

Aquino, si bien admite que 70 por ciento de lo que exporta Perú son productos primarios, recuerda incentivos impositivos dados a la agroindustria (palta, arándanos, espárragos) y propone imitarlos en producciones como la forestal o la pesquera.

Impuestos y constituyente

Dos promesas de campaña son clave en el debate económico:

1. Una mayor captura de renta de las multinacionales, en especial, la de las mineras del cobre, el oro, la plata y el hierro: MMG, Chinalco, Barrick, Anglo American.

2. Una reforma de la Constitución, herencia del fujimorismo, para refundar el Perú, cuyo Estado, como explicó hace años el prestigioso sociólogo y politólogo Julio Cotler, nunca terminó de consolidarse y fue dominado por pequeñas elites y, por años, por una corrupción elevada que capturó a casi toda la clase dirigente. Este es otro tema que Castillo ha prometido combatir.

Sobre nuevos impuestos, Mancoindicó que “es controversial hablar hoy de ganancias extraordinarias de las empresas o por regalías de las mineras. En estas condiciones, con suba del precio del cobre deben renegociarse contratos, pero lleva tiempo. Un nuevo marco tributario ameritará negociar mayorías en el Congreso. En 2006 hubo un aporte voluntario de las mineras más grandes. Podría repetirse, pero ampliado a las cientos empresas del sector y otras. Son utilidades por la suba de precios mundiales”.

Aquino sugiere incentivar la inversión privada, que suma 80 por ciento del total, ya que el Estado recaudó y tuvo ordenadas las cuentas en estos años, pero prácticamente no invirtió casi nada en infraestructura pública y social, lo que, en su jura, Castillo prometió revertir para generar empleo, enumerando varias medidas que aplicará de inmediato.

“La inversión privada –dice Aquino- necesita estabilidad, reglas claras. El Estado podría mejorar su renta, por ejemplo en minería, pero debe estudiarlo bien, lugar por lugar, proyecto por proyecto y atendiendo reclamos de cada comunidad”.

Sobre tener una nueva Carta Magna, que Castillo volvió a referir en su jura presidencial, cree que una Constituyente “generaría mucha tensión. Se pueden ir haciendo reformas paulatinas”.

Crisis del neoliberalismo

Manco coincide con esa posición. Ahora que no es candidato sino presidente, Castillo “deberá bajar el tono, hoy sería suicida activar la reforma constituyente. De nuevo, deberá lidiar con el Congreso. ¿Una minoría que en primera vuelta obtuvo 19 por ciento tiene la fuerza para hacer eso? ¿Una asamblea? ¿Un referéndum? Agudizaría las contradicciones y enfurecería más a la derecha. Hay otras urgencias: reactivar con subsidios, bonos, créditos a las pymes, al empleo”.

Sin embargo, Campodónico ofrece una mirada más global. “El neoliberalismo está en crisis, se demostró que el mundo supera la pandemia con Estado, el propio Joe Biden dijo que el derrame no funciona. Perú es el último en salir del Consenso de Washington. Ahora bien, estamos frente a una maratón, no frente a una carrera de 100 metros. Hay que prever, planificar, ir gradualmente, como hicieron la Bolivia del MAS o el Ecuador de Correa”.

Afirma que “lleva años recuperar recursos, nacionalizar algunos sectores, cambiar una Constitución. Acá tenemos urgencias en lo sanitario y la vacunación y, luego, hay muchas cuestiones pendientes, como una reforma previsional, llevar el progreso y la digitalización a las zonas más marginadas del país, tantas cosas. Cambiarlo llevará tiempo y deberá tenderse una mano al centro político para salir de la polarización que propone la derecha. Será una maratón y hay que preverla, no podrá ser todo ya”.

Por: Cecilia Gonzalez

El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, asumirá el miércoles en su cargo con una larga lista de desafíos que incluyen la atención de la pandemia de coronavirus, que ha tenido un particular y grave impacto que –al igual que en el resto de América Latina–, incluye un drástico aumento de la pobreza y que requiere el diseño y aplicación de un programa urgente de recuperación económica.

La tarea del líder izquierdista, quien, en un claro mensaje para diferenciarse de sus antecesores enriquecidos al amparo del poder, ya renunció al sueldo presidencial y cobrará como un docente, se verá complicada por la oposición fujimorista que polarizó la segunda vuelta y que realizó todo tipo de maniobras para volver al Gobierno. Aunque no lo logró y Keiko Fujimori alcanzó el récord de perder por tercera vez una elección presidencial, ello de ninguna manera implica que esa fuerza política está acabada.

Pero quizá el principal reto de Castillo sea, en realidad, completar el periodo de cinco años de Gobierno para el que fue electo.

La crisis e inestabilidad política han imperado en un país que tan solo en los último cinco años ya tuvo a cuatro presidentes y que desde que Alberto Fujimori huyó en noviembre de 2000, luego de haber gobernado durante una década, ha acumulado a ocho mandatarios, de los cuales únicamente tres (Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala) ejercieron su cargo en tiempo y forma.

El devenir de los políticos que ocuparon la Casa de Pizarro, sede del Gobierno, simboliza la gravedad del deterioro institucional peruano.

El devenir de los políticos que ocuparon la Casa de Pizarro, sede del Gobierno, simboliza la gravedad del deterioro institucional peruano. Fujimori cumple más de una década detenido. Alejandro Toledo está con arresto domiciliario en EE.UU. y en medio de un juicio de extradición. Alan García se suicidó para evitar ser detenido por corrupción. Pedro Pablo Kuczynski renunció, acosado por denuncias de sobornos multimillonarios. Martín Vizcarra fue destituido el año pasado, en un proceso más parecido a un golpe parlamentario, y luego quedó envuelto en un escándalo por haberse vacunado en secreto cuando todavía era presidente.

Por eso, una vez que Castillo se coloque la banda presidencial, será apremiante que la clase política se esfuerce en respetar y defender una democracia que ha sido tan dañada. Una meta que, por supuesto, difícilmente le interese al fujimorismo.

Saldos

Castillo asume en medio de una crisis sanitaria que ha dejado más de dos millones de casos confirmados de covid-19 y casi 200.000 fallecidos, lo que lo convierte en el quinto país del mundo con mayor número de fallecimientos por la pandemia.

Además, desde hace más de un año también lidera la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Es decir, es el país en donde muere más gente en proporción con su población, así que una de las prioridades del nuevo Gobierno será avanzar en la campaña que hasta ahora apenas ha inmunizado al 12,6 % de la ciudadanía con dos dosis y al 21 % con una.

El impacto social del coronavirus ya es evidente. En mayo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que, entre 2019 y 2020, la pobreza creció del 20,2 % al 30,1 %, lo que representa su nivel más alto de la última década. Es el principal resultado de la caída del 11 % que el Producto Interno Bruto tuvo el año pasado y que fue la peor registrada en tres décadas, ya que, a diferencia de la inestabilidad institucional, Perú había logrado una estabilidad económica que le permitió crecer en promedio 5,6 % anual entre 2001 y 2016 y que, en el mismo periodo, había reducido la pobreza del 60 % al 21 %.

La campaña del miedo sigue. En vísperas de la asunción, se multiplican las voces derechistas que anticipan “la desconfianza” hacia el nuevo proyecto político. Su candidata era Keiko Fujimori, quien prometía la aplicación de las estrategias económicas que tanto les gustan a los ‘mercados’.

En ese sentido el saliente Gobierno interino de Francisco Sagasti vaticinó un alentador crecimiento económico del 10 % para este año, y con un promedio anual del 4,5 % hasta el 2024. Aunque el Fondo Monetario Internacional reduce la previsión 2021 a un 8,8 %, sigue siendo un escenario favorable que quedó en pausa luego de que Castillo sorprendiera al avanzar a la segunda vuelta presidencial.

Los ‘mercados’, ese eufemismo que suele abarcar a los especuladores de siempre, a los defensores de modelos económicos que han empobrecido a los latinoamericanos y que han fortalecido la inequidad, se asustaron, como siempre ocurre con cualquier político de izquierda, mucho más con este líder que ganó enarbolando un discurso contra las élites, las oligarquías.

La campaña del miedo sigue. En vísperas de la asunción, se multiplican las voces derechistas que anticipan “la desconfianza” hacia el nuevo proyecto político. Su candidata era Keiko Fujimori, quien prometía la aplicación de las estrategias económicas que tanto les gustan a los ‘mercados’. Que fuera la heredera de una dictadura corrupta que violó derechos humanos en masa y que prometiera indultar a su padre, es decir, su impunidad, era apenas un detalle sin importancia.

Presiones

Castillo estará, desde el día uno, bajo el acoso de la oposición fujimorista que, con sus 24 parlamentarios, representa a la segunda bancada más importante en el Congreso. El oficialismo, con 37 de los 130 escaños, es la fracción que lidera el poder Legislativo.

La búsqueda de alianzas con otras fuerzas será una de las tareas fundamentales para Castillo, quien no asume con la fortaleza institucional que le hubiera otorgado una victoria contundente. El triunfo con el 50,1 % de los votos frente al 49,8 % que alcanzó Fujimori, y que equivale a una magra diferencia de 44.000 sufragios, anticipa el complejo clima de polarización que marcará la gestión del Gobierno entrante.

La búsqueda de alianzas con otras fuerzas será una de las tareas fundamentales para Castillo, quien no asume con la fortaleza institucional que le hubiera otorgado una victoria contundente.

No olvidemos, además, que el fujimorismo, tan repelente a la democracia, fue el principal impulsor de las destituciones de Kuczynski y de Vizcarra. Están acostumbrados a sacar presidentes. Y, muy al estilo de los seguidores del expresidente estadounidense Donald Trump, siguen argumentando sin ninguna prueba que Fujimori no perdió, sino que hubo un fraude electoral.

La presión será constante en contra de un dirigente que representa la renovación de la desprestigiada clase política tradicional peruana, y que reconfigura ideológicamente una Sudamérica en la que hasta ahora el progresismo solamente estaba representado por el argentino Alberto Fernández y el boliviano Luis Arce.

Ya en la gestión, quizá Castillo sorprenda tanto como lo hizo el 11 de abril, cuando ganó la primera vuelta sin que nadie lo hubiera anticipado. Habrá que esperar los resultados.

Fuente: Pagina12

 

La derecha derrotada afila las armas contra el gobierno que asumirá este miércoles y busca tomar la presidencia del Congreso, que se elegirá este lunes.

Desde Lima

 “El pueblo es el gobierno. Esta lucha no puede ser traicionada”, exclamó el presidente electo Pedro Castillo ante una entusiasta multitud en un mitin realizado la noche del viernes. Poco antes había recibido formalmente de las autoridades electorales sus credenciales como ganador de las elecciones y presidente electo. En la ceremonia oficial y en la manifestación popular, el profesor rural y dirigente sindical insistió en sus llamados “a la más amplia unidad”. A pesar de esas exhortaciones a la unidad, la derecha derrotada en las urnas afila las armas contra el gobierno de izquierda que asumirá este miércoles. Esa derecha radical y golpista busca tomar la presidencia del Congreso, que se elegirá este lunes.

 Desde el balcón de la plaza

Castillo habló a sus seguidores desde un balcón que da a la céntrica plaza San Martín, ubicada a pocas calles de Palacio de Gobierno y tradicional escenario de manifestaciones políticas y protestas sociales. Cuando apareció en el balcón se soltaron globos rojos y blancos, los colores patrios, se lanzaron fuegos artificiales y resonaron los aplausos y las consignas de apoyo al futuro gobierno de izquierda. Fue una noche de júbilo popular. El maestro y campesino que viene de una de las zonas andinas más pobres del país y que en unos días asumirá la presidencia del Perú, recordó su participación en las luchas gremiales en esa misma plaza, que esta vez lo recibía como presidente electo. “Yo aprendí a luchar en esta plaza del pueblo junto con ustedes, con los obreros y campesinos. El recuerdo más grato es la lucha con los maestros de todo el país. Gracias a la lucha tenemos ahora un proyecto político, una alternativa para el país”, comenzó su discurso, que como ya es costumbre fue breve. Duró diez minutos.

El presidente electo aseguró que no traicionará las esperanzas que los sectores más pobres y excluidos han puesto en él y le pidió a la población que sea vigilante a su gestión. “Les pido ser vigilantes. Ustedes han sido vigilantes antes, durante y también lo serán después en este camino que hemos emprendido. No solo vengo a pedirles que sean vigilantes del gobierno, sino que sean integrantes del gobierno. Ustedes son el gobierno. El pueblo es el gobierno. Ayúdennos hermanos a encaminar este trabajo. Este es el trabajo del pueblo peruano. Esta es la lucha de ustedes. No traicionaremos al pueblo. Esta lucha no puede ser traicionada”. La multitud rompió en aplausos y gritos de respaldo.

Castillo convocó a los distintos sectores políticos y sociales a trabajar juntos: “Desde este espacio abrimos las puertas a los que no piensan como nosotros, a las otras fuerzas políticas. Hoy es el momento de unir los esfuerzos. Hago la convocatoria al pueblo peruano, a toda la clase política sin distinción, a los gremios, a los colegios profesionales, a los universitarios, a la clase obrera, al magisterio, a todo el pueblo peruano, para que hagamos el esfuerzo más inmediato en el marco de la más amplia unidad para terminar con estas brechas que tiene el pueblo peruano”.

En el Congreso

Mientras Castillo llama a la unidad, la derrotada Keiko Fujimori y sus aliados, donde la extrema derecha marca el rumbo, mantienen su discurso golpista que le niega legitimidad a la elección del nuevo presidente alegando sin pruebas un fraude electoral inexistente. Este lunes será un día clave en la confrontación entre el gobierno elegido democráticamente y la extrema derecha golpista. Se disputarán la conducción del Congreso unicameral de 130 bancas.

En un Parlamento fragmentado en diez bancadas no está claro lo que vaya a ocurrir este lunes. Hasta el sábado, ninguno de los dos bloques tenía los votos necesarios para hacerse con la presidencia del Legislativo. El bloque oficialista de izquierda tiene 42 votos: 37 del partido de gobierno Perú Libre y cinco de sus aliados de la coalición progresista Juntos por el Perú. Según diversas versiones, para la elección de la mesa directiva del Congreso ya habrían sumado otros nueve votos de agrupaciones de centro y centroderecha. El oficialismo no ha hecho público quién sería su candidato a presidir el Congreso. Del otro lado, el bloque de extrema derecha suma 43 votos: 24 del fujimorismo, 12 de los fascistas de Renovación Popular (RP) y siete de otra agrupación de derecha. Su candidato a presidir el Congreso es el almirante en retiro Jorge Montoya, de RP, que ha exigido anular las elecciones y ha pedido una intervención militar para evitar que Castillo asuma la presidencia.

Ambos bloques negocian contra la hora con tres bancadas que no se han definido para conseguir los votos que les faltan. Estas tres agrupaciones que suman 36 curules se mueven entre la centroderecha y la derecha. La izquierda la tiene complicada. En medio de esta disputa, la centroderechista Acción Popular, que tiene 16 legisladores, busca convertirse en una tercera alternativa y presidir ellos el Congreso.

Si la derecha golpista logra hacerse con la presidencia del Legislativo se abriría un complicado escenario para la estabilidad del gobierno Castillo.

Fuente: RT

 

El poder judicial responde así a la insistencia del Congreso en nombrar jueces del Tribunal Constitucional pese a un fallo judicial.
Congreso de Perú / Guadalupe Pardo / Reuters
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Perú le ha recordado a los funcionarios del Congreso de ese país que, por mandato constitucional, las decisiones judiciales «son de obligatorio cumplimiento» y en ese sentido, «los altos funcionarios del Estado» tienen «una doble responsabilidad».

La postura de la justicia peruana se dio a conocer en un comunicado emitido por la institución. Esta reacción ocurre tras a la polémica que inició el Congreso de ese país el pasado miércoles, cuando decidieron emprender el proceso de designación de los jueces para el Tribunal Constitucional (TC), a pesar de que un fallo judicial ordenaba suspender esa tarea.

La justicia peruana ha considerado, previamente, que la ampliación del periodo ordinario de sesiones del Congreso es un proceso irregular, razón por la que las postulaciones de nuevos jueces estaría viciada, «por falta de transparencia y motivación al momento de calificar a los postulantes».

Asimismo, destacó que la Sala Plena, como «máximo órgano de deliberación del Poder Judicial», tiene la facultad para resolver cualquier «discrepancia» con las decisiones judiciales a través de «los cauces democráticos y constitucionales».

De igual forma, la Sala Plena también acotó que su deber es «afianzar el Estado constitucional de derecho, la seguridad jurídica y la separación de poderes como pilares de la democracia representativa», razón por la que exhortó «a las instituciones y a la ciudadanía», a respetar «los mandatos emanados de la administración de justicia».

La decisión del Congreso también ha sido cuestionada por el equipo del virtual presidente electo, Pedro Castillo, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por: Luis Gonzalo Segura

Si no resetea, no será posible que perciba la gravedad de lo que acontece casi a diario, la tiranía que nos somete y zarandea a su antojo. Perú es el último ejemplo de ello. Es el último país que está sufriendo un golpe militar sin carros de combate, sin toques de queda, sin soldados en las calles. Sin estadios de fútbol atestados de críticos esperando un fatal destino. Estamos ante una nueva cepa del intervencionismo norteamericano en Latinoamérica. Un golpe que no cesa, que nunca cesó. Un golpe que se repite de forma metódica en los países subordinados a Estados Unidos cuando la derecha o la extrema derecha no ganan los comicios. Un golpe que bombardea las mentes de millones antes de las elecciones, que siembra el pánico y el miedo en los ciudadanos o que amenaza y atemoriza gobiernos.

Un golpe que asalta palacios presidenciales con falsas denuncias de fraude, fake news y chiflados con extravagantes uniformes como los que contemplamos estupefactos en el Capitolio. No es el Cóndor sobre las cabezas de los latinoamericanos, es el Cóndor en las cabezas mismas de los latinoamericanos. Un golpe de manual que, en esencia, comparte los mismos elementos comunes allá donde se perpetra: desinformación, deslegitimación y amenazas, incluidas las militares. Toda una estrategia que no persigue tanto derrocar a los gobiernos, lo que tampoco descarta, como angostar el margen de actuación de aquellos gobiernos no sometidos a la voluntad de los Estados Unidos hasta llevarlos casi a la parálisis.

El comienzo del golpe 

Cuando el pasado 6 de junio comenzó la lógica remontada de Pedro Castillo, el mecanismo, como si de una bomba de relojería se tratara, se activó. Y con él una cuenta atrás que no podría ser detenida ni por un superhéroe. El mismo mecanismo que detonó en Bolivia ya era una realidad el pasado miércoles 9 de junio, cuando el ministerio de Defensa peruano se vio obligado a emitir un comunicado para reafirmar la neutralidad de las Fuerzas Armadas ante lo que entonces era un evidente triunfo del sindicalista Pedro Castillo: “Exhortamos a todos los peruanos a respetar los resultados del proceso electoral y a trabajar unidos para fortalecer la democracia”.

Las denuncias de fraude de Fujimori persiguen retrasar la toma de posesión, con suerte impedirla forzando unas nuevas elecciones, pero ante todo pretenden aumentar la polarización para minimizar al extremo las posibilidades de cambio de Castillo.

Y, posteriormente, hace tan solo unos días, cuando el pasado viernes 18 de junio tuvo que comparecer Francisco Sagasti, todavía presidente del Perú, junto a la primera ministra, Violeta Bermúdez, y la ministra de Defensa, Nuria Esparch, tras el envío de una carta a los altos mandos militares para que no acepten los resultados electorales. “Es inaceptable que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos para que quebranten el Estado de Derecho”, aseveró el presidente.

En ese momento, con el recuento electoral concluido en su totalidad, Pedro Castillo había obtenido el 50,125% de los votos, por el 49,875% de Keiko Fujimori, con lo que debería proclamarse presidente del país, pero la estrategia basada en impugnar mesas electorales y denunciar fraude lo impidió.

La misma estrategia golpista 

Las denuncias de fraude electoral de Keiko Fujimori, como en el pasado las de Donald Trump o la oposición boliviana, persiguen retrasar la toma de posesión, con suerte impedirla forzando unas nuevas elecciones, pero ante todo pretenden aumentar la polarización del país para minimizar al extremo las posibilidades de cambio de Pedro Castillo. La estrategia de la tensión que antes consistía en derrocar gobiernos, ahora se ha convertido en una estrategia mediática que genera un efecto similar sin que nadie apriete el gatillo, sin que se detone un artefacto en una cafetería. Es más sutil, pero más devastador: una tertulia, un programa o un tuit perpetran un atentado contra la veracidad que afectará a millones de personas. Que sembrará dudas. Que creará desafección.

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Porque las denuncias de Keiko Fujimori se producen con exacto conocimiento de su falsedad y con extrema maldad, pues tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la organización Transparencia Perú o el verificador PerúCheck han confirmado que, si bien hubo incidencias, como resulta inevitable en cualquier proceso electoral, en ningún caso existen elementos que puedan siquiera atisbar la comisión de fraude. Como no existieron en las últimas elecciones norteamericanas. Como no existieron en Bolivia, que tras la repetición electoral reprodujo casi los mismos resultados.

El efecto de las amenazas golpistas 

Ante la inmovilidad de las fuerzas militares peruanas a las invitaciones golpistas provenientes del sector de Keiko Fujimori, hija del infausto dictador que todavía permanece en prisión, los peruanos podrían pensar que tienen motivos para la tranquilidad. Nada más lejos de la realidad. La llamada militar, aun cuando las fuerzas militares permanezcan inmóviles, ya supone en sí mismo un reflejo de baja calidad democrática, una cierta afinidad ideológica de las fuerzas armadas y una severa advertencia para los que se han hecho con el poder. Pues pregúntese, ¿habría sido posible que Pedro Castillo invocase a las fuerzas militares peruanas para intervenir en el país si hubiera perdido las elecciones? Ni se le habría ocurrido, pues sabe que no son de los suyos.

La mera presencia de los uniformes militares en la vida pública, cuando ello no sucede desde la pluralidad ideológica, constituye una intervención de primer orden.

Porque, más allá del creciente intervencionismo militar en el mundo, pues incluso en Estados Unidos se tuvo que reafirmar públicamente la neutralidad militar, y muy especialmente en América Latina, donde países como Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú o México han militarizado funciones policiales civiles, han poblado de militares sus gobiernos o han visto cómo los militares decidían su suerte, o bien con golpes de Estado o bien con represión violenta, lo cierto es que la mera presencia de los uniformes militares en la vida pública, cuando ello no sucede desde la pluralidad ideológica, constituye una intervención de primer orden. De hecho, Perú sabe hoy, como muchos otros países, que su destino depende más de lo que decidan los altos mandos militares que lo determinen los ciudadanos con sus votos.

Y la munición 

Unos mandos militares que son municionados mediante la estrategia de la tensión digital sustentada en todo tipo de embustes, incluyendo al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que llegó a dudar del Jurado Nacional de Elecciones por la anulación de la ampliación del plazo para presentar solicitudes de nulidad de voto. Unas declaraciones que fueron desmentidas por PerúCheck, que afirmó con rotundidad que “lo dicho por Mario Vargas Llosa es falso”. Lamentablemente, la trola de Vargas Llosa no fue la única que impactó a quemarropa a la ciudadanía, ya que por las redes detonaron múltiples falacias, desde una felicitación de Putin a una visita de Pablo Iglesias pasando por una petición de voto del cantante Ricardo Montaner. En la guerra todo vale, en los golpes de Estado digitales, más.

Seguramente, Mario Vargas Llosa estará muy preocupado por el futuro de Keiko Fujimori, que ya estuvo más de un año en prisión y puede ser condenada a 30 años más por formar parte de una organización criminal y lavado de activos, una condena que la reuniría con su padre, el dictador Alberto Fujimori, pero nosotros deberíamos estarlo por las mentiras, los embustes y la desinformación que nos atenta. Especialmente la suya.

Fuente: TeleSur

 

Para este sábado están convocadas movilizaciones por fuerzas políticas afines a Pedro Castillo y Keiko Fujimori en la capital peruana.

El virtual vencedor de las recientes elecciones en Perú, Pedro Castillo, llamó el viernes a dejar atrás la contienda electoral sin vencedores ni vencidos. “Empecemos esta nueva etapa sin odios y sin diferencias. Acá no hay vencedores ni vencidos, acá hay una sola familia que es el pueblo peruano’, dijo Castillo desde la ciudad peruana de Cuzco.

Pedro Castillo instó a respetar la voluntad de los peruanos y pidió a sus simpatizantes esperar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre reclamos de la candidata derechista Keiko Fujimori para que el país enfrente urgencias como la lucha contra la Covid-19 y la reactivación económica.

‘No podemos hacer una reactivación económica y no podremos llevar a cabo una verdadera descentralización si no pensamos qué hacer para atacar este gran problema de la pandemia’, añadió el candidato de Perú Libre.

Durante su discurso en la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), el izquierdista reiteró el llamado a la unidad del pueblo peruano y añadió que ‘la voluntad popular tiene que estar por encima de los apetitos políticos’.

Pedro Castillo ratificó la decisión de impulsar una Asamblea Constituyente en la que los gobernadores participen junto a los representantes del pueblo.

En medio de la incertidumbre política que vive Perú tras la falta de oficialización de la segunda vuelta electoral del pasado 6 de junio, para este sábado están convocadas movilizaciones por fuerzas políticas afines a Pedro Castillo y Keiko Fujimori.