América Central

I. El investigador y periodista-reportero Federico Mastrogiovanni es el autor del libro: Ni vivos ni muertos, “resultado de años de trabajo y de investigación. Es un esfuerzo colectivo, que se ha dado gracias a la colaboración, la ayuda y el apoyo de personas y organizaciones, sin las cuales habría sido imposible entender o tan sólo acercarse a un fenómeno tan vasto y complicado como la desaparición forzada de personas”. Con su bibliografía, dos ensayos –uno de ellos de Jaime Avilés, como extraordinario prólogo–, 13 casos y sus respectivas entrevistas, en 270 páginas nos muestra el terrible drama “que se desarrolló en los años setenta [finales del sangriento diazordacismo] y ochenta durante lo que se conoce como guerra sucia”, cuando iniciaron las “desapariciones en general y de las desapariciones forzadas en particular… Estamos enfrentando una estrategia de terror que tiene características y vinculaciones todavía por conocerse, implicaciones y responsabilidades que van desde los funcionarios más marginales hasta policías, militares, gobernadores de estados, secretarios de gobierno y probablemente la misma cúpula del Poder Ejecutivo”.

II. Trece casos desgarradores que incluyen el de los 43 de Ayotzinapa sobre desapariciones forzadas, llevadas a cabo como secuestros donde –más que probablemente– seguramente participan funcionarios y políticos de toda calaña con delincuentes, y siempre a cambio de un soborno, se deshacen de quienes molestan al sistema político; o los entregan al narcotráfico como esclavos o para la prostitución, en una industria económica con lavado de dinero e inversiones, en complicidad con empresarios y funcionarios. La rigurosa indagación va al fondo. “En las zonas de conflicto donde hay violencia y petróleo (y gas), la desaparición forzada de personas es una de las estrategias más efectivas para sembrar terror en la población. Junto con el asesinato masivo, la tortura o las decapitaciones, es uno de los elementos más seguros para que la gente deje sus hogares y las ciudades en oleadas de desplazamiento masivo”. Ni vivos ni muertos es una pesquisa del reportero de amplísima experiencia, “especializado en conflictos y tragedias de América Latina”.

III. Son casos que el gobierno no quiere averiguar porque sus intereses con las delincuencias son como “fuerzas explotadoras vueltas hacia dentro contra una población sometida (y) mantener a las masas en estado permanente de subdesarrollo. Son, en su propio país, como los nativos de una colonia explotada” (Harvey Wheeler, La democracia en una era revolucionaria, Monte Ávila editores). Mastrogiovanni precisa: “la apertura paulatina del sector energético a los capitales privados y la agudización de la violencia, se han desarrollado en forma paralela. Aunque un nuevo tipo de desapariciones forzadas comenzaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y persistieron a lo largo de las administraciones posteriores, es el sexenio… del presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando las cosas cambian. A partir de su primer año de gobierno, y junto con la guerra al narco que declaró en enero de 2007… aumentan en forma catastrófica en todo el país. El rasgo que estas desapariciones mantuvieron… y que conservan también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es su aparente casualidad junto con la criminalización de las víctimas”. Es un libro para obtener más conclusiones sobre cómo los funcionarios están coludidos con esos delitos para implantar “el terrorismo del Estado mexicano”.

Pero para ello, deben existir documentos y evidencias en los que conste que parte del producto de la venta de drogas o demás ilícitos en los que ha incurrido el Chapo y su grupo criminal fueron a parar a las finanzas de los actores.

De acuerdo con el Código Penal Federal, es el artículo 400 Bis el que sanciona las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al respecto, éste indica que se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1 mil a 5 mil días multa al que, por sí o por interpósita persona, realice cualquiera de las siguientes conductas:

“I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o

“II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

“[…] se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia […].”

En el caso de los actores, ambos parecen estar bastante enterados de las actividades criminales del líder del Cártel de Sinaloa y de que sus finanzas se fundamentan en éstas. Pero hasta ahora lo único comprobable de su relación con él es la entrevista que le hacen para la revista Rolling Stone.

Todo lo relacionado con una supuesta sociedad para realizar un filme y un libro autobiográficos son trascendidos que, aunque basados en comunicaciones escritas, no son evidencias de lavado, y las autoridades sólo pueden dar crédito a hechos comprobables. Por ello, serán las autoridades hacendarias, en particular la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria, quienes encabecen esta línea de investigación, pero con la colaboración de Estados Unidos, pues Kate del Castillo también radica en ese país.

El asunto resulta bastante complejo: si las autoridades quieren imputar este ilícito tendrían que demostrar que los actores fueron contratados y pagados por el capo de las drogas. Pero hay que recordar que los criminales recurren al dinero efectivo, no firman contratos y suelen ser expertos en ocultar sus finanzas.

Tan sólo en 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estimó que los cárteles mexicanos lograron legalizar al año entre 6 mil millones y 39 mil millones de dólares; es decir, entre 102 mil millones y 663 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 17 pesos por dólar (informe National money laundering risk assessment 2015).

Dinero que, por supuesto, pasó directo a sus arcas sin ser decomisado por las autoridades, pues para este delito existe una gran impunidad. Ejemplo de ello son los resultados publicados por el Tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en el que se destaca que la Procuraduría General de la República (PGR) sólo logró asegurar 966.9 millones de pesos, frente a los miles de millones de pesos lavados por los narcotraficantes.

En el caso de las averiguaciones previas, tampoco hay grandes golpes al narcotráfico: el informe indica que se iniciaron 202 averiguaciones previas; se despacharon 135 averiguaciones; se consignaron 56; se declararon 17 incompetencias; se declaró el no ejercicio de la acción penal en 24 casos; la reserva en otros 16; se acumularon 21; se libraron 35 órdenes de aprehensión; se iniciaron 15 procesos penales; se ejercitó acción penal contra 189 personas; se dictaron 14 sentencias condenatorias; se detuvieron a 15 personas y se desarticuló, según la información oficial, a una organización delictiva.

Así que la “amenaza” de la investigación abierta en la PGR en contra de los dos actores podría quedar sólo en eso, como quedan la mayoría de los casos que investiga en torno a la delincuencia organizada. Y es que como lo he documentado, entre diciembre de 2012 y enero de 2015, la Procuraduría sólo integró 2 mil 803 averiguaciones previas por delitos del crimen organizado (Contralínea 455).

De éstas, sólo 84 correspondieron a delitos contra la salud o narcotráfico, refiere la información de la PGR, obtenida por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Respecto del combate al lavado de dinero, la UIF tampoco tiene grandes logros. Del 11 de octubre de 2012 al 14 de mayo de 2015, ésta presentó 202 denuncias ante la PGR por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De éstas, refiere Hacienda en la respuesta a la solicitud 0000600216115, 190 derivaron en averiguaciones previas; sólo 11 casos fueron consignados y en uno se determinó el no ejercicio de la acción penal.

Así que tanto Kate del Castillo como Sean Penn pueden estar tranquilos. Sería una verdadera sorpresa que la Procuraduría pueda fincarles este delito.

Empeñado en impulsar el crecimiento de la economía mexicana a través del mismo plan aplicado desde hace más de 3 décadas, el Gobierno de Enrique Peña Nieto decidió apostar por la privatización del petróleo.

En diciembre de 2013, con el apoyo mayoritario de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el partido en el Gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sacó adelante los cambios a la Constitución (artículos 25, 27 y 28) para de esta manera, permitir la participación de empresas privadas en la industria petrolera [1].

De acuerdo con el diagnóstico de los economistas de la ortodoxia [2], para incrementar la productividad laboral, generar empleos de calidad, impulsar la modernización tecnológica e incrementar la competitividad del sector, únicamente bastaba con llevar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus actividades a un punto de venta, es decir, eliminar las barreras legales que mantuvieron el monopolio del Estado sobre los hidrocarburos desde 1938 [3].

Según las estimaciones del Gobierno mexicano, el proceso de apertura detonaría un enorme cúmulo de inversiones venidas desde el exterior que apuntalarían, finalmente, el desarrollo económico gracias a la solidez institucional y la estabilidad macroeconómica del país.

Sin embargo, el último año puso de manifiesto que México no tiene instituciones sólidas ni estabilidad macroeconómica. Por un lado, es evidente que el narcotráfico se salió de control, más todavía después de que Joaquín Guzmán Loera (conocido como «El Chapo Guzmán», el líder del Cártel de Sinaloa) logró escapar del penal del Altiplano. La inseguridad aumenta y el crimen organizado no encuentra obstáculos a su paso, consecuencia tanto de la corrupción como de los pactos de impunidad que se han extendido en todos los niveles del Gobierno.

Por otro lado, la economía se encuentra en el borde del abismo. Según la actualización más reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2015 la economía mexicana registrará un débil crecimiento de 2.4%. Aunque el Banco de México tiene por objetivo proteger la estabilidad del tipo de cambio, el peso mexicano se ha depreciado severamente ante la divisa estadounidense [4]. El tipo de cambio se encuentra en la actualidad en 16.40 pesos por dólar, mientras que a principios de año se mantuvo entre 14 y 15. Las reservas internacionales del Banco de México se desvanecen a medida que el Sistema de la Reserva Federal (Fed) parece dispuesto a incrementar la tasa de interés de referencia (‘federal funds rate’) el próximo mes de septiembre [5].

En ese sentido, no existía ninguna señal que revelara fortaleza en el aparato del Estado y la economía como para prever que la primera etapa de licitaciones de la «Ronda Uno» sería exitosa. Las inversiones masivas en el sector petrolero brillaron por su ausencia.

Aunque a principios de año la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tenía puestas sus esperanzas en que gigantes de la energía como ExxonMobil, Chevron, British Petroleum y Shell acudirían a presentar numerosas propuestas de inversión, ninguna de ellas hizo valer su poder económico el miércoles 15 de julio.

De un total de 14 bloques petroleros subastados (localizados en las provincias de Cuenca Salinas y Macuspana, en el sureste de México), sólo 2 se lograron asignar. El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, contempló que la subasta obtendría un porcentaje de éxito de entre 30 y 50%, sin embargo apenas registró un débil 14%.

La empresa Sierra Oil & Gas se hizo de los bloques 2 y 7 de aguas someras, mismos que tienen un potencial de 605 millones de barriles. Las inversiones requeridas para los próximos 5 años se calculan en torno a los 2 500 millones de dólares.

Contrariamente a lo que se divulga en la prensa de circulación nacional, la empresa Sierra Oil & Gas no es de propiedad mexicana. A cargo del venezolano Iván Sandrea (exejecutivo de British Petroleum y exasesor de Citigroup y Merrill Lynch), Sierra Oil & Gas no tiene experiencia en la actividad petrolera, por eso no participó en solitario en la «Ronda Uno», sino en consorcio con la estadounidense Talos Energy y la británica Premier Oil (las 3 empresas cuentan con 1 000 millones de dólares para desarrollar proyectos de exploración y producción petrolera).

Los fondos de inversión de Nueva York son los principales proveedores de financiamiento de Sierra Oil & Gas [6]. El año pasado, 3 fondos de inversión de capital estadounidense y uno mexicano invirtieron alrededor de 530 millones de dólares en la compañía.

Se trata de EnCap Investments, Riverstone Holdings, Riverstone Energy e Infraestructura Institucional, esta última era la única empresa mexicana involucrada hasta que el fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock (gestiona una cartera de activos que supera los 4.5 billones de dólares) [7], se animó a comprarla. Riverstone por su parte, está asociada con el Grupo Carlyle, presuntamente propiedad de la familia del expresidente George W. Bush [8].

Las operaciones de Riverstone y el Grupo Carlyle distan mucho de ser limpias y transparentes. En Estados Unidos ambas empresas han sido objeto de numerosas acusaciones en los últimos años por realizar sobornos y pagos fraudulentos utilizando el dinero de los pensionados de Nueva York.

Si bien en la primera etapa de licitaciones las empresas globales de la energía no concesionaron ninguno de los bloques petroleros, eso no implica que el petróleo del Golfo de México carezca de importancia. Los meses que vienen los bloques de aguas profundas se van a añadir a las subastas, aquéllos que presumiblemente poseen una de las mayores reservas petroleras del mundo.

Toda vez que el precio de la mezcla mexicana de petróleo se mantiene en niveles mínimos [9], aproximadamente en 50 dólares por barril, las empresas estadounidenses esperan el momento indicado para que el Gobierno mexicano se vea obligado a disminuir sus exigencias en las subastas [10]. Salieron de los rascacielos de Nueva York, ahora sobrevuelan ya el Golfo de México, los zopilotes de Wall Street están listos para capturar a su presa, el petróleo…