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América Central

El Salvador: Mujeres criminalizadas por abortos

31/07/2017 by Vitalio Deja un comentario

Fuente: Noticias Aliadas

El Salvador es uno de los siete países de América Latina y el Caribe donde el aborto está totalmente prohibido.

Evelyn Hernández tenía 18 años cuando fue violada por un pandillero en abril del 2016, quedando embarazada. Tenía 28 semanas de embarazo cuando empezó sentir dolores en el vientre y en la letrina de su casa dio a luz a un bebé que murió. Perdió la conciencia mientras sangraba profusamente; su madre la llevó al hospital donde fue acusada de haberse provocado un aborto y quedó detenida.

El 5 de julio fue condenada a 30 años de cárcel por “homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido”. La decisión de la jueza se basó en que “no buscó atención prenatal”, aunque Hernández aseguró que no sabía que estaba embarazada porque sangraba periódicamente, que atribuía a la menstruación.

El de Hernández es el caso más reciente de la criminalización de las mujeres que abortan, ya sea en forma espontánea o provocada. El Salvador, Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam son los países de América Latina y el Caribe donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, incluso cuando la vida de la madre está en peligro.

El abogado Dennis Muñoz anunció que apelará la sentencia porque “a Evelyn se le ha acusado injustamente. Toda prueba es indiciaria, puro prejuicio de lo que debió haber hecho. Por ejemplo, dice la Fiscalía que no llevó control prenatal, pero nunca describen una conducta encaminada a provocar la muerte de su hijo recién nacido”.

El aborto en todas sus formas está prohibido en El Salvador desde 1998 y penaliza con 50 años de cárcel para la mujer que se someta a este procedimiento y 12 años para el médico que lo realice. Los médicos deben informar a las autoridades si consideran que una mujer se ha provocado un aborto.

A fines del 2016 el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) presentó un proyecto de ley para permitir el aborto en casos de violación, cuando la víctima sea menor de edad o de tráfico humano, cuando el feto sea inviable o para proteger la vida de la madre, pero la mayoría conservadora en el Congreso rechazó la iniciativa.

Desde 1998, 17 mujeres han sido condenadas por abortos, de las cuales 15 continúan encarceladas. La mayoría llegó a los hospitales por complicaciones en el embarazo o abortos espontáneos y fueron denunciadas por el personal de salud, ante el temor que fueran también acusados de prácticas abortivas.

Mal procedimiento judicial
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, señaló en un comunicado divulgado el 13 de julio que la investigación sobre el caso de Hernández, realizada por la Fiscalía General de la República “presenta vacíos” y que “durante la audiencia y en el expediente quedó evidenciado el mal procedimiento de los policías que procesaron la supuesta escena del delito”, por lo cual apelarán el fallo.

“En el caso de Evelyn existe una duda razonable y falta de dolo sobre lo que ocurrió durante el parto extrahospitalario que experimentó, esto de acuerdo a los peritajes realizados por el Instituto de Medicina Legal y los doctores y doctoras que realizaron los exámenes, según consta en su expediente”, dice el comunicado.

Morena Herrera, defensora de los derechos humanos, precisó que “los alegatos de representación fiscal y las razones de la jueza para condenarla, pese a la ausencia de pruebas directas claras para sustentar la condena, son suficientes para que la defensa esté convencida de que estos operadores del sistema judicial no investigaron lo necesario para comprender los hechos y con base en ello impartir justicia”.

Según el Instituto Guttmacher, organización no gubernamental estadounidense que trabaja en salud reproductiva, entre el 2010 y el 2014, se produjeron 6.5 millones de abortos por año en América Latina y el Caribe, la mayoría ocurrió en América del Sur (4.6 cada año en ese periodo). La tasa anual de abortos es estimada en 44 intervenciones por cada 1,000 mujeres entre 15 y 44 años. En América Central, la tasa es de 33 por cada 1,000 mujeres y en El Caribe de 65 por cada 1,000.

En América Latina y el Caribe, señala el Instituto Guttmacher, al menos 10% de las muertes maternas se deben a abortos inseguros. Unas 760,000 mujeres en la región reciben tratamiento cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros, que incluyen abortos incompletos, excesiva pérdida de sangre e infecciones. Otras complicaciones menos comunes pero igualmente peligrosas incluyen choques sépticos, perforación de órganos internos e inflamación del peritoneo.

“Algunas mujeres con complicaciones no tratadas experimentan consecuencias de largo plazo a la salud, tales como dolor crónico, inflamación del tracto reproductivo, enfermedad inflamatoria pélvica e infertilidad”, señala el Instituto Guttmacher. “Los servicios post aborto en la región son por lo general de mala calidad. Las deficiencias más comunes incluyen retrasos en el tratamiento, intervenciones inapropiadas, acceso inadecuado y actitudes de censura del personal de salud en clínicas y hospitales. Estos factores probablemente disuaden a algunas mujeres de obtener el necesario tratamiento”.

Publicado en: América Central

Pueblos Originarios: Guatemala: las mujeres tejen la descolonización

30/10/2016 by Vitalio Deja un comentario

Por: Mariajo Castro

 

La diputada guatemalteca Sandra Morán explica en esta entrevista las circunstancias de la organización de las mujeres de pueblos originarios. Las mujeres mayas y xincas trabajan en la recuperación de su cultura y sus saberes tras el genocidio de los años de Ríos Montt.

              
Mujeres ixil celebran que el exdictador Ríos Montt fuera declarado culpable de genocidio contra su pueblo. / Elena Hermosa/ Trocaire

Los colectivos guatemaltecos de mujeres llevan años luchando por la defensa del cuerpo y del territorio. En esa defensa, el saber sí ocupa lugar. “Las compañeras y los compañeros de los pueblos indígenas han planteado que, a partir de la colonización, se ha producido un epistemicidio, es decir, que se ha intentado matar la forma de creación de conocimiento y, por tanto, uno de los elementos fundamentales que nosotras hicimos hace varios años, en una asamblea feminista, fue reconocernos con capacidad epistémica”, cuenta Sandrá Morán, de la Alianza Política Sector de Mujeres, que conforman 33 organizaciones sociales en Guatemala.

Para Morán, diputada en el Congreso de Guatemala dentro de la bancada de Convergencia, ese reconocimiento por parte de la asamblea feminista “es absolutamente político y liberador porque, hasta ese momento, las mujeres que no habían asistido a la escuela, que no tenían un título universitario, no se sentían capaces… Así nos vimos a nosotras mismas, independientemente de nuestra escolarización, con la capacidad de producir conocimiento y la necesidad de generar una metodología para hacerlo”.

Guatemala es el país mesoamericano con mayor población indígena, más de la mitad de la población, y donde ésta es más diversa. Los pueblos originarios (mayas, xinca y garífuna) han sobrevivido a la invasión española y al genocidio maya encabezado por Efraín Ríos Montt en los años 80.

“El acto político de la recuperaciones de saberes y la descolonización pasa por decisiones personales, colectivas, comunitarias”

“Hay una estrategia política de los pueblos de recuperar los saberes ancestrales. Desde el Sector de Mujeres, para enfrentar el racismo que hay en nosotras, decidimos que las mujeres mayas y xincas generasen propuestas conjuntas para un desaprendizaje activo del racismo y hemos estado en ello varios años”. Así, explica Morán, se está elaborando un libro de recuperación de saberes mayas y xincas, y también se visibilizan sus aportaciones al movimiento, “porque el acto político de la recuperaciones de saberes y la descolonización pasa por decisiones personales, colectivas, comunitarias, etc”.

La diputada guatemalteca señala que han hecho “ejercicios para identificar dónde está en nosotras el patriarcado, el colonialismo, el mercantilismo y vimos cómo sería una persona, una comunidad sin patriarcado, sin consumo, sin colonialismo; y el puente, que es el desmontaje, porque el sistema nos ha codificado y tenemos que identificar esos códigos (hemos identificado los mecanismos, las instituciones) para descodificarnos. Ése es el proceso en el que estamos”.

Recuperar su identidad

Desde esa asamblea a la que se refiere Morán, la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán emprendió la labor de crear la comunidad epistémica del feminismo comunitario que hoy se sigue desarrollando en Guatemala. “Las compañeras, desde una mirada feminista, han ido recuperando su idioma, sus tradiciones. Han revisitado su cosmovisión”, desarrolla Morán.

“Le han dado un significado distinto al color de las velas, al espacio simbólico que se crea, han aprendido el significado de las montañas, han recuperado los nombres de las ancianas y de las abuelas, la siembra, las raíces, etc”, continúa.

De esta manera, explica la diputada, “se hace un proceso de creación de conocimiento y se recuperan las prácticas ancestrales. Hacen todo un ejercicio político de discusión entre ancianas, jóvenes y niñas para la recuperación de sus identidades. Incluso crean su propio traje, porque las mayas tienen muy presente su traje, pero las xincas no lo tenían, entonces lo recrean”. Morán relata que, por ejemplo, un acto político que hicieron en una marcha del 8 de marzo fue salir por primera vez con su traje.

“Además, aportaron el reconocimiento del patriarcado, que no sólo vino con la colonia, sino que existía antes, como también se hizo en Bolivia. Eso es muy importante en Guatemala, donde hay una propuesta de recuperar conocimientos ancestrales sin reconocer la inequidad de poder que hay entre hombres y mujeres en esas formas originarias de organización”.

Tutelaje institucional

El Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas es uno de los acuerdos de paz que firmaron la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en 1996.

Con estos acuerdos se puso fin al conflicto armado que había durado más de 30 años, en el que se cuentan más de 200.000 asesinados y 45.000 desaparecidos, en su mayoría indígenas.

En el Acuerdo se incluían ciertos derechos de los pueblos originarios guatemaltecos, porque, según apunta Morán, “hay un reconocimiento de que uno de los problemas estructurales del país es el racismo y la exclusión de pueblos originarios”. Así se aprobó la Ley de Idiomas Nacionales, que reconoce los 24 idiomas originarios y dispone su enseñanza, aunque en realidad no llega a aplicarse en muchas ocasiones, ya que faltan docentes capacitados.

Pero, como indica Morán, en la Constitución, los pueblos “están tutelados, no están reconocidos, están como etnias, hay que cambiarlo”. Esta diputada explica que “nosotras en los acuerdos de paz hablábamos de lo multiétnico; ahora hablamos de lo plurinacional. Se discute si lo que necesitamos es refundar el Estado o fundar un nuevo Estado porque tenemos la conciencia de que la República guatemalteca está fundada sobre el racismo, entonces necesitamos fundar una nueva y una independencia real, porque la que se hizo de España no fue una independencia de los pueblos, sino de los criollos, que no querían pagar impuestos; y la hicieron para que los pueblos no la hicieran”.

Morán afirman que necesitan “una auténtica independencia, que es la autodeterminación de los pueblos originarios con los otros pueblos que no somos originarios [ladinos o mestizos], pero que hoy convivimos en este territorio. Hoy existen muchas naciones y un Estado con una nación que no existe. Eso es lo queremos cambiar”.

Saberes ancestrales

Esta identidad originaria rompe la colonialidad y se refuerza con la revalorización de los saberes ancestrales. “Somos un pueblo que tiene un calendario exacto, mucho más que el gregoriano. Se está volviendo a valorar la filosofía, la astronomía, la ciencia… Ya se están creando universidades (la ixil, la cakchiquel, etc.) porque durante muchos años se ha intentado tener una universidad reconocida por el Estado y no se ha logrado, entonces se está haciendo de facto”, explica Morán.

“Desde el Sector de Mujeres hemos sido muy activas en el reconocimiento de conocimientos, con las plantas medicinales y la medicina ancestral, con las propias formas de organización política. Ahora hay un esfuerzo por garantizar la seguridad de los símbolos de los tejidos porque se los están robando y eso es una producción ancestral, que va de generación en generación”.

Los diseños tradicionales de los tejidos, que responden a toda una cosmología y difieren de una cooperativa textil a otra, son el objeto de deseo de diseñadores y multinacionales, que, además de llevarse el trabajo de maquila a países vecinos con menos derechos laborales, se están apropiando de ellos e intentan patentarlos, mientras que las mujeres que llevan años portándolos se siguen enfrentando a comportamientos racistas por ello.

“Y otra cosa, estamos valorando la manera de aprender qué tenemos porque hemos sido y seguimos siendo excluidas de la escuela formal, pero hemos seguido aprendiendo y creando. Somos un pueblo que aprendemos viendo y por años nos sentimos mal porque no podíamos aprender como los otros. Y es un proceso, caminando”, finaliza Morán.

Publicado en: América Central

Banca mexicana juzga a clientes y niega servicios

16/10/2016 by Vitalio Deja un comentario

Por: Miguel Badillo

Hace unos días la presidencia de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Conducef), a cargo de Mario Di Costanzo, recibió una extraña queja “por discriminación de la banca” al negarle la prestación de servicios financieros a una empresaria. El abogado que entregó dicho recurso acreditó ser el representante legal de Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico, aquella mujer que estuvo recluida varios años en una prisión de alta seguridad por los delitos de delincuencia organizada (liderar una banda del narcotráfico) y lavado de dinero producto del tráfico de drogas.

 
                                      

Apenas a principios del año pasado, Ávila Beltrán recuperó su libertad después de permanecer 7 años en reclusión. Un magistrado la absolvió por falta de pruebas y la Reina del Pacífico recuperó sus derechos ciudadanos, mismos que ahora le niegan los bancos extranjeros que operan en México, por considerarla todavía “una persona peligrosa”.

Los bancos que le han negado a Ávila Beltrán servicios –como apertura de cuentas, expedición de chequera y hasta el uso de tarjetas de crédito y de débito– lo que menos quieren es recibir alguna sanción de las autoridades financieras fiscalizadoras del país, que en este caso serían la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, además de que organismos internacionales como la OFAC (Oficina Federal para el Control de Activos del Tesoro estadunidense) han advertido a sus bancos que fiscalicen a sus clientes a fin de evitar el blanqueo de capitales, por lo cual les han autorizado negar el servicio bancario a quien consideren peligroso o que su dinero es de dudosa procedencia.

Fue en la columna IQ Financiero, de Claudia Villegas, en donde se conoció por primera vez esta discriminación a la que nos tienen acostumbrados los bancos extranjeros que operan en México, en donde la periodista comenta que ahora resulta que Sandra Ávila, quien en todo momento ha sostenido que su dinero es lícito producto de sus actividades empresariales, al recuperar su libertad en febrero de 2015 y ser totalmente absuelta, buscó también recuperar su vida y sus negocios, pero éstos derechos le han sido negados por decisión de empleados bancarios.

Por supuesto que este caso de maltrato de la banca a sus clientes es uno más de los muchos documentados por la prensa, pues es común que los servicios financieros sean negados a quienes aparecen en la lista de las personas políticamente expuestas (Ppes). Un amigo abogado me comentó que acudió al banco para abrir una cuenta de cheques y solicitar una tarjeta de crédito, pero la institución financiera revisó sus listados y le informó que no podía proporcionarle el servicio. Al preguntar el litigante el motivo, el empleado le dijo que aparecía como una persona políticamente expuesta y eso significaba que no podía proporcionarle el servicio. Sorprendido, el abogado se dio la vuelta y se enfiló a la salida del banco, pero antes alcanzó a decir: “Al fin que ni quería”.

Lo preocupante de todo esto es que las autoridades poco o nada hacen para solucionar estos abusos de las instituciones financieras, las cuales además de dar un pésimo servicio a la población que requiere sus servicios, se abrogan el derecho de rechazar a quienes las autoridades hacendarias consideran como Ppes, de tal manera que gobierno y banca abusan de los usuarios en lugar de perseguir en realidad a los verdaderos blanqueadores de dinero sucio, que en la mayoría de los casos son los propios prestadores de servicios financieros, quienes ocultan y protegen las cuentas bancarias que son abultadas con dinero del narcotráfico, de la corrupción gubernamental y de los grandes fraudes financieros.

Nos cuentan que el abogado que llegó hasta la presidencia de la Conducef llevaba bajo el brazo la queja que presentaría en contra de varias instituciones de crédito, desde las más importantes como Citibank-Banamex hasta pequeños bancos que le negaron la posibilidad de aperturar una cuenta para su cliente. La pregunta es si la banca tiene el derecho o las bases legales para negarle el servicio a una empresaria que ya fue exonerada por la autoridad judicial, y aún más considerarla como “un riesgo” y una “publicidad negativa” para aquel que se atreva a prestarle servicios financieros.

Sandra Ávila Beltrán siguió todos los procedimientos que ofrece la Condusef en el caso de instituciones que se niegan a dar servicios a ciertos clientes; sin embargo, hasta ahora no ha logrado el servicio de la banca porque los bancos sostienen que no pueden bajo ninguna circunstancia permitir el registro en sus sistemas y en sus circuitos de personas con el perfil de la Reina del Pacífico, pues las consecuencias serían muy costosas, según ellos.

Uno de los bancos con capital estadunidense que se negó a abrir la cuenta de Sandra Ávila argumentó que de acceder a la petición de servicio por parte del abogado de Ávila, corría el riesgo de ser sancionado por el gobierno de su país, que prohíbe toda relación con personajes vinculados con actividades ilícitas. Pero Sandra Ávila fue exonerada por la justicia mexicana, argumentó ante la Condusef el litigante que también encabeza otros casos pues busca recuperar derechos y activos de Ávila en varias instituciones.

Los abogados de Ávila se ocupan de otros casos ante aseguradoras con las cuales su cliente abrió hace casi 10 años contratos y que ahora argumentan desconocerlos, porque aseguran que fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita, y así pretenden quedarse con dichos fondos.

Al inicio de su proceso, Ávila Beltrán se declaró culpable de apoyar a su novio Diego Espinosa Ramírez, alias el Tigre, un narcotraficante arrestado en 2009. Ávila fue extraditada de una prisión en Estados Unidos, pasó por cárceles de Miami, Lousiana y Texas.

Bancos como Citibank han sido sancionados e investigados por el Congreso de Estados Unidos y por el Departamento del Tesoro luego de permitir en sus circuitos financieros el movimiento de dinero de procedencia ilícita. Desde el escandaloso caso de Raúl Salinas de Gortari que movió dinero sucio en Citibank, éste ha estado bajo la mira de las autoridades que vigilan el blanqueo de capitales en ese país. En julio de 2015, Banamex decidió cerrar las operaciones de Banamex USA y ahora se ha anunciado que en México dejará de llamarse Banamex y pasará a ser Citibanamex.

Publicado en: América Central

Detenido exviceministro hondureño por asesinato de Berta Cáceres

16/10/2016 by Vitalio Deja un comentario

Fuente: Telesur

 

El exfuncionario enfrentará una audiencia inicial el próximo 11 de noviembre. Cardona también fue acusado en 2015 por presunto tráfico de influencias en un millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Autoridades hondureñas detuvieron al exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Roberto Cardona, por el caso del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres. Cardona, que tendrá que pagar una fianza hipotecaria, enfrentará una audiencia inicial el próximo 11 de noviembre, cuando se conocerán formalmente las acusaciones en su contra. El exviceministro, quien andaba prófugo, fue capturado por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Tegucigalpa.

Las luchas de Berta Cáceres

Cardona amplió una licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que ejecutaba la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), en el occidental departamento de Santa Bárbara, dijo un portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán. Berta Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se oponía al proyecto, que está paralizado desde marzo pasado, porque alegaba que causaría daños al ambiente.

 Cáceres fue asesinada el 3 de marzo y desde entonces han sido capturados siete hombres, incluido Cardona, de los que seis son acusados como presuntos autores materiales del asesinato de la ambientalista en la ciudad de Intibucá, en el occidente de Honduras, donde vivía.

                           
La familia de Cáceres duda de la versión de las autoridades sobre la muerte de la ambientalista.
La familia de Cáceres duda de la versión de las autoridades sobre la muerte de la ambientalista.

Publicado en: América Central

Repudian detención arbitraria de autoridad indígena en Guatemala

07/08/2016 by Vitalio Deja un comentario

Fuente: Prensa Latina

La imagen del líder comunitario, mientras era esposado por una mano en tanto en la otra sostenía la vara de madera que lo distingue como autoridad ancestral del pueblo maya Mam, es recurrente en las redes sociales.

                      

La detención arbitraria de otra autoridad indígena arrecia las críticas hoy contra el Estado en Guatemala, por su incapacidad para frenar la impunidad con que actúan los representantes de la ley y su discriminación contra los originarios. Para dirigentes comunitarios y activistas sociales el apresamiento de Oscar Sánchez, en San Pablos, departamento occidental de San Marcos, es otra muestra del desprecio a estos pueblos y a la lucha que libran por defender sus territorios y estilos de vida ancestrales ante la expansión de proyectos extractivos.

La autoridad del pueblo maya Mam devino el onceavo preso político de ese departamento y su captura se dio en condiciones bien controversiales, pues fue conducido de manera engañosa a la Comisaría de la Policía Nacional Civil y allí esposado a un banco sin considerar su jerarquía.

Esto ocurrió cuando Sánchez participaba en una movilización de las comunidades y pueblos Mam, Sipakapense, K’iché y mestizo de San Marcos, que exigían la libertad de los 10 detenidos antes que él por defender el territorio.

La imagen del líder comunitario, mientras era esposado por una mano en tanto en la otra sostenía la vara de madera que lo distingue como autoridad ancestral del pueblo maya Mam, es recurrente en las redes sociales.

Asimismo, el sitio digital Prensa Comunitaria reproduce declaraciones de Sánchez, quien denunció que continúa sin ser comunicado de las presuntas razones de su detención.

“No me presentaron ningún documento, yo solo les presenté mi vara de autoridad ancestral, les hablé de autoridad a autoridad y ellos tienen que defender mis derechos, no me han dado nada, ni dicho nada ni me han mostrado ningún documento en donde diga el por qué de la detención”, afirmó.

Igual señaló que “si hubiera existido algo, yo tengo casa, tengo la casa de las autoridades comunitarias, ahí debió de haber llegado cualquier citación, de haber sido así estaría de acuerdo, pero aquí nos agarran como a animales”.

“Yo tengo derechos, soy una persona, un ser humano. Estoy defendiendo mi identidad, al prójimo, tengo mis valores y mis costumbres porque yo soy legítima autoridad indígena”, expresó.

Lo sucedido en torno a Sánchez ocurre poco después de concluido el proceso contra los siete presos políticos de Santa Eulalia y Barrillas, en el departamento noroccidental de Huehuetenango, liberados por un sentencia absolutoria en virtud de arbitrariedades similares cometidas en su contra.

Esas autoridades ancestrales enfrentaron prisión por más de un año, en el capitalino Centro Preventivo para Varones de la Zona 18, por defender los derechos de sus comunidades y pronunciarse contra las operaciones de la empresa de capital español Hidro Santa Cruz.

Publicado en: América Central

Asesinan a otra activista indígena en Honduras

10/07/2016 by Vitalio Deja un comentario

Fuente: InfoLibre

 

  • El asesinato de Lesbia Urquía se suma al de Berta Cáceres, líder de la ONG Copinh, y al de Nelson García, ambos ocurridos el pasado mes de marzo
  • Urquía se encontraba luchando contra la construcción de una hidroeléctrica propiedad del marido de la presidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López

 

                                                     

Miles de manifestantes en Tegucigalpa (Honduras) pedían justicia para el asesinato de Berta Cáceres el pasado día 1 de mayo. EFE

La activista y ambientalista hondureña Lesbia Urquía fue asesinada este miércoles según informó la Policía tras encontrar el cuerpo en la región de Marcala, en La Paz (Honduras), según informó Europa Press.

Urquía pertenecía a la dirección del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), asociación que lucha por la conservación del medio ambiente y los pueblos indígenas y a la que pertenecía la también asesinada Berta Cáceres.

El Ministerio Público hondureño confirmó la creación de un equipo especial para investigar la muerte de Urquía y la Agencia Técnica de Investigación Criminal conformó otro equipo de agentes especiales de la Unidad de Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios, según informó el diario hondureñoTiempo.

Según anunció el COPINH a través de un comunicado, Urquía se encontraba luchando contra la construcción de una hidroeléctrica propiedad del marido de la presidenta del Congreso Nacional, así como del partido en el Gobierno, Gladys Aurora López.

El asesinato de Urquía vuelve a poner sobre la mesa la Peligrosa situación en la que viven los ecologistas en Honduras, que quedó patente cuando el 3 de marzo dos sicarios asesinaron a Berta Cáceres, la entonces líder de COPINH.

“La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta”, aseguró COPINH a través de un Comunicado.

“Responsabilizamos directamente por este asesinato al Gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de Derechos Humanos y de los bienes comunes de la naturaleza”, añadió la organización.

Desde 2009, Honduras estuvo dirigida por un Gobierno de ideología conservadora que ha concedido numerosas licencias de explotación de recursos naturales a distintas empresas, algo que ha provocado protestas, especialmente entre la población indígena, ya que estos contratos a veces permiten la explotación de zonas frágiles para el medio ambiente así como de reservas naturales.

Al menos 109 activistas ecologistas fueron asesinados en Honduras entre 2010 y 2015, convirtiendo al país en el más peligroso del mundo para el activismo ecológico.

Grupos a favor de los Derechos Humanos a menudo acusan alEjército de honduras de participar directamente en los asesinatos. En concreto, tras la muerte de Berta Cáceres se descubrió que su nombre había aparecido en una lista de objetivos que había sido entregada a las fuerzas especiales del Ejército, que reciben entrenamiento y apoyo por parte de Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos entregó una cifra estimada de200 millones de dólares como ayuda a la Policía y al Ejército hondureños desde 2010 como parte de un plan para contrarrestar el crimen organizado y la inmigración ilegal, pero muchos grupos denuncian que esas ayudas acaban en manos de escuadrones de la muerte que se encargan de eliminar cualquier oposición al Gobierno y a los intereses de ciertas empresas.

 

Publicado en: América Central

Maestros en México: rendirse no es una opción

10/07/2016 by Vitalio Deja un comentario

Por: Leonardo Toledo Garibaldi

Los maestros y maestras de México siguen movilizados, a pesar de la represión que ha dejado varios muertos, para hacer frente a la reforma educativa del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

                 
Bloqueo de la Autopista de San Cristóbal de las Casas por parte de maestros y maestras. /TRAGAMELUZ

Una niña, estudiante de secundaria, toma el micrófono en un encuentro entre la sociedad civil de San Cristóbal de las Casas (Chiapas) y el movimiento magisterial, quienes mantienen bloqueada la autopista desde hace más de una semana. Les habla a ellos pero también les habla a sus compañeros de clase: “Les pido que vayan aunque sea a una marcha, para que sepan lo que está pasando con nuestros profesores, para que entiendan que no se trata de privilegios, sino que están luchando por nuestros derechos”.

“No se rindan, maestros, sabemos que su lucha es por todos nosotros”, dice una niña

A sus 14 años se para ahí, enfrente de mucha gente de su pueblo, les habla del populismo de Obama, del aumento en la gasolina, del desabasto simulado de los supermercados…, todo lo dice con mucha seguridad, con claridad. “Quiero decirle a mis maestros que realmente les extraño, que extraño sus clases y sus regaños”, en ese momento se le quiebra la voz, deja de hablar, pide perdón y se retira del micrófono. La gente la anima, le aplaude, regresa al micrófono para decir entre lágrimas:“No se rindan, maestros, sabemos que su lucha es por todos nosotros”. Ante este tipo de discursos, rendirse no es una opción.

Escenas como ésta se han repetido en los últimos cuatro días, desde que el secretario de Gobernación canceló el diálogo con el sindicato y amenazó con usar la fuerza para romper los bloqueos en las carreteras. El gobernador del Estado citó al expresidente Gustavo Díaz Ordaz: “Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados”, una frase que Díaz Ordaz usó en un discurso días antes de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Los rumores de que un grupo de choque se está organizando para venir a romper el bloqueo crecen todos los días, pero a cada rumor aparece otro grupo, una nueva organización que acude al bloqueo a manifestar su apoyo a la lucha magisterial. Taxistas, asociaciones de vecinos, deportistas, jubilados, locatarios de mercados, muchísimas personas que en lo individual acuden con cobijas, comida, agua, hasta llantas para reforzar las barricadas. Eso mismo sucede en el resto de los bloqueos del Estado de Chiapas, pero también de Oaxaca y de Michoacán.

Todo el mundo sabe que del otro lado habrá granadas de gas, cascos, escudos, chalecos antibala, fusiles de asalto y pistolas

La amenaza de usar la fuerza con quienes piden diálogo ha derivado en apoyo incondicional al magisterio por parte de la sociedad. Porque no es sólo amenaza. Aquí todo el mundo tiene muy presente el 19 de junio, cuando integrantes de la Gendarmería dispararon contra la población de Nochixtlan y mataron a nueve personas. Todo el mundo sabe que al igual que en Nochixtlan, si la policía realiza un operativo con uso excesivo de la fuerza, la población va a salir a defender a sus maestros con lo que tenga a la mano: machetes, piedras, azadones, palos, gasolina y cohetes de fiesta (que en manos hábiles se vuelven misiles teledirigidos). Todo el mundo sabe que del otro lado habrá granadas de gas, cascos, escudos, chalecos antibala, fusiles de asalto y pistolas. Todo el mundo sabe que si hay pelea, el principal perdedor será el gobierno federal, aunque los muertos, como siempre, sean de este lado.

Los ‘no’ del magisterio a la reforma educativa

La mayoría de los maestros y maestras que están en paro tienen un NO muy simple: “No estamos de acuerdo con una reforma que ponga en riesgo nuestro empleo”. Se refieren a lo que se ha llamado el “examen punitivo”, un mecanismo mediante el cual la Secretaría de Educación Pública intenta reducir su plantilla laboral. En términos concretos es “tenemos un contrato donde las condiciones de anulación de contrato son unas, esta reforma es un cambio en dichas condiciones, disfrazado de evaluación académica”.

Hay otro NO, que es el que blanden los maestros de educación indígena. Se oponen a algo mucho más sutil, pero al mismo tiempo brutal: el examen punitivo es, además, discriminatorio. Al estar planteado en términos universalistas, descalifica todo el saber local, las especificidades lingüísticas de cada región, la historia y el modo de cada pueblo. Los educadores de zonas indígenas saben que ahí, en ese territorio de “lo universal” ellos y sus pueblos no existen. Serán los primeros excluidos por no saber hablar bien el español. No importará que sepan hablar bien en zoque, mixe, maya peninsular, tseltal, chol, zapoteco, tojolabal, tsotsil, mixteco, popoloca, cuicateco…

Pero el NO de fondo, al que no todos se refieren, es el NO a la privatización. No se trata de que las escuelas públicas de un día para otro se vuelvan de paga, sino de que las escuelas públicas dejen de ser responsabilidad del Estado y que los territorios que las contienen pierdan su autonomía. Esto sucederá justo con una figura llamada “autonomía de gestión”, un complejo mecanismo que permitirá a la iniciativa privada hacerse de la infraestructura escolar. A través del programa Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Escolar Nacional) se bursatilizarán los recursos federales destinados a infraestructura. Por lo pronto, la primera emisión de “bonos educativos” en la bolsa de valores alcanzó la cantidad de 8.581 millones de pesos (420,75 millones de euros).

Las tensiones y el futuro inmediato

Aunque ya significó un negocio de miles de millones de pesos para la bolsa de valores, en lo teórico y en lo político la reforma educativa ha sido una gran pérdida. Actualmente no existe ningún investigador del área educativa que respalde el fundamento teórico de la reforma. En lo político, de manera gradual, pierde cada día sus apoyos. La fracción de la izquierda representada por el partido MORENA lo ha rechazado con una marcha masiva y una alianza con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El resto de los partidos lo empieza a dudar, pero mientras tanto los grupos armados del país, encabezados por el EZLN, el EPR y el ERPI, han manifestado su simpatía por la lucha magisterial, llegando incluso a cancelar sus actividades en los Estados donde la insurgencia magisterial tiene alta presencia (como es el caso del festival Comparte, del EZLN, en Chiapas).

Del mismo modo, al interior del gabinete las tensiones aumentan: por un lado, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, ha pasado de ser el negociador del gabinete a ser el duro e inflexible, mientras que Osorio Chong, secretario de Gobiernación, se había puesto careta de conciliador para ganarse simpatías y desplazar a Nuño, pero le duró menos de una semana. Pero ellos no piensan en la educación ni en el futuro de los niños, ellos piensan en 2018 y la candidatura del PRI a la presidencia.

¿Cuáles son las opciones ante esta situación?

La primera es una salida negociada, que es lo que desde el principio ha buscado la CNTE, que implicaría aceptar la reforma pero con modificaciones sustanciales en cuanto a lo punitivo del examen, la visión intercultural de la reforma y modificaciones en los procedimientos de autonomía de gestión. La salida negociada debilitaría al ala dura del gabinete y permitiría la aparición de personajes con habilidades y capacidades más allá del mero ejercicio de la fuerza. Por el lado de la CNTE, conllevaría eltradicional sacrificio de los dirigentes que hayan llevado a cabo la negociación.

La salida no negociada, es decir, la represión al movimiento magisterial, sumaría una raya al tigre del desprestigio nacional e internacional de Enrique Peña Nieto, pero sobre todo, desataría una escalada violenta, pues hasta ahora la CNTE ha logrado mantenerse como un movimiento no violento que lleva a cabo acciones que pueden catalogarse dentro de la resistencia civil, pero al ser desplazado como una alternativa de interpelación y diálogo, los movimientos y organizaciones que apuestan por la confrontación armada se verían fortalecidos.

Dijo el secretario de Gobernación hace unos días: “El tiempo se ha agotado”, pero probablemente sea su tiempo como funcionario público, pues por lo que se ve en las barricadas, el tiempo de la sociedad civil está floreciendo.

Publicado en: América Central

Varios estudiantes detenidos en el desalojo de la UNAH en Honduras

03/07/2016 by Vitalio Deja un comentario

Fuente: Terc3ra

En medio del tumulto y empujones, la Policía Nacional detuvo a varios estudiantes que mantenían tomados los edificios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

                     

La Policía Nacional recorrió el campus universitario, cortando los candados y retirando las cadenas y pupitres con los que se había obstaculizado el ingreso a los edificios.

La operación transcurría en tranquilidad porque en los edificios no se encontraban estudiantes.

Mientras los dirigentes permanecían resguardados en el auditorio Tomasita Castillo de Valle del edificio de Ciencias Económicas.

Cuando los miembros de la Unidad Antimotines ingresaron al edificio comenzaron a desalojar a los estudiantes, en medio de los gritos y el llanto de varias jóvenes.

La situación se degeneró rápidamente y en medio de empujones y forcejeos, la Policía procedió a detener a varios dirigentes estudiantiles.

Los representantes de organismos de derechos humanos trataron de ingresar al auditorio, pero los miembros de la Policía no se los permitió.

“No hay orden de captura contra ninguno de los jóvenes en específico, de modo que si se los llevan a una posta es contra la ley”, dijo uno de los defensores.

Los policías formaron una valla alrededor de los jóvenes hasta trasladarlos a una patrulla, mientras estos gritaban: “nos están reprimiendo, nos están reprimiendo”.

Mientras esperaban en la patrulla, los agentes les quitaron las capuchas a los estudiantes, en medio de las protestas de varios de sus compañeros.

“Somos estudiantes consientes defendiendo nuestros derechos”, gritó una de las detenidas

En dos patrullas fueron trasladados unos 12 estudiantes a las instalaciones de la DPI, aunque hasta el momento se desconoce la totalidad de detenidos.

Luego de las detenciones, la policía se dirigió al edificio de Odontología donde otro grupo de estudiantes se mantenía atrincherado.

Estudiantes exigen liberación de dirigentes detenidos

Varios estudiantes exigieron este viernes la liberación de sus 24 compañeros que fueron capturados en el desalojo a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Luego de dejar las instalaciones de la UNAH, los universitarios marcharon hasta la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde se encuentran retenidos varios integrantes del movimiento.

La DPI informó que solo se está investigando a los 24 estudiantes que fueron capturados en horas de la mañana, pero que no están siendo fichados.

A la llegada de los miembros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), se generaron varios roces con miembros policiales, ya que querían ingresar a las instalaciones de la DPI.

Sin embargo, se les informó a los estudiantes que no podían entrar hasta donde se encontraban sus compañeros, por lo que determinaron sentarse en las afuera de la DPI.

Los jóvenes anunciaron que permanecerán en el lugar hasta que liberen a todos sus compañeros que fueron detenidos en horas de la mañana.

Hasta el momento no se ha presentado ningún requerimiento fiscal contra los 24 estudiantes capturados este día, informó la portavoz de los Juzgados de Tegucigalpa, Bárbara Castillo.

Requerimientos fiscales

Por otro lado, el Ministerio Público (MP) emitió órdenes de captura contra 19 estudiantes de la que manteníanparalizadas las actividades académicas en la UNAH.

La orden se giró contra 7 mujeres y 12 hombres, todos estudiantes de la UNAH.

A los jóvenes se les supone responsables de los delitos de sedición, usurpación y daños en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras y la UNAH.

Los estudiantes con orden de captura son:

Ariel Alejandro Álvarez Valladares

Cintia Rosibel Flores Villanueva

Jorkie Melissa Madrid López

José Adonay Pidena Elvir

Luis Carlos Rivera Lara

Edwin Adalid Santamaría Portillo

Daniela Alejandra Rico Rivas

Gabriela Verenice Cubas Ochoa

Génesis Fabiola Chávez López

Eduardo Enrique Aguilar Oseguera

José Isaías Palencia Mejía

Mario Roberto Reyes Tejada

Fausto Manuel Cálix Márquez

Gerson Daniel Moya Turcia

Baney Sebastian Rivera Aguilera

Kennye Estefan Aguilar Cuello

Jeny Jissele Núñez Palma

Jeny Mariela Reyes

Génesis Aracey Andino Vásquez.

Publicado en: América Central

Mexico: Gobierno calienta más a magisterio disidente

26/06/2016 by Vitalio Deja un comentario

Por: Miguel Badillo

Acaso no han sido los gobiernos panistas y priístas los que han metido al país en una aguda crisis económica, una ola de violencia sin freno y una desigualdad social, en donde la mayoría de la población (más de 60 millones de mexicanos) vive en pobreza y millones de niños no pueden ir a la escuela porque tienen que trabajar para sobrevivir. Entonces por qué Aurelio Nuño utiliza la violencia verbal en contra del magisterio disidente y busca la confrontación en lugar de sentarse a dialogar y convencer con argumentos, tal como lo haría un secretario de Educación Pública. Criminalizar la protesta social y meter presos a líderes de los maestros puede provocar acciones más violentas y nadie en el gobierno quiere verlo.

                                               

Un juez federal a modo ha liberado órdenes de aprehensión en contra de líderes magisteriales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por el delito inventado de lavado de dinero. Para acompañar esta reacción gubernamental violenta en contra de aquellos que piensan y actúan de manera diferente –maestros que se oponen a las formas de instrumentación de la reforma educativa a cargo de Nuño Mayer–, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha salido a los medios para “aclarar” que esas detenciones no son políticas, y quienes así lo crean “están equivocados”.

Ahora que el responsable de la política interna ha entrado al debate sobre las protestas magisteriales y el gobierno privilegia la cerrazón al diálogo, Osorio Chong puede explicar a todos los que “están equivocados” por qué en los 3 años de gobierno de esta administración no se ha actuado en contra de líderes sindicales priístas y corruptos que han abusado del erario y han desviado recursos de sus agremiados, y cuyos fondos otorgados por el gobierno se guardan en fideicomisos.

Cómo pueden entender, los que “están equivocados”, la impunidad en la que viven dirigentes como Carlos Romero Deschamps y Víctor Flores Morales –sólo por mencionar a los dos más representativos líderes charros de los sindicatos petrolero y ferrocarrilero–, quienes han “desaparecido” transferencias por cientos de millones de pesos que les pertenecen a los sindicalizados. Para estos dos priístas no hay investigación alguna y mucho menos órdenes de aprehensión de un Poder Judicial sumiso y obediente. ¿En esto también estamos equivocados?

Esa práctica de acusar falsamente por lavado de dinero ya se utilizó en contra de la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo, a quien a pesar de tenerla presa hace más de 2 años y de las muchas tropelías que hizo con el dinero que le entregaba el gobierno, la Procuraduría General de la República (PGR) aún no le ha podido probar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como lo establece el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Así que la procuradora Arely Gómez y el subprocurador Gilberto Higuera tendrán que inventar otros delitos menos absurdos por los cuales puedan mantener presos a los líderes de la CNTE.

Porque si nos atenemos a los resultados que en los últimos años la PGR ha tenido en materia de actuaciones por lavado de dinero, pues simplemente es un ridículo, por lo menos en lo que toca a perseguir a empresarios, banqueros, casabolseros o inversionistas del sector turístico que utilizan sus empresas y cuentas bancarias para mover grandes cantidades de recursos ilícitos y a quienes la autoridad simplemente no investiga. Por eso llama la atención que la procuradora trate de cuadrar ese delito a los maestros disidentes cuando sabe que no se ha cometido y que sólo responde a motivaciones políticas.

Para que pueda haber lavado, primero el dinero debe ser sucio; es decir que dichos recursos deben proceder de algún delito previo y después ingresarlos a los circuitos financieros con la finalidad de blanquearlos o limpiarlos para su uso en actividades lícitas. Y por lo que sabemos hasta ahora, los recursos provienen del sueldo de los maestros ­­–es decir el dinero es legal–, quienes pagan créditos por diversos bienes que adquieren de empresas privadas en una transacción comercial que ellos aceptan. La razón de que esas compañías proveedoras entreguen comisiones a la CNTE por cada venta de un producto, según la misma PGR ha informado, es un acuerdo del cual los maestros están enterados. ¿Dónde entonces se comete el delito de lavado?

De lograr Nuño su propósito de criminalizar la protesta social, la población quedará indefensa y dócil ante un gobierno represivo que amenaza con la cárcel a todos aquellos que se atrevan a manifestarse y a disentir de las decisiones y de la aplicación de políticas públicas impopulares.

Puntos suspensivos… Coincidentemente, en las regiones donde las protestas sociales del magisterio incorporado a la CNTE son las más intensas, es en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas donde se registra el mayor porcentaje de menores que trabajan, de acuerdo con el último informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre México que proporcionó con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Estimó que son 2.5 millones de menores entre 5 y 17 años, quienes en un 50 por ciento no pueden asistir a la escuela. El secretario Aurelio Nuño debería atender a este sector infantil que se suma a los casi 6 millones de mexicanos analfabetas que hay en el país.

Publicado en: América Central

Honduras, un “agujero negro” para los derechos humanos

07/05/2016 by Vitalio Deja un comentario

Fuente: Iniciativa Debate

                                                                                                

 

Fue uno de los casos más amplificados por los medios de comunicación. A la activista ambiental hondureña y líder indígena lenca, Berta Cáceres, la asesinaron hace dos meses cerca de su casa en el municipio de La Esperanza (departamento de Intibucá). El motivo, su oposición a la construcción de una gran represa hidroeléctrica (“Agua Zarca”) en el río Gualcarque, en un lugar sagrado para los indígenas. Pero no se trata de una excepción. En febrero de 2016 se produjo la masacre de Tolupanes, en el departamento de Yoro, en la que perdieron la vida cinco indígenas. Sólo quince días después del crimen contra Berta Cáceres, resultó asesinado otro líder del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Nelson García, en el contexto del desalojo de la comunidad de “Río Chiquito” (departamento de Cortés). Subyace al escenario represivo una elocuente estadística del Banco Mundial: casi dos tercios de la población hondureña vive por debajo del umbral de la pobreza.

Entre el 19 de abril y el 6 de mayo, cuatro indígenas lencas de Honduras -entre ellos Berta Zúñiga Cáceres, miembro de la COPINH e hija de la líder indígena asesinada- realizan una gira pordiferentes países europeos: Bélgica, Holanda, Finlandia, Alemania y España. Además de la denuncia de la violación de los derechos humanos en el país centroamericano, la visita tiene como objetivo ejercer presión internacional para que el gobierno de Juan Orlando Hernández acepte la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una investigación (independiente) del homicidio. Otro de los cometidos de la gira es señalar a las empresas internacionales que, junto a Desarrollos Energéticos SA (DESA), promotora del macroproyecto en Honduras, han aportado financiación o materiales para la construcción de la represa: el banco de desarrollo holandés FMO, el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnfund), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Voith-Hydro (Siemens), que suministra las turbinas.

El dos de mayo las autoridades hondureñas detuvieron a cuatro sospechosos del asesinato de la luchadora ambiental. Los arrestos permiten aventurar complicidades entre la empresa y los aparatos del estado. En la denominada “operación jaguar”, resultaron detenidos el militar en activo Mariano Díaz Chávez; el oficial retirado Edilson Duarte Meza; el teniente retirado que también trabajó como subjefe de Seguridad de DESA Douglas Geovanny Bustillo; y el gerente ambiental y encargado de comunicaciones de la empresa DESA, Sergio Rodríguez Orellana (éste y Douglas Geovanny Bustillo fueron denunciados por el COPINH por amenazas). En declaraciones recogidas por la Agencia Efe, Juan Orlando Hernández se felicitó por el resultado de la “operación jaguar. El asesinato de Berta Cáceres, afirmó en el Palacio Presidencial, “es un duro golpe para el Estado de Honduras”, porque se trata de “una de las defensoras de los derechos humanos del país”.

¿Parten estas declaraciones de un crudo cinismo o de una satisfacción real? Según Berta Zúñiga Cáceres, practicar las detenciones “es su obligación”. Además, “se han producido por la presión internacional y las denuncias y manifestaciones realizadas en nuestro país”, ha criticado en un acto organizado en Valencia por Cedsala, Perifèries, Intersindical Valenciana, Brigadas Internacionales de Paz y Amnistía Internacional. Se ha excluido a la familia del proceso de investigación de la muerte de Berta Cáceres, hasta el punto que los parientes de la víctima han conocido los arrestos por los medios de comunicación. La COPINH y los familiares piden que se ahonde en la investigación hasta llegar a la autoría intelectual del crimen, pero mientras, del operativo contra los presuntos autores del atentado se extrae una conclusión: la complicidad entre la empresa que promueve la iniciativa “Agua Zarca” y la superestructura estatal (ejército).

En su descargo podría el ejecutivo aportar supuestos méritos como la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en Honduras, de 2015. Pero no es una ley “normada” para que pueda aplicarse, responde Berta Zúñiga Cáceres. Además, se trata de una “fachada”, presentada antes de que el gobierno participara en Ginebra en el proceso del Examen Periódico Universal (EPU), ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. “No hay voluntad política, todos los días en nuestro país hay asesinatos”, destaca la activista, que marca un punto de inflexión en el golpe de estado de junio de 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya. Entonces se consolidó, más aún, el modelo extractivista neoliberal, que ahondó en la política de concesiones. Un año después, el ejecutivo nacionalista de derechas aprobó 47 concesiones hidroeléctricas, sin consultar a las comunidades locales. “El actual gobierno es una prolongación del golpe”, sentencia Berta Zúñiga Cáceres.

El uno de abril de 2013 el COPINH de Río Blanco inició un bloqueo para frenar la construcción de la macropresa; fue entonces cuando comenzaron las amenazas y hostigamientos contra Berta Cáceres y otros activistas, recuerda Rosalina Domínguez, miembro del Consejo Indígena de Río Blanco y del COPINH, organización que lleva 23 años en la defensa del territorio. Se movilizaban para detener una represa que desviaría tres kilómetros el cauce del río, lo que pondría en peligro los bosques, recursos hídricos y medios de vida de las comunidades. “Las máquinas continúan avanzando, de ahí la gira por Europa”, asevera Rosalina Domínguez en Valencia. Es lo que sucede hoy, pero desde 2013 tres indígenas –además de Berta Cáceres- han muerto en la batalla contra el macroproyecto. El 15 de julio de ese año, el ejército hondureño asesinó a Tomás García, líder lenca, cuando participaba en una manifestación pacífica. El caso se saldó en diciembre de 2015 con una condena por homicidio del suboficial del batallón de ingenieros, Kevin Yasser Saravia. Sin embargo, este militar resultó absuelto del intento de asesinato del hijo de Tomás García en la misma acción. Berta Zúñiga Cáceres pide responsabilidades al máximo nivel: “muchas veces en nuestro países se sacrifica a personas de bajo rango”.

La ONG ACI-Participa asegura que más del 90% de los crímenes contra activistas de derechos humanos no se resuelven. A ello se agrega la ineficiencia en los mecanismos de seguridad, de hecho, desde 2009 hasta su asesinato, a Berta Cáceres se le debían aplicar las “medidas cautelares” establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (paradójicamente, la militante también fue condenada a pena de prisión por oponerse a la represa). Tal vez haya sido el crimen más propalado, pero los balances de los organismos de derechos humanos insisten, invariablemente, en el agujero “negro” que representa Honduras. El informe de 2015 de Amnistía Internacional señala que durante los conflictos por la tierra y los desalojos de los últimos años, las organizaciones campesinas del Bajo Aguán sufrieron amenazas y ataques violentos por parte de guardias de seguridad privados (vinculados a los terratenientes) y abusos de los militares. Las comunidades del Bajo Aguán han denunciado el asesinato de 90 campesinos entre 2008 y 2013.

El COPINH permanece habitualmente en la diana de grupos paramilitares y fuerzas del orden hondureñas. Por ejemplo, aseguran que resultaron atacadas por personas armadas no identificadas cuando, junto a otras organizaciones nacionales e internacionales, se hallaban en una reunión en recuerdo de Berta Cáceres. El informe de Global Witness (“Medio ambiente mortal”) apunta que entre 2002 y 2014 murieron asesinados 111 activistas en Honduras. Si se atiende al índice de asesinatos per cápita, el país centroamericano es el más peligroso del mundo para los defensores del territorio y el medio ambiente. La violencia –el feminicidio- se encarniza singularmente con las mujeres: 4.400 asesinadas en la última década, con el 95% de los crímenes impunes según aseguran las organizaciones feministas. El COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras) señala 3.064 casos de “criminalización” o uso indebido de la legislación penal contra defensores. A partir de la información recibida, el Comité Interamericano de Derechos Humanos concluye, en el informe de 2015, que parte de la inseguridad en el país proviene de los cuerpos policiales, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado.

Publicado en: América Central

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