Según informó en los días pasados el sitio web del periódico El Libertador, unos 5 mil miembros de familias campesinas se habrían refugiado en la comunidad Guadalupe Carney, Trujillo, debido a los desalojos salvajes impulsados por el régimen de Porfirio Lobo y llevados a cabo por los cuerpos represivos del Estado hondureño. La ofensiva que ha desplazado a miles de campesinos y que mantiene un cerco militar en toda la zona del Bajo Aguán, favorece los intereses de los terratenientes y productores palmeros. Según las organizaciones campesinas, los desalojos y la represión carecen de fundamento legal y profundizan el sistema de impunidad que rige en la zona.
Sobre esta situación, la Lista Informativa “Nicaragua y más” conversó con Jari Dixon, abogado, ex fiscal y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ).
-Después de estos días pasados en el Bajo Aguán, ¿Cuáles son tus impresiones con respecto a la aplicación de justicia en la zona?
-Es preocupante ver lo que está pasando al campesinado en el Valle del Aguán, que sigue bajo la amenaza de las fuerzas represivas del Estado. Quieren que se desmovilicen, que abandonen la lucha y salgan de sus tierras. Hay sectores enteros de la población en el campo que ya no le tienen miedo al crimen común u organizado, sino que al Estado. Es terrible, porque ahí es donde se pierde el sentido de la institucionalidad y del derecho.
-Ha habido muchos desalojos con causales supuestamente sustentadas en la ley. ¿Qué opinas?
-Los militares y los policías te dicen que están cumpliendo con su deber y con la ley, pero es falso. Hicimos una revisión del expediente de la finca Panamá, donde se produjo un violento desalojo. Detectamos muchas irregularidades, como por ejemplo, que en el requerimiento fiscal se pidió citar a los imputados a declarar y el juez hizo caso omiso, y dictó orden de captura. Además, nombró un juez ejecutor pero no resolvió la solicitud de desalojo.
Es un proceso ilegal que se repite en casi todos los casos de desalojo. Hay una clara confabulación entre militares, policías, jueces y fiscales, acompañada por el ocultamiento de información por parte de los medios tradicionales, que publican sólo lo que les conviene a los terratenientes, a Miguel Facussé.
-Todo esto se vuelve muy peligroso para la gente…
-Aquí se está poniendo en riesgo la vida de las personas. Asesinan a campesinos y no hay nadie que esté detenido. Los campesinos recuperan sus tierras y son atacados y desalojados, sin orden judicial, por los guardias privados de los terratenientes. Pareciera que a estos guardias se les ha dado licencia para delinquir.
Tenemos una Corte Suprema de Justicia y un Ministerio Público totalmente plegados a los intereses de estos terratenientes. A nada sirve poner la denuncia, porque nunca se le va a dar trámite cuando se trata de campesinos.
-Hace un mes asesinaron a cinco miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA). ¿A qué punto está la investigación?
-No hay detenidos, supuestamente porque los guardias de Facussé eran muchos y no era posible saber quiénes fueron los que mataron a los campesinos. Además, en el sector de administración de justicia hay cierta predispoción en contra de ellos. Ya no es el conflicto de Miguel Facussé con los campesinos, sino el conflicto de los campesinos contra Facussé, el poder judicial, el Ejército y la Policía. Ya lo están personalizando.
-También existen centenares de órdenes de capturas contra miembros de las organizaciones campesinas…
-Los acusan de guerrilleros, de tener armas prohibidas, pero cuándo les preguntamos, tanto al juez como al fiscal, que cuántas armas de grueso calibre se habían decomisado, nos dijeron que ninguna. Esto contradice lo que dicen Porfirio Lobo y los medios corporativos de información. Quieren crear un ambiente propicio para militarizar, desalojar y asesinar. Lo que hemos visto en estos días es un proceso ilegal utilizado contra los campesinos para despojarlos de su lucha y de su tierra. El golpe de Estado vino a profundizar ese plan y lo estamos viendo en varias partes del país.
-¿Cómo enfrentarse a esta situación?
-Las organizaciones nacionales e internacionales deben analizar, estudiar, documentar y denunciar lo que está ocurriendo. Es una tragedia humana que profundiza la esclavitud y ante la cual hay que unirnos y reaccionar.