Fuente: TeleSur

Durante el gobierno del presidente Iván Duque, quien asumió el poder el 7 de agosto de 2018, han sido asesinados 234 líderes indígenas.

Alirio Uribe Muñoz, defensor de los derechos humanos, denunció que ayer jueves fueron asesinados tres dirigentes indígenas en Colombia, con lo que suman 234 líderes muertos durante el gobierno del presidente Iván Duque, quien asumió su cargo el 7 de agosto de 2018.

El abogado detalló que los asesinados fueron Oneida Epiayú en Riohacha, en la Guajira; Lilia Patricia García, en el territorio ancestral de Watsalpí, en Nariño; y Constantino Ramírez, líder Embera.

En un mensaje en la red social de Twitter, Uribe Muñoz sostuvo: “Presidente @IvanDuque Hoy 17 de octubre completamos 234 líderes asesinad@s en su Gobierno!”.

#ATENCIÓN| Hoy fueron asesinados DOS indígenas: Constantino Ramírez del Quindío y Oneida Epiayu de Uribia, La Guajira. Al Gobierno de @IvanDuque le decimos nuevamente: El #GenicidioIndigena continúa, ya van 115 líderes indígenas asesinados en su gobierno.

Presidente @IvanDuque Hoy 17 de octubre completamos 234 líderes asesinad@s en su Gobierno!
TRES HOY, Oneida Epiayu en Riohacha -Guajira: Lilia Patricia García en el territorio ancestral de Watsalpí- en Nariño:
Constantino Ramírez líder Embera @ONIC_Colombia

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) confirmó el homicidio del líder indígena del pueblo Embera Constantino Ramírez, fundador de la organización ORIQUIN.

Asimismo, denunció el asesinato de Oneida Epiayú de Uribia, en La Guajira, en el norte de Colombia.

Medios locales informaron el jueves que sicarios asesinaron a la lideresa de la etnia wayúu mientras comía con varias personas en un restaurante del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira.

Oneida Epiayú había denunciado presuntos actos de corrupción dentro de los programas de alimentación que lleva a cabo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

De acuerdo con estadísticas de la Defensoría del Pueblo, 196 líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia durante el lapso de marzo de 2018 a mayo de 2019.

Por: Breno Altman

El exnegociador colombiano Humberto de la Calle criticó al grupo disidente de las FARC que retomó las armas. | Foto: Reuters

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Humberto de La Calle fue el principal interlocutor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para el pacto que puso un punto final al conflicto armado.

Las cifras son asustadoras. Desde la firma de la primera versión del Acuerdo de Paz, el 26 de septiembre de 2016, hasta el último día 8 de septiembre, fueron asesinados 777 líderes sociales y activistas de derechos humanos. El mismo final tuvieron 153 exguerrilleros y 47 de sus familiares.

Los datos son del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, fundado hace 35 años. La Fiscalía General de la República rechaza esa contabilidad. Pero el resultado sigue siendo tenebroso: hasta junio de 2019, el gobierno calcula que 302 militantes de movimientos populares fueron víctimas de homicidio, un macabro destino que sufrieron también 171 reincorporados y sus parientes.

Informes oficiales afirman que la mitad de los asesinatos de antiguos combatientes fue aclarada, con trece sentencias de condenación y mandato de captura para más de cincuenta personas. El Indepaz retruca: se habría solucionado tan solo el 10 por ciento de los crímenes contra liderazgos sociales y desmovilizados de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Esa realidad sangrienta parece ser uno de los motivos que causan incomodidad y preocupación a Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador gubernamental en los diálogos de paz que tuvieron lugar en La Habana entre 2012 y 2016. “El balance de esos tres años es de luz y de sombra”, declaró al reportaje de Opera Mundi. “La guerrilla más antigua del continente entregó las armas, poniendo un punto final al conflicto, pero el gobierno de Iván Duque, aunque haya tenido algunos avances en la reincorporación económica, es claramente hostil a la reforma agraria y a la reforma electoral, puntos fundamentales del Acuerdo de Paz”.

Afable, de gestos serenos, rostro circunspecto, dueño de sonrisas moderadas, Humberto de la Calle es considerado un caballero, incluso por sus adversarios. Con una larga carrera política, estaba apartado de las funciones públicas desde hacía 10 años cuando, en 2012, Juan Manuel Santos, el presidente de la nación en la época, lo invitó para llevar a cabo la difícil misión de alcanzar un compromiso capaz de poner un punto final a una guerra civil que había tenido inicio en 1964.

No tenía ninguna simpatía o admiración por los guerrilleros. Muy por el contrario. Afiliado al Partido Liberal, era identificado con los sectores más conservadores de esa asociación, en cuyo nombre fue ministro e incluso vicepresidente de la República.  También fue ministro de la Corte Suprema y embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En los primeros encuentros, cuando la tensión entre los interlocutores cortaba como un cuchillo, hay quien diga que De la Calle se molestaba hasta cuando le sacaban fotos con líderes y militantes rebeldes. “Me senté a la mesa sin ilusiones”, cuenta él. “Ellos eran responsables por atrocidades terribles. Pero el origen de esos crímenes era la guerra”.

Y la guerra era la respuesta, en el entendimiento de los insurgentes, exactamente para la concentración brutal de tierras, para la pobreza de los campesinos, para la truculencia de los terratenientes y para la existencia de un sistema político controlado por oligarquías y fuertemente opresor.

El Bogotazo

La violencia había durado mucho tiempo. En abril de 1948, el candidato a la presidencia de los liberales, Jorge Eliécer Gaitán, franco favorito, fue asesinado en Bogotá. Abogado de ideas progresistas, defensor de causas sindicales y de la reforma agraria, su muerte causó un levantamiento popular en la capital colombiana, conocido como el “Bogotazo”. El blanco era el Partido Conservador, vinculado a los terratenientes, rival de los liberales. Los gaitanistas, aliados a los comunistas, organizaron guerrillas campesinas en varias regiones para enfrentar al Estado y a las bandas paramilitares dominadas por los conservadores.

El choque bipartidario terminó en 1958. Los sectores más moderados consiguieron reasumir el comando del Partido Liberal y formaron una alianza de gobierno con sus enemigos reconocidos del Partido Conservador. Los dos lados se perdonaron mutuamente y enterraron todos los planes de democratizar el campo.

Los comunistas continuaron la batalla, con la adhesión de muchos gaitanistas desamparados, entre ellos un líder campesino llamado Pedro Augusto Marín, cuyo nombre de guerra era Manuel Marulanda Vélez, el legendario “Tirofijo” que sería el principal fundador de las FARC, seis años después de la deserción de los liberales.

De la Calle admite que, durante las negociaciones de La Habana, la cuestión de la tierra pasó a tener otro peso en sus opiniones. “De alguna manera, es un retorno a las tradiciones liberales”, admite, recordando el desplazamiento forzoso de sus padres, víctimas de la brutalidad de los conservadores. “Este país tiene el 48 por ciento de sus tierras en situación irregular, muchas ocupadas de forma criminal, generando una concentración injusta de la propiedad e impidiendo que los campesinos tengan una vida decente.

Su conclusión es que, sin cambiar esa estructura, “respetando la propiedad privada legítima y que ejerza su función social” el conflicto siempre renacerá. “Los campesinos continuarán desesperados y parte de los terratenientes, animados por la omisión del Estado, continuará defendiendo sus tierras, o ampliándolas, por medio de la violencia y de la asociación con grupos delincuentes”.

Sus críticas al gobierno de Iván Duque, del Centro Democrático, son implacables, responsabilizándolo por un ambiente de polarización peligroso que buscaría la desestabilización de los aspectos jurídicos del Acuerdo de Paz.

Las FARC, partido político

Los compromisos de La Habana permitieron que las FARC se constituyeran como partido político y que tuvieran diez plazas en el parlamento durante dos períodos de cuatro años, sin depender de votos para ello. También crearon un sistema especial de justicia, denominado Jurisdicción Especial de Paz (JEP), ante el cual deberían presentarse tanto exguerrilleros como militares y paramilitares.

Todos los crímenes deben ser reconocidos, pero no serán castigados con prisiones. Las sentencias se limitan a restricciones de movimiento y obligaciones de reparación de las víctimas, incluyendo residencia y trabajo social en las regiones afectadas, durante un plazo máximo de ocho años.  Mentiras, incumplimiento u omisiones con relación a las convocaciones de la JEP pueden causar exclusión de las garantías de reincorporación. 

“El presidente Iván Duque y el senador Álvaro Uribe (presidente en el período de 2002 a 2010, principal líder de la derecha colombiana) amenazan la consolidación de la JEP”, denuncia.  “Maniobran con tentativas jurídicas y presupuestarias para limitar su alcance. Intentan impedir que militares y paramilitares cumplan su parte, facilitando dejar escondidos los delitos de esos agentes y a servicio de quien estaban, alimentando la impunidad en sectores con graves responsabilidades en la guerra.”

De la Calle no omite su insatisfacción con el gobierno, pero es cuidadoso en lo que se refiere a la violencia. “No es posible atribuir ese baño de sangre totalmente al gobierno, pero tampoco es posible cerrar los ojos”, subraya. “Durante las negociaciones en La Habana, los índices de violencia se desplomaron, pero volvieron a subir después del acuerdo. Ese proceso puede tener diferentes causas, es muy antiguo. Muchas veces los mandantes son terratenientes, pero también traficantes y grupos que continúan en la rebelión armada. No obstante, es evidente que todo empeora debido a la falta de compromiso del gobierno con la reconciliación y la investigación de esos crímenes”.

Relaciona esas dificultades con las disidencias de las FARC que recientemente volvieron a la lucha armada y buscan apoyo entre exguerrilleros frustrados. Condena esa opción duramente: “traición al acuerdo, a sus compañeros y al país”. Pero él mismo también parece sentirse traicionado: Iván Márquez, uno de los comandantes que volvió a la montaña, era su contraparte en las negociaciones de La Habana, el jefe de la delegación de las FARC, con quien estableció, según dicen muchos, una relación de amistad y respeto.

El rechazo se limita a los disidentes. Asume otro tono cuando se le pregunta sobre las FARC. “Ese partido y su dirección demuestran un gran sentido de lealtad, defendiendo el acuerdo a pesar de todos los problemas existentes, enfrentando con autoridad a los antiguos comandantes que deshonraron la palabra dada”.

La defensa de la paz puede haber sido un mal negocio para el ex-negociador, candidato derrotado a la Presidencia colombiana en 2018, cuando obtuvo tan solo el 2 por ciento de los votos, sin máquina electoral ni apoyos financieros.

De la misma forma que parece ocurrir con sus aliados de La Habana, De la Calle paga un el precio por su lealtad al proceso de paz.  Su cuenta no se cobra en sangre, pero no deja de ser amarga. En realidad, fue una de las pocas personas que, aunque perteneciendo a los salones políticos de los abastados, tuvo la osadía de romper la omertá de las élites colombianas sobre la tierra y la guerra.

Fuente: TeleSur

La Misión de Observación Electoral (MOE) apunta que ya son siete los candidatos asesinados desde el inicio de la campaña electoral el pasado 26 de julio.

El candidato asesinado Beranrdo Betancourt / Kienyke / Agencia TeleSur

El candidato a la Alcaldía de Tibú (Norte de Santander, Colombia) por el Partido Conservador, Bernardo Betancourt Orozco, fue asesinado este domingo por desconocidos en horas del medio día.

Aunque no se conocen detalles del homicidio, testigos afirman que el hecho ocurrió cuando el candidato se movilizaba con su equipo de campaña en lancha por el río Catatumbo, por el corregimiento de La Gabarra, fue atacado por sujetos que le propinaron varios impactos de bala. 

“El Partido Conservador recibe con dolor la noticia de la muerte de uno de líderes más representativos en el departamento de Norte de Santander y le exige al Gobierno esclarecer a la mayor brevedad tan execrable crimen, que atenta de forma directa contra la participación democrática en el país”, indicó en un comunicado la colectividad política.

Por su parte la Defensoría del Pueblo repudió el asesinato, aludiendo que la polarización y estigmatización deben desaparecer de la contienda electoral, “exigimos el esclarecimiento de este hecho”, agregó la institución.

Uno más asesinado ! Ya son SIETE candidatos desde que inició la campaña, el 26 de julio. Solidaridad con su familia

En los últimos años, el municipio padece altos índices de violencia, generados por graves problemas sociales y de fenómenos como el contrabando, minería ilegal y cultivos ilícitos.

En las últimas 48 se han registrado tres asesinatos, en horas de la mañana se conoció el deceso de dos líderes indígenas en el municipio de Páez Belalcázar, situado en el departamento del Cauca.

Por: Dick Emanuelsson

“Existía un plan para acabar con el acuerdo de paz y con la paz”, expresó Benedicto González.

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Habla Benedicto González, suplente de Jesús Santrich en el Congreso de Colombia sobre la decisión de una corriente de las Farc de regresar a las montañas.

Benedicto González subraya en esta entrevista exclusiva que “la declaración pública de alzamiento en armas de estos días ya pone Punto Final a esta etapa”. Es más, “el Acuerdo de Paz firmado originalmente en la Habana ya no existe porque ha sido de alguna manera despedazado” por el Estado pero sobre todo por el Plan elaborado por EEUU que es el poder superior que halan en los hilos para mutilar definitivamente el Acuerdo, sostiene el ex comandante del Frente 41 y suplente para el curul que ocupó Jesús Santrich por unas pocas semanas en el Congreso de la República.

“Existía un plan para acabar con el acuerdo de paz y con la paz. Eso no era un montaje contra Jesús Santrich, no era un entrampamiento contra su persona sino contra todo el acuerdo.

Cuenta que en las filas de los ex guerrilleros hay “cada vez más inseguridad y poca certeza de cuál va a ser el destino de aquellas personas que hoy están todavía concentrado en Espacios Territoriales en materia legal”.

“Hoy la unidad y la ecuación que existió en la antigua FARC no se mantienen existe una desbandada de los antiguos combatientes que ya no permanecen en muchas zonas”.

–* El asesor jurídico de las FARC en las negociaciones de Paz en La Habana, ENRIQUE SANTIAGO, reclama “un cambio de voluntad y de actitud del Gobierno colombiano de Iván Duque” para “cumplir de forma efectiva con el acuerdo de paz, firmado en la Habana”, y que “no se desaproveche una ocasión histórica, de esas que se dan una vez cada siglo, para acabar con el conflicto más largo de toda América Latina”.

¿Qué lectura haces tú de la declaración de Santiago?

“Con relación a la pregunta, relacionada con las declaraciones del asesor, o de uno de los asesores en la mesa de La Habana en materia jurídica, Enrique Santiago, creo que debemos valorar altamente el aporte que ha hecho Enrique Santiago. Especialmente la construcción del quinto del Acuerdo el sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Y en el marco de éste la Jurisdicción Especial de Paz, que es de las cosas que sobreviven a esta embestida que se ha hecho desde la derecha Colombiana al acuerdo firmado originalmente”.

“Pero hay algunos temas que yo los precisaría de otra manera. Creo que no se trata de un cambio de actitud en el gobierno del presidente. Que no es suficiente con un cambio de actitud. Porque estamos frente a un problema de más profundidad y más estructural”.

“Colombia en este momento, y en la clase política colombiana que está en el gobierno en el poder, representa un aliado al servicio de los intereses de los EEUU. Eso significa que desde el punto geoestratégico Colombia juega un papel para atentar contra Venezuela y contra otros países latinoamericanos cuyos gobiernos no se encuentran de rodillas ante los EEUU”.

“Por eso esta política de guerra tiene unas connotaciones y unos alcances mayores. Digo que no se trata sólo de un cambio de actitud sino del proceder del gobierno Duque y del partido que lo eligió, el Centro Democrático, es la expresión de los planes militaristas, de los planes y guerreristas en función de la geoestrategia norteamericana”.

“No se trata que el presidente Duque decida cumplir con el acuerdo firmado originalmente dado que ese acuerdo ya no existe. El acuerdo firmado originalmente ha sido de alguna manera despedazado. Sus elementos esenciales han sido desconocidos e incumplidos, traicionados. En la actualidad ningún gobierno ya podrá cumplir con el acuerdo original, dado que en muchos aspectos ya ha sido de alguna manera destruido, “hecho trizas”, como prometió este gobierno desde su campaña”.

“Incluso el sistema, digamos lo que permanece todavía con algunos elementos originales, que es el sistema integral y con ello la Jurisdicción Especial no son ni siquiera una aproximación a lo que fue el acuerdo original, firmado y construido en La Habana. En mi opinión encuentro muy buenas intenciones y fe en las declaraciones del abogado Enrique Santiago. Pero la realidad hoy del acuerdo es otra, sea un acuerdo que ya no es ni siquiera el acuerdo final de paz, porque tendrá de alguna manera una valoración muy importante por la decisión de paz, la voluntad que le colocaron especialmente los insurgentes al construirla. Pero que tendrá que ser un pasar a la historia como un acuerdo más, un acuerdo más en el intento de lograr la paz en Colombia y ya no del acuerdo final como se pretendió en su denominación”.

–* ‘Iván Márquez’ señaló en su mensaje que ‘la historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas’. El abogado Enrique Santiago, por su lado, considera que todavía “se puede ser optimista” siempre y cuando haya “un cambio de voluntad y de actitud del Gobierno colombiano”.

¿Se apresuró Márquez y los demás guerrilleros ahora de vuelta en las montañas de Colombia?

“La declaración y la afirmación del abogado Enrique Santiago es muy optimista como siempre lo ha sido en la medida que los revolucionarios debemos siempre buscar y esperar que un camino se puede abrir como alternativa a los problemas que se intentan resolver. Sin embargo, lo que se presentó en Colombia, luego de la firma del acuerdo fue un sistemático incumplimiento. Incluso del gobierno de Juan Manuel Santos y de los sectores que con él acompañaron la construcción del acuerdo y la firma del mismo”.

“Si bien en el gobierno de Iván Duque ha habido el intento de despedazar, de hacer trizas lo acordado, también en el gobierno de Juan Manuel Santos con poca voluntad de cumplimiento de implementación de lo pactado. Lo que ha ocurrido en estos días, donde se produce el pronunciamiento de este grupo de comandantes históricos de la antigua FARC-EP, expresando su decisión de retornar a la lucha armada sobre la base de incumplimientos del acuerdo y por estar inseguros en materia física y jurídica, es apenas una consecuencia o es la consecuencia de la traición a lo acordado”.

“El mes de julio del 2018, estando en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, Iván Márquez y el propio El Paisa, fueron objeto de operativos militares de sobrevuelos y de operativos por tierra que pusieron en riesgo, que ponían en riesgo su seguridad física. Posteriores investigaciones hechas por la Unidad de Apoyo de la Jurisdicción Especial corroboraron la información y echaron por tierra a aquellas versiones que decían que era especulación. Comprobaron que efectivamente el operativo militar, alrededor del sitio donde se encontraban en el ETCR de Miravalle Iván Márquez y El Paisa, eran cierto”.

“En la misma época, en el mes de abril, el 9 exactamente, se produjo la captura de Seuxis Pausias Hernández Solarte, ´Jesús Santrich, quien permaneció un año en la cárcel La Picota en condiciones de aislamiento, en condiciones de tortura física y mental. Lo cual uno podría preguntarse si éstas son razones para tomar la decisión de retornar a la vía armada, especialmente para proteger la vida y la seguridad física y jurídica. Solamente quien está en la situación entiende las magnitudes de los problemas que se están planteando”

“Yo vi a Iván Márquez una vez fue firmado el acuerdo con un gran optimismo, pensando en la posibilidad y en lo que él llamaba la potencia transformadora que tenía el acuerdo de La Habana para incidir en cambios importantes en la vida  social, económica, política y cultural del país. Si un hombre, reconocido incluso por el alto comisionado Sergio Jaramillo, si un hombre que se puso la camiseta de la paz para impulsar a su organización, al colectivo a entender y respaldar la decisión de la dejación de las armas y el tránsito a la vida civil y en la vida política, fue Iván Márquez”.

“Habría que analizar, entonces, muy detenidamente si han apresurado hoy el pronunciamiento que hacen. Porque de lo que sí estamos seguros es que si hubo razones en materia de seguridad que le obligaron a marginarse del escenario público, del escenario político e incluso del escenario parlamentario.

–* Santiago dice que “el gobierno está incumpliendo sistemáticamente con la obligación de implementación del acuerdo de paz e intentando desbaratar lo que se había acordado y comenzado a implementar”, en lo que califica como “una absoluta irresponsabilidad”. ¿Cómo se expresa ese incumplimiento en los Puntos de Concentración de los ex guerrilleros?

“Pues yo pienso que se pueden hacer muchos esfuerzos y nunca hay que renunciar el deber de juntar esfuerzos para la construcción de la paz. Sin embargo en el conflicto colombiano es más complejo de lo que los propios diagnósticos dicen. El conflicto colombiano no se resuelve en un acuerdo mezquino como el acuerdo de La Habana. Es un acuerdo importante pero que estuvo atravesado por la mezquindad de la clase política que mostró, desde el primer día, que realmente lo único que le interesaba era arrebatarle las armas a los combatientes así fuese mediante engaño ya que no pudo hacerlo mediante el triunfo militar”.

“Creo que por mucho que se intente recomponer el acuerdo actual no es sufrir, no será suficiente ya para salvarlo de las garras de la traición y de la perfidia del acuerdo actual. Ya no podrá ser lo que pretendió ser. Yo pensaría más que tendríamos que y pensarnos un nuevo acuerdo que corrija los errores que tuvo este. Y fueron muchos, pero fundamentalmente que los blinde, que lo proteja de los incumplimientos y de la falta de voluntad política y de la traición”.

“En ese sentido de la comunidad internacional tendrá que jugar un papel determinante. Yo creo que hasta ahora, el papel de la comunidad internacional que ha sido importante, pero no es suficiente o no ha sido suficiente. No ha sido suficiente para evitar las masacres de integrantes de la antigua insurgencia que hoy, de manera cobarde en estado de indefensión vienen siendo asesinados. No ha sido suficiente el acompañamiento internacional y la presión internacional para hacer que el gobierno colombiano actual cumpla con los compromisos de materia de presupuestos para la implementación de una acordada. No ha sido suficiente la presión y el acompañamiento internacional para resguardar y proteger de manera intacta lo que fue el diseño de la Jurisdicción Especial de Paz. No es suficiente para garantizarle al partido Farc, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, surgida de los acuerdos el espacio político para el desarrollo de sus iniciativas políticas de la participación política con garantías y en condiciones iguales a las de otros partidos”.

“Hasta hoy hay una situación qué podría concluirse que ese acuerdo como tal fracasó. Que ese acuerdo como tal no tendrá ya los alcances y los impactos en la vida política del país que se pretendió al inicio en la construcción y en la firma y que tenemos hoy como sociedad colombiana que pensarnos en un nuevo acuerdo con otros al otro alcance, otras dimensiones y mayores garantías”.

–* El abogado español valora que ‘Iván Márquez’ “dedicó buena parte de su intervención a reivindicar y pedir que se cumpla el Acuerdo de La Habana tal y como se hizo. Se está aún a tiempo, hace falta un esfuerzo y sería un tremendo fracaso para la paz en Colombia, para todo el país y para la comunidad internacional que esas personas acabaran finalmente alzándose en armas”. ¿Cómo es el ánimo de los guerrilleros desmovilizados y cómo van las discusiones entre ellos sobre el planteamiento político que presentó Iván Márquez en su lectura del documento? ¿Comparten esa posición?

“En eso coincidimos con el abogado y asesor Enrique Santiago cuando dice que es una irresponsabilidad del gobierno Iván Duque dilapidar una gran oportunidad, una oportunidad histórica de construir para Colombia una paz estable y duradera que responda y que dé respuesta a los problemas sociales, económicos, políticos y culturales del país que por muchas décadas han estado sin respuesta y sin solución”.

“Pero como hemos dicho, ya no se trata sólo de un problema de actitud sino de un plan. Este gobierno actúa sobre la base de un plan que le dio un poder superior que es el poder de los EEUU. ¿Cómo se expresa esa falta de voluntad y ese incumplimiento? Un aspecto concreto muy específico fue la actitud y el comportamiento del gobierno de Iván Duque en la discusión y aprobación de la Ley de Plan Nacional de Desarrollo que terminó aprobándose en mayo de este año. Ahí se contienen las líneas generales de lo que es el Plan de Acción, el Plan de Desarrollo de este país y los recursos que se comprometen para las diferentes necesidades”.

“Para este caso, el acuerdo había en sus desarrollos normativos establecidos en los actos legislativos que siguieron a él, se había establecido que cuando se discutiera y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo se incluiría en este un capítulo específico para la implementación. Eso no se tuvo en cuenta, eso se burló en la medida que no se destinaron los recursos. No solamente para los ETCR sino fundamentalmente para la implementación en otros aspectos. Por ejemplo de la Reforma Rural Integral, de los planes de desarrollo con enfoque territorial y de los programas de sustitución de cultivos consagrados en el cuarto punto del acuerdo etcétera”.

“Actualmente se está discutiendo en el Congreso de la República la Ley de Presupuesto. Esta ley tendría la obligación también de identificar, no sólo nombrar sino identificar los recursos y las fuentes de los recursos destinados a dar cumplimiento a lo pactado, a lo acordado en La Habana en el Acuerdo de Paz. Nuevamente estamos ante una burla a estos compromisos y no tendremos, de parte del gobierno central, la responsabilidad la obligación, la obligatoriedad y cumplir con estas necesidades y con estos compromisos. Sino que está trasladando la responsabilidad de los planes de desarrollo con un enfoque territorial para el desarrollo del campo Colombiano a los municipios, municipios de por sí ya arruinados que no tienen recursos para las necesidades básicas, para satisfacer las necesidades básicas y mucho menos para asumir nuevos compromisos como son los que vienen en el acuerdo de paz”.

¿Cómo se siente esto en los Espacios Territoriales (ETCR)? Pues independientemente de que haya un debate que se exprese en lo público sobre estos hechos recientes que se hacen noticia (el rearme de parte de las Farc), provocados por la declaración pública de estos ex comandantes que retornan a las armas, lo que sí es cierto es que hay una desilusión, que hay una sensación de engaño, que hay una sensación de traición a la voluntad a la disposición de paz de miles de combatientes. Hay una sensación de incertidumbre y de inseguridad, no solamente en lo físico, porque ya han sido asesinados más de 150 compañeros y familiares. Sino en lo jurídico. Porque cada vez hay más inseguridad y poca certeza de cuál va a ser el destino de aquellas personas que hoy están todavía concentrado en Espacios Territoriales en materia legal.

Fuente: TeleSur

Desde el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, Colombia vuelve a padecer una campaña electoral marcada por la violencia política.

/ Sputnik (referencial)

El candidato a la alcaldía del municipio de Toledo, en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste), Orley García, falleció este sábado tras sufrir un ataque con arma de fuego donde le propinaron 13 disparos.

Según consignó el coronel Giovanny Buitrago, el suceso aconteció en la vereda Morales Toro, situada a 40 minutos del casco urbano, donde el candidato fue interceptado por dos sujetos movilizados en motocicleta, y uno de ellos le propinó los disparos.

“Se presenta una acción criminal contra el candidato a la alcaldía de Toledo, Orley García Vásquez, ocurre en zona rural del municipio. Estamos en el hospital brindado seguridad. No conocemos de otras personas heridas. Aunque no hay certeza pero en la zona hay injerencia de los grupos residuales”, informó Buitrago en un reporte preliminar minutos antes de que se conociera el deceso del dirigente político.

García fue trasladado en helicóptero hasta la ciudad de Medellín, pero a causa de la gravedad de las heridas no logró llegar con vida a la clínica.

La Misión de Observación Electoral (MOE) en su reporte de violencia política, indica que desde el inicio del calendario electoral el pasado 27 de octubre de 2018 y hasta el 27 de agosto de este año, un total de 364 líderes políticos, sociales y comunales han sido víctimas de distintos ataques armados en Colombia

Por: Luis Gonzalo Segura

El siglo XXI comienza a parecerse mucho a un ‘remake’ del siglo XX, con fascistas gobernando muchos países, incluso grandes potencias. Solo le falta el retorno a la lucha armada, aunque la tendencia en las últimas décadas se ha dirigido hacia la extinción de las organizaciones armadas como herramienta de transformación de la sociedad. Sin embargo, aunque en Colombia las FARC comenzaron a despejar ese camino —Acuerdo Final de Paz de 26 de septiembre de 2016–, acaba de anunciarse el retorno a la lucha armada. 

De momento, minoritaria, algo más de un 10 % de los exguerrilleros, pues se estima que existen entre 1.800 y 2.100 guerrilleros disidentes en 23 organizaciones y desplegados en 85 municipios.

Iván Márquez —de nombre real Luciano Marín— junto a otros antiguos mandos de la guerrilla ha anunciado en un vídeo la decisión de retomar la lucha armada abandonada hace tres años tras los acuerdo de paz y establecer una nueva etapa. Esta decisión no se puede catalogar como sorpresa, pues el mismo Márquez ya afirmó en alguna ocasión que había sido un error entregar las armas. Las informaciones todavía son frágiles, la noticia todavía está caliente.

Iván Duque, el actual presidente, se ha manifestado tal y como cabría esperar. Por un lado, ha enviado mensajes positivos a los más de 10.000 guerrilleros que abandonaron la lucha y que no la han retomado, reiterándoles el compromiso del Gobierno en su rehabilitación civil, lo que tiene sentido en cuanto que es momento de mermar en lo máximo posible la reconstrucción de las FARC. Por otro lado, ha manifestado su intención de hacer correcciones a los pactos firmados. Promesas.

En contraposición a Márquez se encuentra Timochenko —Rodrigo Londoño—, antiguo jefe de las FARC y actual presidente del partido político que le ha dado continuidad — FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común—, el cual se ha manifestado contrario a la lucha armada. 

La irresponsabilidad de Álvaro Uribe y los incumplimientos gubernamentales

No son pocas las ocasiones en las que desde medios de comunicación y distintos poderes se reclama ‘altura de miras’ o ‘responsabilidad de Estado’, siendo precisamente desde esos sectores desde los que se cometen las mayores irresponsabilidades.

Una de las que pasará a la historia será la de Álvaro Uribe, opositor al Gobierno en 2016 y actual senador, cuando promovió el ‘no’ el 2 de octubre de 2016. Ello provocó que se produjeran varias modificaciones en el acuerdo pactado, entre ellas la exclusión de los militares de la Jurisdicción Especial de Paz o el nombramiento de jueces internacionales. Debido a ello, se tuvo que firmar un nuevo acuerdo, conocido como Acuerdo Final del Teatro Colón de 26 de noviembre de 2016.  

Mientras los guerrilleros cumplían con lo pactado y el 26 de junio de 2017 entregaron todas las armas con la verificación de la ONU, el Gobierno colombiano ya había incumplido varias condiciones, como los proyectos que podrían ayudar a la reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros, y el Congreso había impedido el cumplimiento del Acuerdo Final aprobado  al modificar una vez más la Jurisdicción Especial de Paz para excluir a los civiles. 

El enfrentamiento en las FARC y el nuevo gobierno

La victoria de Iván Márquez sobre Timochenko en las FARC políticas, la detención del exguerrillero Santrich y la elección como nuevo presidente de Iván Duque, de la línea de Álvaro Uribe, como nuevo presidente cambiaron el escenario. Quizás para siempre. Iván Márquez no tomó posesión del cargo que le correspondía, desapareció y afirmó que había sido un error abandonar las armas. Iván Duque hizo todo lo posible por darle la razón al retrasar durante meses el comienzo de la Jurisdicción Especial de Paz.

Y además: más de 100 exguerrilleros y más de 500 líderes sociales asesinados desde 2016

También suele ser recurrente escuchar a miembros de múltiples gobiernos en el mundo afirmar aquello de “hechos aislados. En esencia, lo que se pretende es reducir un problema a la categoría de evento. Pero que se pretenda esto en Colombia, tras más de 100 exguerrilleros asesinados desde la firma del acuerdo de paz —134 según las FARC políticas y 115 según el Gobierno colombiano— y más de 500 líderes sociales ejecutados se antoja como mínimo arriesgado. En total, más de seiscientos cadáveres desde los acuerdos de paz en 2016.

Una nueva batalla de la guerra más antigua

Uno de los grandes problemas, actuales e históricos, a los que se enfrenta el ciudadano es la forma en que las élites incumplen los compromisos que adquieren mediante una serie de maniobras y artimañas que terminan preservando su poder, pero perjudican notablemente a la mayoría de la ciudadanía. Pensemos en España y en cómo la falta de rendición de cuentas y la negativa real a repartir el poder en un sentido amplio de la palabra desde la muerte de Franco ha provocado que el país esté irreconciliablemente dividido. Antes la impunidad que la reconciliación sincera. Existen múltiples ejemplos más, pero recapacitemos en cómo lo que debería haber sido una ‘transición’ en Rusia entre febrero y octubre de 1917 terminó siendo una revolución. De nuevo, fracasaron estrepitosamente las élites en la gestión del poder y, mediante distintas artimañas —cercenando y retrasando las reformas lo máximo posible— se negaron en la práctica a transformar la sociedad como la mayoría deseaba. 

El poder, las élites, el Establishment, practican en su beneficio en múltiples ocasiones este tipo de maniobras, aunque ello sea claramente negativo para la mayoría. Lo sucedido en Colombia en estos casi tres años desde la firma del acuerdo de paz es un ejemplo más al respecto: las élites han saboteado la posibilidad de una paz para mantener la impunidad y, en última instancia, el poder. Y ante este sabotaje, ante los más de seiscientos crímenes y las promesas incumplidas, exigen y esperan inacción.

Eso no quiere decir que sea un acierto volver a las armas. La lucha armada es el mayor fracaso en el siglo XXI de los revolucionarios y de las sociedades en su conjunto, puesto que a lo máximo que se puede aspirar es a la perpetuación de la sangría. Al quiste infinito. Porque vencer es poco menos que imposible. La lucha armada en el contexto actual no solo no es una solución sino que es la mayor justificación que el Establishment puede encontrar. Casi un favor. Tanto que en otros países, incluso europeos, no son pocos los poderosos que suspiran por su retorno. 

El mundo en general, y Occidente en particular, deben reflexionar profundamente sobre el fracaso de la ONU y otras organizaciones supranacionales en la mediación de conflictos, porque lo cierto es que no siendo ni mucho menos una solución la lucha armada y no defendiéndola en ningún caso, ¿existe una solución? El riesgo es el ‘remakeo’ total.

Fuente: RT

El gobierno colombiano anuncia operaciones militares de exterminio apenas unas horas después del anuncio del retorno a las armas de un sector de las FARC-EP lideradas por Iván Márquez.

El ministro de defensa colombiano Guillermo Botero / ColMinDef

Escasas horas después del anuncio del retorno a las armas de un sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, el gobierno colombiano se aprestó a informar de un operativo militar del ejército para acabar con los guerrilleros. A lo sorprendente de la velocidad de actuación de las fuerzas armadas, se une el elevado número de bajas sin que se haya dado ninguna acción ofensiva por parte del sector reactivado de la guerrilla, comunicándose desde el Ministerio de Defensa la muerte de 9 “integrantes de GAO-r 7”, denominación oficial dada por el gobierno a los Grupos Armados Organizados.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, informó que nueve personas fallecieron tras una operación militar en contra de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un día después del anuncio de Iván Márquez de retomar la “lucha guerrillera”.

En su cuenta de Twitter, Botero afirmó que nueve miembros de los ‘Grupos Armados Organizados Residuales’ de las FARC murieron tras un bombardeo de la Fuerza Aérea en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, en el sur del país.

“Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos”, escribió el ministro, tras dar a conocer oficialmente la primera acción armada del Estado en contra de la disidencia, tras el anunció hecho por un grupo de guerrilleros de retomar la lucha armada ante el incumplimiento de los acuerdos de paz y el asesinato de líderes sociales y excombatientes.

Acción autorizada por Duque

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció que murió abatido alias ‘Gildardo Cucho’, quien presuntamente pertenecía a los grupos armados residuales, en una acción autorizada la noche del jueves por el mandatario y llevada a cabo por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

En declaraciones desde el municipio de Sincelejo (Sucre), Duque aseveró que el fallecido “pretendía ser de la estructura amenazante” de la “cuadrilla de narcoterroristas, que ya empezaron a recibir los mensajes claritos”, con referencia a los miembros de las disidencias de las FARC que manifestaron en un video difundido en internet que coordinarían acciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con otros grupos.

En la víspera, el presidente colombiano adelantó que se crearía una unidad especial para “perseguir sin tregua” a los guerrilleros en todo el territorio del país suramericano.

Por otra parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional para quienes participaron en el conflicto armado, ordenó la revocación de las órdenes de captura y de los beneficios garantizados en el Acuerdo de Paz a los disidentes Iván Luciano Márquez Marín, Henry Castellanos Garzón, José Vicente Lesmes y José Manuel Sierra Sabogal.

De igual manera, se ordenó la captura del exlíder guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como ‘Jesús Santrich’, quien permanecía prófugo de la Justicia y que aparece acompañando a Iván Márquez en el audiovisual.

El  analista político Kintto Lucas opina que es posible que la nueva guerrilla esté conformada por disidentes de las FARC y combatientes del Ejército de Liberación Nacional.

El temor al retorno de los falsos positivos

La beligerancia y la prontitud en anunciar bajas de combatientes rebeldes inquieta a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que temen el retorno de las políticas sistemáticas de “falsos positivos”, un eufemismo con el que los medios de comunicación y la opinión pública conoce el asesinato de civiles no beligerantes por parte de las fuerzas armadas, haciéndolos pasar por bajas de guerra.

La noticia del retorno a las armas por parte de un sector de las FARC-EP ha sido recibido con tristeza por las instancias sociales y diplomáticas que guardaban la esperanza de alcanzar progresos en la implementación de los acuerdos de paz, que se han visto sistemáticamente incumplidos en las zonas rurales del país, donde cientos de líderes sociales, activistas y ex guerrilleros han sido asesinados desde los acuerdo de La Habana.

Fuente: TeleSur

Abraham Domicó es la última víctima de la sangrienta oleada de ataques y asesinatos a líderes sociales e indígenas en el país latinoamericano. Domicó formaba parte de la comunidad embera, que desde hace años ha mantenido un pulso legal para recuperar las tierras arrebatadas a los campesinos de esta comunidad por parte de fuerzas paramilitares.

La comunidad embera lleva años peleando por la restitución de sus tierras, arrebatadas por el paramilitarismo durante el conflicto / Archivo

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) confirmó este miércoles el asesinato de otro líder indígena en el departamento de Antioquia, situado en el noroeste del país. La víctima, Abraham Domicó, formaba parte de la comunidad indígena Embera y fue asesinado en el municipio de Tarazá, localizado en el Bajo Cauca antioqueño, precisó la ONIC. Domicó, de apenas 30 años, fue asesinado en su propio domicilio por sujetos armados sin identificar, delante de su propia esposa y sus hijos. La comunidad embera lleva años manteniendo pulsos legales y reivindicaciones sobre las tierras de las que habían venido siendo desplazado durante años, expulsados por fuerzas armadas y paramilitares en el contexto del conflicto colombiano. Parte de los Acuerdos de Paz consistía en la aplicación de una política de restitución de tierras, que, sin embargo, continúa lejos de cumplirse.

“Mientras estamos en la sesión de Comisión de Paz en el Congreso, me informan del asesinato del indígena embera Abraham Domicó en La Caucana”, reseñó el senador indígena Feliciano Valencia.

El caso de Domicó se suma al de los dos guardias indígenas del pueblo Nasa ultimados por sicarios el fin de semana pasado en la vereda Venadillo, en el norte del Cauca.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció hace pocas horas la circulación de un planfleto emitido por un supuesto grupo armado ilegal que promete acabar con la vida de los líderes Kevin Mestizo y Eugenio Tenorio en el municipio de Toribío, Cauca.

Según cifras de la ONIC, en el primer año del Gobierno de Iván Duque, se han asesinado 98 líderes indígenas y 160 desde la firma de los Acuerdos de Paz en el año 2016.

Fuente: Resumen Latinoamericano

Las comunidades indígenas han expresado su preocupación por la ola de asesinatos en el departamento del Cauca y exigen la intervención de la ONU ante la falta de protección del Estado.

Guardia indígena del Cauca / CRIC

La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó este sábado el homicidio de dos indígenas tras el ataque de un grupo armado ilegal en el municipio de Caloto, departamento del Cauca. Asimismo, informó que otros cinco originarios resultaron heridos de bala.

Según indica la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), el ataque con arma de fuego se originó en la vía principal de Caloto cuando un grupo de guardias indígenas se dirigía a atender una alerta de la población del municipio por instalación de artefactos explosivos.

Los guardias asesinados registran los nombres de Eugenio Tenorio Yosado, de 46 años, y Kevin Ademir Mestizo, de 23, según el reporte clínico difundido por Acin.

“Hay dos indígenas muertos y cinco heridos, entre ellos un niño de nueve años que ha sido trasladado al (hospital) Valle del Lili, ubicado en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca”, declaró el defensor del pueblo, Carlos Negret.

La oleada de asesinatos en comunidades indígenas de Colombia, ha suscitado que la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) declare la emergencia humanitaria en el país cafetero.

“Nos vemos en la obligación ética y política de declarar la situación de emergencia humanitaria, social y económica en todos los pueblos indígenas de este país”, indicó la ONIC el viernes pasado.

La organización denuncia que desde la firma de los Acuerdo de Paz en el año 2016, 158 líderes indígenas en el país han sido asesinados.

Fuente: TeleSur

Los familiares de Tobar, quien recibió los impactos de bala en su pierna derecha, su abdomen, y en uno de sus brazos, indicaron que el estado de salud del líder social es delicado.

El atentado tuvo lugar en el municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca / Wikimedia

Carlos Alberto Tobar, líder cívico en Buenaventura,  en el departamento  Valle del Cauca, y coordinador de la Mesa Acceso a la Justicia, se encuentra en estado grave, tras ser atacado en su domicilio, horas antes de las manifestaciones en rechazo al asesinato de luchadores sociales en Colombia. 

Según testigos, citados por Blu Radio, los criminales entraron a la residencia de Tovar y le dispararon en repetidas ocasiones, este viernes, cuando en Colombia, y varias partes del mundo, protestaban para exigir protección para los líderes sociales.

Los familiares de la víctima, que recibió los impactos de bala en su pierna derecha, su abdomen, y en uno de sus brazos, lo trasladaron a la Clínica Santa Sofía, en la que se encuentra en cuidados intensivos, según Caracol Radio, y donde los médicos intentan salvarle la vida.

El Comité del Paro Cívico de Buenaventura aseguró que Tovar, quien también se desempeña como coordinador de la Mesa de Acceso a la Justicia, Protección, Víctimas y Memoria, ya había solicitado medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras recibir amenazas en su contra y no obtuvo respuesta.

Sin embargo, el comandante de la Policía departamental Javier Navarro Ortiz afirmó que el líder no había registrado amenazas ni había denunciado formalmente ante las autoridades alguna situación que pusiera en riesgo su vida.

“Activamos los protocolos establecidos para la atención de este caso. Estamos trabajando y valorando diferentes hipótesis que puedan explicar cuáles fueron las motivaciones de esta acción delincuencial”, aseguró Navarro.

Por su parte, monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, ve con preocupación cómo se sigue atentando contra la vida de los lidere sociales en región.

 “Rechazamos porque se está destruyendo la vida de aquellos que están luchando por los derechos de todos”, puntualizó el prelado.

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